La Nación Argentina inició hoy un nuevo periodo
constitucional, que las circunstancias han convertido en comienzo de una nueva
era. En sus aspectos concretos, este comienzo de una nueva era. En sus aspectos
concretos, este comienzo está colocado bajo el signo de la normalización
institucional: hoy se instala, en todos los poderes del gobierno, a hombres
elegidos por el pueblo y se reponen las institucionales que señala la ley. En
lo profundo, este acto inicial está presidido por una idea moral: la clara e inequívoco
voluntad de reencuentro argentino y de reanudar el desarrollo nacional,
expresada por el pueblo en su pronunciamiento electoral del 23 de febrero de
1958.
Este acontecimiento se produce en excepcionales
circunstancias históricas. Podemos afirmar, con plena conciencia, que la
Argentina enfrenta hoy una encrucijada de su destino. Los problemas económicos
que tradicionalmente han demorado el progreso nacional, suman ahora dimensiones
que parecen superar la energía y los recursos disponibles para su solución.
Frente a nosotros, a partir de este momento, dos perspectivas se abren para
nuestra patria. O seguimos paralizados en nuestro desarrollo empobreciéndonos
paulatinamente, estancados en nuestras pasiones y descreídos en nuestra propia
capacidad, y nos despeñamos en el atraso y la desintegración nacional. O, en
cambio, cobramos conciencia de la realidad, imprimimos un enérgico impulso y
nos lanzamos, con decisión y coraje, a la conquista del futuro por el camino
del progreso y de la grandeza del país.
Hora critica, sin duda, pero hora hermosa también, esta coyuntura
histórica que pone en nuestras propias manos, en las manos de las mujeres y los
hombres de esta Argentina viviente, el destino de la patria. De nosotros,
protagonistas del momento histórico, depende que el país languidezca o que la Nación
desarrolle todas sus posibilidades latentes sobre la base de las reservas
morales y espirituales de su pueblo y de su creciente progreso económico y
social.
Por su magnitud, la empresa que nos aguarda no puede ser
obra de un hombre ni de un grupo de hombre. Es tarea de todo el pueblo
argentino, e implica, también, una responsabilidad compartida por todos. El país
reclama una participación conjunta de los sectores activos y un aporte integral
de esfuerzos individuales. Nadie debe esperar que todo provenga del gobierno.
El Poder Ejecutivo cumplirá su parte, prestando la ayuda que sea necesaria y
estimulando la acción de las fuerzas creadores, que residen únicamente en el
seno del pueblo.
REENCUENTRO DE LOS ARGENTINOS
Para que se pueda llevar a cabo esta empresa de realización
nacional es condición previa e indispensable sellar definitivamente el
reencuentro de los argentinos y alcanzar una plena y efectiva paz nacional.
Debemos eliminar los motivos de encono, los pretextos de revancha y los últimos
vestigios de persecución que pudieran subsistir. Debemos extirpar de raíz el
odio y el miedo del corazón de los argentinos.
Recibimos y valoramos todo el pasado, con su grandeza y sus
debilidades, pero ese pasado queda nuestras espaldas. No nos volveremos a
remover las culpas ni a deslindar las responsabilidades que allí, desde hoy,
quedan para que las juzgue la historia.
Hoy, 1 de mayo de 1958, el gobierno de la Nación Argentina,
en nombre del pueblo, baja el telón sobre cuanto ha ocurrido hasta este preciso
instante. Cerramos una etapa para poder dar, entre todos, un gran paso hacia
delante.
En cumplimiento de ese imperativo histórico y de acuerdo con
el compromiso contraído con el pueblo durante nuestra campaña electoral, el
primer proyecto que elevaremos a la consideración de Vuestra Honorabilidad será
la sanción de una amplia y generosa amnistía.
Con esta misma inspiración, mientras dure nuestro gobierno,
en la Argentina nadie será perseguido por sus ideas ni por su actuación política
o gremial, ni habrá otras comisiones investigadoras que aquellas que se
propongan estudiar las inmensas posibilidades de progreso espiritual y material
de la Nación. El Poder Ejecutivo considera que debe ser derogada toda legislación
represiva de las ideas y suprimidos los organismos creados a tal fin. Cualquier
ciudadano podrá elegir y ser elegido y todos los partidos políticos podrán
constituirse y desarrollar libremente su actividad.
MARCHAR TODOS JUNTOS
El Poder Ejecutivo empeñará su máximo esfuerzo para hacer
realidad anhelos. He llegado a la Presidencia de la Nación como candidato de la
Unión Cívica Radical Intransigente, pero he sido votado por vastos sectores del
pueblo argentino que quieren bienestar, libertad, paz y progreso. A partir de
hoy, gobernaré para todos los argentinos y reclamaré el concurso de cuantos
comparten los anhelos del pueblo, cualquiera sea su militancia política y sin
otra condición que honestidad y su capacidad.
Abandono toda tarea partidista y declaro solemnemente que
desde la Casa de Gobierno no se hará política de partido. La Argentina necesita
que se establezcan las condiciones de una profunda convivencia civilizada,
comenzando por una efectiva convivencia política. Debemos terminar con el sectarismo
y la intolerancia, para emprender una tarea fecunda basada en el respeto hacia
el adversario, el estudio en común de los grandes problemas nacionales y la
participación de los más capaces en las tareas concretas. El Poder Ejecutivo
contribuirá a estos propósitos promoviendo reuniones y consultar con los
partidos políticos, con dirigentes gremiales del trabajo y de la producción,
con hombres de ciencia, técnicos y profesionales, con instituciones regionales
representativas y con la expresiones mas destacadas de la vida espiritual y
cultural argentina.
Para que todos puedan participar en la discusión de los
problemas nacionales, el Poder Ejecutiva facilitará la información necesaria.
Los legisladores y las autoridades de los partidos políticos que no estuvieren
representados en las Cámaras, tendrán acceso a la información mas reservada.
Queremos que todos compartan el esfuerzo realizador que el país exige, pero
queremos también que se comparta la responsabilidad de las decisiones,
mediante el conocimiento exacto de los problemas y el confrontamiento
exhaustivo de las opiniones.
Para que el esfuerzo a cumplirse sea realmente fecundo, el
restablecimiento del estado de derecho y de la seguridad jurídica en la
Argentina, que hoy tiene lugar, debe ser puesto al servicio de un objetivo
dominante: impulsar el desarrollo económico nacional sobre un fundamento de
justicia social y de absoluta vida moral.
BASES POLÍTICAS DEL DESARROLLO NACIONAL
Acabo de prestar juramento ante Vuestra Honorabilidad como
Presidente constitucional de los argentinos. Desde el momento mismo de ese
juramento, han quedado restablecidos en el país el estado de derecho y la
seguridad jurídica. El destino ha querido que la generación a que pertenezco
asistiera, apenas iniciada su vida cívica, a la caída del Presidente Yrigoyen,
que opero la ruptura del orden constitucional. Desde entonces, esa generación
volcó sus mejores esfuerzos en la lucha por la restitución del régimen
democrático. Hoy el país retoma la senda institucional. Nuestros títulos
provienen de un comicio correcto, garantizado por integrantes de las Fuerzas
Armadas de la Nación. Ese comicio se efectúo en cumplimiento de la palabra que
estas empeñaron y la entrega del poder se cumple en el plazo previsto. Estos
son hechos objetivos, que la historia registrara en toda su significación.
No seria leal con mi conciencia si no recordara otra vez,
ahora, como lo hiciera durante el proceso electoral que culmino en el comicio
del 23 de febrero, que ha habido inhabilitaciones y proscripciones políticas.
Pero una amplia mayoría del pueblo nos ha votado y asumiremos todas las
responsabilidades que corresponden a nuestra investidura. Garantizaremos la más
absoluta libertad y aseguraremos, con total firmeza y energía, el orden. Esto
valdrá para todas las manifestaciones de la vida nacional: desde los derechos y
garantías individuales, hasta la actividad sindical y la vida educacional y
religiosa.
SIGNIFICACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO
Debe quedar bien claro que el establecimiento del estado de
derecho significa la terminación del régimen revolucionario y de toda forma de
poder "de facto". Significa, sobre todo, que el discrecionalismo
dejara su sitio a la aplicación integra de la Constitución y de las leyes. O
sea, la fuerza puesta al servicio del derecho en lugar de la fuerza que intenta
crear el derecho. Habrá libertad dentro de la Constitución y orden dentro de la
libertad.
