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sábado, 13 de febrero de 2016

JCN-JR: "La historia no se negocia" (1988)

La Juventud Radical de la Junta Coordinadora Nacional de Morón en asamblea de militantes decide abstenerse de apoyar precandidatura alguna de las que se presentan para las elecciones nacionales de 1989, ya que dichas opciones no conllevan un perfil acorde con el proyecto político liberador que decididamente propiciamos.

Así mismo asumimos el compromiso de acatar la decisión que expresan los afiliados en los comicios internos.

Motiva también este pronunciamiento nuestro desacuerdo con la metodología verticalista reñida con los principios históricos en lo que hace a la democracia interna respecto a la digitación de los precandidatos.

Se hace necesario ratificar nuestra militancia idealista en pos de encarnar a los sectores mas progresistas y combativos del pasado partidario, sin dogma pero también disociando el pragmatismo que solo conciben la modernización de este sistema dependiente y no su transformación por otro acorde con los intereses populares.

CON LAS BANDERAS DE SIEMPRE, MOVILICEMOS LA JUVENTUD, POR EL CAMINO DE LA DEMOCRACIA HACIA LA LIBERACION

JUVENTUD RADICAL

JUNTA COORDINADORA NACIONAL MORON







Fuente: "La historia no se negocia" declaracion de la Junta Coordinadora de la Juventud Radical de Moron con motivo de las elecciones presidenciales de 1989. Aporte de Julio Argentino de la Vega.
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viernes, 12 de febrero de 2016

Raúl Alfonsín: "Reconstruir el Estado Legitimo" (10 de febrero de 2000)

De los primeros sesenta días del gobierno presidido por el doctor Fernando de la Rúa resaltan dos características muy visibles. La primera, que con una especial capacidad de mando y una natural predisposición al diálogo, el jefe del Estado ha convertido en fortaleza lo que parecía una extrema debilidad, esto es, la presencia de actores políticos en el Senado, en las provincias y en los gremios, por caso, de pertenencia a la oposición. La segunda, la impronta de un estilo austero, cristalino, que marca un claroscuro absoluto con lo vivido en la época pasada.

Sin embargo, lo antedicho configura sólo la corteza, la superficie pero no el núcleo central de sus políticas. La verdadera esencia de los pilares del gobierno de la Alianza en estos primeros dos meses, y que significará seguramente su filosofía para los años venideros, es la reconstrucción del diálogo generador del consenso como método para la sustentación del Estado legítimo, y desde luego la recreación de la política, que es su piedra basamental. El pensamiento de Nicolás Tenzer cobra al respecto especial significación, cuando decía que "la política, a la hora en que se disuelven las comunidades tradicionales, es fundamentalmente el establecimiento de una comunicación entre el ciudadano, es decir, de una discusión guiada por principios comunes, el primero de los cuales es el consenso sobre la necesidad de edificar una sociedad política".

Esto se enlaza con las especiales circunstancias que está viviendo la Argentina, que reclama, como se ha señalado en un editorial de este diario, una revolución ética, en tanto que algunos dirigentes que aún viven en el pasado escépticamente entienden que la corrupción de los gobiernos se mantendrá para siempre, pues tiene la edad de Cristo.

La ética no está constituida exclusivamente por conductas intachables, que desde luego son imprescindibles, sino también por políticas activas que acerquen la economía a esa ética, justamente lo que se propone el gobierno con una política impositiva muy dura para los contribuyentes, pero que al par de procurar enjugar el déficit fiscal pretende permitir que la vivienda llegue a los sectores más postergados -entre los que aparece hoy dramáticamente la clase media-, que la cobertura médica sea para todos, que desaparezca el hambre, que exista realmente igualdad de oportunidades en la educación y se dé un impulso definitivo a las pequeñas y medianas empresas, tanto agropecuarias cuanto industriales, y al cooperativismo, dentro de un marco social y de crecimiento progresista con un fuerte esfuerzo por recuperar la capacidad de decisión nacional, abandonada como tantas otras cosas en el período que siguió al fin del Estado gestionario, pero que terminó en un Estado engordado, fofo, inútil, sin funciones, tan siquiera las de un control ordenado, convencidos sus ejecutores de que bastaba seguir fielmente los postulados de la revolución conservadora dictados por los países centrales dentro de la filosofía de la cultura de la satisfacción, que tan certeramente definió John Kenneth Galbraith.

Precisamente este autor norteamericano es quien permite desentrañar la esencia de la política impositiva del gobierno, dolorosa, sí, pero enderezada a los grandes fines que permitan finalmente a los argentinos darnos un modelo de desarrollo económico y social ausente a través de la historia. Dice Galbraith que "el único plan eficaz para reducir la desigualdad de rentas inherente al capitalismo es el impuesto progresivo sobre la renta; nada ha contribuido en la era de la satisfacción con más fuerza a la desigualdad de las rentas que la reducción de impuestos a los ricos; nada contribuiría tanto, como ya se ha dicho, a la tranquilidad social como unos gritos de angustia de los muy ricos".

Me parece que vamos por ese camino: los satisfechos -me refiero a la íntima satisfacción interior- hoy somos los que creemos que sólo el progreso y la eliminación de las desigualdades permitirán la subsistencia de un proyecto de país encaminado a un capitalismo social de ancha base, que elimine los factores de alteración de paz social, aquellos que abren camino al extremismo. De la Rúa y su gabinete altamente jerarquizado deberán ser los protagonistas de ese cambio tan auspicioso como necesario.














Fuente: Reconstruir el Estado legitimo por el ex Presidente de la Nacion Dr. Raúl Alfonsin para La Nacion publicado el 10 de febrero de 2000.
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jueves, 11 de febrero de 2016

Carlos Perette: "La muerte de Kennedy y los contratos petroleros" (31 de agosto de 1973)

Sr. Presidente (García, A. A.). — Señor senador: le ruego dirigirse a la Presidencia.
Sr. Perette. — Señor presidente: le ruego me excuse, pero se afirman cosas que tienen que quedar documentadas.

Fíjense, señores senadores, que a mi me correspondió representar al país en los Estados Unidos de America, como vicepresidente de la Republica, cuando la muerte de John Kennedy, en un doloroso episodio de la vida universal.

Así es que se constato que justo al llegar Kennedy a Dallas, donde fue asesinado, se exhibían carteles, profusamente distribuidos, en los cuales el mismo día 22 de noviembre de 1963 se lo acusaba de seguir prestando ayuda económica a la Argentina después de la nulidad de los contratos de petróleo.

Estas no son palabras mías. Figuran en la pagina 294 del informe oficial de la Comisión Warren, que investigo el asesinato de John Kennedy.

Se desato también una gran campaña, interna y externa, contra la Republica por esta nulidad de los contratos de petróleo. Y voy a contar aquí un episodio que no lo he narrado nunca.

En esa oportunidad, cuando fui a los Estados Unidos de America, como dije, con motivo de la muerte de John Kennedy, después del sepelio, a los tres días, fui invitado al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estaban presentes Dean Rusk, Averell Harriman y todos los asesores de America latina. Después de los saludos protocolares, Dean Rusk me planteo concretamente que los Estados Unidos necesitaba que quedara sin efecto la nulidad de los contratos de petróleo.

Le rebatí, en aquella oportunidad, punto por punto los argumentos energéticos, económicos, de tipo financiero y jurídico que demostraban la justicia de nuestra actitud. Como insistía, le demostré como las empresas norteamericanas sostenían en los Estados Unidos que habían pagado impuestos en la Argentina mientras que en nuestro país se dictaba un decreto por el cual se las exoneraba de esa obligación; es decir, defraudaban a los argentinos y también a los norteamericanos.

Luego de una serie de argumentos, termine diciéndole:

“Yo he venido en nombre del gobierno argentino para ser solidario con este país y expresar nuestra fraternal solidaridad frente a la angustia que provoca la muerte de John Kennedy, pero no a confundir el féretro de Kennedy con los pozos de petróleo”

Sostuve que hemos ejercido un acto de plena potencia y soberanía económica, jurídica y energéticamente que hace a la justicia de nuestra patria.

Es decir, señor presidente, que esta nulidad de los contratos de petróleo dio lugar a una serie de hechos y episodios reveladores de la manera como se manejaban los grandes intereses y pudimos demostrar que nuestra nulidad no podía determinar una evasión de capitales, por cuanto en ultima instancia sometíamos el proceso al Poder Judicial, cuya Corte Suprema estaba integrada por hombres de vinculación ideológica distinta a la de los hombres de nuestro gobierno.

Además demostramos como se habían elaborado los contratos al margen del Congreso, como se pagaba lo que no se debía por el petróleo extraído. Todo esto revela de qué forma nos hemos conducido en esta materia.









Fuente: Fragmento del "Debate de radicación de capitales extranjeros" en el Diario de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores del 31 de agosto de 1973.

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miércoles, 10 de febrero de 2016

Aristobulo del Valle: "Obras de salubridad en la Ciudad de Buenos Aires" (1887)

El señor Ministro habló de la soberanía nacional para presentar a la Cámara este argumento: el señor Presidente de la República ha declarado que sólo conservará las obras públicas que sean inherentes al ejercicio de la soberanía nacional. En este caso la oposición que se hace diciendo que se entrega a una empresa particular lo que corresponde a la administración pública es un argumento, no solamente inexacto, sino insostenible, ¡porque la soberanía nacional no puede rebajarse al oficio ruin de correr con los desagües y limpiar cloacas!

Me parece, señor presidente, que a pesar de todo lo que había dicho el señor Ministro del Interior, sobre el abuso de las palabras, de las palabras sonoras, de las palabras que a fuerza de repetirse se convierten en razones, de las palabras que no significan cosa alguna en el fondo del asunto, pero que pueden herir la imaginación pública; el señor Ministro del Interior caía en el mismo error, e incurría en la misma falta, cuando nos hablaba de la soberanía, y bajo ese punto de vista presentaba la antítesis de la grandeza nacional con la pequeñez de esas funciones, y cuando nos hablaba no sé de qué trapos manchados que servían para prestigiar la causa de los opositores a este proyecto.

¿Qué es la soberanía nacional, señor presidente? La soberanía nacional no se discute ya. Hay definiciones legales y constitucionales aceptadas en el mundo: jus summi  immperii, es decir, el derecho supremo a gobernar la nación.

Y esta definición de Blakstone, es repetida por todos los constitucionalistas modernos, por Story, por Kent y otros. No hay nadie que la discuta, nadie que la contradiga.

