Sergio Montiel: "Mensaje a la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos" (10 de diciembre de 1983)

Señores Legisladores:

Cumplimos hoy una nueva etapa en el proceso de institucionalización al quedar instalado el Poder Ejecuto, el que en las próximas horas designara todos los altos funcionarios que secundaran su labor. Simultáneamente elevaremos al Senado los pliegos de los Acuerdos, para designar a los Jueces, con lo que quedara constituido el Tercer Poder del Estado, y terminada su organización. De allí en más todos deberemos salvaguardar las instituciones y el sistema político con el honrado cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos y sociales y en el ejercicio irrestricto de nuestros derechos.

Dolorosamente hemos desarrollado este proceso de retorno a la vida normal de la República, interrumpida abruptamente en 1930, y su desenvolvimiento y mantenimiento dependes esencialmente de la responsable actitud que cada uno de nosotros adoptemos. Hemos aprendido las consecuencias graves de quebrar la vigencia de las instituciones y el imperio de la Ley, debiendo reconocer que todo ello se había transformado en un vicio generalizado de la conducta permanente de una gran parte del pueblo argentino, siendo frecuente que los violadores de la Ley, aun en aquellos casos menudos de la vida cotidiana encontraran justificativos a su conducta errada, precisamente en esa generalización. Sin embargo, debemos ser consecuentes con nuestras ideas y aprender a transitar dentro del respeto a la Ley, como requisito esencial de la convivencia pacífica.

En la vida social no solo son esenciales los derechos, sino también nuestras obligaciones, que van desde el cumplimiento de las elementales normas del tránsito callejero hasta el de las a veces pesadas del pago de las contribuciones para la existencia del Estado. Y es en este aspecto donde en los últimos tiempos más ha resaltado el incumplimiento de la Ley. Algunos consideran un signo de “viveza” el incumplimiento de tal obligación, sin comprender que tal actitud se constituye en un elemento negativo de la vida política y social. Vale la pena recordarlo a Alberdi cuando nos enseñaba que: “es la unión de las porciones de rentas que los particulares satisfacen al cuerpo social en que viven, para asegurar el orden, que le protege el resto de sus rentas, el capital, la vida, la persona y su bienestar”.

Los índices de evasión fiscal llegan en algunos casos, particularmente en el ámbito Municipal a límites escandalosos, de las tres cuartas partes del total.

Queda claro, que así como respetaremos todos los derechos, haremos cumplir también todas las obligaciones.

La vida política adquirió a partir de las elecciones del 30 de octubre y de su claro resultado, orden y paz. Que se mantienen promisoriamente. Los pocos hechos aislados que pretenden su alteración solo sirven para certificar el profundo cambio de actitud que se ha operado.

En Entre Ríos, es preciso señalarlo, la campaña política se desarrolló con toda normalidad y conocido el resultado comicial la convivencia entre los partidos políticos y la ciudadanía quedo demostrada en actos públicos que nos satisfacen a todos. Y hoy, la presencia en nuestro recinto de quienes fueron los principales candidatos en la lucha cívica, lo ratifica y demuestra la permanencia de esta sana convivencia, expresada en las cordiales relaciones entre los dos partidos mayoritarios que comparten con sus Legisladores, Intendentes y Concejales esta Gobierno Legítimo. (Aplausos). Hemos de contribuir a mantener esta permanencia, la hemos comenzado al compartir la composición de nuestro cuadro de funcionarios y en las propuestas para componer el Poder Judicial.

Desde tiempos atrás venimos señalando los males de nuestra estructura provincial y los caminos necesarios a recorrer para superar este estado de atraso y postración. La insularidad que caracterizo virilmente nuestro pasado y produjo hechos sobresalientes en la historia Argentina, se transformó con el tiempo en la valla insuperable de nuestro atraso. Mientras el país se integraba, transformándose económicamente y socialmente, Entre Ríos quedaba fuera de la Argentina Continental, y encerrada en un provincialismo sin mayores horizontes. El problema se agudizó notoriamente en la década de 1940, particularmente al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando un proceso unitarizante de transformación industrial privilegio a Buenos Aires y su entorno, produciéndose profundos cambios en la vida argentina. Se agudizó la crisis del transporte fluvial y la decadencia de nuestros puertos, con la preeminencia nuevamente de la Ciudad Puerto, hasta ir desapareciendo de nuestros ríos las embarcaciones que hasta entonces nos comunicaban fluida y permanentemente, se agudizó también hasta casi el aislamiento nuestra insularidad. Más adelante, nefastas políticas fueron eliminando los sistemas de atención de nuestros ríos, suprimiendo los talleres de reparaciones y construcciones, el de Paraná Medio en Paraná y el de concepción del Uruguay, desatendiendo también en dragado y balizamiento para llegar finalmente a la aberración de malvender nuestra flota fluvial. Al decir de nuestros organizadores los ríos se hicieron desierto, no por una concepción geográfica sino como consecuencia de una nefasta política económica.

