Enrique Gorriarán Merlo: "Alegato en el Juicio de la Tablada" (2 de julio de 1997)

EL SECUESTRO

Señor presidente, necesariamente debo comenzar por explicar las condiciones en que llego a esta instancia.

Fui detenido en la carretera que une las ciudades de Tepotztlan y Cuautla, ambas pertenecientes al Estado de Morelos en los Estados Unidos Mexicanos.

Aproximadamente a las 9 de la mañana del 28 de octubre de 1995, había partido, junto a dos personas, de la casa donde me hospedaba en Tepotztlan. Antes de abandonar el poblado fuimos hasta una farmacia que se encuentra frente a la plaza principal a metros de la esquina oeste de la misma. Al retomar la calle, que es la obligada para dirigirse a la autopista que conduce al Distrito Federal, pude observar a dos personas dentro de un Volkswagen que por sus fisonomías y pose me parecieron argentinos. Uno leía o simulaba que leía un periódico y otro estaba sentado a su lado. En el mismo momento les comenté eso a mis acompañantes; agregué que me parecían extraños ya que sus vestimentas y sus actitudes no eran coincidentes con las de los turistas que normalmente deambulan por el lugar. Mucho menos con las de los pobladores.

Cuando encaramos hacia la salida, al llegar a las esquina donde se debe doblar para dirigirse a la Capital mexicana o a Cuautla, según el desvío que se tome en una bifurcación que ahí existe, noté que en la parada de ómnibus, mezclado entre 7 u 8 personas, se encontraba un hombre de unos 45 a 48 años, algo robusto, de 1,70 mis. de estatura, de tez blanca y cara ovalada tirando a redonda. No dudé de su nacionalidad argentina, ni de su profesión: agente de seguridad. Se lo dije inmediatamente a quienes viajaban conmigo, al tiempo que le pedí a quien conducía que tomáramos la ruta hacia Cuautla.

A pocos minutos de haber entrado a la carretera nos encerró un auto con cuatro ocupantes. Dos de ellos, armas en mano, nos hacían señales para que nos detuviéramos. Quien manejaba la camioneta en que iba, pensó que se trataba de asaltantes a pesar de que estábamos advertidos de la posibilidad de un operativo para capturarnos, e intentó esquivar a nuestros perseguidores. Esto provocó que fuéramos a parar a la banquina contraria y que casi nos atropellara un ómnibus que, casualmente venia en sentido contrario. En ese pequeño tramo, al darme vuelta para mirar los alrededores, vi a otros dos vehículos con varias personas en su interior que comenzaban a bajarse y desplegarse con profesionalismo militar. Esto es, rodeándonos de tal forma que no se produjera un cruce de fuego entre ellos en caso de un eventual enfrentamiento. Al comprobar ese movimiento pedí al conductor que se detuviera, cosa que hizo.

Sin mediar palabra, los atacantes comenzaron a disparar lo que provocó que instintivamente nos agacháramos y que los vidrios rotos de la camioneta fueran cayendo sobre nuestras cabezas. Al momento, calculando que los tiros podían ser producto de la tensión de algunos de los agresores o con el fin de adelantarse a una probable reacción armada de nuestra parte, saqué las dos manos por la ventanilla lo que motivó que cesaran los balazos.

Ahí nos hicieron descender. A mí me colocaron con el torso sobre el capot de nuestro vehículo y uno de ellos, tomándome de la nuca, me hizo girar la cabeza de forma tal que quedara mirando hacia él. Cuando esto sucedió, el hombre realizó un gesto afirmativo al resto de los captores.

Le persona a la que quedé mirando era la misma que había visto em la parada de ómnibus, en Tepotztlan, minutos antes.

Se preguntarán cómo pude sospechar la nacionalidad y las intenciones luego comprobadas de mis captores. Les explico: La nacionalidad es algo detectable por cualquier argentino que viaja al exterior. La condición de agente de seguridad me la hizo detectar naturalmente, sin proponérmelo, una percepción, un sexto sentido que mis 25 años de perseguido me ayudaron a desarrollar.

Pero continúo. Nos subieron a los tres apresados al mismo móvil, pero en seguida trasladaron a Miriam, una de mis acompañantes, a otro. Luego de aproximadamente una hora de viaje llegamos al Cuartel de Migraciones de la ciudad de México. En una especie de mesa de entrada me pidieron que entregara las cosas que llevaba encima. Y ahí se dio un hecho insólito, que me confirmó, por lo inusual, la seriedad que sospechaba del operativo en cuestión. El oficial a cargo de requisarme, de manera muy atenta, me dijo: “por favor señor, el dinero quédeselo usted”. Y me lo devolvió!!!. Sin duda era una atención muy particular… Creo que ni el más sagaz, ni el más meticuloso de los investigadores, podrá encontrar un antecedente de semejante honestidad en el historial de la policía mexicana de las últimas décadas.

Nos colocaron en tres celdas separadas. Y a eso de las cuatro de la tarde llegaron a buscarme para un primer interrogatorio. Aunque lo sabía, pregunté a qué se debía nuestra detención. La respuesta fue: “no se preocupe señor es un control de documentos”… “Usted sabe que mucha gente entra para trabajar acá o pasar a EE.UU. “. “Me resulta extraño” le dije, “muchas veces me han pedido documentos, acá y en otras partes, pero nunca me habían parado a balazos para una cosa así”. “Esos son los de la Procuraduría General de la República (PGR).”, me contestó la señora que me indagaba, como quejándose de ellos. Como para distender, le dije: “quizás deberían controlar un poco a la tropa, parece algo nerviosa”… Después de una sonrisa, la señora, que lógicamente no me respondió, comenzó las preguntas de rigor: nombre, apellido, dirección, ocupación, etc., a las que contesté dando los datos de mi pasaporte a nombre de Juan Alberto Rodríguez Marenco.

Esta situación, en la que todos sabíamos que estábamos mintiendo, se repitió dos veces más el día 28 de octubre, a las seis de la tarde y a eso de las 20 0 21 horas. La única diferencia fue que los nuevos interrogatorios fueron filmados del principio al fin.

Cuando salía del tercer cuestionario hacia mi celda, en un patio que necesariamente debía atravesar, me encontré de frente con cuatro personas entre las que estaba el argentino que me había detenido junto a tres connacionales. Al verme se dieron vuelta y comenzaron a caminar en la misma dirección en que lo hacía yo, dándome sus espaldas, hasta que desvié mi ruta para seguir camino a mi calabozo.

Los cuatro, como después pude confirmar, eran argentinos y pertenecían al SIDE.

Entre las dos y tres de la madrugada del domingo 29 volvieron a buscarme para otra declaración. Al quedar ante los investigadores, eran tres contando al escribiente más dos testigos pertenecientes a Migraciones, les dije que si no me explicaban a qué se debía mi estadía ahí no respondía más nada. Al insistir ellos con el argumento anterior, les reiteré que hicieran lo que quisieran pero que no hablaba más. Fue entonces cuando el que hacía las veces de escribiente me dijo: ‘lo que pasa que hay una irregularidad en su pasaporte”. “Cuál es?”, le pregunté. Bueno, me dice dudando, “es falso”. Entonces le pregunté ¿y cómo me llamo?. Ahí me dijo: “usted es Enrique Gorriarán”.

Recién entonces reconocí mi identidad, di una explicación de las razones de mi ida a México y pedí asilo. Cuando me apresaron me dirigía al Distrito Federal, precisamente para reunirme con dos diputados mexicanos a fin de consultarlos sobre esta última probabilidad.

Este, el asilo político, era uno de los motivos por los que había viajado, además del de solicitar a partidos y organizaciones sociales y de Derechos Humanos de México, un incentivo a la solidaridad con miras a obtener la libertad de mis compañeros presos en Caseros y Ezeiza.

Todo lo había conversado antes con las personas a las que vi, quienes estaban en pleno conocimiento de mis intenciones. El pedido de asilo lo había pensado a partir de que consideraba que el hecho de que estuviese en un lugar públicamente conocido, en vez de oculto, facilitaría la libertad de los compañeros y desalentaría probables campañas a las que los años me han acostumbrado.

Después de declarar y al leer lo que me entregó el escribiente mexicano, le pedí hacer una corrección antes de firmar. Este, sentado frente a mí, levantó la vista mirando a alguien que estaba a mis espaldas, y yo me di vuelta pudiendo observar a un hombre alto, de unos 35 años, tez blanca y argentino, como más adelante comprobé. Fue quien, sin hablar, con un movimiento de cabeza, autorizó el cambio en el escrito.

Hecha la rectificación y firmada la declaración en la que, por otra parte, reivindicaba la tradición mexicana en cuanto a la protección a perseguidos políticos, recibí como respuesta que el lunes 30, era la madrugada del domingo 29, se iniciarían los trámites que, sin duda, “serían positivos”.

Una farsa; dos horas después me llevaron al aeropuerto Benito Juárez, me subieron al avión Cessna matrícula Argentina LV-WHY, donde me dieron a firmar una comunicación en la que se me hacía saber que era expulsado de México. Al preguntar ¿y ahora qué? Recibí como respuesta “queda a disposición de los señores”. Y emprendimos viaje hacia Buenos Aires.

