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sábado, 22 de septiembre de 2018

Leopoldo Moreau: "Debate de la creacion de la CONADEP" (22 de diciembre de 1983)

Señor Presidente creo que en el transcurso del debate quedó tal vez fuera de contexto alguna de las expresiones del señor diputado Casella, quien tan brillantemente fundamentó este mensaje y la iniciativa del Poder Ejecutivo y pienso que es necesario retomar el camino argumental a efectos do precisar los términos de la discusión.

Aquí se ha señalado, en primer lugar que esta iniciativa integra un conjunto de medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional tendientes a esclarecer los horrores, aberraciones y la degradación a los que se vio sometida la sociedad argentina en estos años de dictadura militar.

No estamos simplemente debatiendo una iniciativa sino una actitud política que integra una apreciación global de la situación que vive nuestra Patria. Debo recordar que en estos doce días, brillantes doce días diría yo, de incipiente democracia argentina, ha sido el Poder Ejecutivo de este Nuevo poder democrático – interpretando el sentir de toda la sociedad- el que ha enviado a este Parlamento la propuesta de la derogación de la ley de amnistía. Ha sido este mismo Poder Ejecutivo el que ha adoptado la decisión sin precedentes en América latina, tras la restitución de un régimen democrático, de procesar a las cúpulas militares que tuvieron la responsabilidad de los hechos que estamos aquí analizando. Ha sido este nuevo Poder Ejecutivo de la democracia argentina el que, sin estridencias, está reduciendo el poder de una estructura que tuteló a la Sociedad Argentina desde 1930. Tal vez no tuvo letras de molde en los diarios, pero lo cierto es que hoy nuestra patria cuenta con treinta generales menos, con treinta almirantes menos y con treinta brigadieres menos en las cúpulas militares.

También ha sido este Poder Ejecutivo el que puso ese fabuloso presupuesto, que estuvo al servicio de la represión del pueblo argentino, en manos del poder civil y quien colocó a las empresas que estaban en la órbita del poder militar en manos del poder civil. Por eso, esta iniciativa constituye un paso más en la decisión absolutamente irrevocable del gobierno nacional de poner en marcha un proceso de democratización de la sociedad argentina.

Por eso también hemos señalado que esta cuestión no puede analizarse fuera de ese contexto, porque sin lugar a dudas aquí estamos debatiendo acerca de un tema que tiene que ver con el futuro do nuestra patria. Debemos adoptar definitivamente , como punto de partida de este proceso de democratización una caracterización política en común; de lo contrario corremos el riesgo -como ya se señalo alguna vez en esta Cámara- que disidencias motivadas por necesidades políticas o por elementos secundarios de la realidad nos enfrenten a la dramática situación de que, a poco de haber transitado por esta democracia los sectores que pretenden desestabilizarla desde la izquierda y desde la derecha tengan la oportunidad de hacerlo merced a esas discrepancias parciales que mostramos en esta Cámara.

Esta comisión nacional cuya formación propone el Poder Ejecutivo, tiene un objetivo, el de cerrar el conjunto de medidas impulsado por el gobierno. En este caso, se trata de encontrar una  explicación sobre la suerte de los desaparecidos. Ya el propio Poder Ejecutivo inició medidas destinadas a castigar la responsabilidad de las cúpulas militares.

Seguramente, cuando esta Cámara deje de adoptar una actitud secundaria impidiendo la sanción de las modificaciones al Código de Justicia Militar, también este se verá trasuntado con la posibilidad de condenar los excesos cometidos. En este camino, el poder ejecutivo nacional nos ha enviado esta iniciativa que sintetiza la aspiración de toda la Sociedad argentina de encontrar responsabilidades y explicaciones acerca de este tema.

Se ha dicho aquí que, en contraposición a la propuesta de la formación de una comisión bicameral, esta iniciativa mejora dicha propuesta porque, a través de ella, será toda la sociedad argentina la que se embarque en el examen de esta grave cuestión, de manera tal de no volver a crear un debate estéril en la Argentina, que volvería a ponernos en una situación de riesgo institucional.

Porque si alguien supusiera que el Parlamento, donde si bien esta expresada tu voluntad popular también están representados los sectores políticos, adopta esta decisión simplemente por revanchismo de los políticos contra los militares, tal vez nuestra sociedad se vería nuevamente enfrentada a un debate nefasto para la democracia. Sería aquel que pondría, por un lado, a los guerrilleros y a los terroristas como héroes de la resistencia cuando los verdaderos héroes de esa resistencia fueron los jóvenes trabajadores despedidos de las fábricas, los jóvenes soldados que murieron en las Malvinas que no tenían oportunidad de estudiar en las universidades.

Paralelamente, en el otro lado estarían aquellos sectores de la sociedad que, revalorizando estas circunstancias, volverían a sostener la supuesta validez del terrorismo de Estado para terminar con este flagelo de las sociedades modernas. Esta polémica y este debate, Señor presidente, constituirían una grave amenaza para esta democracia participativa que inauguramos en la Argentina, pero que no se proyecta exclusivamente u nuestro orden interno sine que es una esperanza que se abre para América latina porque la suerte do la democracia argentina se vincula a la del continente latinoamericano. Si esta democracia participativa triunfa en la Argentina, triunfará en el resto de los países latinoamericanos y de esta manera nuestro continente tendrá la oportunidad de romper la bipolaridad ideológica en la que hoy se sacude el mundo, que nos está condenando, como ya sucede en nuestra Centroamérica, a baños de sangre.

Por lo tanto, nosotros llamamos a todos los sectores del país a la reflexión. Es evidente que es necesario e imprescindible enfatizar acerca de las realidades, de las duras realidades que vivimos en los últimos años; pero también es imprescindible hacerlo tomando en cuenta la necesidad de defender la democracia por razones de principio.

Esta es la iniciativa del Ejecutivo, integradora de un proyecto que constituye el nacimiento de una democracia pujante que está dispuesta a esclarecer todo lo que haga falta por razones de principio, pero que también está dispuesta, por ese mismo motivo, a defender el proyecto democrático que, seguramente, seré atacado desde distintos sectores.

Nadie debe equivocarse con respecto a este poder democrático que ha nacido. Probablemente en algunos sectores se supuso que tenía un solo destino: pactar con las cúpulas militares corruptas o con las de la subversión y del terrorismo quienes hacían masticar, a nuestros jóvenes, pastillas de cianuro. Pero como nosotros tenemos un pacto con la vida, no hemos de pactar con la muerte y no hemos de pactar con ninguna de las dos cúpulas…










Fuente: “Creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas” Intervención del Sr. Diputado Nacional Leopoldo Moreau, el 22 de diciembre de 1983, en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

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jueves, 6 de septiembre de 2018

Roberto Etchepareborda: “Entretelones en la Casa de Gobierno” (1983)


Corresponde ahora establecer lo ocurrido durante la trágica jornada del 6 de setiembre en los dos centros neurálgicos de la acción; la Casa de Gobierno y la columna revolucionaria en marcha.

Los diversos testimonies coinciden en reconocer que la acción represiva y toda otra posible resistencia de parte del gobierno se vieron perjudicadas por la incapacidad, casi absoluta, demostrada por el vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, Enrique Martínez, y el ministro del Interior e interino de Guerra, Elpidio González, quienes no supieron o no quisieron poner en marcha el dispositivo defensivo del Estado, trabando incluso la posible acción espontánea de varios subalternos. Sobre la actitud equivoca de las figuras principales en el instante decisivo abundan las versiones; desde el acto cómplice hasta la inacción culposa. Los matices tienden a coincidir. Martínez no estuvo por cierto a la altura de la eminente responsabilidad que le toco protagonizar, negándose, rotundamente, a través de toda la jornada, a ordenar o permitir, las medidas más elementales que las difíciles circunstancias exigían. Por su parte, González, tampoco se hallo a la altura de sus funciones, manteniéndose en un paradojal encantamiento hasta que las horas fueron desgranándose, haciendo cada vez más difícil toda reacción eficiente de las tropas leales.

El estado valetudinario de Yrigoyen, el desorden administrativo de que se acusa a su gobierno, la inquietud política reinante, justifican el golpe de palacio instrumentado por Martínez en los primeros momentos de su gestión, sustentado principalmente en un cambio de gabinete, con el casi total desplazamiento de los titulares anteriores, salvo de la Campa y González. Hubo de producirse después, quizás, un planteo efectuado por los mandos militares tendiente a exigir al propio Yrigoyen su alejamiento definitivo. Lo ratifican los siguientes párrafos de su documento de 1932:

"Para conseguir con un cambio de gobierno, inspirar una nueva fe en la gran masa de ciudadanos que se habían manifestado en contra nuestra en las urnas, esperando, también, que nuevos hombres aportaran nuevas ideas de modernización y economía en los gastos públicos, de gran severidad en las normas administrativas y dieran la sensación al país de un cambio de rumbo, en la forma de encarar y resolver sus problemas (. . .)" (Ante el Tribunal de la Opinión publica).

Para mitigar la tensión política, el vicepresidente exigió y logro imponer la suspensión de los comicios a efectuarse en las provincias de Mendoza y San Juan, el 7 de setiembre. Estas medidas junto al decreto de estado de sitio, en la Capital, habían permitido restablecer la situación.