Para superar el aislamiento debimos pasar el rio por debajo del esfuerzo mancomunado con santa Fe o por arriba por obra del Gobierno Federal, quedando el rio para el solaz deportivo o turístico, sin que fuésemos capaces de utilizarlo como corresponde.

Mientras tanto como una de las consecuencias de las erradas políticas económicas aplicadas en el país, el Gobierno Federal fue degradando el sistema ferroviario en vez de mejorarlo. Clausuró ramales, cortó servicios, subordinó a las necesidades del conurbano de Buenos Aires el sistema de todo el país, provocando su atraso. En nuestra Mesopotamia mueren o languidecen pueblos enteros, y el ferrocarril que fue y debió seguir siendo impulsor de nuestro progreso se ha transformado en una pesada carga. No sólo por el déficit que es común en todos los países sino por la obsolescencia del propio servicio.

Mientras tanto el sistema vial subordinado a los intereses de las grandes empresas transnacionales productoras de unidades de este transporte, ha ido ocupando desmedidamente todo el escenario con costos excesivos para el aparato productivo nacional.

Nada de esto es casual, pues son los resultados de las políticas aplicadas en desmedro del país por los conocidos sirvientes de los amos internacionales interesados en subordinar nuestro sistema político-económico, impidiendo nuestro desarrollo. Al no ser dueños de nuestros sistemas de transporte y haber obtenido así que los dos sistemas de nuestra propiedad no se puedan mantener y desarrollar en forma acorde con nuestro propio desenvolvimiento, se ha aumentado nuestra dependencia y no se nos deja ser dueños de nuestro propio destino.

Entre Ríos ha sufrido con el litoral argentino la doble consecuencia señalada de esta subordinación, atrasandonos más que el resto del país, y a extremos por momentos insoportables.

Dentro de este cuadro general del país y de nuestra región, nuestros propios problemas estructurales se agudizaron. Salvo algunas excepciones los índices poblacionales y de la producción se mantienen estacionarios en los últimos 40 años, sin contar que hemos perdido ciertas formas de producción. La división tradicional según las costas de nuestros grandes ríos agudizo el sentimiento municipalista de sus habitantes, mientras el centro de Entre Ríos sufrió un proceso de retrogradación notorio llegando en algunos casos a disminuir el número de sus habitantes. A esta neta separación comarcal debemos agregarle un norte agreste, atrasado y empobrecido y finalmente la zona del Delta casi totalmente abandonada en el cuadro general de la Provincia. Estas diferencias comarcales se profundizan por la falta de coherentes y completos sistemas de comunicaciones internas, que hacen que en demasiados casos sea más fácil una comunicación o un viaje hacia afuera de la Provincia que dentro de ella. Un sistema de servicios eléctricos desparejo, con altos costos de instalación y con tarifas diferentes y de excesivo alto costo, sin contar las zonas que carecen de él, componen una situación grave para la Provincia. Más aún si se agrega el alto índice del ausentismo escolar, la mala atención de la salud y la falta permanente y constante de perspectivas de trabajo, con todo lo cual se han expulsado de Entre Ríos por ciento de miles a nuestros jóvenes que han debido salir a buscar medios de supervivencia fuera de los límites de nuestra Provincia.

Por si todo ello fuera poco el Banco de Entre Ríos, creado para servir a nuestra economía se ha transformado en un prestador de dinero, en la Sucursal de la Capital Federal a terceros extraños, en aproximadamente un 60% de su cartera total. Con una comercialidad lamentable, aun en lo poco que presta en la Provincia se transformó en perseguidor y liquidador de muchos de nuestros productores.

Parejamente se ha ido coartando la actividad de nuestro Instituto de Seguros, hasta dejarlo semi postrado, habiéndose intentado en varias oportunidades lisa y llanamente su liquidación.

Y el cuadro organizativo del estado provincial presenta hipertrofias donde los sistemas de seguridad y de comodidades para algunos estratos funcionariales aparecen privilegiados, frente a un declinante sistema de salud, un sistema educativo con pocos recursos y muchas insatisfacciones, una gran desatención del aparato productivo de la Provincia, una escasa atención de la minoridad y de la ancianidad. Los órganos administrativos aparecen distorsionados, desconcentrados, en un sentido aparente pero en realidad para permitir que cada uno de ellos sea manejado como un compartimento estanco, haciendo ilusorio todo control y escasa la coordinación elemental del aparato administrativo. Se han aumentado los caros superfluos y los gastos innecesarios. Por su ineficiencia el Estado Provincial se ha transformado más en una carga que en un eficiente prestador de servicios.

Dentro de este cuadro debemos señalar sin embargo que en el último lapso la Provincia en su aspecto meramente financiero ha logrado equilibrio en los gastos elementales, lo que permitirá atender los requerimientos inmediatos. El Banco de Entre Ríos no aparece lesionado tampoco en ese sentido. Todo ello constituye una base importante para emprender una política seria de cambio y de proyecciones económicas importantes como la que necesita la Provincia.

