Durante estos días hemos puesto a nuestros cuadros
en la tensión de la polémica. Podemos sentirnos orgullosos de estos seminarios,
que nos han permitido discutir la gestión del gobierno de cara a la sociedad.
Demuestran que el Radicalismo, sometido al desgaste del ejercicio del gobierno,
perplejo frente a algunas consecuencias de una gestión realizada en el marco de
una severa crisis, golpeado por fuerzas que no le perdonan haber trabajado
fuera de la tutela corporativa, se recompone velozmente.
Mas allá de la discusión abierta y sincera, de la
confrontación de posturas y opiniones y del reconocimiento de aciertos, errores
y obstáculos, las discusiones han de sentar las bases de nuestra propuesta a la
sociedad, recreando lo político como ámbito propicio para la expresión de sus
demandas.
Nos habíamos propuesto suscitar la modernidad sobre
la base de un proyecto que articulara la construcción de una democracia participativa
y de una ética solidaria.
Definíamos un horizonte, tallando en la vertiginosidad
de un tiempo crítico la marca profunda de una voluntad colectiva de asumir
globalmente la responsabilidad de decidir su destino, de elaborar
consensualmente su proyecto de país, enterrar en la convivencia los
antagonismos que en el pasado nos dividieron, poner fin a las luchas que nos
desgarraron, terminar con la indisponibilidad para el diálogo y el compromiso,
romper los muros de los compartimentos estancos que se concebían así mismos
como el todo nacional, con exclusión de los demás y no pensaban a la Argentina
como la gran Patria común, sino como una conflictiva yuxtaposición de una
patria y una antipatria. De una Nación y una anti-Nación.
Cada uno sabrá medir en su propia percepción el
éxito obtenido, el balance de realizaciones y postergaciones, pero pienso que
cada uno comprende que no se trata de empezar de nuevo, sino tan sólo de
retomar la tarea allí donde la dejamos. Allí donde dejamos a quien reclamó
explicaciones y no se las dimos; allí donde dejamos a quien pensó distinto y no
pudimos escuchar; allí donde dejamos a cada uno que se acercó a sumarse a la
tarea y no encontró los instrumentos; allí donde dejamos al hombre a la mujer
al joven que se sintió representado por nuestra prédica, pero quiere saber como
ayudar. Allí es donde debemos buscar nuestra verdad, contar nuestra verdad,
nutrir nuestra verdad. Y sobre todo, consolidar hábitos democráticos que hagan absolutamente
imposible cualquier delirio de involución totalitaria.
Agradezco la tarea que han realizado, agradezco por
igual los elogios y las críticas que se han formulado a la acción de gobierno.
Agradezco la pasión democrática evidenciada.
Yo también quiero hacer algún análisis de nuestra
gestión. Sobre todo, creo que es inexcusable que me refiera al tema económico, con
especial referencia al primer semestre de este año.
Antes de comenzar deseo hacer una aclaración que
pido sea tenida muy en cuenta. Necesariamente, debo hacer nombres, para
demostrar la importancia del clima político en la generación de comportamientos
económicos. Las distintas menciones que realizaré no tienen intención
peyorativa alguna y mucho menos descalificatoria. Desde luego, esas referencias
tampoco deben ser consideradas como eximentes de los propios errores,
evidentemente no endosables.
La situación económica a fines de 1983 se caracterizaba
por el estancamiento productivo, un notable desborde fiscal y una Comprometida
situación de balance de pagos.
Nuestra consigna política se sintetizaba en un
triple objetivo de cumplimiento simultáneo: aumento del salario, reactivación
económica y reducción de la inflación.
Para ello se reducirían los costos financieros de
las empresas lo que redundaría en un incremento salarial que llevaría a una
mayor demanda interna. Adicionalmente, una reorientación del gasto público, vía
mayores niveles de construcción pública, posibilitaría por los efectos
multiplicadores de la actividad y su reducido requerimiento de insumos importados
avanzar en la reactivación. El mayor nivel de actividad, vía aprovechamiento de
la capacidad instalada ociosa permitiría la resolución indolora del conflicto social
que se expresaba en la tasa de inflación y en el desequilibrio fiscal.
Los resultados no fueron los esperados.
Los largos años de marginamiento en el manejo de la
gestión del aparato del Estado nos llevaron a la subestimación de la
profundidad de la crisis.
