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martes, 10 de marzo de 2020

Raúl Alfonsín: "Al clausurar los Seminarios Nacionales de la Unión Cívica Radical" (6 de octubre de 1989)

Durante estos días hemos puesto a nuestros cuadros en la tensión de la polémica. Podemos sentirnos orgullosos de estos seminarios, que nos han permitido discutir la gestión del gobierno de cara a la sociedad. Demuestran que el Radicalismo, sometido al desgaste del ejercicio del gobierno, perplejo frente a algunas consecuencias de una gestión realizada en el marco de una severa crisis, golpeado por fuerzas que no le perdonan haber trabajado fuera de la tutela corporativa, se recompone velozmente.

Mas allá de la discusión abierta y sincera, de la confrontación de posturas y opiniones y del reconocimiento de aciertos, errores y obstáculos, las discusiones han de sentar las bases de nuestra propuesta a la sociedad, recreando lo político como ámbito propicio para la expresión de sus demandas.

Nos habíamos propuesto suscitar la modernidad sobre la base de un proyecto que articulara la construcción de una democracia participativa y de una ética solidaria.

Definíamos un horizonte, tallando en la vertiginosidad de un tiempo crítico la marca profunda de una voluntad colectiva de asumir globalmente la responsabilidad de decidir su destino, de elaborar consensualmente su proyecto de país, enterrar en la convivencia los antagonismos que en el pasado nos dividieron, poner fin a las luchas que nos desgarraron, terminar con la indisponibilidad para el diálogo y el compromiso, romper los muros de los compartimentos estancos que se concebían así mismos como el todo nacional, con exclusión de los demás y no pensaban a la Argentina como la gran Patria común, sino como una conflictiva yuxtaposición de una patria y una antipatria. De una Nación y una anti-Nación.

Cada uno sabrá medir en su propia percepción el éxito obtenido, el balance de realizaciones y postergaciones, pero pienso que cada uno comprende que no se trata de empezar de nuevo, sino tan sólo de retomar la tarea allí donde la dejamos. Allí donde dejamos a quien reclamó explicaciones y no se las dimos; allí donde dejamos a quien pensó distinto y no pudimos escuchar; allí donde dejamos a cada uno que se acercó a sumarse a la tarea y no encontró los instrumentos; allí donde dejamos al hombre a la mujer al joven que se sintió representado por nuestra prédica, pero quiere saber como ayudar. Allí es donde debemos buscar nuestra verdad, contar nuestra verdad, nutrir nuestra verdad. Y sobre todo, consolidar hábitos democráticos que hagan absolutamente imposible cualquier delirio de involución totalitaria.

Agradezco la tarea que han realizado, agradezco por igual los elogios y las críticas que se han formulado a la acción de gobierno. Agradezco la pasión democrática evidenciada.

Yo también quiero hacer algún análisis de nuestra gestión. Sobre todo, creo que es inexcusable que me refiera al tema económico, con especial referencia al primer semestre de este año.

Antes de comenzar deseo hacer una aclaración que pido sea tenida muy en cuenta. Necesariamente, debo hacer nombres, para demostrar la importancia del clima político en la generación de comportamientos económicos. Las distintas menciones que realizaré no tienen intención peyorativa alguna y mucho menos descalificatoria. Desde luego, esas referencias tampoco deben ser consideradas como eximentes de los propios errores, evidentemente no endosables.

La situación económica a fines de 1983 se caracterizaba por el estancamiento productivo, un notable desborde fiscal y una Comprometida situación de balance de pagos.

Nuestra consigna política se sintetizaba en un triple objetivo de cumplimiento simultáneo: aumento del salario, reactivación económica y reducción de la inflación.

Para ello se reducirían los costos financieros de las empresas lo que redundaría en un incremento salarial que llevaría a una mayor demanda interna. Adicionalmente, una reorientación del gasto público, vía mayores niveles de construcción pública, posibilitaría por los efectos multiplicadores de la actividad y su reducido requerimiento de insumos importados avanzar en la reactivación. El mayor nivel de actividad, vía aprovechamiento de la capacidad instalada ociosa permitiría la resolución indolora del conflicto social que se expresaba en la tasa de inflación y en el desequilibrio fiscal.

Los resultados no fueron los esperados.

Los largos años de marginamiento en el manejo de la gestión del aparato del Estado nos llevaron a la subestimación de la profundidad de la crisis.