Debemos considerar también en este cuadro la situación planteada por las últimas inundaciones, y cuyas consecuencias no podemos considerar superadas, pues existe el peligro de que se produzcan nuevas y graves inundaciones, con un río Paraná lleno aun de agua, particularmente en el Bajo Paraná.

La falta señalada de medios fluviales castigó severamente la economía de la Provincia cuando se produjo nuestro aislamiento, provocándonos toda clase de trastornos en nuestra vida cotidiana. La reposición transitoria de la Ruta Nº 168 nos permite con alivio pensar que podremos en esta zona superar los futuros embates de las aguas del Río Paraná. Sin embargo no ha quedado suficientemente esclarecido el estado del túnel subfluvial y los posibles daños sufridos, lo que nos obligara a un exhaustivo análisis de la situación en relación con el mantenimiento de la obra, lo que como corresponde será ampliamente informado al pueblo.

Deberemos estudiar la adecuada utilización del antiguo obrador con fines industriales y la posibilidad de realizar obras comunes con la provincia de Santa Fe a través de la Comisión Interprovincial.

Se han adjudicado las licitaciones del Ferrocarril General Urquiza para la construcción de los puentes destruidos en el Delta, lo que permite abrigar la esperanza que cumplidos los términos contractuales se reponga el servicio a Buenos Aires. Vialidad Nacional ha dispuesto la licitación de las obras para reponer los tramos destruidos de la Ruta 12, lo que de cumplirse permitirá también superar la precariedad del tránsito actual. Entendemos, que estas soluciones no nos eximen de estudiar la razón de los errores técnicos que en su momento posibilitaron estas catástrofes y que además deberemos dictar una legislación que ayude a prevenir los daños que cíclicamente producen nuestros ríos con sus inundaciones. Particularmente deberemos establecer una cata mínima debajo de la cual nada se pueda construir, y menos aún tener derecho a la atención del Estado y a la prestación de las distintas formas de amparo. Si no hacemos as, seguiremos sufriendo los hechos por todos conocidos, que los sistemas crediticios no siempre son utilizados en forma adecuada o la lamentable permanencia de quienes hacen de la inundación una industria menuda.

A ello deberemos agregar el problema propio de la construcción de grandes represas de aguas en nuestros ríos, no sólo para reclamar los derechos ribereños que como propietarios nos corresponden, particularmente por el cambio en el actual sistema de regalías, sino también, en la activa participación en toda la obra. Ya hemos reclamado la obtención de energía eléctrica para toda la Provincia producida en Salto Grande, y con tarifas diferenciales por debajo de las que normalmente cobra la Empresa Nacional. Y además hemos reclamado saber en la obra de Paraná Medio qué consecuencias reales puede producir sobre nuestra Provincia. Asimismo que debe mantenerse el proyecto original para que la obra permita el tráfico marítimo.

Comenzaremos a revertir el tráfico fluvial, reivindicando todos los derechos sobre nuestros ríos para conducir, administrar y mejorar nuestros puertos, reclamando la devolución de los que aún no están en nuestra jurisdicción, constituyendo para ello un organismo especial.

Como parte del proceso de integración regional que continuaremos con todas las provincias del litoral argentino a fin de actuar mancomunadamente en la política nacional y en los reclamos por la vigencia en los derechos de las mismas; debemos señalar que se encuentran muy avanzados los estudios relativos a la posible transferencia del Ferrocarril General Urquiza a una entidad similar a la Comisión Interprovincial del Túnel, que con sede en la ciudad de Concordia reúna a nuestra Provincia con las de Misiones y Corrientes.

En la consideración de los problemas propios de Entre Ríos nos guiaremos con la aplicación acabada de su Constitución, conformándonos a las plataformas de la Unión Cívica Radical, tanto la nacional sancionada en Buenos Aires el 30 de julio o la provincial sancionada en Paraná el 7 de agosto del año corriente.

Debemos recuperar el tiempo legislativo perdido y en consecuencia los señores Legisladores en las próximas horas serán convocados a sesiones extraordinarias. El Senado deberá considerar los pliegos de acuerdo para los señores Fiscal de Estado, Tesorero, Contador y Tribunal de Cuentas, y otros funcionarios, además de los correspondientes a los señores Jueces. Pondremos a consideración diversos proyectos de Ley a fin de determinar el carácter de los gobiernos desde 1976 hasta el presente, el contenido de las disposiciones legales dictadas durante el periodo y su subordinación a o que dispone el Artículo 34º de la Constitución de Entre Ríos, determinando que caducarán todas aquellas leyes que no fueran expresamente ratificadas en un periodo a determinar.

Actualizaremos la Ley de Organización de la Administración a fin de regular claramente todos sus órganos, a la vez que propondremos una reforma al Decreto Orgánico de Tribunales tendiente a elevar a siete el número de miembros del Superior Tribunal, creando dos salas y recuperando la superintendencia total para este cuerpo.