Este diagnóstico de la situación económica no era
patrimonio exclusivo de la Unión Cívica Radical. En todo caso, el conjunto de la
dirigencia política razonaba en los mismos términos. El mejor ejemplo es el
Documento de la Multipartidaria que reconociendo la existencia de la crisis
afirmaba “Hoy Argentina detenta el record mundial de inflación y de mínimo
crecimiento” y al mismo tiempo sostenía que “el mercado interno es la base fundamental
de nuestro desarrollo” el que “permitirá reiniciar el proceso de ocupación plena,
de acumulación y de avance de la productividad” para lo cual “se complementará una
nueva estructura arancelaria que permita reservar el mercado interno a la
producción nacional”.
Nuestra preocupación, sin duda, era el sector
externo, pues actuaba como un verdadero limitante al crecimiento y a la
justicia distributiva. Quizás sobrestaríamos la influencia que la renaciente
democracia tendría en nuestra relación con el mundo de los acreedores. Era
frecuente encontrarse con frases como “el ajuste ya está hecho”. Se pensaba que
los acreedores nos darían el tiempo suficiente para recomponer el frente interno
y luego, recién luego, comenzaríamos a pagar.
Los hechos nos demostraron que era necesario pagar
un costo cada vez mayor en términos de inflación para obtener un resultado proporcionalmente
menor en lo relativo a incrementos en la producción, y las dificultades para
mantener estos objetivos en el mediano plazo.
Además, en el caso del endeudamiento externo, quedó
claro que no estábamos frente a un problema de iliquidez transitoria sino que éramos
estructuralmente insolventes. En este sentido, fuimos capaces de diseñar un
nuevo camino ante los acreedores, a través de la teoría de la
corresponsabilidad, hoy aceptada por los gobiernos del mundo, y en cuyo marco
Argentina negoció con firmeza.
Al mismo tiempo planteó la tesis, también hoy
reconocida, aunque entonces rechazada con vehemencia, de que la deuda era,
antes que nada, un problema político.
Sobre esta base se propuso una acción conjunta con
los países latinoamericanos que tuvo
expresión concreta en las diversas reuniones del Grupo de Cartagena.
Por otra parte, no se logró una reforma integral del
sistema financiero orientada a la reducción de costos que facilitara la
acumulación de capitales, si bien en la actividad de superintendencia se
adoptaron medidas ejemplifícadoras.
Consecuencia natural de lo anterior fue que el nivel
real de la tasa de interés para el sector productivo resultó superior a su tasa
de rentabilidad durante buena parte de la gestión, afectando particularmente a
la pequeña y mediana empresa y ciertas economías regionales.
El salário real, después de un aumento inicial, no
pudo continuar incrementándose, como reflejo de los problemas arriba señalados.
II.
E L PLAN AUSTRAL
El ejercicio del gobierno y la disponibilidad de
información hizo que comenzara a afirmarse una conclusión: no estábamos en una
etapa más del ciclo de pare y arranque de la economía argentina tradicional de
las últimas décadas. Nos hallábamos frente al agotamiento de un modelo, el fin
de una estrategia de crecimiento.
El Plan Austral fué un programa heterodoxo que
combinó la virtual eliminación del déficit fiscal con el control de precios y
salarios y una reforma monetaria que quebró la inercia inflacionaria.
Contrariamente a los resultados de los ajustes ortodoxos, la estabilidad fué
lograda sin caídas en la ocupación ni en los niveles salariales.
Por supuesto, un factor decisivo para el éxito
inicial del plan fué el apoyo popular que esterilizó la oposición cerril, casi
unánime, de dirigentes políticos y organizaciones sociales.
La experiencia del programa permite sacar una
conclusión: crecimiento y estabilidad se determinan mutuamente; esto es, no se
puede mantener la estabilidad si no se logra implementar una alternativa viable
de crecimiento sostenido.
Complementariamente, el éxito inicial del programa
tuvo una consecuencia adicional: hacer emerger a la superficie los problemas estructurales
de la economía argentina: un
Estado con multiplicidad de funciones que más que
fortaleza expresa debilidad, a lo que se suma su crisis de financiamiento y el
elevado grado de concentración de sectores claves de la economía argentina.
El deterioro final del programa se debe a la no
materialización de ciertas reformas estructurales, principalmente el lento
avance en la reforma del Estado y en la integración con el mundo.
Exigencias que aparecían como impostergables
hicieron que no todos los esfuerzos del gobierno estuvieran orientados en la
búsqueda de cambios que al mismo tiempo que afirmaran la estabilidad
posibilitaran el crecimiento sostenido.