Durante el día 6 la mas grande confesión junto a una falta de información realmente asombrosa reinaron en la Casa Rosada, Los aviones revolucionarios fueron, por momentos, considerados adictos y Campo de Mayo se mantuvo silente, y solo a la media tarde, se pudo establecer que se mantenía leal, luego de dominados los focos rebeldes en la Escuela de Artillería, por la enérgica acción del coronel Avelino Álvarez, quien se había sumado, en un primer momento, a la rebelión.

Los aspectos políticos primaron en el espíritu de Martínez, hasta que sobre el mediodía, un telegrama conminatorio de Uriburu lo volvió a la realidad. El cambio de ministros fue considerado primordial y lo enfrentaría a los leales a Yrigoyen, en la reunión de gabinete de la mañana.

El testimonio de Francisco Ratto se refiere concretamente a la constitución del nuevo gabinete:

"Se había hablado de una política de conciliación, cuyo primer paso podría ser la modificación del gabinete (. . .), en vísperas del 6 de setiembre y ya en ejercicio de la presidencia por ausencia y enfermedad del titular, ofreció el ministerio de Agricultura a mi amigo Honorio Pueyrredón. Era esta una medida encaminada en la línea de una política de apaciguamiento. Pero Pueyrredón para aceptar impuso como condición que Martínez fuese presidente. . . A1 hacerse presente Pueyrredón para jurar. . . aparece Oyhanarte, quien enterado del asunto, declara que la ceremonia no puede realizarse sin el conocimiento y sin consentimiento de Yrigoyen. Luego tuvo lugar una discusión entre Martínez y Oyhanarte, a la que puso término Pueyrredón diciendo: 'Ya veo, doctor Martínez que usted no es el presidente; por lo tanto dejo sin efecto mi compromiso' —agrega Ratto—. Estas circunstancias me las confirmo en detalle personalmente el mismo Pueyrredón, de quien estuve muy cerca con motivo de la campaña que precedió al 5 de abril".

A pesar de que en su manifiesto, el vicepresidente trata de hacer recaer sobre Elpidio González la responsabilidad principal de la confusión reinante en los órganos de defensa, por disparidad de las informaciones y contradicciones en las ordenes impartidas: "Reclame — afirma Martínez— al ministro de Guerra, sobre la organización del ministerio que no tenia medios de comunicación que nos permitieran conocer la marcha de los acontecimientos y cual era la realidad de las cosas. . .", tampoco supo adoptar por si mismo ninguna medida personal y directa para evitarlo, y completo aun mas la confusión al negarse terminantemente a impartir ordenes escritas para efectivizar la represión, como lo exigían González y el general Severo Toranzo. Por el contrario solo se ocupo de medidas de carácter político, como si quisiera cumplir determinados compromisos.

La inexplicable inoperancia de las fuerzas leales de la guarnición de la Capital, ante el avance de la rebelión, la aclara el propio general Toranzo, Inspector General del Ejercito, por la negativa a designarlo como comandante de la Defensa a su regreso, a comienzos de la tarde, de un viaje de inspección al interior:

"Teníamos como única y obsesionante idea, organizar la defensa del gobierno constitucional y nada nos inquietaba mas que esa única preocupación; por eso fue que nos sorprendió el doctor Martínez cuando al enterarse de que el doctor González se solidarizaba con mi propuesta manifestó con tono airado que el no firmara ningún decreto si antes no se suscribía el que aplazaba en forma indefinida las elecciones de las provincias de San Juan y Mendoza... El ministro González firmo el decreto que reclamaba el Vicepresidente, pero una vez esto realizado no pudimos obtener aquello que significaba la salvaguardia de los derechos de nuestra civilidad" (Reportaje, en La Razón, 20/11/32).

La extraña despreocupación que aparenta tener Martínez en cuanto a la gravedad de la situación militar durante toda la mañana, pareciera desplomarse al recibir el citado telegrama de Uriburu, mero recurso efectista. Su ánimo va excitándose hasta llegar al paroxismo histérico, en las últimas horas de la jornada. Lo señalan los testimonios de varios testigos, y principalmente el ministro de Obras Publicas, Abalos. Sus únicos actos efectivos tendieron, en todo momento, a parlamentar con los rebeldes y ordenar el retiro de las fuerzas de la resistencia, y poner una bandera de parlamento en la Casa de Gobierno.

En una de las tantas reuniones efectuadas en la Casa Rosada, Martínez se convenció de la inutilidad de toda defensa, ante las afirmaciones del director de la Escuela Superior de Guerra, coronel Guillermo Valotta "que gozaba de la confianza del presidente y del ministro doctor González", que sus oficiales se habían sumado a la rebelión y tratarían de sublevar a las unidades de la 1ra. División aun fieles. Esa opinión catastrófica, era confirmada por el contralmirante Storni, en lo referente a la postillón de la Armada:

"Le pedí —recuerda Martínez— me dijera si la Marina estaba dispuesta a sostener al gobierno constitucional del país. El almirante me contesto que la Marina estaba por una solución constitucional. Le reitere que me dijera si la Marina haría fuego para sostener al gobierno. Me contesto que la Marina no haría fuego contra sus compañeros de armas ni contra el pueblo".

Es indudable que la falta de información produjo el mayor desconcierto en el ánimo de Martínez que abandono todo intento de resistencia, llevándolo al colapso de su sistema nervioso.

En cuanto a la responsabilidad de González, es harto grande, ya que nada hizo para evitar el desmoronamiento del gobierno. Solo pareció dedicarse a dar noticias optimistas, bastante alejadas de la realidad de los hechos. Luego se retiraría de la Casa de Gobierno, instalándose en el Arsenal de Guerra, para organizar la defensa, y allí sus actos son absolutamente pasivos. Se ve totalmente superado por el desconcierto del vicepresidente y dejara sin directivas a los mandos militares.

El general Toranzo recuerda que al apersonarse al caer la noche, los jefes revolucionarios Justo y Arroyo, que se decían portadores de la renuncia de Martínez y venían a exigir la entrega del principal baluarte gubernista, junto a los otros jefes leales, aconsejo a González que designara al general Enrique Mosconi para que entrevistara al vicepresidente, para cerciorarse sobre si su renuncia era autentica y espontánea, u obtenida por la fuerza. Llevaba también el general Mosconi instrucciones de hacerle saber que las fuerzas de Campo de Mayo, Liniers y del Arsenal, así como las demás divisiones del interior, se hallaban en sus puestos esperando sus ordenes.

"Una hora mas tarde regresaba para manifestaciones que el doctor Martínez se había expresado en los siguientes términos:

'Que su renuncia era espontánea y definitiva, que sus deseos eran evitar que se derramara una sola gota de sangre y que nos pedía que se entregara el Arsenal y las tropas al nuevo gobierno y nos solicitaba a los generales que estábamos en el Arsenal que nos retiráramos tranquilamente a nuestros hogares, porque todo había terminado”

Al regreso de Mosconi el ministro González notifico textualmente al teniente coronel José María Sarobe que:

"En vista de la renuncia del señor presidente, y de la ausencia de Gobierno he resuelto no presentar resistencia y los señores generales y jefes que me acompañan esperan ordenes en sus puestos" (Memorias sobre la Revolución del 6 de Setiembre de 1930, 1957).

Mientras se desmoronaba su gobierno, Yrigoyen permanecía en su domicilio de la calle Brasil, postrado por la fuerte fiebre de mas de 40° que provocara la delegación del mando y solo acompañado por muy pocos fieles, entre los cuales Horacio Oyhanarte, el que desde la mañana, luego de enfrentarse con Martínez permanecía a su lado, y quien tuvo la presencia de animo de ponerlo a salvo de cualquier pueblada que pusiere en peligro su vida, trasladándolo a La Plata, donde poco después el anciano mandatario entregaba, en el cuartel del 7° de Infantería, su renuncia "en absoluto", a la primera magistratura.

Momentos en que el general Félix Uruburu le exige la renuncia al vicepresidente Enrique Martínez, 1930.






Fuente: “Entretelones en la Casa de Gobierno” en “Yrigoyen” Vol. II de Roberto Etchepareborda, Centro Editor de América Latina, 1983.

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miércoles, 5 de septiembre de 2018

Fabio Fiallo: "9 de julio" (13 de enero de 1920)


Valerosos argonautas que en el "9 de Julio" desplegaron a los vientos un bravo pabellón, cuando en el lor nativo pregunten vuestras damas, cómo es en Quisqueya, campo, cielo y sol.

Decidles que nuestros campos son montones de esmeraldas que es un zafiro el cielo y topacio el sol.
Si inquieren por nosotros: ¿son felices?, decidles: los vimos en cadenas, vencidos a traición.

Mustias están sus frentes, sus cuerpos abatidos, y en sus pechos no cabe más odio y más dolor.
Aprended en nosotros, ¡Oh pueblos de América!

Los peligros que encubre la amistad del sajón.
Sus tratados más nobles son pérfida asechanza y hay hambre de rapiña en su entraña feroz.



