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martes, 27 de junio de 2017

Jorge Carrettoni: "Una cuestión sobre el aborto y el Cardenal Quarracino" (25 de julio de 1994)

Sr. PRESIDENTE. — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor convencional por Buenos Aires.

Sr. CARRETTONI. — Señor presidente: traigo este tema a la Convención Constituyente con profundo dolor. No siento ofensa sino dolor, estupor e incredulidad. Me cuesta creer que un pastor de almas pueda decir lo que el diario "Clarín" del domingo 17 de julio registra con el título: "Quarracino acusó de criminales a los convencionales que apoyen el aborto".

Con el permiso de la Presidencia voy a leer parte de ese artículo. Dice así: "La Iglesia quiere que la nueva Constitución se pronuncie claramente contra el aborto, a través de una cláusula que defienda la vida 'desde el momento de su concepción'.

Ayer, monseñor Antonio Quarracino, la máxima jerarquía eclesiástica en el país, dijo que los convencionales que se opongan serán considerados criminales. La cláusula contra el aborto ya fue motivo de una orden expresa del presidente Carlos Menem a los convencionales del Partido Justicialista,y tres obispos se ocuparon de llevar la preocupación de la Iglesia al jefe radical Raúl Alfonsín."

Voy a pedir la inserción de este artículo periodístico al final de mis palabras, pero permítanme leer dos párrafos adicionales al que ya he leído. Quarracino advirtió que "no quedarían bien ustedes si pasan a la historia como autores de una disposición constitucional de tipo abortista, vale decir criminal". Continúa diciendo: "Ayer en su embestida a fondo, monseñor Quarracino dijo que los convencionales que voten el aborto 'pasarán a la historia como criminales porque el aborto es, fue y será sencilla y terriblemente un crimen: la matanza de un inocente'."

La lectura termina diciendo que monseñor "Quarracino consideró que 'el oficialismo responderá a las directivas del gobierno, pero a la oposición le digo: apoyen todo lo que signifique vida, porque la vida proviene de Dios, y es sagrada'."

Reitero que me duele traer este tema a consideración. Hablo exclusivamente a título personal: ni mi partido, ni el presidente de mi partido y ni siquiera mi familia conocen esta decisión de traer este tema a la Convención. Estoy solo con mi conciencia, con la que medité durante una semana este curso de acción con la secreta esperanza de una cristiana rectificación.

Si mi partido o su presidente, a quienes debo esta banca, consideran que mi accionar es errado, podrán disponer de ella. Pero ahora estoy hablando como padre que acompañó solidariamente a su única hija de 35 años a la interrupción de su legítimo y ansiado primer embarazo.

Quizá represento a miles de padres en igual condición, pero lo que me duele y preocupa son los miles de hijas que están en la misma situación que la mía, que tal vez no contaron con los medios que ella ha tenido y por eso ofrendaron su vida en la clandestinidad y la sordidez de este siniestro submundo del aborto clandestino.

Pese a mis sólidas convicciones en este problema del aborto, tal cual ha quedado demostrado a partir del juramento que hice en el momento de asumir como Convencional Nacional Constituyente, iba a votar en silencio el Pacto de San José de Costa Rica. Pero este exabrupto de monseñor Quarracino —no quiero calificarlo de otra manera porque debo mantener la serenidad en un momento de dolor— me obliga a entrar en este tema, que no ayuda.. Sé que lo que estoy haciendo tal vez no ayude pero no puedo dar vuelta la cara en estos momentos.

He hecho del principio de no ahondar lo que separa una forma de vida y una conducta, la que he sostenido a través de mi vida política incipiente, de mi vida empresaria y de mi actividad como funcionario internacional. Siempre busqué arreglar las diferencias y durante 20 años de mi vida me he dedicado a arreglar los diferendos entre paraguayos y argentinos para hacer posible la obra de Yacyretá.

Sé que el tema del aborto divide y que no es este el ámbito ni el momento para traerlo a colación, pero no puedo negar este profundo quejido que me sale de lo más hondo de mi alma.

Nuestro frágil tejido social necesita de todo lo que nos une; necesita del consenso que estamos buscando en estos momentos después de tantos años de desencuentros. Debemos ahondar en las coincidencias para olvidar aunque sea transitoriamente las discrepancias y poder avanzar.

Conozco las limitaciones del consenso.

Soy un hombre de empresa. Enrico Mattei decía que la diferencia entre un hombre de empresa y un político es que el hombre de empresa está obligado cotidianamente a tomar decisiones lacerantes y los políticos tratan de evitarlas porque contemplan el conjunto del tejido social. Por lo tanto, sé que no es fácil la búsqueda del consenso, pero creo que ese es nuestro deber.

La sobreviviencia en dignidad de nuestra sociedad depende en gran medidad de la consolidación de la Nación. El eje de nuestro debate no gira en torno de este problema sino que, a mi juicio, gira en torno de la Nación que queremos y de la Nación que nos proponemos hacer para librar esta guerra económica del siglo XXI de la que nos habla Lester Thurow. ¿Qué Nación queremos hacer? ¿Cómo, cuándo y en qué forma vamos a educar a nuestros hijos para combatir los mitos de este nuevo capitalismo salvaje, como es el mito del libre comercio del que nos habla Ravi Batra, magnífico profesor de la Universidad Metodista de Dallas?

Lamento que como consecuencia de este proceso y de esta actitud de incomprensión del más alto magistrado de la Iglesia argentina me vea forzado a traer este tema. Esperaba una rectificación. Ahora estoy defendiendo mi dignidad, porque no soy un asesino, y por eso traigo mi caso personal a esta asamblea. Pido disculpas a la Convención y a los miembros que la componen porque este no es el ámbito en donde se deben debatir los problemas individuales.

Pero quiero decir que mi hija, a la que siempre traté de ofrecer modelos de conducta y no instrucción —y a la que nunca impuse mis ideas políticas ni religiosas—, es católica como su madre y su marido. En el tercer mes de su primer embarazo, a los 35 años de edad, mi hija se infectó de rubeola y dos de los tres más grandes infectólogos —uno de ellos de origen nacional y otro extranjero— dictaminaron que las consecuencias previsibles daban un ciento por ciento de seguridad sobre la sordera y la mudez, un 60 por ciento de posibilidad de ceguera, total o parcial, un 40 por ciento de posibilidad de síndrome de Down. Esto fue dicho por tres eminentes médicos amigos, dos de ellos católicos militantes, quienes aconsejaron la interrupción del embarazo. No entro ni entraré en el debate de este tema.

El señor convencional Serra, cuyo discurso seguí con mucha atención porque sabe sobre este tema mucho más que yo, dijo el jueves pasado que el problema del aborto no es dogma de fe, y tengo entendido que la iglesia no juzga los niveles de conciencia.

¿Qué hicimos a nivel de conciencia de padre y de esposo? Pudimos recurrir al NewYork State University, cuyo presidente, mi amigo, John Brademas, ex vicepresidente del bloque demócrata de la época de la New Frontier, la acogió en su seno, la recibió y la llevó al hospital de la Universidad de Nueva York y allí, con la protección de la ley y de la ciencia, interrumpió desgarradoramente su embarazo para ella, para su padre y para su marido.

Sr. PRESIDENTE. — La Presidencia hace saber al señor convencional que ha concluido el tiempo de que disponía para plantear la cuestión de privilegio.

Sr. CARRETTONI. — Ya termino, señor presidente.

Sé que este es un drama personal, pero también lo es de los países de la periferia, es un drama de los países del tercero o cuarto mundo, no es un drama del centro.

En consecuencia, voy a suprimir algunos conceptos que pensaba señalar con derecho, para preguntar entonces ¿cuál es el destino de las miles de mujeres que no pueden tener acceso a este nivel de tratamiento, a este nivel de garantía? Los que hemos podido, ¿somos criminales?

Por eso voy a concluir mi exposición obviando algunas cuestiones.

No quiero calificar —ni corresponde que lo haga— la actitud de monseñor Quarracino.