Por otro lado, parte del partido se resistía a aceptar
que el programa de la UCR en el gobierno incluyera categorías políticas como la
transferencia de activos del sector público al privado.
La sociedad, por su parte, influenciada por determinadas
fuerzas políticas percibió esos meses como de recesión, desocupación y descontrol
fiscal cuando en realidad deberá pasar mucho tiempo para que la Argentina presente
nuevamente indicadores económicos sociales como los observados en 1986.
La oposición desarrollaba su política con un doble
juego: por un lado descalificaba la acción de gobierno y por el otro potenciaba
las demandas sociales.
Esta actitud que ignoraba como dato relevante la
magnitud de la crisis, se valía de un trípode de poder: la mayoría de las administraciones
provinciales, el control político del Senado de la Nación y la conducción de la
CGT.
A través de las provincias con gobernadores
justicialistas se marchaba en la dirección opuesta a la fijada por el gobierno
en el manejo de las finanzas públicas. Con la mayoría en el Senado se
bloqueaban los intentos de reformular los mecanismos de relación entre el sector
privado y el Estado Nacional. La CGT impulsaba a través del “Programa de los 26
puntos” la propuesta del populismo de posguerra.
El conjunto de estos factores y la incomprensión
social de concebir a la lucha contra la inflación como prioridad.
Pero aún más importante es que todo programa de
estabilización requiere siempre la existencia de un balance fiscal equilibrado.
En nuestro país, cuando se cuestiona el ritmo de
avance en el control del gasto o la magnitud del déficit fiscal se omite, y no
de manera inocente, la incidencia relevante que tienen para el Sector Público
los intereses de la deuda privada externa estatizada a partir de 1982.
Adicionalmente, un elemento que contribuyó a
debilitar el balance de pagos y las cuentas de la tesorería fué la caída sin
antecedentes de los precios de los productos primarios de exportación que se
sumó a las adversas condiciones climáticas que afectaron a la zonas de
producción agraria.
La confluencia de estos dos últimos factores fueron
los que contribuyeron a acelerar la crisis fiscal y en consecuencia el final
del programa, que venía manifestando síntomas de agotamiento.
La situación económica explica, sin dudas, una parte
—sólo una parte— del resultado electoral de septiembre de 1987 que es además el
fin de un estilo de política económica, que podríamos caracterizar como de
cambio y autónoma, derivado de la legitimidad política electoral.
Con posterioridad al resultado electoral de 1987, se
inicia otra etapa que, fundada en el nuevo dato político de un peronismo
triunfante, podría caracterizarse como de cambio consensuado. Es el tiempo de
las normas legales acordadas en la Mesa del Consenso; Ley de Coparticipación
Federal que regula la conflictiva y traumática relación financiera entre la
Nación y las Provincias, la ley de Promoción Industrial que es un paso adelante
en la búsqueda de desarticular el anárquico sistema de distribución de
subsidios estatales y el financiamiento del sistema de Seguridad Social a
través de gravámenes sobre algunos servicios públicos.
Desafortunadamente, el temprano inicio de la campaña
electoral y fundamentalmente el resultado de la elección interna del
Justicialismo agota la posibilidad de afirmar la política de acuerdos
interpartidarios, agregándole una nueva dosis de complejidad a la situación
económica.
III.
EL PLAN PRIMAVERA
En el mes de agosto de 1988 el Gobierno lanza lo que
sería el último intento para contener el estallido inflacionario, apelando a un
instrumental más ortodoxo que se compadecía con la existencia de una menor
credibilidad en el equipo económica. Los datos de partida mostraban una aceleración
inflacionaria que en el mes de julio lleva el índice de precios —alrededor del
26%— al valor más alto desde el lanzamiento del Plan Austral. El contexto
político estaba comenzando a impregnarse de la tensión propia de una campaña
electoral que no era una más, ya que estaba en juego una renovación
presidencial.
Las opciones de política económica no eran muchas.
No estaba disponible la posibilidad de un acuerdo político bipartidario.
Tampoco eran viables los acuerdos legislativos en
cuestiones de fondo (en todo caso se hallaban circunscriptos a temas que
atendían a la viabilidad financiera que afectaba a las administraciones
provinciales). La imposición unilateral de reglas de juego estaba enervada por
la proximidad de la elección y por el antecedente inmediato de la pérdida de
las elecciones.