La Constitución prevé, sabiamente, el equilibrio y el
funcionamiento armónico de todos los poderes del Estado, sobre la base del
acatamiento a la voluntad, a los derechos y a la realización del pueblo
argentino. Sus disposiciones regulan las funciones, las atribuciones y la
interdependencia de los poderes, reservando el veredicto final al pueblo entero
que lo pronuncia a través del comicio limpio. Por encima de la organización
constitucional, solo esta el pueblo, de quien provienen nuestros mandatos y a
quien rendiremos cuenta de su cumplimiento. En las urnas que deciden el futuro
del país, se enmiendan también los errores cuando los gobiernos equivocan el
rumbo del destino nacional.
Restableceremos el régimen institucional argentino, para que
la plena vigencia del orden jurídico garantice a todos los habitantes de la
Nación la intangibilidad de su libertad personal y de conciencia, su honor y
sus bienes, y para que resguarde celosamente el fuero intimo del ser humano.
Pero es necesario también una sana actitud de comprensión por parte de todos
los sectores del pueblo, para que todos nos ajustemos espontáneamente al estado
de derecho, que no puede resultar solamente del respeto de la Constitución y
las leyes. Debemos tomar conciencia de que el orden jurídico crea
responsabilidades y que cada uno debe sacrificar algo de si para no interferir
en el derecho ajeno. Todos tienen que contribuir, con su parte de tranquilidad,
al orden institucional y al orden publico, únicos que harán posible el goce
pleno de los beneficios de la libertad.
La Constitución prevé, sabiamente, el equilibrio y el
funcionamiento armónico de todos los poderes del Estado, sobre la base del
acatamiento a la voluntad, a los derechos y a la realización del pueblo
argentino. Sus disposiciones regulan las funciones, las atribuciones y la
interdependencia de los poderes, reservando el veredicto final al pueblo entero
que lo pronuncia a través del comicio limpio. Por encima de la organización
constitucional, solo esta el pueblo, de quien provienen nuestros mandatos y a
quien rendiremos cuenta de su cumplimiento. En las urnas que deciden el futuro
del país, se enmiendan también los errores cuando los gobiernos equivocan el
rumbo del destino nacional.
Restableceremos el régimen institucional argentino, para que
la plena vigencia del orden jurídico garantice a todos los habitantes de la
Nación la intangibilidad de su libertad personal y de conciencia, su honor y
sus bienes, y para que resguarde celosamente el fuero intimo del ser humano.
Pero es necesario también una sana actitud de comprensión por parte de todos
los sectores del pueblo, para que todos nos ajustemos espontáneamente al estado
de derecho, que no puede resultar solamente del respeto de la Constitución y
las leyes. Debemos tomar conciencia de que el orden jurídico crea
responsabilidades y que cada uno debe sacrificar algo de si para no interferir
en el derecho ajeno. Todos tienen que contribuir, con su parte de tranquilidad,
al orden institucional y al orden publico, únicos que harán posible el goce
pleno de los beneficios de la libertad.
EI HOMBRE COMO SER SAGRADO
Respetaremos los derechos humanos porque así lo ordenan la
Constitución y las leyes, pero, además, porque ese respeto forma parte de
nuestra concepción del hombre como ser sagrado.
En tal virtud se preservara celosamente el ámbito de la vida
privada en la conciencia y en el hogar. Bajo nuestro gobierno estarán
plenamente garantizados las libertades y derechos esenciales que hacen a la
conciencia: la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de
reunión y, sobre todo, el derecho a la crítica y a la oposición en medida
legítima. Esas garantías concretas alcanzaran a las comunicaciones personales,
a la correspondencia y a la intimidad del hogar, que serán otros tantos
reductos inviolables, liberados del temor a los ultrajes y a los allanamientos
practicados sin orden de autoridad competente.
Preservaremos la integridad de la familia, en sus bases
morales, económicas y jurídicas. Deberán proveerse los medios que posibiliten
una vida familiar digna y decorosa: educación de los hijos, atención de su
salud y sólida formación espiritual. Dentro del gran esfuerzo nacional que
emprenderemos, la juventud hallara el ámbito propicio para hacer valer su
derecho a una vida plena y gozosa, que le brinde bienestar, capacitación y
cultura. El empuje de la juventud será uno de los poderosos motores del gran
impulso que cobrara la Nación.
FEDERALISMO Y VIDA MUNICIPAL
Deberá preservarse, en su autentico significado, la vigencia
del federalismo argentino. Limitado a formas aparentes, desprovisto de
substancias, no ha impedido el proceso de empobrecimiento del interior del país
ni su creciente sujeción a las concentraciones portuarias. No son los elementos
disociadores, sino los principios de solidaridad e integración nacional que
inspiraron el mantenimiento y consolidación de los pactos preexistentes, los
que deben orientar la efectiva acción federalista.
El fortalecimiento de las bases concretas del régimen
federal no debe hacernos olvidar que constituimos, como Nación, una unidad de
destino. Ese sentido de unidad nacional debe prevalecer en cada uno de los
aspectos del desarrollo espiritual y material de las regiones argentinas. El
federalismo argentino ha sido, hist6ricamente, un factor de integración
nacional, y esa concepción debe ser rigurosamente preservada frente a los
embates de quienes, amparándose en una animación localista de las autonomías
provinciales, propugnan una versión mal llamada federalista de la economía,
ajena a la realidad y a los bien entendidos intereses de las respectivas
provincias, cuya suma constituye la Nación Argentina. Las riquezas del país son
patrimonio de todos los argentinos y solamente un desarrollo armónico del país
en su conjunto puede aprovechar por igual a todos sus hijos.
Otro tanto cabe decir de los municipios, donde la democracia
alcanza, quizá, su expresión mas directa.
Consideramos que es precisamente allí, en la vida comunal,
donde se hacen más evidentes los contenidos populares de la democracia, a
través de la participación de todos los sectores representativos, en la
elaboración, ejecución y contralor de las medidas de gobierno. Asegurar la vida
municipal equivale, pues, a tanto como fortalecer en sus propias raíces la vida
democrática que todos aspiramos a que crezca pujante sobre la tierra argentina.
BASES ECONOMICAS DEL DESARROLLO NACIONAL
La vida jurídica e institucional de la Nación se asienta
sobre una realidad concreta: la realidad económica y social. No basta propugnar
y defender la libertad. Hay que establecer y mantener condiciones objetivas que
permitan el goce universal de la libertad y el ejercicio pleno de los derechos.
Un hombre necesitado, como un hombre atemorizado, no es un hombre libre.
Si queremos efectuar un gran esfuerzo de realización
nacional, necesitamos conocer bien la realidad económico-social del país, que
es tan concreta como su realidad física o su realidad humana.
PANORAMA ECONOMICO ACTUAL
La situación económica del país es dramática. El tesoro
nacional esta exhausto y los recursos normales que deben concurrir a sufragar
las expensas de la Administración Publica no alcanzan en forma alguna, a cubrir
los enormes gastos comprometidos. Por el otro lado, las magras reservas de oro
y divisas que aun quedan en el Banco Central, están afectadas a obligaciones
financieras de forzoso cumplimiento y a permisos de importación que ya tienen
principio de ejecución.
A esos dos desequilibrios básicos hay que agregar, con sus
complejas derivaciones económicas y sociales, la vigencia de un proceso
inflacionario, para cuyo aceleramiento se han dado ya todas las condiciones
requeridas.
Si mantuviéramos la política económica seguida hasta este
momento, el país se vería abocado, a muy corto plazo, a la cesación de pagos
internos y externos. Pero el gobierno ha de adoptar, con la urgencia y decisión
que exigen las circunstancias, las medidas necesarias para que ello no ocurra.
La gravedad de la situación ha pasado quizás inadvertida,
tras un volumen de gastos que, al tiempo que infundía una falsa euforia,
contribuía a acelerar el proceso. El país deberá atenerse a los hechos
consumados y solo cabe ahora afrontar los problemas, con la fe que inspiran la
voluntad y la capacidad nacional.