Este diagnóstico de la situación económica no era patrimonio exclusivo de la Unión Cívica Radical. En todo caso, el conjunto de la dirigencia política razonaba en los mismos términos. El mejor ejemplo es el Documento de la Multipartidaria que reconociendo la existencia de la crisis afirmaba “Hoy Argentina detenta el record mundial de inflación y de mínimo crecimiento” y al mismo tiempo sostenía que “el mercado interno es la base fundamental de nuestro desarrollo” el que “permitirá reiniciar el proceso de ocupación plena, de acumulación y de avance de la productividad” para lo cual “se complementará una nueva estructura arancelaria que permita reservar el mercado interno a la producción nacional”.

Nuestra preocupación, sin duda, era el sector externo, pues actuaba como un verdadero limitante al crecimiento y a la justicia distributiva. Quizás sobrestaríamos la influencia que la renaciente democracia tendría en nuestra relación con el mundo de los acreedores. Era frecuente encontrarse con frases como “el ajuste ya está hecho”. Se pensaba que los acreedores nos darían el tiempo suficiente para recomponer el frente interno y luego, recién luego, comenzaríamos a pagar.

Los hechos nos demostraron que era necesario pagar un costo cada vez mayor en términos de inflación para obtener un resultado proporcionalmente menor en lo relativo a incrementos en la producción, y las dificultades para mantener estos objetivos en el mediano plazo.

Además, en el caso del endeudamiento externo, quedó claro que no estábamos frente a un problema de iliquidez transitoria sino que éramos estructuralmente insolventes. En este sentido, fuimos capaces de diseñar un nuevo camino ante los acreedores, a través de la teoría de la corresponsabilidad, hoy aceptada por los gobiernos del mundo, y en cuyo marco Argentina negoció con firmeza.

Al mismo tiempo planteó la tesis, también hoy reconocida, aunque entonces rechazada con vehemencia, de que la deuda era, antes que nada, un problema político.

Sobre esta base se propuso una acción conjunta con los países latinoamericanos que  tuvo expresión concreta en las diversas reuniones del Grupo de Cartagena.

Por otra parte, no se logró una reforma integral del sistema financiero orientada a la reducción de costos que facilitara la acumulación de capitales, si bien en la actividad de superintendencia se adoptaron medidas ejemplifícadoras.

Consecuencia natural de lo anterior fue que el nivel real de la tasa de interés para el sector productivo resultó superior a su tasa de rentabilidad durante buena parte de la gestión, afectando particularmente a la pequeña y mediana empresa y ciertas economías regionales.

El salário real, después de un aumento inicial, no pudo continuar incrementándose, como reflejo de los problemas arriba señalados.

II. E L PLAN AUSTRAL

El ejercicio del gobierno y la disponibilidad de información hizo que comenzara a afirmarse una conclusión: no estábamos en una etapa más del ciclo de pare y arranque de la economía argentina tradicional de las últimas décadas. Nos hallábamos frente al agotamiento de un modelo, el fin de una estrategia de crecimiento.

El Plan Austral fué un programa heterodoxo que combinó la virtual eliminación del déficit fiscal con el control de precios y salarios y una reforma monetaria que quebró la inercia inflacionaria. Contrariamente a los resultados de los ajustes ortodoxos, la estabilidad fué lograda sin caídas en la ocupación ni en los niveles salariales.

Por supuesto, un factor decisivo para el éxito inicial del plan fué el apoyo popular que esterilizó la oposición cerril, casi unánime, de dirigentes políticos y organizaciones sociales.

La experiencia del programa permite sacar una conclusión: crecimiento y estabilidad se determinan mutuamente; esto es, no se puede mantener la estabilidad si no se logra implementar una alternativa viable de crecimiento sostenido.

Complementariamente, el éxito inicial del programa tuvo una consecuencia adicional: hacer emerger a la superficie los problemas estructurales de la economía argentina: un
Estado con multiplicidad de funciones que más que fortaleza expresa debilidad, a lo que se suma su crisis de financiamiento y el elevado grado de concentración de sectores claves de la economía argentina.

El deterioro final del programa se debe a la no materialización de ciertas reformas estructurales, principalmente el lento avance en la reforma del Estado y en la integración con el mundo.