En estas condiciones se sigue el único camino que
aparecía como posible: un convenio explícito con la UIA y CAC en términos de
acuerdo desindexatorio en los precios y uno implícito con el movimiento obrero
a través de la vigencia irrestricta de las convenciones colectivas de trabajo.
El Ministerio de Economía propuso la aplicación de
retenciones a las exportaciones agropecuarias, propuesta que personalmente rechace
sin consultar con ningún colaborador. Tal vez, el pecado original relevante del
programa fue esta decisión extraeconómica, de índole política, que la hizo más
vulnerable.
En verdad, no fue la primera vez que actuaba en
virtud de la absoluta prioridad que me había fijado: la estabilidad
institucional, que a medida que se acercaba el fin del período ocupaba cada vez
más mí atención central generando una hipersensibilidad con relación a embates
que a veces se apreciaban sesgadamente desde el ángulo de observación de su
peligrosidad institucional.
IV.
1989
El programa lanzado en agosto, arriba al mes de
diciembre (120 días después) con una tasa de inflación algo inferior al 7%.
Intentaremos ahora ofrecer algunas hipótesis para
explicar porqué la inflación prácticamente se duplicó mensualmente entre los meses
de febrero y mayo. Porqué el dólar, en el mercado libre, se incrementó en un
177% entre el primero de febrero y el fin de mes de marzo. Porqué el grado de
monetización de la economía, definida en un sentido amplio y expresada en
dólares fue en el mes de junio inferior a un quinto del observado en el mes de
enero. Porqué los ingresos totales de la Tesorería valuados en moneda constante
sólo alcanzaron en el mes de mayo el 23% de lo recaudado en el mes de febrero.
La prolongada pulseada entre el interés general y
los grupos corporativos iniciada en 1983 produjo resultados positivos (la
propia elección es un ejemplo) pero simultáneamente fue debilitando al gobierno:
la erosión política, sus propios errores, y sobre todo, el resultado electoral
de 1987.
La economía argentina que hacia fines de 1988 no
había sufrido los efectos de un desborde fiscal, ni las consecuencias de un shock
de demanda, ni las implicancias de un empuje salarial, ni las derivaciones de
una crisis del sector externo, no atravesó indemne el tamiz del proceso
electoral.
La campaña electoral del justicialismo cabalgó sobre
los llamados 26 puntos de la CGT, enunciado de intenciones entre lo que se
destacan “establecer una moratoria para los pagos de los servicios de la
pretendida deuda externa”, “nacionalización de los depósitos bancarios” y
“defender enérgicamente las empresas estatales”.
Del lado de los ingresos, la alta propensión a la
evasión y elusión impositiva en la Argentina, acompañada por el dato casi
invariable que todo cambio de gobierno trae aparejado un perdón tributario, fue
reforzado por declaraciones que vaticinaban un “verdadero y atractivo blanqueo
impositivo”.
En efecto, la tesorería que en diciembre de 1988 se
financiaba con recursos propios en un 70%, pasa sólo 150 días más tarde a
recaudar apenas 28 centavos por peso gastado a pesar de ser menores las
erogaciones.
Ello se debió, fundamentalmente, a la irrisoria
recaudación tributaria ya que en marzo de 1989 sólo se recaudaba de Impuesto al
Valor Agregado e Impuestos Internos el 6,3% y 27,1%, respectivamente, de lo
efectivamente percibido por la Dirección General Impositiva un año antes.
El sistema financiero, por su parte, también fue
afectado. Los billetes en poder del público y los depósitos en cuenta corriente
se redujeron en alrededor de 3.000 millones de dólares en el primer semestre.
Así, ante la alternativa del recambio presidencial
(etapa en la que se entra francamente desde la segunda mitad de 1988) los
grupos corporativos van a encontrar en las vísperas electorales la ocasión de
mayor debilidad del poder político.
Esta debilidad máxima puede verse desde dos ópticas
distintas: por un lado, la debilidad del gobierno en ejercicio cuya fortaleza
politica había decaído; en segundo lugar, por las perspectivas económicas
post-electorales.
A la transición presidencial la economía llegó con
tres fallas estructurales que no habían sido superadas en los cinco años
precedentes y que el gobierno se vio obligado a tratar, durante su gestión, con
políticas heterodoxas y transitorias; la debilidad del sector externo, la
estructura altamente concentrada de los mercados industriales y la herencia de un
capitalismo imperfectamente competitivo. Otros déficits estructurales que
presentaba la economía en 1983 habían sido neutralizados durante nuestra
gestión y tendrían poca o nula influencia en la crisis del primer semestre: el
mejoramiento del aparato productivo del sector privado, el ordenamiento del gasto
en la Administración Nacional y la mayor competitividad internacional de
nuestra producción industrial.