No busco la polémica ni la notoriedad, sino la reflexión y la concordia.

Conozco el destino de estas cuestiones de privilegio. No vengo a discutir ni a analizar quién tiene la razón, sino que vengo a pedir que no haya más maniqueísmo entre nosotros, que haya un poco más de tolerancia.

Permítame concluir parafraseando a monseñor Quarracino, quien en el último párrafo dice: 

"Señores constituyentes: por el amor de Dios, por amor a la Patria y por amor a ustedes mismos tengan en cuenta estas cosas que sencillamente he explicado con mucha brevedad."

Le digo a monseñor Quarracino que por el amor que le profesa a su Dios, por amor a la
Patria y a sus feligreses, tenga en cuenta este humilde pedido, no de un convencional, sino de un padre. Sincérese ante su conciencia, reconozca sus yerros y simplemente, como lo advierte la Biblia, no vuelva como el noble perro a reincidir en su equívoco. Por favor, no lo repita. (Aplausos)

Sr. PRESIDENTE. — Atento que el señor convencional no ha solicitado trato preferente, la cuestión de privilegio planteada pasará a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.














Fuente: Cuestión de Privilegio del Convencional por la Provincia de Buenos Aires Sr. Jorge Carlos Carrettoni, Diarios de Sesiones de la Convención Constituyente Reformadora de la Constitución Nacional, 25 de julio de 1994. 
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lunes, 6 de marzo de 2017

José Evaristo Giordano: "Una incidencia sobre Illia y Juan Domingo Perón" (3 de agosto de 1994)

Sr. PRESIDENTE (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor convencional por Santa Fe.

Sr. MONTI. — He escuchado con atención a un señor convencional de la bancada de nuestros primos por un trimestre hacer un encendido elogio del general Juan Domingo Perón y de la diplomacia del doctor Illia. ¿Cómo puede conciliarse una cosa con la otra si cuando Perón regresaba a su patria, la nuestra, en una aeronave española, el presidente Illia y el canciller Zavala Ortiz le dieron orden a la Fuerza Aérea de que si no acataba la prohibición de ingreso en el espacio aéreo argentino —el nuestro, el de su patria— el más eminente ciudadano argentino de ese momento, había que derribar ese avión con sus ciento veinte ocupantes?

Sr. ALFONSÍN.- Es una infamia y una mentira

Puestos de pie, varios señores convencionales hablan a la vez e increpan al orador.

Sr. MONTI. — ¡Le puedo traer al doctor Alfonsín el testimonio del asesor jurídico del vicepresidente Perette!

—Varios señores convencionales hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE (Pierri). — Pido a los señores convencionales que guarden el orden y no dialoguen.

Asimismo, pido al señor convencional que está haciendo uso de la palabra que se dirija a la Presidencia y no dialogue.

Sr. MONTI. — No hace falta pararse ni ponerse rojo, Alfonsín.

—Puestos de pie, varios señores convencionales hablan a la vez e increpan al orador.

Sr. PRESIDENTE (Pierri). — Le ruego al señor convencional que está haciendo uso de la palabra que se dirija a la Presidencia.

Sr. MONTI. — Le puedo ofrecer el testimonio del asesor jurídico del vicepresidente de ese momento, Carlos Perette, cuando usted quiera.

—Varios señores convencionales interrumpen de viva voz al orador.

Sr. MONTI. — ¡No hace falta que lo traiga, está aquí, señor! ¡Qué va a hablar usted de autoridad moral! ¡Siéntese y cállese la boca! ¡No sea insolente!

Sr. VASQUEZ. — Pido la palabra porque he sido aludido.

Sr. PRESIDENTE (Pierri). — El señor convencional Vásquez le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. MONTI. — Sí, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (Pierri). — Quiero decir al señor convencional Giordano que voy a restar del tiempo de su exposición los minutos que utilice el señor convencional Vásquez para hacer uso de la palabra.

Para una interrupción, tiene la palabra el señor convencional por la Capital.

Sr. VASQUEZ. — Señor presidente: considero que un hecho histórico ocurrido en 1964, exactamente hace treinta años, no se compadece con los temas en discusión en esta Convención Constituyente. Pero como hecho histórico que es, y del cual fui testigo accidental, ratifico plenamente las expresiones del señor convencional Monti y rectifico absolutamente las expresiones un tanto desacomodadas por su investidura de convencional constituyente, del doctor Alfonsín. Para que los señores convencionales y el país tengan una real información de este episodio, lo voy a referir puntualmente.

—Varios señores convencionales hablan a la vez e increpan al orador.

Sr. VASQUEZ. — No les voy a contestar...

—Varios señores convencionales hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE (Pierri). — Le pido al señor convencional Vásquez que se dirija a la Presidencia y que no dialogue. Además, informo a los señores convencionales que si la sesión continúa en estos términos la voy a pasar a cuarto intermedio.

Sr. VASQUEZ. — Señor presidente: no le voy a permitir al convencional Alfonsín, que gobernó el país bajo el estado de sitio, que no cumplió con su mandato...

—Puestos de pie, varios señores convencionales (Alfonsin y Jaroslawsky) hacen manifestaciones e increpan al orador.

—Manifestaciones en las bancas y en las galerías.

Sr. PRESIDENTE (Pierri). — De esta manera no se puede continuar la sesión. La Presidencia considera que deberíamos volver a la forma en que estábamos sesionando hasta este momento. Es lamentable lo que está ocurriendo. Pero como observo que no existe ánimo de adherir a lo que estoy planteando, vamos a pasar a cuarto intermedio para que puedan reunirse los presidentes de bloque.

—Manifestaciones en las bancas y en las galerías.

—Se pasa a cuarto intermedio a las 17 y 38.









Fuente: Diario de Sesiones del H. Convención Nacional Constituyente del 03 de agosto de 1994.


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lunes, 27 de febrero de 2017

Elisa Carrió: "Analisis del Pacto de Olivos" (2 de junio de 1994)

Sr. PRESIDENTE (Mestre). — Tiene la palabra la señora convencional por el Chaco.
Sra. CARRIO. — Señor presidente: quisiera recoger la propuesta formulada por el señor convencional May Zubiría, y debo confesar tres cosas. He venido aquí con una posición que es discrepante de la de mi partido en punto a la cuestión vinculada con el artículo 5 de la ley 24.309.

Pero he escuchado todas las opiniones y debo señalar que el mayor problema que tiene el intento de ser no dogmático es que se termina indefectiblemente en la incerteza. De tal manera que mi exposición estará destinada a reflexionar juntos acerca de mi propia incerteza, que parecería ser la única incerteza que existe en esta Convención. Porque si bien es cierto que hay muchos que defienden el artículo 5º de la ley de convocatoria, no he visto del otro lado ningún argumento que haya sido receptado por la minoría. He venido a este debate, sin embargo, con una posición propia, pero a lo largo de él he terminado con una profunda confusión que deseo aclarar aquí en voz alta.

Lo primero que no podemos hacer es tratar de justificar una posición por la regla de la mayoría, porque si bien esta regla es importantísima y básica en una democracia, lo es en el momento de la votación y no en el de la justificación de lo votado.

En segundo lugar, creo que la historia no justifica por sí misma. De lo contrario, podríamos justificar las peores dictaduras con el argumento de que en otros momentos de la historia también existieron.

Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer aquí, tanto de uno como de otro lado, es justificar algo que en definitiva ya está decidido. De alguna manera todos sabemos cuál será la decisión final, y lo que estamos debatiendo en voz alta se vincula con la justificación de esa decisión final y de la discrepancia.

He tratado de dividir mi exposición en tres partes, de modo que todos podamos aclararnos ciertas cuestiones.

La primera cuestión es el análisis jurídico formal en orden a la competencia o no del Congreso para sancionar el artículo 5º de la ley 24.309 y lo que después sucede con su incorporación reglamentaria.

