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viernes, 8 de marzo de 2024

Luis Mac Kay: "El fallecimiento de Emilio F. Perez" (27 de enero de 1955)

Hay luto en todas partes y dolor en el corazón, porque la patria ha perdido un valioso ciudadano, Gualeguay un vecino útil y dilecto, la familia un gran padre venerado con perfiles de patriarca y la U. Cívica Radical su honrado y prestigioso Presidente.

Son elocuente testimonio de nuestra honda congoja estas honras fúnebres, donde todas las expresiones de muestra vida social han venido a rendirle su póstumo homenaje, con numerosas ofrendas florales que enmarcan simbólicamente sus exequias, con el rumoroso aleteo de la oración piadosa que nace en el alma y agoniza en los labios temblorosos de emoción, con la presencia espontánea y angustiosa de una nutrida caravana de hombres y mujeres que lo acompañan a su última morada, donde muere para unos y nace para otros la suprema esperanza, y con el trémulo mensaje de la terrena palabra final, que quiere "in extremis" decirlo todo, pero enuncia poco, pues la esencia de su concepto se obnubila y estrangula como su articulación oral. Es que la entraña de los sentimientos no se traduce con palabras.

Tampoco el llanto puede ser la expresión de nuestro dolor, porque disentiría con la personalidad de este varón que ha cumplido honrosamente su destino en la vida, como esposo amante y fiel, como padre cariñoso, tutela y guía permanente de sus hijos, como ciudadano celoso de las instituciones democráticas y republicanas, que sostuvo y defendió siempre, con serenidad catoniana en encarnizada e infatigable lucha de más de medio siglo. Los únicos enemigos de don Emilio, fueron los enemigos de la libertad y de la justicia, o sea, los enemigos del hombre. Jamás transó con la injusticia que irritaba su exquisita sensibilidad, provocando a borbotones su protesta.

Como todos los temperamentos impulsivos era esencialmente bueno, noble y generoso. Despeñaba en violenta reacción su caudal de rebeldía ante lo que consideraba injusto y arbitrario, para luego en la serenidad, dolerse de haber ofendido con el ariete de la verdad.

No se debe despedir con llanto, al hombre que ha cumplido su destino en su medio ambiente, prestando señalados servicios al pueblo, desde la función pública, que ejerció con acrisolada honradez y consagración procurando de todas maneras el bienestar de la comunidad y en las instituciones sociales, mutuales y benéficas de Gualeguay, que contribuyó con dinámica pujanza a fundar, sostener y en algunos casos presidir con dignidad y aliento progresista. Al mérito de tales valores no les corresponde la quejumbre del llanto en sus exequias, sino el réquiem laico de nuestras bendiciones.

Así lo hago yo en este instante, en que debía llorar la pérdida irreparable de mi leal amigo, del compañero político de todas las horas, del confidente de mis inquietudes cívicas que comprendía y alentaba.

Ya rodaron mis lágrimas sobre su cuerpo exánime y tibio todavía en el rastro de la muerte. Ahora en sus exequias, en el postrer momento de despedida, en que devolvemos sus restos a la madre tierra, yo lo bendigo, como amigo por su magnífica lealtad, como correligionario por su extraordinaria consecuencia y su activa y fecunda militancia al servicio de la Unión Cívica Radical, y como hijo del mismo pueblo, por su gravitante acción bien hechora en beneficio de múltiples actividades de nuestro medio social.

Los soldados rinden de pie, presentando armas, su postrer despedida al superior desaparecido.

Nosotros que pertenecemos a una fuerza cívica de honda raigambre histórica, la Unión Cívica Radical en cuyo nombre hablo, verdadera militancia armada con el bagaje de su ideario, que se mueve en permanente y abnegada función de lucha por la reconquista de la libertad, el restablecimiento de las instituciones democráticas y republicanas, y el goce pleno de la paz, de la justicia y el bienestar de la familia argentina, en un ámbito de dignificación integral del hombre, rendimos este póstumo homenaje al meritorio Presidente del Comité Departamental, que desaparece como Moisés, sin alcanzar a ver la tierra prometida, y en circunstancias que la lucha demanda mayores esfuerzos para contrarrestar mayores arbitrariedades. Nosotros también de pie, presentándole las armas retempladas con nuestra fe, coraje y decisión para cumplir el destino de nuestra vocación cívica y el mandato imperioso de la República en espera todavía de sus hijos.

Así rendimos nuestro postrer homenaje al Presidente, cuya ausencia física, acrecentará su poderosa influencia espiritual, diciéndole en última despedida: "Cumpliremos".

Por mi parte, a este invariable amigo político, que siendo un adolescente conoció a Alem, quien inflamó su naciente vocación cívica, que maduro ya albergó a Irigoyen, cuya recia personalidad influyó en su larga y definida actuación, la cual tiene marcado el acento singular del maestro, y que desde mis inicios juveniles en el escenario cívico, me alentó con la fe de los mayores que impulsa y robustece, me acompañó luego como un igual, en paritaria camaradería en la recia lucha que libramos en 1930 como candidatos a senador y diputado del Departamento respectivamente, con el triunfo primario de las mismas y que a partir de entonces, en un andar escabroso y complicado, que determinan sucesos inmediatos, como si hubiera visto en mi un hijo o un hermano menor, no escatimó esfuerzo para lograr mi exaltación, con desinterés, abnegación, consecuencia y fe en la honradez de mi destino. Yo le digo en este supremo instante de nuestra separación física: "Viejo amigo, cumpliré”.

Ahora descansa en paz en el seno infinito de Dios. Tus hijos, que tanto querías, serán testigos de nuestro voto formulado al borde de la tumba abierta para recibir tus despojos mortales. Y nada más que eso, puesto que quien veló en vida por sus virtudes, trasciende la muerte y sigue viviendo en alentadora y gravitante presencia espiritual.

Viejo y querido amigo, así seguirás presidiendo nuestro comité y nuestras mejores inspiraciones por la salvación de la República.





Fuente: Discurso pronunciado en la inhumacion de los restos de don Emilio F. Perez por el doctor Luis R. Mac Kay. En el Diario “El Debate” de Gualeguay del dia 27 de enero de 1955.

Material aportado por Gervasio Pérez Zurdo, bisnieto de don Emilio F. Pérez en Pagina de Facebook Luis Rafael Mac Kay.


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martes, 13 de febrero de 2024

Marcelo T. de Alvear: "Conflicto fabril cañero de la Provincia de Tucumán" (14 de septiembre de 1927)

 Buenos Aires, septiembre 14 de 1927.

Resultando y considerando:

Que el Centro Azucarero Nacional, por una parte, en representación de los ingenios azucareros de la provincia de Tucumán, y la Federación Agraria Argentina en representación de sus afiliados, cultivadores de caña de azúcar de la misma provincia, denominados cañeros independientes, por otra, mediante poderes presentados en forma, han solicitado del subscripto su intervención como árbitro arbitrador y amigable componedor de las diferencias suscitadas por la liquidación de la materia prima provista por los cultivadores de caña a los ingenios azucareros, durante los períodos de zafra de 1926 y 1927, con ilimitadas facultades, solución que aceptó con esa expresa condición , teniendo en cuenta las características propias de esta industria, cuyo desarrollo se ha efectuado al amparo de leves nacionales protectoras, y la importancia excepcional de los intereses económicos y sociales comprometidos en el conflicto que ha afectado y afecta fundamentalmente el bienestar de la gran mayoría de la población de la provincia;

Que la aceptación de este arbitraje en las condiciones expresadas implica la anuJación de todo contrato o convenio existente entre las partes, para la liquidación correspondiente a la caña entregada durante los dos períodos de zafra mencionados ;

Que hallándose aún en plena actividad la zafra del año actual, y siendo necesaria y urgente la liquidación correspondiente a la de 1926, se impone dividir la tarea del árbitro en dos partes, utilizando para la solución de la primera, es decir, la correspondiente a la zafra de 1926 , el resultado de las investigaciones v estudios realizados hasta la fecha, con la premura que las circunstancias han exigido;

Que si bien durante el término transcurrido no ha podido el árbitro agotar el análisis de los múltiples factores cuyo conocimiento permitiría obtener una solución tan perfecta como razonablemente puede esperarse dada la complejidad del problema, ha logrado, sin embargo, formar opinión suficientemente fundada sobre los elementos básicos, mediante el estudio personal, asesorado por técnicos competentes de la Administración Pública, en forma que le permite ya adoptar una solución equitativa que considera las condiciones en que se han desarrollado las actividades agrícola y fabril de la industria azucarera, hasta convertirse factor preponderante de la riqueza del norte argentino;

Que las dificultades creadas por la producción local y mundial de azúcar, en apreciable desproporción con el consumo, han ocasionado la depresión de la cotización del azúcar, y correlativamente la de su materia prima;

Que anteriormente el industrial pagaba por la caña un precio fijo por unidad, cambiándose este sistema por el actual que distribuye porcentajes del azúcar obtenido después de esfuerzos y agitaciones tendientes a obtener una mejor compensación para el fruto del trabajo rural;