Pero la soberanía nacional, señor presidente, implica una gran masa de derechos y facultades para el que la ejercita, porque, entiéndase bien, la soberanía nacional en los pueblos constituidos como el nuestro, no reside, no la posee como dueño el Poder Ejecutivo de la nación ni ningún otro de los poderes públicos del Estado; la soberanía nacional reside en el pueblo de la República y todos los poderes que desempeñan aquellas facultades, las desempeñan única y exclusivamente por delegación constitucional  de ese pueblo.

Y digo, señor presidente, que cuando la soberanía nacional se ejercita por medio de sus representantes, si bien es cierto que éstos tienen facultades y derechos, se les impone también deberes, y grandes deberes, y nobles deberes.

Tiene el Poder Nacional constituido por el Pueblo Argentino el derecho de sellar la moneda que sirve para la legalidad de todas las transacciones de la vida, el derecho de dar valor de moneda a una simple tira de papel, porque hasta allí llega la facultad que ha recibido del pueblo de la República, tiene el poder de levantar ejércitos y pedir por consecuencia al pueblo de la Nación el tributo de su sangre, y de su tiempo, tiene el derecho de imponer contribuciones, tomando una parte de la propiedad privada para aplicarla a los usos públicos. Pero también tiene grandes deberes, y esos deberes, señor presidente, están marcados, entre muchas otras partes, en el preámbulo de la
Constitución.

Uno de los altos objetos de la organización nacional, quizá se puede decir el único más que el primero, es el asegurar el bienestar general de todos los hombres nacidos en el territorio argentino, de todos aquellos que de los extremos del mundo vengan a habitar este suelo, porque los demás no son sino medios para alcanzar aquel objeto.

Entonces, pues, se ve que entra como función esencial del Gobierno y no repugna absolutamente ni a las majestades del poder, ni a la grandeza nacional, el que desempeñe todas aquellas funciones que interesan al bienestar general de la Nación.

Pero conviene analizar la cuestión.

Las facultades, los poderes de la soberanía están ejercitados por diversas ramas del
Gobierno.

Durante muchos siglos ha sido la doctrina recibida, que no había más que dos poderes representantes de la soberanía: el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y administrador.

Todavía en las monarquías absolutas, y aun en las monarquías constitucionales, la justicia se administra a nombre del rey. Todavía en muchas repúblicas modernas, se considera el Poder Judicial como una rama del poder administrativo; pero aquel pueblo que ha producido más honda revolución en las instituciones políticas de nuestro tiempo, aquel que nosotros seguimos como un modelo, el pueblo de los Estados Unidos, ha cambiado aquel concepto, y en lugar de dos poderes, ha constituido fundamentalmente tres: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Ha hecho más, señor presidente, ha desmembrado el poder administrativo, declarando que existe al lado del poder administrativo general un poder administrativo local, que se conoce con el nombre de comuna o municipalidad.

La división de las facultades y la división de los poderes, se ha hecho con sujeción a la diversidad de naturaleza de las funciones públicas, y también con sujeción a la magnitud de aquellas funciones y a su importancia.

Así, por ejemplo, se ha tomado del poder administrativo para llevar al poder judicial, por razón de su naturaleza, todos aquellos casos en que se requería la aplicación de la ley y que se referían a cuestiones contenciosas, y se ha levantado el Poder Judicial arriba de los demás poderes públicos, constituyéndolo en último intérprete de la Constitución y en el único poder que resuelve en definitiva los conflictos que entre los demás pueden producirse.

Se ha constituido el poder municipal como una desmembración del Ejecutivo, y a este poder se le han atribuido todas aquellas facultades que por su naturaleza e importancia no corresponden al alto poder administrativo del Estado: funciones que tocaban más de cerca a las localidades y que no podían ocupar a los altos poderes nacionales.

Pues bien, señor presidente, aplíquese el criterio de esta doctrina ––que seguramente no va a ser discutida, porque no puede serlo, y que no será discutida tampoco por el señor Ministro, porque él tiene mucha ilustración y domina bastante esta materia para saber que no me aparto un ápice de la verdad––, aplíquese esta doctrina al caso en cuestión y ¿qué resulta? Resulta, señor presidente, que no repugnan ni a la Constitución, ni a la soberanía del Estado, ni a la majestad de los Poderes públicos, el que la función de atender a los desagües y limpieza de cloacas, sea una función encomendada al poder público.

Al poder público ¿en qué rama? En aquella que es una desmembración del poder administrativo, y que por su naturaleza y por la naturaleza de las cosas le está atribuida al poder municipal, al poder comunal, a la institución local.

Así lo ha hecho la Inglaterra, señor presidente, la nación más altiva del globo, la que en más alto concepto tiene su soberanía, y que conserva, no solamente todo cuanto responde a mantener vivo el sentimiento de esa soberanía con relación al extranjero, a las naciones extrañas, sino también dentro de sí misma, como lo observa Bagehot al ocuparse de aquellas instituciones tradicionales que califica como la parte meramente imponente de la Constitución, y su parte que distingue de eficiente, que es la indispensable para los asuntos de gobierno.

Entonces, pues, ¿por qué no haríamos nosotros lo que ha hecho la Inglaterra, la Inglaterra que ha entregado el gobierno de estos asuntos que se refieren a la salud pública a una comisión llamada “Comisión de trabajos públicos”, nombrada por el gobierno, con su representación en los distritos y que me parece que son de origen popular?

 Le oía al señor Ministro hablar de monopolio, socialismo, de individualismo, etc., y decía: ya sé dónde el señor Ministro ha recogido esa inspiración. No sé si lo nombró, pero me hubiera sido lo mismo si no lo hubiera nombrado. Es del sociologista Herbert Spencer, a quien el señor Ministro sigue, a sus horas.

Pero al mismo tiempo que hacía tal reflexión, me decía para mí mismo: ¿cómo se concilia la opinión del doctor Wilde con aquella doctrina que proclama Herbert Spencer con toda la autoridad de su palabra, a nombre de la opinión liberal del mundo moderno, alegando que es necesario defenderse contra la tendencia socialista que va penetrando en el Estado, aun bajo el imperio de los gobiernos más liberales, y que atribuye al gobierno todas las funciones que pudieran desempeñar los particulares o las empresas privadas? ¿Cómo se concilia aquella doctrina tan rigurosa del sabio pensador con aquella otra del distinguido higienista que acabo de recordar, en que llama al gobierno a desempeñar las funciones de padre de los pobres, no dejando estas funciones ni al padre de la naturaleza, ni siquiera al padre que da la caridad pública?

Es que a la verdad, señor presidente, el señor Ministro no había de seguir, a pesar de su aspiración, a Herbert Spencer en sus extremas conclusiones.

El señor Ministro ha sido ministro notable de Instrucción Pública, y como tal le hemos visto traer a esta Cámara y hacer sancionar proyectos en que está consagrada, defendida y establecida la intervención oficial del Estado en la dirección de la educación, y la exclusión en cuanto no se subordine a ella de todo otro elemento social.

Esto no es ortodoxo para Herbert Spencer, pensador que resuelve las cuestiones en abstracto, que aplica las leyes de la lógica a su tesis, y concluye necesariamente que tampoco la educación pública ha de ser materia que esté gobernada y dirigida por el Estado.

El señor ministro del Interior ha sido también ministro del Culto. ¿Qué diría Herbert Spencer de las doctrinas regalistas sostenidas por el señor ministro del Interior en esta Cámara con motivos diversos? Entiendo que el señor ministro ha venido a esta Cámara para ese objeto, y aunque no lo haya hecho, sé cómo piensa. No declinaría, por razón alguna del mundo, el supremo poder de vigilancia que el gobierno tiene o se atribuye sobre la sociedad religiosa establecida en la nación. En este punto, como en el anterior, la verdad es que el señor ministro está completamente fuera de las doctrinas de Herbert Spencer. En muchos casos, en mi concepto, está bien fuera de ellas; en algunos quizá se equivoca.

Como experiencia extraña, me basta el hecho que acaba de ser recordado y del que habla Mille con relación a la salubridad de Berlín.

Ninguna empresa privada habría hecho lo que hizo el poder público en aquella ciudad para cambiar sus condiciones de salubridad; ninguna empresa privada habría realizado esas obras, y agregó que continúan administradas por el poder municipal de Berlín.

Pero en nuestro propio suelo, entre los límites de nuestra propia patria, voy a citar un ejemplo conocido y repetido hasta el cansancio, el ejemplo del Ferrocarril del Oeste.

El Ferrocarril del Oeste bajo la administración pública ha sido durante veinte años el ferrocarril modelo de toda la Nación.

Frente a este ferrocarril, todos los ferrocarriles particulares parecían defectuosos.

Atendía mejor al público, producía mayores ventajas al país, nadie se quejaba de su servicio, era citado como un modelo para que todos los demás ferrocarriles lo imitaran.

Esta situación ha cambiado, ¿por qué?, ¿porque la administración pública sea impotente para continuar administrándolo bien? Los antecedentes prueban lo contrario.

Ha cambiado porque han cambiado los hombres que lo administraban, porque se ha hecho una mala elección, o porque hay pocos interesados en la buena marcha de esa institución; pero yo puedo decirlo, seguro de que mis palabras adquirirán mayor peso con la circunstancia que voy a mencionar para demostrar hasta dónde estoy convencido y soy sincero en los hechos que expongo: mientras la administración del Ferrocarril del Oeste estuvo bajo la dirección del señor Senador, que en estos momentos preside el Senado (el señor Cambaceres), con quien los señores Senadores saben que me mantengo en relación de adversario político, lo que no me impide ni me impedirá jamás hacer declaraciones de este género, ese ferrocarril era el modelo que podía citarse entre todos los ferrocarriles del país.

Pero precisamente por eso es que se resisten los monopolios privados, por eso es que cuando se trata de un verdadero monopolio, todo el mundo admite que si ha de establecerse, sea en manos del fisco, no lo admite en manos de los particulares.

El señor Ministro del Interior olvidaba, cuando hablaba de los ferrocarriles, de los tranways, y de las aguas corrientes de Londres, que esos monopolios son naturales, que no son monopolios legales, porque a nadie se le impide establecer un ferrocarril al lado de otro, a nadie se le impide establecer una línea de tranways paralela a la que ya existe, ni establecer otro servicio de aguas corrientes.