La segunda cuestión consiste en tratar de comprender esta situación política, es decir, ingresar de algún modo en el análisis político pero no intentando una justificación sino para tratar de comprender qué ha sido el acuerdo de Olivos y cómo se enmarca no en función de los pactos preexistentes a 1853 sino en el proceso de transición y consolidación democrática que vivimos los argentinos desde 1983. Creo que a partir de ahí todos podemos encontrar explicaciones —válidas para algunos pero no para otros— que nos servirán para ubicarnos en el tiempo y en el espacio.

Pero esta segunda parte, insisto, no apunta a justificar el acuerdo sino a entenderlo.

La tercera parte de mi exposición estará referida a un problema de justificación, y allí quiero analizar algunas objeciones que me parecen sumamente válidas, expuestas por convencionales del Frente Grande como brillantemente lo hiciera el doctor Zaffaroni. Voy a entrar allí en lo que hace a la filosofía política y moral, y veré si desde la filosofía moral y desde algún modelo normativo puedo justificar la regla contenida en el artículo 129.

Finalmente trataré algo que se está debatiendo pero que no se ha señalado en forma expresa, que hace a la cuestión de "el otro", es decir, de aquel que se siente de alguna manera excluido o cercenado. Haciendo un modelo trataré de analizar cómo juego la cuestión de "el otro", porque también es cierto que esto ha sido planteado por la minoría con relación a la mayoría. La minoría se ha sentido agredida, pero también la mayoría —como "otro" de la minoría— ha sentido esa agresión. Entiendo que esto merece un análisis conjunto de tipo reflexivo.

Con relación al primer punto, del análisis jurídico formal, comparto con Enrique Paixao que el poder constituyente derivado ni siquiera es poder constituyente en tanto relación social de mando y obediencia. Es una competencia, y bien decía el señor convencional por Tucumán que se trata de un poder constituido. Que esa competencia sea extraordinaria no significa que deje de ser una competencia jurídica.

También comparto la posición según la cual se trata de una competencia otorgada a un órgano complejo donde intervienen el Congreso, el pueblo y la Convención. A mi juicio el Congreso sólo tiene la facultad de declarar la necesidad de la reforma, fijar los puntos sujetos a dicha reforma y establecer provisionalmente a la Convención disposiciones reglamentarias a efectos de facilitar su funcionamiento.

La intervención del pueblo se manifiesta en la elección de los convencionales, pero debo aclarar que la intervención popular en ningún caso convalida una ley inconstitucional. Utilizar semejante argumento sería una falacia ya que, por ejemplo, si hoy llamáramos a referéndum popular por la pena de muerte y ella estuviera prohibida en la Constitución, ninguna decisión popular en sentido afirmativo tornaría constitucional la ley que estableciera dicha pena. (Aplausos)

Aquí se ha dicho que en definitiva la Convención podría ser refrendataria, pero creo que el sentido del constituyente del 53 no es haber creado una convención constituyente refrendataria, porque si así lo hubiera entendido habría establecido el refrendo popular o el refrendo legislativo federal, como ocurre en la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, se aparta, porque es cierto —se dice— que hay problemas con el término "efectuará" del artículo 30 de la Constitución, pero no con la expresión "declarará la necesidad". En ningún momento este artículo le otorga al Congreso la facultad de proponer el contenido mismo de la Constitución. (Aplausos)

Vamos a ver ahora lo que sí puede hacer la Convención. A mi juicio, por disposición reglamentaria la Convención puede adoptar un sistema de votación, y es legítimo que lo adopte si es sistema. Luego analizaremos el tema de los sistemas, pero si el argumento aquí expuesto de la mayoría de la doctrina señala que el Congreso ha avanzado sobre competencia propia de la Convención, debemos ser honestos en la cuestión de la competencia en el análisis jurídico formal: el artículo 129 se han tornado una cuestión abstracta, la impugnación constitucional.

Porque lo que se está decidiendo acá es que la Convención adopta por sí misma un determinado sistema de votación. Estoy refiriéndome entonces a que cualquiera sea la posición, ya sea la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del artículo 5º de la ley 24.309, lo señalo en orden exclusivamente a la competencia, la cuestión se va a tornar abstracta con la aprobación del nuevo reglamento.

Voy a dejar para la última parte de la exposición determinadas objeciones...

Sr. PRESIDENTE (Mestre). — Si me permite, le informo que le han solicitado una interrupción.
Sra. CARRIO. — Preferiría que las interrupciones me las hagan cinco minutos antes del final de mi exposición, a fin de poder continuar ahora con la línea argumental. Me comprometo en ese sentido y le pido a usted, señor presidente, que me avise cinco o diez minutos antes para poder satisfacer estos pedidos.

Sr. PRESIDENTE (Mestre). — Con todo gusto, señora convencional.
Sra. CARRIO. — Lo que voy a tratar de considerar al final de esta exposición, en cuanto a la justificación moral, son las brillantes observaciones del convencional Zaffaroni. Pero las cuestiones de la irrazonabilidad y de la afectación de la libertad de voto las voy a dejar para el final porque están en el orden de la justificación o no.

No quiero entrar al análisis jurídico que ha sido tomado tantas veces como lucha política en el seno de esta Convención, que es mitad espectáculo público y mitad debate nacional. El segundo aspecto de este tema es tratar de comprender qué paso. Puede haber divergencias en cuanto a la construcción del consenso, pero me parece que hay que ser profundamente respetuosos de los acuerdos políticos. Entonces, las discrepancias políticas acerca del acuerdo, que las podemos tener todos, no significan tomar peyorativamente algo que desde un punto de vista sociopolítico tiene una explicación que es bastante importante.

Dije hoy que el sentido de la Constitución no era que la Convención opere con carácter
refrendatario. Pero dentro del análisis político de la cuestión, para comprenderla, no para justificarla, digo que en el nivel sociopolítico del tema las democracias complejas contemporáneas son refrendatarias. El estado social de derecho es el garante de los acuerdos y, en definitiva, del acuerdo obreropatronal para sostener al capitalismo. Esto nadie lo puede desconocer. Los convenios colectivos de trabajo que son aprobados por ley, en definitiva, son un refrendo que da el Poder Legislativo a los acuerdos de tipo social que se presentan en las democracias complejas contemporáneas. Muchísimas de las leyes que sancionan los legisladores y muchos de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo nacional no son más que el refrendo de distintos acuerdos entre los sectores políticos, sociales, económicos y culturales, porque el acuerdo ha sido en definitiva la base del estado social de derecho. La crisis de gobernabilidad que hoy se percibe en el mundo, es quizás la crisis de aquella quiebra de ese acuerdo fundamental obrero patrón que permite hoy que los intereses capitalistas no encuentren límite en la negociación con los factores del trabajo.

De alguna manera tenemos que sincerarnos en cuanto al carácter refrendatario. El
Congreso no es un órgano de decisión por excelencia, donde solamente se delibera y se decide.

Cada uno de los miembros de todas las bancadas buscan acuerdos que son difíciles, que son dolorosos, que repetidamente dejan a muchos actores sociales en el camino y donde, en definitiva, las distintas posiciones de los partidos tienden a hacer prevalecer los intereses generalizables y los principios que ellos pretender defender en mayor medida.

Pero no analicemos sólo esta característica de las democracias complejas contemporáneas; vayamos a otra cuestión. Tenemos que enmarcar estos acuerdos en procesos de transición y consolidación democrática. No estamos hablando de la reforma de la Constitución de un país con doscientos años de continuidad democrática. Hablamos de una nación que recuperó su democracia hace diez años, una democracia que había perdido persistentemente durante más de cincuenta años. Entonces, no se puede entender esta realidad sociopolítica con total liviandad.

La salida es lo que se llama las democracias consociativas. Se trata de democracias donde el proceso de transición y consolidación se hace a través de acuerdos. Muchas veces, como en el caso español, la transición se va haciendo a través de acuerdos. Acá se citó mal el Pacto de la Moncloa como un pacto constitucional. Ese pacto no fue constitucional, aunque su acuerdo permitió la transición. Después viene el acuerdo constitucional que termina la Constitución del 78.

Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué es un pacto? Acá voy a citar a Guillermo O' Donell quien hablando de estas democracias consociativas en un estudio que realizó dice lo siguiente:

"Un pacto puede definirse como un acuerdo explicito aunque no siempre explicitado o justificado públicamente entre un conjunto selecto de actores que procuran definir las reglas que rigen el ejercicio del poder, sobre la base de garantías mutuas concernientes a los intereses vitales de quienes los acuerdan. Dichos pactos pueden tener una duración prescripta o depender meramente de un consentimiento que se va alcanzando sobre la marcha. Algunos de esos pactos cristalizan después en reglamentos o constituciones.".

La salida española, que para nosotros es un ejemplo, ha sido pactada. Entonces, a los españoles les ha sido mucho menos difícil explicar los acuerdos a su sociedad porque ellos han salido del régimen autoritario mediante pactos. En la Argentina el problema es distinto. Es cierto, nosotros tuvimos una transición por colapso del régimen militar, porque éste no estuvo en condiciones de pactar. Entonces, esto que a primera vista ha sido un problema más sencillo porque nos ha permitido algo que ni los españoles ni el Partido Socialista Español pudieron lograr, el juzgamiento por violación de los derechos humanos, lo hemos hecho por colapso del régimen militar. Pero esto significa que las sociedades son más conflictivas y que después, necesariamente, van a tener que acordar para evitar que el conflicto no pueda hacerlos regresar a una salida autoritaria. De tal manera que si analizamos estas democracias consociativas veremos que los actores sociales de los pactos son selectos, no son todos. Estoy hablando de sociología política y no estoy justificando el Pacto de Olivos. Es imposible pactar con cada uno de los actores y con todos, porque el pacto en sí mismo se hace imposible.

Asimismo, se necesitan garantías mutuas. ¿Por qué? Porque están por definir las reglas de juego básicas del sistema y hay que garantizar que un grupo político no defina por sí solo las reglas constitutivas del sistema. Como bien decía mi amigo Cullen, el peligro es que las reglas estratégicas de un partido se conviertan en reglas constitutivas de todo el sistema. Por eso, existen garantías mutuas.

Por otro lado, cabe señalar que quien acuerda tiene enormes costos políticos. Por eso, el Partido Socialista Español —este partido que yo admiro—, que pactó el no juzgamiento del problema de los derechos humanos del régimen franquista, tuvo que ceder y aceptar eso para poder salir hacia la democracia española que era un objetivo que iba a redundar en beneficios de todos los españoles.

La pregunta que me hago en este tren de diálogo que tan bien y tan humildemente planteaba el señor convencional May Zubiría, es la siguiente: en el momento en que se acuerda, los actores políticos más importantes del sistema político argentino eran dos: el radicalismo y el peronismo. Los costos políticos de este acuerdo hicieron que hoy algunas bancadas tengan una representación que no hubieran tenido sin acuerdo, producto de los costos políticos que han sufrido los otros dos partidos (Aplausos)

Esto es lo que indujo al Partido Socialista Español no pactar con el partido que representaba Suárez, porque tenía miedo de la oposición bilateral que había amenazado a la república de Weimar . De alguna manera, en la Argentina, el crecimiento del MODIN, por un lado, y del Frente Grande, por el otro, con todo el respeto que le tengo a esos dos partidos, significan la oposición bilateral que es producto de estos acuerdos.

Entonces, esta es mi comprensión al nivel del análisis sobre lo que ha pasado. Desde el punto de vista político se podrá cuestionar —lo hizo muy bien el señor convencional Auyero— si está bien la construcción del consenso, si actuaron bien o si era la mejor forma de actuar, pero son evaluaciones que las juzgará el pueblo y que, en definitiva, tienen sus costos internos dentro de cada uno de los partidos, pero que no hacen a la cuestión que estamos tratando, que es el proyecto de Reglamento.

Sin embargo, sí era preciso que analicemos el acuerdo de esta forma, para entender que no hay que recurrir a la historia de los pactos preexistentes a fin de poder explicar esta situación.

Estamos mucho más cerca. La recuperación de la democracia argentina ha sido tremenda, por lo que yo discrepo con la construcción del consenso en este acuerdo, pero eso no significa que no respete toda la legitimidad política que muchos de estos articulantes del pacto han entregado,  porque después voy a analizar que estar en contra del acuerdo —dentro de las cuales estoy— es más fácil porque no se está sujeto a la ética de la responsabilidad. (Aplausos)

Sr. PRESIDENTE (Mestre). — La Presidencia recuerda a la señora convencional que le restan 10 minutos para hacer uso de la palabra.
Sra. CARRIO. — ¿Podría tomar cinco minutos más, señor presidente?
Sr. PRESIDENTE (Mestre). — Si hay asentimiento por parte de la Honorable Convención, se procederá en la forma solicitada.

—Asentimiento.

Sr. PRESIDENTE (Mestre). — Continúa en el uso de la palabra la señora convencional por el Chaco.
Sra. CARRIO. — Señor presidente: quiero entrar en un nivel que ayer fue propuesto por el señor convencional Zaffaroni y que, incluso, lo plantearon los convencionales Barcesat e Iván Cullen, que es el nivel de la justificación.

En ese sentido, sociopolíticamente entiendo la cuestión. La cuestión jurídica formal está salvada pero, a pesar de eso, ¿justifico que el voto sea en conjunto? Aquí está el asunto, y por primera vez estoy entrando al orden de la justificación. Se pueden tomar varias posiciones, pero la que no puedo admitir en orden a la justificación es la pura regla de la mayoría, porque en definitiva ella decide pero no motiva y porque, además, ella ha justificado regímenes totalitarios.

Con esto no me estoy refiriendo a alguien en especial; simplemente estoy tratando de que reflexionemos en conjunto, porque deseo que ese voto de la mayoría tenga razones que lo justifiquen.

Al respecto, he encontrado razones sociopolíticas a ese voto de la mayoría. Es decir que puedo tener explicaciones y argumentos sociopolíticos que son válidos y serios. Pero como me queda muy poco tiempo, voy a tomar a alguien de la filosofía moral —me gustaría tomar a Dworking, luego a Rawls— para lo cual voy a recurrir a Dworking con su teoría de la justicia; pero tengan en cuenta que estoy planteando una justificación desde el punto de vista de la teoría de la justicia, que constituye una filosofía moral a la cual ningún país se ha acercado. O sea que, aún hoy, ninguna forma civilizada ha podido llegar a una convivencia tal donde estos valores de la comunidad de principios se hayan dado en toda su extensión. Pero Dworking también se refiere a los acuerdos señalando que hay tres tipos de comunidad: la de facto, la de reglamento y la de principios.

La comunidad de facto se da, por ejemplo, cuando en medio de una guerra dos personas absolutamente enemigas quedan en medio del mar y luego desembarcan en una isla desierta. Sin duda ellos van a tener que convivir y van a tener que pactar; no los une nada, ni siquiera el afecto, pero pactan porque se necesitan. En este tipo de comunidad los hombres son medios para los otros hombres.

Hay otro tipo de comunidad, que es la de reglamento, que después da lugar a la concepción convencionalista del derecho. En ella hay personas egoístas, honestas, a veces con visiones distintas, que pactan y acuerdan una determinada convivencia, pero no suponen que detrás de ese acuerdo los unen principios comunes. Directamente van acordando y creo que este acuerdo tiene algo de eso, que incluye a todos los que estamos aquí y a todos los argentinos; nosotros acordamos, pero todavía no llegamos a pensar que por detrás de ese acuerdo nos tienen que unir principios comunes, aunque algo de esa amistad entre Barcesat y Alsogaray me dice que en algún momento podremos coincidir en un liberalismo libertario, solidario y fraterno.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Convención Nacional Constituyente, doctor Eduardo Menem.

Sra. CARRIO. — De todas maneras, tenemos el último modelo, que es el de la comunidad de principios, que si me permiten lo voy a leer porque es imperdible.