Los señores eran dos mexicanos, uno de ellos el Comisario Inspector de la PGR de nombre Víctor Modesto Hernández Ochoa; y seis argentinos agentes de la SIDE, tal como me lo confirmaron en la conversación que mantuvimos durante el vuelo. Entre los últimos estaba el que participó directamente en mi detención, el que autorizó el cambio realizado en mi declaración inicial y los tres que, acompañados de mi captor, vi en el patio de migraciones de México al atardecer del 28.

Me dejaron en el aeropuerto militar de “El Palomar” desde donde me trasladaron a la unidad de gendarmería en Campo de Mayo, lugar en el que permanecí ilegalmente detenido hasta el 18 de noviembre en que fui pasado a la cárcel de Villa Devoto.

LA INVESTIGACIÓN QUE NUNCA FUE

Señores jueces, no sería complicado investigar el horario en que el avión que me trajo despegó de Argentina y posó en México. El solo hecho de hacerlo ridiculizaría la versión de que fui expulsado de aquel país por el uso de documentación falsa. ¿Cómo podían saber al mediodía del 28 (hora de despegue del avión desde Argentina) que tenía pasaporte falso cuando las propias autoridades mexicanas informaron que recién lo confirmaron en la madrugada del 29?. O en el mejor de los casos, al atardecer del 28, cuando, según otra versión, el embajador argentino supuestamente me reconoció. Además, en este caso: ¿Será práctica común del mencionado embajador ir a reconocer a cada argentino que detiene inmigraciones en México los sábados por la tarde?. ¿Será hábito del gobierno argentino fletar un avión para repatriar a cada nacional que es sorprendido con documentación falsa en cualquier lugar del mundo? No señor presidente, ellos sabían de antemano de quién se trataba y qué era lo que estaban haciendo.

Por otra parte, según publicó Clarín días después, el grupo de agentes del SIDE que me secuestró fue recibido y felicitado por el Presidente Menem; y en el mismo acto fue destinado a la investigación por el atentado terrorista contra la AMIA. El 13 de abril de 1997, nuevamente el diario Clarín, en la segunda sección, página 4, expresa en artículo firmado por María Luisa Mac Kay y Jorge Greco: “Clarín pudo saber que se trató del mismo grupo que detuvo en México a Enrique Gorriarán Merlo”. En el periódico, los autores, se refieren a los agentes del SIDE que, afirman, participaron de mi captura y traslado secreto: y se refieren a un comando de esa institución que en esa oportunidad habría intervenido en un operativo en Ciudad del Este. El periodista Darío Gallo en la Revista Noticias del día 26 de abril de 1997, en la página 30, reitera la información y se refiere al comando del SIDE con la denominación de “Grupo Sala Patria”. Nuevamente Clarín, en su edición del día domingo 8 de junio de 1997, en su segunda sección, página 23 vuelve a reiterar que mi apresamiento fue consumado en territorio mexicano por agentes del SIDE argentino; y agrega que intervinieron agentes mujeres, y que entregarían más detalles después de este juicio. La periodista María Laura Avlgnolo, corresponsal de Clarín en Londres, es quién firma el artículo. Por otra parte, el periodista Miguel Bonasso, en una nota donde trata las relaciones de los regímenes de México y Argentina, en la página 56 del fascículo publicado por Página/12 con motivo de sus 10 años de existencia, sostiene que uno de los acuerdos a que llegaron Menem y Zedillo, fue precisamente el de secuestrarme y traerme ilegalmente a mi país.

¿No tiene interés la justicia argentina en saber si estamos en presencia de un secuestro producto de un acuerdo secreto e ilegal entre dos Estados? Por qué no citó a declarar a los periodistas mencionados para que rectifiquen o ratifiquen sus afirmaciones? Por qué no averiguó, sabiendo la matricula del aparato aéreo que me transportó, a qué hora del día 28 de octubre de 1995 partió de Argentina? ¿Por qué no identificó y citó al piloto y copiloto del avión que me trajo? ¿Por qué no interrogó a los pilotos para saber quién los contrató, cuándo y para qué? Si la justicia tuviera interés, es evidente que seria fácil ubicar a los miembros del SIDE que me secuestraron. Por mi lado podría identificarlos en rueda de reconocimiento sin ninguna duda.

Las circunstancias de mi detención son tan evidentes como la ley que prohíbe juzgar a un acusado después de un procedimiento irregular.

Señores, más de cien diputados y numerosas personalidades mexicanas han iniciado un juicio contra el Estado de ese país por invasión ilegal de agentes argentinos a su territorio. El tema se discutió también en la sesión del Congreso de México del día 6 de enero de 1997; donde, con la firma de numerosos diputados del propio partido gobernante, se solícita mi devolución allá y que se trate mi pedido de asilo . Por otra parte el diputado mexicano Luis Sánchez Aguilar en septiembre de 1996 estuvo en Argentina. En dicha oportunidad se entrevistó con representantes partidarios, diputados, dirigentes de organismos de derechos humanos de nuestra país y medios de prensa nacionales y extranjeros informándoles de la situación.

También diversos organismos de Derechos Humanos argentinos expresaron su desaprobación por el método empleado al secuestrarme y reclamaron al presidente Ernesto Zedillo mi devolución a México, cuando visitó nuestro país, el 13 de noviembre de 1996.

Además, dos personas que viajaban conmigo al momento de la detención y son testigos oculares de mi denuncia, fueron ofrecidas por mis abogados defensores para que den testimonio al respecto; pero este Tribunal se negó a citarlas…

La veracidad de esta denuncia sólo puede ser negada por la hipocresía política y jurídica que reina en este país, que incluso ignora olímpicamente hechos como las declaraciones del propio Presidente Menem del día 30 de octubre de 1995 que reprodujeron los medios de comunicación de Argentina y del mundo. Este, en su ridícula euforia de aquel día, expresó que en mi captura “intervinieron en territorio mexicano 60 agentes del SIDE” y agregó “que había pensado en actuar por izquierda”. El Presidente debería haber dicho directamente “actuamos por izquierda”; porque secuestrarme con la complicidad del gobierno de México, es actuar por izquierda doblemente.

Con este juicio, este Tribunal está violando la ley que debería defender. Y lo que es peor, en un país que ha sufrido en carne propia las consecuencias de la metodología de la dictadura última, está avalando una de sus expresiones más repudiadas: la coordinación represiva entre los Estados. Los gobiernos de México y Argentina concretaron un secuestro seguido por la entrega más rauda, más vertiginosa que recuerde la historia. Salvo la historia de la mencionada coordinación represiva entre los Estados, que inauguraron los dictadores latinoamericanos en los ’70, claro está. El gobierno argentino actuó para secuestrarme y traerme clandestinamente con la misma celeridad con que se negó a extraditar a los genocidas solicitados por el juez español Baltasar Garzón, acusados de crímenes de Lesa Humanidad; con la misma rapidez que mostró, para negar la extradición de Astiz a Francia por el secuestro y asesinato de dos monjas de aquella nacionalidad. El gobierno de Menem y el de Zedillo han planificado y consumado un grave delito al secuestrarme y traerme a la Argentina ilegalmente. Ambos han violado las leyes internacionales y las de las dos naciones. Es mi deber poner en conocimiento de este Tribunal que esta historia no terminará con este proceso. Los testimonios que hemos ofrecido cuando mi defensa presentó las pruebas que ustedes denegaran, serán finalmente analizados por la instancia jurídica supranacional correspondiente. Y ésta, que sin duda actuará con la ecuanimidad acá ausente, culminará causando una nueva mancha para un régimen que cada día se aleja más de las principios democráticos para realizar prácticas autoritarias. Cuando eso ocurra, este Tribual, por negligencia investigativa, será también responsable moral y jurídico por la arbitrariedad cometida.

GENDARMERÍA

Poco antes del arribo a El Palomar mis captores me informaron que iría a un establecimientos perteneciente al Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo desde el aeropuerto militar fui directamente trasladado a las dependencias de la Gendarmería Nacional, ubicadas en la puerta cuatro de Campo de Mayo.

Como este Tribunal debe conocer, dichas dependencias son exactamente las mismas que en tiempos de la última dictadura sirvieron para mantener en cautiverio clandestino a mis compañeros desaparecidos o asesinados, después de brutales torturas. Y son las mismas por las que pasaron mis compañeras embarazadas que fueran asesinadas después de parir sus hijos robados; o asesinadas durante el período de gestación cuando como declarara públicamente el ex sargento Ibáñez, los jefes militares consideraban que según las características físicas de las futuras madres, los nacidos no reunirían las condiciones buscadas por ellos: es decir no serían blancos. El mismo Ibáñez acaba de afirmar que las tumbas de Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga asesinados el 19 de julio de 1976 se encuentran en Campo de Mayo; y dice haber visto a mis hermanos Domingo Mena y Liliana Delfino secuestrados el mismo día junto a Ana Lanzillotto por un “grupo de tareas” del ejército.

