Ya Alberdi, en sus "Bases y puntos de partida para la
organización política de la República Argentina", decía:
"La propiedad, la
vida, el honor, son bienes nominales cuando la justicia es mala. La ley, la
Constitución, el gobierno, son palabras vacías si no se reducen a hechos por
las manos del juez, que, en último resultado, es quien los hace ser realidad o
mentira".
En su anteproyecto constitucional, disponía que los jueces
sólo podrían ser destituidos por sentencia (artículo 94). Para el caso de la
Corte, que ahora es objeto de controversia, no hace falta reformar la
Constitución para remover a uno o a varios de sus integrantes, ni para asegurar
la mejor transparencia en futuros nombramientos.
Sostenía también Alberdi:
"Las leyes
determinan el modo de hacer efectiva esta responsabilidad, el número y calidad
de los miembros de los tribunales federales, el valor de sus sueldos, el lugar
de su establecimiento, la extensión de sus atribuciones y la manera de proceder
en sus juicios" (artículo 96).
La única manera de remover a un juez es, por lo tanto,
mediante el juicio político instituido por ley, que no admite globalizaciones
ni presiones mediáticas que vulneran la institución, en este caso la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, y sí el enjuiciamiento individual.
Deseamos señalar, como precedentes de la actuación del Poder
Ejecutivo con relación a la Corte Suprema, que Hipólito Yrigoyen en su primera
defensa personal ante la Corte decía:
"Es un principio
consagrado en las constituciones de todos los Estados, casi se puede decir, que
hemos admitido como regla fundamental de gobierno que los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial deberán estar separados y ser ejercidos independientemente
uno del otro"; en el caso de que
los poderes deban ser juzgados, el Congreso es el exclusivo y único juez
establecido por nuestra Constitución.
Y añadía, recordando a Story:
"Las cualidades
más importantes que se deben buscar en la formación del tribunal para el juicio
político son la imparcialidad, la integridad, el saber y la
independencia".
Por otra parte, al asumir el presidente Arturo Illia, cuando
miembros del más alto tribunal ofrecieron sus renuncias, les fueron rechazadas:
"No quiero una Corte amiga, sino un tribunal independiente". Sólo por
vacante posterior se integró el cuerpo con el doctor Alfredo Orgaz, profesor
universitario, jurista de renombre y de gran estatura moral.
En el gobierno de Raúl Alfonsín, le sugerí el nombre del
doctor José Severo Caballero, igualmente figura prestigiosa del foro cordobés,
penalista, académico, publicista y ex miembro del Superior Tribunal de esta
provincia. Alfonsín, casi sin conocerlo, lo saludó por mi intermedio en una
velada del Teatro Colón, después de haber enviado al Senado el pliego
correspondiente. Jamás formulamos ante el juez nombrado sugerencia alguna
durante los años en que se desempeñó como presidente de la Corte.
Análogamente, la Corte de la provincia de Buenos Aires fue
integrada con Antonino Vivanco, profesor universitario, ex ministro de
Educación de Santa Fe y escritor. Como el doctor Vivanco era colega en la misma
cátedra -él en La Plata y yo en Córdoba- me permití dar su nombre al gobernador
Alejandro Armendáriz, quien, después de una sola entrevista personal, promovió
su designación.
Hay, pues, antecedentes dignos de tener en cuenta para el
presente y hacia el futuro. Posibilidades de adoptar, mediante la iniciativa
del Poder Ejecutivo o del Legislativo, precisiones para garantizar de modo
mejor la selección de los magistrados.
Concluyo con otra cita de Alberdi:
"La
administración de la justicia debe ser siempre el objetivo primario de un
gobierno sabio".
Fuente: "Mejores jueces" por el ex Vicepresidente de la Nación, Dr. Victor Hipólito Martínez, para el Diario La Nación del 26 de junio de 2003.
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