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viernes, 24 de marzo de 2017

La Prensa: "Hector Hidalgo Solá, a un año de su desaparición" (18 de julio de 1978)

HECTOR HIDALGO SOLÁ

UN AÑO DESPUES

Hace un año ya, un grupo de personas desconocidas, con despliegue de automóviles, en Av. del Libertador en su intersección con Av. Pueyrredón, interceptó y secuestró al señor Héctor Hidalgo Solá, nuestro esposo y padre, en ese entonces embajador de nuestro país ante la Republica de Venezuela.

Hacia muy pocos días que se encontraba en Buenos Aires, con motivo de un acontecimiento familiar. ¿Quién o quienes pudieran disponer de ese operativo en menos de una semana? ¿Por qué fue secuestrado? Hidalgo Solá se identificó permanentemente con los ideales democráticos, con la paz y la unión de los argentinos y con el repudio constante y permanente a la violencia y a la subversión.

En el desempeño de su cargo de embajador, al que fue convocado por el actual gobierno, realizó una tarea sin descanso para fortalecer los vínculos políticos y económicos de nuestro país con la Rep. de Venezuela. En este país hermano fue reconocido como un autentico amigo y a él se debe mucho de la feliz concreción de la visita de nuestro presidente a Caracas.

A pesar del dolor y de la angustia que su desaparición nos provoca, fieles a su pensamiento de unión y paz entre los argentinos, no quisimos hacer otra cosa que denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes y confiamos en la acción del gobierno que no permitiría pasivamente el secuestro de su embajador en pleno centro de Buenos Aires. No tenemos duda alguna de la preocupación  que este hecho provocó en las más altas autoridades gubernativas y agradecemos profundamente las reiteradas nuestras de comprensión y simpatía que hemos recibido del Señor Presidente de la Nación y otros altos funcionarios.

Pero lamentablemente no tenemos conocimiento de las medidas adoptadas tendientes a esclarecer el hecho, en que sentido se han orientado y si las investigaciones continúan si pausa para determinar el paradero de nuestro ser querido.

No hacemos reproches, señalamos hechos. Porque si así no lo hiciéramos, después de nuestro voluntario silencio de un año, no estaríamos cumpliendo con quien con su presencia nos llenó de felicidad, nos brindó los mejores ejemplos y nos enseñó a tener fe en los destinos de nuestro país y en la vocación democrática de sus hombres.

Tenemos puesta nuestra e en Dios Nuestro Señor. Confiamos en su retorno libre y salvo a nuestro hogar, porque nos resistimos a creer que puedan existir hombres capaces de sacrificar fríamente a inocentes persiguiendo vaya a saber que oscuros designios. Perdonamos a quienes con su predica falaz pudieron ser responsables indirectos de este hecho. Agradecemos la presencia y solidaridad permanente de quienes probaron ser nuestros amigos.

A ellos le pedimos una oración hecha con Fe y Esperanza en Dios Nuestro Señor ya que solo con su ayuda todo es posible.

DELIA GARCIA RUEDA DE HIDALGO SOLA y sus hijos: ADRIANA, FERNANDO, MARCELO Y DIEGO.




Delia García Rueda de Hidalgo Solá durante el juicio a las juntas






Fuente: A un año de la desaparición del Embajador Héctor Hidalgo Solá, solicitada en el Diario La Prensa, 18 de julio de 1978.
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jueves, 23 de marzo de 2017

Ernesto Quiroga Micheo: "Croto y linyera, con distintos rumbos" (11 de agosto de 2012)

El excelente artículo publicado en Rincón Gaucho el 26 de mayo pasado, si bien en el título los distingue como distintos personajes (croto y linyera), en el texto la autora no aclara bien la diferencia entre esas palabras. Existe una disparidad sustancial entre ellas. Cuando nuestra patria era una de las principales potencias del mundo, venían de los países europeos, principalmente España e Italia, los llamados "inmigrantes golondrinas" para ayudar a levantar la cosecha. La gran mayoría volvía a sus países de origen, motivo por el cual eran denominados con el nombre de esa ave. Algunos se quedaban, logrando a fuerza de esfuerzo y trabajo convertirse en pequeños chacareros o arrendatarios de campos.

Poco tiempo después de asumir José Camilo Crotto la gobernación de Buenos Aires, deseando aliviar los problemas de los braceros, el 7 de enero de 1920 dictó el decreto Nº 3. Por el mismo se establecía que a partir del 1º de febrero de 1920 se les proporcionaría a los obreros de la cosecha que carecieran de medio de transporte, los pasajes ferroviarios. A tal fin, el Departamento Provincial de Trabajo debía publicar con quince días de anticipación al levantamiento de la recolección, el número de obreros que se necesitaban en cada región y los salarios. A cada uno de ellos se le debía entregar un carnet en el que se debían especificar los datos personales y la clase de trabajo que había efectuado en épocas anteriores. En dicho carnet se debía señalar la buena o la mala conducta de dichos obreros en el citado trabajo.

Fue así cómo ese trabajador tomó el nombre del gobernador y, al hacerlo, perdió una letra "t". El mismo tuvo su origen cuando los jefes de estación contaban los braceros que viajaban con pasaje gratuito en los ferrocarriles, los enumeraban en voz alta diciendo: "Van por Crotto", luego esto degeneró en "son de Crotto", hasta llegar al "son crotos". Finalmente iban en los techos de los vagones de carga, como yo recuerdo haberlos visto en mi juventud.

Mientras el croto buscaba trabajo, el linyera quería libertad, independencia y soledad. Su nombre probablemente provenga de "lingerie", vocablo francés destinado a designar a la ropa interior que tenía en sus atados. Los linyeras llevaban al hombro un prolijo paquete cuadrangular que los italianos denominan "lingera". Además portaban la "bagayera", palabra derivada del español "bagaje" o del italiano "bagaglio", que quiere decir equipaje. Este es un atado de tamaño menor donde guardaban la olla y la pava, y dentro de ellas sus cubiertos, el mate con su bombilla y un plato hondo enlozado.




Fuente: “Croto y linyera, con distintos rumbos” por Ernesto Quiroga Micheo autor del libro “Crotto: historia de una ingratitud” en La Nación del 11 de agosto de 2012.
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domingo, 19 de marzo de 2017

Jorge C. Carretoni: "Homenaje al Dr. Moisés Lebensohn" (13 de junio de 1958)

Allá por 1940, el 24 de mayo para ser preciso, señala Lebensohn en el quinto congreso de la juventud que él había gestado, los vicios que corroían en ese instante la estructura de la Unión Cívica Radical.

Levanta su dedo acusador para enrostrar definitivamente las fallas de aquellas estructuras caducas. Acuña una frase que fue, es y seguirá siendo nuestra bandera de lucha: estigmatiza para siempre la política del servicio personal en el partido.

“Se descendió –decía Lebensohn del plano idealista a la política del servicio personal; la conquista de voluntades no por motivos atinentes al país, de orden publico, sino por servicios, atenciones, empleos, favores lícitos e ilícitos, afectos o amistades. Los cuadros activos del partido en su gestión preponderante no se dirigieron a la voluntad general de los argentinos, sino a su voluntad individual, subversión y negación de la democracia”

Ya empieza proféticamente a señalar él, el hombre mas respetuoso de la condición humana, la necesidad de que las situaciones o inquietudes individuales del hombre deben subordinarse en alguna instancia a las necesidades de la sociedad. Ahí empieza Lebensohn a estigmatizar las viejas prácticas del partido y lanza el primer presagio: el partido esta de espaldas al pueblo y el pueblo le pagará con la misma moneda.

Y así, en 1946 tiene que decir con dolor argentino y con profundo dolor radical, que en 1943 el pueblo pasó frente a los comités y se detuvo ante los diarios. Era ya un pueblo que no sentía ligado al partido.

Vuelvo, entonces, Lebensohn hacia atrás; quiere recuperar para el partido el sentido yrigoyeniano de su origen; quiere recuperar para el partido un contenido que trascienda el limite restringido de los aspectos formales de una democracia que él quería que tuviera el contenido humano, que tuviera el contenido social que el pueblo reclamaba y que él había anunciado, ante esa falencia, que el pueblo iba a pasar de largo.

Así, entonces, comienza su tarea ciclópea de introducir el pueblo dentro del partido, y para ello lleva su vista a su proclama de 1940 dirigida a la juventud. Quiere contenido, y en el seno profundo de la Unión Cívica Radical empieza la lucha por crear una doctrina que se ajuste a las necesidades de un pueblo que la estaba reclamando. Allí vuelve Lebensohn a levantar, en su discurso de Avellaneda en 1945, aquellas banderas que había creado para la juventud en 1940.






Fuente: “Homenaje al Dr. Moisés Lebensohn” - Diputado Nacional por Buenos Aires Jorge C. Carretoni, 13 de junio de 1958. 
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jueves, 16 de marzo de 2017

Luis León: "Establecimiento de relaciones diplomáticas con la Republica Popular China" (10 de noviembre de 1959)

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1959

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

DECLARA:

Que verla con agrado que el Poder Ejecutivo resolviera gestionar el establecimiento de relaciones diplomáticas permanentes con la Republica Popular China.

LUIS AGUSTÍN LEÓN

Señor Presidente:

La Republica Argentina tuvo tradicionalmente una generosa y amplia política internacional. Ella estuvo basada permanentemente en nuestra solidaridad con todos los pueblos del mundo y el respeto a sus propias autodeterminaciones. Esa doctrina y aquella tradición mueven la presentación de este proyecto de declaración.

A través de un proceso revolucionario interno el pueblo de China continental se ha dado gobierno y concreta los elementos propios de soberanía como para merecer su reconocimiento.

No puede Argentina desconocer aquella realidad. No hay estrategia que nos imponga la humillación de violentar nuestras propias convicciones nacionales.

La Republica Popular China es en población la cuarta parte del mundo. En estos instantes a través de observaciones propias está promoviendo una cierta recuperación en sus procesos de producción y elevando el "standard" de vida de ese pueblo largamente explotado por el caudillismo, las guerras y el imperialismo.

Las relaciones diplomáticas significarían posibilidades de intercambio comercial y cultural. Especialmente en instancias como las actuales donde la necesidad de ubicar nuestra producción clásica nos impone la búsqueda de nuevos mercados. Los setecientos millones de habitantes de China son toda una posibilidad de mejoramiento argentina. Lanas, tanino y numerosos otros artículos podrían ser intercambiados con la floreciente industria de China.

Largo serla fundamentar esta declaración a través de informes comerciales, estadísticas y cifras que alienten su ejecutoria en el campo comercial.

No creo merezca consideración de inhibición seria la desigual estructura ideológica de la Republica Popular China.

Es tiempo ya de que recupere el país su valentia internacional que nunca se asentó sobre cañones y sí sobre la moral que debe regir la vida de los estados en el ámbito universal.

No puede nadie presionar nuestras conducciones ni torcer los rumbos de nuestra vocación. Si la realidad de un Estado comunista en China frena su reconocimiento, ¿Por qué entonces nuestras relaciones con los demás socialistas? ¿Cual es la tesitura para la discriminación?

Valga afirmar que el Reino Unido comerció el año pasado con China par valor de treinta y tres millones de libras y que Italia, de gobierno católico, ha resuelto el mes anterior nombrar delegación comercial en China.

¿Por qué entonces, nosotros que proclamamos orgullosos nuestra solidaridad con los pueblos, permanecemos en silencio ante una realidad de China indescifrable?

Nada lo impide en el terreno del derecho internacional, ni en lo doctrinario y todo lo apoya en el campo limpio de las decentes objetividades.

No abundaré en conceptos que son conocidos por los señores diputados y que afirman mi presentación. En la oportunidad de su tratamiento ampliaré la argumentación favorable a la aprobación de este proyecto que tiene la esperanza de superar un déficit de nuestros negocios extranjeros, reconociendo a uno de los pueblos más jerarquizados de la historia del mundo en su calidad de Republica independiente.









