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martes, 28 de julio de 2015

Arturo Frondizi: "La Unión Cívica Radical y el futuro argentino" (27 de julio de 1955)

En mi carácter de Presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical me dirijo al pueblo de la República para exponer la conducta del Radicalismo en esta hora difícil para la Nación.

El señor Presidente de la República anunció su propósito de pacificar el país, y solicitó la opinión de los partidos políticos. La Mesa Directiva del Comité Nacional dió a conocer, inmediatamente, sus puntos de vista, ratificando el contenido de su declaración del 29 de junio pasado, en el que afirmó que no puede haber pacificación del país si previamente no se restituyen al pueblo todas sus libertades.

La respuesta de la Unión Cívica Radical está dada, por otra parte, por más de sesenta años de actuación política en defensa de los ideales e intereses del pueblo argentino. Por lo tanto, para el Radicalismo las bases de la pacificación no pueden ser otras que las finalidades por las cuales viene combatiendo desde el instante de su avenimiento a la vida nacional.

Asimismo, debe recordarse que la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, en su sesión del día 8 de diciembre de 1952, dictó una resolución en la que afirmó, de modo categórico, la necesidad de la convivencia entre los argentinos. En esta oportunidad se dispuso “Formular un solemne llamamiento al sentimiento de responsabilidad nacional para que, con visión de Patria, se restablezcan las condiciones de convivencia y de unión entre los argentinos, que se basan en el retorno leal a la Constitución y en la vigencia efectiva de las garantías que configuran el clima de dignidad humana”. En eso estábamos entonces. En eso estamos hoy.

CUATRO ADVERTENCIAS

Antes de recordar cuales son esas finalidades y los requisitos institucionales de la pacificación, deben formularse cuatro advertencias.

Primera advertencia: desde su advenimiento a la vida cívica argentina, el Radicalismo ha bregado desde el llano y ha propugnado desde el gobierno el cumplimiento total y la vigencia plena de la Constitución Nacional. Por ello entiende que la pacificación debe venir hoy por el camino de una recta aplicación de la Constitución y no acepta, bajo ningún pretexto, soluciones que de cualquier manera, restrinjan o violenten el sistema representativo, republicano y federal.

Segunda advertencia: no entraré al examen de las causas determinantes del drama nacional. Al Radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. No viene a expresar agravios ni a exhibir culpabilidades sino a exponer las grandes ideas en torno de las cuales será posible el reencuentro de los argentinos. Por lo demás, nuestra lucha nunca estuvo dirigida contra personas o grupo de personas, sino contra sistemas políticos y sociales del pasado y del presente que, si subsistieran, negarían altura y nobleza al porvenir.

Tercera advertencia: La pacificación no puede ni debe ser una nueva forma de sometimiento. Queremos la paz pero no a costa de la libertad ni de la renuncia a nuestros ideales democráticos. Desde ya afirmamos que, antes de sacrificar una sola de esas reivindicaciones preferimos ser perseguidos por nuestra lealtad a la causa del pueblo y no gozar de la tranquilidad cómplice que pudiera obtenerse, traicionándolo.

Cuarta advertencia: La Unión Cívica Radical señala y exige hechos concretos. La pacificación sólo podrá resultar del cumplimiento de un conjunto de condiciones objetivas que moralicen y democraticen al país. Moralización y democratización que ninguna promesa verbal puede sustituir.

EL PUNTO INICIAL

Hechas estas salvedades, puedo ya referirme a las medidas concretas indispensables para crear un clima de paz que permita la discusión elevada y constructiva de los grandes problemas nacionales, de las doctrinas y de los programas de gobierno.

Declaramos firmemente que no podrá haber pacificación mientras no se adopten medidas urgentes que restablezcan la vigencia plena de la Constitución. El primer paso en este sentido, inexcusable e inmediato, es el levantamiento del estado de guerra interno, cuya derogación reclamamos desde hace más de tres años.

Y será siempre fuente de perturbación la existencia de argentinos separados violentamente de sus hogares por razones de militancia política. Esto hace también necesaria la sanción inmediata de una amplia amnistía que  comprenda a cuantos sufren persecución, cárcel o destierro, por haber defendido sus ideales.

LOS BIENES VULNERADOS

Estos actos, que son urgentes e inexcusables, deben preceder a medidas concretas que configuren una reparación de los bienes sociales fundamentales: la moral, la libertad, la justicia, la democracia, la cultura y la soberanía política y económica. Lo contrario significaría agudizar el padecimiento nacional, agravar las causas de rebeldía, y exponer al país a los riesgos de nuevos estallidos de violencia.

En virtud de ello, afirmamos:

La pacificación obliga a moralizar: el peculado y el soborno pueden servir para afianzar un poder político en forma inmediata, pero minan las bases de sustentación de la nacionalidad. Es, pues, indispensable y urgente restaurar los fundamentos éticos de nuestra convivencia y despejar la atmósfera de corrupción que envuelve a la vida del país. La Nación exige, con urgencia, austeridad republicana en sus hombres y en el funcionamiento de sus instituciones.

La pacificación obliga a liberar: solamente en la plena vigencia de las garantías jurídicas y de las condiciones sociales que permitan ejercerla – temor a la represión -, a todos los hombres y mujeres, los derechos de pensar, de profesar su culto, de reunirse, de asociarse, de publica y difundir ideas, y de todos aquellos derechos que la letra de la Constitución asegura y la dignidad humana exige, podrá restablecerse  una convivencia civilizada. Para ello, deben ser derogadas todas las disposiciones legales y policiales creadas para limitar o suprimir las libertades esenciales: decreto de seguridad del Estado; ley de espionaje y sabotaje; ley de residencia; ley reglamentaria de reuniones públicas y demás disposiciones concordantes.  Debe abolirse la afiliación partidaria compulsiva y suprimirse las contribuciones forzosas de salarios o aportes especiales que deben realizar obreros, empleados, profesionales y comerciantes con destino a organizaciones del partido oficialista. Para afirmar el concepto democrático de la libre agremiación, deben levantarse las intervenciones que pesan sobre los sindicatos y devolver su plena autonomía a las organizaciones de trabajadores.

Para que nadie tema el futuro, nosotros aseguramos que nadie será castigado por el hecho de haber estado obligatoriamente afiliado a una organización política oficialista. Y ello es así porque lo que el Radicalismo quiere es reparar y no castigar.

La pacificación obliga a restaurar la justicia: cuando al justicia se convierte en instrumento de partido y en medio de persecución, pierde sus funciones eminentes de guardiana de la ley y de la igualdad. Destruida la independencia de poderes no hay garantías para el ciudadano y queda abierto el camino del prevaricato y de la corrupción.

El país necesita jueces sin afiliación política, que resguarden los derechos de todos los habitantes.

La pacificación obliga a democratizar la vida política: debe terminar la identificación entre el Estado y el partido oficialista de modo que los poderes públicos y los funcionarios se mantengan como jueces en los procesos políticos electorales y no como actores que favorecen a uno de los grupos actuantes. Deben restablecerse las bases federales y comunales de nuestra organización política, células básicas de la democracia argentina. Las disposiciones sancionadas para trabar la acción y hasta la existencia de las agrupaciones opositoras deben ser abolidas. La ley electoral vigente, que burla los pronunciamientos electorales y priva de representación a grandes contingentes populares y contribuye a posibilitar la mediatización de las Cámaras Legislativas, debe ser derogada.  En cambio, debe crearse normas que aseguren la igualdad de todos los partidos y les permitan vida plena y autónoma, y sistemas electorales basados en la experiencia política argentina que, necesariamente, debe conducirnos a la restauración de la Ley Saenz Peña. Esto debe completarse con nuevos padrones realizados con el control de los partidos políticos. Debe permitirse que todos los partidos hagan llegar su palabra y su prensa a todos los ámbitos para difundir su denuncia, su mensaje o su aplauso. Mientras esto no se haga, toda consulta electoral estará sospechada de fraude. Y, producido el pronunciamiento popular en condiciones democráticas, debe respetarse su resultado cualquiera fuere – por Gobierno y partidos – sin allanamientos de autonomías como ha ocurrido con las comunas bonaerenses y cordobesas intervenidas.