Exigencias que aparecían como impostergables hicieron que no todos los esfuerzos del gobierno estuvieran orientados en la búsqueda de cambios que al mismo tiempo que afirmaran la estabilidad posibilitaran el crecimiento sostenido.

Por otro lado, parte del partido se resistía a aceptar que el programa de la UCR en el gobierno incluyera categorías políticas como la transferencia de activos del sector público al privado.

La sociedad, por su parte, influenciada por determinadas fuerzas políticas percibió esos meses como de recesión, desocupación y descontrol fiscal cuando en realidad deberá pasar mucho tiempo para que la Argentina presente nuevamente indicadores económicos sociales como los observados en 1986.

La oposición desarrollaba su política con un doble juego: por un lado descalificaba la acción de gobierno y por el otro potenciaba las demandas sociales.

Esta actitud que ignoraba como dato relevante la magnitud de la crisis, se valía de un trípode de poder: la mayoría de las administraciones provinciales, el control político del Senado de la Nación y la conducción de la CGT.

A través de las provincias con gobernadores justicialistas se marchaba en la dirección opuesta a la fijada por el gobierno en el manejo de las finanzas públicas. Con la mayoría en el Senado se bloqueaban los intentos de reformular los mecanismos de relación entre el sector privado y el Estado Nacional. La CGT impulsaba a través del “Programa de los 26 puntos” la propuesta del populismo de posguerra.

El conjunto de estos factores y la incomprensión social de concebir a la lucha contra la inflación como prioridad.

Pero aún más importante es que todo programa de estabilización requiere siempre la existencia de un balance fiscal equilibrado.

En nuestro país, cuando se cuestiona el ritmo de avance en el control del gasto o la magnitud del déficit fiscal se omite, y no de manera inocente, la incidencia relevante que tienen para el Sector Público los intereses de la deuda privada externa estatizada a partir de 1982.

Adicionalmente, un elemento que contribuyó a debilitar el balance de pagos y las cuentas de la tesorería fué la caída sin antecedentes de los precios de los productos primarios de exportación que se sumó a las adversas condiciones climáticas que afectaron a la zonas de producción agraria.

La confluencia de estos dos últimos factores fueron los que contribuyeron a acelerar la crisis fiscal y en consecuencia el final del programa, que venía manifestando síntomas de agotamiento.

La situación económica explica, sin dudas, una parte —sólo una parte— del resultado electoral de septiembre de 1987 que es además el fin de un estilo de política económica, que podríamos caracterizar como de cambio y autónoma, derivado de la legitimidad política electoral.

Con posterioridad al resultado electoral de 1987, se inicia otra etapa que, fundada en el nuevo dato político de un peronismo triunfante, podría caracterizarse como de cambio consensuado. Es el tiempo de las normas legales acordadas en la Mesa del Consenso; Ley de Coparticipación Federal que regula la conflictiva y traumática relación financiera entre la Nación y las Provincias, la ley de Promoción Industrial que es un paso adelante en la búsqueda de desarticular el anárquico sistema de distribución de subsidios estatales y el financiamiento del sistema de Seguridad Social a través de gravámenes sobre algunos servicios públicos.

Desafortunadamente, el temprano inicio de la campaña electoral y fundamentalmente el resultado de la elección interna del Justicialismo agota la posibilidad de afirmar la política de acuerdos interpartidarios, agregándole una nueva dosis de complejidad a la situación económica.

III. EL PLAN PRIMAVERA

En el mes de agosto de 1988 el Gobierno lanza lo que sería el último intento para contener el estallido inflacionario, apelando a un instrumental más ortodoxo que se compadecía con la existencia de una menor credibilidad en el equipo económica. Los datos de partida mostraban una aceleración inflacionaria que en el mes de julio lleva el índice de precios —alrededor del 26%— al valor más alto desde el lanzamiento del Plan Austral. El contexto político estaba comenzando a impregnarse de la tensión propia de una campaña electoral que no era una más, ya que estaba en juego una renovación presidencial.

Las opciones de política económica no eran muchas. No estaba disponible la posibilidad de un acuerdo político bipartidario.

Tampoco eran viables los acuerdos legislativos en cuestiones de fondo (en todo caso se hallaban circunscriptos a temas que atendían a la viabilidad financiera que afectaba a las administraciones provinciales). La imposición unilateral de reglas de juego estaba enervada por la proximidad de la elección y por el antecedente inmediato de la pérdida de las elecciones.