LOS GASTOS PUBLICOS
Los gastos del Estado han alcanzado considerable volumen. Al
presupuesto preventivo publicado oportunamente, se ha sumado una importante masa
de necesidades financieras, algunas ya autorizadas y otras en tramite de serlo,
que llevaran el total de gastos públicos a triplicar, aproximadamente, los
registrados dos años y medio atrás. De ese conjunto de gastos, solo el 54 por
ciento tiene resuelta su financiación. Para el 46 por ciento restante, que
comporta el déficit potencial más extraordinario en la historia financiera
argentina, habrá que obtener recursos excepcionales en forma urgente. Si no nos
dispusiéramos a adoptar drásticas medidas, la administración publica se vera
amenazada, a corto plazo, por la cesación de pagos.
Ese déficit no podrá reducirse substancialmente, puesto que
la mitad del ejercicio financiero esta cumplido y gran parte de los gastos
previstos se originan en compromisos ya formalizados. Por otra parte, dentro de
los recursos computados están incluidas todas las fuentes financieras de
carácter fiscal o crediticio, permanentes o transitorias, que estaban al
alcance del tesoro público. Eso significa que, irremediablemente, el gobierno
constitucional deberá arbitrar nuevos recursos, mediante una mayor presión
impositiva o inflacionaria, para hacer frente a una enorme masa de gastos
carentes de sustento financiero.
Como prueba de la deformación de las finanzas públicas a que
ha llegado el país, bastara señalar que el 43 por ciento de los gastos
corrientes de la administración pública —excluidas las inversiones y los
subsidios a las empresas estatales— tendrá que ser atendido con recursos
distintos a los provenientes de las normales fuentes impositivas. Eso significa
transferir a las futuras generaciones gran parte de la carga financiera
originada por los gastos de funcionamiento de la administración, en violación
de todas las sanas normas que rigen la hacienda publica.
Es evidente que el país ha perdido el contralor sobre los
gastos del Estado y el empleo de los fondos públicos. Si la Administración ha
podido hacer frente hasta ahora a esa creciente elevación de los egresos, ha
sido a costa de expedientes de carácter excepcional y transitorio, como la
utilización de los ingresos del Fondo de Restablecimiento Económico, el
impuesto de emergencia, el producido de la aplicación del régimen de incremento
patrimonial y los fondos acumulados en el Banco Central, provenientes de
márgenes de cambio. Agotados estos, se ha previsto el empleo de la totalidad de
los fondos bancarios a que legalmente tiene acceso la Tesorería Nacional, para
cubrir, con carácter transitorio o de anticipo, las insuficiencias
estacionales. Pero aun así, en el curso de los últimos meses ha comenzado una
retracción en los pagos de la Administración pública, claro síntoma de la grave
situación que afrontamos.
El gobierno encarara el problema y dará estricto
cumplimiento a las obligaciones contraídas por la Administración publica. Las
exigencias del desenvolvimiento económico, a las que debe ajustarse la política
financiera, indicaran si esa provisión urgente de fondos se hará por vía del
endeudamiento, del impuesto o de la emisión monetaria. Pero desde ya el Poder
Ejecutivo compromete su decisión de adoptar severas economías para detener ese
proceso que amenaza con paralizar el esfuerzo nacional, esfuerzo que todos
queremos ver encaminado hacia el progreso económico y la elevación de las
condiciones de vida de toda la población.
LA BALANZA DE PAGOS
No es menos grave la situación que se plantea en el orden de
los pagos con el exterior. En el curso de los últimos tres años, Argentina ha
tenido un quebranto comercial de 764 millones de dólares, como consecuencia del
exceso de importaciones sobre las exportaciones. Ese déficit ha liquidado
prácticamente las existencias de oro y divisas que se reservan para hacer
frente a dificultades de carácter transitorio y excepcional, al tiempo que ha
originado una creciente deuda externa, cuyos servicios financieros ya comienzan
a constituir un importante pasivo en nuestra balanza de pagos.
Era previsible, con mucha antelación, que llegaría el
momento en que el agotamiento de las reservas monetarias y la utilización de
los créditos externos, expondrían al país a graves consecuencias. Sin embargo,
poco o nada se ha hecho para evitarlo. En cambio, se han empleado, para
importar artículos superfluos, suntuarios o que el país ya produce, divisas que
ahora escasearan para la incorporación de bienes y productos indispensables.
Las escasas reservas que aun restaban en el Banco Central a
comienzos del año, se encuentran comprometidas al pago de vencimientos de
créditos extranjeros ya utilizados y de los permisos de importación que, en
gran volumen, ha venido autorizando el Banco Central hasta este momento. El
primer trimestre del año en curso ha arrojado un déficit comercial con el
exterior de tal magnitud, que si no se adoptaran las enérgicas medidas que
estamos dispuestos a adoptar, Argentina podría ver amenazada la provisión de
suministros tan vitales como combustibles y materias primas, antes de terminar
el año.
EL PROCESO INFLACIONARIO
El proceso inflacionario que se desarrolla desde las
postrimerías de la última guerra, no solo no ha podido ser contenido, sino que
se encuentra notablemente agravado en la actualidad. Su primera consecuencia ha
sido la elevación de los precios internos. En 1956 el costo de vida aumento en
13 por ciento. En 1957, ese incremento fue del 25 por ciento. Tras una aparente
calma, proveniente del esfuerzo realizado para demorar la incidencia del
proceso en el precio de los artículos de primera necesidad, el encarecimiento
de la vida se ha acentuado. La emisión monetaria destinada a financiar
excesivos gastos públicos, la reciente elevación del precio de los cereales,
las medidas destinadas a salvaguardar el patrimonio ganadero, actualmente en
liquidación y el incremento de los costos provocados por diversos factores
concurrentes, ya están operando como nuevas causas de elevación de los precios.
La experiencia ha demostrado, una vez mas, que para detener
el alza del costo de la vida es indispensable desarrollar una política
económica y social tendiente a crear mas riqueza y a distribuirla con arreglo a
normas de equidad.
No es reduciendo el consumo sino aumentando la producción
como habremos de lograr el equilibrio y obtener una moneda de valor
relativamente estable. El forcejeo entre los precios y los salarios es
consecuencia de la legitima resistencia de los distintos sectores de la
población a aceptar un decrecimiento de su nivel de ingresos, paralelo al
proceso de empobrecimiento a que esta sometido el país.
Hay que invertir ese proceso, para buscar el equilibrio en
una economía de abundancia, en donde cada aumento de salarios signifique una
conquista real y efectiva del trabajador en el goce de mayores bienes. Las
riquezas potenciales del país justifican que el esfuerzo se canalice en esa
dirección y solo esperan, para convertirse en realidad, el esfuerzo solidario
de los argentinos.
FE EN EL PAIS Y EN EL PUEBLO
El panorama que acabamos de exponer refleja, someramente, la
gravedad de la actual situación, económica. Oportunamente, el Poder Ejecutivo
ofrecerá al país un balance e inventario completo de la situación. Ni las
cifras expuestas ni lo que se va a dar a conocer, significa que pretendamos
atribuir o distribuir responsabilidades. Hemos afirmado que bajamos el telón
sobre todo el pasado, y ello vale para todos los órdenes de la vida nacional.
Queremos que el país sepa donde esta, para apreciar mejor la magnitud del
esfuerzo que debe realizar. Lo único que interesa es saber que se debe hacer y
como tenemos que hacerlo.
Si no tuviésemos, como tenemos, un pueblo con férrea
voluntad de realizarse como nación, esta situación seria catastrófica. En
Argentina, rica en recursos naturales y fuerte en la decisión de su pueblo,
para hacer un gran país, es una carga agobiadora pero no paralizante. Esa
realidad dramática e imperiosa, obra como estimulo y como desafío a la
inteligencia creadora, a la capacidad y a la voluntad de realización de todos
los argentinos.
Estamos en crisis, pero no le tenemos miedo a la crisis.
Sabemos perfectamente que, ante las dificultades concretas, cada uno de
nosotros hará un examen de conciencia acerca de su responsabilidad y se
preguntara que puede hacer a favor de la Nación.
Frente a la tarea que
nos espera, reiteramos nuestra profunda fe en el país y en cada uno de sus
hombres y mujeres.
Además conocemos el objetivo a alcanzar y sabemos como
hacerlo. Nuestra meta es lograr una economía de abundancia. El camino para
lograrlo es promover una rápida y poderosa capitalización nacional, sobre bases
de justicia social, e imprimir un enérgico impulso de desarrollo, que el país
esta totalmente capacitado para emprender.
LOS MALES DE LA BUROCRACIA
Antes de plantear los lineamientos básicos de esa empresa de
recuperación y realización nacional, debemos considerar uno de los aspectos mis
agudos del panorama actual.