También remitiremos para su consideración la Ley Orgánica del Consejo General de Educación; la creación del Departamento Islas en el departamento Gualeguaychú; la recreación del Consejo Agrario Provincial; la supresión de las reformas introducidas al sistema anterior, reponiendo la vigencia de los registros de comercio locales; la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado; la consideración del Régimen Escalafonario recientemente sancionado; la supresión del aporte del 50% para la Caja de Jubilaciones por todo aumento o por la primera asignación. A medida que se vayan terminando otros proyectos en estudio y se reciban los de las entidades profesionales universitarias de la Provincia, iremos ampliando el motivo de esta convocatoria.

Es nuestro propósito que al inicio de las sesiones ordinarias de 1984 se encuentre cumplida ya una importante labor legislativa que haya permitido colocar a la Provincia en condiciones de comenzar la aplicación de planes verdaderamente transformadores.

Nos vemos precisados a plantear la necesidad de producir una reforma Constitucional para que la convención constituyente a la vez que ratifique el imperio de la Constitución de Entre Ríos le introduzca los cambios instrumentales necesarios en materia de organización municipal, composición del Poder Judicial, ampliación del sistema administrativo y docente, supresión de traba a la actividad política y de solución a la situación creada en relación al periodo de nuestros mandatos, lo que solamente puede ser sanamente resuelto por ese poder constituyente.

Como una actitud propia deberemos reclamar la devolución de las atribuciones y competencias que la Provincia ha ido declinando sucesivamente al Gobierno Federal, particularmente en relación al ejercicio del poder de policía. (Aplausos). Esta actitud intentaremos sea compartida por el resto de las provincias que componen la región litoral.

Esta reposición de atribuciones es esencial en todos los aspectos, pero adquiere particular importancia en materia impositiva, de sanidad animal y vegetal y de trabajo. Podemos señalar entre los muchos perjuicios que esta situación provoca, el que los trabajadores entrerrianos estén en verdadera situación de indefensión porque no hay quien efectivamente controle el cumplimiento de las leyes laborales, situación que se revertirá al reponer la Dirección Provincial de Trabajo.

Puede señalarse también que algo parecido ocurre con la mal llamada Ley Federal de Carnes que en la práctica ha servido para transformar poco menos que en ilegal todo el proceso del abasto de carne roja. La finalidad real del sistema tendió a implantar un monopolio en perjuicio del productor y el consumidor, más que a establecer requisitos sanitarios.

Ahora, la matanza indiscriminada de animales cuya propiedad no siempre se puede determinar, la falta de higiene y de control, el llamado contrabando de carnes, configuran una situación que imperativamente debemos revertir. Por ello es que ante la gravedad de la situación planteada nos vemos precisados a determinar que se deje sin efecto el sistema y que nuestros municipios recuperen todas sus atribuciones en relación al abasto de carnes rojas debiendo reponerse los mataderos locales.

A la vez que proyectaremos para los próximos meses la Ley de Presupuesto y Cálculo de Recursos adecuado al sistema constitucional y propondremos importantes cambios en el sistema impositivo. En los impuestos directos volveremos al régimen de las alícuotas y a las categorías constitucionales, a fin de terminar con la ficción implantada a partir de 1966, de una igualdad inexistente en el pago por los que más tienen en relación a los de menores recursos.

. Reimplantaremos los adicionales sobre el latifundio y por el ausentismo, comprendiendo a todos aquellos que sin tener domicilio en la Provincia son propietarios de bienes en ella al sólo objeto de descargar sus obligaciones tributarias.

Queremos recrear las fuentes contributivas originarias de la Provincia denunciando los sistemas sustitutivos. Formularemos una propuesta de cambio al Código Fiscal de modo que se respeten los derechos de los contribuyentes y con claridad se expresen cuáles son los actos objeto de tributo.

Propiciaremos la creación de una Procuraduría del Tesoro para que en forma clara, sin excepciones, recaude judicialmente las contribuciones no abonadas en término y se evite la actual confusa situación en que los contribuyentes deben concurrir a estudios privados para resolver su situación. Evitaremos así la evasión fiscal que abarca todos los aspectos y que en el caso de la minería llega a límites inconcebibles.

Una de las tres grandes obligaciones que el Artículo 5º de la Constitución Federal establece para la Provincia es la relativa a la organización judicial. Elevaremos oportunamente a la consideración de los señores Legisladores un proyecto de Ley Orgánica de Tribunales para su más amplia discusión.

Incluiremos en él todo lo relativo a los órganos judiciales, reuniendo las normas ahora dispersas en los Códigos de Procedimiento. Propondremos la creación de Tribunales le Familia, de la Policía Judicial y de un Instituto Criminológico, todo lo cual le dará al Poder Judicial una real autonomía funcional.