Dice así:

"...las personas son miembros de una genuina comunidad política sólo cuando aceptan que sus destinos están ligados de la siguiente manera: 'aceptan que los gobiernan principios comunes y no sólo reglas establecidas por un compromiso político. La política tiene un carácter diferente para esas personas. Es un campo de debate sobre cuáles son los principios que una comunidad debería adoptar como sistema, qué visión debería de tener de la justicia, de la equidad, del debido proceso, de la igual consideración y debido respeto, y no la historia diferente, apropiada para otros modelos donde cada persona trata de plantar la bandera de su propia convicción sobre el mayor terreno de poder o reglas posibles."

Son esos argumentos de principio los que pueden fundar derechos. Creo que en ellos hay un derecho legítimo de los convencionales a emitir el voto en lo que tienen de consenso. Pero sobre esto no puedo discutir sinceramente y con absoluta honestidad intelectual; comprendo la sensación que hoy tienen las minorías, porque no pueden contribuir plenamente al consenso y tampoco pueden contribuir totalmente al disenso.

Creo que esto hay que desgranarlo. En primer lugar, ¿No se respeta a la minoría el derecho a la disidencia? El derecho a la disidencia lo tenemos garantizado. ¿Tenemos restringido el derecho a expresar el consenso? No, lo tenemos garantizado. ¿Tenemos restringida la libertad de voto? En esto voy a recurrir a uno de los argumentos de Zaffaroni, que ayer me decía — incluso mi posición era casi idéntica a la de él—, que si fuera un sistema entendería por qué es razonable. Parecería que todos estamos de acuerdo en que la integración Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial es un sistema. Digo esto porque no puedo decidir un Poder Ejecutivo presidencial con un Poder Legislativo de tipo parlamentario. Es decir que, inevitablemente, el sistema político forma un sistema y lo tengo que votar conjuntamente, porque la relación primer ministro, reelección presidencial, decreto de necesidad y urgencia e, incluso, integración del Poder Judicial para su designación, tiene una relación sistémica que honestamente creo que la tenemos que aceptar.

¿Qué ha quedado afuera? Por ejemplo, la confesionalidad del presidente y la elección del intendente de la Capital. Entonces, concluyo que es mucho menos dramático de lo que nos pareció a lo largo de este debate y de lo que personalmente me pareció a lo largo de la campaña electoral. Esto lo digo porque escuché todos los argumentos, he tratado de contestarlos y de decir que soy no dogmática, lo que es una condena infernal.

El problema es el siguiente: hemos quedado con que nos afectan la libertad de voto en dos puntos: en el tema de la Capital Federal y en el de la confesionalidad del presidente; y puede haber tres o cuatro temas más.

Recién ahora ingresamos a la cuestión del otro. Veo que es cierto que se está restringiendo el derecho de las minorías, pero también observo que en la línea argumental no es tanto el derecho que se nos ha lesionado. En definitiva, lo que está detrás de esto es el planteo de por qué no estuvimos en la construcción del consenso. Esto es explicable, porque hay actores políticos que hoy tienen una representación brillante en esta Convención, que no la tendrían sin la existencia del Pacto. Hoy estamos en un pluralismo moderado, mientras que el 3 de octubre estábamos en un bipartidismo. En el fondo esto lo tenemos que reconocer. No sé si el pluralismo moderado seguirá profundizándose en la Argentina. En consecuencia, esos actores tendrán otra presencia.

Y acá paso a la cuestión del otro, con el tema de la cláusula de garantía. Yo aclaro que es tan fuerte mi necesidad de reconocer al otro y de no violarle jamás ningún derecho —aunque lo estime injusto—, que por querer esa comunidad de principios voy a votar en contra del artículo 129... (Aplausos)..., pero esto no es para dramatizarlo en los términos en que está planteado en esta Asamblea, porque es una cuestión tremendamente compleja y discutible.

Pero además hay otras cuestiones. Por ejemplo, hagamos un juego. Quisiera recurrir al modelo del otro para ver cómo hubieran jugado otras fuerzas en esta situación. Me pregunto —y con esto no quiero agredir a nadie— qué hubiera pasado frente a la hipótesis de que falte un voto para abrir el paquete. Es decir, con un voto se abre el paquete. Vale aclarar que todos ustedes saben que la reforma de las reglas de juego de un sistema jurídico reviste un impacto traumático para una sociedad, donde pueden riesgosamente cambiar las reglas institucionales; pueden cambiar mal para todos y sin participación para muchos.

Yo, que voy a votar en contra del artículo 129, les pregunto: ¿qué harían frente a esa circunstancia? ¿Cómo funcionaría ahí la ética de la responsabilidad? ¿Qué harían otros grupos políticos que hoy están planteando legítimamente su disidencia como acto de catarsis de una oposición política que al menos tenemos que respetar y legitimar como cura terapéutica de carácter psicoanalítico, si se quiere?

Entonces, el tema es cómo obrarían ellos si estuvieran en esa instancia, siendo la mayoría necesaria para que un grupo político no pueda imponer las reglas de juego por sí mismo; porque hoy el justicialismo no tiene la mayoría de la Asamblea, pero el 3 de octubre, y en previsión de esos votos, iba a tener la mayoría. Y respeto al justicialismo, y mis hijos son hijos de un acuerdo radical peronista (risas), pero de alguna manera, ninguno de los que estamos aquí —ni del Frente Grande, ni de los otros partidos— hubiera querido que el justicialismo imponga por sí mismo, y con su sola mayoría, todas las reglas constitutivas del juego político en la Argentina.

Entonces, la cuestión del otro también debe ser aceptada por las mayorías, porque si en este momento ellas estuvieran del otro lado, allá atrás, sentirían exactamente lo mismo, darían las mismas argumentaciones y encontraríamos a los mismos amigos con una pretensión legítima de haberse sentido fuera del acuerdo.

Más sincera no he podido ser, y mi única finalidad ha sido plantear una discrepancia respetuosa, marcar la absoluta complejidad del tema, y decirle al señor convencional del MODIN que es cierto que mi partido ha tenido enormes discrepancias con motivo de este pacto, pero también es cierto que a la Unión Cívica Radical la unen principios muy viejos y muy largos, nos unen Alem, Yrigoyen y el sueño de Alfonsín en 1983; y esto, de ninguna manera, va a romper aquellos principios sino que, por el contrario, nos va a hacer más fuertes y más poderosos en el futuro. (Aplausos prolongados. Varios señores convencionales rodean y felicitan a la oradora.)



Fuente: Diario de Sesiones de la H. Convención Constituyente del 02 de junio de 1994.



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miércoles, 22 de febrero de 2017

Raúl Alfonsín: "Defensa del Pacto de Olivos" (8 de junio de 1994)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor convencional por Buenos Aires Raúl Ricardo Alfonsín. (Aplausos)

Sr. Alfonsín. — Señor presidente: antes que nada quiero decir que, cuando venía hacia aquí, no pensaba en algún tipo de preocupaciones. No venía pensando en el 95, porque soy un hombre que no aspira a ninguna candidatura. Venía pensando en mi responsabilidad fundamental; venía pensando en que estamos trabajando para los argentinos de ahora y para las generaciones que vendrán. Venía convencido de que, por encima de cualquier otra circunstancia debía, como he pretendido toda mi vida, no pasar por encima de un estado de conciencia. Y si bien lo hice, como digo, toda la vida, puedo asegurar, que en ningún momento estuve tan convencido de trabajar con tanto desinterés y, si me permiten, con miras exclusivamente patrióticas como en esta circunstancia.

Creo que lo que acabamos de escuchar de parte del señor presidente del bloque del Frente Grande, tiene una parte muy positiva. Aunque discrepamos en muchas de las cosas que ha dicho, lo cierto es que, por encima de discrepancias y diferencias, él se ocupó de señalar muy bien que viene a legitimar esta Constitución.