De todos los factores de debilidad, el sector
externo era el más dramático, aunque se habían logrado la integración con
Brasil, los acuerdos con Italia y España, un comercio exterior invariablemente
superavitario y un mejor clima político internacional para tratar el tema del
endeudamiento de los países del sur.
En los mercados de bienes, por su parte, los efectos
de una economía semi-cerrada y la oligopolización de los mismos, especialmente
en los productos industrializados, requirieron de políticas de precios
administrados.
Nuestro gobierno fue exitoso en la ruptura de la
tendencia al crecimiento desordenado del Gasto Público, incluso produciendo
reducciones sustantivas del mismo, desechando al mismo tiempo políticas
clientelísticas en el empleo público. En cuanto a la actividad empresaria del
Estado, el gobierno, desde el inicio de la gestión, a través de la creación de la
Comisión del Decreto 414 comienza la tarea de re-privatización de empresas
continuando luego con las truncadas iniciativas de reformulación estratégica
del Estado productor, fundamentalmente por obstrucciones legislativas. Pero lo
que seguía estando presente cinco años después era una economía subterránea que
había visto potenciado su desarrollo durante el proceso anterior.
La fragilidad extrema del Sector Externo, el alto
grado de concentración de los mercados de bienes industrializados y la
volatilidad de los ingresos públicos no eran compañías recomendables para un
proceso electoral en la Argentina de 1989.
La confianza era difícil de garantizar para un
gobierno que aferrado a sus convicciones concluía su mandato y que estaba
frente a la probabilidad de perder las elecciones ante un adversario cuya
política respecto de los acreedores externos y de los tenedores nacionales de
activos externos era incierta.
Además, el esquema de confianza se resentiría por
razones fuera del alcance del gobierno: el cambio de administración en los Estados
Unidos, la sorprendente morosidad de su instalación, el alejamiento de
funcionarios que habían terminado por entender la posición argentina, la
robustecida presencia de quienes habían recelado del acuerdo logrado con el
Banco Mundial sin el aval del Fondo Monetario Internacional, generaron en estos
organismos internacionales la decisión de abrir un compás de espera, que en la
práctica significó cuotas crecientes de inquietud e incertidumbre, en su
relación con la Argentina.
La crisis de la autoridad política significó también
que el sistema impositivo, montado sobre una considerable economía subterránea
explotara y el gobierno asistiera a un desfinanciamiento súbito de sus recursos
al tiempo que los formadores de precios pudieron convalidar rápidamente sus
pretensiones de sus expectativas o incertidumbres.
Como queda dicho, la debilidad del sistema político
y, en consecuencia, el fortalecimiento relativo de las presiones sectoriales constituye
el telón de fondo de los últimos meses del gobierno.
Pero también, la incertidumbre sobre la futura
política, especialmente en caso de triunfar el justicialismo agrega cuotas
crecientes de conflictividad; que repercutirán esencialmente sobre el tipo de
cambio (y por ende en los precios) y el déficit fiscal en un círculo vicioso
que se retroalimenta de manera perversa.
En efecto, el primero de febrero los diarios dan
cuenta que ante el “fracaso” de las gestiones por refinanciación del titular
del Banco Central, los banqueros pretenden que la Argentina abone 1.000
millones de dólares de intereses con sus reservas de libre disponibilidad. Esta
información merece el día cuatro el siguiente comentario del entonces Diputado
Cavallo “que los señores acreedores no esperen que el gobierno justicialista
les vaya a pagar esos intereses”. Previamente se había encargado de
desprestigiar el llamado Plan Primavera y había sostenido ante representantes
de la Banca acreedora que la no exigencia del pago de los intereses al gobierno
significaría inmiscuirse en la política interna de la Argentina.
El Banco Mundial, por su parte, anuncia el día 3 de
marzo la suspensión de un desembolso de 350 millones de dólares
correspondientes a dos préstamos concedidos a la Argentina en octubre último
por “incumplimiento de las condiciones convenidas”. El titular del organismo,
más tarde, fundamenta la decisión porque duda que el país pueda, en un año electoral,
concretar los profundos cambios a que se comprometiera.