Propondremos también una Ley Orgánica del Ministerio Público, con el objeto de superar graves deficiencias actuales, ya que en muchas ocasiones aparece como inexistente. Asimismo se buscará la mayor unificación posible de los sistemas procesales, inclusive el administrativo para simplificar todo lo formal en las tramitaciones.

Consideramos esencial el dictado de una Ley de Garantía que reúna en un solo cuerpo legal, tanto el Habeas Corpus, como el Amparo, los mandamientos de ejecución y prohibición de base constitucional, los llamados procesos sumarísimos, juntamente con otras garantías procesales menores.

Completando el régimen judicial hemos de tender a producir un profundo cambio en el sistema penitenciario, comenzando por orientar la organización hacia un verdadero sistema judicial en cumplimiento de condena. Se creará en Villaguay un establecimiento penal único, de modo que se pueda contemplar la situación del penado y s familia y el establecimiento tenga vida económica propia a la vez que se constituya en productor de semillas para nuestros agricultores y en proveedor de planteles de vacas lecheras para mejorar y ampliar la cuenca lechera provincial.

Otra de las obligaciones del mencionado Artículo 5º se refiere al régimen municipal. Elevaremos oportunamente un proyecto de reformas de la Ley 3001 que ha cumplido con exceso sus finalidades pero que no se adecua ya a las de la vida moderna. Sin perjuicio de esperar la reforma constitucional, propondremos la reforma al sistema de las Juntas de Gobierno, constituyéndolas en verdaderos Municipios Rurales.

Pretendemos que no quede un solo pedazo del territorio provincial que no esté sujeto a una autoridad municipal y que esta autoridad municipal sea elegida por el pueblo.

Se deberá determinar con precisión cuáles son las atribuciones municipales para evitar las superposiciones y las lagunas actuales, a la vez que deberemos crear un sistema unificado con la Provincia para el cobro de los tributos municipales, a fin de evitar gastos administrativos inútiles y eliminarle al contribuyente la serie de gestiones tediosas que actualmente debe realizar.

La tercera de las obligaciones del Artículo 5º se refiere a la Educación. Volveremos a la vigencia plena de la Constitución de Entre Ríos y será el Consejo General de Educación el único encargado de conducción en la Provincia, poniendo en ejercicio los consejos locales, y creando los establecimientos necesarios para que próximamente sea realidad la obligación escolar hasta el Ciclo Básico Secundario.

Preocupados por la situación universitaria de Entre Ríos, crearemos una Comisión Especial, que reuniendo todos los antecedentes proponga soluciones que permitan superar la crisis permanente en que se desenvuelve la U.N.E.R., que ocupa el último lugar entre sus similares del país. También crearemos la Editorial de Entre Ríos para que nuestra Provincia edite todo lo relativo a la vida cultural de la misma y particularmente los libros y material didáctico para todos los colegiales y estudiantes de la Provincia de modo que la posibilidad educativa sea igualitaria.

Como mínimo cumpliremos con el aporte del 25 % del Presupuesto para la educación y hemos de mantener en la medida de nuestras posibilidades ampliados y abiertos siempre nuestros comedores escolares.

. Estamos estudiando la posibilidad de ordenar la actividad de nuestros establecimientos educativos, de los dependientes del Consejo del Menor y de los establecimientos hospitalarios de modo que obtendremos su autoabastecimiento y además la provisión necesaria para nuestros comedores escolares, sin que todo ello implique erogación para el erario público.

Esto es factible porque todos los establecimientos cuentan sobradamente con elementos que al presente no son utilizados, están desorganizados y a veces se encuentran clausurados.

La actividad cultural ocupará un lugar preeminente en la acción de gobierno, volcada hacia las mejores expresiones y coadyuvando con toda la actividad que se desarrolla por las entidades privadas. Trataremos de dotar a nuestra Dirección de Cultura de todos los elementos, particularmente en relación a los medios físicos necesarios para tal actividad y a los cuerpos o entidades necesarios para completar o crear para que esta actividad cultural sea plena.

La actividad gubernamental se orientará a través de un sistema de planeamiento que sirva tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, mediante la confección de programas y su debido control.

En el área política de la administración correspondiente al Ministerio de Gobierno se unificará en la Dirección de Personal de la Provincia a las reparticiones similares que se encuentran dispersas en otros ámbitos administrativos a fin de obtener una eficiente e igualitaria prestación en el área. Esta repartición deberá relacionarse directamente con la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

Crearemos un sistema único de Asesoría Jurídica inicialmente dependiente de la Fiscalía de Estado, que permita coordinar la labor en esa área con un adecuado control del trabajo que en la misma se realiza.

Con respecto al personal se establecerá un sistema de incompatibilidades, tendiente a obtener la dedicación exclusiva en el desempeño de las funciones públicas, evitando la existencia de empleos diversos para una sola persona, las superposiciones horarias y las prestaciones de servicios por los jubilados y por los retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Respetaremos para el Personal de la Administración las Normas de la Constitución, entendiendo que la estructuración escalafonaria debe ser una consecuencia de la estructura orgánica de la misma y no su presupuesto, por lo que pondremos a consideración de los señores Legisladores el sistema escalafonario recientemente dictado sin discusión pública y en momentos en que se producía el cambio político esencial que origina el proceso de institucionalización.