La pacificación obliga a defender la cultura argentina: Los establecimientos de enseñanza, escuelas, colegios y universidades, utilizadas ahora para difusión de propaganda política, deben tener, en cambio, como función primordial, contribuir a la formación de la personalidad humana y ser objeto de una profunda transformación educacional con sentido pedagógico, popular y nacional, sin olvidar, desde luego, la plena autonomía universitaria. Así lo quiso la Reforma Universitaria de 1918, que el Radicalismo auspició desde el Gobierno y que la Unión Cívica Radical se ha comprometido a reponer. Debe cesar la persecución a estudiantes, maestros, profesores, científicos, técnicos, artistas e intelectuales y contra las agrupaciones culturales independientes, que condenó a los primeros al silencio, al confinamiento o a la expatriación, y clausuró o deshizo a las segundas. En el mundo contemporáneo, el desarrollo de las naciones y de los pueblos está íntimamente ligado al mantenimiento de altos nivele científicos, técnicos, filosóficos y artísticos. Para que la investigación científica y técnica, y la creación filosófica y artística se desarrollen en nuestro país hace falta libertad y la eliminación de toda discriminación política. Y, solamente en la plena vigencia de la libertad de creación y de investigación, el espíritu nacional encontrará la senda de su recuperación y de su engrandecimiento.

La pacificación obliga a defender la soberanía económica: la Unión Cívica Radical exige el rechazo del proyectado convenio con una empresa petrolera foránea, porque ese convenio enajena una llave de nuestra política energética, acepta un régimen de bases estratégicas extranjeras, y cruza la parte sur del territorio patrio con una ancha franja colonial, cuya sola presencia – si el convenio se sancionara – sería como la marca física del vasallaje. Sostenemos que Yacimientos Petrolíferos Fiscales está en condiciones de satisfacer las exigencias del consumo si se le facilitan los equipos que necesita y que el país puede pagar. Esta política del petróleo, complementada con el aprovechamiento integral del potencial hidroeléctrico, nos permitirá alcanzar la autonomía energética y la preservación de los yacimientos de uranio argentino, hoy amenazados, y abrirá insospechadas perspectivas a nuestro futuro industrial.

LAS TRANSFORMACIONES DE FONDO

Todas estas condiciones, una vez satisfechas, creará el clima de libertad que el país necesita para alcanzar la paz interior. Alcanzada la paz, no terminan las obligaciones de los partidos políticos, pues, cada uno debe expresar, con lealtad, las transformaciones de fondo que se propone realizar. La democracia no quedará definitivamente asegurada hasta que no se eliminen las raíces sociales, culturales y económicas que han hecho posible tanto dolor argentino.

La Unión Cívica Radical no quiere que perdure el sistema que ha llevado al país a esta difícil encrucijada, ni acepta volver al régimen del 3 de junio de 1943, contra el cual combatió durante 13 años. La disconformidad del Radicalismo con el presente no significa conformidad con el pasado que hizo posible este presente. Para que la Argentina puede desarrollarse conforme los dictados de su historia y de su realidad física y humana, la Unión Cívica radical sostiene que deben cumplirse transformaciones profundas, contenidas en sus formulaciones programáticas, referentes  a la política cultural, económica, social e internacional del país.

ASPECTOS ECONÓMICOS

A lo largo de nuestra historia, los privilegios económicos representados por el latifundio, el monopolio y la penetración imperialista han actuado como factores paralizantes. Junto a ellos ha ido desarrollándose una burocratización excesiva que gravita sobre las actividades privadas, cuya libre iniciativa es comprimida en toda suerte de restricciones y de complicadas discriminaciones adminsitrativas. El desarrollo nacional exige bases económcias renovadas que alcanzarán, en buena parte, la extirpación de privilegios, de monopolios, y por la sanción de una profunda reforma agraria.

Asimismo es indispensable promover una industria diversificada que abarque todos los aspectos del consumo nacional, desde la industrial liviana hasta la industria pesada. Esta industrialización debe sustentarse en un indispensable  desarrollo de la economía agropecuaria. La estructuración económica debe basarse en las formas democráticas de control popular, que excluyan los peligros de la burocratización, aseguren la eficiencia de las actividades económicas realizadas y resguarden todas las fuerzas positivas de la economía nacional dentro del ámbito de su capacidad creadora.

ASPECTOS SOCIALES

 La revolución argentina, iniciada en 1810, no ha concluido aunque ha sufrido detenciones y desvirtuaciones. Su proceso coincide con el de una revolución y transformaciones mundiales, en pleno desarrollo, en el que juegan parte primordial, los aspectos sociales. La afirmación que ha hecho el señor Presidente de la República, de que los partidos populares respetarán y perfeccionarán las conquistas sociales, es, en lo que interesa al Radicalismo, completamente exacta. No es posible retroceder un paso en ese terreno, antes bien por el contrario, muchos pasos deberán ser dados hacia adelante.

Volver a un régimen de libertad no supone retornar a viejos criterios conservadores. La libertad no es una mera expresión formal. Para ser plena y efectiva debe penetrar hasta el fondo de las relaciones sociales y eliminar ellas las causas de la inseguridad, de la expoliación, del atraso económico y del desamparo moral.  Cuando la Unión Cívica Radical habla del perfeccionamiento de las conquistas que los obreros lograran en los años de lucha quiere decir tres cosas:

Primero: que abarcarán a todos los sectores de la población y brindarán cada vez mayor participación en la vida nacional a más personas.

Segundo: que comprenderán más aspectos de la vida social e individual de modo que quienes trabajen estén realmente protegidos en todas las etapas de su existencia.

Tercero: que tendrán base nueva, porque dependerán no de la voluntad de un hombre o de un partido, sino de la ley y de la existencia de poderosas organizaciones sindicales fundadas en la libertad de agremiación, investidas del derecho de huelga, y liberadas de dirigentes al servicio de un partido. Los gobernantes, los políticos o los partidos que por medios directos o indirectos procuren limitar el poder de las organizaciones obreras y el mejoramiento de los trabajadores, están destinados a fracasar ruidosamente. Los movimiento sindicales en el país y en el mundo entero son uno de los motores más poderosos que mueven el proceso histórico contemporáneo, tanto en el campo social, como en el económico y en el político.

ASPECTOS INTERNACIONALES

Con referencia a la política internacional, el país no puede marchar por el camino sigzagueante que la ponga, alternadamente, a merced de uno a otro imperialismo. Asimismo, no se debe especular con la posibilidad de una guerra mundial que venga a postergar la solución de los grandes problemas nacionales. La Nación Argentina debe tener una política internacional independiente, específica y afirmativamente propia, basada en la comprensión de que la soberanía política del país, la soberanía económica y la soberanía del pueblo son conceptos indisociables. Es necesario realizar estas tres formas de soberanía y afianzar sobre ellas una política internacional que fortalezca la hermandad solidaria con los pueblos de nuestra América, y que permita actuar a la Argentina como lo quiso Yrigoyen, al servicio de la democracia y de la confraternidad de los pueblos del mundo y de los valores que resumen la causa del género humano.

HACIA LA EMANCIPACIÓN DEMOCRÁTICA

En esta tarea de realización democrática y emancipadora, única que hará perdurable la paz interior, es imprescindible que junto a los partidos políticos actúen los grandes sectores sociales integrantes de la Nación: las fuerzas del trabajo, las fuerzas de la producción, las expresiones del espíritu y de la fe, los intelectuales y las fuerzas armadas.

Por el papel que en las actuales circunstancias históricas desempeñan, me referiré a las fuerzas armadas y a los organismos sindicales. Las fuerzas armadas, creadas, sostenidas e integradas por el pueblo argentino para la defensa de la soberanía y de la Constitución Nacional, no deben intervenir en política, pero tampoco deben amparar a los regímenes que suprimen las libertades o atentan contra la soberanía del país. Aunque deban progresar materialmente, utilizando todos los adelantos de carácter técnico, nunca deben perder la gran tradición de los ejércitos de la Independencia, que sirvieron a la causa de la libertad de los pueblos y no la causa de su sometimiento. Fueron esos mismos ejércitos de la Independencia los que sirvieron, en los hechos, a la democracia de América, de nuestra América, como principio nacional. En el cumplimiento de la gran misión democrática de las fuerzas armadas hallarán el sentido de su participación en la vida nacional y así, al garantizar la integridad del territorio y la integibilidad de sus instituciones de justicia y libertad, fortalecerán las raíces de nuestra independencia, de nuestro modo de vida democrático y de nuestra prosperidad.

Las organizaciones sindicales, libremente constituidas y libremente desarrolladas, integradas por hombres y mujeres que participen libremente en la vida política del país, servirán de fermento del renacimiento democrático y de la transformación social. Como representación legítima de las fuerzas del trabajo, las organizaciones sindicales contribuirán contribuirán al desarrollo nacional con su participación activa en la dirección de la vida económica; en la defensa del patrimonio nacional y en la vigorización de las instituciones democráticas. Los trabajadores estarán, así, unidos con los hombres de ciencia, con los técnicos, con los artistas, con los productores, con los soldados, marinos, aviadores; con todos los argentinos que quieren el bien de la patria.