El 8 de febrero, catorce provincias, de administración
justicialista, anuncian juicios contra la Nación por supuesta falta de pago de
los fondos de coparticipación federal. El 17 de marzo, las provincias
productoras de petróleo reclaman ajustes en el cálculo de regalías petroleras.
Hacia fines del mismo mes la Unión Argentina de
Proveedores del Estado amenaza con suspender los suministros al sector público
debido al atraso de los pagos que llega, afirman, a 300 días, cuando en
realidad la deuda era una cuarta parte de lo denunciado y no llegaba a 60 días
el máximo atraso.
Hay también responsabilidades no endosables.
El intento antiinflacionario del llamado Plan
Primavera tenía el propósito implícito de sugerir que, a pesar de la proximidad
electoral, las variables económicas se hallaban y seguirían estando bajo
control del gobierno.
Pero el discurso político de nuestro partido, institucionalmente
y por boca de todos sus dirigentes y candidatos, planteaba que la propuesta
justicialista ponía en tela de juicio toda la lógica económica vigente.
En estas condiciones, la remoción del equipo
económico constituyó otro grave error que sólo agregó cuotas crecientes de
incertidumbre. En un marco como el señalado la licitación de divisas como
instrumento para el mantenimiento del tipo de cambio, no tenía espacio.
La designación del Dr. Pugliese, que en una nueva
entrega patriótica, aceptó el cargo, valorada con sobrados motivos como
oxigenante en el seno del Partido, logró disminuir sólo transitoriamente las
presiones. Si bien podemos reconocer que no hubo propuestas novedosas, el
entonces Diputado Cavallo sólo 48 horas después sentenciaba que el nuevo equipo
“no puede disminuir la inflación” y el aspirante a Vicepresidente Dr. Duhalde
opina el día 6 que se imponía un “salariazo para resarcir el deterioro”.
En una economía con las características de la
Argentina: desequilibrios fiscales casi permanentes, comprometida situación en
el sector externo y fuerte oligopolización de su producción industrial, la
decisión de unificar y liberar el tipo de cambio tiene, más en tiempos de
incertidumbre política, serios riesgos para la estabilidad económica. Sin
embargo, lo proponían los candidatos de las principales fuerzas políticas.
Hacia fines de abril comienza a intensificarse la
presión sectorial por modificaciones en el funcionamiento del mercado
cambiarlo.
Se cuestiona el decreto 519, sobre derechos de
exportación, por cuanto evidencia “un fuerte sesgo antiexportador” y se afirma
que los exportadores no venderán dólares en plaza hasta que “se elimine el
dólar de referencia”.
Finalmente, luego de múltiples reuniones con
dirigentes políticos y organizaciones gremiales empresarias se decide un
programa de corto plazo que incluye la liberación del tipo de cambio como un
último intento en lograr la liquidación de exportaciones. Esto no sucedió.
Habíamos perdido la apuesta. La desesperada apuesta.
El final de la gestión encuentra al gobierno,
entonces, en el momento de su máxima debilidad y debiendo afrontar la
conducción de los asuntos públicos sometido a las demandas y presiones sectoriales,
al tiempo que se desarrolla por primera vez en más de tres décadas una campaña
electoral presidencial luego de un período democrático completo. Esta situación
generó, en virtud de la aceleración inflacionaria, un deterioro del salario
real debido al previsto desenlace electoral y a las propuestas del justicialismo.
Además, la estabilidad institucional se había
conmovido por dos episodios, habitualmente relativizados en su influencia sobre
la situación económica y social, como son la sublevación de Villa Martelli y el
ataque guerrillero a la Tablada.
El proceso electoral reforzó un déficit crónico de
la transición democrática: la imposibilidad de acuerdos políticos estables. En
rigor, durante el primer semestre de 1989 no estuvieron disponibles ninguno de
los mecanismos conocidos de salvaguarda del interés general.
En efecto, el gobierno que tenía una gestión a plazo
fijo no podía recurrir como en los inicios, a políticas fundadas en la
autoridad derivada de la plena fortaleza política.
Los acuerdos políticos bipartidarios que sólo habían
sido viables durante pocos meses de la transición (septiembre ’87/mayo ’88) eran
imposibles por el propio hecho electoral.
Los consensos legislativos no estaban disponibles no
sólo por la proximidad de la elección sino también porque el propio candidato
opositor y su futuro Ministro político explícitamente así lo habían planteado,
afirmado que las iniciativas que no contemplaran apoyos financieros a
provincias, mejoras salariales y beneficios para las pequeñas y medianas
empresas no contarían con su aval.