Por supuesto que tales antecedentes no presagiaban nada bueno para mí. Y esa presunción se concretó. La tarde del 2 de noviembre uno de los oficiales de inteligencia de Gendarmería, que eran quiénes tenían a cargo mi custodia, me dijo que los Derechos Humanos eran pura política y que los hijos de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, vivían tranquilamente en Europa. Le respondí que esa era una barbaridad difamatoria creada por ellos y que no creía que lo pensara seriamente. Por la noche, otro de los oficiales me comentó que los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA habían sido realizados por los propios judíos. Le respondí que si realmente estaba preocupado por detectar la autoría de ambos actos terroristas, en mi opinión debería empezar por investigar dentro del perímetro del lugar donde estábamos, es decir en Campo de Mayo.

El día siguiente, 3 de diciembre, todo transcurrió normalmente hasta alrededor de la medianoche. A esa hora, estando ya dormido, sentí un ruido, pero antes de que alcanzara a reaccionar me encontré encapuchado y esposado atrás. En calzoncillos y descalzo fui inmediatamente sacado del lugar y metido en una camioneta. Luego cambiado a otra que, por los movimientos, parecía un trailer o casa rodante donde me sentaron en el suelo. A esa altura, como es de suponer, yo iba pensando qué era lo que sucedería. Era la primera vez, y fue la única, que me sacaron de la celda sin el chaleco antibalas. Este había pasado a ser parte infaltable de mi vestimenta para cualquier movimiento, incluso para las diarias visitas al hospital de la unidad militar que no quedaba a más de 200 metros de mi alojamiento. Por lo cual, su falta indicaba todo un cambio de la rutina. Después de reflexionar durante el trayecto y cuando éste llevaba una media hora llegué a la conclusión de que de las dos opciones probables -ser torturado o ser asesinado- la segunda era la que se ejecutaría. Pensé que al estar ya legalmente reconocido, el torturarme sería contraproducente para ellos ya que se sabría y evidenciaría en seguida. En cambio podían asesinarme y justificar argumentando que había pretendido fugarme, lo que fue una práctica habitual en épocas recientes y la cual, los jefes más antiguos de mis guardianes conocían muy bien a través del mejor de los métodos de aprendizaje: la experiencia propia.

Ante esa convicción les dije a quiénes me llevaban algo así como “si me van a matar háganlo ya”. Mi propósito era ver qué me respondían y en base a ello tratar de comprobar si estaba en lo cierto y sacarme la lógica curiosidad sobre un probable futuro inmediato que implicaría nada menos que la muerte. Al no obtener ninguna respuesta seguí camino con la seguridad de que me encontraba viviendo los últimos instantes; y pensando que me iría con la inmerecida ventaja respecto a mis compañeros que hicieron recorridos similares antes de ser fusilados. Ellos habían sufrido previamente, en el mismo lugar y durante meses, las vejaciones más horribles.

Mientras esas cosas pasaban por mi cabeza, nos detuvimos, me bajaron del vehículo en que veníamos y me colocaron en otro de parecidas características. Ahí me esposaron a los barrotes laterales de una cama de hierro, boca arriba, y me dejaron, aparentemente solo en medio de un silencio casi absoluto. En esa situación permanecí la noche entera hasta que alrededor de las siete de la mañana volvieron a esposarme con las manos atrás y me devolvieron a la celda habitual. Unos minutos después arribó el oficial que me había expresado que los atentados contra la Embajada y la AMIA habían sido ejecutados por los propios judíos. Le pregunté por qué me habían encapuchado y sacado de ahí y me dijo: “no sé nada, voy a averiguar”. No regresó.

Después mis abogados defensores hicieron la denuncia del hecho ante la jueza de Morón Morris Dooglatz, pero la doctora ni siquiera se dignó a hablar conmigo para interiorizarse del suceso. Por eso no pude hacer la denuncia sobre los antecedentes de éste en aquel momento. Sé, por los propios gendarmes, que se mostraron preocupados por la denuncia, que sí les tomó declaración a algunos de ellos. Pero la jueza llegó a la conclusión de que el hecho sólo fue una medida de precaución ante la eventualidad de que yo pudiera ser asesinado o rescatado.

Estas dos alternativas me las expresaron mis guardianes diez días después de lo ocurrido. Pero cualquiera que conozca el lugar y tenga conocimiento de la custodia con que contaba, se daría cuenta que ambas variantes eran imposibles sin la colaboración de los propios gendarmes. Es más, me dijeron “hay gente acá que te quiere matar y otros que te quieren rescatar”, les respondí medio en broma y bastante en serio “entonces estoy jodido porque en cualquier momento quedo entre dos fuegos”, y agregué que de ser así era falso el argumento de que “estaba ahí por mi seguridad”. No me dijeron nada y los días transcurrieron hasta que el 18 de noviembre me pasaron a la cárcel de Villa Devoto.

Señores jueces, teniendo en cuenta los antecedentes de gendarmería en cuanto a flagrantes violaciones a los Derechos Humanos y la permanencia entre su personal de ejecutores de dichas atrocidades, la connotación ideológica que revelan los dichos de los dos oficiales respecto a los hijos de Hebe de Bonafini y los atentados a la Embajada y la AMIA; considerando la forma en que actuaron la medianoche del 3 de noviembre, Única vez, repito, en que no me pusieron el chaleco antibala; y la falaz explicación del oficial que justificó el acto diciéndome que esa noche habían habido cinco llamados a la guardia que anunciaban que me matarían y tres que avisaban que me rescatarían, no puedo menos que sospechar fundadamente otra cosa: la noche del 3 de noviembre alguien con poder de decisión decidió asesinarme y después no se animó o alguien lo detuvo. Pienso que se debería investigar quién estaba de oficial de servicio ese noche, quiénes estaban en ese momento, cuáles fueron los móviles reales de la acción, etc, De mi parte puedo reconocer a dos de los que me encapucharon y alcancé a ver a los dos oficiales que me dijeron sobre los hijos de Hébe y los atentados; y el oficial que me explicó lo de las llamadas anunciando mi rescate o mi asesinato. Será posible que alguien que pretenda entrar a la puerta cuatro de Campo de Mayo para una cosa semejante lo anuncie por teléfono? Por lo menos hay que convenir que un argumento tan débil no se puede tomar en serio, como lo hizo expeditivamente la jueza Morris Dooglatz.

Si bien es cierto que el personal que trató conmigo, por sus edades, ingresó al servicio activo después del ’83 o en los últimos tiempos de la dictadura: y que algunos de ellos expresaban una postura acorde al sistema democrático, no es menos cierto que otros reflejaban admiración por los genocidas de la dictadura y animadversión hacia el general Balza por sus declaraciones antigolpistas de abril del 95. Entre otras evidencias el vínculo entre el pasado y el presente de la gendarmería se manifestó sin margen alguno de duda, en la reciente represión en Cutral-Có. En ella las tropas de gendarmería estuvieron encabezadas por el Comandante Mayor Eduardo Jorge quien, tal como se puede comprobar en la investigación hecha par la CONADEP, es el mismo que participara como jefe de uno de los campos de concentración que operaban en Tucumán cuando, junto al general Bussi, arrasaban vidas en aquella provincia.

Como una burla a lo que se escucha en los homenajes a los mártires de las causas justas y a la democracia, en la gendarmería, el horror de su pasado grita presente !!.

LA CAMPAÑA DIFAMATORIA

Señores jueces, el tercer aspecto que quiero marcar, antes de entrar de lleno en la respuesta a la acusación de la fiscalía, es que llego a este momento precedido de una campaña plagada de falacias; que me ofende moralmente y pretende desacreditar mi integridad.

El propio presidente de la República, abusando de su cargo ha participado de ésta.

El 24-11-92 el diario Página/12 en su página 5 transcribe la siguiente declaración del Presidente acusándome de aquellos extraños atentados a cajeros automáticos, ligándome a la sospechosa ORP; y, ya que estaba, aprovechando para insinuar alguna relación mía con el siniestro atentado a la embajada de Israel: “Los explosivos que se secuestraron tse refiere a los cajeros) tienen gran similitud con los que se pusieron en la embajada de Israel” … “lo veo muy metido en este atentado a Enrique Gorriarán Merlo”. También me acusó de incitar a la violencia a los jóvenes que se movilizaron en 1994 por una enseñanza para todos: y lo que es peor en el mismo acto amenazó a los protagonistas del reclamo con que tuvieran cuidado “no sea cosa que tengamos más madres dando vueltas a la Plaza de Mayo”. El mismo presidente me ha responsabilizado de cuanta explosión hiciera saltar por el aire alguna cosa de este país.

Yo no sé quién le informa al Presidente.

Por otra parte muchos medios de prensa se han hecho eco de versiones que me sindican falsamente en actos de violencia acá y allá. En 1993, medios televisivos, radiales y escritos, transmitieron un extenso informe que me acusaba de ser promotor y partícipe de nada menos que doce secuestros extorsivos en América Latina. Al terminar el relato, quiénes transmitieron la noticia, daban como fuente de la información “un agente de inteligencia de Brasil”, Es decir alguien sin nombre ni apellido. Lógicamente no responsabilizo de una noticia tan poco seria y nefasta a los locutores. Me imagino que ellos deben hacer trascender informes que les pasa la dirección del canal, quién a la vez los recibe de alguna fuente oficial; y que es probable que le crean. Con ese motivo, desde la prisión le envié cartas a algunos de los periodistas que se hicieron eco de la versión, donde les solicitaba hablar, para explicarles que esa y otras cosas que se han publicado, son absolutamente falsas. Pero, en este caso, nadie vino a verme.