En este proceso transformador y creador, afirmado en un programa de gobierno coherente y consecuente, y respaldado por un pueblo alerta en su vigilia armada y en su esfuerzo cotidiano, todos los argentinos, sin distingos de credos religiosos, ideologías políticas u opiniones personales, podrán aportar su solución a los problemas del país, con tolerancia, con respecto, con dignidad.

REPUDIO A LOS ACUERDOS

Ésta es la respuesta que la Unión Cívica Radical da al Gobierno, pero para que la conozca todo el pueblo de la República: la da en la forma impuesta por la tradición y la naturaleza de su fuerza cívica.

Como algunos sectores políticos consideran útil alcanzar una convivencia sobre la base de acuerdos de dirigentes, conviene decir una palabra sobre este aspecto del problema. De la encrucijada en que se encuentra el país no podrá salirse mediante acuerdos de dirigentes, pactados a espaldas del pueblo. La conciliación entre dirigentes siempre conduce a un acuerdo en detrimento del pueblo, sobre el que se pretende descargar el peso de los errores  y de la crisis.

La oposición del Radicalismo a discutir la actual situación argentina en sus reuniones de dirigentes políticos se funda en un profundo sentido democrático y en una arraigada confianza en la intuición y sagacidad del pueblo. Sería realmente reconfortante que el país pudiera asistir a un debate público de ideas y de propósitos entre gobernantes y partidos. Si realmente se quiere la libertad es incomprensible que se pueda temer esa libre discusión. Los radicales no la tememos por nuestra profunda fe en la fuerza creadora de los ideales que sustentamos. Tampoco queremos ni aceptamos participaciones en gobiernos. En su hora, el pueblo decidirá quienes dirigirán los destinos del país. El viejo molde de la conciliación otrora practicada por núcleos regresivos de la Argentina, que supone la participación en el poder y recíproco encubrimiento, está proscripto para la Unión Cívica Radical.

Para impedirlo, el Radicalismo reclama la discusión pública y somete su pensamiento y conducta al juicio popular.

Queda dicho el pensamiento de la Unión Cívica Radical y su posición: que el Gobierno y cada uno de los sectores de la opinión pública hagan lo propio. En el libre debate de las ideas y de los programas está la solución del problema que angustia a la vida nacional. La pacificación sólo será posible si se cumplen las finalidades que ha expuesto la Unión Cívica Radical. Nadie podrá encontrarse con el Radicalismo si no es en defensa de la democracia, de los grandes ideales sociales, y de los intereses permanentes e intransferibles de la nacionalidad.

La definición está dada para el país, desde el Radicalismo: con profunda fidelidad a sus contenidos emocionales y a su trayectoria histórica, pero con el corazón y con la mente puestos en la Patria y en el pueblo. Aún cuando el Radicalismo no dispone del poder material, es dueño de una inmensa fuerza moral. No ha de malversarla. Por eso su conducta se inspira en la angustiada esperanza del país, del pueblo y del hombre argentino que ansía vivir, en plenitud, sus derechos democráticos, emancipado del odio y del temor, y liberada del peso de todo privilegio cultural, económico y social.

Sepa el Gobierno cumplir el deber argentino que le demanda la hora actual. La Unión Cívica Radical sabe cumplir el suyo.










Fuente: Discurso transmitido por el Presidente del Comité Nacional doctor Arturo Frondizi, por L.R. 3 Radio Belgrano, el 27 de julio de 1955. Publicado en Visión Desarrollista.




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lunes, 27 de julio de 2015

Eduardo Rivas: "Leandro Alem, De puño y letra" (2014)

Leandro Alem se destacó por múltiples factores, y una de ellos fue por su oratoria.

A lo largo de las páginas siguientes reproducimos algunos de las principales obras del líder radical procurando que ellas manifiesten su ideario.

Se incluye además un informe que Alem realizara sobre la Revolución del 90, en el cual analiza las causas principales de su fracaso.

Asimismo, también forma parte de este volumen los discursos de Alem durante la discusión legislativa de la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, repasamos los principales discursos de Don Leandro Alem, aquel a quien cuando preguntaban por la N de su firma, cuando reseñaba Leandro N. Alem respondía ene de nada


Eduardo Rivas compilador
















Fuente: Aporte de Eduardo Rivas autor de "Leandro, De Puño y Letra", 2014.

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David Viñas: "Hipólito Yrigoyen y Eva Perón" (1981)

Yrigoyen murió en julio de 1933 (...) Mi padre me llevó al entierro de Yrigoyen, yo era un niño y la enorme columna humana que seguía al féretro debía pasar por la avenida Callao en dirección a la Recoleta (ese cementerio de Buenos Aires al cual Borges hacía alusión tan a menudo). Vimos pasar esta multitud desde un balcón del décimo piso donde vivía una amiga de mi padre, que imitaba con obstinación a Libertad Lamarque sin gran resultado. Abajo, en la calle, miles y miles de personas no paraban de corear en un tono ronco y sombrío: “Re... go... yen...” “Re... go... yen”. El ataúd se balanceaba a un lado, luego al otro, por encima de esas olas humanas. Un escuadrón de granaderos surgió pretendiendo escoltar el entierro, pero la gente los silbó, los insultó: debieron renunciar. Allá arriba, en el balcón, a mi lado, mi padre observaba todo esto enrulando su barba. “Somos el parrtido más grande de la Argentina”, gruñó. “Llegamos del Congreso a la Recoleta. Somos numerosos, demasiado numerosos. Pero...”

Eva Perón murió en 1952, yo estudiaba en la universidad y había estado siempre en la oposición, yo era un “opositor” no un “gorila”, no. Matices. Me designaron como delegado de la oposición para recoger el voto de Eva Perón. Había elecciones nacionales, era un día lluvioso y debíamos ir hasta el policlínico de Lanús, en el Gran Buenos Aires, donde acababan de operarla. Alrededor de su cama y de su habitación había una especie de friso compuesto por todos los altos dignatarios del peronismo oficial; muy graves, como de cera. Afuera, cuando salimos por los jardines del hospital para transportar la urna que contenía el voto de Eva Perón avanzábamos –como en una suerte de travelling– en medio de una multitud de mujeres, bajo la lluvia, arrodilladas en el piso, los brazos extendidos para tratar de tocar la urna.











Fuente: Tiempos Modernos “Argentina entre populismo y militarismo” Julio-Agosto 1981

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sábado, 25 de julio de 2015

Ricardo Lopez Murphy: "Sobre su alejamiento del radicalismo" (2002)

Hasta hace muy poco, usted se encontraba en el radicalismo. ¿Que pasó luego?

Casi toda mi vida estuve en el radicalismo. Podría afirmar, como se decía antes, que "lo llevaba en la sangre". Mis abuelos habían ayudado a Yrigoyen en la revolución de 1905. Yo me llamo Ricardo Hipólito: Ricardo por Balbín e Hipólito... se imaginara por quien. Así que, como comprenderá, mi renuncia a la UCR tuvo que ser cuidadosamente explicada hasta en el seno de mi propia familia.

Quienes hayan tenido oportunidad de leer mi carta de renuncia al radicalismo habrán notado que lo hice con cierto pesar y, lo digo sinceramente, sin ningún rencor particular. Aun en estos momentos, que estoy abocado casi exclusivamente a la formación de Recrear Argentina, el nuevo partido, muchos de quienes se me acercan con autentico afecto son mis amigos radicales.

¿Cuales fueron los motivos de su alejamiento del partido radical?
Se los aclaro brevemente. Mi formación profesional como economista me obliga a ser muy racional en mis decisiones. En un momento me di cuenta de que seguía en la UCR más por cuestiones de tradición y apego afectivo que por otro tipo de razones. Es decir, me puse a pensar que no había "razones" para mi pertenencia al partido. Desde hacia mucho estaba peleando y peleando, no por conquistar un espacio de poder en el mismo, sino por tratar de que se implantara una agenda de discusión seria y elevada, que produjera el debate que hace tanto tiempo no se da allí. Mis experiencias en el gobierno de De la Rua terminaron por hacerme comprender que era muy difícil, dadas la estructura del partido y la dirigencia que lo conduce, seguir tratando de producir ese debate. Al comienzo de este año colmo mi paciencia el hecho de que se apoyara al actual gobierno nacional. Eso para mi no tiene explicación posible. Para mí de eso no se vuelve

Por eso, comprendiendo que la elección del partido de militancia no debe estar entre los apegos sentimentales a una camiseta de futbol, sino que debe responder a una cuestión raciona., decidí respetar mi honestidad intelectual y del paso al costado. Por cierto, no se "deja de ser radical", en cuanto eso significa interpretar nuestra propia historia. Por eso les digo a mis amigos radicales que, sin dejar de serlo, se acerquen a nuevas propuestas y que eventualmente nos volveremos a encontrar. Espero que la UCR siga siendo el partido de la civilidad, de la paz, del respeto a las leyes. Pero, por ahora, les digo que la dirigencia actual ha sido impermeable a toda predica en pos del cambio, que hoy significa volver al ideario que le dieron razón de ser a ese partido centenario.