Debemos declarar que ante la situación creada con las numerosas designaciones efectuadas en el último año, así como los ascenso y cambios producidos, nos vemos obligados a aplicar el Artículo 21º de la Constitución, separando a todos aquellos que no tengan la antigüedad requerida. Debemos analizar las situaciones creadas por aquellos funcionarios que han desempeñado cargos políticos sin estabilidad, con retención de categorías inferiores y que ahora han de pretender una sumamente discutible estabilidad.

Se repondrá la actividad civil de la Policía, y se dotara a sus cuerpos de todos los elementos necesarios, activando la terminación del edificio de la Escuela de Policía para concentrar en él la actividad de todos los institutos. Como en otras áreas se suprimirán los cargos superfluos, tratando de disminuir los organismos existentes, inclusive fusionándolos entre sí.

Se redistribuirá la fuerza policial teniendo en cuenta las necesidades de la campaña. Levantaremos los puestos fijos de la policía caminera, dotando al cuerpo de la movilidad necesaria para un buen sistema de control. Revisaremos los reglamentos policiales para su adecuación a la normativa constitucional y al respecto irrestricto de los derechos consagrados, quitando de la practica policial todo lo que contradiga su función esencial de guardián del orden.

Propenderemos a la ampliación de la infraestructura turística en la Provincia, para favorecer el acceso de las diversas corrientes existentes o que pudieran obtenerse en el futuro. También con fines turísticos I.A.F.A.S. abrirá en la ciudad de Colon a la brevedad posible un casino provincial, proyectándose otro similar para la ciudad de Federación.

Oportunamente elevaremos el proyecto de Ley que regule la actividad de la Escribanía Mayor de Gobierno, debiendo señalarse que hasta el presente no tiene una adecuada regulación legal. Reuniremos en esa repartición las funciones similares que medianamente se cumplen en Vialidad, Instituto de la Vivienda, Consejo de Educación y Contaduría, debiendo obtenerse un completo registro de inmuebles del Estado Provincial, del que se carece actualmente.

En el área económica dependiente del Ministerio de Hacienda se reorganizara la Dirección de Rentas reponiendo la actualidad de los receptores departamentales y tratando de aligerar el pesado mecanismo actual de la misma.

Pondremos el acento en todas las facetas de la actividad agropecuaria, a cuyo objeto se suprime la actual Dirección de Fomento Agropecuario y se crean Direcciones para atender específicamente los distintos aspectos de esta actividad.

Entendemos que instituciones como I.N.T.A., debidamente actualizadas y adecuadas, deben volcar el total de sus actividades en Provincias como Entre Ríos, preferentemente dedicadas a la actividad agropecuaria.

Al recrear el Consejo Agrario, se podrá practicar nuevamente una eficiente política de colonización, de reposición de las antiguas colonias y de solución de los problemas planteados en muchas de ellas, tendiendo a suprimir el minifundio y el latifundio.

En materia de obra pública reuniremos en la Dirección de Arquitectura, reparticiones que actualmente realizan tareas similares en la Administración, a la vez que trataremos de reordenar toda la obra pública en ejecución, haciendo cumplir estrictamente las obligaciones contractuales, a la vez que ordenar los planes de ejecución.

En materia vial enfrentaremos decididamente la construcción del tramo faltante de la Ruta 127 hasta su límite con Corrientes. Igualmente el acceso a Villa Urquiza por Colonia Nueva y el camino de la costa desde Cerrito hasta Hernandarias, además de una serie de rutas y accesos menores, con ripio o pavimentación según la zona, reponiendo el sistema de balsa para el cruce del Rio Gualeguay.

Se continuaran todas las obras iniciadas de pavimentación y repavimentación. Se reestructurara Vialidad Provincial, tendiendo a que el cuidado de los caminos pase a las municipalidades o consorcios vecinales, con lo que se asegurara mayor eficacia y menores gastos.

La electrificación rural será obligatoria, por lo que oportunamente elevaremos el Proyecto de Ley tendiente a la reforma del sistema actual y del régimen orgánico de la Empresa Provincial de la Energía. Estableceremos una tarifa uniforme evitando la desigualdad y los costos excesivos en la implantación de los sistemas de electricidad. Reelaboraremos el sistema de distribución del gas natural propuesto, para determinar con precisión su incidencia en la economía provincial, que no queden zonas marginadas del mismo y que sea la Provincia la que tenga en sus manos la aplicación y administración del sistema.