En estas condiciones se sigue el único camino que aparecía como posible: un convenio explícito con la UIA y CAC en términos de acuerdo desindexatorio en los precios y uno implícito con el movimiento obrero a través de la vigencia irrestricta de las convenciones colectivas de trabajo.

El Ministerio de Economía propuso la aplicación de retenciones a las exportaciones agropecuarias, propuesta que personalmente rechace sin consultar con ningún colaborador. Tal vez, el pecado original relevante del programa fue esta decisión extraeconómica, de índole política, que la hizo más vulnerable.

En verdad, no fue la primera vez que actuaba en virtud de la absoluta prioridad que me había fijado: la estabilidad institucional, que a medida que se acercaba el fin del período ocupaba cada vez más mí atención central generando una hipersensibilidad con relación a embates que a veces se apreciaban sesgadamente desde el ángulo de observación de su peligrosidad institucional.

IV. 1989

El programa lanzado en agosto, arriba al mes de diciembre (120 días después) con una tasa de inflación algo inferior al 7%.

Intentaremos ahora ofrecer algunas hipótesis para explicar porqué la inflación prácticamente se duplicó mensualmente entre los meses de febrero y mayo. Porqué el dólar, en el mercado libre, se incrementó en un 177% entre el primero de febrero y el fin de mes de marzo. Porqué el grado de monetización de la economía, definida en un sentido amplio y expresada en dólares fue en el mes de junio inferior a un quinto del observado en el mes de enero. Porqué los ingresos totales de la Tesorería valuados en moneda constante sólo alcanzaron en el mes de mayo el 23% de lo recaudado en el mes de febrero.

La prolongada pulseada entre el interés general y los grupos corporativos iniciada en 1983 produjo resultados positivos (la propia elección es un ejemplo) pero simultáneamente fue debilitando al gobierno: la erosión política, sus propios errores, y sobre todo, el resultado electoral de 1987.

La economía argentina que hacia fines de 1988 no había sufrido los efectos de un desborde fiscal, ni las consecuencias de un shock de demanda, ni las implicancias de un empuje salarial, ni las derivaciones de una crisis del sector externo, no atravesó indemne el tamiz del proceso electoral.

La campaña electoral del justicialismo cabalgó sobre los llamados 26 puntos de la CGT, enunciado de intenciones entre lo que se destacan “establecer una moratoria para los pagos de los servicios de la pretendida deuda externa”, “nacionalización de los depósitos bancarios” y “defender enérgicamente las empresas estatales”.

Del lado de los ingresos, la alta propensión a la evasión y elusión impositiva en la Argentina, acompañada por el dato casi invariable que todo cambio de gobierno trae aparejado un perdón tributario, fue reforzado por declaraciones que vaticinaban un “verdadero y atractivo blanqueo impositivo”.

En efecto, la tesorería que en diciembre de 1988 se financiaba con recursos propios en un 70%, pasa sólo 150 días más tarde a recaudar apenas 28 centavos por peso gastado a pesar de ser menores las erogaciones.

Ello se debió, fundamentalmente, a la irrisoria recaudación tributaria ya que en marzo de 1989 sólo se recaudaba de Impuesto al Valor Agregado e Impuestos Internos el 6,3% y 27,1%, respectivamente, de lo efectivamente percibido por la Dirección General Impositiva un año antes.

El sistema financiero, por su parte, también fue afectado. Los billetes en poder del público y los depósitos en cuenta corriente se redujeron en alrededor de 3.000 millones de dólares en el primer semestre.

Así, ante la alternativa del recambio presidencial (etapa en la que se entra francamente desde la segunda mitad de 1988) los grupos corporativos van a encontrar en las vísperas electorales la ocasión de mayor debilidad del poder político.

Esta debilidad máxima puede verse desde dos ópticas distintas: por un lado, la debilidad del gobierno en ejercicio cuya fortaleza politica había decaído; en segundo lugar, por las perspectivas económicas post-electorales.

A la transición presidencial la economía llegó con tres fallas estructurales que no habían sido superadas en los cinco años precedentes y que el gobierno se vio obligado a tratar, durante su gestión, con políticas heterodoxas y transitorias; la debilidad del sector externo, la estructura altamente concentrada de los mercados industriales y la herencia de un capitalismo imperfectamente competitivo. Otros déficits estructurales que presentaba la economía en 1983 habían sido neutralizados durante nuestra gestión y tendrían poca o nula influencia en la crisis del primer semestre: el mejoramiento del aparato productivo del sector privado, el ordenamiento del gasto en la Administración Nacional y la mayor competitividad internacional de nuestra producción industrial.