Que el régimen vigente tiene que interpretarse como que cañeros e industriales han querido participar proporcionalmente de las contingencias favorables o contrarias del mercado, bajo la base de una distribución equitativa del producto comercial de la elaboración de la caña, o del valor que representa su cotización en plaza, dentro de un período determinado;

Que en las circunstancias actuales, de carácter excepcional, motivadas por la superproducción, no ha sido posible colocar sino en mínima parte el producto de la zafra dentro de ese término;

Que en lo posible, las liquidaciones deben proporcionar al agricultor una retribución mínima que le permita sufragar los gastos que origina el cultivo y cosecha de la caña, compensándole también, por lo menos, su trabajo personal dentro de circunstancias razonables inherentes a la naturaleza característica de esa actividad;

10° Que del estudio parcial de los distintos valores aportados por ambas partes,para obtener el producto comercial que ha de distribuirse entre las mismas, ha podido el árbitro apreciar que el costo cultural de una tonelada de caña, más los gastos de transporte carretero de la misma, hasta el canchón del ingenio o el cargadero respectivo, más la patente a la caña, considerando una plantación situada dentro del radio de acción asignable razonablemente a cada fábrica, se aproxima al costo de elaboración de esa cantidad de materia prima, más el impuesto que corresponde al azúcar obtenido; y que el capital invertido e inmovilizado para producir una tonelada de caña, es aproximadamente igual al invertido e inmovilizado para transformarla en azúcar, según concepto generalmente aceptado;

11° Que como consecuencia de esa equiparación aproximada, resulta equitativo distribuir el producto de los aportes por partes iguales, haciendo gravitar sobre el industrial el impuesto al azúcar y sobre el cañero la patente a la caña;

12° Que resulta conveniente que, tanto industriales como cañeros, soporten el recargo del costo de la caña por concepto de flete ferroviario, hasta un límite determinado por una distancia prudencial de las usinas transformadoras, lo que por otra parte estimulará para el futuro, una mejor organización del transporte, con evidente ventaja para la economía en general;

13° Que debe aplicarse en este laudo a las liquidaciones de cada ingenio, el promedio del rendimiento fabril respectivo de azúcar del tipo comercial común, porque del estudio realizado resulta la dificultad práctica de especificar rendimientos individuales para cada proveedor de caña, porque se oponen a ello , en general, inconvenientes de orden técnico y económico ; y porque no equitativo aplicar un mismo rendimiento industrial a fábricas ubicadas en distintas zonas productoras de caña, de riqueza sacarina variable;

14° Que para calcular las liquidaciones de todos los ingenios, es más razonable la aplicación de un precio único de venta de azúcar, resultante del promedio general de las operaciones realizadas sobre la producción de la zafra de 1926, de acuerdo con el examen de la contabilidad de los ingenios practicado por contadores públicos de la administración, teniendo en cuenta el valor atribuído a las existencias acusadas en la fecha de la aceptación del arbitraje y demás circunstancias mencionadas por las partes ; pues ese precio promedio es la resultante de los distintos factores objetivos y subjetivos que intervienen en la gestión comercial, evitándose así el resultado de la aplicación de promedios parciales de cada ingenio, que darían, en algunos casos, soluciones injustas, porque el cañero soportaría la desventaja de una mala situación económica o una inhabilidad comercial que no le es imputable;

15° Que si bien es posible que la aplicación de este laudo signifique un sacrificio apreciable para algunos ingenios, cuya situación económica no es holgada, el árbitro cree que debe limitarse a aplicar la solución más equitativa para la distribución del producto obtenido con el aporte de ambas partes en litigio ; sin entrar en consideraciones de un carácter absolutamente particular, ajeno a las finalidades de su misión;

16° Que por las mismas causas, tampoco le corresponde considerar la situación de cañeros que, excepcionalmente, puedan resultar lesionados en sus intereses, por causas imputables, más que a la solución adoptada, a la falta de idoneidad para la activida que han elegido;

17° Que el árbitro reserva para el laudo correspondiente a la zafra de 1927 la aplicación de normas definitivas, obtenidas a base de un estudio aun más metódico y analítico de los factores fundamentales que afectan el cultivo de la caña de azúcar y su industrialización, y que puedan influir en la normalización y orientación futura de ambas actividades, el presidente de la Nación Argentina, lauda:

Art. 1: El precio que cada ingenio pagará al cañero proveedor de la materia prima, entregada en canchón, durante la zafra de 1926, por cada tonelada de caña, será el siguiente: Amalia, 12.02 pesos : Aguilares, 9.01 ; Bella Vista, 10.47 ; Concepción,12.02 ; Cruz Alta, 11.67 ; Esperanza , 10.62 :El Manantial, 9.86 ; Juan Fara, 11.12 ; La Fronterita, 10.33 ; Lastenia, 11.34 ; La Florida, 10.76 ; La Trinidad, 11.63 ; La Corona.10.15 : Los Ralos, 11.26 : La Providencia.10.65: Luján, 11.49; Mercedes, 10.65; Nueva Baviera, 11.28 ; San Antonio, 9.98 ; Santa Lucía, 11.32 ; San Pablo , 11.46 ; Santa Ana, 10.11 ; San Andrés, 11.37 ; San Juan, 12.06 ; Santa Rosa, 9.72 ; Santa Bárbara, 9.18 ; y San José, 11.22 .

Art. 2: Del precio fijado para cada ingenio podrá descontarse , al efectuarse el pago, el importe de la patente a la tonelada de caña establecida por la ley provincial respectiva, si ésta hubiera sido pagada por aquél por cuenta del cañero.

Art. 3: Cuando la caña haya sido entregada en cargadero, cargada y pesada por cuenta del cañero, podrá el ingenio descontar hasta un máximum de pesos 0.30 por este concepto y por cada tonelada de caña.

Art. 4: En los casos en que la caña hava sido entregada en cargadero y transportada por ferrocarril, el ingenio cargará con la mitad del correspondiente fiete, hasta un peso como máximo por tonelada de caña.

Art. 5: El ingenio no podrá efectuar descuentos por ningún otro concepto que los indicados en los tres artículos precedentes.

Art. 6: La interpretación de las cláusulas de este laudo, así como su aplicación en el caso de diferencias que puedan suscitarse, queda a cargo de la Cámara Arbitral de Productores de Azúcar, creada por la ley de la provincia de Tucumán de fecha 5 de julio de 1927, sin recurso alguno, y si ésta no estuviera constituída, esas facultades serán ejercidas por los delegados que designe el árbitro.

Art. 7: Designo secretario, a los efectos pertinentes, al doctor Rodolfo Medina, quien en su carácter de subdirector general de Comercio e Industria del ministerio de Agricultura ha ejercido las funciones de relator de los antecedentes del conflicto que motiva este arbitraje.

Art. 8: Comuníquese a quienes corresponda. (Fdo. ) : Marcelo T. de Alvear, Rodolfo Medina, secretario.

REMISION DEL LAUDO AL GOBERNADOR DE TUCUMAN

Buenos Aires, septiembre 14 de 1927.-

A S. E. el señor gobernador de la provincia de Tucumán, doctor Miguel M. Campero .

S/D.

Cumplo con el honroso y especial mandato del Excmo . señor presidente de la Nación , de dirigirme a V. E. enviándole la adjunta copia del laudo dictado en la fecha, en la primera parte del arbitraje que fuera sometido a su alta investidura por el Centro Azucarero Nacional, en representación de los ingenios azucareros de la provincia de su digno gobierno, por una parte, y la Federación Agraria Argentina, en representación de sus afiliados, cultivadores de caña de azúcar, denominados "cañeros independientes”, de la misma provincia, por la otra.

El Excmo . señor presidente me recomienda agradezca a V. E. la eficaz colaboración que tuvo a bien prestar, por intermedio de S. S. el ministro de Hacienda, Obras Públicas e Industrias, ingeniero Tomás A. Chueca, y el departamento a su cargo, al estudio de tan importante y complejo problema, y las tareas preparatorias del laudo.

Dígnese V. E. aceptar las seguridades de mi respetuosa y distinguida consideración.

Rodolfo Medina, secretario del árbitro.

NOTAS DEL GOBERNADOR Y DEL MINISTRO DE HACIENDA DE TUCUMAN AL SECRETARIO DEL ARBITRO

El gobernador de la provincia de Tucumán, doctor Miguel M. Campero, dirigió al secretario del árbitro, doctor Rodolfo Medina, una nota en la cual aquel gobernante expresa su complacencia por la forma equitativa en que , según expresa , ha sido resuelta una cuestión que durante mucho tiempo alteró la normalidad de la vida económica de la provincia.

La comunicación del doctor Campero, expresa en su parte esencial lo siguiente:

Como gobernador de esta provincia y como tucumano, quiero hacer llegar por su digno intermedio, al señor presidente, la expresión de mi más viva complacencia por la forma altamente justiciera con que el laudo resuelve una cuestión que ha tenido durante tanto tiempo agitados los espíritus.

Me es también particularmente grato poder afirmar que este juicio es compartido por El ingeniero Chueca, ministro de Hacienda, Obras Públicas e Industrias de la misma provincia, envió también una nota al doctor Medina en la que acusa recibo de la copia del laudo que le fué enviada por éste, y dice lo siguiente:

Puedo anunciarle que en general la impresión producida es completamente favorable; la prensa lo comenta y juzga como una verdadera solución, y no podía ser de otra manera, ya que los considerandos están tan bien fundados que demuestran claramente que se ha hecho un estudio a fondo de la cuestión, y una compenetración de la misma, pues no se ha prescindido de ningún detalle que pueda afectar al problema económico social que se trata de resolver.