El señor Ministro olvidaba que estos monopolios tienen un freno: la concurrencia de las otras empresas y, como defensa, la libertad individual de usar lo que más convenga y de no usar una determinadamente. Si un ferrocarril no me garante mi vida, si está en manos de una empresa particular cuya administración no me satisface, no subiré a él; si una empresa particular de aguas corrientes me ofrece mala agua, no la beberé.

Y no puedo tomar el agua en el río porque, aunque la tome en el río, tengo que pagarla al empresario, por no tomarla, porque el Ministro ha establecido un artículo en el contrato y en el contrato que estamos discutiendo, que dice que el servicio de esta empresa es obligatorio y que todas las casas tienen obligación de tenerlo desde el momento en que se construya. Quiera o no quiera, tome o no tome agua, hay que pagarla, y lo que resultará es que no tomando agua, pagaremos el impuesto.











Fuente: BIBLIOTECA DEL PENSAMIENTO ARGENTINO / III Natalio R. Botana – Ezequiel Gallo De la República posible a la República verdadera (1880-1910).
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lunes, 8 de febrero de 2016

Ismael Viñas: "Un encuentro con Ricardo Balbín" (enero de 2005)

Cuando nos instalamos en el Comité Nacional de la UCR, éramos bastante inocentes en política, y suponíamos que se nos iba a aceptar fácilmente. ¿Acaso no habíamos sido llamados por el presidente del partido? Solo conocíamos David y yo algunos pocos políticos que visitaban la casa de nuestro padre, pero aun así suponíamos que se referirían a nosotros como a “esos chicos del Chivo Viñas, medio intelectuales” (nuestro padre, Ismael Pedro, usaba barba, algo inusitado en esa época), si es que se enteraban de nuestra presencia. Los demás, no tenían vínculos reales con ningún partido (León, que había pertenecido a las Juventudes Socialistas, como conté, había partido a Paris y estudiado en la Sorbona, desvinculándose de la política argentina; el resto, nada). Desconocíamos en absoluto lo que era un partido político, con su organización de comités (“unidades de base” para el peronismo), sus caudillos y caudillitos, sus punteros, su organización de arriba hacia abajo. Y las feroces divisiones, pujas y celos que existían en su interior. En especial en el radicalismo, que había sufrido ya divisiones por la atracción del peronismo, que después había atravesado las luchas entre unionistas e intransigentes, y que para ese entonces, ya victoriosos estos, estaba padeciendo la pelea por el predominio entre Frondizi y Ricardo Balbín.

Nos enteraríamos de esa última realidad de un modo inesperado, y cargado con cierto dramatismo. La Juventud Radical había organizado un asado de camarería y nos invitaron. Fuimos. Y nos ubicamos en un rincón poco copiscuo, en el vasto galpón donde habían instalado las largas mesas para esas ocasiones (una tabla sobre bípode de madera y sillas de paja).

El invitado de honor era Ricardo Balbín. Comimos y al final los inevitables discursos subrayaron el carácter renovador del movimiento.

El último orador, como era esperable, fue Balbín. Y bien; habló, al revés que los demás oradores, de sentado, sabiendo plenamente que su voz llenaba todo el espacio, como un órgano. Y se lanzó de lleno en una diatriba contra los infiltrados ajenos a los principios del radicalismo, influidos por ideologías extranjeras y extremistas, etcétera. No nos mencionó pero quedo bien claro que se trataba de nosotros.

Asombrados, nos consultamos brevemente sobre que hacer. Decidimos contestarle y encargamos a Alcalde que lo hiciera. Este debió pararse (¿Quién podía competir con esa voz?) e hizo un breve descargo y lo acompaño con un llamado a la tolerancia democrática y a la amplitud de las ideas. Estuvo bien.

Pero a partir de ese momento supimos que éramos parte de una guerra encarnizada por el control del partido, lo que tenia un premio, un gran premio; la presidencia de la republica.

La UCR se dividió, con intervención de la justicia inclusive, y en el proceso fuimos conociendo gente en todo el país que constituía algo indefinido no formal, que se conocía como la “izquierda del partido”.

Jóvenes y no tan jóvenes.

Muchos se declaraban herederos de Moisés Lebensohn, un dirigente de la provincia de Buenos Aires que había sido decisivo en la izquierdización de un ala del partido, que iba mucho más allá de la intransigencia tradicional. Sus enemigos lo llamaban “El moco”. Él apelaba a “superar a Pero por la izquierda”














Fuente: Contorno y la candidatura de Frondizi por Ismael Viñas en Todo es Historia N° 450, 2005.




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Fundación 5 de octubre de 1954: "Reforma Universitaria IV" (23 de agosto de 2002)

Pese a que el profesor Kohn Loncarica ya dio una respuesta por demás explicativa de los errores y falacias vertidas en la carta del señor Novillo Saravia, publicada el 24 de julio último, en representación de la Fundación 5 de Octubre de 1954, entidad formada por ex militantes universitarios que dirigieron la FUBA entre 1945 y 1956, solicitamos al señor Director la publicación de esta nueva carta para una más amplia aclaración.

1) La reforma universitaria de 1918 puso fin a que la Universidad pública se rigiera por principios sectarios que excluía la libertad de cátedra y a que la conducción de las altas casas de estudio, como también a que el acceso a la cátedra surgiera de un círculo cerrado y elitista, o que formara parte del patrimonio personal de algunos pocos y, por lo tanto, objeto de herencia.

2) Que a partir del 18 las universidades argentinas iniciaron su período más brillante basados en la libertad de cátedra, los concursos abiertos para la designación de profesores y, fundamentalmente, a la investigación como objetivo central de la actividad académica.

3) Que el golpe militar de 1943 y luego el peronismo, interrumpió ese proceso y que para beneplácito de algunos nostálgicos, reimplantó en la universidad argentina las viejas prácticas que tanto daño le hicieron.

4) Que fue en ese período en el que se introdujo el ingreso irrestricto para el acceso a la universidad acelerando su proceso de decadencia y lo que es más repudiable, con el objetivo de destruir la férrea oposición estudiantil mediante su "popularización".

5) Mal pueden los estudiantes gobernar la Universidad o las facultades cuando su participación en el Consejo Superior es del 25 por ciento.

6) Que fueron los regímenes militares y populistas los que interrumpieron la autonomía universitaria instalando su visión totalitaria de la educación, seguramente para satisfacción de los nostálgicos de la época prerreforma como el señor Novillo Saravia.

7) Que cuando en septiembre de 1955, caída la dictadura peronista, los dirigentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires entregaron la Universidad a las autoridades designadas por el nuevo gobierno, encabezadas por el rector José Luis Romero, se instaló nuevamente la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, los concursos, la investigación y la vida democrática dentro de ella.

Nació en ese momento una de las épocas de excelencia en la vida universitaria, llevada a cabo por los rectores que continuaron la obra de Romero: el doctor Risieri Frondizi y el ingeniero Hilario Fernández Long.

Lamentablemente, una nueva dictadura, la de Onganía, arrasó con esta magnífica obra, en la famosa "Noche de los bastones largos", sumiendo a la Universidad en el oscurantismo y la decadencia.

8) En resumen, han transcurrido 84 años desde la reforma universitaria y, sin lugar a dudas, ha sido en las oportunidades en que se avasalló su autonomía en los que se produjeron los verdaderos atrasos en la evolución de la Universidad. Es cierto que la "partidización" en la vida universitaria es un mal que es preciso erradicar, pero este fenómeno no forma parte del ideario reformista fundacional, sino una errónea actitud de dirigentes estudiantiles alentados por sus respectivas aspiraciones políticas. Pero también es cierto que los principios rectores de la reforma tienen plena vigencia y que, en definitiva, son los hombres y mujeres que acceden a la universidad los que deben saber respetarla.

El intercambio de opiniones, que siempre clarifican, a partir del excelente artículo del doctor Roberto Nicholson, "El maestro de la Facultad de Medicina", publicado en LA NACION el 28 de mayo último, nos posibilita que la opinión pública se prepare para luchar por una educación de excelencia única fuente del engrandecimiento de un país.

Emilio A. Gibaja Alberto Gellon Manuel Corchon Roberto Almaraz Elena Rodríguez Jorge Albertoni Gastón Bordelois Jorge Garlan Rómulo Zemborain 







Fuente: Reforma Universitaria IV por Emilio Gibaja Presidente de la Fundacion 5 de octubre de 1954 en Carta de Lectores de La Nación, 23 de agosto de 2002.

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sábado, 6 de febrero de 2016

Sergio Montiel: "Debate sobre la Reforma Constitucional" (21 y 22 de diciembre de 1993)

Sr. Presidente: me toca informar la disidencia total respecto del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales inclusive exponer una posición partidaria como es la de venir a votar

LA CONSTITUCION EN EL PROCESO ARGENTINO
En el proceso argentino la Constitución ha sido uno de los grandes instrumentos creados a partir de la revolución de 1810. En etapas sucesivas y durante cuarenta años de luchas internas y externas, de definiciones políticas, de proyectos y de mensajes de nuestros hombres en todos los aspectos, se fue conformando un consenso que finalmente en 1853 nos permitió obtener, en el Congreso Constituyente de Santa Fe, la Constitución que hoy nos rige. Esta norma fue sancionada sin discusiones importantes porque venia fundada en todo el proceso histórico argentino: muertes; guerras; luchas; se había eliminado al principio la idea de instaurar una monarquía constitucional; luego, establecida la Republica hubo que definir como la queríamos, si federal o unitaria, y finalmente sobre la base de las viejas previsiones de Juan José Paso en el Congreso de 1824 y, particularmente del pensamiento de Alberdi, se sanciono una Constitución mixta de base federal.

Desde su inicio la Constitución planteo un problema similar al que hoy tenemos nosotros: la oportunidad y la necesidad de su sanción. La oportunidad aparecía dificultada porque en el momento en que se reunía el Congreso Constituyente de Santa Fe el país estaba frente a la separación de la Provincia de Buenos Aires en un virtual estado de guerra. Sin embargo, con el fin de obtener el elemento fundamental de unión de todos los pueblos argentinos, la necesidad de la Constitución de superar precisamente esa circunstancia era vital.

En una memorable sesión se decidió definitivamente que la Argentina iba a tener su Constitución. En su famoso cuadro ubicado en el Salón de los Pasos Perdidos, Alice pinto esa sesión con Ferre presidiéndola, Seguí haciendo uso de la palabra y todos los constituyentes tratando de encontrar una salida adecuada a la difícil situación de guerra interna que hacia imperiosa la necesidad de establecer un orden jurídico fundamental.