Hemos aludido al déficit presupuestario que gravita como un
mal endémico sobre la economía nacional. La Argentina no puede seguir
desenvolviéndose en esta forma. La carga financiera de la administración
pública no solamente deprime la actividad productiva. Es un factor inflacionario
que afecta la estabilidad monetaria y el desarrollo económico. Es necesario e
impostergable iniciar una acción de austeridad y nacionalización que permita
detener el proceso de hipertrofia administrativa tanto en el orden nacional
como en el provincial y municipal. Es necesario que quienes asumen el gobierno,
a todo lo largo del país, lo hagan con el convencimiento de que han sido
elegidos para desempeñar un servicio a la Nación y no para gozar de las
ventajas del poder y extenderlas a las personas de su relación familiar o
política.
Debemos combatir los males de la burocracia como uno de los
principales factores que paralizan el esfuerzo nacional. No estamos contra los
empleados, que trabajan dignamente por su existencia y contribuyen al bienestar
general, sino contra las deformaciones de un sistema. Para impulsar su propio
progreso, el país necesita una Administración pública eficiente, ágil y
moderna.
En el orden nacional hay que lograr el equilibrio entre los
gastos corrientes de la administración y los ingresos fiscales de carácter
permanente. No es admisible que el país siga financiando gastos comunes, de
consumo, mediante la utilización de recursos crediticios que transfieren al
futuro el sostenimiento de la administración actual. El crédito solo debería
ser empleado para la financiación de inversiones reproductivas o de aquellas
obras que han de beneficiar por igual a las próximas generaciones y que, en
consecuencia, justifican la transferencia de la carga.
No ignoramos que el objetivo es de difícil realización
puesto que la dislocación financiera ha alcanzado proporciones imposibles de
corregir a corto plazo. No obstante, debemos tender hacia ello desde el primer
momento, mediante una adecuada racionalización de los servicios. Las vacantes pueden
ser suprimidas; parte del personal existente puede ser redistribuido y puede
evitarse la creación do nuevos organismos burocráticos. Pero la solución mas
efectiva es dar fuerte impulso a la actividad privada de carácter productivo,
para crear fuentes de trabajo mas provechosas y atractivas que el empleo
publico y ofrecer un destino menos limitado e infecundo a los miles de jóvenes,
que consumen en la burocracia su capacidad de trabajo y de creación.
CONDICIONES BASICAS DEL DESARROLLO ECONOMICO
La promoción del desarrollo nacional, objetivo fundamental
de nuestra política económica, debe ser llevada a cabo en todos los planos de
la actividad del país. Para que ello sea posible, es indispensable que exista
un clima de tranquilidad, seguridad y estabilidad.
El establecimiento del orden jurídico y de una justicia
independiente que proteja al ciudadano contra los excesos del poder
administrador, son condiciones indispensables para el progreso económico. Lo
mismo, el respeto por las obligaciones contraídas. No debemos apartarnos de
esos principios, ni aun en aquellos casos excepcionales en que la violación de
la norma jurídica pareciera justificarse en la defensa de un concreto interés
nacional, puesto que el simple quebrantamiento de la juridicidad origina la
incertidumbre, promueve la inestabilidad y concluye causando al país mas daños
de los que se pretendieron prevenir.
La existencia de garantías jurídicas concretas para las
personas y los bienes es condición necesaria pero no suficiente. El gobierno debe
contribuir creando condiciones que permitan la formulación y desarrollo de
programas de largo alcance. La inestabilidad y los cambios de orientación
oficial desalientan a los hombres de empresa, puesto que nadie se atreve a
trazar planes para el futuro si no esta seguro de que las condiciones tomadas
como punto de partida se han de mantener en el plazo previsto. Si solo puede
haber previsión tampoco habrá inversión. Y sin inversiones productivas y
realizadoras, el sistema económico languidece y declina el bienestar de la
población.
Todo gobierno ha de tener un programa, al que ha de ajustar
su conducta. Debe definir claramente sus propósitos y llevarlos a la práctica
sin dislocar el sistema económico ni paralizar el proceso productivo. Los
gobiernos deben proponerse, sobre todo, objetivos realizables y no aventuras
teóricas despojadas de contactos con la realidad inmediata. Por nuestra parte,
estamos resueltos a dar soluciones concretas a los problemas concretos,
conforme lo aconsejen las circunstancias reales.
Las atribuciones económicas del Poder Ejecutivo no serán
ejercitadas arbitrariamente. Los programas de acción y las medidas prácticas
serán sometidos a la discusión pública y elaborados previa consulta con los
sectores que puedan aportar un conocimiento directo de la realidad, al que no
tiene siempre acceso el funcionario público. Los distintos sectores sociales
interesados participaran activa y responsablemente en la discusión y
elaboración de los planes de desarrollo económico nacional. Esperamos, por lo
tanto, que esos sectores trabajen con más fe y optimismo cuando llegue el
momento de la realización de esos programas. Nadie debe ser testigo, sino actor
real y consciente del quehacer histórico.
FINES Y MEDIOS DEL DESARROLLO ECONOMICO
La finalidad de la política económica será emplear mejor los
recursos productivos como único medio valedero para obtener el más alto nivel
de vida posible, en una comunidad política y económicamente soberana. Aumentar
la producción y posibilitar su más equitativa distribución son los dos
objetivos que deben ser armonizados. Un aumento del conjunto de la riqueza que
produce el país, que no aproveche a toda la población no es un bien socialmente
apreciable. Una distribución de riqueza que desaliente el esfuerzo productivo
concluye por empobrecer a todos. La política económica ha de procurar encontrar
y mantener el punto de equilibrio entre la fuerza dinámica de la creación
individual y los principios de equitativa distribución impuestos por la
solidaridad social.
La creación de riqueza exige un incremento sustancial del
ingreso nacional, una movilización integral del esfuerzo productivo del país y
un aprovechamiento pleno de todos los recursos disponibles. Para que este
esfuerzo sea duradero, deberán fortalecerse, al mismo tiempo, las bases
concretas del desarrollo nacional y deberá emprenderse una acción conjunta con
los países limítrofes y vecinos.
COMERCIO EXTERIOR
En el estado actual de nuestra economía, basada
principalmente en la comercialización de productos agropecuarios, el aumento
del ingreso equivale a trazar una nueva y enérgica política de comercio
exterior.
La declinación general de los precios agropecuarios en el
mercado internacional ha sido artificialmente agudizada por una errónea
comercialización de los cereales, frutas y carnes argentinas, que redujo
proporcionalmente el ingreso de divisas. Esta situación deberá ser corregida
con una mejor orientación del intercambio, la diversificación de los mercados y
la celosa defensa de los valores de exportación. Pero a corto plazo la única
solución efectiva consistirá en limitar las importaciones a lo imprescindible.
Si lo encaramos seria y urgentemente, podremos asegurar los abastecimientos
indispensables para nuestro desarrollo económico, sin afectar las actividades
de interés nacional. De lo contrario, la reducción de nuestras importaciones se
producirá indiscriminadamente, como consecuencia de la negativa de los
proveedores a efectuar embarques sin previo pago. En este caso, el país podía
llegar a carecer de los elementos básicos requeridos por su normal
desenvolvimiento económico.
La limitación racional de las importaciones no afectara la
economía del país, puesto que, históricamente, el desarrollo económico ha sido
mas demorado por el exceso que por la falta de importaciones. Gran parte de
nuestros recursos básicos y de nuestras posibilidades industriales no han sido
explotadas en razón de una excesiva dependencia de las manufacturas y productos
de importación. En la medida en que se reduzca esa dependencia, aumentara la
actividad económica del interior del país, gracias a la aparición de nuevas
fuentes de producción y de trabajo, que darán bases mas firmes al desarrollo
nacional.
POLITICA FINANCIERA
La política fiscal, monetaria, crediticia y cambiaria deberá
servir de estimulo a la producción útil a la colectividad alentando a quien
crea riqueza y desalentando al especulador y al ocioso que participa de aquella
sin contribuir a su formación. El actual desenvolvimiento de la economía
argentina esta indicando que esos objetivos no han sido todavía alcanzados,
puesto que el préstamo a interés, la inversión inmobiliaria o la especulación
proporcionan a sus titulares, beneficios superiores a los que obtiene quien
arriesga su capital y afecta su trabajo personal a la creación de bienes.