En cuanto al articulado, añade, es esencialmente equitativo, justo y previsor ; debe usted sentirse íntimamente satisfecho de haber contribuído en forma eficiente a resolver este viejo y trascendental problema, que tan hondamente afectaba la armonía y bienestar de las fuerzas vivas de esta provincia. 

Falta aun la zafra del presente año, agrega, y simultáneamente con ella la fórmula general para el futuro, que será la única manera de llegar a estabilizar esta importante industria, que, dado el grado de adelanto y perfeccionamiento de sus instalaciones, hace honor al país, siendo en consecuencia acreedora a una protección más decidida del pueblo y de sus autoridades .

El gobierno de la provincia, dice a continuación , ha hecho en este sentido cuanto le ha sido posible, reduciendo los gravámenes a la industria a lo que eran hace 18 años, a pesar de que los gastos de la administración se han más que duplicado, llegando, a fin de fomentar y perfeccionar esta industria, hasta a la devolución del impuesto al azúcar elaborado que se exporte del país, lo que en algunos años ha significado grandes sacrificios para la provincia.







Fuente: Conflicto fabril cañero de la Provincia de Tucumán: laudo del Excmo. señor presidente de la Nación doctor Marcelo T. de Alvear, mayo de 1928. Tall. Gráf. del Ministerio de Agricultura de la Nación, 1928.

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jueves, 1 de febrero de 2024

Rufino Vicente Abaroa: " Reincorporación al Ejército del Coronel Roberto Bosch" (24 de julio de 1958)

XL

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1° - Restitúyese con anterioridad a la fecha de su baja en su situación de retiro al ex teniente coronel don Roberto Bosch.

Art. 2° Promuévasele al grado inmediato superior de coronel de la Nación, con anterioridad a la fecha de su baja.

Art. 3º - Mientras este gasto no se incluya en la ley general del presupuesto, se tomará de rentas generales con imputación a la misma.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Rufino Vicente Abaroa.


Señor presidente :

Vengo a peticionar justicia ante el alto tribunal del pueblo, representado en su soberanía por esta Cámara en favor de un hombre libre quien siendo militar, ha sabido dar el ejemplo más sobresaliente, en lo que va del siglo, de ética cívico castrense, a las fuerzas armadas de su patria, a costa de cruentos sacrificios materiales y morales, demostrativos de una naturaleza espiritual poco común, consumados austera e intransigentemente durante los largos años que han corrido desde el 6 de septiembre de 1930 hasta la fecha.

Este hombre libre nunca pidió contraprestación alguna a sus compatriotas. Dio, pero no tomó. Vive hoy, conforme, en humilde y altivo recogimiento civil, gozando, en su serena vejez, del único caudal logrado con sus trabajos de patriótico altruísmo, caudal que ojalá pudiésemos gozar también nosotros en el caso de nuestras vidas: la conciencia de haber cumplido con su deber, en el caso de él, de patriota, de soldado. Este hombre libre ha hecho historia nacional; pero no obstante, pocos son los que le recuerdan, y menos aún los que lo valoran y se declaran sus discípulos, aunque son muchos quienes le conocen.

Es un imperativo ineludible, a mi juicio, sacarlo, aun en contra de su voluntad, del silencio en que vive, y salvarlo del olvido de sus contemporáneos, para presentarlo como lección palpitante de auténtica hombría y vocación castrense a la consideración de las nuevas generaciones, especialmente de las promociones más jóvenes de oficiales. Dejo constancia expresa, en este sentido, que este hombre libre es ajeno, absolutamente, a esta iniciativa mía. La desconoce inclusive. Lo he querido así para que, en caso de prosperar, revista el carácter de espontaneidad propio de este tipo de reivindicaciones morales.

Me refiero, señor presidente, al ex teniente coronel don Roberto Bosch.

Don Roberto Bosch nació cuando aun alentaba la paleo- argentina, de padres argentinos, de antigua data, don Francisco B. Bosch y doña Laura Sáenz Valiente de Bosch. Don Francisco B. Bosch fue uno de los más distinguidos oficiales formados en la escuela de nuestro viejo ejército empírico de la segunda mitad del siglo. Comenzó su carrera come subteniente del batallón segundo de línea, de tan destacada actuación en la guerra del Paraguay, y la terminó con el grado de general de división. Supo enseñar a sus hijos, entre ellos don Roberto Bosch, su propio culto castrense a la valentía y al honor.

Don Roberto Bosch ingresó con ese patrimonio espiritual al Colegio Militar. Iba a administrarlo dignamente. Su inteligencia y aptitudes castrenses le colocaron, desde el principio, entre los primeros oficiales de su camada. La primera guerra mundial lo sorprendió en Alemania, en comisión de estudios.

Más tarde, resultó distinguido con el nombramiento de edecán del presidente Yrigoyen. Fue uno de los primeros oficiales que alcanzó la roseta roja de oficial de Estado Mayor. Profesó la enseñanza como titular de la cátedra de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra. El 6 de septiembre de 1930 le sorprendió en el grado de teniente coronel. Se cuadró frente al nefasto episodio, y el 14 de septiembre de 1932, siendo el primero de su promoción, a los efectos del coronelato, pidió su baja y absoluta separación del ejército . Su pedido no fue escuchado y fue dado de baja el 11 de enero de 1933 por rebeldía. ¿Cuáles fueron las causas que determinaron este desenlace de una carrera tan brillante?

El viejo ejército había sido por imperio de las circunstancias sociales un ejército eminentemente político. Domingo Faustino Sarmiento aspiró, al fundar el Colegio Militar, a un ejército científico que fuera órgano y no poder del Estado. Era el ideal sanmartiniano. No era una utopía. El país había entrado con paso firme en la senda de la organización nacional.

El pueblo se iba integrando y se acercaba el momento en que iba a exigir el reconocimiento pleno de su soberanía. Las fuerzas armadas debían amoldarse a ese proceso y limitarse a cumplir patriótica y honestamente con los deberes inherentes a su profesión.

El oficial don Roberto Bosch hizo suya esta tesis institucional, con visión profunda del momento histórico.

Corria el año 1920. El ejército daba muestras de hallarse aún altamente politizado, circunstancia que conspiraba contra su disciplina, su ordenamiento y su eficiencia profesional. Esta situación preocupó hondamente al entonces capitán don Roberto Bosch, del mismo modo que a otros oficiales distinguidos. Todos ellos se agruparon, el 11 de enero de 1921, en un pie de igualdad, para defender los bienes castrenses perjudicados por esa situación. Invocaron la inspiración de San Martín. Adoptaron como lema: patria y honradez profesional,. Su fin era lograr que el ejército fuera un eficiente instrumento al servicio de la construcción nacional, independizándolo de influencias funestas que al subalternizarlo, subalternizacen al país. A don Roberto Bosch le cupo la responsabilidad de redactar las bases del acuerdo. Las que concretó en un juramento que comprometía a cumplir una serie de deberes castrenses, especialmente el del respeto a la ley, personificada en la persona de quien fuera el legítimo presidente de la Nación. Decía así este particular: ....Juramos: por nuestra fe de soldados y caballeros, 1°...a) Mantener la debida subordinación y lealtad hacia el excelentísimo señor presidente de la Nación, observando una absoluta prescindencia política y dentro del más puro concepto del honor militar.. La historia ya lamenta que este honesto propósito no llegase a ser el de todos.

Perduró en el seno del ejército una corriente de activismo político que, bajo inspiraciones obscuras, desembocó en el 6 de septiembre de 1930.

Los oficiales que se habían mantenido fieles al juramento del 11 de enero de 1921, apercibidos del complot en marcha, integraron una junta de defensa del gobierno constitucional de don Hipólito Yrigoyen.

No lo hicieron en función de ideas políticas, sino en función en su carácter de soldados y considerando que siendo el gobierno de don Hipólito Yrigoyen un gobierno legítimo, solamente podía ser desplazado, de haber mérito para ello, por el juicio político. El ya teniente coronel don Roberto Bosch, era vocal de esa junta. No es del caso entrar en el detalle de las gestiones realizadas por la misma para impedir el trágico atentado institucional, cuyas consecuencias funestas han cubierto ya más de un cuarto de siglo.

Ello es materia de una historia que está todavía por escribirse.

Cabe solamente agregar que, la falta de órdenes por el gobierno jaqueado, fue la única causa que determinó el fracaso de la represión organizada y el éxito correlativo de los rebeldes.