Las coincidencias con las entidades de trabajadores
y empresarios, por su parte, tampoco estaban en el campo de las posibilidades.
Del lado de la CGT, a las dificultades conocidas debe agregarse que el 2 de mayo
su Secretario General descarta una iniciativa surgida de un grupo gremial de
concertar una “paz social” hasta las elecciones e impugna por “inorgánica” las
conversaciones de sectores gremiales y empresarios en la búsqueda del “pacto
social”.
El mismo día el bloque Justicialista declara que no
va a votar el paquete impositivo que le proponía el gobierno, mientras que el
Consejo Nacional Justicialista decide solicitar audiencia para exigir un
aumento masivo de salarios y auxilio financiero a las provincias.
El 6 de mayo el Secretario de Acción Social de la
CGT propone confiscar y nacionalizar los laboratorios extranjeros. Antes, el
día 5, el candidato de la Ucedé había advertido sobre la posibilidad de nuevos
sacudones militares difíciles de soportar.
Luego de las elecciones auguró el diputado Di Tella:
“los meses de transición van a ser un infierno”. En Diputados Bauzá solicitó aumentos
de emergencia para los asalariados y créditos blandos para las pequeñas
empresas. El Justicialismo se niega a acordar con el gobierno un plan económico
que tienda a normalizar las cuentas públicas. A tres días de las elecciones el
titular del UIA debía criticar las propuestas de economistas peronistas que
planteaban agudizar la crisis para establecer después soluciones de fondo.
Las organizaciones gremiales empresarias cuando se
consolida la ventaja del candidato justicialista comienzan a desvincularse del gobierno
o a acentuar las críticas según el caso, y lógicamente, a posicionarse
favorablemente con respecto a lo que estimaban sería el nuevo gobierno.
El 29 de mayo, el gobierno redefine el control de
cambios, practica un fuerte control de precios y se plantea como posible la
gobernabilidad del sistema hasta el 10 de diciembre.
Pero el 10 de junio el diputado Di Tella hace el
anuncio del “Plan Cero”, que planteaba el congelamiento “voluntario” de
precios, un fuerte ajuste de tarifas y un tipo de cambio “recontra alto”. Desde
allí cualquier intento de lograr la liquidación de activos de los exportadores
sería vano, e imposible moderar el proceso inflacionario.
Las consecuencias económicas de la fragilidad
política generada ocasionaron el desfinanciamiento de la economía argentina.
La debilidad del poder político y las incertidumbres
preelectorales significaron un costo de desfinanciamiento de nuestra economía
de no menos de 4100 millones de dólares en el primer semestre de 1989, cifra
que es aproximadamente el doble de la exportaciones industriales anuales de la
argentina.
El desequilibrio político general condicionó sin
atenuantes la política económica de nuestro gobierno, especialmente durante el primer
semestre de 1989, reduciendo a límites exiguos las posibilidades de soluciones técnicas,
quedando entonces la economía sometida a la ley del más fuerte.
Si bien cabe admitir que el gobierno perdió la
riendas del control de la economía, es indudable que una importante porción de
la responsabilidad le corresponden a las expectativas.
En las circunstancias que se padecieron no es
necesario imputar actitudes perversas propias de teorías conspirativas, versión
la más impugnable del historicismo que rechazo. Al llegar la hora del “sálvese
quien pueda” en cada empresa los responsables optan por los activos ligados a
la cotización de moneda extranjera, los responsables de la exportación retrasan
la liquidación de divisas, los de compras, acumulan stocks de insumos
importados y los de ventas se apresuran a establecer colchones de precios y a
retener mercaderías.
En esta última etapa ha quedado en evidencia que la
economía es un ámbito de lucha por el poder particularmente cruel en un país
que, a pesar de nuestros esfuerzos, no ha logrado aún asegurar plenamente el
imperio del interés general.
Hoy tenemos claro el sentido que deben tener las
reformas económicas y porque aprendimos de nuestras errores podemos construir nuestra
propia propuesta y desempeñar el rol de una oposición leal.
Reforma económica orientada al crecimiento y a la
justicia social significa, por un lado, un movimiento hacia un rol más central de
la iniciativa autónoma de la sociedad, pero por otro lado —como contracara
ineludible— significa la construcción de un Estado moderno y eficiente. Un
movimiento hacia el mercado a través de las privatizaciones que no vaya
acompañado de un aumento en el poder regulatorio del Estado, desata una
dinámica concentradora del ingreso y monopolística. Una apertura de la economía
sin un Estado que exprese la estrategia de largo plazo de la sociedad en su
proceso de inserción en el mundo puede terminar siendo estéril y destructiva.