De allí en adelante se siguió un proceso - con las reformas de 1860 - 1866 y 1898 la federalización de Buenos Aires en 1880 y las de los periodos presidenciales en la Republica - que con sus mas y sus menos, sus bienes y sus males, sus aciertos y errores y la aplicación no siempre exacta de la Constitución, nos condujo al periodo moderno de la historia argentina que se inicia precisamente con la quiebra del orden constitucional en 1930. Hasta dicho año el país estaba en ascenso, pero a partir de entonces empezó su descenso hasta llegar a las circunstancias actuales.

Se sucedieron distintas alteraciones del orden constitucional o jurídico: convenciones, reformas y estatutos de gobiernos militares que subordinaban el sistema constitucional al orden jerárquico y vertical que ellos planteaban. Seis golpes de Estado y gobiernos que se sucedían sin poder terminar su mandato van a culminar en 1983 con lo que llamamos la recuperación de la democracia. Desde 1983 hasta 1993 el país asiste a un proceso que si bien tiene las tonalidades propias del Constitucionalismo Americano, ha desviado su atención en la búsqueda del llamado Estado de Derecho, que no es una característica de los pueblos americanos sino un elemento teórico y practico de las constituciones y de los países europeos, donde la lucha era por el triunfo del derecho frente a las monarquías y los grupos aristocráticos. Aquí la lucha era para obtener la Constitución como un elemento que proyectara el país hacia el futuro. No veníamos de una organización social estratificada como la europea.

A partir de 1983 - aquí repetiré lo que expresó Lonardi cuando juró, que lo hizo por el estado de derecho - se ha diluido un poco el problema de la Constitución Argentina.

Durante estos 10 años ella no ha sido el elemento central o fundamental de la vida política argentina.

¿Que diferencia existe entre nuestro orden constitucional y el estadounidense, que es tan importante y que sirve generalmente para la comparación con el nuestro? En aquel país todo gira en torno a la Constitución. Ella es la síntesis fundamental de todo ese pueblo que ha adquirido una de las evoluciones más notables de la vida moderna. Se trata de un país que con una Constitución anterior a la nuestra lleva más de 200 anos de estabilidad democrática y constitucional, eligiendo cada cuatro anos un nuevo Presidente. Presenta una regularidad que ni siquiera pudo detener la atroz guerra civil que tuvo lugar en el siglo pasado.

Lamentablemente, en la Argentina el proceso iniciado en 1930 ha dejado severos problemas en nuestra vida institucional y política y nuestro partido siempre ha hecho de la Constitución uno de los elementos fundamentales. Decía don Hipólito Yrigoyen que su programa de gobierno era la Constitución. Ella ha sido siempre un elemento fundamental en la vida del país y de nuestro partido.

Con la revolución de 1890 nace la plena vigencia constitucional, por la vía de la revolución se alcanza la plena vigencia de la Constitución frente al atropello que se realizaba constantemente desde la presidencia de Juárez Celman.

Así llegamos a los periodos actuales, en que se vuelve a plantear la necesidad o el intento de reformar la Constitución. Se trata de un interés que esta subordinado al interés personal de quien gobierna. Es un interés que no tiene en cuenta las normas institucionales, sino únicamente el deseo de permanencia en el poder.

NUESTRA POSICION PARTIDARIA
Nuestro partido reacciona con claridad a partir del 4 de julio de 1992. Allí el radicalismo declara que no esta en condiciones de apoyar la reforma constitucional. Ello será reafirmado luego en otras dos convenciones. Después surge el proceso que todos conocemos con respecto al cambio de autoridades del partido. Así se busca una solución distinta, mediante un acuerdo, lo que provoca la reunión de la convención de Santa Rosa, que se celebro el 3 de diciembre.

Allí se resuelve instruir a los diputados de la Unión Cívica Radical para que voten favorablemente este proyecto de ley. Instruir es la expresión adecuada con relación a los diputados de la Nación, a los cuales no se les puede dar mandato, sino que se los puede instruir o sea darles los elementos para juzgar.

A nosotros nadie nos puede dar mandato, porque únicamente recibimos un mandato genérico basado en la ficción del sistema representativo, mediante la votación popular.

Así representamos al pueblo en la integridad de nuestras conciencias y en la integridad de elementos que atañen objetivamente a las posibilidades que tengamos de actuar. En este sentido mucho menos puede hacer una convención partidaria.

De allí que hemos planteado votar conforme a nuestras convicciones, manteniéndonos dentro de la vida partidaria, como dice el propio Reglamento del Bloque de la Unión Cívica Radical. Entonces, venimos con dos posiciones distintas. A pedido de otros señores diputados debo leer una lista que incluye a mis colegas que van a votar por la negativa este proyecto y que pertenecen al bloque de la Unión Cívica Radical. El señor presidente me va a permitir que la lea. Esta integrada por los señores diputados (29) Balestra. Benedetti, Bonomi. Bruzzo, Cabirón, Carca, D' Ambrosio, Del Fabro, D' Elía, Golpe, Fayad, Fragoso, Jaunarena, Kelly, López, Mathov, Mercader, el que habla, Munoz, Olivera, Orquin, Parajón, Pascual, Prat, Roig, Storani, Teodosiu, Vicchi y Algaba. Teniendo en cuenta las expresiones de algunos señores diputados- puede ocurrir que se agreguen a esta lista otros nombres.

Sostenemos nuestra posición en función de estos antecedentes partidarios, pero también porque es el compromiso que contrajimos con el pueblo cuando pedíamos que nos votara en las elecciones del 3 de octubre. No comparto lo que ayer se dijo aquí en el sentido de que hay una voluntad mayoritaria expresada en la suma de los votos obtenidos por los partidos mayoritarios. Me animaría a decir que los votos que obtuvo la Unión Cívica Radical - en su conjunto, mayoritariamente - fueron porque nosotros expresamos nuestra oposición a la reelección del presidente y a la reforma constitucional. Mas puede ahora, en consecuencia, interpretarse de esta manera la votación que el 3 de octubre hicieron casi 5 millones de ciudadanos que acompañaron a la Unión Cívica Radical en todo el ámbito de la Republica.

Estas razones son las que avalan nuestra posición y sobre este aspecto, finalmente, quiero decir algo. Me siento orgulloso de poder venir a expresar estas ideas a la Cámara y hacerlo con mis colegas de bloque, aunque tengamos disenso, porque es una forma de expresión, de tolerancia política que no se si pueden tener otras fuerzas. Esta es una manera clara de demostrar que los hombres que pertenecemos a la Unión Cívica Radical tenemos la libertad de espíritu y la independencia necesarias para poder manejarnos en los problemas fundamentales de acuerdo con nuestras profundas convicciones y la interpretación que hacemos de los temas esenciales de la Republica. Y esto lo hacemos con respeto en el bloque. Hemos discutido amplia y respetuosamente estas cuestiones. Ya expusimos allí nuestras razones y ahora finalmente estamos acá sin que nadie crea que existe una fisura en el bloque de la Unión Cívica Radical y menos aun con la esperanza de que puede haber una fisura en la Unión Cívica Radical de ahora en más. Por el contrario, estas discrepancias - si se quiere menores, desde el punto de vista interno - no hacen sino demostrar la calidad con que los hombres de nuestro partido podemos llegar a estas bancas, las que hemos conquistado con nuestro propio esfuerzo y también con el de nuestro partido, poniendo por sobre todas las cosas los principios fundamentales que alguna vez fueron los que nos llevaron a afiliarnos a la Unión Cívica Radical.

LA FACULTAD PRE CONSTITUYENTE DEL CONGRESO, ART. 30
1)      La sanción del senado
En cuanto al proyecto en consideración, la primera duda que me surge se relaciona con la iniciativa que, con sanción del Senado de la Nación se encuentra en esta Cámara y que se refiere a la constitución. No se como se podrá resolver esta cuestión.

Anteriormente pedí una aclaración - y no obtuve respuesta - porque existe una iniciativa que si es rechazada como proyecto de ley seguramente el Senado no podrá volver a considerarla por un largo periodo. Se pretende que en esta Cámara hay una resolución y halla un proyecto, pero en el fondo institucionalmente se trata siempre del ejercicio de la facultad extraordinaria del artículo 30 de la Constitución, llámese resolución o ley.

Esto seguramente puede crear un grave problema institucional para el presente y para el futuro de la reforma y de la Convención. Quiero llamar la atención de los señores diputados porque entiendo que a la Republica hay que evitarle, cualquiera sea la resolución que aquí se adopte, males mayores para el futuro y que hay que resolver con claridad y con la sensatez que la Constitución determina este problema del proyecto que tiene sanción del Senado.

Normalmente cuando se discute un proyecto de ley referido a la facultad preconstituyente del Congreso como determina el artículo 30 de la Constitución se plantean dos cuestiones: una es la oportunidad y otra es la necesidad.

2) La oportunidad de la sanción
Cuando hablamos de oportunidad generalmente hacemos referencia al consenso, es decir, como reacciona la sociedad frente a las propuestas que se le quieren hacer, cual es la opinión que tiene la gente sobre el momento, la necesidad, el planteo o cuales son las motivaciones que se puedan llevar adelante para que un día determinado y de una manera ya prevista se ejerza esta facultad preconstituyente y luego la reunión de la Convención Constituyente.

Quiero señalar que en los años 1973 y 1974 el General Perón y el doctor Balbín conversaron sobre la posibilidad de una reforma constitucional. Se inicio un amplio debate en el país y se emitieron opiniones distintas acerca de la posibilidad, la necesidad y el contenido de esa reforma.

Resalto que el General Perón en ningún instante pretendió imponer el extraordinario numero de votos que le había permitido acceder a la Presidencia de la nación para así obtener la reposición de la Constitución del 49. Por lo que se, esa conversación no fructifico, mas que nada porque fue Balbín quien no tuvo una clara idea en el sentido de que estábamos frente a un momento oportuno a los efectos de la reforma de la Constitución, pero no porque ello no fuera necesario, ya que había que pasar en limpio la Reforma del 57, la del 49, los estatutos militares, la reforma del 71, - incluso era la que estaba rigiendo al momento de la elección de Perón como Presidente -, sino porque se considero seguramente que los tiempos todavía estaban demasiado calientes y que existían muchos problemas como para que se pudiese pensar con la profundidad necesaria para enfrentar estas situaciones.