Dichos oficiales decidieron entonces regir su conducta ulterior por el apotegma sanmartiniano que dice: Jamás reconoceréis como gobiernos legítimos de la patria a aquellos que no hayan sido elegidos por la libre y espontánea voluntad del pueblo. Y, se dispusieron a conspirar contra los usurpadores, con el ánimo de entregar el poder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo con la ley de acefalía. La dictadura informada de la conspiración, disolvió la junta dando destinos dispares a los conjurados. Estos no cejaron, sin embargo, a pesar de los obstáculos. Los meses transcurrieron. El teniente coronel don Roberto Bosch decidió, sofocado moralmente por la situación que vivía el país, a pedir, como lo recordé precedentemente, su baja, y entregarse por entero a la lucha por la reconquista de la soberanía popular avasallada. Subscribió así, en noviembre de 1932, aquel famoso documento conocido bajo el nombre de juramento patriótico, por el que se comprometió con otros camaradas, a abatir a los usurpadores del poder y reivindicar a las instituciones armadas, comprometidas, se lee textualmente, en horas aciagas por algunos de sus miembros; ellas, las más antiguas entidades nacionales, depositaria de nuestra gloriosa tradición, que fueron de la patria el brazo de su grandeza y el paño de sus sacrificios.

No fue éste, para el teniente coronel Roberto Bosch, un juramento vano. Lo vemos actuar así, revolucionariamente, con coraje rayano en el heroísmo, el 7 de enero de 1933, en Concordia, donde casi solo, sin más compañía que la de su camarada Gregorio Pomar y quince valientes, intentó tomar el Regimiento de Ferrocarrileros; y el 29 de diciembre del mismo año, en San Joaquín, y Paso de los Libres, donde conduciendo cien argentinos esforzados procuró también tomar la unidad allí destacada, enarbolando bien alto, en ambas oportunidades, como jefe del comando revolucionario del Litoral, la bandera de la cruz de sangre con el lema por la soberanía popular que es la libertad de la patria,. He ahí la magnífica rebeldía por la que se le dió la baja.

Viene luego un largo exilio, en la República Oriental del Uruguay y en los Estados Unidos del Brasil, países donde se dedica al periodismo político, defendiendo nuestro republicanismo y combatiendo el imperialismo.

Años de conducta prueban fehacientemente el temple y la sinceridad de su pensamiento. Su primer acto fue, en esta etapa de su vida el repudio de los beneficios de la ley 12.673, dictada en junio de 1941 , amnistiando a todos aquellos que hubieran cometido delitos políticos o delitos militares conexos con delitos políticos. No podían amnistiar al juez los culpables.

Su resistencia fue la de numerosos militares de todas las armas; pero la suya en particular adquiere relieve propio por ser la única que, dentro del ejército, se mantiene aún integérrima, a pesar de las circunstancias personales que obligarían a otro hombre que no fuera él a rever su actitud. Sus compañeros de ruta le fueron dejando solo según pasaban los años y el cansancio y el escepticismo que ellos traen se depositaban, como manto de nieve, sobre sus hombros.

Esta es la personalidad del ex teniente coronel don Roberto Bosch, soldado dignísimo que debe ser reintegrado al seno castrense, como señero ejemplo de conducta, y, como homenaje a todos sus sacrificios por el bien de la patria.

Rufino Vicente Abaroa.

-A las comisiones de Defensa Nacional (especializada) y de Presupuesto y Hacienda.


FUERZAS ARMADAS

EJERCITO – Reincorporación

LEY 14858

Sancionada: 15 de octubre de 1959
Promulgada: 30 de octubre de 1959

POR CUANTO:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de

LEY:

Art. 1: Reincorporase al Ejército, con anterioridad a la fecha de su baja, y con el grado de Coronel, en situación de retiro, al señor don Roberto Bosch.

Art. 2: Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente ley, se tomaran de rentas generales, con imputación a la misma, hasta tanto se incluyan en la ley general de presupuesto.

Art. 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a quince días del mes de octubre del año mil novecientos cincuenta y nueve.

J. M. GUIDO                                    
J. R. DECAVI
Noé Jitrik                                                Guillermo Gonzalez

Registrada bajo el N° 14858

Buenos Aires, 30 de octubre de 1959

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI- ALFREDO R. VITOLO – RODOLFO LARCHER

DECRETO N° 13812



Fuente: Reincorporación al Ejército del Coronel Roberto Bosch, 1933-1959. Discusión parlamentaria, Diputados, 24 de julio de 1958, palabras del Diputado Rufino Vicente Abaroa. Diputados, 7 de octubre de 1959. Antecedentes parlamentarios de la Ley N° 14.858.

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miércoles, 27 de diciembre de 2023

Rodolfo Terragno: "Debate de la ley de los Decretos de Necesidad y Urgencia" (6 y 7 de julio de 2006)

Sr. Presidente. —Tiene la palabra el senador por la Ciudad de Buenos Aires, senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: todos cuantos hemos desempeñado funciones ejecutivas, legislativas o judiciales en los últimos doce años hemos sido responsables, en mayor o menor medida, por acción u omisión, de las disposiciones de carácter legislativo que, apartándose de la Constitución Nacional, han sancionado los sucesivos gobiernos, sin excepción.

Los llamados decretos de necesidad y urgencia se han convertido, como dijo hace seis años la entonces diputada Cristina Fernández de Kirchner, en una práctica perversa, por las razones que ella explicó muy bien entonces, entre las que estaba el cambio de posiciones políticas y jurídicas de los responsables de la reglamentación quienes, según sea el caso, si ostentan el carácter de oficialistas o de opositores, varían los presupuestos necesarios para su validez.

El actual gobierno, que no ha sido el primero ni el único en sancionar decretos de necesidad y urgencia inconstitucionales, ha recurrido a ellos con una frecuencia llamativa.
Sancionó 174 en 661 días hábiles: uno cada tres días y fracción.
Cualquiera sea el criterio cualitativo que se utilice para analizar estos decretos es imposible sostener que dos veces por semana se da una necesidad y una urgencia de sancionar normas que no pueden seguir el procedimiento habitual previsto por la Constitución para la sanción de las leyes.

El creciente clamor por una mayor calidad institucional y la presentación de distintos proyectos como los que están transcriptos en el dictamen obligaron a superar la falta de voluntad del Congreso y del Poder Ejecutivo para reglamentar los decretos de necesidad y urgencia.

Fue por eso que, para superar el otro impedimento, el del oportunismo político, decidí no presentar un proyecto propio, sino hacer mío, sin modificar una coma, el que la ex diputada Fernández de Kirchner presentara el 25 de octubre de 2000. Hubo quienes lo tomaron como una ironía, pero el propósito, en realidad, era contribuir a que llegáramos a este momento en el que por fin estamos discutiendo algo que ningún gobierno quiso que se discutiera en el Congreso y hasta ahora tampoco lo había querido el gobierno actual.

Había otra razón, y es que el proyecto de la entonces diputada Fernández de Kirchner era muy bueno. Lamento no poder decir lo mismo del actual proyecto firmado por la hoy senadora Fernández de Kirchner. Creo que después de doce años de esa práctica perversa, ahora que tenemos la oportunidad de ponernos al día con la Constitución, no debemos hacer trampa.

Quiero analizar las diferencias principales que hay entre el proyecto de la diputada Fernández de Kirchner y el proyecto de la senadora Fernández de Kirchner. El proyecto de la diputada decía: carecerán de todo valor y eficacia los decretos de necesidad y urgencia que no fueran remitidos a consideración del Parlamento dentro de los diez días de dictados. Era la muerte súbita. O el Poder Ejecutivo mandaba el proyecto al Congreso dentro de los diez días o el decreto de necesidad y urgencia desaparecía. No servía ni siquiera de excusa el receso parlamentario.

El proyecto de la diputada decía: cuando las cámaras estén en receso, el Poder Ejecutivo deberá convocar a sesiones extraordinarias. El proyecto de la senadora dice: los decretos de necesidad y urgencia, que no fueran remitidos al Congreso dentro de los diez días quedan en vigencia y la Comisión Bicameral Parlamentaria se abocará de oficio a su tratamiento; eso, por supuesto, si así lo quiere la Comisión, que estará dominada por el oficialismo.

El proyecto de la diputada decía: la Comisión bicameral permanente estará integrada por 24 legisladores. El proyecto de la senadora dice que estará integrada por 8, lo cual reduce la representación de las minorías.

El proyecto de la diputada decía que la Comisión podía ser convocada por su presidente o por un tercio de sus integrantes, es decir, 8 legisladores. El proyecto de la senadora no prevé la autoconvocatoria con un número mínimo.

El proyecto de la diputada decía: la Comisión tendrá quórum para sesionar cuando cuente con la presencia de más de la mitad de sus miembros; si no se obtuviere el quórum necesario luego de dos convocatorias, pasados 30 minutos de la hora indicada en la citación, podrá sesionar y despachar válidamente con los miembros presentes. El proyecto de la senadora dice: la Comisión sesiona cuando cuenta con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros; como la conformación debe respetar las representaciones políticas y el oficialismo, por lo tanto, tendrá mayoría absoluta en la Comisión, este artículo significa que la Comisión sesiona cuando el oficialismo quiere que sesione.

El proyecto de la diputada decía: los miembros de la Comisión durarán en sus funciones hasta la siguiente renovación legislativa y no podrán ser reelegidos. El proyecto de la senadora dice que pueden ser reelectos.

El proyecto de la diputada decía que las sesiones de la Comisión deben ser públicas. El proyecto de la senadora no dice nada al respecto.