Fuente: León, Luis Agustín - Adopción de medidas necesarias a los efectos de gestionar el establecimiento de relaciones diplomáticas permanentes con la República Popular China.


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jueves, 9 de marzo de 2017

Osvaldo Benedetti: "Homenaje a la memoria de Regina Pacini de Alvear" (2 de septiembre de 1974)

PROYECTO DE DECLARACION

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

DECLARA:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para solicitarle quiera tener a bien disponer como homenaje a la memoria do Doña REGINA PACINI DE ALVEAR cuyo 9° aniversario de su fallecimiento se cumple el día 16 de septiembre de 1974, lo siguiente:

  1. Por intermedio de la Secretarla de Estado de Comunicaciones se adopten las medidas necesarias para emitir un sello postal con la efigie de Doña REGINA PACINI DE ALVEAR con indicación de la fecha de su fallecimiento: “16 de septiembre de 1965/1974 - 90 Aniversario".

  2. Por intermedio de la Secretaria de Prensa y Difusión se adopten las medidas necesarias para difundir:

    a) Por L.R.A. Radio Nacional, una audición conmemorativa el día 16 de septiembre de 1974, con irradiación de sus históricas grabaciones discográficas, en forma similar a la transmisión efectuada por dicha emisora el día 6 de enero de 1960 como homenaje al 89° aniversario de su natalicio;

    b) Por L.S.82 TV. Canal 7 se difunda una audición directamente desde la sede de la CASA DEL TEATRO, calle Santa Fe 1243, Capital, de la cual REGINA PACINI fuera su fundadora y cuya obra de bien público debe ser conocida por toda la ciudadanía.

Siendo primera dama, fundó la "CASA DEL TEATRO" obra que la sucedió en el tiempo y que a través de las generaciones que recibieron, reciben y recibirán sus beneficios de carácter social, la tornan inmortal.- Doña Regina no morirá en el afecto de los argentinos y por ello, señor Presidente, nada mas justificable que rendirle este modesto, pero sincero y merecido homenaje de recordación a su memoria, ya que el próximo 16 de septiembre del corriente año, se cumple el 9° aniversario de su fallecimiento.-

Como precedente, puedo mencionar el homenaje que por L.R.A. Radio Nacional se le rindió el día 6 de enero de 1960 en ocasión de cumplirse el 89° aniversario de su nacimiento y hallándose aun con vida la ilustre dama.








Fuente: “Rendir homenaje a la memoria de Doña Regina Pacini de Alvear, disponiendo se emita un sello postal con su efigie y se difunda una audición conmemorativa por Radio Nacional y otra por Canal 7 de Televisión” por Osvaldo E. Benedetti, 2 de septiembre de 1974.
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lunes, 6 de marzo de 2017

José Evaristo Giordano: "Una incidencia sobre Illia y Juan Domingo Perón" (3 de agosto de 1994)

Sr. PRESIDENTE (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor convencional por Santa Fe.

Sr. GIORDANO. — He escuchado con atención a un señor convencional de la bancada de nuestros primos por un trimestre hacer un encendido elogio del general Juan Domingo Perón y de la diplomacia del doctor Illia. ¿Cómo puede conciliarse una cosa con la otra si cuando Perón regresaba a su patria, la nuestra, en una aeronave española, el presidente Illia y el canciller Zavala Ortiz le dieron orden a la Fuerza Aérea de que si no acataba la prohibición de ingreso en el espacio aéreo argentino —el nuestro, el de su patria— el más eminente ciudadano argentino de ese momento, había que derribar ese avión con sus ciento veinte ocupantes?

Sr. ALFONSÍN.- Es una infamia y una mentira

Puestos de pie, varios señores convencionales hablan a la vez e increpan al orador.

Sr. GIORDANO. — ¡Le puedo traer al doctor Alfonsín el testimonio del asesor jurídico del vicepresidente Perette!

—Varios señores convencionales hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE (Pierri). — Pido a los señores convencionales que guarden el orden y no dialoguen.

Asimismo, pido al señor convencional que está haciendo uso de la palabra que se dirija a la Presidencia y no dialogue.

Sr. GIORDANO. — No hace falta pararse ni ponerse rojo, Alfonsín.

—Puestos de pie, varios señores convencionales hablan a la vez e increpan al orador.

Sr. PRESIDENTE (Pierri). — Le ruego al señor convencional que está haciendo uso de la palabra que se dirija a la Presidencia.

Sr. GIORDANO. — Le puedo ofrecer el testimonio del asesor jurídico del vicepresidente de ese momento, Carlos Perette, cuando usted quiera.

—Varios señores convencionales interrumpen de viva voz al orador.

Sr. GIORDANO. — ¡No hace falta que lo traiga, está aquí, señor! ¡Qué va a hablar usted de autoridad moral! ¡Siéntese y cállese la boca! ¡No sea insolente!

Sr. VASQUEZ. — Pido la palabra porque he sido aludido.

Sr. PRESIDENTE (Pierri). — El señor convencional Vásquez le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. GIORDANO. — Sí, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (Pierri). — Quiero decir al señor convencional Giordano que voy a restar del tiempo de su exposición los minutos que utilice el señor convencional Vásquez para hacer uso de la palabra.

Para una interrupción, tiene la palabra el señor convencional por la Capital.

Sr. VASQUEZ. — Señor presidente: considero que un hecho histórico ocurrido en l964, exactamente hace treinta años, no se compadece con los temas en discusión en esta Convención Constituyente. Pero como hecho histórico que es, y del cual fui testigo accidental, ratifico plenamente las expresiones del señor convencional Monti y rectifico absolutamente las expresiones un tanto desacomodadas por su investidura de convencional constituyente, del doctor Alfonsín. Para que los señores convencionales y el país tengan una real información de este episodio, lo voy a referir puntualmente.

—Varios señores convencionales hablan a la vez e increpan al orador.

Sr. VASQUEZ. — No les voy a contestar...

—Varios señores convencionales hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE (Pierri). — Le pido al señor convencional Vásquez que se dirija a la Presidencia y que no dialogue. Además, informo a los señores convencionales que si la sesión continúa en estos términos la voy a pasar a cuarto intermedio.

Sr. VASQUEZ. — Señor presidente: no le voy a permitir al convencional Alfonsín, que gobernó el país bajo el estado de sitio, que no cumplió con su mandato...

—Puestos de pie, varios señores convencionales (Alfonsin y Jaroslawsky) hacen manifestaciones e increpan al orador.

—Manifestaciones en las bancas y en las galerías.

Sr. PRESIDENTE (Pierri). — De esta manera no se puede continuar la sesión. La Presidencia considera que deberíamos volver a la forma en que estábamos sesionando hasta este momento. Es lamentable lo que está ocurriendo. Pero como observo que no existe ánimo de adherir a lo que estoy planteando, vamos a pasar a cuarto intermedio para que puedan reunirse los presidentes de bloque.

—Manifestaciones en las bancas y en las galerías.

—Se pasa a cuarto intermedio a las 17 y 38.









Fuente: Diario de Sesiones del H. Convención Nacional Constituyente del 03 de agosto de 1994.


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viernes, 3 de marzo de 2017

Reinaldo Elena: "Tomás Le Bretón y la Universidad Popular de La Boca" (7 de junio de 1961)

Se ha cumplido recientemente el cuarenta y cuatro aniversario de la fundación de la Universidad Popular de la Boca. Fue esta, ciertamente, una obra de gran trascendencia en su época, Sus proyecciones fueron inmensas, A poco de abrir sus puertas, en la misma metrópoli, en Rosario, en Corrientes y en otras ciudades, establecimientos de educación similares, iniciaban una obra destinada a dar capacidad a la juventud para el ejercicio de actividades útiles, con un sentido practico y positivamente constructivo. Pues la enseñanza que, desde su hora inicial, se impartió en estas Universidades populares -hoy diseminadas en todo el país, a punto tal que es difícil hallar un pueblo o ciudad que no cuente con una de ellas- tuvo un objetivo progresista de gran amplitud social.

El fundador de la Universidad Popular de la Boca fue un eminente hombre de estado, un ciudadano probo y laborioso, infatigable, incansable en la realización de grandes iniciativas de alcance educacional. No solo en este caso brilló su talento. Ocupó altas posiciones públicas, y en esta misma Cámara actuó con eficacia y competencia, demostrando una predilección muy particular por el estudio de los problemas que afectaban a la vida del campo y al bienestar de la comunidad. Pero no voy a referirme a estos aspectos -muy vastos- de la biografía del doctor Le Bretón, para fundar mi proyecto de resolución. Me bastan los títulos que ofrecen a la posteridad su limpia ejecutoria de hombre entregado con afanes claros a la formación ética de la juventud. Y en este sentido la obra que emprendió desde la Universidad Popular de la Boca, es de las que definen y robustecen conceptualmente una personalidad.

Al referirse a su señera figura en oportunidad del homenaje que le tributara a su memoria esa Institución -el 2 de junio ppdo--el orador de la jornada señaló el hecho -muy lamentable por cierto – de que ni una escuela, ni una calle del municipio porteño ostente su nombre. Cuando se es tan generoso en el ejercicio de este atributo, no puede admitirse que se incurra en una omisión tal con un ciudadano de tan relevantes calidades morales y cívicas como en su recta vida, las ofreciera el Dr. Le Bretón. Por eso, haciéndome eco de esas legítimas aspiraciones - que son sin duda las aspiraciones coincidentes de más de cien mil alumnos que pasaron por las abiertas aulas de la Universidad Popular de la Boca, la primera en su género fundada en el país, presento este proyecto de resolución con el preciso objeto de que se repare en parte tan injustificable olvido.








Fuente: “Designando con el nombre del Doctor Tomás Alberto Le Bretón, a una escuela de la Ciudad de Buenos Aires” Proyecto de Resolución y Fundamentos del Dr. Reinaldo Elena, 7 de junio de 1961.
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miércoles, 1 de marzo de 2017

Martín Alberto Noel: "Alvear, su último mensaje ante la Asamblea Legislativa" (1996)

Para atestiguar públicamente la orfandad política en que su propio partido lo deja, al presidente solo le queda ese desahogo ante el Congreso que es su último mensaje. En el cual ha expresado su contrariedad "por el esfuerzo de investigación y construcción doctrinaria esterilizado... por quienes no hallaron oportuno o conveniente prestarle su atención".

Ahí, entre sus pares del gabinete, el no pierde silaba del mensaje interminable, pesado y medido vocablo a vocablo. Cerca como esta del estrado no se le escapan ciertos indicios de la furia de don Marcelo, a duras penas sujetada: el temblor de la muñeca que sostiene las carillas, la dureza de los maxilares apretados en cada pausa. Quizá, en uno de los clásicos arrebatos de su tan comentado mal genio, Alvear improvise alguna condenación velada de los "personalistas", intercalándola, fulminea, entre párrafo y párrafo. Ojala... Se la tendrían bien merecida los senadores y diputados oficialistas que han puesto a su presidente en el trance de solicitar sus votos a los adversarios de la bancada conservadora, para la sanción de tal o cual ley.

En los palcos especiales los invitados de honor, señoras enojadas, diplomáticos, el cardenal primado, se aburren lo más atentamente posible. No estaría de más para sacarlos de su controlado sopor alguno de esas salidas de tono de Alvear. Que sigue leyendo, incansable. Por ahora vitupera a las "voluntades fuertes", generadoras de "un espíritu gregario aquejado de sectarismo, que anula las facultades de análisis...". Y, por si los yrigoyenistas no se diesen todavía por notificados, añade una cáustica reflexión acerca de la pertinacia de "un pueblo como el nuestro... poseído de la obsesión de considerar irreemplazables a algunos de sus hombres públicos".