El Poeta Fabio Fiallo autor del poema "9 de julio" leído en la plana mayor del Crucero 9 de julio que homenajeo al Pabellon Dominicano por orden del Presidente Yrigoyen.






Fuente: “9 de julio” por el poeta Fabio Fiallo, leído en la plana mayor del crucero 9 de julio, 13 de enero de 1920.

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lunes, 27 de agosto de 2018

Fernando de la Rúa: "Régimen de la Participacion Privada en el Desarrollo de Infraestructura" (29 de diciembre de 2000)


REGIMEN PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION PRIVADA EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Decreto 1299/2000

Objeto y alcance. Definiciones. Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura. Previsiones presupuestarias. Contratos. Bienes Inmuebles. Pagos a cargo del Ente Contratante. Garantías a favor de las entidades que financian los proyectos. Jurisdicción Arbitral. Regímenes Alternativos. Adhesión de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Publicidad. Cláusulas Transitorias.

Bs. As., 29/12/2000

VISTO el Expediente N° 025-000574/2000 del Registro del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que a los efectos de profundizar el proceso de reforma del Estado, resulta necesario establecer un régimen de alcance nacional para promover la participación privada en aquellos proyectos que no podrían ser financiados exclusivamente por sus usuarios y destinados al desarrollo de infraestructura económica o social, concepto, éste último abarcativo de los sectores de salud, educación y justicia, entre otros.

Que para ello, es conveniente, mejorar la infraestructura económica y social de la REPUBLICA ARGENTINA, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio fiscal y las metas establecidas en la Ley N° 25.152 de Solvencia Fiscal y establecer estructuras jurídicas que posibiliten el aprovechamiento de los recursos disponibles en el sector privado de la forma más eficaz posible y al menor costo para el Estado, utilizando técnicas contractuales que han demostrado su eficacia en diversos países y recurriendo a procedimientos alternativos a los de obra pública y concesión de obra pública, actualmente vigentes.

Que a los fines expuestos, para poder otorgar mayor seguridad jurídica a las empresas que decidan contratar bajo el régimen del presente proyecto y reducir los costos vinculados con la incertidumbre sobre el pago en tiempo y forma por parte de los entes contratantes, se crea el FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, dotado de un patrimonio inicial que aportarán el ESTADO NACIONAL y las demás jurisdicciones de la REPUBLICA ARGENTINA que adhieran al régimen, con el que se garantizará y eventualmente se satisfarán los pagos comprometidos a favor de la persona jurídica encargada del proyecto, una vez que la obra ha sido construida y, en aquellos casos que corresponda, el servicio comience a ser prestado.

Que en el citado régimen, el sector público determinará el servicio o infraestructura requerido y el sector privado competirá para proveerlo.

Que asimismo, este nuevo régimen apunta a incorporar en la contratación pública, figuras modernas como el leasing o la modalidad "llave en mano" cuando resulten compatibles con cada tipo de proyecto.

Que por otra parte, resulta necesario hacer extensivos los principios de la Ley N° 24.441 al régimen que se instituye, a fin de asegurar tanto los derechos de los entes contratantes sobre los inmuebles afectados a las obras respectivas, como la intangibilidad de los pagos debidos al adjudicatario del proyecto y, por éste, a los proveedores de financiación.

Que a los fines de establecer reglas claras y uniformes para la selección de los adjudicatarios de los proyectos, para la asignación de los riesgos del contrato, y para la ejecución de los mismos, se disponen los principios básicos bajo los cuales se suscribirán y ejecutarán las contrataciones.

Que, frente a las eventuales controversias de índole patrimonial o técnica, que surjan con motivo de contratos celebrados en el marco de este régimen, se prevé que el ESTADO NACIONAL y las Jurisdicciones que adhieran al mismo, puedan someterlas a tribunales arbitrales con dirimente imparcialmente designado.

Que se prevé la posibilidad de la adhesión de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en tanto estas jurisdicciones se comprometan a efectuar las modificaciones legislativas necesarias a fin de posibilitar el funcionamiento del régimen de conformidad con los principios que en esta norma se establecen.

Que dentro del esquema general de reforma del Estado el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION reconoció y declaró en estado de emergencia la situación económico-financiera del ESTADO NACIONAL, la prestación de servicios y la ejecución de los contratos a cargo del sector público nacional.

Que el régimen de promoción de la participación privada en el desarrollo de infraestructura constituye una herramienta de gobierno imprescindible para revertir la crisis en que se encuentra inmerso el sector de la construcción y lograr su reactivación con el consecuente efecto multiplicador en el resto de la economía y particularmente en el empleo.

Que la puesta en vigencia de esta normativa es reclamada en forma urgente por los gobiernos provinciales, que ven en ella un mecanismo eficaz para posibilitar el inicio de proyectos que motorizarán las economías regionales, en las que se verifica un verdadero estado de necesidad extraordinario que exige remedios de igual naturaleza a fin de posibilitar su solución.

Que el listado de proyectos a ser financiados mediante el régimen que establece el presente decreto resulta del Acta Acuerdo firmada el 9 de agosto de 2000 entre el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA y el CONSEJO INTERPROVINCIAL DE MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS (CIMOP).

Que en este sentido el Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, suscripto entre el Gobierno Nacional, los Estados Provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 17 de noviembre de 2000, contempla en su cláusula decimonovena que "Las Partes manifiestan su decisión de cumplimentar el Plan Federal de Infraestructura, ajustado a lo consensuado en el CONSEJO INTERPROVINCIAL DE MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS y el Gobierno Nacional, con ejecución simultánea en todo el país".

Que la reforma constitucional de 1994 prevé mecanismos propios de autopreservación —como el que claramente reconoce el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional— frente a situaciones que por sus características no permitan su resolución eficaz por medio de los procedimientos normales.

Que en el presente las circunstancias fácticas existentes son consideradas de entidad y notoriedad tal que justifican el dictado del presente decreto.

Que el interés general comprometido resulta de tal entidad que las medidas instrumentales propuestas no pueden encararse eficazmente si no se conciben en forma rápida.

Que la inclusión en el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2001, registrado bajo el N° 25.401, de autorizaciones destinadas a ejecutar obras conforme al régimen que se establece constituye una clara demostración del consenso legislativo y de la voluntad de ponerlo en marcha en forma inmediata.

Que la necesidad de reactivación de la economía y su incidencia en la sociedad resultan circunstancias de características públicas y notorias que justifican la excepcionalidad que se impone al presente decreto, a fin de resolver con urgencia y eficazmente la situación planteada en forma no ordinaria.

Que los medios técnicos propuestos en el presente resultan los instrumentos razonables y así fueron entendidos por la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

Régimen para la Promoción de la Participación Privada en el Desarrollo de Infraestructura.

Capítulo I. — Objeto y alcance.

Artículo 1° — El presente decreto tiene por objeto formular el marco jurídico dirigido a promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, mediante el establecimiento de un régimen de alcance federal para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, y financiamiento de las obras de infraestructura económica o social que decidan encarar el PODER EJECUTIVO NACIONAL y los Poderes Ejecutivos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las universidades públicas nacionales que adhieran a su régimen, asegurando como objetivo prioritario proveer al crecimiento armónico de la Nación y equilibrar el desigual desarrollo relativo que existe entre las provincias y las regiones del país.

Art. 2° — Quedan excluidos del régimen del presente decreto, los proyectos en los cuales el ingreso proveniente de terceros, a través de canon de uso, peaje o sistemas similares sea superior al SESENTA POR CIENTO (60%) del costo total de la obra durante el período del Contrato, como así también los proyectos que consistan básicamente en la operación y mantenimiento de corredores viales.

Los fondos y garantías previstos en el presente decreto no podrán ser utilizados para suplementar, complementar o subsidiar los ingresos de los concesionarios viales de peaje en los corredores nacionales en vigencia al momento de la publicación en el Boletín Oficial del presente decreto.

Capítulo II. — Definiciones.

Art. 3° — A los efectos del presente decreto los términos definidos tendrán el significado que a continuación se indica:

a) Jurisdicciones Adheridas: las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto decidan adherir al régimen establecido a través del presente decreto.

b) Fondo: Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura.

c) Ente Contratante: el ente estatal que integra el sector público del Estado Nacional, en los términos de los incisos a) y b) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156, o de una Jurisdicción Adherida, en los términos que establezca la reglamentación, y que celebra un Contrato con el Encargado del Proyecto.

d) Encargado del Proyecto: una o más personas jurídicas, adjudicatarias de los respectivos procesos de selección de cada proyecto, que actúen por sí o en su carácter de fiduciarios de fideicomisos ordinarios, financieros o de otro tipo, a quien el Ente Contratante encomiende el diseño, construcción, financiamiento y, eventualmente el mantenimiento y operación, de obras de infraestructura económica o social bajo el régimen establecido en el presente decreto.

e) Auditoras Técnicas: profesionales habilitados, universidades públicas o privadas, y sociedades locales de capital nacional o extranjero, conforme a lo establecido en la Ley N° 21.382, especializadas en cuestiones técnicas relativas a la ejecución de los Proyectos. Las sociedades o profesionales habilitados que no sean locales, podrán participar como Auditoras Técnicas siempre que se encuentren asociadas a sociedades locales, conforme se establezca en la reglamentación.

f) Contrato: instrumento jurídico celebrado bajo el régimen del presente decreto entre el Ente Contratante y el Encargado del Proyecto, por el cual se encomienda a este último el diseño, construcción y financiamiento y, eventualmente, el mantenimiento y operación de las obras del respectivo proyecto.

g) Fiduciario: el Fiduciario del Fondo.

h) Contraprestación: toda retribución que deba percibir el Encargado del Proyecto como remuneración por el uso de la obra y, en su caso, transferencia de dominio, mantenimiento y operación, de las obras y servicios que el Contrato prevé, incluyendo canon y toda otra suma debida por el Ente Contratante, los usuarios u otras personas. La Contraprestación a cargo de los usuarios no podrá exceder el valor económico medio del servicio ofrecido y será definido en el pliego licitatorio.