La opinión común habla de que la UCR tendrá que "reconciliarse" con la gente para volver a ser el partido que alguna vez fue...

Yo no se si eso es exacto. Mas que volver a encontrar a la "gente", la UCR tendría que reencontrarse con sus principios. Principios que abarcan no solamente los logros a alcanzar, sino, sobre todo, la manera como se transita hacia esos logros. La UCR fue alguna vez modelo de partido horizontal, abierto, amplio; permitía permanentemente el debate, el intercambio de ideas. Ahora lo veo muy cerrado, cerrado a las personas y al debate. Es como si su conducción siguiera pensando como ganarle al peronismo pareciéndose a el. Hace tiempo que es mala palabra en el radicalismo decirse "liberal"

¿Y yo pregunto: como se puede defender una democracia pluralista, como se pueden defender los; derechos humanos, sin ser liberal? Y en materia económica es igual.
La UCR no solo es; un partido más que centenario, sino que, sobre todo, concito el favor popular en numerosas ocasiones a lo largo y a lo ancho de este país. Esto significa, para cualquier observador objetivo e imparcial, que las posturas nunca fueron rígidas en materia económica.

¿Cómo, si no, imaginar una perdurabilidad de tantos años en un siglo en que se variaron tan abruptamente las ideas y, sobre todo, la acción económica, en todo el mundo. El principismo de la UCR nunca se refirió a cuestiones económicas. Cuando se habla de la "tradición del partido" en materia económica, yo pregunto; cual tradición, la del liberalismo a ultranza de Alem, nada menos que el fundador- o la del "estatista" ¿Programa de Avellaneda?

¿La de la acción de gobierno de Alvear, liberal y progresista, o la de Alfonsín, conduciendo un Estado omnipresente dueño de casi la mitad de la economía de la Nación? ¿Podemos encontrar un hilo conductor que nos permita identificar como radicales tanto a Alem como a Alfonsín? Sin duda, la respuesta debe ser afirmativa.

¿Podemos hacer lo mismo en materia de cuestiones económicas? Seguramente no. Y eso esta bien. Lo que debe perdurar en el tiempo son los ideales, los fines, los objetivos, un proceder ético en la consecución de esos fines; pero no solo es razonable, sino que es hasta lógico y necesario, que los medios para alcanzar esos ideales se vayan transformando a medida que pasan los años. Y lo que yo sostengo es justamente que la economía es un simple medio, un instrumento que es tangente, nunca núcleo del ideario de un partido de masas como el radicalismo.

Desconocer las restricciones, suplir las leyes de la economía por puro voluntarismo, agregar al vocabulario económico términos bélicos como "enemigo" o "conspiración", son todas cosas que no condicen con mi manera de pensar. Entonces ¿por qué seguir allí?












Fuente: “Razón o Demagogia”: Oscar Salvadores conversaciones con Ricardo Lopéz Murphy, Editorial Planeta, año 2002
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jueves, 23 de julio de 2015

Santiago H. del Castillo: "El Comunismo" (18 de noviembre 1936)

La interpelación resuelta por la Honorable Cámara, involucra diferentes problemas,   cuestiones   de   carácter   constitucional   y   social   que   es   necesario claramente deslindar, no sólo porque así se evitarán disquisiciones inútiles, sino porque, claramente establecido el criterio del Ejecutivo en cuanto a los puntos generales a que se refiere, será fácil establecer, consecuente con ello, la norma que, lógicamente, en cada caso, ha aplicado. Los puntos establecidos con los números 2 y 5 se refieren a la posición del Ejecutivo frente a las organizaciones que en nuestro medio, al margen del orden legal e institucional, tratan de operar la transformación de nuestro régimen político y social por la fuerza material y la violencia, postulando abiertamente el fascismo en su credo antidemocrático y encubriendo el comunismo esa actitud merced a un cambio de táctica bolchevique en todo el mundo, por las directivas de la Internacional Comunista. Se trata, en realidad, de una absolución de posiciones que la Honorable Cámara plantea al Ejecutivo al margen del espíritu y del texto del artículo 77 de la Constitución de la Provincia, pero que el gobierno del cual formo parte no tiene inconveniente alguno en absolver, porque por su origen y por mandato que el pueblo de la provincia le confirió, le es sumamente grato ratificar en todo instante y en todo lugar la firmeza de sus convicciones y la orientación política que rige y determina su conducta. Los puntos 1 y 5 se refieren a la actitud que el Ejecutivo de la Provincia habría adoptado frente a la infiltración fascista y comunista en los gremios obreros de la provincia. Ello determina tres órdenes de problemas: la constatación de si son efectivas las referidas infiltraciones, la existencia o no de las facultades constitucionales y legales del Ejecutivo para impedirlo, en el caso de existir; si en caso de no existir esas facultades constitucionales y legales, tienen los poderes provinciales facultades suficientes para intervenir   directamente   en   las organizaciones obreras so pretexto de represión de las actividades comunistas y fascistas (...)

Señor Presidente, como decía anteriormente, me es grato aprovechar esta oportunidad para fijar con claridad la posición del Poder Ejecutivo frente alas preguntas número 2 y 5 de la interpelación que, aunque la considero en desacuerdo con el artículo 77 de la Constitución, sin embargo, voy a contestarla, aunque entraña una absolución de posiciones. Es bien sabido que el Poder Ejecutivo, que ha nacido de un movimiento de opinión eminentemente democrático y como expresión de ello dirige los destinos de la provincia, encuadra su conducta dentro de los preceptos de la Constitución y de las leyes en vigencia. ¿Cuál puede ser la posición del Poder Ejecutivo frente a estos dos núcleos sociales que se debaten en el escenario de la provincia? Y si tenemos en cuenta la palabra de algún tratadista, no podemos olvidar que la democracia tiene esta misión extraordinaria de cobijar, de amparar con el calor de sus alas aún a sus detractores. La democracia es así, y esa es nuestra democracia, que ha hecho un llamado a todos los hombres del mundo para que vengan atrabajar y engrosar esta tierra sin coacción en las opiniones, ni restricción a sus libertades; eso entraña el movimiento popular que encabeza la Unión Cívica Radical. (Aplausos) Y es, señor presidente, en esta hora aciaga, en que se pretende cercenar las libertades públicas, mientras negros nubarrones se ciernen en el horizonte de la patria. La Unión Cívica Radical en su legítimo gobierno, viene a decir a esta Honorable Cámara que todos los hombres en esta provincia tendrán amplias libertades; que está garantido definitivamente el derecho de reunión, que la prensa puede expresar libremente sus ideas y orientar al pueblo; que el derecho de asociación lícita está garantizado; garantizada la libertad de trabajo, como también   el   derecho a la huelga, porque así lo ha aceptado el derecho internacional. (¡Muy bien! Prolongados aplausos en la barra).No hay una sola garantía individual que vaya a ser vulnerada. Tenemos esa beatitud religiosa por la Ley y la Constitución ante las cuales nos inclinamos reverentes,   porque   al   decir   de   alguien,   preferimos   arrodillarnos   ante   la Constitución y las leyes del país, para evitar mañana la vergüenza de tener que arrodillarnos ante tiranos. (Prolongados aplausos).Orgulloso se siente el gobierno de Córdoba cuando los cargos que se le hacen consisten en que los trabajadores, en que los proletarios, se agremian en un legítimo derecho que la misma Oficina Internacional del Trabajo, donde están representadas todas las fuerzas vivas del mundo, ha aceptado como derecho universal. (Aplausos).El gobierno ha de garantir todas las actividades lícitas; pero no ha de permitir en ningún instante que nadie, por las vías de hecho, quiera alterar el orden constituído. Y se habla, señor presidente, de la infiltración comunista.