—Cenores legizladores... -conjura Alvear como si quisiese ganarse el cielo.

Su ceceo hace que, en las bancas de la mayoría, algunos se apantallen la boca con la mano para el remedo burlón de la pronunciación defectuosa. Entre bostezos del público transcurre el mensaje. Hay conmiseración y simpatía en el aplauso final de los conservadores, los socialistas y una minoría de radicales antipersonalistas. Y en el suyo y el de sus colegas de gabinete. Varias horas ha durado la lectura. Alivio en legisladores y publico. Las púrpuras vestiduras de Monseñor se han puesto lentamente en movimiento, como después de un largo calambre.

De las galerías altas se ha descolgado un vozarrón, ronquera de caña quemada:

—Viva el mas grande de los argentinos de todos los tiempos: el doctor Hipólito Yrigoyen...

Ha sido como un escupitajo en plena faz de presidente. Que sigue retribuyendo, con leves inclinaciones de cabeza, el apoyo de una parte de los presentes. Insuficiente para tapar el desden de tantas manos refugiadas en los bolsillos. O inertes sobre tableros de pupitres.

El ha hecho lo que ha podido por evitar lo inevitable. Ha pasado más horas en secretas maniobras políticas que en las otras, militares, en la cordobesa Pampa de Olaen o en Mendoza, vivaqueando bajo carpa junto a oficiales y tropa. Todo para nada.

El principal obstáculo ha sido ese hombre, todavía en el estrado, estilizada por el frac una alcurnia que le brota por todos los poros.









Fuente: Sí, Juro “Agustín P. Justo y su época” de Martín Alberto Noel, Editorial Corregidor, 1996.
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martes, 28 de febrero de 2017

Federico Storani: "Optimista por naturaleza" (9 de enero de 2001)

Soy optimista por naturaleza y nunca bajo los brazos ante las dificultades que se nos presentan. El año pasado me tocó anunciar públicamente la renuncia de Chacho Alvarez a la vicepresidencia de la Nación y transmitir la tristeza del Presidente y de quienes lo acompañamos en el gabinete. No fue fácil, pero estoy convencido de que la crisis fue superada. Todos hicimos grandes esfuerzos para reacomodarnos. Y no fueron en vano: se sumaron importantes figuras del Frepaso a distintas áreas del Gobierno y continuamos el trabajo conjunto. Es permanente la consulta con los legisladores de la Alianza en el Congreso e incluso, en lo que atañe a mi área, durante todo el año 2000 trabajamos con los equipos de Alvarez en el proyecto de Reforma Política.

No me sorprenden algunos comentarios que escucho y que, por otra parte, no son nuevos. Desde su gestación, la Alianza sufrió los embates de distintos agoreros que fracasaron en sus crónicas anticipadas de una muerte que no fue. No nos engañemos. Siempre hubo quienes apostaron a dañar a esta fuerza política, pues para ellos no es más que un obstáculo, especialmente cuando comienzan a verse los frutos del esfuerzo de un año de Gobierno. Esos que vaticinaban que la Alianza se iba a romper, se han llevado una desilusión porque no se ha roto.

Es positivo que se acerquen propuestas al Gobierno, como lo ha hecho Alvarez con el presidente de la Nación. En nuestro país, con una democracia cada vez más madura, debemos procurar un funcionamiento similar al de otros gobiernos de coalición, como el de Francia, donde los partidos que los integran pueden proponer temas, analizarlos y oficiar de vanguardia para las acciones que quiere desarrollar el propio gobierno.

Hoy está claramente consolidada la figura del Presidente. Se ha concluido un año con mayor optimismo por el reaseguro del denominado blindaje, pero también por una gran cantidad de medidas que se han tomado y que van en la dirección de producir una reactivación, aprovechando la oportunidad que brinda ese reaseguro.

Por eso, en esta nueva etapa, los integrantes de los partidos que constituyen la Alianza podemos allanar el camino y tratar con responsabilidad los temas más conflictivos. Con una sola condición: hacerlo con la voluntad de construir y enriquecer las propuestas del Gobierno.

El año que acaba de comenzar será mucho mejor. Para ello, no alcanza con el esfuerzo realizado. Todos los dirigentes, no sólo los de la Alianza, debemos seguir trabajando en conjunto y alimentar la esperanza y la expectativa que se han generado. No dejemos que nos gane la desesperanza de aquellos a los que no les interesa el bien común, aunque pregonen lo contrario.




Fuente: La muerte de la Alianza: “Optimista por naturaleza” por Federico Storani Ministro del Interior en P/12 del 9 de enero de 2001, pág. 09.
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lunes, 27 de febrero de 2017

Elisa Carrió: "Analisis del Pacto de Olivos" (2 de junio de 1994)

Sr. PRESIDENTE (Mestre). — Tiene la palabra la señora convencional por el Chaco.
Sra. CARRIO. — Señor presidente: quisiera recoger la propuesta formulada por el señor convencional May Zubiría, y debo confesar tres cosas. He venido aquí con una posición que es discrepante de la de mi partido en punto a la cuestión vinculada con el artículo 5 de la ley 24.309.

Pero he escuchado todas las opiniones y debo señalar que el mayor problema que tiene el intento de ser no dogmático es que se termina indefectiblemente en la incerteza. De tal manera que mi exposición estará destinada a reflexionar juntos acerca de mi propia incerteza, que parecería ser la única incerteza que existe en esta Convención. Porque si bien es cierto que hay muchos que defienden el artículo 5º de la ley de convocatoria, no he visto del otro lado ningún argumento que haya sido receptado por la minoría. He venido a este debate, sin embargo, con una posición propia, pero a lo largo de él he terminado con una profunda confusión que deseo aclarar aquí en voz alta.

Lo primero que no podemos hacer es tratar de justificar una posición por la regla de la mayoría, porque si bien esta regla es importantísima y básica en una democracia, lo es en el momento de la votación y no en el de la justificación de lo votado.

En segundo lugar, creo que la historia no justifica por sí misma. De lo contrario, podríamos justificar las peores dictaduras con el argumento de que en otros momentos de la historia también existieron.

Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer aquí, tanto de uno como de otro lado, es justificar algo que en definitiva ya está decidido. De alguna manera todos sabemos cuál será la decisión final, y lo que estamos debatiendo en voz alta se vincula con la justificación de esa decisión final y de la discrepancia.

He tratado de dividir mi exposición en tres partes, de modo que todos podamos aclararnos ciertas cuestiones.

La primera cuestión es el análisis jurídico formal en orden a la competencia o no del Congreso para sancionar el artículo 5º de la ley 24.309 y lo que después sucede con su incorporación reglamentaria.

La segunda cuestión consiste en tratar de comprender esta situación política, es decir, ingresar de algún modo en el análisis político pero no intentando una justificación sino para tratar de comprender qué ha sido el acuerdo de Olivos y cómo se enmarca no en función de los pactos preexistentes a 1853 sino en el proceso de transición y consolidación democrática que vivimos los argentinos desde 1983. Creo que a partir de ahí todos podemos encontrar explicaciones —válidas para algunos pero no para otros— que nos servirán para ubicarnos en el tiempo y en el espacio.

Pero esta segunda parte, insisto, no apunta a justificar el acuerdo sino a entenderlo.

La tercera parte de mi exposición estará referida a un problema de justificación, y allí quiero analizar algunas objeciones que me parecen sumamente válidas, expuestas por convencionales del Frente Grande como brillantemente lo hiciera el doctor Zaffaroni. Voy a entrar allí en lo que hace a la filosofía política y moral, y veré si desde la filosofía moral y desde algún modelo normativo puedo justificar la regla contenida en el artículo 129.

Finalmente trataré algo que se está debatiendo pero que no se ha señalado en forma expresa, que hace a la cuestión de "el otro", es decir, de aquel que se siente de alguna manera excluido o cercenado. Haciendo un modelo trataré de analizar cómo juego la cuestión de "el otro", porque también es cierto que esto ha sido planteado por la minoría con relación a la mayoría. La minoría se ha sentido agredida, pero también la mayoría —como "otro" de la minoría— ha sentido esa agresión. Entiendo que esto merece un análisis conjunto de tipo reflexivo.

Con relación al primer punto, del análisis jurídico formal, comparto con Enrique Paixao que el poder constituyente derivado ni siquiera es poder constituyente en tanto relación social de mando y obediencia. Es una competencia, y bien decía el señor convencional por Tucumán que se trata de un poder constituido. Que esa competencia sea extraordinaria no significa que deje de ser una competencia jurídica.

También comparto la posición según la cual se trata de una competencia otorgada a un órgano complejo donde intervienen el Congreso, el pueblo y la Convención. A mi juicio el Congreso sólo tiene la facultad de declarar la necesidad de la reforma, fijar los puntos sujetos a dicha reforma y establecer provisionalmente a la Convención disposiciones reglamentarias a efectos de facilitar su funcionamiento.

La intervención del pueblo se manifiesta en la elección de los convencionales, pero debo aclarar que la intervención popular en ningún caso convalida una ley inconstitucional. Utilizar semejante argumento sería una falacia ya que, por ejemplo, si hoy llamáramos a referéndum popular por la pena de muerte y ella estuviera prohibida en la Constitución, ninguna decisión popular en sentido afirmativo tornaría constitucional la ley que estableciera dicha pena. (Aplausos)

Aquí se ha dicho que en definitiva la Convención podría ser refrendataria, pero creo que el sentido del constituyente del 53 no es haber creado una convención constituyente refrendataria, porque si así lo hubiera entendido habría establecido el refrendo popular o el refrendo legislativo federal, como ocurre en la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, se aparta, porque es cierto —se dice— que hay problemas con el término "efectuará" del artículo 30 de la Constitución, pero no con la expresión "declarará la necesidad". En ningún momento este artículo le otorga al Congreso la facultad de proponer el contenido mismo de la Constitución. (Aplausos)

Vamos a ver ahora lo que sí puede hacer la Convención. A mi juicio, por disposición reglamentaria la Convención puede adoptar un sistema de votación, y es legítimo que lo adopte si es sistema. Luego analizaremos el tema de los sistemas, pero si el argumento aquí expuesto de la mayoría de la doctrina señala que el Congreso ha avanzado sobre competencia propia de la Convención, debemos ser honestos en la cuestión de la competencia en el análisis jurídico formal: el artículo 129 se han tornado una cuestión abstracta, la impugnación constitucional.

Porque lo que se está decidiendo acá es que la Convención adopta por sí misma un determinado sistema de votación. Estoy refiriéndome entonces a que cualquiera sea la posición, ya sea la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del artículo 5º de la ley 24.309, lo señalo en orden exclusivamente a la competencia, la cuestión se va a tornar abstracta con la aprobación del nuevo reglamento.

Voy a dejar para la última parte de la exposición determinadas objeciones...

Sr. PRESIDENTE (Mestre). — Si me permite, le informo que le han solicitado una interrupción.
Sra. CARRIO. — Preferiría que las interrupciones me las hagan cinco minutos antes del final de mi exposición, a fin de poder continuar ahora con la línea argumental. Me comprometo en ese sentido y le pido a usted, señor presidente, que me avise cinco o diez minutos antes para poder satisfacer estos pedidos.

Sr. PRESIDENTE (Mestre). — Con todo gusto, señora convencional.
Sra. CARRIO. — Lo que voy a tratar de considerar al final de esta exposición, en cuanto a la justificación moral, son las brillantes observaciones del convencional Zaffaroni. Pero las cuestiones de la irrazonabilidad y de la afectación de la libertad de voto las voy a dejar para el final porque están en el orden de la justificación o no.