Para atender los requerimientos del Delta entrerriano, se adquirirán dragas y la maquinaria necesaria, a la vez que se determinara la construcción de un terraplén de aproximadamente 45 hectáreas sobre el Rio Paranacito y con una altura adecuada por sobre las cotas máximas de crecidas para ubicar allí la dispersa población de Villa Paranacito, Cabecera del Nuevo Departamento Islas.

Igualmente se elevara el trazado del camino que une Ceibas con esta población, y se estudiara la viabilidad del proyecto del Agrimensor Roque Bértore, para levantar las barrancas y los albardones desde la boca del Río Gualeguay hasta la zona de Brazo Largo, lo que permitirá recuperar una superficie de aproximadamente 350.000 hectáreas, ahora inundables y de excelente ubicación.

Los servicios de agua corriente y cloaca se mantendrán en la esfera municipal y será necesario que las autoridades comunales tomen serias medidas para obtener el pago de las tasas atrasadas, ya que como en el servicio eléctrico, debe cesar la provisión de agua para quienes no abonan adecuadamente.

La Provincia reformara su propio sistema para proveer de apoyo técnico y eventualmente financiero a los municipios.

Inmediatamente, debemos concurrir en apoyo de los actuales sistemas, por la situación precaria en que se encuentran, corriéndose el riesgo que la mayor parte de las localidades de la Provincia, se vean privadas total o parcialmente de la provisión de agua el próximo verano.

En el área social, dependiente del Ministerio de Acción Social, al incorporar a la Subsecretaria de Medio Ambiente, tendemos a ordenar técnica y científicamente la ocupación y explotación territorial en todos sus aspectos, inaugurando un nuevo periodo que permitirá una adecuada atención de los requerimientos ecológicos.

El reordenamiento en materia de la atención de la salud permitirá una más adecuada utilización de los recursos provinciales y de los programas con participación nacional. En la primera etapa los esfuerzos deberán tender a obtener el funcionamiento pleno del actual sistema, para luego realizar el cambio que en profundidad requiera nuestra organización asistencial, con la complementación y ampliación de la medicina preventiva.

Es muy serio el deterioro de este sector y ello requerirá una minuciosa labor que debe abarcar también las leyes que rigen la actividad sanitaria y la profesional. La actividad bromatológica requiere un completo reordenamiento, inclusive en los aspectos materiales, y que determinan con precisión la competencia provincial frente al Código Alimentario Nacional, y a la Ley Bromatológica Nacional.

Coadyuvando con la salud pública y como un medio de atender los requerimientos financieros de este sector, dentro del amplio campo de la seguridad social se ha ampliado la Subsecretaria de Acción Social también como de Seguridad Social, y a la Dirección de Seguridad Social se le dará una dimensión totalmente diferente a la actual. En esta área trataremos de coordinar todos los esfuerzos que realizan las instituciones creadas y las a crearse de modo que sobre la base de lo que dispone la Constitución de Entre Ríos a partir del Artículo 35º y la Constitución Federal en el Artículo 14º bis en un futuro no lejano tenga la Provincia un completo sistema de seguridad social.

Elevaremos oportunamente el proyecto de Ley de Reordenamiento de la Caja de Jubilaciones en cuanto a su estructura orgánica y un sistema único de prestaciones previsionales que elimine las actuales diferencias, disponiéndose una completa auditoría contable sobre las actividades realizadas.

Asimismo esperamos poder elevar a la brevedad los proyectos de Ley de creación de las entidades profesionales universitarias y de sus respectivas cajas previsionales y asistenciales. Es nuestro propósito completar el sistema con la creación de una Caja para Trabajadores Autónomos con su correspondiente sistema de prestaciones asistenciales completas.

Reestructurado el I.O.S.P.E.R., cuya crisis es sumamente grave, esperamos mantener la universalidad de sus servicios y absorber mediante convenios la administración de otras entidades entre las que sobresale el P.A.M.I. Es uno de los mayores desafíos el reordenamiento de esta entidad y la creación y determinación de los controles adecuado para que se pueda precisar el contenido y alcance de todas sus prestaciones.

Cumplidas estas etapas la coordinación programada permitirá la prestación común para ciertos beneficios, como los seguros de fallecimiento, sepelio, los subsidios por casamiento, nacimiento, adopción, mejorando sus montos y la forma y modo de las prestaciones las que seguirán realizándose por cada entidad, dentro de un sistema de normas y financiamiento comunes.

La reestructuración del CONSEJO DEL MENOR posibilitara una mejora en la atención de ese sensible grupo de nuestra sociedad, debiendo proyectarse nuevas formas de atención que superen los inconvenientes propios de los establecimientos actuales tratando de otorgarle a cada niño una atención individualizada y con las mejores características familiares posibles.

En forma similar debemos encarar la atención de las personas de la tercera edad, debiendo combinarse la atención de su salud con lo puramente asistencial.

La atención de las emergencias sociales y de la comunidad en su conjunto deben regularse de modo que atiendan los requerimientos sociales que carecen de suficiente cobertura.