Es verdad que hay comunismo en la provincia: pero, ¿acaso este fenómeno social es de ahora, desde el día 17 de mayo? No, señor presidente. Yo tengo aquí a mano el mensaje de un ciudadano que, sin duda, ha de ser de caro efecto para el sector de la minoría. Me refiero al distinguido ciudadano Julio A. Roca, quien, siendo gobernador de la provincia, leía su mensaje ante esta Honorable Legislatura integrada por representantes del Partido Comunista. El doctor Roca decía estas palabras en su mensaje: "La composición de la Legislatura asegura la realización de los altos enunciados que inspiraron la adopción de los nuevos sistemas de representación. En ella tienen asiento fuera de los Senadores y Diputados de la mayoría que aseguran la estabilidad y eficiencia del Gobierno, representantes de caracterizadas   organizaciones   de   opinión   independiente,   provincial   o departamental, y de fuerzas políticas, cuya personería universal emerge de aspiraciones, sentimientos e ideales que se disputan el predominio del mundo y cuya incorporación al gobierno de Córdoba es la más alta prueba de la solidez de su organización social, de la efectividad de los derechos políticos, de la libertad que ampara la emisión de todas las opiniones y del arraigo en nuestro pueblo del espíritu de la tolerancia, índice superior de la cultura y de la inteligencia".Y este partido, desde luego, no surgió después del 17 de mayo, sino que tiene una larga actuación en la Provincia de Córdoba. Efectivamente, el Partido Comunista tiene su clima de acción, diré así, en las clases proletarias. Pero, señores ―y esto le ha de interesar al sector de la minoría porque también creo que ha de convivir el mismo fervor de los que fueron sus viejos conductores en otras horas del Partido Demócrata: me refiero a figuras como Roca y Cárcano― les debo yo decir que hay otra fuerza que actúa y es, señores, el fascismo, el fascismo que no es como el comunismo formado y que actúa entre los proletarios, entre los hombres de trabajo, hombres de blusa. Los fascistas actúan y se forman en la pequeña burguesía, en la alta burguesía, en el capitalismo y en los centros universitarios. Pero el fascismo data del año 1930 y es una formación que se ha hecho desde arriba, y es un núcleo que, precisamente, cuando le ha tocado gobernar al Partido Demócrata, yo no sé por qué razones inexplicables, por cierto, con su vieja tradición, salía uniformado y armado a la calle y más de una vez ha comprometido el orden público. (¡Muy bien! Aplausos).Ahora, vengo también en forma clara ―y quiero que no se vaya a tergiversarla verdadera orientación de mis palabras― a que consideremos que estos núcleos que en sí están contra el régimen   democrático,   mientras   actúan   haciendo propaganda   o   exponiendo   ideas,   mientras   actúen   con   procedimientos doctrinarios, no hay, dentro de nuestro régimen constitucional nada que pueda evitarlo, a no ser que se quiera exigir al Poder Ejecutivo, un abuso o un atropello a los derechos y garantías individuales. (Aplausos). Y tan es así que mi exposición tiene un fundamento legal, que en este momento se sanciona en el Congreso de la Nación una ley de represión al comunismo. Quiere decir, "a contrario sensu", que las provincias no tienen y que tampoco existe actualmente en la legislación de fondo, ninguna ley que pueda castigar el derecho de opinión o de propaganda. Y por qué, señor presidente, no he de adelantar un concepto que entraña una manera democrática de pensar: yo creo que es un error la represión de las ideas. Y es un error, por una razón histórica: porque hemos visto nosotros que cuando se ha querido coaccionar las opiniones, cuando se ha querido presionar el raciocinio, éstos se han robustecido, se han hecho más fuertes, y en vez de actuar a la luz, optan por actuar en la sombra, y vienen así a ser realmente perturbadores del orden público. Es bien sabido, señor presidente, ―y a la memoria viene un recuerdo interesante― que los individuos piensan y opinan muchas veces de acuerdo al clima, al núcleo social en que actúan; y más tarde, desligados de ese clima y de ese núcleo social, suelen cambiar de opinión. Esa es la ventaja de actuar a la luz, frente a la crítica! La sombra, la hostilidad, no permiten esa redención de la inteligencia.Y para certificar estas expresiones mías, he de citar un caso interesante, de un distinguido poeta, hombre de talento, ―creo que ha estado en Córdoba―, impetuoso en sus ideas, que las concretó en un programa, algunos de cuyos artículos, voy a leer. "Disolución del ejército; arresto y concentración de todos los oficiales   en   servicio   activo,   desde   el   grado   de   mayor   inclusive,   en   los campamentos y presidios que se determinarán; disolución de la armada y envío inmediato de las unidades de guerra al presidio de la Isla de los Estados y de la Tierra del Fuego para conducir a todos los penados y personal a Buenos Aires".Y más tarde, señores, este hombre, modesto ciudadano, amparado por esa cordialidad y bondad extraordinaria de nuestra vida democrática, llegó a ser un distinguido poeta, cambió de ambiente, se rozó con otros hombres, estuvo también en el 6 de septiembre; y este hombre ahora dice todo los contrario. Voy a leer su nuevo programa:

"Estudio intenso para elevar cuanto antes a 50 milhombres las tropas permanentes de la población; fomento intensivo terrestre y naval y de la flota submarina, con programas concretos de 300 aviones y quince naves, movilización periódica de las reservas", etcétera.

Ya se ve cómo es más práctico dejar en libertad a los hombres y no tratar de ajusticiarlos, hundirlos y perseguirlos. El chocar de las ideas no entraña un perjuicio para la libertad de opinión. Al contrario, sirve para pulir el espíritu década ciudadano. Y así Alfredo Palacios, en su libro "Las reformas penales", dice:

"En este recinto un legislador que ocupa ahora un sillón en la Suprema Corte de Justicia, pronunció palabras que recordaban las admirables de Sarmiento, cuyo coraje civil no fué igualado. El doctor Linares dijo desde una de estas bancas lo que me complazco en repetir: «La enunciación de ideas, por extremas, por erróneas, por funestas que sean, y su prédica, no constituyen por sí un delito castigado por nuestras leyes. La propaganda doctrinaria no comporta otra cosa que el ejercicio de un derecho perfecto y natural, reconocido por la Constitución como inherente a todo ser libre: el de la libertad de conciencia, el de pensar y emitir ideas conforme la conciencia las dicte». No es, señor presidente, ―decía el legislador― con procedimientos inquisitoriales, levantando hogueras, como en otros tiempos, para quemar herejes, que se modifican o se suprimen los extravíos de las conciencias; no es con persecuciones, con destierros o con prisiones que se extirpan las ideas. La fuerza llega en un momento dado a acallarlas, pero después renacen con más vida, con más vigor, con una fuerza incontrastable".

Pero no quiero dejar sin concretar, de una manera terminante, la verdadera situación del gobierno de Córdoba, que pertenece a un partido eminentemente popular. Se ha hablado hace un momento, en este recinto, de cierta alianza. Voy a leer, señores, la declaración del Comité de la Unión Cívica Radical, precisamente cuando el Partido Comunista le exhortara a formar el frente popular o a concertar una alianza. La más alta autoridad del partido fija su posición, respecto al Partido Comunista, en la siguiente forma:

1.― Que la Unión Cívica Radical es un partido político que tiene una trayectoria inconfundible en la vida civil argentina a través de casi cuarenta años de actuación, lo que le crea el deber de mantenerla como un acervo ideológico intangible;.

2― Que en ese acervo figura de "ab-initio", como principio que ha informado su programa, el mantenimiento integral del régimen consagrado en la Constitución vigente, cuyo contenido satisface ampliamente el sentimiento liberal argentino;.

3― Que el régimen de nuestra Constitución contempla para la configuración jurídica del Estado, de la Familia y de la Propiedad, sin excluir la declaración de derechos y garantías individuales, es el más saludable para la justa orientación democrática del pueblo argentino, dentro de cuya orientación se sitúa fervorosamente la Unión Cívica Radical;.

4― (...) Que el Partido Comunista, según es obvio, no acepta el orden político, jurídico y social que establece la Constitución Argentina;.

5― Que la Unión Cívica Radical no se ha desentendido nunca ni piensa   desentenderse   de   las   justas   reivindicaciones   del proletariado   social,   pero   entiende   que   tales   reivindicaciones proletarias son de alcance progresivo y no catastrófico, pudiendo conseguirlas   por los medios que brinda la   Constitución sin necesidad de substituirla o reformarla;

6.― Y finalmente, que el Partido Comunista aspira a implantar en el mundo   la  dictadura   del  proletariado  en  la  organización   del Estado y la Unión Cívica Radical, por sus antecedentes, por su tradición invariable y por su concepto de la Patria, repudia firmemente toda dictadura, sea burguesa o proletaria, y reafirma con serena inquietud en esta hora sus convicciones democráticas, sin perjuicio de su acendrado respeto por la libre emisión de las opiniones, condición esencial del progreso político y social.