LA SITUACION AL DÍA
Ya sabemos lo que paso después, a partir de 1976, conocemos la larga noche que tuvo que vivir la Republica, y hoy nos encontramos por segunda vez durante este periodo  de la democracia frente a una intención reformista.

La primera fue cuando el ex presidente Alfonsín creo el Consejo para la Defensa de la Democracia, que no era un consejo de mi partido, sino que estaba integrado por hombres de distintas extracciones políticas y académicas, que fueron a aportar cada uno lo suyo para elaborar los instrumentos básicos de la proyectada reforma constitucional.

Ahora, luego de no haberse obtenido en aquel momento el acuerdo político necesario se vuelve a plantear la cuestión y entonces advertimos en el análisis que hacemos desde nuestro Partido que vale la pena dilucidar algunos puntos.

Por una rara coincidencia, se nos llena de encuestas de opinión frente a cualquier hecho ocurrido en el país, pero frente a este tema de la reforma han desparecido esas encuestas de opinión, no tenemos una idea de que es lo que esta pensando la gente. Tengo entonces el derecho a suponer que quizá esas encuestas se han realizado, pero no han sido favorables a lo que se pretende realizar y que por tal motivo no se las da a conocer, porque la verdad es que antes había encuestas acerca de si se estaba a favor o en contra de la reelección, pero ahora no sabemos nada, hay un silencio absoluto en ese respecto.

Por otro lado, quiero hacer referencia a otros aspectos vinculados a la oportunidad. Nos hallamos frente a un proceso de verdadera sumisión provincial, ante una Constitución que se llama federal pero que en la practica se maneja unitariamente desde las esferas centrales del poder tanto en el aspecto político como en el económico. Se han destruido las economías provinciales, ayer la Federación Económica de mi Provincia, Entre Ríos, ha publicado una solicitada quejándose por estas cuestiones señalando los problemas que se le plantean. No hablo de otras provincias, como la de Río Negro, en la que los hombres salieron con sus tractores a luchar por sus intereses el de todos los que vinieron a esta Capital de los distintos rincones del país a hacer reclamos por las economías agrarias.

Las economías provinciales están quebradas porque hay un manejo que se hace sobre los grandes números, pero no se tiene en cuenta esas economías regionales o provinciales -tal como se las denomina- esta presente el hombre que trabaja, que produce, que habita en distintas zonas del país, que tiene necesidades y que ve quebradas sus posibilidades, las posibilidades de estos grupos menores se han ido quebrantando frente a la acción del gobierno tendiente a dar predominio total a las grandes empresas, ya sean nacionales o multinacionales, en detrimento de los hombres, de la economía y del país.

A ello se suma un grave problema que radica en las autoridades provinciales que han creído que las provincias son verdaderas satrapías. Es así que podemos ver lo que pasa en Catamarca, en San Luis y lo que ha ocurrido en Santiago del Estero. Vemos también lo que sucede en Tucumán, donde el jefe de la policía pudo irse de la alcaldía protegido por sus custodios y nadie lo puede encontrar.

Hay falencias en las autoridades provinciales que consideraron que antes que resolver los problemas de sus Provincias tenían que atender las urgencias y exigencias derivadas de las elecciones, distribuyendo cargos y prebendas entre sus posibles electores. Es así que no hicieron las cosas que la población necesitaba. Por esos motivos surgió en Santiago del Estero esa tremenda reacción popular: la gente fue a la casa de todos aquellos que hicieron del manejo de la cosa publica una finalidad tan estrecha como la de mejorar su propia situación y la de sus amigos. Hemos visto por la televisión comos acaban de algunas casas colchones que estaban destinados a ser repartidos con vistas a una futura elección como una manera de comprar, no la conciencia, sino al hombre y la necesidad de la gente.

Esa fue la actitud de las autoridades provinciales que llevo a la sumisión a sus provincias. Para quedar bien con su gente creyeron que no debían cobrar impuestos pero no pensaron en otra forma de obtener los recursos: así les esta yendo.

Ahora viene la necesidad del ajuste, tal como lo plantea el Ministerio de Economía, y puede tener sus razones porque es necesario manejar bien la administración publica, pero no se puede aceptar que los ajustes se practiquen en función de los grandes intereses internacionales sin tener en cuenta las necesidades de nuestra población, cualquiera sea la calidad de la persona que va quedar sin trabajo, abandonada y con sus problemas sin resolver debido a actitudes del gobierno.

Hay tres grandes factores que han incidido en este dramático proceso de Santiago del Estero: malos gobiernos, economías regionales quebranta- das y un gobierno nacional imponiendo a sangre y fuego y de cualquier manera una forma de manejar los recursos que nada tiene que ver con un criterio humanitario. La economía se superpone a los seres humanos como si fuera lo único y fundamental.

Decimos que hay sumisión por parte de las provincias y en este sentido podemos señalar lo que hicieron cuando aceptaron la diferenciación en el régimen de coparticipación nacional y cuotas fijas para favorecer al gobierno de la provincia de Buenos Aires en millones de dólares para resolver problemas generalmente de tipo electoral, y no defendieron sus propios recursos. Aceptaron también que se les transfirieran escuelas sin contar con los fondos necesarios. Hasta les llegaron a cobrar una participación en los gastos de la Dirección General Impositiva por el cobro de impuestos, lo cual viene de aquella vieja ley del año 1934. No se si alguno de los señores diputados leyó ese debate. Yo lo hice y recuerdo que el senador Sánchez Sorondo, que era el informante del proyecto, no podía explicar el sentido fundamental de una ley que quebrantaba las economías de las provincias. Ahora estamos viendo las consecuencias finales de este sistema maléfico para las economías provinciales. Pero además de esto hemos visto como se fueron quebrando los bancos provinciales.

Con una central en Buenos Aires - es un régimen federal que tiene un Banco Central, que esta bien manejado como una dictadura financiera - las economías y los bancos provinciales han venido sufriendo incluso antes de este gobierno la perdida de recursos por los métodos aplicados por el Banco Central.

Alguna vez han sido obligados a prestar dinero a tasa regulada para no poder competir con los bancos comerciales que lo hacen a tasa libre. Fue el principio de la quiebra de los bancos y ahí están casi todos en quiebra, algunos vendidos, otros privatizados pero muy pocos con los que pueden mantener la cabeza por sobre la superficie del agua.

Todos los demás están en estado de quiebra técnica o real. Y en ese estado en consecuencia no pueden cumplir con su finalidad de promoción de sus economías regionales, mientras, además, las autoridades provinciales los han venido usando para quitarles el dinero que era de terceros y satisfacer sus necesidades presupuestarias en cosas menores de la política que han llevado adelante en sus provincias.
Han quebrado la totalidad del mercado interno; en el camino han que- dado industrias.

¿Que han hecho de Sierra Grande? ¿Que ha pasado si no con los puertos y con todas aquellas cosas que han desaparecido de la vida argentina? No se han preocupado por quienes han quedado en la calle, sin trabajo y que no han tenido la manera de obtener aunque sea un conchabo, a la vieja usanza, para conseguir algunas monedas que les permitan sobrevivir.   

En muchos lugares del país se están viviendo situaciones de extrema gravedad por la falta de trabajo en que se encuentran poblaciones enteras.

Estamos viviendo uno de los periodos más dramáticos de nuestra historia porque el principal capital de una sociedad es el de los seres humanos. A lo que vengo señalando debemos agregarle un descuido total por la salud pública. Un país no puede progresar ni desarrollarse si su población no tiene una salud adecuada, observamos que ha avanzado el cólera, la mortalidad infantil, la desnutrición y tantos otros danos que afectan la salud del pueblo por la falta de presencia de la autoridad que debe conducir este proceso y que deben resolver la problemática de una medicina especial que permita la recuperación de quienes están enfermos y el mantenimiento de aquellos que están sanos.

Otra cuestión de fundamental importancia es el tema de la educación. Aquí se propone el arancelamiento universitario para que la cultura superior sea nada más que patrimonio de una pequeña minoría y no del pueblo de la Republica. Así vemos a las escuelas públicas, algunas de ellas abandonadas, como dicen los diarios, o transformadas en mercados o centros comerciales, como se pretende en esta capital.

Muchas de las escuelas de la Republica están abandonadas, con sus edificios deteriorados, donde hasta falta tiza y los niños no tienen ni siquiera un papel - no hablemos de libros - para poder escribir.

A la deficiente educación publica se suman otras circunstancias que deben achacarse al Estado, porque las familias muchas veces deben mandar a sus hijos a trabajar para traer algún peso a su casa y los chicos no pueden concurrir a la escuela para prepararse para el futuro.

Aquel principio de educar al soberano que nos enseñó Sarmiento aquella ley Lainez, o la ley 1420, por la creación de los consejos de educación que tanto bien le hicieron a la Republica y que transformaron el país son también parte de una época en que la Constitución regia sabiamente en el país, pero no de otra en que se tienen mas en cuenta la economía, la ganancia, el lucro.

Debemos agregar dos elementos sustanciales que hacen a la vida de los seres humanos.

El sistema laboral congelado en sus prestaciones, disminuido en la cantidad de lugares de trabajo, con vastos sectores de nuestra población que sufren una tremenda desocupación y ahora se agrega un sistema previsional, que ya no tiene en cuenta el interés del jubilado o del afiliado sino el de las grandes empresas que se hacen cargo de los negocios de previsión a través del sistema que se implanto en la Republica.

El capital humano esta deteriorado. Quisiera saber si un padre que tiene que salir a changuear para conseguir algo para sus hijos nos va a en- tender cuando le hablemos del ministro coordinador o cuando le digamos que habrá un tercer senador, mientras todo el mundo hace referencia a los gasto excesivos que a veces se realizan en el Estado.

Lo que la gente cree es que ha llegado la oportunidad del buen gobernar en la Republica de cumplir con las leyes y con las finalidades que nos han sido asignada Podemos seguir señalando muchas cosas, pero desde el punto de vía institucional debo decir que se ha visto lesionado todo nuestro sistema, porque alguna vez se liquido la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, alguna otra el Tribunal de Cuentas fue cambiado, y en el cambio se perdieron los controles de los fondos del estado; otras mas los juicios políticos se han planteado ante esta Cámara y están embargados, la Corte suprema, los jueces todos ellos están embargados y no se cumple con las disposiciones de la Constitución. Entonces, ¿puede la gente creer que aunque se cambie la Constitución - si su cumplimiento va a ser como en el caso de la Corte o de los jueces - se modificara algo en la Republica? Si damos una honrada contestación tenemos que decir que eso es imposible.