Habrá que revisar el sistema impositivo argentino para que
pueda desempeñar su función de promoción económica y de equilibrio social. Será
necesario también proporcionar al productor los recursos crediticios que lo
liberen de la sangría permanente de la usura, que desalienta la actividad
creadora, ahuyenta la inversión, limita la producción y se traduce en una
elevación artificial de costos y precios, con la consiguiente repercusión en
los hogares humildes.
El ahorro nacional deberá ser encauzado hacia la inversión
productiva, evitando su transferencia al exterior o su aplicación a finalidades
especulativas. El Estado adoptara todas las medidas que sean necesarias para
que el mercado de valores vuelva a ser una importante fuente de recursos
necesarios para la expansión de las empresas nacionales.
INVERSIONES EXTRANJERAS
El mayor aporte a la capitalización del país, deberá
provenir del esfuerzo y del ahorro nacional, pero la capacidad de ahorro local
es todavía insuficiente para financiar el ritmo de progreso que el país
necesita. En tales condiciones, el capital extranjero, aplicado a inversiones
productivas, opera como factor de aceleración del proceso.
Las nuevas industrias que se instalen tenderán, en su
emplazamiento geográfico, al fomento de las economías regionales y a la
creación de centres productivos en el interior del país, basados en el
aprovechamiento de los recursos locales. El régimen fiscal y la política
crediticia estarán al servicio de ese objetivo que exige, entre otras medidas,
el restablecimiento del Banco Industrial como proveedor integral de las
necesidades del desenvolvimiento de las empresas industriales.
POLITICA ENERGETICA
Conjuntamente con la promoción industrial, deberá impulsarse
enérgicamente el aprovechamiento de las riquezas energéticas y mineras. Debemos
alcanzar el autoabastecimiento energético, basado en la explotación de los
yacimientos de petróleo y carbón y en la utilización de la potencia
hidroeléctrica. Ello nos permitirá ir sustituyendo gradualmente importaciones
de combustibles que en 1957 han insumido la cantidad de 318 millones de
dólares.
Esa riqueza debe dejar de ser potencial para convertirse en
una realidad al servicio del progreso y del bienestar nacional. Aplicaremos
allí todos los recursos disponibles para reactivar la producción, puesto que es
la inversión más remuneradora que el país puede encarar. Aceptaremos la
cooperación del capital privado en la medida en que los recursos oficiales sean
insuficientes, pero sin dar lugar a concesiones ni a renuncias del dominio del
Estado sobre esa riqueza preexistente.
Las reservas comprobadas en petróleo sobrepasan actualmente
los 325 millones de toneladas. El gas proveniente de los mismos yacimientos
equivale a otros 90 millones de toneladas de petróleo. Esas reservas equivalen,
al costo actual de importación, a no menos de 10.000 millones de dólares. Al
ritmo actual de aprovechamiento, las reservas comprobadas de petróleo duraran
65 años y las de gas cerca de un siglo. Si se lograra el autoabastecimiento,
sobre la base de un consumo creciente, las reservas de petróleo alcanzarían a
cubrir las necesidades totales de la Nación por un cuarto de siglo, lapso mas
que holgado para el descubrimiento de nuevos yacimientos que sustituirán a los
que se vayan agotando. O sea que no solamente estamos en condiciones de
alcanzar el autoabastecimiento sino aun, de obtener excedentes exportables.
Frente la critica situación actual, la riqueza potencial de
nuestros yacimientos petrolíferos abre el horizonte de un futuro bienestar y
grandeza nacional. Es pues hacia allí donde debemos canalizar nuestros mayores
recursos y energías, puesto que es el camino mas corto para alcanzar la meta
anhelada. Por eso, atento a la importancia vital que para el porvenir del país
tiene la explotación de nuestro petróleo, asumiré personalmente la
responsabilidad de dirigir Yacimientos Petrolíferos Fiscales, requiriendo a sus
funcionarios, técnicos y trabajadores, el mas amplio concurso para el
cumplimiento de su misión, que hace al bienestar de todos los ciudadanos y a la
independencia y grandeza de nuestra patria.
SIDERURGIA NACIONAL
Deberá imprimirse, también, fuerte impulso a la siderurgia,
que es otra garantía de progreso y soberanía nacional. La puesta en marcha de
la planta de San Nicolás tendrá prioridad absoluta en los programas de
ejecución. Activaremos la explotación de los yacimientos de carbón y de mineral
de hierro de Río Turbio y Sierra Grande, y continuaremos con la ampliación de
las plantas de Zapla. La creación de una poderosa industria pesada constituye
actualmente el basamento indispensable de todo programa de desarrollo e
integración económica nacional. Mientras no logremos alcanzar ese objetivo en
nuestro país, será altamente beneficioso concertar acuerdos de abastecimiento
de materias primas con los países sudamericanos que cuentan con esos materiales
y ofrecen amplio mercado para nuestra producción.
INTEGRACION DEL AGRO
La promoción de una pujante industria será hecha dentro del
cuadro de integración económica que constituye la clave de nuestro desarrollo
nacional. Dentro de ese cuadro, el agro amplia y profundiza su función
econ6mica y cobra nueva significación como factor de progreso técnico y social.
Por haber demorado en exceso su desarrollo energético e
industrial, la economía argentina sigue descansando en gran parte sobre lo que
produce el sector agropecuario, que actualmente ocupa el 20% de la población.
De la riqueza que genera ese sector provienen los recursos externos del país,
que son aprovechados por toda la población. Esta transferencia de ingresos esta
acarreando crecientes penurias económicas al productor agrario. El remedio
consiste en elevar la capacidad productiva de todos los sectores económicos,
promoviendo un crecimiento armónico e integral de todo el país.
Ese desarrollo significara también progreso para el agro.
Permitirá tecnificar y mecanizar las tareas males, diversificar la producción e
incorporar a la vida del hombre de campo todas las ventajas de la civilización.
Esta elevación del nivel de vida significara, a su vez, una ampliación del
mercado de consumo interno, o sea, un nuevo estimulo para la economía nacional.
Junto a estas conquistas técnicas, deberá resolverse el más
agudo problema que aqueja actualmente a trabajadores y productores rurales: el
acceso a la tierra por cuantos quieran hacerla producir, y la estabilidad del
hombre de campo y su familia en la tierra que trabaja. Ambos aspectos
constituirán preocupaciones principales de nuestro gobierno, pues en el campo,
como en las restantes actividades económicas, la seguridad y la estabilidad son
requisitos indispensables de todo progreso.
FUNCION ECONOMICA DEL ESTADO
El programa que apenas hemos logrado esbozar significa
defender nuestra débil economía nacional del embate de economías más fuertes y
de las consecuencias de las crisis exteriores. En el orden interno, deberá
garantizarse la libre competencia como estimulo de progreso, con miras al bien
común y facilitarse la función creadora de la iniciativa privada. La función
del Estado no debe consistir en suplir la acción de los particulares sino donde
estos no puedan desenvolverse eficazmente. El gobierno cuenta con los resortes
necesarios para encauzar la acción privada en el sentido más compatible con el
bienestar general, sin necesidad de reemplazarla directamente.
Durante nuestro mandato, el Poder Ejecutivo no propiciara
nuevas estatizaciones, puesto que consideramos que los graves problemas
económicos que afronta hoy el país, no se resolverán transfiriendo actividades
del sector privado al sector publico.
Consideramos, asimismo, que debería desaparecer de la vida
política argentina, las practicas de confiscación que, bajo distintos pretextos
y apariencias, han contribuido a crear un clima de incertidumbre e inseguridad,
incompatible con el concepto de país civilizado. Ello no significa que deba
darse un solo paso atrás en lo ya hecho. Las empresas nacionalizadas deben ser
mantenidas como tales y, en ese sentido, las decisiones adoptadas deben
considerarse irreversibles. En cambio, deberá imprimirse a las empresas
estatales la eficiencia que el país reclama. Cuando una empresa privada produce
a costos antieconómicos, no obtiene ganancias y va a la quiebra. Pero cuando
las pérdidas se producen en las empresas estatales, los recursos se obtienen de
los fondos del Estado, es decir, los carga todo el pueblo. Para que cada uno
asuma sus responsabilidades, el país va a conocer los costos de producción de
las empresas nacionalizadas. Sus administradores rendirán cuentas periódicamente
y se publicaran los planes de inversión y las cuentas de explotación. La
subvención del Estado debe ser la forma de asegurar una prestación de servicios
a precios inferiores al de su racional costo de producción, y no una manera de
disimular la ineficiencia de la dirección y de despreocupar a esta acerca de
los resultados económicos de la explotación.