El proyecto de la diputada no otorgaba doble voto a ningún miembro de la Comisión. El proyecto de la senadora dice que, en caso de que haya más de un dictamen con igual número de firmas, el dictamen en mayoría es el que lleva la firma del presidente.

El proyecto de la diputada decía que por cada decreto de necesidad y urgencia el jefe de Gabinete debía presentarse a la Comisión para dar un informe personal, que debía versar únicamente sobre las razones de necesidad y urgencia que impidieron al Poder Ejecutivo seguir el trámite ordinario de la sanción de las leyes. El proyecto de la senadora no le establece esa obligación al jefe de Gabinete.

El proyecto de la diputada decía que la Comisión emitiría despacho aconsejando el rechazo o ratificación dentro de los diez días. No hay gran modificación en esto; se habla de diez días hábiles. Pero el proyecto de la diputada decía que, dentro de los treinta días siguientes, el plenario de cada cámara deberá tratar el mismo, pronunciándose por su aprobación o rechazo; transcurrido dicho plazo sin que uno o ambos cuerpos se hayan expedido, el decreto de necesidad y urgencia carecerá de vigencia y sus disposiciones no tendrán efecto de ninguna naturaleza. El proyecto de la senadora dice: las cámaras deben circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma. Esto es correcto. Pero hay sólo dos posibilidades: se lo convierte en ley o se lo rechaza.

Como lo dice el propio proyecto, el rechazo por ambas cámaras del Congreso implica la derogación del decreto de necesidad y urgencia. Por lo tanto, el Congreso rechaza y deroga, o no rechaza y convierte en ley. Pero el proyecto de la diputada decía expresamente: conforme la prohibición prevista en el artículo 82 de la Constitución Nacional —esto es, la prohibición de sancionar leyes de manera tácita o ficta— todo decreto de necesidad y urgencia deberá, para su validez, ser ratificado por ambas cámaras. El proyecto de la senadora dice: el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional.

¿Qué quiere decir esto? Que el sí o el no deben ser expreso. ¿Y si el Congreso no dice ni sí ni no? El proyecto de la diputada decía que en ese caso, transcurrido un plazo, hay derogación ficta. Si no hay derogación ficta y el proyecto sigue vigente, la falsa discusión entre la senadora Fernández de Kirchner y el senador Pichetto no existe. Si no hay derogación ficta y el decreto sigue vigente hay aprobación ficta, se la llame así o no se la llame así, y esto viola el artículo 82 de la Constitución Nacional.

Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador José Juan Bautista Pampuro.


Sr. Terragno. — Esto es exactamente lo opuesto a lo que dice la Constitución y, como lo decía la diputada Fernández de Kirchner en los fundamentos de su antiguo proyecto, la obligatoriedad de ratificación por ambas cámaras del Congreso es requisito esencial de validez y la ausencia de tal ratificación fulmina con la nulidad absoluta e insalvable al decreto de necesidad y urgencia.

Esta teoría de la diputada era, por supuesto, congruente con la Constitución Nacional. No lo es la posición de la senadora.

El proyecto de la diputada decía: carecerán de todo valor y eficacia los decretos de necesidad y urgencia que no fueran remitidos a consideración del Parlamento dentro de los diez días de su dictado, no pudiendo alegarse derecho adquirido alguno a su respecto. Lo mismo valía para los decretos de necesidad y urgencia no aprobados por las cámaras, cuyas disposiciones no tendrían efecto de ninguna naturaleza.

La diputada decía en los fundamentos de su proyecto: se observa con preocupación que en numerosas propuestas de reglamentación se consigna la salvaguardia de los derechos adquiridos durante el período de vigencia del DNU luego rechazado, lo que nos resulta a todas luces inconveniente y carente de sustento legal. Por eso el proyecto de la diputada establecía la carencia de efectos en forma retroactiva a la fecha de emisión del decreto de necesidad y urgencia. Sostenía ella que en el caso del DNU, tanto el Poder Ejecutivo como los particulares saben que han sorteado la voluntad del Congreso: que el Ejecutivo se ha constituido en gestor oficioso y que existe la posibilidad cierta de que su gestión no sea ratificada. Quien contrata en tales condiciones sabe que lo hace a su riesgo y consecuencia. En caso contrario, resultará fácil —decía la diputada— violentar el mecanismo constitucional y contratar rápidamente a sabiendas de que, con el hecho consumado, el rechazo del DNU resultará inoficioso, toda vez que sus efectos se mantendrán incólumes. El proyecto de la senadora dice que el rechazo del DNU por ambas cámaras del Congreso implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.

Es decir que según este proyecto si el Poder Ejecutivo no envía el DNU dentro de los diez días de su sanción, el DNU no se muere automáticamente. Este proyecto le da la llave a la Comisión, que trata lo que quiere, porque es una comisión donde el oficialismo tiene mayoría, una comisión donde el oficialismo tiene quórum propio, una comisión donde no se permite la autoconvocatoria, como se permitía en el proyecto de la diputada; una comisión donde no está establecido que sus sesiones sean públicas, una comisión a la cual no está obligado a venir cada vez el jefe de Gabinete para explicar en qué consistía la necesidad, en qué consistía la urgencia.

Este es un proyecto en el cual, aunque se lo disfrace, se establece la aprobación ficta, porque el silencio hace que el decreto mantenga su vigencia. En definitiva, es una ley. Toda ley mantiene su vigencia mientras no es derogada. Entonces, si decimos que este decreto mantiene su vigencia mientras no se lo derogue estamos violando el artículo 82 de la Constitución Nacional.

Se nos dice: ah, pero ahora ya no harán falta los dos tercios para la insistencia en el caso de que el Poder Ejecutivo vete; podrá ser derogado el decreto de necesidad y urgencia por mayoría simple; siempre que pase ese filtro de la Comisión Bicameral Permanente que tal como está organizada, permitirá que pase solamente lo que el Poder Ejecutivo —o el oficialismo— quiera que pase.

Por eso considero que no hay que ceder a la extorsión política, porque lo que se nos está planteando es: si quieren alguna reglamentación de los DNU aprueben esta; y si votan en contra, lo que tendrán es el statu quo y seguirá la situación como hasta ahora, se seguirán firmando los decretos de necesidad y urgencia en la Casa Rosada, se publicarán en el Boletín Oficial, y se terminó.

Creo que no corresponde aceptar que a partir de ahora se viole menos la Constitución, o se viole de una manera más disimulada. Por eso me parece que la tarea es la de luchar por la plena vigencia de la Constitución, ahora que por fin hemos tenido un acuerdo para discutir este tema, que ya fue soslayado por responsabilidades compartidas durante doce años.

No pienso que en materia institucional haya que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. El paso hacia atrás en materia institucional es una estrategia de retirada. Y en materia de defensa de las instituciones creo que debemos tener una estrategia de vanguardia.



Fuente: “Régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes” Intervencion del Sr. senador Rodolfo Terragno, Diario de sesiones del H. Senado de la Nacion, 6 y 7 de julio de 2006.



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lunes, 18 de diciembre de 2023

Arturo Frondizi: "La Batalla del Transporte" (5 de junio de 1961)

Me dirijo esta noche al pueblo de la República para hablar de un problema dramático, cuya solución interesa a todos los argentinos y no puede postergarse un día más.

Me refiero al problema del transporte en todo el país. No podemos ocultar la gravedad de la situación y hay que hablar con entera franqueza: tenemos un pésimo sistema ferroviario y sus finanzas están en bancarrota. El gobierno ha decidido adoptar medidas enérgicas para resolver de raíz este problema y apela a la comprensión y a la colaboración de todos los habitantes de la República. Porque ésta no es una cuestión técnica ni simplemente financiera.

Es una cuestión que afecta directamente el interés de los productores y de los trabajadores. Es una cuestión vital para la salud, la higiene y el confort de millones de argentinos que viajan diariamente en condiciones inhumanas.

Y la solución no admite alternativa: o tenemos el valor de atacar las causas profundas de este problema nacional o mantenemos uno de los factores que más inciden en la constante descapitalización nacional y un foco de serias perturbaciones sociales. Ya hemos asistido a penosas escenas de violencia contra los trenes y las estaciones y hasta contra el personal ferroviario que no tiene la culpa de que los trenes corran permanentemente con retardo, que los pasajeros viajen hacinados en medio de las mayores incomodidades higiénicas y que los frutos del país y las mercaderías se eternicen en las playas a la espera de vagones.

No hay paliativos ni remedios parciales para esta situación.

El pueblo debe comprender que muchos años de contemplaciones y ambigüedades nos han arrastrado a la situación que hoy hace crisis definitivamente.

Deseo que el pueblo conozca este problema en sus verdaderos términos y que no crea que actuamos urgidos por una situación caótica y en busca de soluciones de emergencia. Sin negar la gravedad actual y notoria del problema ferroviario, sus causas son más profundas y sus remedios deben ser absolutamente orgánicos.

Hay que distinguir claramente entre la cuestión de liquidar el déficit de los ferrocarriles y la cuestión de reestructurar y racionalizar los servicios en función de las nuevas necesidades de un país de desarrollo. Son dos problemas diferentes, aunque relacionados entre sí. Voy a referirme por separado a estos dos aspectos.