Creo que es importante que no sólo nosotros, sino todos quienes en estos momentos, en sus casas, seguramente están observando esta reunión por televisión, comprendan que, por lo menos en lo que se refiere al Frente Grande —y estoy convencido de que en otros bloques ocurre lo mismo— no existe una diferencia fundamental que haga suponer a nadie que aquí se está atentando contra la democracia ni contra la República.

Pero debo decir, que los argumentos que han expuesto con tanta vehemencia me resultan sumamente exagerados. Es como si aquí —como se ha dicho expresamente— se hubiera establecido una mordaza que impidiera señalar las opiniones y las disidencias.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Convención Convención Nacional Constituyente Nacional Constituyente, doctor Eduardo Menem.

Sr. Alfonsín. — Es como si por el hecho de haberse establecido una forma de votación por parte del Congreso de la Nación, que nosotros asumimos hoy, se impidiera que el pueblo argentino conociera la posición de los distintos bloques.

Creo que tiene que ver con una lógica elemental, señor presidente, decir que esto de ninguna manera es así. En primer lugar, porque han sido escuchadas todas las posiciones, con algunos argumentos importantes, principalmente de algunos oradores del Frente Grande, con discursos brillantes en sostén de sus puntos de vista.

No creo que haya un argentino que haya seguido todo esto, que piense que el Frente Grande y otros bloques no están de acuerdo con que se elimine la cláusula confesional para el presidente de la República. No hay un argentino ni una argentina que haya seguido este debate, que se haya preocupado por este problema, que no sepa acabadamente cuál es la posición de cada uno de los bloques. Y, además, todavía resta la posibilidad de fundar los votos en la medida en que se vayan produciendo y la posibilidad de presentar proyectos si se llegara a suponer —y me parece que así va a ser— que es necesario aclarar aún más este tema.

De manera tal que quiero manifestar ante todo que tengo absolutamente tranquila mi conciencia. Reitero que no sería capaz de pasar por encima de un estado de conciencia.

Aquí no se cercenan los derechos de nadie, porque todo el mundo conoce qué se piensa, en definitiva, por parte de cada bloque. Y el hecho de que el Congreso de la Nación en su momento y nosotros, ahora, determinemos una forma de votación no tiene la importancia que aquí se le otorga. No quedan cercenados derechos fundamentales de ningún señor convencional, porque los derechos no son de la mayoría ni de la minoría; son derechos individuales que todos tenemos y que todos estamos dispuestos a ejercer. (Aplausos)

Me podría poner en la otra posición. Supóngase que, respetando la ley del Congreso, hubiéramos resultado minoría. En realidad, en cuanto a la norma del Congreso —que desde el punto de vista político o jurídico no podía conocer quién iba a ser mayoría o minoría—, la cláusula que resulta atacada fue más para defender la voluntad del Congreso de una posible mayoría; pero si hubiera resultado eso, si nosotros hubiéramos sido minoría, habríamos podido decir exactamente lo mismo que, con inteligencia pero desacertadamente, de acuerdo con mi modesto criterio, ha señalado el presidente del bloque del Frente Grande. ¿Por qué nos obligan a votar separadamente, si de ninguna manera estaríamos de acuerdo con aprobar la reelección del presidente, en caso de no haberse atenuado el sistema presidencialista? Es el mismo argumento, pero al revés. (Aplausos)

Señor presidente: sé muy bien, como aquí se ha dicho en uno de los discursos más brillantes y eruditos que se han pronunciado en este recinto, que se estaría dispuesto a votar según lo establecido por la ley y el reglamento, si hubiéramos estado frente a un sistema. No lo he dicho yo, sino un convencional relevante de la bancada del Frente Grande.

De tal manera que esto no es una chicana, como algunos expresaron, ni ninguna trampa. Es la verdad. Si realmente fuera un sistema —se ha mencionado— no se considerarían quebradas las reglas de juego de los cuerpos parlamentarios.

Quiero decir que cuando se recurre a la teoría de los objetos, si bien es difícil considerar ya el criterio de unidad en los objetos físicos, muchas veces es increíblemente dificultoso tener en Convención Nacional Constituyente cuenta el criterio, la teoría, la concepción de unidad en los objetos culturales que estamos debatiendo.
Voy a hacer una ligerísima apelación a la filosofía política, que en mi opinión hay que tenerla en cuenta, porque precisamente ella, y no la ciencia política, es la que analiza la naturaleza y las condiciones de la obligación política. También es la que establece las relaciones entre la política y la moral y entre la política y la ética.

Aquí hay tres paradigmas fundamentales. El Estado justo que subsume la ética en la política —lo sabemos de los griegos—, y que por considerar, en definitiva, que lo bueno es justo, se traduce siempre en una propensión al despotismo, aunque sea al despotismo ilustrado.

Hay otra concepción que es el realismo político, que divide absolutamente a la moral de la política. Deja la moral para el campo privado, y la política para el sector público, por lo que, desde luego, se traduce en tiranías, cuando son exageradas y, por supuesto, en una suerte de esquizofrenia moral inaceptable.

Existe también una variante de esa concepción del realismo político que hoy está en boga, que constituye un peligro para el mundo, porque cuando se produjo la revolución europea del 89 creyó que tenía el campo abierto para crecer y desarrollarse. Es la concepción neoconservadora que nos plantea una filosofía distinta; diría que es una filosofía del cinismo y de la resignación de la que uno de los líderes más importantes ha sido, seguramente, Leo Strauss, en los Estados Unidos, pero que también tiene algo que ver con el posmodernismo en su acercamiento a Nietzsche y al cinismo sobre lo que tanto ha trabajado Habermas para negarlo rotundamente.

Esa variante tiene una concepción de la democracia que es elitista, que se toma de Mosca, de Pareto, con Schumpeter más cerca y que hoy, con profesores muy importantes de muchas universidades —las más renombradas del mundo—, como por ejemplo Samuel Huntington nos dice que la democracia se hace ingobernable si procura la participación o busca la igualdad de oportunidades, que justamente para nosotros son elementos esenciales de la democracia. Además, tiene una concepción de la economía que crea una suerte de mito y de religión del mercado, y tiene una idea de un Estado mínimo si quiere ser democrático, como lo dijo ya Hayeck en 1944 en Camino de Servidumbre, o modernamente Nozick al hablar del Estado desertor, del Estado que no se ocupa de la gente y de los problemas. Este es el realismo político de este tiempo, que tiene una concepción del gasto social al que considera inocuo.

En fin, no quiero desarrollar tanto este tema del neoconservadorismo, pero lo cierto es que está prácticamente demostrado que hoy está fracasando en todo el mundo, porque a pesar de haber sometido a los pueblos de países importantes del primer mundo a inconvenientes graves en el campo social, no ha solucionado ninguno de los problemas de envergadura que enfrentan las economías de esos países.

Además hay otro paradigma —sé que es difícil, porque estoy hablando de paradigmas, encontrar gobiernos que apliquen estos principios en su totalidad—, que es el de la concepción legitimista, que sabe que la moral y la política tienen una relación dramática, pero que procura legitimar toda la acción del Estado sobre una base ética fundamental. La concepción realista busca desde luego países en los que se favorece el autoritarismo, porque se traducen en dictaduras que a veces son monarquías, u otras veces, dictaduras de líderes carismáticos. Pero el Estado legítimo, la concepción legitimista del Estado, se asienta mucho menos en el Poder Ejecutivo, como sucede en el realismo político, para darle más facultades al Poder Legislativo.

Entonces, esto es lo que nos pone frente a un sistema. Hemos realizado una tarea que está vinculada estrictamente con buscar y servir la concepción legitimista del Estado para aventar los riesgos no sólo del Estado "justo" de los mesiánicos que atacaron tanto a la Argentina durante muchos años, sino también de esta otra concepción realista neoconservadora, a fin de que en la Argentina y para los tiempos —no quiero hablar de los tiempos actuales— se sepa que aquí estamos frente a una concepción legitimista del Estado que no se conforma solamente con limitar la democracia al campo institucional sino también que sabe y comprende que debe encontrar soluciones para los problemas del hombre, de la gente y para que cada uno pueda realizar su vida con la tranquilidad suficiente como para cumplir con sus requerimientos elementales y fundamentales. Esa concepción nos dice que hay que mirar a la sociedad desde el punto de vista de los más desprotegidos, porque sabe que hay desigualdades naturales, pero también hay desigualdades sociales, de ingreso, de riqueza, y de status, por lo que es necesario luchar por la igualdad de oportunidades.