Capítulo III. — Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura.

Art. 4° — Créase el FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA cuyos recursos se afectarán a garantizar los pagos a cargo de los Entes Contratantes en los Contratos.

El Fondo tendrá una duración de TREINTA (30) años a partir del dictado del presente decreto, más el plazo que resulte necesario para cumplir con las obligaciones emergentes de los Contratos que tengan principio de ejecución dentro de los DIEZ (10) años contados a partir de la constitución del Fondo. El Fondo podrá actuar como agente de pago por cuenta de terceros con los recursos proporcionados por los respectivos Entes Contratantes, en cuyo caso así deberá estar contemplado en el Contrato. El PODER EJECUTIVO NACIONAL para establecer formas y procedimientos que faciliten la asociación del Estado Nacional con el capital privado a los fines establecidos en el presente decreto.

Art. 5° — El Fondo funcionará en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA y del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. Su administración será ejercida por un Consejo de Administración integrado por TRES (3) a SEIS (6) miembros, conforme lo establezca la reglamentación, a ser designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, uno de ellos a propuesta del CONSEJO INTERPROVINCIAL DE MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS (CIMOP). Su presidente tendrá doble voto en caso de empate. El Consejo de Administración deberá brindar un tratamiento equitativo en el otorgamiento de las garantías. El reglamento del Fondo será dictado por decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL. En él se establecerán las incompatibilidades y requisitos de antecedentes e idoneidad que deberán satisfacer los miembros del Consejo de Administración. El MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA dentro del ámbito de su competencia conjuntamente con el CONSEJO INTERPROVINCIAL DE MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS (CIMOP), intervendrán en la preselección de los proyectos a encararse bajo el régimen establecido en el presente decreto.

El Fiduciario será el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, cuya función será la de administrar los recursos del Fondo de conformidad con las instrucciones que le imparta el Consejo de Administración.

Su funcionamiento estará también sometido a la Ley N° 25.188.

Art. 6° — El patrimonio del Fondo estará constituido por:

a) los bienes y recursos que le asigne el Estado Nacional conforme a las prescripciones de la Ley N° 22.423, y las Jurisdicciones Adheridas;

b) el producido de sus operaciones; la renta, frutos y venta de sus activos; y

c) contribuciones, subsidios, legados o donaciones.

A los efectos del inciso a) precedente, el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá transferir en forma gratuita al Fondo, el producido de la venta o de la cesión, por cualquier título, de los bienes que se incluyen en el ANEXO I del presente decreto.

En el caso de aquellos inmuebles que hubiesen sido transferidos o estuviesen en trámite de serlo en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 24.146 a provincias, municipios y comunas, se mantendrán las condiciones de los acuerdos oportunamente celebrados mediante convenios.

Art. 7° — El Fondo deberá constituir y mantener en todo momento, una reserva de liquidez, que integrará su patrimonio y cuya constitución, mantenimiento y/o costo estará a cargo de los Entes Contratantes, debiéndose obtener en tal supuesto, cuando el Ente Contratante pertenezca al Estado Nacional, la autorización presupuestaria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley N° 24.156. La reglamentación establecerá el monto de dicha reserva tomando en cuenta las Contraprestaciones previstas en los Contratos celebrados, y dispondrá cómo se afectará la misma a los respectivos Contratos y en qué casos podrá integrarse con recursos del Fondo. Dicha reserva no podrá ser reducida afectando los derechos adquiridos bajo los Contratos celebrados. Cuando el Ente Contratante pertenezca al Estado Nacional y el patrimonio líquido del Fondo no alcanzare para constituir dicha reserva, el Fondo podrá recurrir a los procedimientos previstos en los incisos b) y c) del Artículo 27 del presente decreto para completar el faltante.

Art. 8° — El Fondo podrá invertir sus recursos líquidos en títulos o valores públicos, y/o en depósitos a plazo fijo en bancos oficiales nacionales, provinciales o municipales, con vencimientos que no excedan de un año.

Los demás bienes que se asignen al Fondo por ley o norma habilitante, podrán, cumplimentando la normativa vigente, ser vendidos, dados en locación, usufructo, concesión, fideicomiso o dispuestos de otra manera en cuanto a su propiedad o uso, a fin de ser utilizados como garantía.

Art. 9° — El patrimonio del Fondo quedará irrevocablemente afectado a la garantía de los pagos debidos bajo los Contratos. Al vencimiento del plazo de duración del Fondo, su patrimonio remanente revertirá al Estado Nacional y a las Jurisdicciones Adheridas, en los términos que establezca el reglamento del Fondo el que, a estos efectos, deberá tomar en cuenta el monto de los respectivos aportes y los desembolsos efectuados por el Fondo respecto de las obras contratadas por el Estado Nacional y cada Jurisdicción Adherida.

Art. 10. — El Fondo, a través del Fiduciario, estará facultado dentro de la normativa vigente para contratar préstamos, garantías y facilidades contingentes con organismos internacionales económico-financieros a los que pertenezca como miembro la REPUBLICA ARGENTINA o con entidades financieras nacionales o extranjeras y compañías de seguro, o recurrir al mercado de capitales.

Art. 11. — Las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deseen adherir al régimen del presente decreto deberán otorgar al Fondo la exención de sus respectivos impuestos.

Art. 12. — La autoridad de aplicación del régimen establecido por el presente, será el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Capítulo IV. — Previsiones presupuestarias.

Art. 13. — Todo proyecto que deba realizar el Estado Nacional y que tenga origen en las disposiciones del presente decreto deberá contar en todos los casos con la correspondiente aprobación presupuestaria, conforme a lo establecido en la Ley N° 24.156 y su modificatoria. En la presentación de los presupuestos plurianuales deberán constar en forma específica las partidas asignadas al pago de cánones y/o la constitución de garantías derivadas del presente decreto. Las obras que se ejecuten conforme el presente decreto deberán cumplimentar con el régimen vigente de la Ley N° 24.354.

Capítulo V. — Contratos.

Art. 14. — Los Entes Contratantes, en el ámbito de sus respectivas competencias. podrán encomendar por separado:

a) el estudio de factibilidad y/o el diseño preliminar;

b) la etapa final del diseño, construcción, mantenimiento, operación y/o financiamiento de proyectos de infraestructura económica y social, cuando correspondiere.

En tal caso, quienes hubieran intervenido por sí o por terceros en el estudio de factibilidad y/o en el diseño preliminar, no podrán hacerlo en las restantes etapas del mismo.

El Ente Contratante podrá recurrir al contrato de leasing o locación con opción de compra conforme la Ley N° 25.248, o cualquier figura contractual prevista en el derecho público o privado; todo ello en tanto resulte compatible con el presente decreto y adecuado a la naturaleza de las obras y al proyecto específico de que se trate. El Ente Contratante podrá obligarse en los Contratos a ejercer la respectiva opción de compra de la obra. Los Contratos podrán ejecutarse según la modalidad "llave en mano" cuando resulte compatible con el proyecto.

Art. 15. — Los plazos y el valor de la Contraprestación surgirán de la oferta o presentación, y deberán ser incluidos en el Contrato. La elección de la oferta que al respecto se efectúe en oportunidad de cada contratación, deberá basarse en estudios técnicos de organismos públicos o firmas privadas especializadas contratadas al efecto por el Ente Contratante. Los plazos y el valor de la Contraprestación así fijados no podrán ser cuestionados en sede administrativa ni judicial, salvo dolo.

El Contrato deberá especificar asimismo los componentes del precio de la oferta, discriminando entre otros el costo de construcción de la obra, de financiación, de operación, de mantenimiento y, de expropiación de los bienes cuando fuera necesario para la ejecución del proyecto en cuestión.

Art. 16. — El Contrato, cualquiera fuera su modalidad, deberá prever que la construcción de la obra, sus avances, terminación, operación y mantenimiento serán auditados por el organismo público idóneo o la Auditora Técnica, con la periodicidad que se establezca en el Contrato, y deberá remitir el informe pertinente al Ente Contratante, al Fondo y al Encargado del Proyecto. La reglamentación establecerá las condiciones que deberán cumplir las Auditoras Técnicas y su elección se realizará por concurso. Las Auditoras Técnicas que hubieran intervenido por sí o por terceros en las etapas de factibilidad y/o en el diseño preliminar de un proyecto, no podrán hacerlo en las restantes etapas del mismo; ni guardar relación jurídica, económica y/o financiera con el Encargado del Proyecto en cualquiera de sus fases.