Con similar intención le escribí al señor Alejandro Romay quién envió a visitarme al periodista Raúl Kolman. No obstante el canal 9, pienso que por error y sin intención oculta, cuando anunció en el mes de marzo que sería juzgado por “apología del crimen”, cosa que aún estoy esperando y deseando que suceda, dijo que el juicio se debía a mis expresiones “antisemitas”. Y el propio Kolman, en un artículo de Página/12 del mes de mayo, realizado en base a una entrevista con el ex agente de Inteligencia y ex presidiario Aguilar Rissi, transcribe la insólita versión de que tuve conversaciones nada menos que con el fundamentalista acusado por la voladura de las torres gemelas en Nueva York. En esa oportunidad, con todo derecho y haciendo uso de la libertad de expresión, el matutino Página/12 publicó el artículo de Kolman: y en nombre de idéntica libertad de expresión no publicó la respuesta que enviara mi defensora Martha Fernández.

El 19 de este mes, el día en que comenzó este juicio, el noticiero que dirige Santo Biassatti sacó al aire un informe del periodista Sergio no sé cuánto, donde me endilga haber intervenido en varias acciones militares en los ’70 en las que realmente no estuve.

Es más, en dos de las que me adjudica, yo estaba preso en la cárcel de Rawson. Las acciones fueron sí realizadas por el ERP y yo como cualquier otro integrante de la organización podría haber participado de ellas, pero no es el caso.

Sin duda el propósito de esas difusiones es la de presentarme como un fanático del accionar militar. Y el armado se hace en algún gabinete de inteligencia, irrespetando el sentido común de la gente. Hasta por razones de tiempo no podría haber participado de todo lo que se me adjudica. Además durante mi militancia en el PRT-ERP no fue la actividad militar la principal que desarrollé ni a la que más tiempo estuve abocado.

También, a los fines de ubicarme como una persona utraconspirativa, difunden que fui jefe de inteligencia y contrainteligencia del ERP cosa que es absolutamente falsa. Claro que teníamos inteligencia y contrainteligencia y que si me hubiera tocado desarrollar una o las dos actividades lo habría hecho. Pero, sencillamente, eso no sucedió.

Independientemente de dichas inexactitudes que me afectan debo reconocer que la prensa es hoy uno de los bastiones más decididos y eficaces en defensa de la democracia. Y que eso es mucho más importante que las inexactitudes respecto a mi persona. A éstas, seguramente podré irlas aclarando a medida que pueda ir conversando personalmente con periodistas que en su mayoría, estoy seguro, son honestos.

Señores jueces no sigo ejemplificando los numerosos casos de difamación que me involucran a fin de no alargar este alegato más de lo necesario. He participado de la guerrilla en los años ’70, en la lucha armada contra el somocismo en Nicaragua y en el hecho que motiva este juicio. Todos, repito, todos, los actos violentos que se me atribuyen fuera de esos contextos históricos, e incluso muchos de los que se me endilgan dentro de los mismos, son falsos; y es ésa la razón por la que no existe ni existirá ninguna causa jurídica. Salvo, claro está, que se invente alguna, como suele ocurrir en este país. La única finalidad que tienen esas difamaciones es la de crear la imagen de un hereje, para así desvirtuar el real motivo por el que existió una guerrilla antes y porqué hoy estoy acá.

Pero no sólo de adicción a la violencia se compone la calumnia contra mi persona.

Creo que el avión que me trajo después del secuestro no había aterrizado en El Palomar cuando algún perspicaz comenzó a circular la idea de que me había entregado a partir de una negociación con el Gobierno. Antes de que me capturaran los mismos decían que no caía porque era agente de alguien. De alguien no revolucionario por supuesto. Después decían: “Cómo puede ser que haya caído?!!; seguro que se entregó”. Y a veces les comento a mis compañeros que cuando alguien dentro de diez años pregunte “¿Gorriarán sigue preso?”. Le responderán: “Cómo no sabías? es miembro del Servicio Penitenciario”.

También parte de la justicia es artífice de esta campaña. Si no fuera así no se explica cómo puede ser que sea yo el único argentino procesado por hechos ocurridos en los años ’70. No existe ningún militar ni civil en esa situación. ¿O es que alguien piensa que soy el responsable de los golpes del ’66 y el ’76 o de las AAA?. Si fuera un desaparecedor de personas o un torturador o un asesino de prisioneros indefensos estarla indultado y no acá. A ellos, a los responsables de esos actos, los presidentes Alfonsín y Menem, con la ayuda de la legislatura y el poder judicial, es decir la “generosa” democracia argentina, los premió con la libertad.

Lo primero que se me ocurre pensar es que esto responde a mi negativa a sumarme a la ola indecente de ex guerrilleros arrepentidos. Parece que eso tiene más peso, o causa más odio a los asesinos y sus cómplices, del que uno podría imaginarse. Creo que es así, ya que en dos de las causas en las que estoy procesado además de ésta, los fiscales después de una serie de consideraciones no muy halagüeñas sobre mí, advierten que las cosas podrían quedar sin efecto si el acusado, o sea yo, “admite ante el pueblo y sus ex compañeros” que se arrepintió. Quieren anular hasta la dignidad.

Lo segundo, de lo que estoy seguro, es que esta campaña no va en realidad contra mí, que al fin al cabo soy sólo una persona que si muero en este instante no cambia nada ni para peor ni para mejor. Lo que se intenta es mas de fondo y tan ridículo como imposible: cuestionar a una generación que enfrentó con dignidad la ignominia reinante en este país, a través de desprestigiar a uno de sus miembros; yo en este caso.

LOS SETENTA

Después de haber explicado las circunstancias en que llego a este juicio, paso ahora a referirme, concretamente, a la acusación de la fiscalía. Esta, que considero de neto corte político-ideológico, hace, a lo largo de sus 300 páginas, reiteradas menciones a los años ’70, a los que sindica, por mi participación, como uno de los antecedentes que me incriminan. A la vez, las mismas expresiones de los señores fiscales incriminan a mis compañeros de lucha de aquellos años, a quienes se refieren con adjetivos como “subversivos” o “terroristas”, que formaron parte del vocabulario adoptado por los partidarios de la “Doctrina de la Seguridad Nacional“; cuyos principios fueron el sustento ideológico de los militares y organismos de seguridad para consumar el más brutal de los crímenes contra el pueblo argentino en toda su historia.

Los señores fiscales, en una interpretación muy particular de la historia nacional de las últimas décadas, no hacen una sola mención al papel de las FF. AA. en ellas; con lo cual logran, entre comillas, hacer aparecer a la resistencia como a un grupo de violentos que un día se levantaron y empezaron, porque sí, a “cometer delitos” que, según aseguran, completaron la cantidad de 21 mil acciones armadas que incluyeron asesinatos, secuestros, robos, etc.

Debo entonces dar mi posición al respecto.

DEL 28 DE JUNIO DE 1966 AL 25 DE MAYO DE 1973

Cuando aún gobernaba el presidente Illia, Onganía ya resaltaba la teoría de las “fronteras ideológicas”, que consideraba al enemigo interno como eje de la hipótesis de conflicto de las FF.AA.. Enemigo interno era, para Onganía, todo aquel que se propusiera impulsar cambios; al que sindicaba como “comunista”.

Apenas concretado el golpe contra Illia y la democracia, aquella concepción expresada por Onganía y que no era otra que la “Doctrina de Seguridad Nacional” que asoló a América Latina toda, comenzó a aplicarse. La prohibición de los partidos políticos y las intervenciones a sindicatos y universidades fueron su acto primero. En seguida la represión a las universidades, en lo que es conocido como la noche de “los bastones largos”, y que consistió en apalear profesores y alumnos que planteaban la autonomía. Por esa reivindicación la dictadura los acusaba de querer crear “soviets” y, al igual que los señores fiscales en su acusación a la que me estoy refiriendo, de ser “subversivos”.

Esta acción de los golpistas, dio inicio a un proceso ininterrumpido hasta 1983, y aún hoy irresuelto: el éxodo de catedráticos y científicos, Y el hecho es de vital significación histórica, ya que su perduración en el tiempo se convirtió en la causa principal del progresivo retroceso de Argentina en cuanto a desarrollo cultural, científico y técnico.

En el mismo año de su instalación la dictadura cobró su primer víctima mortal. Santiago Pampillón fue asesinado a balazos mientras participaba de una marcha pacífica de protesta estudiantil en Córdoba. Le siguió Hilda Guerrero de Molina que reclamaba, también pacíficamente y entre miles de personas, contra la desocupación que generaba el cierre de ingenios en Tucumán. Entre otros, los estudiantes Juan José Cabral en Corrientes, Adolfo Bello en Rosario y el metalúrgico Norberto Blanco también en Rosario, fueron engrosando la lista de asesinados.