No quiero entrar al análisis jurídico que ha sido tomado tantas veces como lucha política en el seno de esta Convención, que es mitad espectáculo público y mitad debate nacional. El segundo aspecto de este tema es tratar de comprender qué paso. Puede haber divergencias en cuanto a la construcción del consenso, pero me parece que hay que ser profundamente respetuosos de los acuerdos políticos. Entonces, las discrepancias políticas acerca del acuerdo, que las podemos tener todos, no significan tomar peyorativamente algo que desde un punto de vista sociopolítico tiene una explicación que es bastante importante.

Dije hoy que el sentido de la Constitución no era que la Convención opere con carácter
refrendatario. Pero dentro del análisis político de la cuestión, para comprenderla, no para justificarla, digo que en el nivel sociopolítico del tema las democracias complejas contemporáneas son refrendatarias. El estado social de derecho es el garante de los acuerdos y, en definitiva, del acuerdo obreropatronal para sostener al capitalismo. Esto nadie lo puede desconocer. Los convenios colectivos de trabajo que son aprobados por ley, en definitiva, son un refrendo que da el Poder Legislativo a los acuerdos de tipo social que se presentan en las democracias complejas contemporáneas. Muchísimas de las leyes que sancionan los legisladores y muchos de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo nacional no son más que el refrendo de distintos acuerdos entre los sectores políticos, sociales, económicos y culturales, porque el acuerdo ha sido en definitiva la base del estado social de derecho. La crisis de gobernabilidad que hoy se percibe en el mundo, es quizás la crisis de aquella quiebra de ese acuerdo fundamental obrero patrón que permite hoy que los intereses capitalistas no encuentren límite en la negociación con los factores del trabajo.

De alguna manera tenemos que sincerarnos en cuanto al carácter refrendatario. El
Congreso no es un órgano de decisión por excelencia, donde solamente se delibera y se decide.

Cada uno de los miembros de todas las bancadas buscan acuerdos que son difíciles, que son dolorosos, que repetidamente dejan a muchos actores sociales en el camino y donde, en definitiva, las distintas posiciones de los partidos tienden a hacer prevalecer los intereses generalizables y los principios que ellos pretender defender en mayor medida.

Pero no analicemos sólo esta característica de las democracias complejas contemporáneas; vayamos a otra cuestión. Tenemos que enmarcar estos acuerdos en procesos de transición y consolidación democrática. No estamos hablando de la reforma de la Constitución de un país con doscientos años de continuidad democrática. Hablamos de una nación que recuperó su democracia hace diez años, una democracia que había perdido persistentemente durante más de cincuenta años. Entonces, no se puede entender esta realidad sociopolítica con total liviandad.

La salida es lo que se llama las democracias consociativas. Se trata de democracias donde el proceso de transición y consolidación se hace a través de acuerdos. Muchas veces, como en el caso español, la transición se va haciendo a través de acuerdos. Acá se citó mal el Pacto de la Moncloa como un pacto constitucional. Ese pacto no fue constitucional, aunque su acuerdo permitió la transición. Después viene el acuerdo constitucional que termina la Constitución del 78.

Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué es un pacto? Acá voy a citar a Guillermo O' Donell quien hablando de estas democracias consociativas en un estudio que realizó dice lo siguiente:

"Un pacto puede definirse como un acuerdo explicito aunque no siempre explicitado o justificado públicamente entre un conjunto selecto de actores que procuran definir las reglas que rigen el ejercicio del poder, sobre la base de garantías mutuas concernientes a los intereses vitales de quienes los acuerdan. Dichos pactos pueden tener una duración prescripta o depender meramente de un consentimiento que se va alcanzando sobre la marcha. Algunos de esos pactos cristalizan después en reglamentos o constituciones.".

La salida española, que para nosotros es un ejemplo, ha sido pactada. Entonces, a los españoles les ha sido mucho menos difícil explicar los acuerdos a su sociedad porque ellos han salido del régimen autoritario mediante pactos. En la Argentina el problema es distinto. Es cierto, nosotros tuvimos una transición por colapso del régimen militar, porque éste no estuvo en condiciones de pactar. Entonces, esto que a primera vista ha sido un problema más sencillo porque nos ha permitido algo que ni los españoles ni el Partido Socialista Español pudieron lograr, el juzgamiento por violación de los derechos humanos, lo hemos hecho por colapso del régimen militar. Pero esto significa que las sociedades son más conflictivas y que después, necesariamente, van a tener que acordar para evitar que el conflicto no pueda hacerlos regresar a una salida autoritaria. De tal manera que si analizamos estas democracias consociativas veremos que los actores sociales de los pactos son selectos, no son todos. Estoy hablando de sociología política y no estoy justificando el Pacto de Olivos. Es imposible pactar con cada uno de los actores y con todos, porque el pacto en sí mismo se hace imposible.

Asimismo, se necesitan garantías mutuas. ¿Por qué? Porque están por definir las reglas de juego básicas del sistema y hay que garantizar que un grupo político no defina por sí solo las reglas constitutivas del sistema. Como bien decía mi amigo Cullen, el peligro es que las reglas estratégicas de un partido se conviertan en reglas constitutivas de todo el sistema. Por eso, existen garantías mutuas.

Por otro lado, cabe señalar que quien acuerda tiene enormes costos políticos. Por eso, el Partido Socialista Español —este partido que yo admiro—, que pactó el no juzgamiento del problema de los derechos humanos del régimen franquista, tuvo que ceder y aceptar eso para poder salir hacia la democracia española que era un objetivo que iba a redundar en beneficios de todos los españoles.

La pregunta que me hago en este tren de diálogo que tan bien y tan humildemente planteaba el señor convencional May Zubiría, es la siguiente: en el momento en que se acuerda, los actores políticos más importantes del sistema político argentino eran dos: el radicalismo y el peronismo. Los costos políticos de este acuerdo hicieron que hoy algunas bancadas tengan una representación que no hubieran tenido sin acuerdo, producto de los costos políticos que han sufrido los otros dos partidos (Aplausos)

Esto es lo que indujo al Partido Socialista Español no pactar con el partido que representaba Suárez, porque tenía miedo de la oposición bilateral que había amenazado a la república de Weimar . De alguna manera, en la Argentina, el crecimiento del MODIN, por un lado, y del Frente Grande, por el otro, con todo el respeto que le tengo a esos dos partidos, significan la oposición bilateral que es producto de estos acuerdos.

Entonces, esta es mi comprensión al nivel del análisis sobre lo que ha pasado. Desde el punto de vista político se podrá cuestionar —lo hizo muy bien el señor convencional Auyero— si está bien la construcción del consenso, si actuaron bien o si era la mejor forma de actuar, pero son evaluaciones que las juzgará el pueblo y que, en definitiva, tienen sus costos internos dentro de cada uno de los partidos, pero que no hacen a la cuestión que estamos tratando, que es el proyecto de Reglamento.

Sin embargo, sí era preciso que analicemos el acuerdo de esta forma, para entender que no hay que recurrir a la historia de los pactos preexistentes a fin de poder explicar esta situación.

Estamos mucho más cerca. La recuperación de la democracia argentina ha sido tremenda, por lo que yo discrepo con la construcción del consenso en este acuerdo, pero eso no significa que no respete toda la legitimidad política que muchos de estos articulantes del pacto han entregado,  porque después voy a analizar que estar en contra del acuerdo —dentro de las cuales estoy— es más fácil porque no se está sujeto a la ética de la responsabilidad. (Aplausos)

Sr. PRESIDENTE (Mestre). — La Presidencia recuerda a la señora convencional que le restan 10 minutos para hacer uso de la palabra.
Sra. CARRIO. — ¿Podría tomar cinco minutos más, señor presidente?
Sr. PRESIDENTE (Mestre). — Si hay asentimiento por parte de la Honorable Convención, se procederá en la forma solicitada.

—Asentimiento.

Sr. PRESIDENTE (Mestre). — Continúa en el uso de la palabra la señora convencional por el Chaco.
Sra. CARRIO. — Señor presidente: quiero entrar en un nivel que ayer fue propuesto por el señor convencional Zaffaroni y que, incluso, lo plantearon los convencionales Barcesat e Iván Cullen, que es el nivel de la justificación.

En ese sentido, sociopolíticamente entiendo la cuestión. La cuestión jurídica formal está salvada pero, a pesar de eso, ¿justifico que el voto sea en conjunto? Aquí está el asunto, y por primera vez estoy entrando al orden de la justificación. Se pueden tomar varias posiciones, pero la que no puedo admitir en orden a la justificación es la pura regla de la mayoría, porque en definitiva ella decide pero no motiva y porque, además, ella ha justificado regímenes totalitarios.

Con esto no me estoy refiriendo a alguien en especial; simplemente estoy tratando de que reflexionemos en conjunto, porque deseo que ese voto de la mayoría tenga razones que lo justifiquen.

Al respecto, he encontrado razones sociopolíticas a ese voto de la mayoría. Es decir que puedo tener explicaciones y argumentos sociopolíticos que son válidos y serios. Pero como me queda muy poco tiempo, voy a tomar a alguien de la filosofía moral —me gustaría tomar a Dworking, luego a Rawls— para lo cual voy a recurrir a Dworking con su teoría de la justicia; pero tengan en cuenta que estoy planteando una justificación desde el punto de vista de la teoría de la justicia, que constituye una filosofía moral a la cual ningún país se ha acercado. O sea que, aún hoy, ninguna forma civilizada ha podido llegar a una convivencia tal donde estos valores de la comunidad de principios se hayan dado en toda su extensión. Pero Dworking también se refiere a los acuerdos señalando que hay tres tipos de comunidad: la de facto, la de reglamento y la de principios.

La comunidad de facto se da, por ejemplo, cuando en medio de una guerra dos personas absolutamente enemigas quedan en medio del mar y luego desembarcan en una isla desierta. Sin duda ellos van a tener que convivir y van a tener que pactar; no los une nada, ni siquiera el afecto, pero pactan porque se necesitan. En este tipo de comunidad los hombres son medios para los otros hombres.

Hay otro tipo de comunidad, que es la de reglamento, que después da lugar a la concepción convencionalista del derecho. En ella hay personas egoístas, honestas, a veces con visiones distintas, que pactan y acuerdan una determinada convivencia, pero no suponen que detrás de ese acuerdo los unen principios comunes. Directamente van acordando y creo que este acuerdo tiene algo de eso, que incluye a todos los que estamos aquí y a todos los argentinos; nosotros acordamos, pero todavía no llegamos a pensar que por detrás de ese acuerdo nos tienen que unir principios comunes, aunque algo de esa amistad entre Barcesat y Alsogaray me dice que en algún momento podremos coincidir en un liberalismo libertario, solidario y fraterno.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Convención Nacional Constituyente, doctor Eduardo Menem.

Sra. CARRIO. — De todas maneras, tenemos el último modelo, que es el de la comunidad de principios, que si me permiten lo voy a leer porque es imperdible.

Dice así:

"...las personas son miembros de una genuina comunidad política sólo cuando aceptan que sus destinos están ligados de la siguiente manera: 'aceptan que los gobiernan principios comunes y no sólo reglas establecidas por un compromiso político. La política tiene un carácter diferente para esas personas. Es un campo de debate sobre cuáles son los principios que una comunidad debería adoptar como sistema, qué visión debería de tener de la justicia, de la equidad, del debido proceso, de la igual consideración y debido respeto, y no la historia diferente, apropiada para otros modelos donde cada persona trata de plantar la bandera de su propia convicción sobre el mayor terreno de poder o reglas posibles."

Son esos argumentos de principio los que pueden fundar derechos. Creo que en ellos hay un derecho legítimo de los convencionales a emitir el voto en lo que tienen de consenso. Pero sobre esto no puedo discutir sinceramente y con absoluta honestidad intelectual; comprendo la sensación que hoy tienen las minorías, porque no pueden contribuir plenamente al consenso y tampoco pueden contribuir totalmente al disenso.