Art. 17. — Una vez verificada la finalización de la obra según el método previsto en el Contrato, el Encargado del Proyecto tendrá derecho a percibir la Contraprestación correspondiente.

Art. 18. — Los pliegos licitatorios deberán prever la asignación de los riesgos del proyecto, incluyendo los de índole técnica, económica y financiera.

Art. 19. — Los derechos y obligaciones contractuales de las partes serán sólo aquellos expresamente previstos en el presente decreto, en el respectivo pliego de licitación y en el Contrato correspondiente, en la reglamentación de fecha anterior a la celebración de aquél, incorporada por referencia, y en las normas del derecho privado que resulten aplicables. Cuando no se prevea el derecho del Ente Contratante de rescindir anticipadamente el Contrato, o de modificarlo unilateralmente, por razones de conveniencia e interés público, la contratación deberá ser autorizada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, o en su caso de la respectiva Jurisdicción Adherida, con la previa intervención de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION o del máximo organismo administrativo de asesoramiento legal de aquélla.

Art. 20. — En la aplicación del presente régimen se establece para los procesos de selección de los Encargados del Proyecto, el procedimiento de licitación pública nacional.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá convocar fundadamente a licitación pública nacional e internacional, atendiendo a la complejidad técnica de la obra, la capacidad de participación en el proceso licitatorio de las empresas regionales, provinciales y/o locales, razones económicas y/o financieras, la capacidad de contratación disponible, y/o el origen de los fondos cuando se trate de proyectos que cuenten con financiamiento o garantías específicas de organismos internacionales económicofinancieros a los que pertenezca como miembro de la REPUBLICA ARGENTINA.

Cuando el costo de la construcción de la obra sea superior a PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES ($ 45.000.000) el llamado a licitación será de carácter nacional e internacional.

Tratándose de licitación pública nacional e internacional, los pliegos licitatorios establecerán que las empresas no radicadas en el país, para presentarse a licitación, deberán estar asociadas a firmas locales con una participación societaria máxima del CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%). Las bases de las licitaciones establecerán que las empresas locales de capital nacional definidas según la Ley N° 21.382, tendrán la opción de igualar la mejor oferta siempre que estuvieran dentro del margen del DIEZ POR CIENTO (10%) de la misma. La documentación del procedimiento licitatorio deberá contener precios testigo o valores de referencia de los insumos y componentes principales del proyecto a licitar y de su origen, así como de los costos del proyecto por proceso o actividad en las etapas de construcción, operación y mantenimiento, a cuyos efectos la reglamentación podrá prever su determinación por intermedio de universidades públicas nacionales u organismos nacionales. Las empresas oferentes radicadas o no radicadas en el país, en todos los casos deberán presentar por declaración jurada, los costos y condiciones de financiamiento de la oferta, conforme lo determine la reglamentación.

En los casos en que sea necesario obtener financiación o garantías de organismos internacionales económico-financieros a los que pertenezca como miembro la REPUBLICA ARGENTINA, las disposiciones del presente artículo podrán ser ajustadas según las normas o disposiciones de estos organismos o los acuerdos que se alcancen con los mismos.

Podrán efectuarse llamados a licitación enunciando las necesidades a satisfacer o los servicios a prestar.

En todos los casos la adjudicación recaerá sobre la oferta considerada más conveniente tomando en cuenta en especial el monto de la Contraprestación y la calidad de la prestación ofrecida, sin perjuicio de tener en cuenta la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta de acuerdo con los parámetros objetivos de selección que establezcan los pliegos respectivos.

Cuando el Encargado del Proyecto no cuente con antecedentes en diseño, construcción, mantenimiento y/u operación de obras de infraestructura, deberá acompañar al momento de la presentación de la oferta, el compromiso formalizado con una o más empresas constructoras, las que además de contar con la capacidad técnica correspondiente, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el presente artículo.



Los Encargados del Proyecto deberán dar cumplimiento a la normativa del compre nacional y/o argentino y a la Ley N° 25.300, vigentes a la fecha del llamado a licitación. Las Jurisdicciones Adheridas aplicarán sus respectivas legislaciones, las que deberán asegurar los principios de transparencia, concurrencia e igualdad.

Art. 21. — Los Encargados del Proyecto deberán garantizar el cumplimiento de la Ley N° 24.493 con relación al personal contratado.

Art. 22. — Las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), conforme a lo establecido en la Ley N° 25.300, en forma individual o a través de sus diferentes formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas sin perder su condición de tales, podrán constituirse en Encargadas del Proyecto. La reglamentación instrumentará los medios para que las MIPyMES puedan ser Encargadas del Proyecto.

Los Encargados del Proyecto —que no fueran MIPyMES— deberán hacer participar a MIPyMES que no estén vinculadas jurídica y/o económicamente con aquéllos y/o con sus integrantes y que estén debidamente inscriptas en el registro de constructores o licitadores que corresponda a la región, en forma individual o asociadas, bajo la forma de subcontrataciones, en un mínimo del VEINTE POR CIENTO (20%) del costo de la construcción. La mitad de esta participación deberá formalizarse mediante subcontratos nominados al momento de la presentación de la oferta. Los pliegos de licitación establecerán criterios para la calificación de las ofertas atendiendo el nivel de participación porcentual de MIPyMES dentro del proyecto. Asimismo, los pliegos deberán garantizar la factibilidad de integrar las capacidades técnicas y/o financieras de las mismas para poder alcanzar los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones Generales de la licitación, cuando éstas en su condición de oferentes, se constituyan en una Unión Transitoria de Empresas (UTE). En los casos en que sea necesario obtener financiación o garantías de organismos internacionales económico-financieros a los que pertenezca como miembro la REPUBLICA ARGENTINA, las disposiciones del presente artículo podrán ser ajustadas según las normas o disposiciones de estos organismos o los acuerdos que se alcancen con los mismos.

Art. 23. — Los Encargados del Proyecto no podrán transferir parcial o totalmente el Contrato sin la previa autorización expresa del Ente Contratante.

Capítulo VI. — Bienes Inmuebles.

Art. 24. — Cuando los inmuebles sobre los que se construirán las obras contratadas bajo el régimen del presente decreto no sean de propiedad del Estado, la transferencia de dominio a favor del Ente Contratante tendrá lugar en la oportunidad y bajo las condiciones previstas en el Contrato respectivo. Hasta que ello ocurra, dichos inmuebles deberán ser colocados en un fideicomiso bajo condiciones que aseguren su transferencia al Ente Contratante a la finalización del Contrato, y su afectación a la obra y al servicio que con ella se preste durante la vigencia del mismo. Cuando dichos inmuebles formen parte del dominio privado del Ente Contratante, éste podrá colocarlos en un fideicomiso bajo análogas condiciones. No podrá invocarse ninguna disposición de la legislación concursal para cuestionar la inscripción del bien en fideicomiso y su traspaso posterior al Ente Contratante.

Capítulo VII. — Pagos a cargo del Ente Contratante.

Art. 25. — Las Contraprestaciones a abonar por el Ente Contratante, podrán ser estipuladas en moneda nacional o extranjera.

En ningún caso el valor del canon referido al mantenimiento y operación de la obra, podrá ajustarse automáticamente mediante la utilización de valores, índices o coeficientes nacionales y/o extranjeros.

El valor de la Contraprestación referido al costo financiero podrá variarse de acuerdo con la fluctuación ascendente o descendente de las tasas de interés en los mercados financieros. La reglamentación fijará la metodología aplicable en cada caso.

Las Contraprestaciones deberán ser incluidas en las respectivas leyes de presupuesto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley N° 24.156, o a través de procedimientos similares establecidos o a establecerse por las Jurisdicciones Adheridas,

En la presentación de los presupuestos plurianuales deberán constar en forma específica las partidas asignadas al pago de las Contraprestaciones a cargo del Ente Contratante.

Art. 26. — El Ente Contratante podrá instrumentar y garantizar el cumplimiento del plan de pagos acordado mediante uno o más de los siguientes mecanismos:

a) Pago directo por el Fondo en los casos previstos en el Artículo 4° del presente decreto, y siempre que el Ente Contratante haya provisto recursos suficientes en tiempo oportuno;

b) Obligación subsidiaria de pago a cargo del Fondo si se produjese demora o incumplimiento del Ente Contratante superior a TREINTA (30) días;

c) Garantías directas a favor del Encargado del Proyecto contratadas por el Fondo, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 10 del presente decreto, o contratadas por el Estado Nacional o la Jurisdicción Adherida con o sin recurso contra el Fondo.