Con fecha del 14 del corriente el candidato radical a gobernador doctor Mosca ha remitido al señor Francisco Mónaco, dirigente comunista, la siguiente respuesta   a   una   invitación   de   éste   sobre   una   acción   conjunta:  

"Santa Fe, noviembre 12 de 1936.   Señor Francisco Mónaco. Rosario. Muy   señor mío:

Contestando a su carta de fecha 5 del corriente, debo manifestarle que el Comité Nacional de la U.C.R., fijó, oportunamente, en una resolución cuya copia le acompaño por haber tenido, por causas notorias, amplia difusión en estos días, posición que debe acatar la U.C.R., de la que soy candidato a la primera magistratura de la provincia, con respecto al Partido que usted representa. En tal sentido no veo la posibilidad de una acción conjunta de ambos organismos para la próxima campaña electoral, ni la conveniencia de una reunión en la que no podríamos cambiar impresiones a coordinar una acción que nos está vedada, por la resolución que menciono. Pláceme con tal motivo, saludarle muy atte. (Fdo.): E.M. Mosca"

El diputado nacional Ernesto Sammartino, por Entre Ríos, pronuncia un interesante discurso en la Cámara, precisamente a raíz de estas cuestiones del comunismo y dice:

"¡Comunismo, señor presidente, en este país!... ¡Comunismo en esta Cámara!... Es hora ya ―y lo digo con espíritu cordial― de terminar con esa superchería. Si por comunismo se entiende una tendencia política y social que finca sus métodos en la violencia, que no ama la historia y las tradiciones de la Patria; que abomina la religión en nombre de un sectarismo ciego y materialista; que quiere destruir los fundamentos de la familia; que persigue la anulación de la personalidad humana en haras de aspiraciones multitudinarias abstrusas; que quiere compartir los bienes ajenos por incapacidad para conquistar el propio; si por comunismo  se entiende toda esa  vorágine de apetitos sensuales y de conceptos primarios, yo digo que, sin necesidad de declamaciones patrióticas y de salvadores, el comunismo no prenderá nunca en la conciencia límpida y en las costumbres honradas de los argentinos. Pero si, en cambio, se entiende por comunismo la exaltación del derecho frente a la violencia, la lucha por la dignificación social y económica de los humildes, el respeto a la voluntad de las mayorías, el culto de la Constitución y de la Ley Sáenz Peña, la práctica de la libertad de pensamiento, la execración de la guerra, del imperialismo y de la tiranía, el nacionalismo que no vocifera pero que hace patria en el trabajo constante, y la fe religiosa que no se exhibe a golpes en el pecho pero que honra la obra de Dios en las tareas de cada día; si por comunismo se entiende todo eso, yo afirmo que vivimos en un país comunista desde el primer cabildo de Mayo que le dió los óleos de la libertad". (Aplausos).

Ahora, quiero hacer conocer a los señores diputados y sobre todo al señor miembro   interpelante,   que,   además   de  las   declaraciones   de  principios   que contiene el programa de la Unión Cívica Radical, de la propaganda oral y escrita, están las expresiones que son públicas, notorias y conocidas de todo Córdoba yque  hiciera  el  doctor  Sabattini  cuando  fuera  candidato,  al decir  que  sería respetuoso de todos los derechos; luego las palabras del doctor Sabattini, como gobernante, en el discurso pronunciado en el acto inaugural de la 6a exposición nacional de ganadería, agricultura e industrias, de la ciudad de San Francisco, realizada el domingo 6 de septiembre de 1936, diciendo:

"Al asumir la primera magistratura de la Provincia, llego sin odios y sin rencores. Y hoy lo repito, porque deseo que se entienda bien que tengo la más intensa aspiración a que en  nuestro caro suelo cordobés reinen la paz y el orden indispensables para el desarrollo de todas las sanas actividades de la convivencia social. Quiero la paz y el orden, con un respeto absoluto por las libertades que reconoce la carta fundamental con un cumplimiento estricto y honesto de la ley, para que este gobierno, que llegó en horas difíciles, contribuya a prestigiar ante el país a las instituciones del régimen democrático imperante y a hacer desaparecer del ambiente de una argentinidad bien entendida, todas las ideas extremistas, que no pueden tener arraigo entre nosotros. Nación joven que será extraordinariamente grande y poderosa solamente con esa paz y ese orden que proclama".

Existe un interesante y meduloso fallo de la Cámara Federal de la Capital de la República, que sienta la siguiente jurisprudencia:

"La propagación de ideas comunistas no constituye delito". ("La Ley", diario de Jurisprudencia Argentina, Legislación, Doctrina, Información, de fecha 13 de agosto de 1936).

Como se trata, señor presidente, de un dictamen extenso, para no fatigar a los señores diputados con su lectura, voy a pedir que se inserte en el Diario de Sesiones.(...)

Y la posición del Ejecutivo con respecto a estos extremos, no es solamente la del Gobierno de Córdoba, sino que la Iglesia, por medio de una pastoral, también expresa lo siguiente:

"La Iglesia, cuya misión está por sobretodos los partidos y banderías, anhelando el mayor bien de las sociedades existentes, se aparta tanto del exagerado nacionalismo, que yendo más lejos de las verdaderas exigencias de la virtud del patriotismo, proclama la entrega total del individuo   al   Estado,   como   del   comunismo   desquiciador,   que   pisoteando creencias, libertades y derechos, convierte al individuo en mero instrumento de cierto estado social, con desmedro de la propia dignidad humana".(...)

Esta pastoral la va a encontrar en el diario "Los Principios" del 31 de mayo de 1936. La pongo a disposición de los señores diputados. Ahora bien, señor presidente. Hasta este momento el orden social está completamente garantido; está asegurada la libertad de trabajo en toda la provincia; reina la más absoluta tranquilidad; ninguno de los núcleos sociales comunistas o fascistas significa un peligro. Si es verdad que el Partido Comunista, por una razón de táctica, en este momento no perturba en nada la vida política de Córdoba, sin embargo, el Partido Nacional Fascista, permanentemente conspira; pero le puedo asegurar al señor diputado interpelante que mantenemos en absoluto el control, que no ha de ser alterado el orden público, y que si alguien lo intentara, entonces va a recibir el condigno castigo. (Aplausos prolongados en las bancas y en la barra). Pueden   estar   tranquilos   los   señores   diputados   de   la   minoría: la extraordinaria fuerza moral del gobierno de Córdoba ha de impedir cualquier audacia. Pero si la hubiera, entonces estará el Poder del Estado para mantener ese orden y lo hará respetar. Ahora quiero significar también a los señores legisladores que el fascismo se alimenta desgraciadamente de ciudadanos del partido opositor. Yo tengo aquí en mis carpetas fotografías en donde aparecen ex funcionarios, ex empleados y hasta legisladores del Partido Demócrata en la asamblea nacionalista. (Aplausos). Y yo les hago esta denuncia a los señores legisladores del Partido Demócrata porque ellos, que sin duda han de tener un fervoroso amor a nuestras instituciones democráticas, han de saber que existen en las filas de su propio partido esas infiltraciones. Y con respecto   al Poder Ejecutivo, yo vengo a declarar solemnemente: El Ejecutivo es el más celoso y respetuoso  guardián de  la Constitución y de las leyes de la provincia. En este momento existe la más absoluta tranquilidad. No existe ni siquiera la remota posibilidad de que se pueda alterar el orden público. No hay necesidad de medidas preventivas porque el gobierno vigila atento a todos los movimientos y conoce todos los pasos que dan estos dos núcleos sociales. Mantiene el control en toda la provincia, y aquí, en esta carpeta, en forma documentada, están esas actividades, y puedo asegurar a la Honorable Cámara que no existe ningún peligro. (Aplausos). Más aún: jamás Córdoba respitó ese ambiente de responsabilidad y de libertad. (Aplausos). Y ahora que se nos quiere brindar, señores ―porque de la interpretación se insinúa que se nos quisiera dar facultades para reprimir a algunos de los grupos sociales que actúan en la provincia―, qué más hermosa oportunidad para el Poder Ejecutivo de poder tildar a los partidos opositores: "Pertenecen ustedes a tal núcleo social". Pero este gobierno que hace un culto de la verdad, que hace un culto de la libertad, viene a decir que no acepta el látigo para castigar a sus conciudadanos; que no quiere mordaza. (Aplausos en las bancas y galerías).Bien, señor presidente; se ha dicho que funcionarios del gobierno hanactuado en un congreso obrero. Es cierto. Ha estado un inspector de la Oficina del Trabajo, y no solamente ha estado en el congreso de entidades obreras, sino también que concurrió al Congreso Comercial Agrario otro inspector. ¿Por qué? Porque un gobierno que tiene el concepto de su responsabilidad debe conocer, tiene el deber de auscultar todo el movimiento de su pueblo; tiene el deber de estar siempre oído atento y ojo vigilante, porque así lo exige la responsabilidad, y para que esta población de Córdoba descanse en la seguridad de que este gobierno es guardián celoso de su tranquilidad.

Señor presidente: voy a terminar esta breve exposición con las palabras del mensaje del actual gobernador de la Provincia:

"La Constitución del 53 significa la realización de los anhelos de paz, unidad y libertad de la Nación; de ella puede decirse, lo que un ilustre pensador contemporáneo afirmara de la de Weimar: «Los que no aciertan a ver en la forma republicana la mejor de todas y la definitiva, han de hallar en esta Constitución el camino para lograr otra mejor. Al margen de ella, sólo cabe la alta traición. Debe ser respetada y honrada, aun por los que piensan de otro modo, como compendio del pasado y como punto departida de su porvenir»".