En la medida en que no se altere el dominio y el contralor
publico sobre la actividad estatal, puede darse participación a la empresa
privada, mediante contratos de locación de obra, de servicios o de suministros
de elementos.
Las empresas nacionalizadas deberán tratar, asimismo, de
producir al más bajo costo pero no sobre la base de un excesivo esfuerzo del
hombre que trabaja. La justicia que reclamamos para el obrero de las empresas
privadas debemos comenzar por respetarla y hacerla efectiva en las empresas del
Estado, es decir, del propio pueblo argentino.
INTEGRACION LATINOAMERICANA
Una acción conjunta de las naciones latinoamericanas puede
influir decisivamente en el desarrollo e integración nacional de cada una de
ellas. Invitaremos a los gobiernos de esos países hermanos a defender en el
mercado mundial los precios de sus producciones nacionales, a luchar contra las
discriminaciones que se hacen respecto de nuestros países y a combatir el
"dumping". Bregaremos por la diversificación y ampliación de nuestros
mercados y por la elaboración y ejecución de planes conjuntos para el
desarrollo industrial nacional.
Es necesario que los países de America Latina actúen
coordinadamente frente a los organismos internacionales y las potencias
inversoras, a fin de defender concretamente las posibilidades de nuestros
respectivos desarrollos. Esta política conjunta debe conducimos a acuerdos
bilaterales y regionales, con vistas a la constitución de un mercado común
latinoamericano, como culminación de los procesos previos de integración y
desarrollo nacionales.
BASES SOCIALES DEL DESARROLLO NACIONAL
Hemos debido referirnos con algún detalle a la situación económica
del país porque en ella se dan los problemas mas graves y los que reclaman más
urgente solución. También la realidad social preserita síntomas de anormalidad
y malestar. Existe el problema del costo de la vida y existe, además, un
problema obrero causado por la ingerencia de factores extraños en el seno de la
vida sindical.
COSTO DE LA VIDA
Frente al hecho comprobado de que la relación entre el
salario y el costo de la vida ha sufrido una profunda variación que perjudica a
los trabajadores, el gobierno acordara un aumento de emergencia. Esta medida es
indispensable para compensar el encarecimiento de la vida y permitir una vida
digna y decorosa a todos los trabajadores manuales e intelectuales. La inspira
no solo un principio indiscutible de justicia social, sino también el interés
de todo el país, porque cuando se reduce la capacidad adquisitiva del pueblo se
opera una contracción del mercado interno que repercute negativamente sobre el
conjunto de la economía nacional.
Hemos recibido el país con una serie de conflictos y
dificultades que nos obliga a incluir algunas retroactividades en los
aumentos rezagados de sueldos y salarios. Pero, terminados estos
inconvenientes, durante nuestro gobierno no seguiremos la perniciosa práctica
de fijar salarios con efecto retroactivo.
Los aumentos de sueldos que se resuelvan no deberán
significar nuevas alzas de precios para los artículos de primera necesidad,
tanto mas si se tienen en cuenta los aumentos operados en las ultimas semanas.
El P. E. esta dispuesto a estudiar, junto con representantes de los sectores
interesados, las medidas que deberán adoptarse para impedir todo abuso o
especulación.
DEMOCRACIA SINDICAL
La otra causa de intranquilidad gremial es que los
trabajadores no han podido elegir libremente a sus legítimos representantes y
dirigentes. Para su normal desenvolvimiento, el movimiento obrero necesita que
imperen en el país las libertades democráticas. Por eso nuestro gobierno se
preocupara ante todo de dictar las medidas necesarias para asegurar el libre
ejercicio de los derechos sindicales: el derecho de huelga, de asociación, de
reunión, de expresión y de representación. Deberán brindarse asimismo los
medios concretos que hagan posible la utilización de radiodifusoras, periódicos
y locales, para difundir y hacer conocer las decisiones y los puntos de vista
de las organizaciones obreras.
Devolveremos la normalidad y la tranquilidad al campo
sindical. Cesaran las intervenciones, interdicciones e inhabilitaciones
gremiales.
La entrega de las organizaciones sindicales que todavía
deban reintegrarse a sus legítimos dueños, obreros o empleados, deberá
cumplirse en término breve y perentorio. Deberá asegurarse a todos los
trabajadores la más completa libertad para designar a sus representantes, sin
que nadie sea privado del derecho de elegir y ser elegido.
EI debate entre los trabajadores se desarrollara sin
ingerencia alguna del Estado. Quedara descartada la intromisión policial en la
vida sindical y quedara igualmente asegurada la custodia de la voluntad gremial
libremente expresada. El P. E. no reconocerá ningún derecho a la dirección de
un sindicato que no nazca de la voluntad de los afiliados. Ningún hecho de
fuerza dará títulos para ejercer el gobierno o la representación de un gremio.
La ocupación de los sindicatos por la violencia quedara definitivamente
proscripta. Esta será la forma de asegurar la mas autentica democracia
sindical.
RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS SECTORES
Los trabajadores deben resolver sus problemas en su propio
seno, libres de cualquier interferencia estatal, partidista o patronal. El
movimiento obrero es el único árbitro de su propio destino; no tiene dueños ni
necesita tutores. Por encima de las tendencias que luchan por el predominio,
los trabajadores han demostrado que quieren fervorosamente la unidad y la
independencia del movimiento obrero. El P. E. ve con satisfacción los progresos
que realizan los gremios en la tarea de reorganizar la Confederación General
del Trabajo, pues considera que la existencia de una sola y única central
obrera es un factor eficiente de estabilidad y de progreso social y económico
en todo país adelantado.
Tenemos confianza en el extraordinario grado de madurez que
ha alcanzado nuestra clase trabajadora y confianza en su gran sentido nacional.
Ha dado claras evidencias de su comprensión del actual proceso argentino, al
reconocer que sus intereses coinciden con los de toda la comunidad y que no hay
justicia social verdadera sin la solución de los problemas económicos
nacionales.
Sabemos que los trabajadores organizados son uno de los
motores fundamentales del progreso hist6rico y de esa conciencia nace,
precisamente, la extraordinaria responsabilidad que les asignamos en este
momento crucial de la vida argentina.
Pero así como la Republica reclama un esfuerzo conjunto de
todos los sectores, todos comparten también la responsabilidad del momento, en
sus respectivos ámbitos de acción. Todos deben cumplir su parte en el proceso
del desarrollo nacional.
Los empresarios deben mejorar la calidad de la producción,
ganar nuevos mercados y regirse por estrictas normas de ética comercial para
que la industria acreciente su prestigio en el país y en el extranjero.
Los técnicos y profesionales deben tener sentido social y
nacional. Deben promover el mejoramiento del país y la explotación integral de
sus recursos. Deben poner su capacidad y su imaginación al servicio del
progreso de la Republica.
Nuevas y fecundas posibilidades aguardan también a los
vastos sectores de clase media integrados por comerciantes, pequeños
industriales y pequeños productores agropecuarios. El atraso económico del país
repercute severamente sobre su condición espiritual y material. El desarrollo
nacional, en cambio, abre las perspectivas de un alto nivel de vida para toda
la población y crea nuevas demandas y nuevas oportunidades para los negocios,
los talleres y las granjas de todo el país. El papel activo que estos sectores
sociales pueden desempeñar, junto a trabajadores, técnicos y empresarios, en la
transformación económica nacional, redundara a la postre en su propio
beneficio, como miembros de la comunidad creadora de todos los argentinos.
BASES CULTURALES DEL DESARROLLO NACIONAL
El progreso económico y social solo será fecundo si sirve al
desarrollo espiritual del país. Pero, a su vez, el desarrollo nacional reclama
que la formación humana y las creaciones culturales de los argentinos se
afirmen en la concreta realidad del tiempo y del lugar en que vivimos y sean,
también, expresión de los anhelos del pueblo. La realización de estos objetivos
incumbe solo en pequeña parte al gobierno, puesto que toda obra de creación
puede surgir, únicamente, del seno del pueblo, pero deberán agotarse todos los
medios para crear las condiciones propicias.