Art. 27. — Cuando deba hacer frente a obligaciones previstas en los Contratos celebrados por Entes Contratantes del Estado Nacional, el Fondo utilizará sus recursos en el siguiente orden de prelación, hasta el monto debido por el respectivo Ente Contratante y aprobado, para el respectivo año, por la ley de presupuesto que haya autorizado inicialmente la contratación en forma plurianual según el Artículo 15 de la Ley N° 24.156:

a) Patrimonio del Fondo, comenzando por aquellos recursos afectados específicamente al Contrato respectivo, si los hubiere;

b) Líneas de crédito contingentes y otras garantías a favor del Fondo contratadas de acuerdo con lo previsto por el Artículo 10 del presente decreto o contratadas por el Estado Nacional o la Jurisdicción Adherida, comenzando por aquellas afectadas específicamente al Contrato respectivo, si las hubiere;

c) Débito sobre la cuenta única que la Tesorería General de la Nación, dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, posee habilitada en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA afectando los recursos que provengan de la parte correspondiente al Tesoro Nacional del Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Gas Natural creado por la Ley N° 23.966, o del que lo sustituya, a cuyo efecto la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA instruirá irrevocablemente al BANCO DE LA NACION ARGENTINA para que pague tales débitos. Dicha afectación estará condicionada a la demora o incumplimiento de pago del Ente Contratante nacional superior a TREINTA (30) días hábiles. En ningún caso cuando se trate de Entes Contratantes del Estado Nacional podrán ser afectados los recursos destinados al FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA (FONAVI), a la Seguridad Social, y a las provincias.

El total de Contraprestaciones a cargo de Entes Contratantes del Estado Nacional a ser garantizadas por el Fondo respecto de cada ejercicio futuro no podrá superar un monto igual al total de los recursos que correspondan al Tesoro Nacional de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Gas Natural creado por la Ley N° 23.966, o del que lo sustituya, obtenidos durante el ejercicio anterior al de la celebración del Contrato respecto del cual se computa dicho tope. Este tope anual podrá ser incrementado en la medida en que el patrimonio líquido del Fondo exceda el monto afectado a la reserva prevista en el Artículo 7° del presente decreto, o se obtengan líneas de crédito o garantías según se prevé en el inciso b) precedente. La reglamentación dispondrá la manera de calcular dicho tope anual y la forma de asignar tales recursos a cada ejercicio.

La eventual modificación de dicha reglamentación o la disminución de la recaudación del referido impuesto en ejercicios posteriores no afectará la validez de las garantías ya otorgadas.

A través de la normativa legal que corresponda, cada Jurisdicción Adherida dispondrá para los Contratos celebrados por sus Entes Contratantes, un mecanismo análogo al previsto en el inciso c) del presente artículo y el monto máximo de garantías que puede otorgar el Fondo respecto de los Contratos correspondientes a tal jurisdicción. Asimismo, dicha normativa indicará el orden de prelación en el uso de los recursos y garantías que ella aporte al Fondo, indicación que no podrá modificarse sin la anuencia de todos los titulares de los Contratos celebrados por dicha jurisdicción y sus cesionarios si los hubiere.

La reglamentación preverá el orden de atención de las obligaciones del Fondo en caso de insuficiencia temporaria de recursos.

El Fondo llevará un registro de los Contratos respecto de los cuales actúa como garante, o en su caso como agente pagador, y de los pagos efectuados a su respecto, el que estará en todo momento a disposición de los interesados. La reglamentación establecerá el régimen informativo de la situación patrimonial del Fondo, información que también estará a disposición de los interesados.

Capítulo VIII. — Garantías a favor de las entidades que financian los proyectos.

Art. 28. — El Encargado del Proyecto podrá contratar préstamos bajo la condición de que el incumplimiento del mismo importará la cesión del respectivo Contrato a favor del acreedor, como se reglamente oportunamente.

La reglamentación fijará que dicha cesión estará sujeta a la aprobación del Ente Contratante, el que deberá otorgarla siempre y cuando el cesionario, o la persona a la que éste encomiende el cumplimiento del Contrato cedido, reúna las condiciones requeridas para cumplir las obligaciones en él previstas y asuma las obligaciones del cedente, frente a proveedores de bienes y servicios utilizados en el proyecto, hasta el monto establecido en el Contrato. Dicho monto, sumado a todo pago que debiere efectuar el cesionario al cedente de acuerdo a los términos que gobiernen la cesión, constituirá el límite de las obligaciones del cesionario en caso de resultar de aplicación la Ley N° 11.867 de Transferencia de Fondos de Comercio.

En tal supuesto, si el total de los créditos denunciados por el cedente más los no denunciados pero cuyos titulares hubieren formulado la correspondiente oposición, excediere dicho límite, el cesionario depositará en consignación el monto límite antedicho. La efectivización de la cesión no estará condicionada al cumplimiento de los trámites de la Ley N° 11.867 ni se suspenderá durante su transcurso.

La cesión, una vez aprobada, se considerará efectiva frente al Ente Contratante, al Fondo y a los terceros mediante su notificación por acto público a los DOS (2) primeros y la publicación de la cesión por el término de CINCO (5) días en el diario de publicaciones oficiales de la jurisdicción del Ente Contratante.

La cesión podrá tener lugar aún durante el concurso preventivo del Encargado del Proyecto o con posterioridad a su quiebra, no requiriéndose para su efectivización la conformidad del juez o del síndico intervinientes, ni siendo de aplicación al Contrato las normas de la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras que se opongan a tal efectivización o a la continuación del Contrato antes o después de la cesión, sin perjuicio de la rendición de cuentas del cesionario en el expediente judicial correspondiente.

También podrá cederse el derecho al cobro de la Contraprestación debida por el Ente Contratante, en cuyo supuesto éste podrá oponer al cesionario —a menos que el Contrato disponga expresamente lo contrario— todas las defensas fundadas en el incumplimiento del Contrato oponibles frente al cedente.

Art. 29. — En el supuesto de que el proyecto sea solventado parcialmente por el flujo de fondos generado por sus usuarios, el requisito exigido por el Artículo 1467 del Código Civil para hacer oponible a terceros la cesión del derecho al cobro de las prestaciones a cargo de tales usuarios, se considerará cumplido con la publicación de la cesión por el término de TRES (3) días en el diario de publicaciones ofíciales de la jurisdicción del Ente Contratante y en su caso también en un diario de la jurisdicción de emplazamiento de la obra, sin ser necesario notificarla por acto público individual a los deudores cedidos. Dicha cesión deberá ser, en todos los casos, comunicada al Ente Contratante, que —en su caso— preverá la notificación a los usuarios para el supuesto de modificarse el domicilio de pago a los que ellos están obligados.

Capítulo IX. — Jurisdicción Arbitral.

Art. 30. — El PODER EJECUTIVO NACIONAL y los poderes ejecutivos de las Jurisdicciones Adheridas, podrán prever en los pliegos de licitación el sometimiento de las eventuales controversias de índole patrimonial o técnica y/o de interpretación del Contrato con los Encargados de los Proyectos, sus garantes y financistas, que surjan con motivo de los Contratos, a tribunales arbítrales con dirimente imparcialmente designado, y para renunciar, en tales casos, a interponer la defensa de foro incompetente o no justiciabilidad frente a las acciones iniciadas ante tales tribunales respecto de dichas controversias. En tal caso el mecanismo de arbitraje y la forma de designación de los árbitros deberán establecerse en los respectivos pliegos licitatorios.

Art. 31. — El Contrato podrá prever que los pagos que se devengaren a cargo del Ente Contratante y/o los usuarios durante el trámite de la controversia deberán ser hechos efectivos en la medida en que no se vean alcanzados por ella.

En tal caso, si la Auditora Técnica verificare que el Encargado del Proyecto ha cumplido debidamente con sus obligaciones bajo el Contrato, los fondos alcanzados por la controversia deberán ser depositados por el Ente Contratante o en su defecto por el Fondo, y/o en su caso los usuarios, como se reglamente oportunamente, en una cuenta en garantía hasta su resolución final y seguirán su suerte.

Capítulo X. — Regímenes Alternativos.

Art. 32. — El régimen establecido por el presente decreto será alternativo al de las Leyes N° 13.064 y N° 17.520 en el ámbito nacional, y, en las Jurisdicciones Adheridas, al de la legislación correlativa.

La reglamentación del presente decreto podrá autorizar la inclusión en los Contratos de aquellas normas de dichas leyes que el "mismo indique y que no se opongan al régimen del presente decreto".

Capítulo XI. — Adhesión de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 33. — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir, en forma general o respecto de obras específicas, a ser construidas o financiadas total o parcialmente por ellas, al régimen del presente decreto y a derogar aquellas normas que, sin resultar impuestas por las respectivas constituciones provinciales, puedan afectar la aplicación de la presente. A fin de reducir el costo del financiamiento de las obras, las Jurisdicciones Adheridas deberán cumplir con el Artículo 11 del presente decreto. Los municipios de las provincias así adheridas podrán participar en el presente régimen en las condiciones que fije la ley provincial de adhesión y la reglamentación del presente decreto.

Art. 34. — Las Jurisdicciones Adheridas deberán dictar normas que eximan del impuesto de sellos, y de otros impuestos similares o sustitutivos creados o a crearse, a los Encargados de los Proyectos respecto de las obras y servicios a llevar a cabo en sus respectivas jurisdicciones, así como a los actos contractuales que a tales efectos celebren. Asimismo deberán abstenerse de aplicarles tributos específicos o discriminatorios.

Art. 35. — Las Jurisdicciones Adheridas deberán dictar todas las normas legislativas y administrativas necesarias para aportar al Fondo los bienes y recursos que garantizarán, y en su caso solventarán, el pago de las Contraprestaciones que se acuerden contractualmente en su jurisdicción.