Para terminar, señor presidente, debo manifestar que lo que es necesario reprimir no es el derecho de opinión, ni coartar ninguna libertad; lo que sí es necesario hacer, es castigar con mano férrea la violencia, el fraude, la pretensión de querer hurtar la voluntad popular en las urnas; la de querer trabar los derechos del pueblo. Para eso debemos estar todos los partidos políticos unidos a fin de consagrar definitivamente la libertad; y si alguna represión hace falta, en el territorio de la república, es represión del fraude y la violencia. (Prolongados aplausos en las bancas y en la barra).

Continúa el debate con la amplia intervención de los diputados de las distintas fuerzas, luego, tendrá intervención considerable nuevamente el señor Ministro Dr. Santiago del Castillo:

Señor presidente, voy a ser muy breve. El señor diputado del sector de la minoría insiste en su propósito de cargar al Ejecutivo con la responsabilidad de una alianza con el comunismo. Como para dejar una última impresión he probado que esa alianza no puede existir a no mediar una alta traición del gobierno de Córdoba para con la Unión Cívica Radical. Solamente una alta traición del gobierno de Córdoba puede justificar esa alianza. Ni un solo acto de la vida partidaria ha existido que pueda despertar esa sospecha; ni en un solo momento el gobierno de Córdoba ha mantenido tal alianza ni contacto con el Partido Comunista. Lamento sinceramente que se insista en este cargo con un propósito deliberado que no alcanzo a comprender, porque en mi larga actuación he procedido siempre con un profundo respeto para con el adversario; porque creo que los hombres cuando luchan por un ideal, aunque disientan, no pueden luchar con tales armas. Por eso he creído siempre, he combatido toda mi vida con entusiasmo, con fe, con pasión y, puedo decir, que, personalmente, no he tenido enemigos y que he sido respetado en todas partes; pero me encuentro aquí con el sector de la minoría que insiste en una alianza, en un pacto...(...)

Me refiero al sector de la minoría que quiere hacer aparecer ante la opinión   pública   al   gobierno   como   ligado   con   un   pacto   o   alianza   con   el comunismo. Yo he escuchado con suma atención las palabras del señor diputado Arrarás, que hizo en el fondo una exaltación patriótica por el respeto a las instituciones y al pueblo. Es necesario que termine este confusionismo. Los partidos políticos no tienen necesidad de apelar a la difamación, a la calumnia, a los argumentos falsos para existir, cuando hay otros motivos superiores que justifican su acción y quedan prestigio a sus actos. Por eso, señor presidente, yo creo que en homenaje a la verdad y al respeto que se deben todos los partidos políticos y los hombres cuando se les dice y se les prueba hasta la evidencia que no puede existir esa alianza, porque si existiera, el gobierno de Córdoba estaría traicionando al partido político de donde ha surgido, debe creerse lo que tengo manifestado, porque la Unión Cívica Radical no acepta semejante alianza porque su trayectoria liberal, precisamente, ha sido ésa de no aceptar alianza con ningún partido político. Recuerdo que al surgir la Alianza Civil, el doctor Sabattini se hallaba en la Penitenciaría Nacional. Entonces fuí personalmente a comunicarle que se hablaba de la posibilidad de que ciertos dirigentes de Córdoba fueran a apoyar a la Alianza Civil. Y traje la palabra rotunda del doctor Sabattini a los dirigentes de Córdoba: "Hay que mantener en absoluto la intransigencia; no hay que colaborar con ningún partido político; es necesario colocarse al margen de toda alianza y marchar solos en esta acción".

Y ahora se nos plantea esta cuestión: se nos quiere adjudicar un aliado a la fuerza. Yo afirmo categóricamente: si el gobierno tuviera alguna alianza con cualquier   partido   político,   no   sería   capaz   de   renegarlo;   afrontaría   la responsabilidad histórica de haber aceptado esa alianza. Pero esa alianza, señor presidente, no existe hasta la evidencia; no puede existir. Yo creo que después de estas categóricas expresiones, no puede seguira firmándose con honestidad un cargo semejante. Respecto a las medidas preventivas, el gobierno, lo he dicho en el transcurso de mi exposición, se mantiene vigilante y atento a todas las actividades políticas de Córdoba. Aquí tengo la carpeta de todas las jefaturas políticas; aquí tengo la carpeta   del   Departamento   Provincial   del   Trabajo;   y   está   la   carpeta   del Departamento de Policía; y voy a decir más: cuando se hizo cargo el nuevo gobierno, el 17 de mayo, en la policía, en el Gabinete de Orden Social y Político, no se encontró ni un solo antecedente, ni una sola ficha en esa materia. Todo hubo que hacerlo de nuevo y aún se continúa en tal trabajo.

He dicho y creo haberme expresado con claridad, en el sentido de que todas las actividades son perfectamente conocidas por el gobierno, de que no se va a alterar el orden público  en un solo  instante, que no  existe el peligro  del comunismo. En este momento, en este instante los comunistas se mantienen en la más absoluta tranquilidad.

Esa es la verdad real. Por qué agitan el fantasma...? (...) Yo creo en la probidad de los señores diputados, pero considero que están profundamente equivocados. No me molesta que ustedes lo afirmen, pero cuando se les ha dicho con toda lealtad que no existe tal alianza y se les ha documentado   que  no  puede existir,  qué  motivo,  qué  razón  hay  para   que continúen insistiendo?(...)  Cualquier manifestación de violencia   encontrará   la   más   enérgica represión del gobierno. Por otra parte, yo no encuentro dentro del Código Penal,―y si lo hubiera cualquier ciudadano tendrá el derecho de hacer la denuncia ante los jueces―, tal prohibición. Y yo quisiera ver ejercitada una denuncia de esa naturaleza, frente a la legislación actual, para confirmar así lo que sostengo.









Fuente: Interpelación al Sr. Ministro de Gobierno Legislatura de Córdoba, Libro de Sesiones Cámara de Diputados, 18 de noviembre 1936, págs. 1266-1278 y 1326-1328. Aporte de Marcos Funes Presidente de la Fundación Sabattini.



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Virgilio Loiacono: "La ley 'De La Rua' de habeas corpus" (1985)

En los fundamentos del proyecto se conceptúa la libertad ambulatoria como un derecho primario, sin cuyo goce efectivo se torna ilusorio el ejercicio de los demás.

La ley 23098 admite el control judicial en el caso concreto de las limitaciones de la libertad producidas en virtud de la vigencia del estado de sitio. Al poder judicial le corresponde la función del control de legitimidad constitucional, mientras que la apreciación fáctica y el sentido de oportunidad política corresponden a los otros poderes del Estado.

El legislador no puede crear la emergencia constitucional ni puede ampliar sus límites más allá de lo que la Constitución Nacional establece.

Se faculta el llamado control de razonabilidad, que consiste en la requerida correlación entre la orden de privación de la libertad y la situación que dio origen al estado de sitio.

El sistema se estructura sobre la base del contacto directo del juez con los intervinientes, se asegura así la concentración y continuidad sin desmedro de la oportunidad de audiencia y prueba limitada de las partes.

Se asegura al ciudadano la tutela de la libertad ambulatoria, se garantiza la oportunidad de recurrir al juez las 24 horas y se dota de elementos para defenderse aún en supuesto de emergencia constitucional. Los jueces podrán decretar de oficio en el caso concreto la inconstitucionalidad, cuando la limitación de la libertad se lleve a cabo por orden escrita de una autoridad que obra en virtud de un precepto legal contrario a la Constitución Nacional.






Fuente: Tomo El Derecho Nro. 111, pág. 863 UNIVERSITAS S.R.L. Id Infojus: DACN870211

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miércoles, 22 de julio de 2015

Noé Jitrik: "Laica/Libre o Estatal/Privada" (2009)

Tal vez por un acuerdo previo a la conspiración que se fue gestando entre 1954 y 1955 contra Perón y su gobierno y en la cual la Iglesia desempeñó un papel importante, la llamada “Revolución Libertadora” puso como Ministro de Educación a Atilio Dell’Oro Maini, un conocido intelectual de larga tradición católica. Por un lado, ese reconocimiento concreto parecía lógico y previsible, una suerte de reparación después de los conflictos que había tenido el gobierno peronista con la Iglesia y que, dicho sea de paso, lo había acercado, ideológicamente, tal vez no políticamente, a sectores o grupos de izquierda; por el otro, después del paso de Lonardi por la Presidencia, breve y relativamente conciliador –con el peronismo, no con Perón, con la Iglesia, con los liberales, con los partidos de oposición– tendencias liberales, con Aramburu y Rojas a la cabeza, no ignoraron ese acuerdo pero al mismo tiempo que lo propiciaron intentaron neutralizar el sesgo que Dell’Oro Maini y su gente podían imprimir a la cultura colocando a liberales en lugares que muy pronto entrarían en conflicto con los planes y propósitos de ese Ministro; el mejor ejemplo de esa decisión fue la designación de José Luis Romero al frente a la Universidad de Buenos Aires, emblemática sin duda, tanto del monopolio estatal de la enseñanza como de los enfrentamientos de una década con el peronismo. Algo semejante ocurrió en las otras universidades nacionales del país.