POLITICA EDUCACIONAL
Dentro de estas condiciones, la política educacional
constituye un elemento fundamental. En esa materia, el Estado deberá cumplir
con los deberes que prescribe la Constitución y con sus preceptos sobre la
libertad de aprender y libertad de ensenar. Todo argentino debe tener asegurado
el acceso a la educación y el derecho de elegir, para si o, como padre, para
sus hijos, el tipo de enseñanza que prefiere. La salvaguardia de estos derechos
es esencial, porque la imposición obligatoria de un espíritu determinado en la
enseñanza constituye un avance peligroso en el ámbito sagrado de las
conciencias.
El Poder Ejecutivo esta hondamente preocupado por la
educación del país. Sabemos que la injusticia social, el atraso en el orden
econ6mico y la incapacidad técnica son males agravados por antiguos errores en
el orden educacional, que consideramos indispensable reparar.
En primer lugar, la educación, en sus tres ciclos, no debe
ser privilegio de determinado sector social, sino derecho de todo el pueblo
argentino. Para que tal derecho sea efectivo no basta la mera declaración de
propósitos. Deben adoptarse medidas concretas que permitan transformar en
realidad ese deseo.
Deberá destinarse buena parte de los recursos del Estado a
la enseñanza, para la construcción de nuevos edificios, la dotación de material
científico y pedagógico, el mejoramiento de las remuneraciones del personal
docente y la provisión de medios destinados a la población escolar y
estudiantil.
Deberá encararse el estudio y la solución de los problemas
pedagógicos con criterio moderno, de acuerdo con las normas que los propios
educadores aconsejen y lleven a la práctica. Por tal razón, la formación de
personal docente capacitado deberá ser tema de particular interés y
preocupación.
Es propósito del Poder Ejecutivo encomendar a personas
competentes, capacitadas y experimentadas, la dirección de la enseñanza del
país, quienes deberán trabajar en estrecho contacto con representantes del
personal docente y directivo, para poder resolver con criterio practico y conocimiento
técnico, los problemas concretos que se presenten. En este sentido consideramos
fundamental que el personal docente cuente con las garantías necesarias de
estabilidad, mejoramiento y justa remuneración que le permitan desempeñar
plenamente su función formativa y social.
Asimismo, dentro del cuadro general de la enseñanza media,
la enseñanza técnica debe merecer atención especial, en cuanto es, quizá, la
que esta mas íntimamente vinculada al gran esfuerzo de desarrollo que el país
tendrá que emprender.
El Gobierno constitucional que hoy se inicia asegurara la
autonomía universitaria y prestara a las Universidades la ayuda que
corresponde, a fin de que estos institutos de cultura superior puedan cumplir
con sus funciones específicas y promover el progreso científico y tecnológico
que el país reclama con urgencia. Las Universidades podrán convertirse así en
instrumento de renovación y progreso espiritual y material del pueblo
argentino.
VIDA MORAL Y BIENESTAR SOCIAL
Este proceso exige también la plena vigencia de los valores
morales. Sabemos que la moral no se impone por decreto. Es un modo de vida, un
clima que impregna todo el quehacer humano. La Republica anhela vivir una
autentica vida moral. Hemos dicho que bajamos el telón sobre lo que ha ocurrido
antes de ahora, pero a partir de hoy todos tenemos el deber de asumir una
conducta ejemplar en nuestra vida pública y privada. La ley sancionara
severamente a quienes violen las normas que aseguran la pureza en el ejercicio
de la función pública.
El progreso del país no será seguido por la corrupción
administrativa ni por el resquebrajamiento de las bases éticas de nuestra
sociedad. En este sentido apelamos a la responsabilidad de los órganos de
difusión: publicaciones, cinematógrafos, radiodifusoras y medios de publicidad,
para que operen como factores positivos en el proceso de fortalecimiento de la
moral social e individual.
Para que las fuerzas del espíritu, del trabajo y de la moral
se desarrollen plenamente, es necesario cuidar de la salud y el bienestar del
pueblo. Nuestra medicina asistencial, tan buena en sus aspectos personales,
debe llegar organizada hasta el último rincón del país y hasta el más humilde
sector social, en igualdad de posibilidades y de eficiencia para todos. La
grave crisis de viviendas debe ser conjurada en sus aspectos mis urgentes,
estableciéndose las bases para que toda familia pueda disponer de un
alojamiento decoroso. No podríamos reclamar energías y avanzar con un pueblo
debilitado por las enfermedades y los vicios, por la mala alimentación, la mala
vivienda o la inseguridad.
El P. E. propiciara planes que aseguren bienestar, seguridad
y asistencia social. Desde la niñez hasta la vejez, nuestra mano solidaria
concurrirá a asegurar el bienestar del cuerpo y del espíritu para que la
Argentina sea el rico patrimonio de un pueblo feliz.
FUERZAS ARMADAS Y DESARROLLO NACIONAL
Hemos hablado de las instituciones políticas, económicas,
sociales y culturales. Quiero referirme ahora a las Fuerzas Armadas de la
Nación.
He llegado hasta este recinto acompañado por representantes
de las tres armas, que acaban de llevar hasta el fin el cumplimiento de la
palabra empeñada. La Republica rinde homenaje a los soldados, marinos y
aviadores de la patria que, al custodiar el comicio y entregar el poder, han
prestado un servicio histórico a la causa de la democracia en America.
El periodo revolucionario ha terminado. De aquí en adelante
las Fuerzas Armadas no deciden. Ahora deciden los representantes del pueblo,
del cual forman parte los ciudadanos que componen a aquellas. He aquí un
hermoso destino para miles de jefes, oficiales, suboficiales y conscriptos
argentinos. Tienen las armas en la mano y van a acatar la Constitución, los
mandatos de V. H. y de las Legislaturas provinciales, las decisiones de la
justicia y las ordenes del Presidente como Jefe supremo de las fuerzas de aire,
mar y tierra, de acuerdo con la Constitución. Somos hombres materialmente
desarmados, pero tenemos la fuerza moral que proviene de nuestra investidura.
EI Ejercito retorna a sus cuarteles, la Marina a sus buques
y la Aeronáutica a sus bases, para cumplir las decisiones constitucionales e
incorporarse al gran esfuerzo nacional que hoy se inicia. No deliberan más.
Como ciudadanos tienen todos los derechos y deberes. Como integrantes de las
Fuerzas Armadas obedecen los mandatos de los representantes del pueblo. Es el
pueblo quien juzga a sus mandatarios. Ninguno de nosotros osara desviarse y si
lo hiciera, la Constitución prevé la corrección. El veredicto final lo pronunciara
el pueblo en el comicio.
Como Jefe Supremo de la Nación el Presidente no hará
política. No habrá partidismo en la función pública, ni en las Fuerzas Armadas.
Ello no significa que las Fuerzas Armadas se desentiendan de los problemas
nacionales y populares. Las queremos al servicio de la Nación y no como guardia
pretoriana del Presidente.
Por su obediencia a la Constitución, a la ley y a los
reglamentos, en las Fuerzas Armadas no habrá otros meritos que los que resulten
de la capacidad profesional y de la vocación republicana. Nadie tendrá derecho
a apartarse del cumplimiento del deber. En nombre de la jerarquía legitima que
la ley establece, el P. E. discernirá y hará respetar los grados alcanzados en
la carrera de las armas. En nombre de la disciplina, no habrá otra autoridad
que la dispuesta por la ley ni otra orden que la que emane legalmente del
superior jerárquico. En las Fuerzas Armadas no puede haber grupos, logias ni
fracciones. Hay solo un Ejército, una Marina y una Aeronáutica. La política partidista
esta totalmente excluida. Para los militares, como cuerpo, el único partido es
la Nación.
Rodeadas por el respeto y la consideración del pueblo, las
Fuerzas Armadas tendrán todos los recursos para alcanzar altos niveles de
capacitación y contar con los equipos más modernos.
Las Fuerzas Armadas argentinas son guardianes de la
soberanía y baluartes de la defensa nacional, pero tienen también a su cargo
importantes sectores de la economía del país. Su vocación civilizadora tuvo
altas expresiones individuales que no le van en zaga a la vocación libertadora
de los próceres fundadores. Son el brazo armado de la Nación Argentina y
también brazo impulsor del desarrollo nacional.
Las Fuerzas Armadas argentinas son parte de la nacionalidad,
de sus ideales y de sus intereses. Así las concibieron los grandes patriotas
que forjaron sus cuadros. Así las quiere el pueblo en cuya entraña se nutren.