Por ello, nos acercamos a esa concepción y definimos en todo lo que es el núcleo ese sistema de ideas que restan fuerza al presidencialismo argentino, como lo vamos a demostrar en el momento en el que discutamos el fondo de estas cosas. Cómo se puede decir que nosotros vamos a incrementar los poderes del presidente por el hecho de que se proponga establecer en la Constitución, dándole rango constitucional, la limitación al dictado de decretos de necesidad y urgencia. ¿Acaso no se vive la realidad argentina? ¿O es que no se sabe que desde 1853, hasta mi gobierno incluido, hubo veinticuatro decretos de necesidad y urgencia, mientras que el gobierno actual ya lleva más de doscientos cincuenta decretos de necesidad y urgencia que fueron convalidados por la Justicia argentina?

Por esa razón, era necesario establecer una norma que pusiera coto a esto, para que los presidentes del futuro tuvieran limitaciones expresas que evitaran el gobierno por decreto, que significa una suerte de avance sobre el Poder Legislativo que degrada a la democracia.

Todas las medidas que constituyen el Núcleo de Coincidencias Básicas están vinculadas a esa idea. Por eso, constituyen un sistema, y por eso estoy convencido de que hay una razón fundamental para votar de esta manera, porque son medidas inescindibles. Tan sistema es que no sería nada sino fuera sistema. No existiría esta Convención. Jamás hubiéramos votado una ley declarando la necesidad de la reforma si no hubiera sido un sistema, porque nuestro voto a favor de la reelección del presidente está estrictamente vinculado a la otra idea, es decir, a la necesidad de limitar el presidencialismo argentino, porque nos hacemos cargo del planteo de Alberdi que ya en su momento —aunque reconocía que era indispensable otorgarle facultades tan fuertes al presidente para consolidar la unidad nacional recién lograda— decía que podía ser la causa de una tentación tiránica que se evitaba, precisamente, impidiendo la reelección inmediata. De modo que esto era para nosotros una necesidad que no estaba vinculada con la confianza. No se puede hablar de un tema de confianza sino de responsabilidad. Aquí somos muy responsables; somos responsables también ante quienes van a venir.

Como diría Rawls, no conocemos perfectamente cuál puede ser la situación personal de quienes han de venir. No conocemos qué puede pasar en la Argentina, pero sí imaginamos un país al que queremos democrático. Nos imaginamos la situación general de la Argentina. Suponer que estamos aquí juzgando confianzas o desconfianzas implica disminuir la cuestión, como si se le dijera a un abogado que no pida garantías frente a la firma de un contrato porque es amigo de la contraparte y le tiene confianza. No señor, es un problema de responsabilidad el que está en juego. (Aplausos)

Se dice que el Congreso no tiene facultades para limitar a la Convención. Esta es una idea que viene desde los albores del constitucionalismo, cuando las convenciones se realizaban en contra del sistema jurídico, cuando realmente eran manifestaciones casi espontáneas o decisiones directas del pueblo que elegía a sus representantes. ¿Cómo iba a haber un sistema jurídico que las limitara? Evidentemente no, porque se realizaban justamente para luchar contra ese sistema jurídico. No quiero cansarlos con citas de Bourdeau o de Hanna Arendt, pero el primero de ellos, haciéndose cargo de la teoría del abate Sieyes afirmaba que esto está fuera del Estado, pero no es nuestro caso.

Esta es una Convención que tiene un poder derivado, porque existe ya un poder constituido. Se dice que hay que respetar la voluntad del pueblo y que es éste el que nos tiene que decir que podemos hacer cualquier cosa. ¿Pero qué pueblo es el que ha elegido a los diputados y a los senadores? (Aplausos) ¿A cuál de los dos respetamos? ¿Acaso no hay una soberanía popular que en circunstancias distintas se ha manifestado a través de la elección de los representantes del pueblo y de las provincias? Creo que podemos estar realmente muy tranquilos dado que nuestra responsabilidad fundamental es la que nos obliga a votar de esta manera, aunque no haya riesgo. E insisto en que no se trata de un problema de confianza.

Se ha hablado y muy bien sobre el pacto, y al respecto agradezco algunas de las consideraciones que se han hecho, aun discrepando, porque se ha salvado la cuestión ética. Era muy importante, señor presidente, porque no se lo hizo en la campaña. En la campaña los únicos que explicamos el contenido fuimos nosotros; lo demás fue "sloganismo". (Aplausos)

Agradezco muy sinceramente este reconocimiento realizado, porque aquí estamos hablando no para ahora sino para la historia, y le aseguro, señor presidente, que hemos sufrido mucho cuando se pretendía tergiversar la naturaleza de nuestra acción.

Se ha hablado de pacto de dos y de democracia de dos. ¿Cómo es posible? Desde luego que todo empieza por una o dos personas, pero es como si se hablara de ley de uno cuando un diputado presenta un proyecto. Después ese proyecto se discute, es tratado por la Cámara de Diputados y luego girado al Senado. Entonces, ¿podemos hablar de ley de uno? ¿Podemos hablar de pacto de dos? Este pacto fue sometido a la consideración del Comité Nacional de mi partido y dos veces a la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical; el órgano respectivo del Justicialismo hizo lo propio, y finalmente el Congreso de la Nación lo aprobó con mayoría de dos tercios. ¿Podemos hablar, entonces, de pacto de dos?

Creo que aquí hemos hecho un esfuerzo importante. Me hago cargo de lo que ha dicho el presidente del bloque del Frente Grande y se lo agradezco. Es cierto; nosotros veníamos de sufrir mucho. En los últimos sesenta años, sin contar los estatutos militares, nos han regido cuatro constituciones: la del 1853, la de 1949, la de 1957 y la enmienda llamada Lanusse. Ninguna de ellas sirvió, como tampoco sirvieron las de 1819 y 1826, cuando Buenos Aires pretendía imponer a las demás provincias una constitución unitaria.

Aquí era necesario un consenso y un acuerdo entre los partidos para poder llevar adelante la reforma constitucional, aunque nos hubiera gustado que fuera más amplio. Sabíamos que íbamos a pagar precios, señor presidente, y tal vez ninguno ha sido tan alto como el que debió pagar la Unión Cívica Radical. Digo esto porque existen distintas motivaciones entre las personas que votan por los partidos, y muchas veces se vota a un partido con la idea de votar en contra de otro. Nosotros ya hemos pagado ese precio, pero aspiro a que quienes en definitiva resulten los candidatos de mi partido recojan los frutos de esta Convención Constituyente. (Aplausos)

Sin embargo, es increíble que se haya pretendido descalificar este pacto porque se quiere con él evitar el rumbo de colisión que seguía nuestro país. El Pacto del Punto Fijo, de Venezuela, se firmó entre partidos antagónicos para evitar el rumbo de colisión. El Pacto de Bogotá terminó con una matanza entre conservadores y liberales al punto que llegó a establecerse en la propia Constitución colombiana la alternancia de los partidos en el gobierno. Pero a pesar de todas las vicisitudes, tanto en uno como en otro país tenemos las democracias más viejas de América latina.

Íbamos en rumbo de colisión. Existían dos criterios fundamentales: por un lado, la decisión del Partido Justicialista de provocar la reelección y, por otro lado, la determinación de la Unión Cívica Radical de no permitirla si no se cambiaban las reglas de juego. Sin duda la gente de mi edad que se encuentra en esta Convención habrá de comprender cuánto tiempo hemos perdido en las peleas, en las negativas irreductibles y en las confrontaciones salvajes. Queríamos construir y quizá estábamos agitando, porque luchábamos a nuestro turno por recuperar derechos conculcados.