El gobierno militar avanzaba en su proyecto de entrega económica firmando convenios como el que obligaba, por ejemplo, a YPF, todavía en nuestras manos, a pagar compensaciones a empresas extranjeras por los contratos que había anulado Illia; con el argumento del déficit se planteó el achicamiento del Estado dejando en la calle a miles de empleados públicos; reformó la “ley de inversiones extranjeras” en favor de las multinacionales; y bajo la dirección de Krieger Vassena, ex funcionario de Aramburu y hombre de confianza del FMI, buscaba, con su apoyo, dar pasos en pro de una mayor concentración de la riqueza. Para ello utilizaba la única alternativa viable; reprimía con palos y muerte cualquier expresión opositora; que al ser mayoritaria no hubiese permitido democráticamente la consumación de esos objetivos económicos.

Esa era la realidad cuando, desde el lado popular, comenzaron a surgir las primeras instancias de organización para resistir. En medio de huelgas gremiales y ante la traición de los sectores pro militares de la dirigencia sindical -llamados colaboracionistas en aquellos años- se conformó la CGT de los Argentinos. A ésta la impulsaron verdaderos representantes de los trabajadores como Raimundo Ongaro o Agustín Tosco, o el desaparecido dirigente de Farmacia Jorge Di Pasquale. Y ella se transformó en el punto de referencia y reunión de estudiantes, profesionales, artistas y todo opositor con disposición a luchar contra las autoridades de uniforme. Su periódico, dirigido por el revolucionario desaparecido Rodolfo Walsh, pasó a ser el vocero público y el articulador unitario de los planteos antidictatoriales. Nuestro compañero, hoy desaparecido, Quito Burgos escribía en esa publicación.

El Cordobazo, el 29 de mayo de 1969, se incorporó a la historia de este pueblo para siempre. Durante una marcha que era parte del paro activo convocado para aquel día por la CGT local, el trabajador del Sindicato de Mecánicos Máximo Mena es asesinado; y eso enciende la ira popular.

En el relato de Agustín Tosco, el máximo líder de aquella gesta, las cosas ocurrieron así:

“La situación era que la policía venía matando gente y no había defensa para ello. Entonces se decidió enfrentar a la policía, de manera que no pudiera seguir matando gente impunemente”… “los compañeros mecánicos tenían gomeras con tuercas, otros tenían bombas de estruendo y alguno, alguna que otra arma”.

Superada la policía, reprimió directamente el ejército; y aunque nunca se supo con certeza, oficialmente se dijo que hubo 14 muertos, 200 heridos y 2000 presos. Al día siguiente, mientras los dirigentes de Luz y Fuerza estaban en una reunión, la Gendarmería Nacional entró al sindicato a los tiros y los detuvo. Permanecieron varios meses en prisión; pero la resistencia a la dictadura había tomado otra dimensión y similares movilizaciones se expandieron por todo el país en los meses y años siguientes.

Para esa época la tortura era inevitable para cualquier detenido; y el crimen contra opositores continuaba siendo una de las prácticas comunes implementada por los personeros del régimen. En marzo de 1970, cuatro meses antes de la fundación del ERP, al que yo pertenecía, la represión produjo el primer acto de lo que sería la forma represiva más espantosa del genocidio. Alejandro Baldú, detenido por la Policía Federal, pasó a ser desaparecido para siempre. Todavía gobernaba Onganía; y la decisión sobre al aplicación de la nefasta metodología había sido tomada por los altos mandos de las FF. AA. A él, a Baldú, lo antecedió, en 1962, Felipe Vallese, aunque a diferencia de esta vez, el crimen de Felipe había sido igual por lo repugnante, pero excepcional.

A finales del `70, en diciembre, desaparecieron el abogado de presos políticos Néstor Martins y su cliente Nildo Centeno. Desde principios del `71 les siguieron el matrimonio Verd y Juan Pablo Maestre y Mirta Misetich. A Juan Pablo lo abandonaron muerto en una calle; lo habían baleado y falleció cuando lo trasladaban. Mirta no volvió a aparecer. En septiembre desapareció el primer miembro del PRT-ERP, Luis Pujals; a finales del ’71 los desaparecidos eran 17.

El 22 de agosto de 1972, 11 militantes del PRT-ERP, 3 de las FAR y dos de Montoneros, fueron fusilados en la base naval Almirante Zar de Treléw, mientras se encontraban detenidos; se les aplicó la “Ley de Fuga” que, para quien no la conozca, consiste en asesinar prisioneros con la falsa excusa de que pretendieron escapar. La verdad completa sobre la forma en que se ejecutó aquel crimen, se pudo recomponer gracias a que tres de las víctimas, Alberto Camps, Ricardo Haidar y María Antonia Berger, sobrevivieron y relataron los pormenores de lo ocurrido aquella madrugada. Los tres sobrevivientes fueron más adelante, ya durante la dictadura última también ultimados. La Masacre de Trelew se convirtió en el segundo acto de “Terrorismo de Estado” en la modalidad del asesinato de prisioneros, contando desde el golpe que en 1955 había derrocado a Perón; el primero, ordenado por el General Aramburu, ocurrió el 9 de junio de 1956 en los basurales de José León Suárez. La diferencia entre uno y otro es que mientras lo de José León Suárez fue una acción aislada, Trelew dio inicio a una práctica constante que, producto de una decisión política, no se detendría, como en el caso de las desapariciones, durante los 11 años subsiguientes.

DEL 25 DE MAYO DE 1973 AL 24 DE MARZO DE 1976

El primer día de gobierno del presidente Cámpora, una gran movilización sobre la cárcel de Villa Devoto arrancó a los presos políticos. Pero en ella las balas policiales terminaron con la vida de dos manifestantes: Oscar Lisak de 16 años y Carlos Sfeir de 17.

El 20 de junio, 25 días después, ante el retorno de Perón al país, en Ezeiza las AAA tirotearon y mataron a un número indeterminado de personas que marchaban encolumnadas tras las banderas de la resistencia.

El 13 de julio renuncia el presidente Cámpora, quien es sustituido por Raúl Lastiri, yerno de López Rega; fundador junto al coronel Osinde y el Comisario Villar de las AAA. A cincuenta días de iniciado, había terminado el único período en que se puede decir que existió un verdadero intento democrático entre 1966 y 1983. Los grupos parapoliciales actuaron, desde entonces, avalados desde el poder más encumbrado.

El 15 de julio fue asesinado en Córdoba, después de su detención, Eduardo Jiménez (militante del PRT-ERP). Y al mismo tiempo que se sucedían las ocupaciones de fábricas y edificios públicos por parte de trabajadores que, esperanzados, reclamaban reivindicaciones negadas durante la dictadura, aumentaba la frecuencia de los atentados contra activistas políticos o sectoriales identificados con el peronismo combativo o la izquierda.

Los crímenes de las Tres A -asesinatos, secuestros, atentados-, que durante agosto y septiembre del `73 habían sido unos diez, fueron en aumento desde la asunción de Perón en octubre del mismo año; para alcanzar un promedio superior a los 30 mensuales, cuando falleció en julio del ’74. Entre éstos, fueron asesinados 17 activistas sindicales.

Del ’46 al ’55 el gobierno de Perón había contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo y a la organización del movimiento obrero. Después mantuvo una postura que atacaba la proscripción y el autoritarismo; e incluso había apoyado, o al menos se había negado a condenar, la resistencia armada que se desarrolló contra la dictadura. Pero su postura cambió desde su regreso aquel 20 de junio de 1973. Luego de aprobar la matanza de ese día, continuó aferrándose a las posturas y acciones de la derecha. El Comisario Villar, uno de los creadores de las AAA, fue nombrado jefe de la Policía Federal durante su mandato. Por otro lado, avaló los golpes de estado provinciales que destituyeron a gobernadores democráticos o progresistas en Buenos Aires, Córdoba, Salta, Santa Cruz y Formosa. Restituyó la legislación represiva que había sido derogada por Cámpora meses antes; y obligó a la renuncia de 8 diputados de la J.P. que se oponían a ello. Cuando, desde el periódico “La Calle”, le pidieron que investigara el accionar de las Tres A, acusó a la publicación de “apología de la violencia” y terminó clausurándola.

En mayo del ’74, con Isabel en la presidencia, las AAA firmaron por primera vez un atentado: el que costó la vida al padre Carlos Mujica. Le siguieron Silvio Frondizi y su yerno; el diputado Rodolfo Ortega Peña, que el día anterior había pedido un informe sobre la matanza de seis prisioneros y que acababa de integrarse al PRT-ERP; Alfredo Curuchet defensor de presos políticos y abogado de sindicatos; Tito Pierini, dirigente del SUPE; Atilio López, ex vicegobernador de Córdoba derrocado por un golpe de derecha. Las mismas AAA volaron la casa del entonces rector de la Facultad de Bioquímica y Farmacia Raúl Laguzzi, dando muerte a su hijo de 5 meses de edad. Por el sólo hecho de ser parientes de revolucionarios, asesinaron en Tucumán al padre de Clarisa Lea Place y en Córdoba a la familia de Mariano Pujadas. Clarisa y Mariano habían sido dos de los masacrados en Trelew en 1972.