Creo que esto hay que desgranarlo. En primer lugar, ¿No se respeta a la minoría el derecho a la disidencia? El derecho a la disidencia lo tenemos garantizado. ¿Tenemos restringido el derecho a expresar el consenso? No, lo tenemos garantizado. ¿Tenemos restringida la libertad de voto? En esto voy a recurrir a uno de los argumentos de Zaffaroni, que ayer me decía — incluso mi posición era casi idéntica a la de él—, que si fuera un sistema entendería por qué es razonable. Parecería que todos estamos de acuerdo en que la integración Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial es un sistema. Digo esto porque no puedo decidir un Poder Ejecutivo presidencial con un Poder Legislativo de tipo parlamentario. Es decir que, inevitablemente, el sistema político forma un sistema y lo tengo que votar conjuntamente, porque la relación primer ministro, reelección presidencial, decreto de necesidad y urgencia e, incluso, integración del Poder Judicial para su designación, tiene una relación sistémica que honestamente creo que la tenemos que aceptar.

¿Qué ha quedado afuera? Por ejemplo, la confesionalidad del presidente y la elección del intendente de la Capital. Entonces, concluyo que es mucho menos dramático de lo que nos pareció a lo largo de este debate y de lo que personalmente me pareció a lo largo de la campaña electoral. Esto lo digo porque escuché todos los argumentos, he tratado de contestarlos y de decir que soy no dogmática, lo que es una condena infernal.

El problema es el siguiente: hemos quedado con que nos afectan la libertad de voto en dos puntos: en el tema de la Capital Federal y en el de la confesionalidad del presidente; y puede haber tres o cuatro temas más.

Recién ahora ingresamos a la cuestión del otro. Veo que es cierto que se está restringiendo el derecho de las minorías, pero también observo que en la línea argumental no es tanto el derecho que se nos ha lesionado. En definitiva, lo que está detrás de esto es el planteo de por qué no estuvimos en la construcción del consenso. Esto es explicable, porque hay actores políticos que hoy tienen una representación brillante en esta Convención, que no la tendrían sin la existencia del Pacto. Hoy estamos en un pluralismo moderado, mientras que el 3 de octubre estábamos en un bipartidismo. En el fondo esto lo tenemos que reconocer. No sé si el pluralismo moderado seguirá profundizándose en la Argentina. En consecuencia, esos actores tendrán otra presencia.

Y acá paso a la cuestión del otro, con el tema de la cláusula de garantía. Yo aclaro que es tan fuerte mi necesidad de reconocer al otro y de no violarle jamás ningún derecho —aunque lo estime injusto—, que por querer esa comunidad de principios voy a votar en contra del artículo 129... (Aplausos)..., pero esto no es para dramatizarlo en los términos en que está planteado en esta Asamblea, porque es una cuestión tremendamente compleja y discutible.

Pero además hay otras cuestiones. Por ejemplo, hagamos un juego. Quisiera recurrir al modelo del otro para ver cómo hubieran jugado otras fuerzas en esta situación. Me pregunto —y con esto no quiero agredir a nadie— qué hubiera pasado frente a la hipótesis de que falte un voto para abrir el paquete. Es decir, con un voto se abre el paquete. Vale aclarar que todos ustedes saben que la reforma de las reglas de juego de un sistema jurídico reviste un impacto traumático para una sociedad, donde pueden riesgosamente cambiar las reglas institucionales; pueden cambiar mal para todos y sin participación para muchos.

Yo, que voy a votar en contra del artículo 129, les pregunto: ¿qué harían frente a esa circunstancia? ¿Cómo funcionaría ahí la ética de la responsabilidad? ¿Qué harían otros grupos políticos que hoy están planteando legítimamente su disidencia como acto de catarsis de una oposición política que al menos tenemos que respetar y legitimar como cura terapéutica de carácter psicoanalítico, si se quiere?

Entonces, el tema es cómo obrarían ellos si estuvieran en esa instancia, siendo la mayoría necesaria para que un grupo político no pueda imponer las reglas de juego por sí mismo; porque hoy el justicialismo no tiene la mayoría de la Asamblea, pero el 3 de octubre, y en previsión de esos votos, iba a tener la mayoría. Y respeto al justicialismo, y mis hijos son hijos de un acuerdo radical peronista (risas), pero de alguna manera, ninguno de los que estamos aquí —ni del Frente Grande, ni de los otros partidos— hubiera querido que el justicialismo imponga por sí mismo, y con su sola mayoría, todas las reglas constitutivas del juego político en la Argentina.

Entonces, la cuestión del otro también debe ser aceptada por las mayorías, porque si en este momento ellas estuvieran del otro lado, allá atrás, sentirían exactamente lo mismo, darían las mismas argumentaciones y encontraríamos a los mismos amigos con una pretensión legítima de haberse sentido fuera del acuerdo.

Más sincera no he podido ser, y mi única finalidad ha sido plantear una discrepancia respetuosa, marcar la absoluta complejidad del tema, y decirle al señor convencional del MODIN que es cierto que mi partido ha tenido enormes discrepancias con motivo de este pacto, pero también es cierto que a la Unión Cívica Radical la unen principios muy viejos y muy largos, nos unen Alem, Yrigoyen y el sueño de Alfonsín en 1983; y esto, de ninguna manera, va a romper aquellos principios sino que, por el contrario, nos va a hacer más fuertes y más poderosos en el futuro. (Aplausos prolongados. Varios señores convencionales rodean y felicitan a la oradora.)



Fuente: Diario de Sesiones de la H. Convención Constituyente del 02 de junio de 1994.



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domingo, 26 de febrero de 2017

Raúl Alfonsín: "Mensaje y Proyecto de Ley de Reordenamiento Sindical" (16 de diciembre de 1983)

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1983

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad sometiendo a consideración el proyecto de ley de reordenamiento sindical y régimen electoral adjunto, el que al ser convertido en ley regulará todas las elecciones que se realicen en las Asociaciones Gremiales de Trabajadores, incluidas las de delegados, comisiones internas o cuerpos similares.

Los representantes de los trabajadores, desde los delegados de establecimientos hasta los más altos cargos de la conducción sindical, deben ser elegidos en libertad y mediante un régimen que brinde una igualdad total de posibilidades a las personas y listas que decidan presentarse a una contienda electoral. Ni el Estado, ni los partidos políticos, ni los empleadores, deben ejercer tutorías, influencias o controles de cualquier tipo en una elección gremial.

Para evitar que esto último pueda ocurrir es que se eleva este proyecto que habilita una instancia judicial para la fiscalización y control integral del proceso eleccionario. Se quitan, así, en esta materia, al ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las facultades de intervención que distintas normas y situaciones de hecho le han otorgado.

Este nuevo sistema permitirá que los trabajadores argentinos cuenten con un mecanismo de contralor idóneo. Se impedirá, de esta forma, que las autoridades de aplicación de turno puedan actuar mediante arbitrariedades, intervenciones, o componendas con algún sector, amañen elecciones, impidan la presentación de listas, restrinjan la igualdad de posibilidades con que deben contar todos los contendores o, de cualquier manera, afecten la libre expresión de voluntad de electores y candidatos.

En los últimos años la República ha vivido uno de los períodos más tristes de su historia. Los trabajadores no sólo vieron decrecer el salario real en forma continua por culpa de una política distributiva marcadamente injusta, no sólo padecieron restricciones notorias en la posibilidad de defender sus derechos, sino que además vieron intervenir o manipulear sus sindicatos de manera tal que no tuvieron oportunidad de conocer lo que significa una autentica democracia sindical. Un número extraordinario de trabajadores argentinos no sólo no tuvo posibilidad de ser elegido; lisamente, no pudo elegir ni tan siquiera participar.

La vida sindical en la Argentina, como la Argentina toda, vivió largos años de silencio. El régimen militar que impuso la veda política, también impuso una veda sindical.

Las elecciones que se efectuaron en los partidos políticos y, posteriormente, para la elección de autoridades nacionales, provinciales y municipales en toda la extensión de la República, condujo a una reválida global en la representación política y concluyó con la elección de autoridades legítimas. Argentina, hoy, está gobernada en todos sus niveles por auténticos representantes de la voluntad popular; es una auténtica nación democrática que vive en Estado de Derecho.

Ocurre, empero, que la veda que padeció el sindicalismo en la República no fue superada aún por una reválida global de las autoridades de las Asociaciones Gremiales de los Trabajadores. Existen, así, sindicatos que aún ahora se mantienen intervenidos; otros están gobernados por comisiones transitorias nombradas por el régimen militar; otros están dirigidos por trabajadores con prórrogas de mandatos otorgados, también, por el gobierno de facto; y otros por último, han sido normalizados mediante elecciones que no han comenzado, como se corresponde en una democracia, desde las bases, delegados y comisiones internas, hasta los más altos cargos de la dirigencia sindical.

Se produce de esta manera una dicotomía; en lo político, la República se democratizó; en lo sindical, no. Es, ésta, una situación que requiere urgente solución: los sindicatos deben ser normalizados democráticamente con la mayor rapidez pues para que un Estado Moderno, un Estado de Derecho, sea plenamente democrático, sus trabajado-
res deben contar con un aparato sindical igualmente democrático, fuerte, de representación indiscutible, para que asi puedan enfrentar el gran desafío que les plantea la actual grave situación socio-económica, mediante una participación dinámica y creciente. El acto casi ritual de la renovación anual de las convenciones colectivas -suspendido hace casi diez años- debe complementarse con un mandato vigoroso de asambleas democráticas amplias que indique el camino para luchar efectivamente contra la marginalidad, la miseria, la destrucción de la industria y la producción nacional y su factor acelerante que es la inflación.

He sostenido con reiteración la necesidad de derogar la actual ley de Asociaciones Gremiales de Trabajadores (ley 22.105), para que se la reemplace por un cuerpo legal que asegure:

a) Organización auténticamente democrática de las asociaciones gremiales;
b) Participación creciente y principal de los trabajado-res en las decisiones del sindicato;
c) Defensa de los intereses profesionales con prescindencia de toda cuestión político partidista, con afirmación en cambio del derecho a participar en organismos públicos, estatales y paraestatales, de concertación y estudio de las soluciones económicas y sociales, proyectando la gestión sindical al plano de las actividades culturales, turísticas, asistenciales, financieras, formativas y educacionales.
d) Representación de las minorías;
e) Privilegiar la organización federativa y el fortalecimiento de las entidades de segundo y tercer grado;
f) Reconocimiento de personería gremial al sindicato más representativo;
g) Garantías efectivas respecto de la libre afiliación;
h) Régimen electoral que garantice la democracia interna;
i) Estabilidad efectiva de los representantes gremiales;
j) Establecer recursos judiciales sumarios para la defensa de los derechos de los afiliados, control de los procesos electorales, manejo de fondos sindicales, prohibición de actuación política partidaria, descuentos compulsivos y todo otro derecho sindical lesionado;
k) Determinar que las entidades de segundo grado no podrán rechazar la afiliación de una asociación de primer grado de la misma actividad ni disponer la intervención de las adheridas, salvo en los casos taxativamente contemplados en la ley;
l) Facultar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el contralor económico financiero de las entidades con personería o inscripción gremial;
ll) Mantener la facultad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para suspender o cancelar la personería gremial en los casos de violación de normas legales o estatutarias, sujetas a revisión judicial.

Para que, en definitiva, pueda Vuestra Honorabilidad sancionar una nueva Ley de Asociaciones Gremiales de Trabajadores, resulta a todas luces conveniente un gran debate. No se trata, en materia de tanto cuidado por su vital importancia como la que aquí se analiza, deque un grupo de técnicos proyecten una nueva ley teórica, pués ella puede no estar adecuada a la realidad global socio-económica de la República. Esta futura Ley de Asociaciones Profesionales de Trabajadores debe tener perdurabilidad, prospectiva, debe estar pensada para el presente pero con proyección al mañana. Para el dictado de una Ley de esas características es que se requiere el gran debate del que antes hablé, en el cual se logrará el necesario punto de equilibrio de todos los factores reales de poder con incidencia en el tema.