EL DÉFICIT

El déficit de un servicio público no siempre es antieconómico. Muchas veces el Estado lo afronta, sea directamente cuando el mismo Estado lo explota o indirectamente cuando subsidia a concesionarios privados. En ambos casos se entiende que el fisco –o sea el contribuyente en general- está obligado a enjugar las pérdidas de un servicio público por razones de fomento o por razones sociales que benefician a la comunidad en su conjunto. En Norteamérica y en Europa funcionan sistemas ferroviarios, estatales o privados, subsidiados por el fisco. Pero el déficit de un servicio público es antieconómico y perjudica a la comunidad, cuando el resultado de una falla estructural del servicio, o de una mala administración, o de una desorganización evidente, o de todas estas cosas a la vez. Entonces, no se justifica que el contribuyente se sacrifique para pagar errores y corruptelas del sistema. En el caso de los ferrocarriles norteamericanos y europeos que hemos mencionado, dichos ferrocarriles prestan un servicio eficiente, altamente racionalizado. Sus pérdidas no son fruto del mal servicio, ni del desorden de su administración, sino de causas ajenas a su propia estructura como, por ejemplo, la competencia de otros transportes o la vigencia de tarifas de fomento. El Estado absorbe esas pérdidas porque es necesario mantener el servicio para beneficio del usuario.

En nuestro caso ocurre todo lo contrario: estamos obligando al contribuyente a pagar las pérdidas de un servicio pésimo, que lejos de beneficiarlo lo perjudica.

¿A qué se debe que nuestro sistema ferroviario sea antieconómico? No lo es porque arroje pérdidas sino porque no cumple la función que debe cumplir. Entonces, no se justifica el enorme déficit anual de veintitrés mil millones de pesos que es el principal causante del déficit fiscal, pues representa el setenta y cinco por ciento del total del que soporta el presupuesto de la Nación. Cada argentino contribuye con mil pesos anuales a enjugar las pérdidas de un sistema ferroviario que no sirve al país ni a los sufridos usuarios del servicio. El déficit del presupuesto nacional –causado en sus tres cuartas partes por las pérdidas de los ferrocarriles- incide todavía más en los bolsillos de todos los argentinos: no solamente porque salen de ese bolsillo mil pesos anuales por habitante para pagar el déficit ferroviario sino porque el Estado se ha visto obligado a emitir moneda para cubrir el déficit del presupuesto y al emitir moneda para cubrir el déficit del presupuesto y al emitir moneda desvaloriza el peso. Quiere decir que los empleados y trabajadores de todo el país, y los productores y empresarios, reciben por su trabajo una moneda depreciada, es decir, un peso con el cual se compra hoy lo que antes se compraba con cinco centavos. Por consiguiente, cada vez que un ama de casa va al mercado paga de su bolsillo el déficit del presupuesto nacional.

La primera tarea que nos hemos impuesto es la de suprimir, o atenuar al menos, el déficit de los ferrocarriles, con el objeto de llegar a la eliminación total del déficit presupuestario. Para ello hay que racionalizar la explota­ción en todos sus aspectos.

LA FUNCIÓN ECONÓMICA DEL TRANSPORTE

Hemos dicho que nuestro servicio ferroviario no cumple la función que debe cumplir, y esto merece una explicación. El transporte en general (ferrocarriles, líneas aéreas, au­tomotores, navegación fluvial y marítima, etc.) es el sistema arterial de una economía. Del mismo modo que las arterias sirven para la circulación sanguínea a lo largo del cuerpo, las vías de comunicación sirven para la circulación de personas y productos a lo largo del territorio de una nación y se proyecta aun más lejos en el caso del transporte inter­nacional.

En el caso de los organismos vivos, el trazado arterial es inmutable, como es inmutable la constitución básica de los órganos y su emplazamiento en el cuerpo al que per­tenecen.

Pero en la geografía económica de un país, el sistema arterial de las comunicaciones y de los transportes cambia en función de los constantes cambios estructurales de la economía. Los órganos básicos de esta estructura son los centros de producción, los centros comerciales y de con­sumo, los puertos de entrada y salida de productos. Todos estos centros crecen, se transforman, se desplazan y se co­nectan al compás de una evolución que nunca termina. La red de comunicaciones debe crecer, transformarse y di­versificarse en función de esa evolución estructural de la geografía económica.

La verdadera crisis de nuestro transporte en general no consiste en que sea caro y produzca déficit, sino en que ha quedado inmutable en un cuerpo nacional que en estos momentos crece y se transforma rápidamente. Es un siste­ma arterial insuficiente, anárquico y desconectado de las necesidades de los órganos que debe servir.

NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA

Para la Argentina agropecuaria del siglo pasado y comien­zos del siglo presente, bastaba una red de comunicaciones que conectara las praderas donde se cultivaba el cereal y crecía el ganado, con el puerto de Buenos Aires donde se comercializaban; se consumían en gran parte y se expor­taban, el cereal, la carne y la lana.

El ferrocarril fue casi la única arteria que conectaba este sistema y llenó una gran función civilizadora.

Pero la Argentina de hoy no es la misma de nuestros abuelos. Hoy se produce tabaco, arroz, té, yerba mate, oliva, fruta, azúcar y centenares de productos agrícolas, forestales y mineros en todo el país, desde: La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Ni siquiera hay regiones específicas para cada cultivo, pues casi todas nuestras provincias han diversificado su producción dentro de sus fronteras.

Tampoco es Buenos Aires el único centro industrial y comercial del país. Tenemos una actividad manufacturera y mercantil de grandes proporciones en populosas ciudades del interior y aún las más pequeñas crecen a un ritmo notable.

Sin embargo, esta nueva y pujante geografía económica argentina que se expresa en petróleo y el gas de la Pata­gonia y del norte, en los yacimientos minerales y las acerías, en las radicaciones de industrias de toda índole, sufre la parálisis y el anquilosamiento del transporte, es decir del sistema arterial que debería comunicar esos centros entre sí, llevando las materias primas a las plantas transformadoras y los productos terminados a los centenares de centros con­sumidores de toda la República.

Los ferrocarriles no cumplen esa función, porque su trazado en abanico converge hacia Buenos Aires y porque carece del material indispensable para transportar los frutos del país y las mercaderías que se deterioran en largas esperas en las playas y depósitos.

Nadie produce trigo para que se deteriore en los depó­sitos ni vacas para que adornen el paisaje, ni naranjas para que se pudran en el árbol. Nadie puede fabricar automotores si no hay caminos. No pueden levantarse ace­rías si el mineral y el carbón no llegan a la planta. Para estos productores el ferrocarril no existe y los caminos son insuficientes. Entonces se ven obligados a restringir su producción, pues no tienen posibilidades de venderla. Entretanto, la capacidad de carga de los ferrocarriles dismi­nuye año a año a la par que aumenta el costo de explotación. Así, en 1960, los ferrocarriles disminuyeron en seiscientas treinta mil toneladas la carga transportada con relación al año anterior.

En definitiva, el desarrollo de la producción y el comer­cio depende del transporte. No solamente del transporte ferroviario, sino del fluvial, el marítimo, el automotor y el aéreo.

Es necesario reestructurar todo el transporte nacional en función de las nuevas necesidades de un país también nuevo y en franco desarrollo. Es necesario coordinar las vías férreas con los caminos y los otros medios de comunicación por agua y por aire:

El transporte nacional es un anacronismo en nuestra evolución económica. Y este anacronismo es, a su vez, causa del déficit ferroviario y de los otros transportes. Por eso he dicho que no basta con eliminar el déficit. Hay que eliminar la estructura antieconómica del transporte nacio­nal en todas sus ramas.

VIAJAR DECENTEMENTE

Nos preocupa este factor de estancamiento económico que son nuestros ferrocarriles en su estado actual. Nos preocupa la incidencia de sus cuantiosas pérdidas en el déficit del presupuesto nacional. Pero no menos preocupación nos suscita la suerte de los trabajadores, los emplea­dos, los estudiantes y las mujeres que sufren la cotidiana humillación de las interminables esperas en los andenes, de los empujones al ascender a los coches, de la falta de higiene en los vagones y sus instalaciones sanitarias, del retraso en los horarios y del peligro de viajar colgado del estribo. Estamos resueltos a terminar con esta vergüenza, cueste lo que cueste. Nos comprometemos a no omitir sacrificios y a no perder tiempo para hallar inmediata solu­ción a todo esto. Las autoridades pertinentes están traba­jando activamente para arbitrar los medios técnicos nece­sarios que se traduzcan en un alivio considerable en la co­modidad del transporte de pasajeros, tanto ferroviario como automotor.

HABRÁ TRABAJO PARA TODOS

Es necesario que los obreros y empleados del transporte nacional sepan que lo que el Estado se propone, con el apoyo de todo el pueblo, es abrirles perspectivas para mejo­rar sustancialmente sus salarios, su nivel de vida y sus derechos profesionales, mediante la transformación de un grupo de entes deficitarios en otros florecientes y capaci­tados para dignificar su trabajo. Que sepan que ni un sólo obrero y empleado ferroviario verá sus derechos sociales y laborales afectados injustamente; y que los hombres con vocación ferroviaria hallarán las oportunidades que ahora les están negadas, debido a que no hay perspectivas para los agentes de un servicio que gravita sobre la economía nacional con pérdidas que constituyen más del 75 % del déficit fiscal.