El entonces capitán Seineldín era quien oficiaba de coordinador entre el ejército y las huestes no militares de las AAA. Y el Teniente 1ª Héctor Vergés, el mismo que hoy vemos profusamente en los medios de comunicación masivos en el insólito papel de analista, comandó, en Córdoba, junto al ex jefe de investigaciones Telleldín uno de los primeros comandos comunes. Este grupo fue el que en 1975 asesinó a Marcos Osatinsky durante un “traslado” ordenado por el entonces juez Zamboni Ledesma, quien autorizó alrededor de 20 operaciones del mismo tipo y que culminaron con idénticas consecuencias. Zamboni Ledesma hacía, hasta su fallecimiento, las veces de legalizador jurídico de los crímenes realizados por las AAA y planificados en el campo de exterminio de La Perla a instancias del tercer cuerpo de ejército, comandado por el genocida General Luciano Benjamín Menéndez, quien, como todo asesino de uniforme, hoy goza de los beneficios de la libertad. El mismo “grupo de tareas” policial-militar es el que masacró a la familia Pujadas en la misma provincia.

En octubre de 1974, las AAA, encabezadas por el “célebre” criminal García Rey, entonces jefe de policía de Córdoba, entraron a balazos a la sede sindical de Luz y Fuerza de esa ciudad, obligando a la clandestinidad de Agustín Tosco, quien murió en noviembre de 1975 producto de una enfermedad que, de haber estado en condiciones normales y haberse atendido a tiempo, quizás hubiese superado. Los sindicatos opositores eran asaltados e intervenidos; y sus dirigentes asesinados o desaparecidos como René Salamanca, Secretario General de SMATA Córdoba.

La represión, desde el inicio, estaba dirigida tanto contra peronistas revolucionarios, como contra PRT-ERP u otras fuerzas de izquierda. Es decir contra todo aquel que proyectara un cambio, por la vía que fuera y desde la óptica política que sea.

En el caso del PRT-ERP, no obstante la clandestinidad, de ninguna manera dejamos de lado el trabajo político y reivindicativo. Le dimos suma atención y en aquel tiempo fue cuando mayor desarrollo alcanzamos. Y esto se revela en el FAS (Frente Antiimperialista por el Socialismo) que en aquellas condiciones llegó a nuclear alrededor de 25 mil dirigentes y activistas sectoriales (obreros, estudiantes, profesionales, indígenas, etc.) de todo el país en su encuentro realizado en Rosario en 1974; o en los eventos organizados por el MSB (Movimiento Sindical de Bases) donde, por ejemplo, en Córdoba en abril del `74, se reunieron 4500 delegados dirigentes de sindicatos, de comisiones internas o agrupaciones, y activistas de fábricas y otros centros de trabajo.

Además, sacamos el diario “El Mundo”, que llegó a distribuir 100 mil ejemplares; y quincenalmente, desde imprentas clandestinas y enterradas, publicábamos 20 mil periódicos “El Combatiente” del PRT y 30 mil “Estrella Roja” del ERP. Es de suponer que no podríamos haber hecho todo eso desde un aparato artificial. En aquellos años mucha gente buscaba cambiar el sistema por uno más equitativo y veía en nosotros una opción consecuente en esa dirección.

Por otra parte, en 1975, para facilitar la unidad contra el golpe militar que ya se avizoraba, propusimos a los partidos políticos dejar de lado la lucha armada, pero salvo excepciones, la mayoría ya comprometidos con los militares no aceptaron dicha unidad.

Entre 1973 y 1976 no se vivía una primavera democrática rota por el accionar guerrillero. Desde el 25 de mayo y sobre todo desde la matanza de Ezeiza -salvando la responsabilidad del gobierno de Cámpora- los sectores populares debieron enfrentarse a una derecha cívico-policial-militar cuyas actividades criminales nunca se detuvieron y siempre fueron en aumento. Las llamadas AAA, por vía de 2500 crímenes de todo tipo, se encargaron de proseguir la política “Terrorista de Estado” que había comenzado con Onganía y que mostró su expresión más desarrollada durante los siete años de la dictadura instaurada a partir del golpe encabezado por Videla.

DESDE EL 24 DE MARZO DE 1976 AL 10 DE DICIEMBRE DE 1983

Desde el 24 de marzo de 1976 se profundizó la entrega económica y la deuda externa creció de 7 mil a 44 mil millones de dólares hasta 1983. El aumento del endeudamiento externo no se tradujo en obras productivas o públicas, sino que benefició a las grandes empresas y a los propios jefes militares; quienes a través de una reforma a la “ley de inversiones extranjeras” podían retirar utilidades o directamente engrosar sus cuentas en bancos suizos o de otros países sin limitación alguna.

Al mismo tiempo se tomaron medidas como la eliminación de la ley de contrato de trabajo o el aumento de los servicios públicos, agudizando los padecimientos de la gente. En un año el salario real disminuyó en el 40%, la participación de los trabajadores cayó a menos de un tercio del PBI y la desocupación trepó al 9%, lo que en la época constituyó un récord histórico. Los sueldos militares aumentaron al doble.

Para poder implementar una política de esa naturaleza se ejecutó una política contrainsurgente destinada a neutralizar la reacción popular, generalizando a escalas increíbles cada una de las modalidades del “Terrorismo de Estado”; y, como dije al principio, concretando el más brutal de los genocidios que hayamos sufrido los argentinos en toda la historia. A fin de financiar las tareas de inteligencia, los gastos emergentes de los operativos para las detenciones de opositores; y de garantizar la infraestructura necesaria para ejecutar en secreto a gente encadenada, las FF.AA. aumentaron su presupuesto a 1800 millones de dólares, que era el equivalente a la mitad del total de las exportaciones del país.

La complicidad de buena parte de políticos se expresa en que en 1978, cuando los desaparecidos llegaban a 20 mil, más de 300 radicales, alrededor de 200 justicialistas y varios de otros partidos sumaban 750 intendentes (sobre 1500 ciudades censadas) que acompañaban a las FF.AA. en su cruzada de corrupción, entrega y muerte.

Los señores fiscales sacando las cosas de ese contexto histórico, han marcado como uno de mis antecedentes negativos el haber participado de la lucha guerrillera en los años ’70; y han expresado con idéntico criterio el que yo haya reivindicado en una entrevista a los militantes del PRT-ERP Mario Roberto Santucho y Hugo Alfredo Irurzún; y a Carlos Fonseca y el Che. Las dos cosas son ciertas. Participé en la lucha guerrillera en los años ’70; y reivindico a Mario Roberto Santucho, a Hugo Alfredo Irurzún, a Carlos Fonseca y al Che.

Mi dolor por la muerte de Robi, estoy seguro, fue incomparablemente mayor al entusiasmo que su caída provocó a sus asesinos. Santiago fue un internacionalista de cualidades humanas excepcionales. Y el desprecio que muestran los señores fiscales por su figura se ve compensado con creces por el registro imborrable en la mejor de las memorias, una memoria que no podrá poseer jamás la mejor de las computadoras: la memoria del pueblo de Nicaragua. Esta se encuentra patentizada en que una calle en Managua y un centro de producción agropecuario llevan su nombre en aquel país latinoamericano.

Admiro y reivindico, por supuesto, también al Che y Carlos Fonseca. Al Che, lamentablemente, no lo conocí personalmente. Pero sí conozco la obra que contribuyó a construir: Cuba revolucionaria. Y en Cuba aprendí algo que no me pudo enseñar este país: aprendí cómo en un país pobre con un gobierno decente puede comer todo el pueblo, puede contar con hospitales todo un pueblo, pueden ir a las escuelas todos los niños de un pueblo, pueden vivir dignamente todos los habitantes de un pueblo. A Carlos lo conocí en 1972 en momentos muy difíciles para él. Eran apenas 7 y no 10, como dijo el fiscal, y además estaban asilados en Cuba. Entre ellos estaba Daniel Ortega después presidente de Nicaragua. Me llamó la atención, además de su humildad y su amplio dominio sobre la historia y la idiosincrasia de los pueblos de Nicaragua y Centroamérica, el optimismo que reflejaban sus palabras respecto a un triunfo futuro, que él descontaba. Me llamó la atención y, en verdad, creí que su optimismo era, dada la situación del momento, demasiado. Para peor, y para nuestro dolor, Somoza logró asesinarlo a fines del ’78. Recién empecé a comprenderlo cabalmente en los días de la guerra contra el último de los dinastas; y terminé de convencerme de su predicción cuando el 19 de julio de 1979 entramos victoriosos a Managua.

Debo aclarar, para que los señores del tribunal conozcan mejor a este acusado, que de la misma manera reivindico a todos los que enfrentaron, con armas o sin ellas, en Argentina y en América Latina, a los personeros de la nefasta “Doctrina de Seguridad Nacional”.

A todos ellos les ofrezco lo único que tengo: mi amor eterno; y mi compromiso de defenderlos hasta la muerte, sean cuales sean las circunstancias en que me encuentre.

Señores: ¿cuál fue el saldo de este proceso en nuestro país?

Aquí hubo 30 mil desaparecidos. Los 30 mil eran mis compañeros y quienes los desaparecieron fueron las FF.AA,

Aquí hubo al menos 500 niños nacidos en cautiverios clandestinos. Los niños fueron robados por militares o miembros de las fuerzas de seguridad; y sus madres asesinadas por los mismos ladrones, después de parirlos. Los niños son los hijos de mis compañeros. Las madres asesinadas eran mis compañeras.