Por todo ello es imprescindible el dictado urgente de un cuerpo legal para que, en el menor tiempo posible, se produzca un reordenamiento democrático global en las Asociaciones Gremiales de Trabajadores, con lo que la dicotomía de que hablé al principio quedaría superada y se daría un paso más, de gran importancia por cierto, para el afianzamiento de la democracia en nuestro país.

El proyecto que se eleva a consideración parte de la premisa básica de que el sindicato debe organizarse de abajo hacia arriba, hundiendo sus raíces en las bases y en el interior de la Republica. Para ello, de-be exigirse que los dirigentes de un sindicato sean la ex-presión genuina de las bases, sin las deformaciones que históricamente ha producido la intromisión del Estado, de los partidos y de los empleadores. Por tal motivo, el proyecto establece que los procesos electorales sindicales serán controlados por el Poder Judicial de la Nación, lo que garantizará la corrección de los mismos; además, promueve un sindicato ampliamente participativo, con expresión adecuada de las minorías y en el que no se admite ninguna actitud discriminatoria de carácter político, racial o religioso.

El art. 10 del proyecto convoca a elecciones generales bajo el contralor de la Justicia Electoral. La convocatoria, por esta única vez, será efectuada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pués, por la excepcional circunstancia de que los sindicatos presentan conducciones de características disímiles que en general, han si-do nombradas o mantenidas por el régimen militar, han sido objetó de múltiples impugnaciones en el Ministerio precitado.

Como primer paso, dentro del menor tiempo posible y en el orden de prelación, forma y condicion es que fije la Reglamentación, la autoridad de aplicación deber imperativamente convocar a elecciones de delegados, comisiones internas o cuerpos similares (art. 2°)

Como segundo paso, efectuadas las elecciones precitadas o bien regularizada la elección de delegados, comisiones internas o cuerpos similares, en un porcentaje a determinar por la autoridad de aplicación, ésta convocará a elecciones para la designación de los cuerpos orgánicos de las Asociaciones Gremiales de Trabajadores en sus diferentes grados (art. 51)

En atención a las diferentes situaciones que presentan actualmente los sindicatos, el proyecto contempla, por separado, cada una de ellas, haciendo que, en definitiva, todas confluyan a un mismo e idéntico fin: reordenamiento democrático total del aparato sindical.

El art. 81 trata los sindicatos que han hoy están intervenidos. En este caso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá designar un administrador con todas las facultades de los cuerpos directivos pero que a diferencia de la típica figura del interventor, tiene como función primordial la de colaborar en el reordenamiento del sindicato. En el mismo momento en que convoque a elecciones, el Ministerio deberá comunicarlo a la Justicia Electoral y ésta, dentro de quinto día, designará uno o más veedores judiciales para asegurar la corrección del proceso eleccionario. El art. 81fija un plazo no mayor al de ciento veinte (120) días para convocar a las elecciones del art.51. El administrador y el veedor judicial concluyen su actividad al poner en posesión de sus cargos a las autoridades electas.

El art. 9 ° contempla el supuesto de sindicato con comisiones transitorias. A partir del momento en que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convoque a las elecciones del art. 20, queda facultado para, según las características de cada gremio, y demás particularidades existentes, nombrar un administrador o bien mantener, ampliar o modificar las comisiones, debiéndose proceder después de igual forma que la vista en el art. 81. Es decir: sea la comisión sea el administrador, su función central será de promover y favorecer el trámite del proceso eleccionario.


El art. 10 que contempla el caso de las Asociaciones Gremiales de Trabajadores con prórrogas de mandato dispuestas por el régimen militar, deroga toda disposición legal, reglamentaria o estatutaria que haya autorizado las prórrogas de mandato, haciendo cesar en sus cargos a todas las autoridades en tal situación quienes, con carácter transitorio, continúan en el desempeño de sus funciones hasta tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convoque a las elecciones del art. 21, a partir de cuyo momento queda facultado para mantener las anteriores autoridades o bien a nombrar un administrador en los términos de los arts.9 y 8.

En el art. 10 se legisla sobre los sindicatos normalizados durante el régimen militar. En primer término se contempla el caso de que existan impugnaciones pendientes de resolución en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; de ser ello así, las elevará a la Justicia Electoral y, de prosperar las mismas y anularse o dejarse sin efecto las elecciones, la autoridad de aplicación deberá nombrar un administrador y actuar en la forma dispuesta en el art. 81. De continuar en sus cargos las autoridades o mientras se sustancie judicialmente por tramite sumario las impugnaciones, el Ministerio deberá igualmente convocar a elecciones del art. 21 y, en caso de corresponder, a las de autoridades de seccionales o filiales en los términos del art. 51. Las actuales autoridades cesaran en sus mandatos al término normal de los mismos y, por ésta única vez, deberán convocar a elecciones generales con una anticipaci6n de noventa (90) días a la fecha de vencimiento de su mandato y efectuar el acto eleccionario con una anticipación de treinta (30) días de aquella fecha.

En cuanto a la convocatoria de elecciones futuras en los sindicatos normalizados conforme las pautas de esta ley, ellas deberán ser formuladas por la propia autoridad del sindicato con una anticipación no inferior a sesenta (60) días de la fecha en que culmine el mandato, debiendo el acto efectuarse con una antelaci6n no menor de treinta (30) días de esa fecha, bajo el régimen legal instituido en esta ley.

El proyecto establece en el art. 13el principio de mayoría y minoría, debiendo esta última tener una adecuada integración cuando alcance el 25 % de los votos emitidos. Al modificar el art. 14 del proyecto al art. 14 de la ley 22.105, se establece que la dirección y administración de las Asociaciones Gremiales de Trabajadores será ejercida por un organismo directivo compuesto, como mínimo, por nueve (9) miembros o múltiplo de tres (3)de los cuales 2/3 son adjudicados a la mayoría, con lo que ésta obtiene la conducción ejecutiva total, y 1/3 a la minoría, con lo que se establece un elemento de control típico en la democracia.

El art. 14 del proyecto modifica otras disposiciones de la ley 22.105, a los efectos de adecuarlas a los procedimientos electorales que aquí se proponen y, también, a la búsqueda de incrementar la participación de los trabajadores en la vida sindical y facilitar sus condiciones de electores y candidatos.

En atención a la irregular forma en que se desarrolló la actividad sindical en los últimos años y teniendo en cuenta que, por imperio de las circunstancias políticas que vivió el país, muchos trabajadores se vieron privados de sus empleos por causas políticas, gremial eso sindicales, el proyecto contiene una disposición especial que determina que no existe otra inhabilitación legal para ser candidato que las sancionadas por la ley 22.105,con las modificaciones que a ella introduce el proyecto que elimine a los antecedentes penales y policiales, declarándose inexistentes inhabilitaciones como las precitadas. Para el supuesto de producirse contienda entre el trabajador y el sindicato con motivo de pedidos de afiliación o reafiliación, se crea un procedimiento judicial sumarísimo para su tratamiento y solución (art. 40)

A los efectos de facilitar la participación de los trabajadores en la actividad sindical y urgir al máximo su reordenamiento democrático, el art. 41 del proyecto dispone, por esta única vez, que no requerirá antigüedad para ser candidato tanto en las elecciones del art. 2 como en las del 5.

En suma, el proyecto que se eleva tiene por finalidad lograr el más pronto reordenamiento de las Asociaciones Gremiales de Trabajadores, en un régimen que asegure plenamente la democracia sindical.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

RAÚL ALFONSÍN

ANTONIO TROCCOLI – ANTONIO MUCCI

TITULO I
De la convocatoria a elecciones

Capitulo I

Art. 1° - Convocatoria a elecciones: Convocase a elecciones generales en todas las asociaciones gremiales de trabajadores, incluidas las de delegados en los lugares de trabajo, comisiones internas o en cuerpos similares, en todo el territorio del país, bajo el controlador de la justicia electoral y de conformidad con las previsiones de esta ley.

Las elecciones en las asociaciones gremiales de trabajadores deberán quedar concluidas dentro de los ciento ochenta (180) días de reglamentada esta ley. Exceptuándose en este plazo a las asociaciones realizadas el plazo para la convocatoria del artículo 5° comenzara a correr a partir de la fecha en que se haga cargo de sus funciones el delegado que deberá nombrar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 2° - Elecciones de delegados: comisiones internas o cuerpos similares: Como primer paso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocara a elecciones de delegados, comisiones internas o cuerpos similares, dentro del menor tiempo posible y en el orden de prelación, forma y condiciones que se fijen en la reglamentación.

Art. 3° - Lugar de la elección: Las elecciones previstas en el artículo 2° se efectuaran en el lugar y hora de trabajo.

Art. 4° - Recuento de votos: El escrutinio provisional se efectuara siempre en el lugar de las elecciones al término del acto; en definitivo, donde lo disponga la justicia electoral.

Art. 5° - Elecciones de autoridades: Efectuadas las elecciones del articulo 2° o bien regularizada la elección de delegados, comisiones internas o cuerpos similares, en un porcentaje no inferior al que en cada caso determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en atención a las características de cada actividad, este convocara a elecciones para la designación de todos los componentes de los cuerpos orgánicos de las asociaciones gremiales de trabajadores en sus diferentes grados, en el orden de prelación, forma y condiciones que se fijen en la reglamentación, y de acuerdo con los tiempos que se establecen en la presente ley.

Art. 6° - Lugar de la elección: Las elecciones previstas en el artículo 5° se llevaran a cabo en el lugar que determine la justicia electoral, de acuerdo con las pautas de esta ley.

Art. 7° - Recuento de votos: El escrutinio provisional se efectuara siempre en el lugar de la elección al término del acto, cuya duración dispondrá la justicia electoral; en definitivo, donde esta lo decida.

Art. 8° - Asociaciones gremiales de trabajadores con interventores o delegados normalizadores: En este supuesto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá designar un delegado que tendrá, transitoriamente, todas las facultades de los cuerpos directivos.

1. Dentro de los diez (10) días hábiles del siguiente en que se hiciera cargo de sus funciones, el delegado convocara a todas las agrupaciones existentes y preexistentes de la asociación de que se trate, las que dentro del quinto día hábil propondrán en forma individual la cantidad de candidatos que, en cada caso y en atención a las particularidades de cada asociación, indique el delegado. Vencido el plazo para proponer candidatos el delegado, dentro del quinto día hábil, designara a los propuestos como integrantes de una junta fiscalizadora gremial.

2. Puesta en funciones la precitada junta por el delegado, este mantendrá todas las facultades de los cuerpos directivos que se refieran a las actividades administrativas, financieras y de dirección y control de reempadronamiento general de afiliados a la asociación.

3. La junta fiscalizadora gremial tendrá las siguientes facultades:

a) De fiscalización y control de la actividad del delegado, con el objeto de asegurar que su actuación brinde igualdad de posibilidades a todas las corrientes de opinión. De conculcarse este principio sustancial, la junta o cualquiera de las corrientes de opinión que integren, podrá interponer recurso al solo efecto devolutivo ante el juez electoral competente, el que tramitara en proceso sumarísimo, siendo de aplicación a tal efecto las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación;

b) La junta fiscalizadora gremial tendrá la representación de la asociación, en defensa de los trabajadores de la actividad, en todos los conflictos gremiales que puedan suscitarse;

c) La junta fiscalizadora gremial, a fin de cumplir acabadamente con su cometido deberá formar, por voto de la mayoría, comisiones por cada área integradas por miembros de la propia junta, con un criterio representativo igualitario. En caso de no existir decisión mayoritaria que supere el cincuenta por ciento (50%), decidirá la composición de las comisiones del delegado, quien deberá actuar siempre con un criterio representativo igualitario. Las facultades de estas comisiones son de asesoramiento a la junta y al delegado si este lo requiere.