En 1949 se lleva a cabo una reforma constitucional sin los radicales, y en 1957 los antiperonistas promovieron otra sin los peronistas. Este período de confrontaciones salvajes creó el clima propicio para el golpismo en la Argentina. Algunos pedían que no habláramos de la historia ni del derecho comparado y que nos refiriéramos sólo a la situación actual de nuestro país.

¿Pero ni siquiera uno de quienes pidieron esto había pensado en lo que acabo de señalar?

Agradezco al señor presidente del bloque del Frente Grande que haya traído este problema a colación, porque si él no lo hubiera hecho quizás yo, por una cuestión de elegancia, también hubiese evitado hacerlo. ¿Qué es lo que había pasado? Existía un proyecto que contaba ya con sanción en el Senado ratificando la idea que, como bien se ha afirmado, siempre había tenido el justicialismo.

Hasta se había firmado en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados un proyecto por el cual se establecía de una absurda manera —porque no creo que se pueda interpretar por ley la Constitución, el artículo 30 de la Carta Magna— la necesidad de los dos tercios de los presentes para sancionar la necesidad de la reforma.

Digo a esta Convención que la Unión Cívica Radical no iba a aceptar eso. Y si por una casualidad o por un hecho circunstancial se llegaba a sancionar sin nuestra presencia o sin gran parte de nosotros, este proyecto de declaración de la necesidad de reforma, no íbamos a presentar candidatos a convencionales constituyentes. Entonces, ¿qué camino quedaba? La regresión, volver al 49, al 57, volver a la pelea. Eso no podía ser, de ninguna manera.

En consecuencia, asumimos esta responsabilidad y llevamos adelante una idea que transmitimos al presidente de la Nación. Le dijimos: "Señor presidente, ¿por qué no tratamos de coincidir sobre la base del proyecto del Consejo para la Consolidación de la Democracia?" Ese proyecto establecía la reelección de cuatro años, pero también fijaba limitaciones al presidencialismo. El presidente debía optar. El era enemigo de muchas de estas cosas. Así lo había sostenido permanentemente. Hizo infinidad de declaraciones diciendo que no estaba de acuerdo con el jefe de gabinete y con muchas de los planteos que nosotros hacíamos. Sin embargo, le hizo un servicio a la Nación porque jugó a la legitimación. Reitero: jugó a la legitimación.

No hemos superado nuestras diferencias. Desafiaría a cualquier partido a que me diga que ha hecho más declaraciones de oposición que nosotros desde la firma del Pacto hasta este momento. Hemos seguido criticando. Nuestra concepción es, como lo ha recordado muy bien el señor presidente, distinta en el campo económico y social. Pero, a mi criterio, hemos salvaguardado la paz política. Hemos evitado una regresión y, además, se ha logrado evitar a los presidentes del futuro cualquier tentación autoritaria, cualquier avance sobre la Justicia o sobre el Congreso de la Nación. Se ha logrado perfeccionar los controles republicanos. El presidente no nombrará más a los jueces, sino que esto se hará en la forma establecida a través del Consejo de la Magistratura. Con esto ganamos en seguridad jurídica.

Además, abrimos al debate los otros temas habilitados, los que también recordó muy bien el presidente del bloque del Frente Grande. Vamos a hablar de federalismo.
Cuando uno observa cómo están las economías regionales sabe que esto es una necesidad, como lo saben también los convencionales de todas las bancadas. Desde luego, no vamos a hacer aquí una cosa como la que sucedió en el Brasil con la Constitución anterior, pero tenemos que sentar los principios fundamentales que vuelvan a darle sentido a un federalismo que no puede estar limitado al cascarón institucional. (Aplausos)

En el inciso a) del artículo 3º decimos que hay que dividir o distribuir los servicios que debe prestar la Nación y las provincias y los recursos a percibir. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de salud, de educación, de jubilación, de recursos, de la posibilidad de que de aquí en adelante los pactos fiscales entre la Nación y las provincias se produzcan a través de decisiones instrumentadas por medio de leyes dictadas por el Congreso de la Nación y por las legislaturas provinciales, a efectos de no estar sujetos a un centralismo que se hace cada vez más gravoso para cada una de las provincias.

También hablamos del medio ambiente, de la defensa del consumidor y del usuario, del hábeas corpus, y de los tratados internacionales que alejarán la posibilidad de la pena de muerte y nos harán defender mejor los derechos humanos. (Aplausos)

Entonces, señor presidente, éste es un pacto que está vinculado más que nada al campo político. Así lo reconoció muy bien el presidente del bloque del Frente Grande, sin quitarle importancia, lo que por cierto me alegró muchísimo.

Hace algunos años pronuncié un discurso que cobró cierta notoriedad y que por ahí se lo llamó el "discurso de Parque Norte". Allí hablé de la necesidad que teníamos los argentinos de llevar adelante dos pactos fundamentales. Uno, el que llamaba democrático, que es establecer las reglas de juego de la convivencia argentina que, fundamentalmente, lo tenemos que hacer en la Constitución de la Nación. El otro pacto lo reclamaba ante los sectores progresistas. A mí me parece que vamos a necesitar comprender cada vez más que si queremos trabajar para el bien común y al servicio de nuestro pueblo vamos a tener que superar muchas diferencias para que las fuerzas políticas que lo representan no sean superadas por los poderes vicarios o parásitos del poder económico cada vez más concentrado. (Aplausos)

De modo que al ratificar el voto favorable de la Unión Cívica Radical a este proyecto de reglamento, quiero expresar nuestro convencimiento de que podemos abrir nuevos escenarios. La Argentina siempre ha sido como una dicotomía, donde siempre hubo enfrentamientos y compartimentos estancos. Se ha ido elaborando una concepción en la que la negociación política parecía algo espurio, en la que la intransigencia, más allá de la que corresponde a los principios, también aparece como algo espurio.

Decía que creo que podemos abrir un camino en esta Constitución que permita que los argentinos trabajemos en unidad en algunos aspectos básicos y fundamentales. No pretendemos que el gobierno cambie sus políticas pero estamos convencidos, y le pido disculpas a los señores convencionales de la bancada justicialista, de que no podemos vincularlos a una convicción conservadora. El peronismo no ha sido jamás eso y estoy seguro de que tampoco lo será en adelante. Tal vez nos encontremos con todos, absolutamente con todos, porque por encima de cualquier otra cosa creo que el tiempo argentino que va a venir nos reclamará reiteradamente adoptar actitudes de esta naturaleza.

Sé que habrá muchos desesperados en este momento y en estos tiempos. Sé que habrá mucha gente que a lo mejor no comprende siquiera lo que estamos diciendo. Hay mucho interesado, además, en que la gente no comprenda lo que estamos haciendo. (Aplausos)

Quiero cerrar estas palabras iniciales, expresando algo que he recordado a menudo, que es un cuento de Saint Exupéry. Se trata de un hombre que iba perdido en la noche, aterido de frío en la nieve, exhausto, y su único deseo era echarse a dormir. El sabía que eso significaba su muerte segura. Cuando ya no tenía fuerzas, para salvar su vida apelaba a la idea de no fallar a los que creían en él. Y se decía a sí mismo: "Mi mujer piensa que camino, debo seguir; mis hijos creen que sigo andando, debo andar; mis amigos piensan que lucho, debo luchar."

Por eso, humildemente, con el mayor respeto y sin petulancia alguna, tenemos que decirle a esa gente que nos recordaba muy bien el señor presidente de la bancada del Frente Grande, que nosotros queremos que sigan marchando, que sigan andando, que sigan adelante, porque la democracia los necesita para afianzar la necesaria democracia con contenido social que queremos ofrecer. (Aplausos prolongados. Varios señores convencionales abrazan y felicitan al orador. Manifestaciones en las bancas y en las galerías.)






Fuente: Diario de Sesiones de la H. Convención Constituyente del 08 de junio de 1994.



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