Algo similar a lo anteriormente descrito sucede con el procurador general de la Nación, que ahora depende del Poder Ejecutivo. Lo mismo pasa con el destino del patrimonio publico, sobre todo si tenemos en cuenta lo ocurrido con YPF, el petróleo, los puertos, los caminos, las usinas y Aerolíneas Argentinas. Con respecto a este ultimo caso, no podemos dejar de tener presente que se nos esta exigiendo un aporte mayor a pesar de que la empresa fue vendida con el argumento de que disminuíamos el déficit de nuestro presupuesto y, a la vez, se obtendría una mejora en la prestación del servicio. Ya pusimos dinero de más; sin embargo, el gobierno español nos requiere fondos, ¿que tipo de privatizaciones esta en la que otro gobierno nos viene a requerir que pongamos dinero en una empresa que ya no es de nuestro patrimonio y que solo los beneficia a ellos por ser sus titulares?

El consenso no existe. No hay acuerdo en la Republica que sirva de base para llevar a cabo esta reforma constitucional. Se ha hablado mucho del ano 1853; muchas cosas se han dicho al respecto.

Pedro de Angelis, el hombre de Rosas, escribió un proyecto para los constituyentes; no hablemos de Alberdi, de lo que dijeron Sarmiento, Mitre, Vélez Sarsfield, y tantos otros hombres como Frías y los que venían del exilio o de la vida interna de nuestro país.

Todos eran contestes en que había que dictar una constitución. Los viejos unitarios aceptaban que hubiera una Constitución federal, y los viejos federales coincidían en que había principios de los unitarios que debían ser atendidos y llevados adelante.

Recordemos que fue Zuviria quien presidio la Asamblea constituyente, pero en definitiva fue Pedro Ferró quien tuvo una actitud fundamental en esta convención aquel hombre que tuvo la virtud excepcional de plantear los problemas económicos en 1830 que fueron recogidos por el Pacto Federal del año siguiente. Luego vendría otro como Gorostiaga que es el vocero fundamental de Alberdi, o aquellos que defendían los intereses de las provincias que re- presentaban, pero en todos estaba maduro el consenso. Todos estaban de acuerdo en que había que encontrar una solución fundamental para el país y que esta pasaba por tener una Republica representativa, republicana y federal. La discusión de 1853 fue breve, porque había consenso. La Constitución se sanciona el 1° de mayo, se promulga el 25 del mismo mes y se jura el 9 de julio. Incluso los ciudadanos argentinos que estaban fuera del país concurrieron a los consulados para manifestar su aceptación de este instrumento fundamental del consenso argentino. Ahora no ocurre lo mismo y la cuestión es diferente.

Sr. Presidente (Usandizaga): Señor diputado: la Presidencia le informa que resta un minuto del tiempo del que dispone para hacer uso de la palabra.
Sr. Leconte: Si me permite, señor presidente, solicito que se conceda una prorroga al señor diputado por Entre Ríos, a fin de que concluya su exposición.
Sr. Presidente (Usandizaga). Si hubiera asentimiento, se concederá la prorroga solicitada.

ASENTIMIENTO

Sr. Presidente (Usandizaga). Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

LA NECESIDAD DE LA REFORMA
Sr. Montiel. Señor Presidente: En cuanto a la necesidad de declaración de la reforma, que es el requisito constitucional fundamental, empezare por referir algunas citas muy breves pero totalmente actuales.

En octubre de 1993, hace apenas dos meses, el estudioso Segundo V. Linares Quintana publico un pequeño libro que se llama El espíritu de la Constitución. Allí, entre muchos otros elementos de juicio dice:

"Y en los actuales momentos, en que todo el esfuerzo de los argentinos se dirige a superar la crisis y consolidar la vigencia del Estado democrático constitucional y como si fueran pocos los problemas que afrontamos, se proyecta modificar la Constitución Nacional. De este modo, parecería que con criterio ligero e injusto, se pretende cargar sobre la Constitución, a manera de chivo expiatorio, todos los pecados de gobernantes y gobernados, acumulados a través del tiempo."

A ello podríamos agregar lo que dice el Colegio de Abogados de Buenos Aires en una resolución del 20 de agosto de este aho, que en lo pertinente establece:

"Ninguna de las reformas que se pretenden introducir es esencial y suficiente para entrar a reformar el texto originario. La mayor parte de ellas encontrara su corrección por vía legislativa, pero ninguna aspiración de progreso social o económico ha de verse trabada por las normas vigentes. La necesidad de que habla el articulo 30 no es cualquier necesidad, como parecieran ser algunas de carácter secundario que se invocan para sostener la reforma."

A ello quiero agregar última parte de un documento de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas redactado en mayo de 1992, que dice

"El problema que hoy debe encararse no es el de su reforma sino el de su divulgación ideal y estricto cumplimiento por gobernantes y gobernados. El apartamiento de ella ha sido la causa principal de los males que han aquejado al país, como enseña su ilustre padre Alberdi: "conservar la Constitución es el secreto de tener Constitución."

Estas opiniones, que no pertenecen a sectores políticos embanderados en una u otra posición sino que surgen de hombres de ponderado pensamiento y actitudes rectoras en la vida intelectual del país, nos dan un marco de referencia para que en consecuencia podamos saber a que debemos atenernos en este problema de la necesidad de la declaración de la reforma constitucional.

EL PROYECTO DE LEY EN DISCUSION
Quiero referirme más detalladamente al proyecto de ley en discusión. En tal sentido haré un análisis muy relativo, porque aquí ya se han dicho muchas cosas. Seguiré puntualmente las propuestas contenidas en el núcleo de coincidencias básicas.

Se habla de la atenuación del sistema presidencialista mediante la designación de un jefe de gabinete. Pero este será nombrado por el Presidente de la Nación, al igual que en la actualidad. Lo mas grave es que la reforma que se propone nada dice con respecto al resto de dichos ministros; en consecuencia, se presume que también seguirán siendo designados por el titular del Poder Ejecutivo, quien no solo los controlara y pedirá rendición de cuenta de sus actos sino que además quizá requiera un compartir oportunidades y tareas con el Congreso de la Nación, pero en definitiva será la voluntad del presidente de la Republica la que determine el destino del ministro coordinador y el resto de los ministros de su gabinete, mas allá de que pueda darse la circunstancia de que alguno de ellos concurra a esta Cámara para ser interpelado. No hay duda de que la interpelación es un progreso, pero ello no alcanza porque seguimos con un sistema presidencialista al que personalmente adhiero y que no va a cambiar esencialmente a raíz de la incorporación de la figura del ministro coordinador. Este es un aspecto que demuestra que no hay una disminución de las facultades presidenciales.

Con respecto a la reducción del mandato y la reelección presidencial, se escucha decir con frecuencia que muchas provincias argentinas han incorporado la reelección de sus gobernadores. No se trata de problemas iguales; mucho se ha analizado este tema y al respecto quiero señalar una sola cuestión. Las constituciones de Salta y Santiago del Estero de 1986, la de Tucumán de 1990 y la de Corrientes de 1993, que son las últimas que se han reformado, no han incorporado el sistema de la reelección del gobernador.

Algo similar ocurre en muchas otras Provincias entre las cuales se encuentra la mía, a pesar de que se que ahora existen intenciones de reformar la constitución provincial para incorporar la figura de la reelección del gobernador. Ya nos hemos opuesto en su oportunidad a que se incorporara este instituto por considerarlo inconveniente dentro de un verdadero y autentico régimen republicano.

Cabe destacar dos cuestiones respecto de la reelección presidencial. Por medio del proyecto de ley en consideración se propicia la reducción del mandato del presidente a cuatro años con reelección inmediata por un so1o periodo - otros cuatro años más-, y se considera el actual mandato presidencial como un primer periodo.

Como ya se ha señalado en reiteradas ocasiones, los pueblos hispanoamericanos no somos partidarios de un sistema de reelección presidencial. Por ejemplo México, con el acuerdo de todos los partidos políticos, condena al presidente que finaliza su mandato prácticamente al exilio político, y en Chile se acaba de resolver- que el mandato presidencial debe tener una duración de seis años, sin posibilidad de reelección, como sucede actualmente en la Republica Argentina. En el único lugar donde esto aparece como una deformación de la democracia y no otra cosa es su gobierno, es en el Perú, como producto de los manejos de Fujimori.

Aquí se ha expresado que Alberdi se aparto del esquema constitucional norteamericano. Es verdad: Alberdi nunca siguió a pie juntillas la Constitución norteamericana, y en el marco de su famosa polémica con Sarmiento, en las Cartas Quillotanas, expresa con claridad que nuestro esquema constitucional tiene hondas raíces en la vida argentina, en sus guerras civiles, sus acuerdos, sus tratados y sus proyectos constitucionales. Además, cuando debe resolver el problema de la reelección presidencial emite a las constituciones chilenas, a las que considera mucho más estables razón por la cual establece un sistema sin reelección.

En un pequeño párrafo de una nota al pie de página de la primera edición de sus Bases para la Organización Política de la Confederación Argentina, dice:

“Admitir la reelección, es extender a 12 años el termino de la presidencia. El presidente tiene siempre medio de hacerse reelegir, y rara vez deja de hacerlo. Toda reelección es agitada, porque lucha con prevenciones nacidas del primer periodo; y el mal de la agitación no compensa el interés del espíritu de lógica de la administración, que mas bien depende del ministerio."

Esta es la actitud exacta.

LA ELECCION CON REELECCION
Al respecto cabe preguntar como se puede hacer para que en un país que tiene todavía estos vicios en su vida democrática, un gobierno se contenga y evite que un sistema de reelección ponga al servicio del candidato, el propio Presidente, todo el aparato del Estado para inclinar la elección a su favor. Si esto sucede en las elecciones en las que el Presidente no es candidato, me pregunto cual va a ser el espectáculo electoral que veremos en el caso de que esta cláusula se apruebe, porque ya ahora la Republica Argentina esta plagada de carteles que dicen si a Menem y no se refieren a la reforma.