Una reducción de los gastos del estado que no esté sometida a la planificación pública
y al debate parlamentario, quizás aumente la arbitrariedad, la discrecionalidad
y la injusticia. Los estímulos a la actividad privada que no estén asociados a
una reforma tributaria progresista irreversible, serán el caldo de cultivo para
el surgimiento de los privilegios.
Así, pues, las dificultades para impulsar un programa
de reforma económica, no deben verse como el fruto de una limitación
ideológica, sino la consecuencia de una tarea extraordinariamente compleja y de
lenta maduración. En el balance provisorio de la gestión económica, junto a los
errores señalados, confiamos en que se reconocerá que se plantaron y se
debatieron con absoluta claridad, temas tan trascendentes como el agotamiento del
modelo tradicional de crecimiento y distribución, la búsqueda de una nueva
integración económica regional e internacional y la necesidad de explicitar y
analizar racionalmente los subsidios fiscales. Procuramos afirmar el valor de
la estabilidad, sostuvimos la necesidad de poner al Estado al servicio de la
sociedad y pretendimos generar un nuevo estilo de crecimiento económico
sostenido y con equidad.
No contamos con el indispensable apoyo político para
concretar estas aspiraciones en la medida de nuestros deseos.
El tema que hemos considerado está directamente
vinculado al problema del anticipo de la entrega del poder, cuestión a la que
también creo conveniente referirme, aunque sea brevemente.
Pero antes, permítanme una pequeña disgresión
referida a la fecha de las elecciones. Se ha dicho que se realizaron con
demasiada anticipación, seguramente ignorando que la constitución Nacional, el
Presidente debe estar elegido por el Colegio Electoral cuatro meses antes de la
entrega del mando. A más tardar podrían haberse realizado el primero de julio,
pero todos los partidos consultados estuvieron de acuerdo en la conveniencia de
adelantarla con el propósito de facilitar la campaña electoral y el propio
comicio ya que, sobre todo en algunas regiones, podían verse perjudicados por
el intenso frío.
Producido el comicio y demostrado que el candidato
triunfante tenía mayoría en el colegio electoral, comenzó una campaña tendiente
a anticipar la entrega del poder. La totalidad de los partidos que constituyeron
el FREJUPO lo exigieron, al igual que la CGT y Legislaturas Provinciales. En
Rosario, se preparaba un día de paro para forzarla, propiciado por patrones y
obreros. El Presidente electo afirmaba que el estaba preparado, que hacía falta
un gesto del Presidente y que el pueblo podía cansarse.
Nosotros habíamos logrado ya el traspaso democrático
y se nos hacía difícil el manejo de las variables económicas, sobre todo debido
a la pronta finalización de nuestro periodo. Así, decidimos sacrificar parte de
nuestro mandato. Decir ahora que le tiramos el gobierno a la cara a los
triunfadores, es una impostura política.
Finalmente, deseo referirme a otro error que
reconozco sin embajes: el de las fallas en la comunicación.
Pero en esto, pido indulgencia, sobre todo a mis
correligionarios, porque las falencias se debieron, de manera principal, al
respeto que nos merece la ciudadanía. Quisimos brindar información, pero no
utilizar los medios para propaganda del gobierno. Extremamos, quizás
exageradamente, los cuidados de un pluralismo informativo del que nos enorgullecemos.
Sabemos que la consagración por el voto otorga a un
gobierno la legitimidad jurídica que consagra la democracia, pero no
necesariamente la legitimidad moral de la que carece, por ejemplo, cuando
manipula la opinión pública y así conspira contra la sociedad abierta y los
valores fundamentales del sistema.
La imposición de ciertas prácticas y prédicas que
niegan el pluralismo y limitan la posibilidad de participación impulsan la
coacción del Estado y pueden llegar a vaciar hasta el límite la democracia
construida por la sociedad, penetra hondamente en la vida cotidiana, empapa los
comportamientos, transforma la inseguridad en costumbre y al egoísmo en rutina,
destruyendo la dimensión ética de la vida.
"Debemos consolidar hábitos democráticos que
hagan imposible cualquier delirio de involución totalitaria"
Raúl Alfonsín
Fuente: Discurso del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín al
clausurar los Seminarios Nacionales de la Unión Cívica Radical, 6 de octubre de
1989.