Vuelvo a repetir, con el mayor énfasis, lo que ya dije en ocasión de informar lo resuelto en el último acuerdo de gabinete. Ni uno solo de los trabajadores, quedará, en el desamparo. Es menester que las empleados y obreros fe­rroviarios entiendan que los trabajadores están organizados en gremios, pero no divididos en gremios. Existe una coin­cidencia fundamental de intereses entre todos los gremios. Ella reposa en la utilidad final de la tarea que cada uno de ellos cumple, es decir en el rendimiento económico del trabajo de todos sus integrantes. La clase obrera toda pa­dece y el objetivo mismo de la organización gremial fracasa, cuando los intereses de grupos se contraponen a los intereses del conjunto. Porque el interés del conjunto, a su vez, protege el de cada uno de los grupos. En definitiva, la abundancia de trabajo, la eliminación del déficit que de­teriora el valor real de los salarios, dependen en gran parte de esta racionalización de los transportes. Y, en este punto, coinciden los intereses particulares de los ferroviarios, con los de los trabajadores en general y los del país entero.

En mi reciente conversación con dirigentes gremiales ferroviarios pude apreciar su intima comprensión del problema y su deseo de colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones orgánicas.

El gobierno no rectifica en lo más mínimo su decisión de actuar en estrecho contacto con los trabajadores del riel y sus entidades gremiales para hallar dichas soluciones.

Pero comprende que es necesario tomar medidas urgentes tendientes a lograr una inmediata mejora del servicio y entiende que ellas no son incompatibles con las soluciones de fondo a que se arribará en el futuro.

Por consiguiente, sin perjuicio de la intensa labor que se está cumpliendo en virtud del decreto 853/61, el Poder Ejecutivo incorporará al servicio, con carácter de urgencia, las unidades y material que sean necesarios para corregir el desastroso deterioro del sistema ferroviario, así como adoptará medidas de racionalización que se traduzcan de inmediato en mayor eficiencia en la atención del público.

No puede postergarse un día más la satisfacción de las justas demandas del público usuario. Todos debemos asu­mir las responsabilidades al pueblo y actuar con exacta comprensión de la gravedad del problema. En adelante, el pueblo no perdona ni los errores de la dirección ni los errores de los funcionarios y los trabajadores, porque el objetivo común de todos ellos debe ser servir al público en la mejor forma posible, tratando de subsanar con el esfuer­zo de jefes y empleados las deficiencias orgánicas del sis­tema hasta que estos sean en definitivamente superados.

El pueblo no comprendería que nos cruzáramos de bra­zos con el argumento de que el problema es complejo y demanda largos y meditados estudios. Repito que no hay incompatibilidad entre las medidas de largo alcance y las medidas de urgencia que el gobierno está aplicando, con decisión irrevocable. Con igual resolución afirmamos que los ferrocarriles serán siempre nacionales y que no se piensa en enajenarlos: pero esto no impide que se entreguen a la iniciativa privada aquellos servicios auxiliares y secun­darios que pueden ser prestados por concesionarios en con­diciones más económicas y convenientes para el público. Esos concesionarios pueden ser los mismos obreros ferro­viarios que, organizados en cooperativas, podrían brindar un mejor y eficaz servicio, desgravando además el presu­puesto, y obteniendo para sí mismos importantes beneficios económicos.

En esta nación, cuya economía se transforma, habrá cada día mayores oportunidades de trabajo para los hombres y mujeres que tengan voluntad de mejorar su condición. Dentro del cuadro mismo del transporte, abundarán las ocasiones de empleo bien remunerado y con porvenir.

Incluso habrá aumentos de salarios, pero ello será consecuencia de la racionalización de los servicios.

LAS SOLUCIONES

Quedan así expuestos los temas fundamentales surgen de un problema que afecta, de manera decisiva, a toda la vida económica del país. Quiero ahora sintetizarlos brevemente.

Se ha comprobado que el hecho de que el sistema ferroviario no responda a nuestras necesidades actuales es la principal fuente generadora del déficit presupuestario que padecemos. Ello se debe al trazado anacrónico de la red, a la imposibilidad de reponer el material envejecido en la medida de las necesidades más inmediatas y a la falta de racionalización que multiplica varias veces el costo de tonelada-kilómetro-hora, y, además, inmoviliza el material, degrada los servicios, e imposibilita la mejora de los salarios.

Además, los obreros y empleados del transporte nacional son las primeras víctimas de un déficit que impide que sus remuneraciones alcancen el justo nivel.

Finalmente; los talleres de reparación no corresponden a las necesidades de la Empresa, ni los servicios adicionales a las necesidades y legítimos derechos de los usuarios.

Por todo ello, nuestras metas concretas para solucionar el problema consistirán en:

l°) liquidar el déficit de las empresas ferroviarias me­diante el cambio de estructura de todo el sistema y su adecuada racionalización;

2°) asegurar una fluida intercomunicación entre todas las regiones de nuestra extensa geografía.

3°) eliminar vías inútiles y antieconómicas y remover el material;

4°) proporcionar al país un sistema coordinado de comu­nicaciones que promueva sus riquezas, unificando el mer­cado nacional tal como lo demandan productores y consu­midores;

5°) reordenar los transportes en todas sus ramas, ponién­dolos al servicio del país y de los usuarios, brindando ga­rantías de eficiencia a los productores y de seguridad, pun­tualidad, comodidad e higiene a los pasajeros.

En la medida en que vayan siendo cumplidas estas eta­pas, el Gobierno está dispuesto a adquirir los materiales necesarios para lograr que nuestro sistema de transporte sea tan eficaz y económico como los que existen en las naciones más adelantadas.

HOY, NO MAÑANA

El pueblo tiene derecho a preguntarse: ¿podremos ver realizadas estas esperanzas?

Me atrevo a contestar categóricamente: sí, las veremos realizadas. El gobierno hará su parte, sin vacilaciones. Y el gobierno confía en que todos los sectores interesados harán también su parte. Existe una conciencia nacional de que el país tiene que salir adelante con el esfuerzo patriótico de todos los argentinos. De que no hay interés particular que predomine sobre el interés del pueblo en su conjunto. Y de que la ocasión es ahora y no mañana. Con este genuino espíritu de liberación nacional y teniendo como único objetivo el bienestar de todos, el pueblo y el gobierno emprenden confiados esta nueva batalla por la conquista del porvenir.





Fuente: Discurso pronunciado por radio y televisión del presidente de la nacion Dr. Arturo Frondizi, desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el 5 de junio de 1961.

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viernes, 27 de octubre de 2023

Semanario Impacto: "Reportaje a Solari Yrigoyen por veto a la ley 20926" (24 de diciembre de 1974)

El veto del Poder Ejecutivo nacional a la ley de creacion del Colegio Nacional Gobernador Jorge Galina me parece una medida desafortunada. Entiendo que la Presidente de la Republica la ha tomado con una mal asesoramiento del Ministerio de Educación.

No se quienes son los responsables. Tampoco conozco el grado de participacion de la Presidente en esto, aunque presumo que no ha de haber sido nada más que colocar la firma a lo que le llevó el ministro especifico. Pero lo que si sé es que el veto, como dijo el semanario “Impacto”, es el veto a la aspiracion de un pueblo.

Puerto Madryn ha triplicado su poblacion. Hoy en dia hay muchisimos alumnos que desean estudiar el bachillerato en una escuela pública y gratuita y que no tienen donde hacerlo salvo que viajen todos los dias a Trelew, haciendo 134 kilometros y llegando tarde a los cursos.

Tambien hay que computar que Puerto Madryn y su zona serán sede a breve plazo de institutos universitarios. No se comprende cómo va a haber aquí universidad y no va a existir el colegio público que permita el acceso a esa universidad, otorgando el titulo correspondiente.

Esta no es una batalla definitavamente perdida. Creo que hay que insistir en la lucha para obtener su colegio nacional. Es por eso que cuando informé oficialmente a la prensa sobre la medida, confirmando lo que habia anticipado el semanario “Impacto”, señalé; a los numerosos padres, estudiantes y vecinos que me alentaron a presentar el proyecto y a la inmensa mayoria del pueblo, sin distincion de ideas o partido, que saludaron su aprobacion con alegria al ver satisfecha una necesidad de la zona de Pueryo Madryn, les digo que seguiré luchando para obtener la creacion del colegio nacional.

Es bien notorio que la Escuela Nacional de Comercio, por otra parte, tiene escacez de bancos. De manera que el argumento fundamental de que Puerto Madryn no necesita un colegio nacional esta desvirtuado. Además, la afirmacion del ministro de Educacion de que es una erogacion innecesaria es otro equivocó, por cuanto el Estado tiene la obligacion de pagar los estudios y no puede delegarla a nadie. Si puede llamar en su ayuda a otras instituciones, pero nunca dejar de prestarlas en primer termino.






Fuente: Reportaje al senador nacional Hipólito Solari Yrigoyen sobre el veto a la ley 20926 publicado en el semanario “Impacto” de Puerto Madryn, 24 de diciembre de 1974.