4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá convocar, en el menor tiempo posible e incluso con facultad de hacerlo antes de constituida en definitiva la junta fiscalizadora gremial, a las elecciones previstas en el articulo 2°.

5. Efectuadas dichas elecciones o bien regularizada la elección de delegados, comisiones internas o cuerpos similares, en un porcentaje no interior al que determine en Ministerio en atención a las características de cada actividad, este deberá convocar a elecciones de autoridades en los términos del articulo 5° en un plazo no mayor al de ciento veinte (120) días, en cuyo momento también elevara la comunicación respectiva a la justicia electoral, la que a su vez designara, dentro del quinto día, uno o mas veedores judiciales para asegurar la corrección del proceso eleccionario, quien o quienes deberán ser puestos en funciones de inmediato.

Art. 9° - Asociaciones gremiales de trabajadores con comisiones transitorias: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá, en estos casos, mantener, ampliar o modificar las comisiones transitorias o nombrar un delegado.

1. En el supuesto de mantenerse, ampliarse o modificarse la comisión transitoria, el órgano de aplicación deberá contemplar su integración con representantes de todas las agrupaciones existentes y preexistentes de la asociación de que se trate, con un criterio representativo igualitario.

2. De arribarse a esta alternativa, la comisión transitoria tendrá todas las facultades de los cuerpos directivos, debiendo formar subcomisiones por cada área que estarán integradas por miembros de la propia comisión con un criterio representativo igualitario.

3. Se reserva al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la facultad de impartir instrucciones a la comisión transitoria y, por razones de conveniencia a los efectos de hacer cumplir con todas sus partes las disposiciones de la presente ley, la de remover la comisión nombrando un delegado en su reemplazo o variar integración de la comisión.

4. La comisión transitoria deberá, imperativamente, ajustar su cometido a las disposiciones de la presente ley.

5. En el supuesto de que el ministerio nombrase un delegado, rigen las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 del artículo 8°.

6. En todo caso, sea con la actuación de una comisión transitoria, sea con la de un delegado y una junta fiscalizadora gremial, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá actuar en la forma en que lo establecen los apartados 4 y 5 del articulo 8°.

Art. 10 - Asociaciones gremiales de trabajadores con prorroga de mandatos: Deróganse todas las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias, que han autorizado las prorrogas de mandatos de autoridades de las asociaciones gremiales de trabajadores. Cesan en sus mandatos todos los dirigentes que se encuentren en tales condiciones quienes, transitoriamente, seguirán en el ejercicio de sus cargos hasta tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convoque a las elecciones previstas en el articulo 2°; a partir de este momento el ministerio podrá nombrar un delegado con las mismas facultades y a los mismos fines que los establecidos en el articulo 8°, cuyas disposiciones rigen plenamente este supuesto.

Art. 11 - Asociaciones gremiales de trabajadores normalizados durante el proceso militar: De existir impugnaciones pendientes de resolución en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, este deberá elevarlas para su tratamiento a la justicia electoral; de prosperar las mismas y anularse o dejarse sin efecto las elecciones realizadas, el ministerio deberá nombrar un delegado con las mismas facultades y a los mismos fines que los prescritos en el articulo 8°. De continuar en sus cargos las autoridades elegidas o mientras se sustancian judicialmente las impugnaciones, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debería igualmente convocar a elecciones en los términos del articulo 2° y, en caso de corresponder a las autoridades de seccionales o filiales en los términos del articulo 5°. Las actuales autoridades de asociaciones gremiales de trabajadores normalizadas cesaran en sus mandatos a los tres (3) años de haberse hecho cargo de la misma, debiendo, por esta única vez, convocar a elecciones generales con una anticipación de noventa (90) días a la fecha de vencimiento de mandato en los términos del articulo 5° y efectuar el actor eleccionario de acuerdo con las pautas de esta ley con una anticipación de treinta (30) días de aquella fecha.

Art. 12 - Convocatoria a elecciones futuras: Todas las asociaciones gremiales de trabajadores que se normalicen de conformidad con las pautas de esta ley, deberán, en el futuro, convocar a elecciones con una anticipación no inferior a sesenta (60) días de la fecha en que culminen sus mandatos, debiendo el acto eleccionario realizarse con una antelación no menor a treinta (30) días de esa misma fecha, bajo el régimen legal instituido por esta ley.

Art. 13 - Principio de mayoría y minoría: Establecese, en la representación en las asociaciones gremiales de trabajadores, el principio de mayoría y minoría, debiendo esta ultima tener una adecuada integración en los cuadros conductivos cuando alcance el 25% de los votos emitidos. Regirá el mismo principio para la elección de comisiones internas de establecimientos, en caso de corresponder, de acuerdo con lo que determine la autoridad de aplicación en cada caso.

Capitulo II
Reforma a la disposición de facto 22.105 para su adecuación a la presente ley

Art. 14 - Sustituyense los artículos 13, inciso g) e inciso h); 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la disposición de facto 22.105 por los siguientes:

Art. 13, inciso g). - El régimen electoral deberá estar adecuado al instituido por la ley de reordenamiento sindical, el que, de oficio, queda incorporado a todos los estatutos aprobados o en trámite de aprobación.

Art. 13, inciso h). - El procedimiento de convocatoria, constitución y deliberación de asambleas o congresos ordinarios y extraordinarios y la reglamentación de la emisión y cómputos de votos, deberá estar regulado en forma concordante con los principios de que informa la ley de reordenamiento sindical.

Art. 14. - La dirección y administración de las asociaciones gremiales de trabajadores será ejercida por un organismo directivo, compuesto por un numero mínimo de nueve (9) miembros titulares o múltiplo de tres, elegidos por los afiliados en la forma dispuesta por la ley de reordenamiento sindical con integración de la minoría en un porcentaje de 1/3 de los miembros, siempre que alcance el 25% de los votos emitidos. La lista que obtenga mayor cantidad de votos emitidos se adjudicara el tercio restante. De no obtener ese porcentaje, la mayoría se adjudicara la totalidad de los cargos. El voto será secreto, directo y obligatorio y su falta de emisión sin causa justificada, importara la aplicación de una multa equivalente a medio día de sueldo o de jornal. La reglamentación de la ley fijara las causales de justificación, la forma en que se cobrara la multa y la manera en que ingresara a la obra social que corresponda, pudiendo, en su caso, la autoridad de aplicación condonar las multas.

Lo establecido en relación con la mayoría y minoría regirá igualmente en la elección de autoridades de las federaciones y confederaciones.

Art. 15. - En las asociaciones gremiales de trabajadores en mandato de los miembros de los organismos directivos no podrá exceder de tres (3) años, pudiendo ser reelegidos.

Art. 16. - Para integrar los organismos directivos, además de los requisitos que impongan los respectivos estatutos, se requerirá ser mayor de edad y no registrar condenas penales por comisión de delitos dolosos.
Los candidatos para ocupar cargos directivos por primera vez deberán asimismo acreditar haberse desempeñado en la actividad de que se trate, por lo menos, durante dos (2) años continuos o discontinuos, en la medida en que hubiesen estado en la actividad por un lapso no inferior a seis (6) meses anteriores a la fecha de la convocatoria a elecciones. Deróganse todas las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias que establezcan exigencias de tiempos de antigüedad distintos. No menos del setenta y cinco por ciento (75%) de los cargos directivos y representativos de las asociaciones gremiales de trabajadores serán desempeñados por ciudadanos argentinos. Indefectiblemente, la máxima autoridad ejecutiva y su inmediata inferior serán ejercidas por ciudadanos argentinos.

Art. 17. - Toda persona que desempeñe un cargo gremial en los lugares de trabajo, en comisiones internas o en cuerpos similares, deberá estar afiliado a una asociación con personería gremial o simplemente inscrita y ser elegidos en el lugar y en horas de trabajo, por voto directo, secreto y obligatorio de la totalidad de los trabajadores del establecimiento, aun cuando no estuviesen afiliados a ninguna asociación gremial. La elección será considerada valida cuando votare un porcentaje no inferior al cincuenta por ciento (50%) de los trabajadores del establecimiento. Resultara elegido aquel mas votado, siempre que obtenga un porcentaje no inferior al veinte por ciento (20%) de la totalidad de los trabajadores que debieron haber emitido su voto.
De no obtenerse tales porcentajes se efectuara una segunda elección y la autoridad de aplicación establecerá los mínimos para que esta tenga validez.
La falta de emisión del voto sin causa justificada, importara la aplicación de una multa equivalente a medio día de sueldo o de jornal, que deberá destinarse a la obra social que corresponda. La reglamentación de la ley fijara las causales de justificación, la forma en que se cobrara la multa y la manera en que se ingresara a la obra social, pudiendo, en su caso, la autoridad de aplicación condonar las multas.

Art. 18. - Para desempeñar los cargos a que se refiere el artículo anterior, se requiere ser mayor de edad, haber actuado seis (6) meses con anterioridad a la fecha de convocatoria a elección, como mínimo, en forma continua en la empresa y no registrar condenas penales por la comisión de delitos dolosos. No menos del setenta y cinco por ciento (75%) de las personas que ocupen esos cargos en cada establecimiento, comisiones internas o cuerpos similares, deberán ser ciudadanos argentinos. En aquellos lugares de trabajo en que no exista una cantidad suficiente de personal mayor a de edad que permita una adecuada selección de trabajadores con un mínimo de dieciocho (18) años. De ser necesario, también podrá autorizar excepciones al recaudo de antigüedad tratándose de empresas nuevas.
La duración del mandato no podrá exceder de dos (2) años con posibilidad de dos (2) reelecciones inmediatas; para ser reelegido nuevamente, deberá transcurrir un plazo sin mandato no interior a dos (2) años. Esta duración de mandato no coarta la posibilidad de que dirigentes de nivel establecimiento puedan ser elegidos en niveles superiores, de acuerdo con las disposiciones de la ley de reordenamiento sindical.

Art. 19. - La reglamentación determinara el número máximo de delegados de personal a designar en los establecimientos, según sus características y cantidad de trabajadores. El número de delegados no podrá ser alterado con las convenciones colectivas de trabajo o por otro medio.

TITULO II
Del cuerpo electoral

Capitulo I
De la calidad, derechos y deberes del elector

Art. 15. - Electores: Para las elecciones previstas en el artículo 2°, son electores todos los trabajadores del establecimiento que tengan dieciocho (18) años cumplidos de edad; para las elecciones presitas en el artículo 5°, son electores todos los afiliados al sindicato desde los dieciocho (18) años cumplidos de edad.

Art. 16. - Prueba de esa condición: Para las elecciones previstas en el artículo 2° se acredita la condición de elector con el solo hecho de estar inscrito como trabajador del establecimiento a la fecha de la convocatoria; para las elecciones previstas por el artículo 5°, la calidad de elector se prueba, a los fines del sufragio exclusivamente, por su inscripción en el registro electoral de la asociación gremial de trabajadores y la exhibición del respectivo carnet de afiliado y/o con documento de identidad.

Art. 17. - Inmunidad del elector: El elector que se considere afectado por sus inmunidades, libertad o seguridad, o privando del ejercicio de sufragio, podrá solicitar amparo por si' o por intermedio de cualquier persona en su nombre, denunciando por escrito el hecho al juez electoral competente, quien deberá adoptar urgentemente y con habilitación de día y hora las medidas conducentes para hacerse cesar el impedimento si este fuera ilegal o arbitrario.

Art. 18. - Licencia gremial: Todo candidato a elecciones de las previstas en el artículo 5°, podrá requerir de su empleador licencia desde el momento de la oficialización de las listas hasta la realización del comicios; los fiscales de listas gozaran de licencia gremial en el día de la elección y cuando se efectúe el escrutinio definitivo.