De todos los factores de debilidad, el sector externo era el más dramático, aunque se habían logrado la integración con Brasil, los acuerdos con Italia y España, un comercio exterior invariablemente superavitario y un mejor clima político internacional para tratar el tema del endeudamiento de los países del sur.

En los mercados de bienes, por su parte, los efectos de una economía semi-cerrada y la oligopolización de los mismos, especialmente en los productos industrializados, requirieron de políticas de precios administrados.

Nuestro gobierno fue exitoso en la ruptura de la tendencia al crecimiento desordenado del Gasto Público, incluso produciendo reducciones sustantivas del mismo, desechando al mismo tiempo políticas clientelísticas en el empleo público. En cuanto a la actividad empresaria del Estado, el gobierno, desde el inicio de la gestión, a través de la creación de la Comisión del Decreto 414 comienza la tarea de re-privatización de empresas continuando luego con las truncadas iniciativas de reformulación estratégica del Estado productor, fundamentalmente por obstrucciones legislativas. Pero lo que seguía estando presente cinco años después era una economía subterránea que había visto potenciado su desarrollo durante el proceso anterior.

La fragilidad extrema del Sector Externo, el alto grado de concentración de los mercados de bienes industrializados y la volatilidad de los ingresos públicos no eran compañías recomendables para un proceso electoral en la Argentina de 1989.

La confianza era difícil de garantizar para un gobierno que aferrado a sus convicciones concluía su mandato y que estaba frente a la probabilidad de perder las elecciones ante un adversario cuya política respecto de los acreedores externos y de los tenedores nacionales de activos externos era incierta.

Además, el esquema de confianza se resentiría por razones fuera del alcance del gobierno: el cambio de administración en los Estados Unidos, la sorprendente morosidad de su instalación, el alejamiento de funcionarios que habían terminado por entender la posición argentina, la robustecida presencia de quienes habían recelado del acuerdo logrado con el Banco Mundial sin el aval del Fondo Monetario Internacional, generaron en estos organismos internacionales la decisión de abrir un compás de espera, que en la práctica significó cuotas crecientes de inquietud e incertidumbre, en su relación con la Argentina.

La crisis de la autoridad política significó también que el sistema impositivo, montado sobre una considerable economía subterránea explotara y el gobierno asistiera a un desfinanciamiento súbito de sus recursos al tiempo que los formadores de precios pudieron convalidar rápidamente sus pretensiones de sus expectativas o incertidumbres.

Como queda dicho, la debilidad del sistema político y, en consecuencia, el fortalecimiento relativo de las presiones sectoriales constituye el telón de fondo de los últimos meses del gobierno.

Pero también, la incertidumbre sobre la futura política, especialmente en caso de triunfar el justicialismo agrega cuotas crecientes de conflictividad; que repercutirán esencialmente sobre el tipo de cambio (y por ende en los precios) y el déficit fiscal en un círculo vicioso que se retroalimenta de manera perversa.

En efecto, el primero de febrero los diarios dan cuenta que ante el “fracaso” de las gestiones por refinanciación del titular del Banco Central, los banqueros pretenden que la Argentina abone 1.000 millones de dólares de intereses con sus reservas de libre disponibilidad. Esta información merece el día cuatro el siguiente comentario del entonces Diputado Cavallo “que los señores acreedores no esperen que el gobierno justicialista les vaya a pagar esos intereses”. Previamente se había encargado de desprestigiar el llamado Plan Primavera y había sostenido ante representantes de la Banca acreedora que la no exigencia del pago de los intereses al gobierno significaría inmiscuirse en la política interna de la Argentina.

El Banco Mundial, por su parte, anuncia el día 3 de marzo la suspensión de un desembolso de 350 millones de dólares correspondientes a dos préstamos concedidos a la Argentina en octubre último por “incumplimiento de las condiciones convenidas”. El titular del organismo, más tarde, fundamenta la decisión porque duda que el país pueda, en un año electoral, concretar los profundos cambios a que se comprometiera.