La reglamentación determinará el tipo de garantías que deben proveer las Jurisdicciones Adheridas.

Capítulo XII. — Publicidad.

Art. 36. — El PODER EJECUTIVO NACIONAL, sin perjuicio de la normativa vigente en la materia, implementará a través del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, un sitio de consulta pública y gratuita en Internet, a fin de dar publicidad a los actos administrativos, auditorías e informes, relacionados con las licitaciones y Contratos que se efectúen en el marco del presente decreto.

Capítulo XIII. — Cláusulas Transitorias.

Art. 37. — Las obras acordadas a través del Acta Acuerdo firmada el 9 de agosto de 2000 entre el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA y el CONSEJO INTERPROVINCIAL DE MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS (CIMOP), detalladas en el ANEXO II, serán afrontadas económicamente por el Estado Nacional y serán las primeras en encararse bajo el régimen del presente decreto, incluyéndose en los presupuestos nacionales plurianuales correspondientes. La ejecución en el tiempo de estas obras respetará criterios de equilibrio provincial. Las obras acordadas a través del Acta de referencia podrán ser substituidas por otras de idéntico valor a pedido de las respectivas provincias con la aprobación del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, Para garantizar el estricto cumplimiento de las prioridades fijadas en el Acuerdo Federal, ambas jurisdicciones acordarán las excepciones que deban hacerse a los requisitos de la Ley N° 24.354.

Art. 38. — Atento a que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES no suscribió el Acta Acuerdo mencionada en el artículo precedente, las obras que se ejecuten en esa jurisdicción para el año 2001 dentro del marco del presente decreto, tendrán asegurada la inversión acordada en la Asamblea Extraordinaria del CIMOP del 6 de Julio de 2000 por el monto de PESOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES ($ 84.000.000).

Art. 39. — Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional.

Art. 40. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DE LA RUA. — Chrystian G. Colombo. — José L. Machinea. — Héctor J. Lombardo. — Hugo Juri Fernández. — Rosa G. C. de Fernández Meijide. — Federico T. M. Storani. — Patricia Bullrich. — Jorge E. De La Rúa. — Ricardo H. López Murphy.

ANEXO I

BIENES DEL ESTADO

PLAYAS DE CARGA INCLUIDAS EN LOS DECRETOS N° 1090/97 y N° 837/98

Playa de cargas Estación Retiro – CAPITAL FEDERAL

Playa de cargas Estación Liniers – CAPITAL FEDERAL

Playa de cargas Estación Caballito – CAPITAL FEDERAL

Playa de cargas Estación Palermo – CAPITAL FEDERAL

Playa de cargas Estación Federico Lacroze –CAPITAL FEDERAL

Playa de cargas Estación Pueyrredón - CAPITAL FEDERAL

Playa de cargas Estación La Paternal - CAPITAL FEDERAL

Estación Buenos Aires - Línea Belgrano - CAPITAL FEDERAL

Playa de cargas Estación Casa Amarilla - CAPITAL FEDERAL

Playa de cargas Estación Victoria - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Playa de cargas Estación José C. Paz - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Playa de cargas Estación Sáenz – CAPITAL FEDERAL

Playa de cargas Estación Merlo – PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Playa de cargas Estación San Martín - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Playa de cargas Estación Moreno - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Playa de cargas Estación Colegiales – CAPITAL FEDERAL

Playa de cargas Estación Solá - CAPITAL FEDERAL

Playa de cargas Estación Florencio Varela –PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Playa de cargas Estación San Isidro - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

TALLERES

Talleres Liniers - CAPITAL FEDERAL

Talleres Ferroviarios La Plata Línea Belgrano –PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Talleres Alta Córdoba - PROVINCIA DE CORDOBA

Talleres Ferroviarios Campana Línea Mitre –PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CLUBES

Club Ferrocarril General Bartolomé Mitre - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Club Personal de Dirección FC Sarmiento, Liniers - CAPITAL FEDERAL

Club Antonio Tomba - PROVINCIA DE MENDOZA

Club Atlético Estudiantes de Caseros - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

INMUEBLES EN GENERAL

Estación Rosario Central, Ciudad de Rosario –PROVINCIA DE SANTA FE

Estación Santa Fe Cambios - PROVINCIA DE SANTA FE

A. del Valle y Oroño, Rosario - PROVINCIA DE SANTA FE

Calle Belgrano, Crespo, etc. - PROVINCIA DE SANTA FE

Bordabere y Humberto 1°, Ciudad de Rosario –PROVINCIA DE SANTA FE

Estación Mendoza Pasajeros - PROVINCIA DE MENDOZA

Estación Rosario CC, Ciudad de Rosario - PROVINCIA DE SANTA FE

Estación Ribera Sud, Avellaneda – PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Estación Santa Fe Pasajeros - PROVINCIA DE SANTA FE

Villa Lugano, calle Santander - CAPITAL FEDERAL

Estación Colegiales, calle Newbery – CAPITAL FEDERAL

Estación Chacarita calles Fitz Roy y Velazco –CAPITAL FEDERAL

Cuadro Estación Pueyrredón - CAPITAL FEDERAL

Estación Paraná - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Estación Urquiza, calle Roosevelt – CAPITAL FEDERAL

Estación San Vicente, calle Matheu - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Estación Boulogne Sur Mer (Galería) - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Estación Bella Vista (Galería) - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Avenida del Libertador y Corrientes, Olivos –PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Estación Mendoza Cargas - destino Hotel –PROVINCIA DE MENDOZA

Lotes Santa Fe Talleres, próximo Terminal de Omnibus - PROVINCIA DE SANTA FE

Estación Núñez, calle O’Higgins – CAPITAL FEDERAL

Calle Independencia, Estación Ballester - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Calle Guido y España, Mar del Plata - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Calle Ancon Estación Carranza - CAPITAL FEDERAL

Balcarce, Boulevard Gálvez, Ciudad de Santa Fe - PROVINCIA DE SANTA FE

ANEXO II

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Saneamiento de la Cuenca del Río Salado Comprende las siguientes obras que forman parte de la cuenca:

a) Ampliación de la Capacidad en las siguientes Lagunas: Mar Chiquita, La Salada y Bragado. Estación de bombeo en el Complejo Hinojo – Las Tunas.

b) Obras de canalización de: Cañada Las Horquetas (Segunda Etapa), Las Horquetas - La Picasa.

c) Protección de ciudades contra inundaciones.

PROVINCIA DE CATAMARCA

Ruta Nacional N° 38

a) Variante paso por PROVINCIA DE CATAMARCA (incluye Puente sobre el Río del Valle). Obra nueva - (18 Kilómetros).

b) Tramo Acceso a La Merced - Límite con la PROVINCIA DE TUCUMAN. Ampliación de capacidad (trocha adicional) - (27 Kilómetros).

c) Dique El Bolsón - Departamento El Alto (presa multipropósito: agua potable, riego y energía).

PROVINCIA DE CORDOBA

Ruta Nacional N° 158 - Tramo San Francisco –Río Cuarto. Ensanche y repavimentación.

Ruta Nacional N° 9 - Tramo Villa María - Tortugas (Límite con la PROVINCIA DE SANTA FE).

Construcción Autopista.

PROVINCIA DE CORRIENTES

Ruta Provincial N° 126

a) Tramo Sauce - Curuzú Cuatiá. Reconstrucción.

b) Tramo Bonpland - Curuzú Cuatiá. Repavimentación.

c) Tramo Sauce - Empalme Ruta Nacional N° 12. Obra nueva y repavimentación.

Ruta Provincial N° 25 - Tramo Ruta Nacional N° 119 - El Descanso. Reconstrucción.

Ruta Nacional N° 30 - Tramo El Descanso - Malvina

Norte. Puente en Paso Hiju. Reconstrucción.

Ruta Provincial N° 125 - Tramo Rincón del Pago

- Ruta Nacional N° 12. Reconstrucción.

PROVINCIA DEL CHACO

Ruta Nacional N° 95 - Tramo Límite con la PROVINCIA DE FORMOSA - Acceso a Isletas. Obra nueva y Pavimentación. (84 Kilómetros).

Ruta Provincial N° 9 - Tramo Capitán Solari -Empalme

Ruta Nacional N° 95. Obra básica y pavimentación - (94 Kilómetros).

Bajos Submeridionales - Línea Tapenagá –Obras y canales de drenaje, recuperación de zonas productivas, control de inundaciones.

PROVINCIA DEL CHUBUT

Ruta Nacional N° 3 - Construcción de variante por la ciudad de Comodoro Rivadavia. Autovía Costera - (18 Kilómetros).

Ruta Nacional N° 258 - Circuito turístico Trevelín - Cholila.

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Autovía Paraná - Colón - Construcción de Traza Nueva (250 Kilómetros). Primera Etapa.

Acceso Puerto Ibicuy - Obra Básica y pavimentación - (47 Kilómetros).

PROVINCIA DE FORMOSA

Ruta Nacional N° 95 - Tramo Límite con la PROVINCIA DEL CHACO - Empalme

Ruta Nacional N° 81. Obra Básica y pavimentación - (60 Kilómetros).