Art. 19. - Facilitación de campaña y emisión del voto: ninguna autoridad nacional, provincial municipal, sindical o los empleadores podrá favorecer la actividad de las listas que se presenten a elecciones, cuyos componentes deberán gozar de igualdad total de posibilidades

Art. 20. - Carácter del sufragio: El sufragio es individual y de ninguna autoridad, ni persona, corporación, agrupación sindical, agrupación política, o quien fuere, puede obligar al elector a votar en grupos de cualquier naturaleza o denominación que sea; el voto es, además, secreto.

Art. 21. - Deber de votar: Todo elector tiene el deber de votar, tanto en las elecciones del artículo 2° como en las del artículo 5°; solo se considera exentos los comprendidos en las situaciones que marque la reglamentación.

Art. 22. - Carga pública: Todas las funciones que esta ley atribuye a los electores constituyen carga pública y son, por lo tanto, irrenunciables.

Capitulo II
Padrón electoral. Listas

Art. 23. - Actualización de los padrones sindicales: A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las asociaciones gremiales de trabajadores deberán, dentro del termino de sesenta (60) días, confeccionar sus padrones de afiliados, sin perjuicio de su eventual reactualización al momento de la convocatoria; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá designar uno o mas veedores para supervisar la tarea. Las asociaciones gremiales de trabajadores deberán entregar copia de dichos padrones al ministerio y a la justicia electoral para dejar establecido quienes están habilitados para votar.

Art. 24. - Contralor de la afiliación: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establecerá, en vista de las características de cada asociación gremial de trabajadores, la forma en que se controlara la exactitud de los padrones, estableciéndose por vía de reglamentación severas sanciones de multa a quienes efectúen afiliaciones falsas, sea el propio trabajador, la empresa, o la asociación gremial de los trabajadores, pudiendo llegarse incluso hasta la suspensión de personería gremial de esta ultima en caso de reincidencia. Las sanciones que se impongan serán recurribles por día de recurso directo ante el juez electoral.

Art. 25. - Impresión de los ejemplares definitivos: La asociación gremial de trabajadores deberá imprimir los padrones definitivos una vez que lo dispongan los juzgados electorales, en numero suficiente para que la justicia pueda destinarlos a las mesas donde se emitan los votos, para lo cual el juez competente determinara la cantidad que se necesita.

Art. 26. - Distribución de ejemplares: Los ejemplares, tres a cada uno, deberán entregarse:

1. A la Justicia Electoral.
2. Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
3. A las listas que concurran al acto.

Art. 27. - Oficialización de listas. A los efectos de la oficialización de una lista, solo será necesario la presentación firmada por el apoderado de la misma y los candidatos que la integren, junto con firmas patrocinantes de afiliados a la asociación, en numero del uno por ciento (1%) del total del padrón de afiliados.

1. Efectuaran el pedido en forma simultánea ante:

a)  La asociación gremial de trabajadores, en la sede que corresponda en razón de jurisdicción;
b) Ante la Cámara Nacional Electoral de la Capital Federal para la elección de autoridades nacionales o que abarquen dos o mas distritos; o bien, ante el juez electoral que territorialmente corresponda para la elección de autoridades de seccionales o filiales, según el domicilio legal de la sede respectiva; y
c) Ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o, en su caso, las delegaciones regionales.

2. El plazo para presentar el pedido de oficialización es el de treinta (30) días de haberse convocado a elecciones; los firmantes del pedido presentaran juntamente con este los datos de afiliación completos de los candidatos e indicaran el nombre del o los apoderados, todo ello de acuerdo a las disposiciones de esta ley.

3. Dentro de las veinticuatro (24) horas de recibido el pedido de oficialización, la asociación gremial de trabajadores - en cada una de sus sedes - y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicitaran de manera adecuada y exhibirán en lugar fácilmente visible, las litas completas para conocimiento de los electores durante cinco (5) días hábiles.

4. La única autoridad que oficializara las listas es el juez electoral que corresponda; vencido el plazo para presentar el pedido de oficialización de listas, el juez deberá oficializarlas dentro del termino de diez (10) días de operado el vencimiento o, en su caso, de resueltas las impugnaciones que se presentaren.

5. Las únicas impugnaciones que se tramitaran serán las que puedan formularse las listas entre si'. El término para presentar impugnaciones es de cinco (5) días a contar del momento en que se publiciten las listas en la forma dispuesta en el apartado 3 de este artículo. Justo con la impugnación deberán ofrecerse las pruebas y el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, convocara a una audiencia dentro del quinto día, que notificara por telegrama colacionado en el cual cada parte formulara sus cargos y descargos produciendo las pruebas que hagan sus derechos. El juez resolverá dentro de las setenta y dos (72) horas de haberse terminado la audiencia.

Art. 28. - Resoluciones judiciales. Apelación: Las resoluciones a que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo que precede serán apelables dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, debiendo remitirse los autos al superior de inmediato, quien deberá expedirse, por decisión fundada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.

TITULO III
Agrupación de electores. Justicia electoral

Capitulo I
Agrupamiento de electores. Contralor judicial

Art. 29. - Elecciones de delegados, comisiones internas o cuerpos similares: Debiéndose efectuar las mismas en los lugares de trabajo, las divisiones electorales se corresponderán a los efectos del control judicial con la competencia territorial de los juzgados electorales.

Art. 30. - Agrupación de electores: A los efectos de las elecciones del artículo anterior, los electores se agruparan por establecimiento, de acuerdo con las pautas que al respecto establecen la presente ley y su reglamentación.

Art. 31. - Veedores judiciales: A los fines de los artículos precedentes y a pedido de trabajadores del establecimiento, o de la asociación gremial de trabajadores o del Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social, el juez electoral competente podrá designar uno o mas veedores judiciales a los efectos del contralor del acto eleccionario.

Art. 32. - Elecciones de autoridades. Veedores judiciales: Desde el momento en que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convoque a elecciones, deberá ponerlo en conocimiento del juez electoral que corresponde y este deberá nombrar un veedor judicial para controlar la debida marcha del proceso eleccionario, en el que se mantendrá en funciones hasta tanto asuman la conducción de la asociación gremial de trabajadores - en todos sus niveles - las autoridades que resulten elegidas de conformidad con las pautas de esta ley.

El juez electoral, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, podrá nombrar más de un veedor y/o colaboradores de los mismos.

Art. 33. - Mesas electorales y urnas volantes: Las mesas se constituirán con hasta trescientos (300) trabajadores afiliados a la asociación gremial de trabajadores.

Cuando los núcleos de trabajadores estén agrupados en número pequeño por establecimiento o bien estén separados por largas distancias, el juez podrá ordenar la constitución de mesas volantes que serán constituidas de la misma forma que las restantes.

Art. 34. - Autoridades de mesa: Cada mesa electoral tendrá como única autoridad un funcionario que actuara con el titulo de presidente y lo reemplazaran por el orden de su designación en los casos previstos por el Código Electoral Nacional, que, en este aspecto, rige supletoriamente. Los funcionarios serán elegidos por los jueces electorales con carácter de carga pública, y serán, preferentemente, funcionarios judiciales en actividad o ex funcionarios judiciales.

Art. 35. - Lugar de voto: A elección de la justicia electoral, de acuerdo con las características de cada elección y para favorecer la emisión del voto por los electores, el acto eleccionario podrá efectuarse:

a) En el lugar de trabajo;
b) En la sede de las asociaciones gremiales de trabajadores;
c) En establecimientos públicos;
d) Mediante mesas votantes. En cada lugar y en cada mesa, las listas concurrentes podrán designar fiscales.

Capitulo II
Jueces electorales

Art. 36. - Jueces electorales: Hasta tanto sean estos designados, actuaran como jueves electorales a los fines de esta ley, en todo el territorio de la Nación, los magistrados que estén a cargo de los tribunales que fiscalizaron y controlaron el proceso de las elecciones nacionales del 30 de octubre de 1983.

Art. 37. - Remisión: A los efectos de esta ley y en lo que fueren de aplicación, declárense vigentes a los efectos del funcionamiento de la justicia electoral nacional las disposiciones de los artículos 42 al 52 del Código de Justicia Electoral.

Art. 38. - Código de Justicia Electoral: A todos los efectos de esta ley y en cuanto no se oponga a sus disposiciones, decláranse de aplicación supletoria las normas del Código de Justicia Electoral Nacional; las facultades que en el se otorgan al Ministerio del Interior las tendrá, en esta ley, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 39. - Jurisprudencia obligatoria: La jurisprudencia que emane de la Cámara Nacional Electoral, en materia de interpretación de la presente ley y de la aplicación analógica de las normas del Código Electoral Nacional, será obligatoria para los tribunales inferiores durante un plazo de tres (3) años.

TITULO IV
Disposiciones generales y transitorias

Art. 40. - Inhabilitaciones legales. No existen otras inhabilitaciones legales para ser candidatos que las sancionadas por la disposición del facto 22.105, con las modificaciones que a ella introdujo la presente ley en lo relativo a antecedentes penales.

En cuanto a los electorales y candidatos, declarase inexistente cualquier inhabilitación de carácter político, gremial o sindical que pese o pueda pesar sobre los trabajadores, quienes, por el solo hecho de serlo, tienen derecho a requerir su afiliación o reafiliacion. Ante tal pedido, la asociación gremial de trabajadores deberá resolver en el termino de tres (3) días, siendo apelable una decisión denegatoria ante el juez electoral competente territorialmente según la sede de la asociación gremial de trabajadores, por día de recurso directo, quien resolverá dentro del quinto día; de reverse la decisión de la asociación gremial de trabajadores, ordenara la afiliación o reafiliacion del trabajador, el que tendrá todos los derechos y todas las obligaciones de un afiliado común, debiendo de oficio, ordenar el juez su inscripción en los padrones respectivos como elector.

Art. 41. - Norma de excepción para la antigüedad que se requiere para ser candidato: Por esta única vez, bastara para ser candidato en las elecciones del articulo 2° que el afiliado tenga una antigüedad de tres (3) meses en el establecimiento a la fecha de la convocatoria; para las elecciones de autoridades en los términos del articulo 5°, el candidato deberá tener una antigüedad en la actividad no menor a dos (2) años continuos o discontinuos.

Art. 42. - Asociaciones gremiales de trabajadores con zona de actuación en todo el país: Por esta única vez, en las asociaciones gremiales de trabajadores con zona de actuación en todo el país - o que excedan de una región económica y/o geográfica - que no cuenten a la fecha de convocatoria a elecciones con estatutos aprobados de acuerdo a la disposición de facto 22.105, se elegirán a sus autoridades nacionales conforme la zona de aplicación, al solo efecto de estas elecciones, a cuyo fin se conformara un solo distrito nacional electoral.
Para la elección de autoridades de seccionales o filiales se tendrán en cuenta, también al solo efecto de estas elecciones, las zonas determinadas en los respectivos estatutos.
En ambos supuestos, el voto será secreto, directo y obligatorio para todos los afiliados, siendo de aplicación para estas y futuras elecciones el régimen electoral implementado en esta ley.

Art. 43. - Ley de orden publico. Derogaciones: Las disposiciones de esta ley son de orden publico y derogan toda disposición legal, reglamentaria o estatutaria que se le oponga, no pudiendo ser modificada en ningún sentido, ni alterado su alcance o su espíritu por convenciones colectivas de trabajo, acuerdos de parte o cualquier otro tipo de medidas. Se declaran nulas y de no aplicación todas las disposiciones estatutarias que no se ajusten a sus normas.

Art. 44. - Reglamentación. Plazo máximo. El Poder Ejecutivo nacional reglamentara esta ley en un plazo no mayor al de sesenta (60) días a contar de su vigencia.

Art. 45. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.





Fuente: Mensaje N° 209 – Alfonsín, Raúl Ricado/Mensaje y Proyecto de Ley de Reordenamiento Sindical, 16 de diciembre de 1983.
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