El 8 de febrero, catorce provincias, de administración justicialista, anuncian juicios contra la Nación por supuesta falta de pago de los fondos de coparticipación federal. El 17 de marzo, las provincias productoras de petróleo reclaman ajustes en el cálculo de regalías petroleras.

Hacia fines del mismo mes la Unión Argentina de Proveedores del Estado amenaza con suspender los suministros al sector público debido al atraso de los pagos que llega, afirman, a 300 días, cuando en realidad la deuda era una cuarta parte de lo denunciado y no llegaba a 60 días el máximo atraso.

Hay también responsabilidades no endosables.

El intento antiinflacionario del llamado Plan Primavera tenía el propósito implícito de sugerir que, a pesar de la proximidad electoral, las variables económicas se hallaban y seguirían estando bajo control del gobierno.

Pero el discurso político de nuestro partido, institucionalmente y por boca de todos sus dirigentes y candidatos, planteaba que la propuesta justicialista ponía en tela de juicio toda la lógica económica vigente.

En estas condiciones, la remoción del equipo económico constituyó otro grave error que sólo agregó cuotas crecientes de incertidumbre. En un marco como el señalado la licitación de divisas como instrumento para el mantenimiento del tipo de cambio, no tenía espacio.

La designación del Dr. Pugliese, que en una nueva entrega patriótica, aceptó el cargo, valorada con sobrados motivos como oxigenante en el seno del Partido, logró disminuir sólo transitoriamente las presiones. Si bien podemos reconocer que no hubo propuestas novedosas, el entonces Diputado Cavallo sólo 48 horas después sentenciaba que el nuevo equipo “no puede disminuir la inflación” y el aspirante a Vicepresidente Dr. Duhalde opina el día 6 que se imponía un “salariazo para resarcir el deterioro”.

En una economía con las características de la Argentina: desequilibrios fiscales casi permanentes, comprometida situación en el sector externo y fuerte oligopolización de su producción industrial, la decisión de unificar y liberar el tipo de cambio tiene, más en tiempos de incertidumbre política, serios riesgos para la estabilidad económica. Sin embargo, lo proponían los candidatos de las principales fuerzas políticas.

Hacia fines de abril comienza a intensificarse la presión sectorial por modificaciones en el funcionamiento del mercado cambiarlo.

Se cuestiona el decreto 519, sobre derechos de exportación, por cuanto evidencia “un fuerte sesgo antiexportador” y se afirma que los exportadores no venderán dólares en plaza hasta que “se elimine el dólar de referencia”.

Finalmente, luego de múltiples reuniones con dirigentes políticos y organizaciones gremiales empresarias se decide un programa de corto plazo que incluye la liberación del tipo de cambio como un último intento en lograr la liquidación de exportaciones. Esto no sucedió. Habíamos perdido la apuesta. La desesperada apuesta.

El final de la gestión encuentra al gobierno, entonces, en el momento de su máxima debilidad y debiendo afrontar la conducción de los asuntos públicos sometido a las demandas y presiones sectoriales, al tiempo que se desarrolla por primera vez en más de tres décadas una campaña electoral presidencial luego de un período democrático completo. Esta situación generó, en virtud de la aceleración inflacionaria, un deterioro del salario real debido al previsto desenlace electoral y a las propuestas del justicialismo.

Además, la estabilidad institucional se había conmovido por dos episodios, habitualmente relativizados en su influencia sobre la situación económica y social, como son la sublevación de Villa Martelli y el ataque guerrillero a la Tablada.

El proceso electoral reforzó un déficit crónico de la transición democrática: la imposibilidad de acuerdos políticos estables. En rigor, durante el primer semestre de 1989 no estuvieron disponibles ninguno de los mecanismos conocidos de salvaguarda del interés general.

En efecto, el gobierno que tenía una gestión a plazo fijo no podía recurrir como en los inicios, a políticas fundadas en la autoridad derivada de la plena fortaleza política.

Los acuerdos políticos bipartidarios que sólo habían sido viables durante pocos meses de la transición (septiembre ’87/mayo ’88) eran imposibles por el propio hecho electoral.

Los consensos legislativos no estaban disponibles no sólo por la proximidad de la elección sino también porque el propio candidato opositor y su futuro Ministro político explícitamente así lo habían planteado, afirmado que las iniciativas que no contemplaran apoyos financieros a provincias, mejoras salariales y beneficios para las pequeñas y medianas empresas no contarían con su aval.