Se habla de la reforma constitucional como si por medio de ella se fueran a conseguir cosas extraordinarias, pero en la propaganda de todos los días lo único que aparece es el nombre de Menem, ocasionalmente con alguna otra compaña. Por lo general aparece solo la inscripción "Si a Menem, si a la reelección." A nadie se le ocurre poner un cartel para decir vamos a tener un jefe de gabinete de ministros, tres senadores por distrito electoral o que va a ser ampliado el periodo de sesiones ordinarias del congreso de la Nación. Porque yo diría que nadie conoce estas cosas. Nosotros mismos nos hemos ido anotician- do de algunas de las decisiones tomadas por un grupo de técnicos al servicio de los partidos políticos que han intentado conformar una ley con la mejor buena voluntad y lo mejor de los deseos; pero eso no es suficiente. No ha alcanzado para justificar la necesidad de la reforma constitucional.

LA NECESIDAD OCASIONAL
La necesidad esta en la reelección del actual presidente de la Nación. Obsérvese que este es el cuarto proyecto que se debate - tres en el Senado y uno en esta Cámara -, todos relativos al mismo tema pero siempre con la permanencia del problema de la reelección del actual presidente. Todo lo demás es transable y se puede acomodar, siempre y cuando - también lo ha dicho el señor Presidente públicamente - no se disminuyan las atribuciones del Poder Ejecutivo que le han permitido gobernar como lo ha hecho.

Pese a lo que se diga en el núcleo de coincidencias básicas. Este proyecto no conlleva una atenuación del régimen presidencialista, por empezar porque la reelección presidencial aumenta el poder político de quien es gobernante y puede renovar su mandato.

En los Estados Unidos, se ha planteado de tiempo atrás la necesidad de contrarrestar esta circunstancia, primero disminuyendo a dos en la última enmienda los periodos presidenciales, y ahora planteándose incluso por muchos la necesidad de que el Presidente tenga un mandato de seis años sin reelección. Fíjense los resultados electorales de los últimos años. Carter no pudo ser reelecto; tampoco el ultimo Presidente, Bush. No se si podrá ser reelecto el actual Presidente, pero es evidente que en el pueblo de Norteamérica hay una fuerte tendencia a que el Presidente, si gobierna cuatro años, gobierne con plenitud, porque si esta pensando en la reelección a los dos años y medio de iniciado su mandato tendrá que empezar las transacciones lógicas que se hacen en política para obtener la candidatura del partido y el ultimo año de su gobierno no se podrá dedicar a gobernar, sino por el contrario a lograr que la población acepte su propuesta. Ocurrirá que cuando hablemos de presidente no sabremos si es el presidente de la nación o el candidato de su partido y la Republica correrá el riesgo de que algunas cosas no se resuelvan y otras se resuelvan mal, porque el titular del Poder Ejecutivo estará mas interesado en cuestiones electora- les que en los intereses supremos a los que debe servir.

En esto, los mexicanos son muy claros: su presidente gobierna por un periodo y termina, pero gobierna desde el primero al ultimo día; no hay etapas intermedias ni periodos en los cuales el presidente ve restringido el ejercicio de su poder, o perturbado por las circunstancias electorales que se plantean, máxime si el es candidato.

La Republica necesita la mayor estabilidad en las instituciones y las instituciones no se van a poder mantener bien si los hombres que las dirigen no tienen la suficiente autonomía y garantía para saber con certeza que día empieza y que día termina su mandato, ni la suficiente tranquilidad para saber que si cumplen con su deber podrán irse a su casa con la frente alta y si no, con la frente gacha, pero no porque quisieron manotear el poder un tiempo mayor a aquel que el pueblo les dio para que lo ejerzan.

Nosotros no estamos de acuerdo con el actual proyecto que pretende la reelección del actual presidente, pero debo aclarar que aun cuando personal- mente ni siguiera estoy de acuerdo con el sistema de reelección presidencial, algunos de mis colegas, si bien tienen la misma posición en este tema, no opinan lo mismo en cuanto al sistema de reelección. Por ello debo señalar que aunque en un momento de mi discurso mencione a los señores diputados que iban a votar por el no, las palabras que estoy vertiendo no los representan sino que me pertenecen en exclusividad.

Durante la discusión del tema de la reelección se habla de un plebiscito. No esta en la Constitución, pero yo he dicho públicamente que el plebiscito no contradice la Constitución. No voy a entrar en la consideración de este tema, pero si quiero señalar que el pueblo es el legitimo titular de la soberanía y quien debe decidir, iba a tener la oportunidad de hacerlo, pero fue dejado de lado de la noche a la mañana. Ya no hay necesidad del plebiscito, porque pareciera que no existe la necesidad de preguntar a la gente que opina. Ni siquiera existe esa necesidad en las encuestas que realizan las consultoras privadas para saber que piensa la gente común en la Republica.

Se habla de la eliminación del requisito confesional. En este sentido, no creo que haya mayores problemas.

Después de la elección directa de tres senadores por Provincia.

He dicho en la Comisión de Asuntos Constitucionales que me parece una aberración institucional que se cambie el régimen de dos senadores por provincia a otro de tres.

Este será el resultado de la partidocracia más que de un elemento institucional que tenga por objetivo defender los intereses de las Provincias.

Con respecto a la elección del presidente y el mecanismo de la segunda vuelta, se debería hacer mención. Como dice la doctrina a la mayoría absoluta así se resolvería la cuestión del 40 o 45 por ciento, porque la mayoría absoluta siempre es la mitad mas uno de los votos. Esto es lo que se debería requerir para que alguien llegue a la Presidencia de la Republica.

Así mismo, me pregunto por que este sistema no se aplica para los senadores, si serán elegidos por el voto directo; incluso, también podríamos mencionar a los diputados.

Fíjense que en el proyecto del Consejo par la Consolidación de la Democracia, cuando se habla del Congreso de la Nación, se propone aplicar el sistema electivo alemán, por el cual la mitad de los diputados serian elegidos en función de circunscripciones uninominales y la otra mitad, por el sistema de votación proporcional.

Si tuviésemos el sistema de elección de 1904, por circunscripciones uninominales podría aplicarse el requisito de la mayoría absoluta, a fin de que por simples mayorías circunstanciales no se pueda llegar a ocupar una banca cuando se va a representar un distrito determinado.

En cuanto a la elección directa del intendente, quiero recordar a los constituyentes de Santa Fe que sancionaron la Constitución el 1° de mayo de 1853. El 6 de mayo de 1853 sancionaron la Ley de Organización de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, abriendo un amplio cauce al derecho municipal argentino. Con sabiduría para la época, en esa norma determinaron que si bien el Intendente de la capital seria designado por el Presidente de la Republica solo podía hacerlo en función de una terna que elevaría el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que se reconocía el derecho al pueblo de la ciudad de Buenos Aires de elegir en forma indirecta su intendente. Hoy es un reclamo común la elección en forma directa.

Con respecto al otro aspecto de la cuestión de la ciudad de Buenos Aires la Ley 23.512 - que dispuso el cambio de ubicación de la Capital Federal - determina en su artículo 6° que la ciudad de Buenos Aires debe desenvolverse mediante la organización de una provincia. Ello ya esta resuelto, porque esta ley no ha sido derogada.

¿Que ocurre con la Capital Federal? La capital de la Republica no surge por un mandato de la Constitución, sino por la aplicación de su articulo 3° de una ley que tanta sangre costo a nuestro país, que provoco el levantamiento de 1880, el retiro del Presidente a Belgrano, la intervención de esta Cámara, la intervención a Buenos Aires, la lucha de miles de soldados y la existencia de cientos de muertos en las barracas de la ciudad de Buenos Aires. Pero como el conflicto quedo enmarcado en un problema legislativo se pudo sancionar esa ley. El problema podría resolverse en función de lo que disponga una ley, porque la atribución del Presidente de ser el jefe inmediato de la Capital Federal no implica que sus autoridades no puedan contar con suficiente autonomía. La propia Constitución de 1853 determina la creación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y vale la pena recordar, que sólo en una ocasión, a través de la reforma de 1949, se elimino el municipio de la Ciudad de Buenos Aires.

LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA
Luego se habla de los decretos de necesidad y urgencia. Se trata de decretos-leyes típicos de la organización francesa unitaria y centralizada, sin equilibro de poderes, con un Consejo de Estado de carácter administrativo que tiene funciones especiales.

En nuestro país, los decretos-leyes tienen una triste historia. Fueron el resultado del ejercicio legislativo de los Poderes Ejecutivos de facto. El propio Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, cuando organiza el ejercicio de la facultad legislativa del Presidente de la Republica, determina que a pesar del poder que tenia el titular del Ejecutivo, debía siempre contar con el acuerdo de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que funcionaba en esta casa. Ahora no hay poder alguno que pueda anteponerse al del Presidente de la Republica para la firma de un decreto de necesidad y urgencia.

Para reglamentar los decretos-leyes se menciona la Comisión Bicameral, que no esta bien definida. Si bien se habla de un sistema de control, me pregunto si ya no esta en la Constitución este sistema en los artículos 28 y 86. ¿Acaso no figura allí la normativa que limita la facultad del Presidente de la Republica para la firma de los decretos-leyes? Si quiere redactar una ley tendrá que enviar el proyecto al Congreso y esperar su correspondiente sanción; mientras tanto no podrá hacerlo. Es decir, se esta dando jerarquía constitucional a lo que es una flagrante violación a la Constitución. Pero lo que es mas grave: no nos pueden decir que se restringe el régimen presidencial para des- pues asignarle una facultad legislativa casi sin límite a este Presidente reelecto. Esto es legalizar algo en contra de los intereses superiores del equilibrio de poderes que fundamenta nuestro régimen republicano.

OTRAS PROPOSICIONES
Existen otros temas: la legislación delegada, el tramite legislativo con modificación de la mayoría absoluta por mayoría simple, el tramite de los proyectos desechados, la extensión del periodo de sesiones ordinarias, etcétera.

Si bien la extensión del periodo de sesiones ordinarias parece algo coherente, el tema merece algunas observaciones. No va a funcionar mucho mejor el Congreso porque su periodo de sesiones empiece antes, funcionaria mejor si tiene autonomía funcional.

En mi provincia existió un Consejo de la Magistratura que estableció el sistema de concurso público. Fue tan lamentable que la propia autoridad de facto que lo creo tuvo finalmente que disolverlo. No me imagino a Villegas Basavilbaso inscribiéndose en un concurso para ser miembro de la Corte. No me imagino a ninguno de los miembros de la Corte - por mas criticas que puedan merecer - o de los miembros de las Cámaras federales inscribiéndose como aspirantes para un cargo en un concurso publico para ser sometidos a lo que esto significa: no un manoseo pero si una exhibición excesiva para quienes deben tener en sus manos la majestad de la justicia y deben llegar prístina- mente a poder ejercer la magistratura sin nada que los ate ni tampoco nada que indique que han llegado allí en una puja menor frente a otros terceros.