Aquí hubo gente viva arrojada al mar o al río desde aviones militares. Los arrojados al mar o al río eran mis compañeros. Los que los tiraron eran miembros de las FF.AA.

Aquí hubo familias enteras asesinadas par ser parientes de militantes revolucionarios. Las familias eran las familias de mis compañeros. Sus asesinos eran los miembros de las FF.AA. y de seguridad.

Aquí hubo prisioneros asesinados en “traslados”, ordenados por jueces, desde las cárceles donde se encontraban legalmente detenidos. Los prisioneros asesinados eran mis compañeros. Los asesinos eran las FF.AA. y de seguridad; y los jueces que ordenaron sus traslados eran sus cómplices.

Aquí hubo hombres y mujeres detenidos y después asesinados en combates fraguados. Los asesinados eran mis compañeros. Los asesinos eran miembros de las FF.AA. y de seguridad.

Aquí hubo entierros clandestinos de hombres, mujeres y hasta niños. Los sepultados eran mis compañeros y sus hijos; y los enterradores integrantes de las FF.AA. y de seguridad.

Aquí se volaron cuerpos de militantes asesinados. Los cadáveres destruidos eran de mis compañeros; y los explosivistas eran militares y policías.

Aquí hubo centros clandestinos para detención y tortura. Los detenidos torturados eran mis compañeros; los torturadores miembros de las FF.AA. y de seguridad.

Señores del Tribunal: como consecuencia de los hechos que acabo de sintetizar nuestro país, Argentina, es el único del mundo en el que han debido organizarse tres generaciones directamente afectadas por la bestialidad militar: los hijos de desaparecidos por razones políticas, las madres de desaparecidos por razones políticas y las abuelas de los niños robados por razones… incalificables.

Es una hipocresía limitada equiparar, como hacen algunos, las acciones de la resistencia con las aberraciones militares. Y es una complicidad descarada con los asesinos, la reducción de la historia a la mentirosa versión de que acá existió una guerrilla porque sí, como hacen los fiscales. ¿Dos demonios?: son iguales Rodolfo Walsh y Massera?, son iguales Haroldo Conti y Videla?, son iguales Cacho Perrota y Astiz?. No. Frente a la vida y la justicia hubo dos actitudes: la de los justos y la de las bestias. De Rodolfo es conocida su militancia en Montoneros; aclaro que Haroido Conti y Cacho Perrota eran militantes del PRT-ERP. Pero en todas las organizaciones de la resistencia encontraremos idénticos ejemplos.

Sobre esta etapa, a partir de que acá hubo un enfrentamiento armado o guerra o cómo gusten llamar, existen dos temas en discusión: el primero es de quién es la responsabilidad de lo sucedido; el segundo es quién utilizó métodos aberrantes.

En el primer aspecto no lo he demostrado yo, sino la realidad histórica, que recién después del golpe de Onganía surgieron las organizaciones armadas populares que actuaron en los ’80 y ’70; en cuanto al segundo aspecto los resultados son contundentes ¿por qué las FF. AA. insisten en no hablar de hechos concretos? por qué cuando alguien lo hace, como Schilingo, lo meten preso con una acusación tan falsa como ridícula como es un cheque sin fondos y no por sus crímenes? por qué ningún juez local, se dedicó a investigar denuncias por flagrantes violaciones a los Derechos Humanos y tienen que hacerlo las justicias de España, Francia, Suecia o Italia?

LA TABLADA

Nuevamente los señores fiscales se empeñan en sacar los hechos de su contexto para dar la idea de que un día, en un país, a un grupo de violentos, se les ocurrió tomar un cuartel.

La restitución de la democracia en 1983, ofrecía la posibilidad de aclarar la responsabilidad por los crímenes cometidos por la dictadura, castigar a los culpables, lograr una verdadera vigencia de los Derechos Humanos futuros y mejorar la situación social de las mayorías.

Las condiciones eran óptimas. La debilidad de quienes históricamente atentaron contra la democracia en favor de intereses antinacionales y propios, las FF. AA, era palpable. El desgaste moral causado por la aplicación de la repugnante política del “Terrorismo de Estado” y la vergonzosa derrota en Malvinas habían carcomido su espíritu de cuerpo y las habían llevado a la inacción política. La disposición de un pueblo deseoso de libertad completaba el cuadro favorable.

Los dos aspectos se combinaban brindando, quizás, la mejor oportunidad desde 1955, para consolidar un sistema que, basado en la equidad social, avanzara por el camino de la democracia más plena. Sólo faltaba confirmar la voluntad del gobierno y la oposición, para lanzarse a concretar dichos propósitos.

Y así pareció que seria. El Congreso en uno de sus actos más significativos aparentó responder a uno de esos objetivos cuando anuló la ley de autoamnistía promulgada por los militares para beneficio de si mismos; y ese hecho fue el que permitió que se hiciera el juicio a las juntas de comandantes y que se procesara a centenas de especialistas en atormentar prisioneros, asesinar o desaparecer seres humanos, y otras atrocidades.

Sin embargo esa conquista sólo duró hasta la tarde del domingo 19 de abril de 1987, cuando Alfonsín regresó de Campo de Mayo después de reunirse con los sublevados dirigidos por Rico. Es buenos repasar cronológicamente lo ocurrido.

SEMANA SANTA DEL ’87

El 16 de abril, el torturador y asesino del Campo de concentración de “La Perla”, ex mayor del ejército Ernesto Barreiro, no se presenta a declarar en juicio por violación de Derechos humanos y se refugia en IV brigada aerotransportada con asiento en Córdoba.

El 17 de abril se subleva la Escuela de Infantería de Campo de Mayo al mando del ex-Teniente Coronel Aldo Rico. Junto a él lo hacen 8 Tenientes Coroneles, 11 Mayores, 23 Capitanes, 72 Tenientes y Subtenientes, 128 oficiales y suboficiales de Compañía de Comandos 601, 68 de la Compañía Demostración de Escuela de Infantería y 25 suboficiales de la Compañía de Comandos y Servicios de la Escuela de Infantería.

Se habían alineado con la sublevación 11 Regimientos de Infantería, 1 Regimiento de Tanques, 4 Grupos de Artillería, 1 Agrupación de Ingenieros Anfibios, 2 Batallones de Ingenieros de Combate y 1 Batallón de Aviación del Ejército.

Ninguna unidad acepta la orden de reprimir del Poder Ejecutivo. Los únicos que se movilizan son del 2° Cuerpo, que tardan dos días para hacer cuatrocientos kilómetros sin llegar a Campo de Mayo.

El gobierno y los partidos políticos llaman a la movilización contra el golpe. Esta se convierte en masiva y nacional. Mucha gente va a Campo de Mayo a increpar a los sublevados, lo que dura hasta el 19 cuando Alfonsín regresa de la negociación.

El presidente había partido luego de anunciar que iría al reducto rebelde a intimar la rendición. Nunca, desde su nacimiento, la democracia había contado con un apoyo popular tan grande y decidido. En los alrededores del propio cuartel sublevado, en la Plaza de Mayo, en plazas del interior del país, en sus casas o dónde estuvieran siguiendo el curso de los acontecimientos por radio o televisión, millones de argentinos esperaban ansiosos y confiados. Grave error. Ser perdió otra oportunidad. Alfonsín retornó con la euforia perdida; y con aquel “algunos son héroes de la guerra de Malvinas” y aquel “Felices Pascuas”, palabras que quedarán grabadas en la historia como símbolo de la cobardía política que caracteriza a los dirigentes de los partidos más encumbradas.

Crea no equivocarme si digo que ese discurso hizo que a la mayoría nos invadiera, con justa razón, la desesperanza y la incertidumbre.

El lunes 20 llegó al Congreso el proyecto de la ley de “Obediencia Debida”, que éste trató y aprobó con inusitada rapidez; por ella quedaron exculpados los condenados y procesados por violaciones a Derechos Humanos todos los que ostentaran grado menos al de general y en adelante solamente podrán ser imputable la violación y el robo; y no así el secuestro, la tortura o el asesinato.

Ese lunes, o sea un día después de la negociación, es destituido el jefe de Ejército, general Ríos Ereñú. Este, a fin de aparentar legalidad, cubre el aspecto formal de presentar el pedido de retiro; pero su desplazamiento fue el cumplimiento de una de las exigencias riquistas.

El mismo lunes, como para que no quedaran dudas de lo que consiguieron y quiénes eran los que volvían a ser protagonistas de la política argentina, el propio Rico, que hasta el día anterior había logrado paralizar el país, demostrando ostensiblemente quien había salido victorioso, declaró al diario Clarín: “nos hemos puesto de pie y hemos logrado nuestro objetivo” … “Este es el verdadero ejército, estos son los soldados”… “que lucharon contra la subversión”. Hace apenas minutos vimos lo que significó esa lucha contra lo que el sistema llamó “subversión”.

Desde entonces el gobierno civil fue pasando a jugar un papel cada vez menos protagónico, mientras los militares actuaban por su cuenta como si aquel no existiera.