Las coincidencias con las entidades de trabajadores y empresarios, por su parte, tampoco estaban en el campo de las posibilidades. Del lado de la CGT, a las dificultades conocidas debe agregarse que el 2 de mayo su Secretario General descarta una iniciativa surgida de un grupo gremial de concertar una “paz social” hasta las elecciones e impugna por “inorgánica” las conversaciones de sectores gremiales y empresarios en la búsqueda del “pacto social”.

El mismo día el bloque Justicialista declara que no va a votar el paquete impositivo que le proponía el gobierno, mientras que el Consejo Nacional Justicialista decide solicitar audiencia para exigir un aumento masivo de salarios y auxilio financiero a las provincias.

El 6 de mayo el Secretario de Acción Social de la CGT propone confiscar y nacionalizar los laboratorios extranjeros. Antes, el día 5, el candidato de la Ucedé había advertido sobre la posibilidad de nuevos sacudones militares difíciles de soportar.

Luego de las elecciones auguró el diputado Di Tella: “los meses de transición van a ser un infierno”. En Diputados Bauzá solicitó aumentos de emergencia para los asalariados y créditos blandos para las pequeñas empresas. El Justicialismo se niega a acordar con el gobierno un plan económico que tienda a normalizar las cuentas públicas. A tres días de las elecciones el titular del UIA debía criticar las propuestas de economistas peronistas que planteaban agudizar la crisis para establecer después soluciones de fondo.

Las organizaciones gremiales empresarias cuando se consolida la ventaja del candidato justicialista comienzan a desvincularse del gobierno o a acentuar las críticas según el caso, y lógicamente, a posicionarse favorablemente con respecto a lo que estimaban sería el nuevo gobierno.

El 29 de mayo, el gobierno redefine el control de cambios, practica un fuerte control de precios y se plantea como posible la gobernabilidad del sistema hasta el 10 de diciembre.

Pero el 10 de junio el diputado Di Tella hace el anuncio del “Plan Cero”, que planteaba el congelamiento “voluntario” de precios, un fuerte ajuste de tarifas y un tipo de cambio “recontra alto”. Desde allí cualquier intento de lograr la liquidación de activos de los exportadores sería vano, e imposible moderar el proceso inflacionario.

Las consecuencias económicas de la fragilidad política generada ocasionaron el desfinanciamiento de la economía argentina.

La debilidad del poder político y las incertidumbres preelectorales significaron un costo de desfinanciamiento de nuestra economía de no menos de 4100 millones de dólares en el primer semestre de 1989, cifra que es aproximadamente el doble de la exportaciones industriales anuales de la argentina.

El desequilibrio político general condicionó sin atenuantes la política económica de nuestro gobierno, especialmente durante el primer semestre de 1989, reduciendo a límites exiguos las posibilidades de soluciones técnicas, quedando entonces la economía sometida a la ley del más fuerte.

Si bien cabe admitir que el gobierno perdió la riendas del control de la economía, es indudable que una importante porción de la responsabilidad le corresponden a las expectativas.

En las circunstancias que se padecieron no es necesario imputar actitudes perversas propias de teorías conspirativas, versión la más impugnable del historicismo que rechazo. Al llegar la hora del “sálvese quien pueda” en cada empresa los responsables optan por los activos ligados a la cotización de moneda extranjera, los responsables de la exportación retrasan la liquidación de divisas, los de compras, acumulan stocks de insumos importados y los de ventas se apresuran a establecer colchones de precios y a retener mercaderías.

En esta última etapa ha quedado en evidencia que la economía es un ámbito de lucha por el poder particularmente cruel en un país que, a pesar de nuestros esfuerzos, no ha logrado aún asegurar plenamente el imperio del interés general.

Hoy tenemos claro el sentido que deben tener las reformas económicas y porque aprendimos de nuestras errores podemos construir nuestra propia propuesta y desempeñar el rol de una oposición leal.