Podrá ser que esta práctica haya tenido un resultado favorable en países como Italia, pero son las excepciones que confirman la regla. Todo indica que, con los males que tiene, el actual sistema es preferible a cualquier otro; es preferible que se equivoquen los dirigentes políticos al elegir mal a un juez, porque en definitiva el pueblo Eligio a estos políticos para que gobiernen y ellos lo hicieron mal.

Al establecer estos sistemas que pretenden esconder esos errores señalando que el propio Consejo de la Magistratura al fin de cuentas será una designación del Poder Ejecutivo o que este va a tener influencia fundamental en su integración nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Entonces, seamos lea- les, pongamos las cartas sobre la mesa y hagamos públicos los problemas, para que cualquiera pueda venir a decir al Senado "este señor no sirve porque tiene males antecedentes". Pero no nos engañemos; no creemos estos tipos de atribuciones, funciones o mecanismos que en definitiva no sirven para mejorar las instituciones de la Republica.

Con respecto a la designación de los magistrados judiciales, nos parece bien que haya un jury de enjuiciamiento para los jueces que no son miembros de la Corte Suprema de Justicia; esto figura en la mayor parte de las constituciones de provincia. Sánchez Viamonte dijo alguna vez que las constituciones de provincia son una avanzada en el derecho constitucional argentino, porque van creando instituciones especiales a futuro mediante la incorporación de nuevos institutos.

Con respecto al control de la administración pública, ¿quien puede oponerse a que la administración sea controlada, salvo los controlados?

Se establece un sistema de mayorías especiales para el régimen electoral y los partidos políticos. Vuelve a surgir aquello de lo que muchos acusan a nuestra clase política, la partidocracia, la que yo hoy mencionaba con respecto a la elección del tercer senador.
Entiendo que los partidos políticos están fundamentalmente para servir y no para que nos sirvamos de ellos; están para ser un instrumento adecuado de la opinión pública de los ciudadanos, no para ser los que la encierren. Lo mismo ocurre con el régimen electoral. No conozco a nadie en este país que con alguna seriedad diga que no hay que reformar el sistema electoral de la Republica y que podemos seguir con los sistemas electorales actuales, donde la gente no sabe por quien vota porque las listas son enormes. Esto realmente es un ataque a la representación del pueblo, a la soberanía y a las personas que deben votar, ya que estas deben saber quienes somos, que hacemos, como pensamos y donde vivimos. Esto no se consigue con un sistema de listas - completas o incompletas - abarcativas de decenas de nombres donde a veces se conoce solo a uno de quienes las integran, y otras, a ninguno.

Estas son las verdades que debemos plantear y no podemos exigir mayorías especiales al Congreso para que determinen estas cosas. La ley de los partidos políticos - si es que tiene que existir, y personalmente creo que si - debe ser hecha en función de estos intereses fundamentales, pero no como si se tratara de una cuestión especial; lo mismo ocurre con el sistema de régimen electoral argentino.

La intervención federal es otro punto a considerar. Hace un par de días hemos sancionado una dolorosa intervención a la provincia de Santiago del Estero. No fue necesaria una reforma constitucional para que se reconociera al Congreso la autoridad que le corresponde para salir en defensa de las provincias y de sus autonomías utilizando ese remedio federal.

Entre los temas habilitados se habla del fortalecimiento del régimen federal y de la autonomía municipal lo que nos parece bien, porque ya en el siglo pasado así lo exponía el pensamiento de Echeverria - cosa que se sabe muy poco - cuando en 1851, poco antes de morir, le envío una carta desde Montevideo al general Urquiza, quien ya estaba en rebelión contra Rosas y le dijo que cuando se resolvieran los problemas institucionales del país habla que establecer un régimen municipal porque era la célula básica de la democracia y del gobierno. Era una carta hermosa de un hombre que habla vivido pensando y luchando por su país y que aun en sus últimos alientos siguió soñando con el futuro.

Entonces, ¡como no vamos a estar de acuerdo! La Constitución del 53 lleno un vacío, creo el régimen municipal que no existía. Pero ahora hay que avanzar más. Las provincias ya lo han hecho, han creado los sistemas de autonomía de las cartas orgánicas. Es probable que la Constitución Nacional siguiendo un poco aquel viejo pensamiento del proyecto del año 14, de Lisandro de la Torre, en su tesis doctoral, de que hay que dictar una ley reglamentaria del articulo 5° de la Constitución que permita establecer bases mínimas y adecuadas para el régimen municipal de la Republica, brinde una solución al tema si somos capaces de mejorar acertadamente sus disposiciones.

Sr. Presidente (Usandizaga). La Presidencia hace saber al señor diputado que ha concluido la prorroga que había solicitado. Le ruego redondee su exposición.

Sr. Montiel. Así lo haré, señor Presidente.
Adviertan que aquí se habla de actualizar las facultades de los artículos 67 y 86, que se refieren a las atribuciones del gobierno nacional. Si esto fuera así correremos el riesgo de encontrarnos no frente a una reforma parcial sino total de la Constitución, porque a partir de la adecuación de esas disposiciones se puede permitir la incorporación de cualquier clase de facultades que incluso pueden ser colisionantes con la primera parte de la Constitución.

En cuanto a los tratados internacionales, siempre se exige una norma especial, una ley, para que tengan vigencia, y al efecto vale la pena citar el articulo 27 de la Constitución que dice: “El gobierno federal esta obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho publico establecidos en esta Constitución”. A su vez, el artículo 31 de la Carta Magna le otorga el carácter de ley suprema a los tratados internacionales.

La intervención de Luis María Drago en el problema de Venezuela, Mitre que dijo que la victoria no da derechos y el tratado que firmo el general Perón con Uruguay durante su ultima presidencia, por el que se determino el condominio del Río de la Plata con ese país y permitió solucionar un antiguo problema de orden fronterizo, todo ello se hizo en cumplimiento de estas normas constitucionales. Es probable que estas disposiciones se puedan mejorar, pero que quede en claro que ya la sabia Constitución del 53 proclamaba como se debían encarar las relaciones de nuestro país con el exterior para el futuro.

Por ultimo, quiero señalar que estoy en desacuerdo con la unificación de los mandatos porque volveremos a las listas sabanas, en las que se tendrá en cuenta al primero de la lista, porque los que viven en los pueblos pequeños no van a saber quienes son los otros candidatos.

Creo que si lo que pretendemos es que haya un republicanismo autentico tenemos que diferenciar las elecciones en este sentido, y que los vecinos sepan quienes son sus posibles concejales e intendentes, es decir, quienes serán sus gobernantes.

UNA REPUBLICA DEMOCRATICA
Para concluir, solicitamos que exista mayor garantía de los derechos; por ejemplo, la doble instancia judicial. Queremos que haya autonomía funcional del Congreso y que exista una relación de igualdad entre los poderes Legislativo y Ejecutivo; no dar a este ultimo la alternativa de los decretos-leyes, sino quitarle autoridad para que solamente intervenga respecto de temas de presupuesto y administración.

Queremos democratizar el sistema porque esta es una Republica pero le falta el acento de la democracia característica de nuestra época.

Queremos clarificar la jurisdicción y competencia de las provincias, del gobierno federal y de los municipios. No hay necesidad institucional, solo hay necesidad personal de que se haga esta reforma constitucional.

LA CONVENCION CONSTITUYENTE
La Convención deberá tener en cuenta las restricciones del artículo 4° y las nulidades del 6°. No puedo extenderme demasiado en esto por razones de tiempo. Se dice que las declaraciones, derechos y garantías no serán tocados pero me pregunto que pasa si hay colisión. Si esta reforma es total - por lo que dije respecto a los artículos 67 y 86 - ¿como se resolverá el grave problema que se suscite ante un planteo de nulidad absoluta respecto de alguna resolución de la Convención Constituyente?

Evidentemente, se trata de una convención maniatada a la cual pareciera que están destinados a concurrir los que estén dispuestos a levantar sus manos si están de acuerdo con lo convenido como forma de resolver los problemas. Y esto no le hace bien a nadie, ni aun a los firmantes de esta iniciativa que ocupan u ocuparon cargos importantes en la Republica.

EL JUICIO DE LA HISTORIA
Creo que también tendrán necesidad de exponerse al juicio de la historia, el que no les será benévolo si superponen su interés personal al interés de la Republica.

Finalmente, quiero señalar que las reformas de 1949 y 1957 implicaron, en un caso con claridad y en el otro con no tanta, que la convención es soberana y esto puede ocurrir en la próxima constituyente. Esto debe saberlo todo el mundo y debe tenerlo en claro, porque no hay poder por sobre la Convención Constituyente, ni siquiera nosotros cuando establecemos por ley la necesidad de la reforma. Mucho menos, la Corte Suprema, si pretende ser un poder superestructurado y ubicarse por encima del poder constituyente. No tiene facultades y seria terrible la dictadura de los jueces; quizás seria peor que la dictadura del peor gobernante.

Reitero que la escasez de tiempo no me permite ahondar en algunos otros temas, pero todas estas cosas sirven para exponer los fundamentos esenciales de nuestra oposición a este proyecto de ley.

Desearíamos poder tener la visión dentro de diez años de este debate; tengo la seguridad de que nos veríamos frente a una discusión empequeñecida por la historia. Este debate esta signado por el interés circunstancial de un proceso que ya no tiene mucho más para ofrecer a la Republica, que esta en la etapa final del agotamiento.

El país requiere un sinceramiento, donde todos nos pongamos de acuerdo para analizar y considerar todo lo que se ha venido diciendo sobre este tema, pero dentro de un clima de consenso y sin persecuciones ni hechos lamentables, como ocurrió durante el periodo previo a 1853. Eso nos permitirá que esta Constitución de 1853, remodelada y actualizada, sirva por 140 años más a nuestra Republica.

¿Que podemos esperar de esta reforma?

La reelección del actual presidente.

Es dirigida - inactual e incompleta- durara el tiempo de predominio de una etapa que no tiene ya mucho que ofrecer.

Necesitamos un sinceramiento constitucional y entonces el pueblo en su conjunto dará los consensos que hoy no existen.

Por todo ello discrepamos.






Fuente: Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados "Debate de la Ley de Necesidad de Reforma Constitucional", 21 y 22 de diciembre de 1993. Aporte de Jose Antonio Artusi.


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