Las quiere así, presentes en todas las horas en que se decide la suerte del
país. En las horas cruentas de las batallas por la defensa del honor y del
suelo argentino y en las horas incruentas pero fecundas, como estas que
vivimos, en las que la patria se juega entera en la conquista de su grandioso
destino nacional.
ARGENTINA EN EL MUNDO
La Republica Argentina es una nación soberana. La
constituye, en un ambiente geográfico definido, un pueblo consciente de su
comunidad de destino, con una historia que alienta este presente y nos empuja
hacia el porvenir. Tenemos voluntad y decisión de continuar construyendo la Nación.
Lo haremos, lenta o rápidamente, pero lo haremos.
Esta voluntad creadora es la misma que impulsa a los pueblos
hermanos de Latinoamérica. Juntos nacimos a la vida independiente y juntos
debemos lanzarnos a la conquista de nuestra realización. America Latina es
mucho más que un conjunto de naciones unidas por la geografía, por la historia,
por las instituciones y por la fe. America Latina es un destino común y una
empresa común de redención humana.
Esta comunidad que integramos los pueblos latinoamericanos
se asienta sobre un continente que es una unidad en su expresión geográfica y
en sus raíces históricas, y que esta unido también, por un común anhelo de
realización democrática. Pero ello no puede hacernos ignorar el hecho de la
desigualdad que se manifiesta, con dolorosa evidencia, entre el progreso y el
bienestar alcanzado en una parte de America, y el atraso y la miseria en que
viven sumidos millones de seres en la otra parte de America, en nuestra
America.
Nuestra primera obligación como americanos es velar por la
suerte de esos seres y lograr que ellos gocen los mismos niveles de progreso
espiritual y material alcanzados en otras latitudes. Solo entonces, cuando la
comunidad de la geografía, de la historia y del ideal se integren con la
similitud del progreso económico-social y del desarrollo espiritual, solo
entonces cabra afirmar la existencia de una cabal unidad continental.
También es cierto que históricamente pertenecemos al mundo
cultural de Occidente, que para nosotros no es condición de antagonismo. Por el
contrario, nos sentimos herederos de un legado espiritual basado en el
reconocimiento de la condición sagrada y de la capacidad creadora de la persona
humana. Por eso, precisamente porque somos hijos de Occidente, nos sentimos
parte de la comunidad universal de los pueblos y sentimos como nuestras las
luchas que se libran por la libertad y el progreso en todos los rincones de la
tierra.
Por todo ello podemos afirmar que la Argentina actuara en el
mundo movida por su vocación autóctona de ser una gran Nación, e impulsada
también por su vocación ecuménica de servir a la causa de todo el género
humano.
POLITICA INTERNATIONAL
En virtud de estos principios, la política internacional
argentina deberá colocarse al servicio de la hermandad latinoamericana, del
entendimiento entre todos los pueblos y de la vigencia de una moral
internacional basada en la libertad, la democracia, la paz, el progreso, la
autodeterminación y la plena soberanía de todas las naciones, en un piano de
absoluta igualdad. Retomaremos así la doctrina que sintetizó Hipólito Yrigoyen,
cuando afirmo que "los hombres son sagrados para los hombres y las pueblos
son sagrados para los pueblos".
Las relaciones con los países hermanos de Latinoamérica
deberán ser llevadas a un piano de completa identificación, especialmente en lo
que se refiere a los países limítrofes. Debemos concluir con los pequeños
problemas de limites y abocarnos a la concertación de acuerdos tan amplios como
sea posible, tendientes a impulsar el desarrollo y la integración económica
dentro de cada uno de los países. Para que Latinoamérica sea una poderosa
comunidad de naciones es indispensable que cada una de ellas alcance la mayor
prosperidad posible, pues el desarrollo de cada nación latinoamericana permitirá
acelerar el desarrollo de las demás.
Argentina deberá permanecer en la Organización de Estados
Americanos para defender estos grandes principios de solidaridad continental.
Deberá permanecer también en las Naciones Unidas y demás organismos
internacionales de cooperación cultural, social, técnica y humanitaria, pues
todos ellos son avances trascendentes hacia la realización de la moral
universal a que aspiramos y hacia la instauración de un efectivo derecho
internacional.
En el seno de los organismos internacionales, nuestros
representantes deberán abogar por el respeto a las normas y a los principios
jurídicos que integran el ideario nacional y por el derecho de todos los
pueblos, a la realización e integración de sus respectivas naciones, eliminando
toda forma de colonialismo y dependencia política, económica o militar.
En virtud del anhelo de paz y entendimiento universal,
Argentina deberá sostener la necesidad de que la solución de los problemas de
carácter internacional se trate y se lleve a cabo dentro de las Naciones Unidas
y por los órganos naturales que sus estatutos determinan.
Con ese mismo espíritu, Argentina deberá comerciar ton todas
las naciones de la tierra, sin discriminaciones y sin inmiscuirse en los
problemas internos de otros países. El comercio ha sido, históricamente, un
vínculo de unión entre los pueblos y puede cumplir, en nuestra agitada época,
un extraordinario papel como factor de integración mundial.
Fieles a una concepción moral que ordena observar una misma
conducta en las relaciones entre los hombres y entre los pueblos, cumpliremos
todos los compromisos que el país tiene legalmente contraídos. Ello no
resultara, pues, de una imposición externa, sino de una consciente y voluntaria
decisión del pueblo argentino. En nuestras relaciones buscaremos siempre las
vías más expeditivas y el trato más directo, que es la manera como se entienden
los pueblos cuando están echando, con optimismo y esperanza, los cimientos de
un mundo nuevo.
EN MARCHA HACIA EL FUTURO
Nos aguarda una inmensa tarea. Tenemos que librar una lucha
sin cuartel contra el atraso, el estancamiento, el desanimo y la desesperanza.
Tenemos que extirpar hasta sus raíces la ignorancia, la miseria, la enfermedad
y el miedo al futuro. Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra
inteligencia para levantar a este país y lanzarlo hacia adelante. Habrá que
construir puentes, diques, caminos, oleoductos, usinas y fabricas sobre toda la
Republica. Habrá que volcar tractores, equipos electrógenos, talleres y
maquinas agrícolas sobre todos los campos. Tendremos que multiplicar los
camiones, los vagones y las locomotoras. Las alas argentinas surcaran todos los
cielos y la bandera de la patria flameara sobre todos los mares, como una
mensajera del progreso.
Tendremos que movilizar todas las energías y todos los
recursos. El destino nos ha lanzado un desafío, y el pueblo argentino lo ha
aceptado. Tenemos que vencer, porque esta lucha sin cuartel la hemos de librar
en nombre de la justicia y de la libertad.
En esta gigantesca movilización, el único protagonista será
el pueblo argentino. En ella no habrá conductores, sino interpretes de una
voluntad multánime, que ha encontrado la hora propicia para su realización. El
destino nos ha dado la tremenda responsabilidad de ocupar el primer rango de
esta columna que hoy se pone en marcha. Tenemos plena conciencia de que apenas
somos instrumentos de una decisión colectiva, pero asumimos la plenitud de los
deberes y responsabilidades que ello impone. Apelamos a las reservas morales de
la patria para que nos infundan su fe y su tenacidad, para que nos guíen y nos
auxilien.
Pedimos a Dios que nos conceda la fuerza necesaria para
enfrentar y vencer todos los obstáculos; para tener serenidad, decisión y
energía frente a las más graves dificultades; para tener capacidad y equilibrio
y para ser justo.
Pedimos a Dios que nos infunda la sagacidad que nos permita
reconocer la mayor sabiduría de los demás y utilizarla al servicio del país.
Pedimos a Dios que nos otorgue bondad para amar al prójimo,
capacidad para inspirar confianza y humildad para reconocer nuestros propios
errores.
Quiera Dios iluminar a Vuestras Honorabilidades, y guiar a
este gran pueblo argentino que merece paz, libertad y progreso, por el camino
de su felicidad y su grandeza. Pero quiera también el pueblo no esperarlo todo
de la Providencia y decidirse a enfrentar el porvenir con animo resuelto y
esperanzado corazón.
Fuente: “Desarrollo nacional, paz social y legalidad para
todos” por el Dr. Arturo Frondizi, mensaje leído ante la Asamblea Legislativa
el 1 de mayo de 1958.