Reforma económica orientada al crecimiento y a la justicia social significa, por un lado, un movimiento hacia un rol más central de la iniciativa autónoma de la sociedad, pero por otro lado —como contracara ineludible— significa la construcción de un Estado moderno y eficiente. Un movimiento hacia el mercado a través de las privatizaciones que no vaya acompañado de un aumento en el poder regulatorio del Estado, desata una dinámica concentradora del ingreso y monopolística. Una apertura de la economía sin un Estado que exprese la estrategia de largo plazo de la sociedad en su proceso de inserción en el mundo puede terminar siendo estéril y destructiva. Una reducción de los gastos del estado que no esté sometida a la planificación pública y al debate parlamentario, quizás aumente la arbitrariedad, la discrecionalidad y la injusticia. Los estímulos a la actividad privada que no estén asociados a una reforma tributaria progresista irreversible, serán el caldo de cultivo para el surgimiento de los privilegios.

Así, pues, las dificultades para impulsar un programa de reforma económica, no deben verse como el fruto de una limitación ideológica, sino la consecuencia de una tarea extraordinariamente compleja y de lenta maduración. En el balance provisorio de la gestión económica, junto a los errores señalados, confiamos en que se reconocerá que se plantaron y se debatieron con absoluta claridad, temas tan trascendentes como el agotamiento del modelo tradicional de crecimiento y distribución, la búsqueda de una nueva integración económica regional e internacional y la necesidad de explicitar y analizar racionalmente los subsidios fiscales. Procuramos afirmar el valor de la estabilidad, sostuvimos la necesidad de poner al Estado al servicio de la sociedad y pretendimos generar un nuevo estilo de crecimiento económico sostenido y con equidad.

No contamos con el indispensable apoyo político para concretar estas aspiraciones en la medida de nuestros deseos.

El tema que hemos considerado está directamente vinculado al problema del anticipo de la entrega del poder, cuestión a la que también creo conveniente referirme, aunque sea brevemente.

Pero antes, permítanme una pequeña disgresión referida a la fecha de las elecciones. Se ha dicho que se realizaron con demasiada anticipación, seguramente ignorando que la constitución Nacional, el Presidente debe estar elegido por el Colegio Electoral cuatro meses antes de la entrega del mando. A más tardar podrían haberse realizado el primero de julio, pero todos los partidos consultados estuvieron de acuerdo en la conveniencia de adelantarla con el propósito de facilitar la campaña electoral y el propio comicio ya que, sobre todo en algunas regiones, podían verse perjudicados por el intenso frío.

Producido el comicio y demostrado que el candidato triunfante tenía mayoría en el colegio electoral, comenzó una campaña tendiente a anticipar la entrega del poder. La totalidad de los partidos que constituyeron el FREJUPO lo exigieron, al igual que la CGT y Legislaturas Provinciales. En Rosario, se preparaba un día de paro para forzarla, propiciado por patrones y obreros. El Presidente electo afirmaba que el estaba preparado, que hacía falta un gesto del Presidente y que el pueblo podía cansarse.

Nosotros habíamos logrado ya el traspaso democrático y se nos hacía difícil el manejo de las variables económicas, sobre todo debido a la pronta finalización de nuestro periodo. Así, decidimos sacrificar parte de nuestro mandato. Decir ahora que le tiramos el gobierno a la cara a los triunfadores, es una impostura política.

Finalmente, deseo referirme a otro error que reconozco sin embajes: el de las fallas en la comunicación.

Pero en esto, pido indulgencia, sobre todo a mis correligionarios, porque las falencias se debieron, de manera principal, al respeto que nos merece la ciudadanía. Quisimos brindar información, pero no utilizar los medios para propaganda del gobierno. Extremamos, quizás exageradamente, los cuidados de un pluralismo informativo del que nos enorgullecemos.

Sabemos que la consagración por el voto otorga a un gobierno la legitimidad jurídica que consagra la democracia, pero no necesariamente la legitimidad moral de la que carece, por ejemplo, cuando manipula la opinión pública y así conspira contra la sociedad abierta y los valores fundamentales del sistema.

La imposición de ciertas prácticas y prédicas que niegan el pluralismo y limitan la posibilidad de participación impulsan la coacción del Estado y pueden llegar a vaciar hasta el límite la democracia construida por la sociedad, penetra hondamente en la vida cotidiana, empapa los comportamientos, transforma la inseguridad en costumbre y al egoísmo en rutina, destruyendo la dimensión ética de la vida.





"Debemos consolidar hábitos democráticos que hagan imposible cualquier delirio de involución totalitaria" 
Raúl Alfonsín




Fuente: Discurso del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín al clausurar los Seminarios Nacionales de la Unión Cívica Radical, 6 de octubre de 1989.

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