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lunes, 21 de agosto de 2023

Manuel de Arma: "Eliminacion de la prohibicion electoral Mercante" (21 de diciembre de 1989)

ANTECEDENTES:

La segregación y la consiguiente utilización del término HOMOSEXUAL en forma peyorativa, nos llevan a no advertir el verdadero significado de la patología social a la cual hacemos referencia, sólo nos importa remarcar la enfermedad haciendo hincapié en una diferenciación sin fundamento lógico.

La realidad de hoy nos enfrenta a una mayor evidencia de la patología, obligándonos a no ignorarla. Creyendo necesario que el enfoque de dicha problemática sea tomado desde un punto de vista mucho más abarcativo y real, ya que el abordaje terapéutico y legal resultan insuficientes. La homosexualidad como tal, debe ser estudiada en relación a problemas tales como el rol de la familia, y el fuerte impacto de la modernización y crecimiento de las áreas metropolitanas, con las debidas consecuencias de masificación y pérdida de identidad de los individuos que la componen.

Dos pueden ser los aspectos fundamentales en los que sustentamos nuestra postura. El primero, basándose estrictamente en el análisis de la patología como tal, y desde el punto de vista psicoanalítico es una enfermedad y como tal, quienes la padecen no deben ser segregados. Ahora bien, este tipo de conductas sociales nos llevan a plantearnos cuestiones como ¿qué pasa con nosotros, por qué el aislar a quienes identificamos como homosexual?

La respuesta a esto nos lleva a abordar el segundo aspecto de este problema y tal vez el fundamental para un legislador. La homosexualidad, las neurosis, las drogadependencias, etc., son síntomas de una sociedad en crisis, decadente, que pretende mediante las ignorancias u olvidos no asumir sus errores como tal, sin aceptar que en ella, crecen y se desarrollan individuos incapacitados de asumir los roles preestablecidos, como consecuencia de la alta competitividad y exigencia social.

En la comprensión de este fenómeno se encierra un desafío a la sociedad como tal, asumiendo que es un síntoma y no una enfermedad, relacionado íntimamente con los cambios sociales abruptos, destruyéndose así las relaciones sociales formadoras de la personalidad. Utilizando métodos policiales para asumir un síntoma no disminuimos el problema social, pero tampoco recomendar tolerancia, puesto que desvía el objeto del presente análisis. Basándonos en lo anteriormente, expuesto, concluimos:

a) Es aberrante en la sociedad moderna, de la cual nos jactamos de pertenecer, amparándonos en los justos derechos humanos, condenar a la marginalidad a individuos resultantes de nuestra falta de calidad humana.

b) La tarea del legislador no se suscribe solamente a legislar para élites, sino interpretar realidades sociales para luego plasmarlas en leyes que se ajustan a realidades sociales y así darles verdadera solución.

c) Que exista en nuestra legislación provincial un artículo que proscriba el derecho a emitir el voto, el ocupar cargos electorales a los homosexuales realmente, es ir en contra de los derechos individuales y universales de todo ciudadano.













Fuente: LEY NÚMERO: 11019 - SUPRIMIENDO EN EL INCISO 3 DEL ARTICULO 3 DE LA LEY 5109 -LEY ELECTORAL- EL ITEM L). SOBRE ELIMINACION DE LA PROHIBICION DE EMISION DE VOTOS POR PARTE DE HOMOSEXUALES. Expediente Origen: E- 128/89-90 Período Legislativo: 117. Autor: DE ARMA MANUEL JORGE (UNION CIVICA RADICAL) – Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, 21 de diciembre de 1989.



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lunes, 31 de julio de 2023

El Chubut: "El día en que los fiscales radicales le ganaron una Gobernación al peronismo" (30 de octubre de 2018)

Hubo una historia épica. La de un grupo de dirigentes del radicalismo provincial que ya a principios de los setenta había amarrado fuertes lazos con Raúl Alfonsín, que venía enfrentando a los sectores tradicionales del partido encarnados en Línea Nacional. Una vez puesta en marcha la actividad pre electoral y la reorganización de los partidos políticos, los radicales de Chubut lograron organizarse y ganar una elección por la que sufrieron una semana entera. Y esa es la historia mínima que vale la pena contar hoy, a 35 años de las elecciones que nos devolvieron la democracia a todos los argentinos.

El 30 de octubre de 1983 fue de algarabía plena en Trelew. Ni bien cerró la votación, los dirigentes radicales que manejaban información fina desde Buenos Aires, y desde Chascomús donde Raúl Alfonsín estaba instalado en su comando electoral, ya descontaban dos triunfos. El primero, el de Alfonsín a la presidencia de la Nación con un resultado histórico: 51,75 % de los votos frente a poco más del 40 % de Italo Lúder. Sólo quedaba la formalidad del Colegio Electoral vigente por entonces, antes de la reforma de 1994. La otra victoria clara fue la de Alfredo García para la intendencia de Trelew.

Los festejos en la calle San Martín, frente al Comité de entonces, fueron un verdadero carnaval con los colores rojo y blanco de la UCR y morado del Movimiento de Renovación y Cambio que Alfonsín, que con su carisma enorme, lideraba. Abrazos interminables, llanto a mares, emoción, corazones latiendo a mil, la marcha radical atronando en los parlantes, los dirigentes que se asomaban y alguien decía «ganamos en tal o cual lugar».

Pero hubo esa noche una elección en suspenso. La elección entre el radical Atilio Viglione y el peronista Hebe Corchuelo Blasco pendía de un hilo. El peronismo reclamaba la victoria y había instalado un «triunfo». Entonces no existían las redes sociales, pero había muchas caras sombrías entre los dirigentes del partido de Alem e Yrigoyen. Sin embargo, uno de los más optimistas, apurado, febril detrás de las planillas, enfocado en no perder ni una, era José María Sáez, presidente del partido.

José ya era en 1983 un «viejo zorro» de la política. Y había encabezado personalmente la instrucción de los fiscales de mesa y de los fiscales generales del partido. Una larga docencia en el Comité de la UCR en la calle San Martín de Trelew, a veces a domicilio, o en las oficinas de Diario EL CHUBUT, que José dirigía como fundador y socio propietario.

Ocurría que Sáez no confiaba en los presidentes de mesa -que por supuesto, la UCR no controlaba- ni en los empleados ni autoridades del correo. «El problema no era el miedo a la trampa, sino a la inexperiencia, y a que hicieran cualquier cosa con los cómputos», cuenta un testigo de aquellos hechos.

José hizo instruir luego a todos los fiscales radicales del interior. A quienes militaban en el radicalismo, les explicaron que debían observar en las filas cualquier indicio de robo de boletas, «voto cadena», cambio de votos, o lo que fuera. Cualquier movimiento sospechoso era controlado y reportado a los fiscales generales de las escuelas, y se iba llevando un conteo riguroso de lo que ocurría adentro de los cuartos oscuros con cada cambio de boletas. Una maniobra que los fiscales usan con la excusa de «reponer», pero que en realidad todo el mundo utiliza para ir llevando un «boca de urna» aproximado.

Sáez armó luego un sistema de transporte de los datos que los fiscales iban arrimando, y de las planillas que se habían confeccionado con el escrutinio. «En un momento, José era el único que decía que habíamos ganado», recordó un dirigente de entonces. El veterano presidente del partido confiaba plenamente en el escrutinio propio de los fiscales y en su conteo personal. Incluso, hubo una comunicación entre Sáez y Alfonsín en esa tarde noche, en la que José le dijo al presidente electo: «Ganamos, pero hay que esperar».

Al radicalismo le comían los nervios. Don Atilio Viglione era uno de los más ansiosos. Le pedía datos a todo el mundo, hasta que José, Mario Cimadevilla, Luis García, Carlos Maestro y otros lo calmaban.

Hubo que ir al recuento definitivo en la Legislatura. Habría varios días de suspenso.

Sáez se llevó a un jovencísimo Mario Cimadevilla al recuento. «Los peronistas van a discutir todo. Nos instalamos allá», ordenó José. Y así fue. La primera tarde se pasaron discutiendo si se contaban los votos con planillas o se abrían las urnas. Y se optó por esto último. Las peleas por cada boleta fueron a brazo partido. En Comodoro hubo que votar en urna complementaria, para decretar la victoria del peronista Mario Morejón a la intendencia, por sobre el radical Camarda.

Finalmente, una semana más tarde, se confirmó que por sólo 747 votos, menos del 1 % del total, Don Atilio Viglione sería el nuevo gobernador de Chubut, y el primero de la democracia.

Esa elección la ganaron los fiscales, la concentración y la contracción al trabajo de Sáez sobre todo en la previa de la elección y en el mismo escrutinio, y por supuesto, los 44.424 chubutenses que votaron por Atilio Viglione y Juan Carlos Altuna.

Chubut era una fiesta de la democracia, con «capital» del alfonsinismo en Trelew. Hoy, se cumplen 35 años de aquella refundación de nuestra patria.






Fuente: “El día en que los fiscales radicales le ganaron una Gobernación al peronismo: Una historia mínima de las elecciones en Chubut, el día en que recuperamos la democracia.” por REDACCIÓN Diario EL CHUBUT, 30 de octubre de 2018.

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