Ruta Nacional N° 81 - Tramo Pozo del Mortero –Límite con la PROVINCIA DE SALTA. Obra básica y pavimentación - (168 Kilómetros).

Ruta Nacional N° 86 - Tramo General Güemes –General Belgrano. Obra Básica y pavimentación -( 28 Kilómetros).

Ruta Nacional N° 86 - Tramo El Solitario – El Churcal. Obra básica y pavimentación - (30 Kilómetros).

Ruta Provincial N° 28 - Dique Bañado La Estrella. Ruta sobre endicamiento, terraplén y obras de arte (aliviaderos) - (20 Kilómetros).

PROVINCIA DE JUJUY

Plan Saneamiento Area Manantiales (Primera Etapa) - Drenajes a cielo abierto y entubados –Recuperación de 7.000 Hectáreas bajo riego.

Proyecto Ferro-Vial-Urbanístico. Area San Salvador de JuJuy - Palpala - Construcción nueva traza vía del Ferrocarril Central General Belgrano.

Reubicación de vías existentes.

Recuperación de tierras para fines urbanos.

Construcción de dos avenidas de circunvalación.

Ruta Nacional N° 40 (Minera) - Tramo Límite con la PROVINCIA DE SALTA - Variante.

Ruta Provincial N° 74. (100 Kilómetros).

PROVINCIA DE LA PAMPA

Obras de Atenuación de Inundaciones en la Región Noreste - Canal principal de 128 Kilómetros y 7 canales secundarios de 330 Kilómetros.

Construcción de 5 reservorios. Otras obras de control y terraplenes.

PROVINCIA DE LA RIOJA

Ruta Provincial sin N° - Tramo Aimogasta - Límite con la PROVINCIA DE CATAMARCA – Traza Nueva.

Ruta Provincial N° 29 - Tramo Ruta Chepes –Límite con la PROVINCIA DE SAN LUIS. Nueva traza - (75 Kilómetros).

Obras aprovechamiento potencial hídrico riego presurizado - comprende 17 localidades y genera un incremento de 4.900 Hectáreas para riego en minifundios.

Mejoramiento y optimización infraestructura hidráulica existente: Agua Potable y Saneamiento en varias localidades.

PROVINCIA DE MENDOZA

Interconexión Gran Mendoza - Anillo 1 interno de Circunvalación. Reordenamiento general del tránsito. Ampliación y obras nuevas.

Interconexión Gran Mendoza - Anillo 2 externo de Circunvalación. Reordenarniento general del tránsito. Ampliación y obras nuevas.

PROVINCIA DE MISIONES

Ruta Nacional N° 101

a) Tramo: Bernardo de Irigoyen - San Antonio.

Obra básica y pavimentación - (32 Kilómetros).

b) Tramo: San Antonio - Empalme Ruta Provincial N° 24. Obra básica y pavimentación - (27 Kilómetros).

c) Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 24 - Deseado.

Obra Básica y pavimentación - (28 Kilómetros).

Ruta Provincial N° 4 - Tramo Empalme Ruta Nacional N° 103 - Empalme Ruta Nacional N° 14.

Repavimentación y Ensanche - (33 Kilómetros).

Ruta Nacional N° 103 - Tramo Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Nacional N° 14.

Repavimentación y ensanche - (54 Kilómetros).

Ruta Provincial N° 17 - Tramo Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Nacional N° 14.

Repavimentación y ensanche (114 Kilómetros).

PROVINCIA DE NEUQUEN

Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Ciudad de Neuquén: Sistema de Distribución de Agua Potable, Planta Potabilizadora,

Sistemas Cloacales Norte y Oeste, Planta Depuradora.

Remodelación y ampliación.

Desagües pluvioaluvionales - Ciudad de Neuquén.

Defensas contra inundaciones - Ciudad de Neuquén.

PROVINCIA DE RIO NEGRO

Ruta Nacional N° 23: Tramo Sierra Colorada -Pilcaniyeu.

Obra Básica, pavimentación y construcción de puentes y obras de arte - (284 Kilómetros).

Puente sobre el Río Negro - Isla Jordán: puente de 360 Metros de longitud. Calzada de 2 trochas y veredas peatonales. Obra nueva.

PROVINCIA DE SALTA

Ruta Nacional N° 51 - Tramo Salta - Paso de Sico (Sección Campo Quijano - El Tunal y Sección desde progresiva Kilómetro 40 a Kilómetro 50).

Ruta Nacional N° 86 - Tartagal-Misión La Paz. (Rectificado por art. 8° de la Ley N° 25.414 B.O. 30/3/2001)

Ruta Nacional N° 81 - Tramo Empalme Ruta Nacional N° 34 - Límite con la PROVINCIA DE FORMOSA. Repavimentación y obra nueva - (128 Kilómetros).

Toma y canal del Mojo Toro - Obras de toma, protección de márgenes, provisión de agua potable, riego y uso industrial.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Ruta Nacional N° 150 - Tramo Las Flores – Agua Negra (Límite con la REPUBLICA DE CHILE).

Obra nueva - (94 Kilómetros).

Sistema de riego complementario - Río Jachal - Incremento de 10.000 Hectáreas de área cultivable, 200 Kilómetros de extensión en redes primaria, secundaria y terciaria.

PROVINCIA DE SAN LUIS

Dique sobre el Río Quines - Dique contenedor y regulador. Capacidad 40 Hectómetros cúbicos.

Incremento del área bajo riego (60.000 Hectáreas).

Agua para consumo humano y ganadero.

Dique sobre el Río Claro - San Francisco – Agua para consumo humano, producción, industrial, agrícolaganadera, ictícola y turismo. Capacidad 22 Hectómetros Cúbicos.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Ruta Nacional N° 40 Sur

a) Tramo: El Cerrito - Tapi Aike. Obra básica y pavimentación - (72 Kilómetros).

b) Tramo: Perito Moreno - Río Ecker. Obra básica y pavimentación - (44 Kilómetros).

c) Tramo: Tres Lagos - Puente sobre el Río Leona.

Obra básica y pavimentación - (55 Kilómetros).

d) Tramo: Puente sobre Río Leona – Empalme Ruta Provincial N° 11. Obra básica y pavimentación - (74 Kilómetros).

Ruta Nacional N° 3 - Mejoras en la seguridad de los accesos a la ciudad de Río Gallegos - (15 Kilómetros).

Ruta Nacional N° 3: Construcción variante por Caleta Olivia - (15 Kilómetros).

Ruta Nacional N° 288 - Tramo C. Piedrabuena -Empalme

Ruta Provincial N° 27. Pavimentación -( 74 Kilómetros).

PROVINCIA DE SANTA FE

Acueducto Sur Santafesino - Abastece un total de 61 localidades y proveerá de agua potable a 575.000 habitantes. Red troncal de 248 Kilómetros y ramales secundarios de 584 Kilómetros.

Construcción de 5 estaciones elevadoras.

Acueducto Centro-Oeste y Noroeste Santafesino - Abastece 94 localidades que sumarán 525.000 habitantes con agua potable. Red troncal de 590 Kilómetros y ramales secundarios de 725 Kilómetros.

Construcción de 8 estaciones elevadoras.

Red de Accesos a Rosario: Rutas Nacionales N° 11 - N° 33 - N° 34 y N° 9 - A0012 y A008.

Remodelación y ampliación (Primera Etapa).

Red de Accesos a la ciudad de Santa Fe. Rutas Nacionales N° 11 y N° 168. Remodelación y ampliación (Primera Etapa).

Ruta Nacional N° 9: Tramo Armstrong-Tortugas (Límite con la PROVINCIA DE CORDOBA). Construcción de Autopista.

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.

Canal del Oeste: Provisión de agua potable (20.000 habitantes) y riego (10.000 Hectáreas).

Canal revestido de 140 Kilómetros de longitud.

Reconstrucción Dique Figueroa y red de riego:

incremento de 22.000 Hectáreas bajo riego.

Sistema riego y drenaje del Dique Tuhama: incremento de 25.000 Hectáreas bajo riego.

Ruta Provincial N° 92: Tramo Jume - Los Telares.

Reconstrucción de terraplenes - (56 Kilómetros).

Ruta Provincial N° 2: Tramo Bandera Bajada –Santos Lugares. Reconstrucción de Terraplenes (68 Kilómetros).

PROVINCIA DE TUCUMAN

Ruta Nacional N° 38: Tramo Alberdi - Famaillá –Empalme con Autopista (traza nueva) - (81 Kilómetros).

Presa Embalse Potrero de las Tablas: Emprendimiento multipropósito para agua potable, riego y energía.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

Ruta Nacional N° 3: Tramo Río Milna - Kosovo –Obra básica y pavimentación (25 Kilómetros).

Ruta Nacional N° 3: Tramo Kosovo – Laguna Khamy - Obra básica y pavimentación (24 Kilómetros).

Puerto Caleta La Misión - Río Grande.









Fuente: "Régimen para  la Promocion de la Participacion Privada en el Desarrollo de Infraestructura" Decreto de Necesidad y Urgencia del Dr. Fernando de la Rúa, Presidente de la Nación Argentina, 29 de diciembre de 2000.

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