Es historia sabida que ese grupo de universidades y rectores actuó con tal fuerza conceptual, que lo que se puso en marcha a partir de 1955 llevó a la Universidad en general a un lugar excepcional: el desarrollo científico y cultural que se inició no tiene parangón en el siglo XX y fue posible gracias al apoyo de la concepción científica que lo guió, que contó con el apoyo del movimiento reformista en todos sus matices; los estudiantes, incluidos los humanistas, y los graduados, formaron parte de la experiencia, no sólo porque protagonizaron la reestructuración política de los cuerpos de gobierno sino porque intervinieron activamente en la renovación que se había iniciado.

En medio de ese clima, es explicable que el proyecto ministerial de otorgar a las universidades no estatales, privadas pero en los decretos llamadas “libres”, los mismos títulos que eran del exclusivo dominio estatal, cayera como una bomba y generara un conflicto que tuvo manifestaciones públicas de enorme envergadura. Salvo como concesión a la Iglesia, única sostenedora entonces de universidades “libres”, no se entendía el alcance científico de la iniciativa puesto que las universidades privadas existentes no habían demostrado hasta entonces una eficiencia superior o equivalente a la que, pese a todo, poseían las nacionales; se consideraba, además, que otorgar esa licencia desencadenaría una oleada de creaciones oportunistas, sin tradición, dirigidas ya sea a determinados intereses de clase, ya pura y simplemente a lucrar con la educación superior, como estaba sucediendo con la secundaria, primaria y aun preescolar.

“Laica o libre” fue la formulación que tuvo el conflicto, dos términos en apariencia antagónicos pero no demasiado precisos: “laica” era una metonimia de estatal y “libre” ocultaba en realidad el propósito de las universidades confesionales, quizás menos libres que las estatales, de obtener un estatuto semejante al de aquellas. Sea como fuere, los universitarios “nacionales” salieron a la calle, algunos rectores los acompañaron y, puesto que la decisión evidentemente había sido muy meditada por el Gobierno y no estaba dispuesto a echarse atrás, esas tomas de partido dieron por tierra con gestiones muy prometedoras, la de José Luis Romero en particular, que renunció a mediados de 1956. Hay que señalar, no obstante, que las reformas iniciadas en ese breve período –estructura de gobierno, empresas editoriales, extensión universitaria, desarrollo de la investigación, creación de escuelas, y tantas otras– no por eso se interrumpieron; el proceso continuó y es a partir de entonces y hasta 1966 que la Universidad se transformó y se colocó en el lugar excepcional que no hay prácticamente nadie que lo ponga en duda: investigaciones originales, profesionales brillantes, intercambios con el mundo académico de punta en el mundo, cohortes de estudiantes exitosos, el inventario de esa década sería interminable.

El tema no desaparece pero se atenúa un poco en el tiempo de espera que implicó el proceso que se inició en el radicalismo y que tendría diversas, esperables, consecuencias. Ante todo, la división de los radicales a partir del ascenso estelar de Arturo Frondizi como alternativa a la vez progresista, de ribetes intelectuales y críticos, tanto como posibilidad de reconciliación con el peronismo, y luego, simultáneamente, salida de la asfixia que los militares, por presencia y acción, imponían a la sociedad y a sus principales problemas. En la Universidad, no obstante, las armas no se deponían y en el período que va de mayo de 1956 a fines del 57 hubo gran cantidad de manifestaciones, tomas de Facultades y múltiples declaraciones, con la correspondiente represión policial y, sin duda, al mismo tiempo, universidades privadas preexistentes al decreto de 1955, inicialmente confesionales, iniciaron sus gestiones para obtener el reconocimiento ahora previsto aunque no totalmente reglamentado.

Por debajo, se trataba de saber qué posición tomaría Frondizi de ganar las elecciones, sobre todo porque había resultado elegido como Rector de la Universidad de Buenos Aires su hermano Risieri, claramente enrolado en la causa de la “laica”.

Ya consagrado candidato, Frondizi se manifestó favorable al Decreto 6403 en una entrevista publicada en la revista Qué, dirigida por Rogelio Frigerio, quien pronto aparecería como hombre clave en las decisiones del candidato y muy pronto Presidente.

La decisión de Frondizi decepcionó a los sectores intelectuales, académicos y estudiantiles que lo apoyaban; estos sectores imaginaban que, de acuerdo con su historia, optaría como lo había hecho su hermano, pero no fue así. En el debate que se originó, público y privado, Frondizi y quienes inspiraban esta posición presentaban la cuestión no como voluntad de hacer una concesión a la Iglesia y al gobierno militar sino como una necesidad urgente, una parte de la estrategia desarrollista que se había convertido en el concepto básico del programa de un gobierno futuro. Consecuente con ese punto, no tanto quizás con otras formulaciones de campaña, el Gobierno elegido en febrero de 1958 e instalado en mayo, envió al Congreso a fines de setiembre, o sea muy rápidamente, un proyecto de Ley que fue aprobado por ambas cámaras en octubre con el número 15.557 y que fue conocido como “Ley Domingorena”, apellido del diputado que defendió el proyecto, antiguo militante reformista. Como protesta por el tratamiento legislativo de la iniciativa hubo frente al Congreso una manifestación calculada en 300.000 personas, cifra nada despreciable para entender la importancia social de este conflicto. Obviamente, esa presencia no puede desligarse del clima de extrema politización propio de la época y en la cual los estudiantes y las clases intelectuales eran entusiastas y decididos protagonistas.

No obstante el triunfo del privatismo, tanto en el período de debates previo a las elecciones como aun algún tiempo después, los sectores que habían sostenido la candidatura de Frondizi no le retiraron su apoyo de inmediato, aunque siguieron manifestándose por la Universidad estatal, que enfrentó esta naciente competencia mediante políticas académicas y científicas de las que el Estado, y la sociedad, se siguieron aprovechando como había ocurrido tradicionalmente pero ahora con un aporte más creativo y dinámico, de gran trascendencia científica y cultural.

Por otra parte, la Ley abrió la puerta al surgimiento de nuevas universidades privadas que, dicho sea de paso, reclutaron sus docentes en las nacionales y, pese a cierta resistencia del Congreso a concederles el derecho a validar los títulos –privilegio que posteriormente obtuvieron–, se produjo una proliferación de iniciativas, muchas exitosas en cuanto a la posibilidad de funcionar, a tal punto que muy pronto pudo constituirse el “Consejo de Rectores de Universidades Privadas”, homólogo al de las universidades públicas, con parecidas si no iguales oportunidades de hacerse escuchar en materia de política universitaria. Y, para quienes pensaban que se estaba lejos de producir los científicos, profesionales y técnicos que el país necesitaba, la realidad confirmó sus apreciaciones pues muy pronto se verificó que actuaron con grandes limitaciones, tanto humanas como instrumentales. Tal vez a la hora actual las hayan superado en alguna medida o en algunos aspectos; el hecho es que todavía los productos de las estatales tienen más valor, a pesar de las notorias dificultades por las que atraviesan y que generan los conflictos que en ocasiones las demoran o paralizan.

A medida que surgían universidades privadas, la conflictiva formulación“laica/libre” fue perdiendo sentido por la simple razón de que muchas de ellas no eran confesionales, eran y son empresariales unas cuantas y pragmáticas o técnicas otras, cuando no sucursales de universidades extranjeras; lo que, en cambio, subsistió, fue la expresión “estatales/privadas”, que expresa mejor la naturaleza del conflicto.

No cabe duda de que este enfrentamiento es muy representativo de lo que aconteció en el país; para algunos fue algo así como la contraparte de lo que significó la “Reforma Universitaria” de 1918, aunque la Universidad se había reestructurado según los principios que la guiaron pero, además, históricamente, el episodio se integra al dinámico y dramático escenario de una época con muchas promesas y correlativas frustraciones.

Los cincuenta años transcurridos pueden permitir ver mejor lo que eso fue y lo que queda de una situación que conmovió al país en un momento de una expectativa de cambio que se sigue todavía, y una vez más, esperando.









Fuente: Los Frondizi "Manifiestos y correspondencia para un croquis de siglo XX" (2009)


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