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viernes, 17 de mayo de 2019

Victor Martínez: "Mejores jueces" (26 de junio de 2003)

En un sistema republicano es esencial la división de poderes, como también lo es la independencia del Poder Judicial, que tiene como pilar la forma de designación, estabilidad y remoción de los jueces.

Ya Alberdi, en sus "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina", decía:

"La propiedad, la vida, el honor, son bienes nominales cuando la justicia es mala. La ley, la Constitución, el gobierno, son palabras vacías si no se reducen a hechos por las manos del juez, que, en último resultado, es quien los hace ser realidad o mentira".

En su anteproyecto constitucional, disponía que los jueces sólo podrían ser destituidos por sentencia (artículo 94). Para el caso de la Corte, que ahora es objeto de controversia, no hace falta reformar la Constitución para remover a uno o a varios de sus integrantes, ni para asegurar la mejor transparencia en futuros nombramientos.

Sostenía también Alberdi:

"Las leyes determinan el modo de hacer efectiva esta responsabilidad, el número y calidad de los miembros de los tribunales federales, el valor de sus sueldos, el lugar de su establecimiento, la extensión de sus atribuciones y la manera de proceder en sus juicios" (artículo 96).

La única manera de remover a un juez es, por lo tanto, mediante el juicio político instituido por ley, que no admite globalizaciones ni presiones mediáticas que vulneran la institución, en este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y sí el enjuiciamiento individual.

Deseamos señalar, como precedentes de la actuación del Poder Ejecutivo con relación a la Corte Suprema, que Hipólito Yrigoyen en su primera defensa personal ante la Corte decía:

"Es un principio consagrado en las constituciones de todos los Estados, casi se puede decir, que hemos admitido como regla fundamental de gobierno que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial deberán estar separados y ser ejercidos independientemente uno del otro"; en el caso de que los poderes deban ser juzgados, el Congreso es el exclusivo y único juez establecido por nuestra Constitución.

Y añadía, recordando a Story:

"Las cualidades más importantes que se deben buscar en la formación del tribunal para el juicio político son la imparcialidad, la integridad, el saber y la independencia".

Por otra parte, al asumir el presidente Arturo Illia, cuando miembros del más alto tribunal ofrecieron sus renuncias, les fueron rechazadas: "No quiero una Corte amiga, sino un tribunal independiente". Sólo por vacante posterior se integró el cuerpo con el doctor Alfredo Orgaz, profesor universitario, jurista de renombre y de gran estatura moral.

En el gobierno de Raúl Alfonsín, le sugerí el nombre del doctor José Severo Caballero, igualmente figura prestigiosa del foro cordobés, penalista, académico, publicista y ex miembro del Superior Tribunal de esta provincia. Alfonsín, casi sin conocerlo, lo saludó por mi intermedio en una velada del Teatro Colón, después de haber enviado al Senado el pliego correspondiente. Jamás formulamos ante el juez nombrado sugerencia alguna durante los años en que se desempeñó como presidente de la Corte.

Análogamente, la Corte de la provincia de Buenos Aires fue integrada con Antonino Vivanco, profesor universitario, ex ministro de Educación de Santa Fe y escritor. Como el doctor Vivanco era colega en la misma cátedra -él en La Plata y yo en Córdoba- me permití dar su nombre al gobernador Alejandro Armendáriz, quien, después de una sola entrevista personal, promovió su designación.

Hay, pues, antecedentes dignos de tener en cuenta para el presente y hacia el futuro. Posibilidades de adoptar, mediante la iniciativa del Poder Ejecutivo o del Legislativo, precisiones para garantizar de modo mejor la selección de los magistrados.

Concluyo con otra cita de Alberdi:

"La administración de la justicia debe ser siempre el objetivo primario de un gobierno sabio".









Fuente: "Mejores jueces" por el ex Vicepresidente de la Nación, Dr. Victor Hipólito Martínez, para el Diario La Nación del 26 de junio de 2003.


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