El INSTITUTO DE LA VIVIENDA será redimensionado para dedicarlo exclusivamente a la construcción de viviendas, separando de su actual estructura todo lo que esté fuera de ese rol.

Deberá coordinar la realización de viviendas por parte de los municipios, debiendo tener en cuenta en su labor en todos sus casos las disposiciones municipales, construyendo las viviendas en lugares que no solo tenga resuelto el problema de la titularidad del dominio, sino que gocen de todos los servicios urbanos, evitando los absurdos barrios periféricos de nuestras localidades, llenos de baldíos en las zonas céntricas que gozan precisamente de los mencionados servicios, lo que hace pensar que no siempre son los intereses públicos los que se tienen en cuanta cuando se compran estos terrenos excéntricos.

Incorporaremos todo lo relativo a la atención de la rehabilitación en la forma más completa posible a cuyo objeto se crearán servicios especiales, habiéndose dispuesto que la estructura abandonada insólitamente y parcialmente destruida del Hospital Pasteur de Paraná y el edificio del antiguo Hospital de Llanura en Villaguay sean destinados con preferencia para estos servicios. La atención de la salud deberá combinarse con la rehabilitación personal, social y educativa de un sector de la sociedad que no ha obtenido hasta ahora una atención integral. Se deberán dictar normas especiales que contemplen la actividad de los discapacitados.

Pensando en el futuro y en la necesidad de abrir nuevos canales a la vida de nuestra Provincia elevaremos oportunamente los proyectos de leyes que contemplen por una parte la creación de un Centro de Promoción de Relaciones Internacionales que tendrá a su cargo obtener, ordenar, recopilar y ofrecer toda la literatura e información de las entidades internacionales, particularmente la ONU y la OEA, estableciendo relaciones con los centros culturales particularmente de los países latinoamericanos.

Propondremos la creación de un Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Provincia donde nuestros investigadores en relación con institutos similares y las universidades puedan estudiar las características y posibilidades de nuestra vida. En el mismo sentido están avanzados los estudios para la creación de una Escuela de Administración que mejore el nivel técnico de nuestros funcionarios y empleados, extensible en el futuro a otras área s administrativas, y a la vez, que mejore la calidad de las prestaciones administrativas.

También en función de futuro y sobre la base del cumplimiento de las finalidades propuestas, para coronar los esfuerzos en todas las áreas económicas y políticas mencionadas propondremos oportunamente la creación de un ente no estatal para que la provincia de Entre Ríos sola o con sus hermanas litoraleñas, en la presencia activa del gobierno, del Banco de Entre Ros y del Instituto del Seguro y con la conducción de sus productores y empresarios, saque por nuestros puertos los productos que exportaremos y aquellos otros que debemos introducir para nuestra Provincia. Lograr esta finalidad, erizada de dificultades por los enormes intereses que se oponen a ella significara haber quebrado definitivamente a los grupos de intermediarios asentados en el Puerto de Buenos Aires que a través del comercio exterior sirven para subordinar la economía y la política del país a los intereses de entidades transnacionales que dominando el mundo no permiten nuestro propio desenvolvimiento.

Ellos sirven a los poderosos de la tierra y no a nuestro país y nosotros queremos servir al país, para hacer poderoso a nuestro pueblo.

Finalmente debo destacar que hemos de seguir estrictamente las normas de austeridad republicana propia de los gobiernos radicales. Somos ciudadanos comunes y seguiremos siéndolo salvo en aquellos casos en que la función nos imponga una conducta distinta. Gobernaremos para todos con las puertas de la Casa de Gobierno y de los Despachos abiertas, sin lujos y sin derroches.

Y si hemos de ordenar todos los gastos de la Administración, comenzara el propio Gobernador por clausurar la quinta ubicada en La Picada, en predios de la fundación Berduc, que será repuesta en la integridad de sus fines. Estamos para servir a la comunidad y no para servirnos de ella.

Sentimos la enorme responsabilidad que pesa sobre nosotros ante la necesidad y las expectativas del cambio profundo requerido.

Aceptamos el reto y confiamos en que como hasta hoy el pueblo nos acompañe en esta difícil tarea y que pondremos a Entre Ríos de pie en la integridad de sus fuerzas y aspiraciones, para que vuelva a ser la tierra de promisión que quisieron y soñaron nuestros mayores y el hogar fecundo para nosotros y para los que vengan después de nosotros.

Nada más.

El Dr. Carlos Contin ex Gobernador de la Provincia de Entre Ríos (1963-1966), Martinez Garbino, Humberto Rubio, Popo, de vigotes, M. Ascua, y el pelado que se da vuelta Domiciano Fleita yendo a la asuncion del Gobernador electo Sergio Montiel de la provincia de Entre Rios, 10/12/1983.

Fuente: Mensaje del gobernador electo Dr. Sergio Montiel a la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, H. Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos, 10/12/1983. En Homenaje a Sergio A. Montiel: Vida y obra, Comisión Homenaje a Sergio A. Montiel, 2016.