Entre la tarde del 19 de abril de 1987 y el 28 de diciembre de 1990 en que Menem indultó a los genocidas, se consumó la definitiva impunidad. En esos días se abrieron las puertas para el “Gatillo Fácil”; en esos días las madres supieron definitivamente que la detección de los asesinos de sus hijos solo dependería de sus propias investigaciones y que ello no acarrearía consecuencias jurídicas para los victimarios: en esos días empezaron a matar a actor Choque y a Teresita Rodríguez; en esos días comenzó a morir Mario Bonino y José Luis Cabezas; en esos días se encendieron las mechas de las bombas que volaron la embajada de Israel y la AMIA; en esos, días la justicia y el poder legislativo relegaron su independencia del ejecutivo; en esos días la democracia empezó a caminar apuntada por los fusiles militares; en esos días los pusilánimes parieron la impunidad y, una vez más, desgraciaron nuestro futuro.

MONTE CASEROS, ENERO DEL ’88

Cuatro meses y medio después, el 4 de septiembre del ’87, el General Caridi ordenó la reincorporación de los 23 capitanes que intervinieron en los sucesos de Semana Santa.

El jefe del Estado Mayor, prescindiendo absolutamente del poder civil contra el que los oficiales se habían insurreccionado, los retornó a realizar los estudios que estaban cursando en la Escuela Superior de Guerra. Cumplimentados los mismos, como se sabe imprescindibles para escalar en la carrera militar, los rebeldes, como si nada hubiese ocurrido, quedaban con el camino abierto para ascender hasta el grado de General.

El jueves siguiente Rico se trasladó, de su particular lugar de cautiverio, para reunirse con Caridi en la sede del Comando en Jefe del arma. El tema que trataron fue la participación de huestes riquistas en el acto que el sábado 12 se realizaría en Campo de Mayo para recordar el día de la Infantería. La ceremonia llevada a cabo con normalidad fue acompañada por la formación de un grupo de civiles encabezados por Oscar Castrogé que instalados frente a la Escuela de Infantería después de arribar al lugar en varios vehículos expresaron su apoyo al Teniente Coronel saludando con el brazo extendido al estilo fascista.

Por su parte el ex Mayor Barreiro, el mismo que dio inicio a la operación de Semana Santa con su negativa a presentarse a la justicia, deambulaba alegre y democráticamente por el país difundiendo un vídeo que fabricado por los carapintadas y despachado a diversas unidades militares, reivindicaba la lucha contra la subversión al tiempo que exaltaba la figura de su jefe y, sin avergonzarse, la del propio difusor, Barreiro. Este en sus giras, además, hacía entrevistas en radio, televisión, revistas y diarios.

Por su parte, días antes de las elecciones del 6 de septiembre, Caridi le reclamó al gobierno una ampliación de la “Obediencia Debida”, que diera por terminados algunos juicios pendientes. Y el 18 del mismo mes apareció en La Prensa una solicitada en la que, firmada por alrededor de quinientas personas, se pedía una “Amnistía para militares, policías y miembros de las fuerzas de seguridad”.

Cinco días después, luego de presenciar un ejercicio en la provincia de Corrientes donde participaron unos 1000 efectivos, los mandos presionaron al presidente Alfonsín para que reconsiderara la situación de militares detenidos y aliviara el régimen de prisión de éstos.

Como era de esperar, a partir de Semana Santa, alentados por el efecto favorable de sus presiones armadas, las exigencias de los uniformados no pararon sino que se multiplicaron. Y la unidad que había prevalecido aquel 19 de abril, incluyendo partidos y pueblo, hasta el viaje de ida de Alfonsín a Campo de Mayo, comenzó a resquebrajarse y a convertirse en debilidad. Las FF.AA. volvieron a la escena y la democracia condicionada pasó a ser la norma; ya no se trataba de desarrollarla, sino sólo de ubicarla dentro de los límites impuestos por la ley de la fuerza.

A fin de no extenderme demasiado en detalles del mismo contenido que llenarían hojas y representarían horas de exposición y que seguramente serán desarrollados minuciosamente por analistas futuros, creo que con lo dicho basta para tener una idea de lo que estaba aconteciendo.

Por otra parte, ya en esos días, después de la derrota electoral del radicalismo el 6 de septiembre, comenzaron los contactos entre carapintadas y sectores del justicialismo buscando, un arreglo de gobernabilidad para después del ’89.

En los primeros días de enero del ’88, el que era Secretario de Defensa, Raúl Alconada Sempé, justificó la creciente impunidad con palabras ofensivas al sentido común; explicó que el ascenso a Capitán de Corbeta de uno de los símbolos más repulsivos del Terrorismo de Estado, Alfredo Astiz, y la reincorporación de Rico al ejército en situación “pasiva” no se debía a una concesión del gobierno, sino “a un reconocimiento al estado de derecho”. Con más objetividad se velan las cosas desde afuera. El diario español El País, criticando el ascenso de Astiz y la recuperación del grado por parte de Rico, comentando la identificación de una niña nacida en cautiverio cuyos padres están desaparecidos y casualmente encontrada en la misma semana, señalaba: “todavía permanece vivo en Argentina un partido militar que pone en jaque a la sociedad” … “a través de nuevas aventuras castrenses”. Por su parte el ex jefe del Estado Mayor general Jorge Arguindeguy declaraba que: “en el país está vigente una política que apunta a quitarle a las Fuerzas Armadas el poder que tienen dentro de las sociedad”, al tiempo que criticaba también la política económica del gobierno.

En ese ambiente se arribó al 15 del mismo mes y año, cuando nuevamente Rico se rebeló.

La sola observación de los hechos brinda un indicativo inequívoco del descontrol del gobierno respecto a las acciones militares; y de la libertad con que éstos se manejaban para coaccionar en pro de sus injustos reclamos.

Desde una apacible casa quinta en Bella Vista, donde irónicamente se decía que cumplía prisión, Rico se fue hasta el aeropuerto de Don Torcuato y de ahí a Monte Caseros, donde volvió a sublevarse. Mientras tanto los tanques “leales” enviados para reprimirlo se descomponían en el camino, algunas unidades se solidarizaban con los insurgentes, otras se declaraban neutrales y el Procurador Fiscal, Jaime Malamud Goti, analizaba si correspondía procesar al ex mayor Barreiro por lo que llamó “sus insinuaciones”. Las insinuaciones eran que Barreiro, el día anterior. en representación de Rico anunció nada menos, que no reconocía al jefe del ejército, que se negaba a someterse a la justicia militar y que había peligro de un enfrentamiento que pondría en riesgo “la estabilidad constitucional”.

Durante los sucesos se allanó la mencionada quinta desde donde Rico se había fugado. Se buscaban armas, pero no se halló ningún elemento comprometedor; aunque se terminó investigando una denuncia que indicaba que Rico había sufrido un atentado.

El Juez a cargo del allanamiento que, como dije, no encontró ningún elemento que le permitiera investigar cualquier conspiración militar, haciendo gala de una incuestionable imparcialidad, sí halló indicios para preocuparse por probable ataque contra el golpista; y declaró que “era posible que Rico hubiese sufrido un atentado, ya que en su dormitorio se encontraron cuatro impactos de bala” (Clarín 16-01-88, página 4). El juez, en ese entonces subrogante de San Isidro, era el fiscal de esta causa y aquí presente: Don Pablo Quiroga.

Todo terminó el martes 19 de enero. Pero sigamos.

VILLA MARTELLI, DICIEMBRE DEL ’88

                                            

En julio del ’88 el MTP, por medio de un artículo publicado en la revista “Cuadernos de Entre Todos”, el hoy asesinado Francisco Provenzano, denunció que el Coronel Seineldín preparaba un golpe desde Panamá donde cumplía funciones como instructor de comandos de la Guardia Nacional de aquel país. Esta actividad había sido acordada por los gobiernos argentino y panameño una vez que el mencionado Seineldín debió dejar su cargo de agregado militar de nuestro país por aquellos lados.

En el articulo, Pancho denunciaba que la sublevación se esperaba para septiembre u octubre. Pero desde julio mantuvimos reuniones con el gobierno y con sectores del justicialismo. De ellas pudimos concluir que el gobierno estaba convencido de la inminencia de nuevos levantamientos, pero se mostraba impotente, sin saber qué hacer. Por su parte el menemismo tenía una postura que argumentaba reivindicar al Ejército Nacional antes que al Liberal. Es decir apoyaba a los carapintadas.

El 2 de diciembre, cuando Alfonsín estaba en México, se levantaron las regimientos 7 de La Plata y 3 de La Tablada. Entre los líderes estaba el capitán Rafael Videla, hijo del genocida. Por otro lado, un grupo de 50 Albatros dirigidos por De Zargastizabal de la Prefectura Naval robaron armamento y partieron con rumbo inicialmente desconocido al tiempo que en una proclama transmitida por Radio Cerealista de Rosario anunciaban que “estaba en marcha el Operativo Dignidad de la Prefectura Naval Argentina”. Como se sabe los Albatros son un grupo de Comandos que participaron en la represión durante la dictadura y que en Malvinas estuvieron a las órdenes de Seineldín. Desde México, Alfonsín dijo que la rebelión de los albatros era “un problemita sin importancia”.

Sin embargo pronto la realidad se encargó de mostrar que el “problemita” era algo más grave que lo insinuado por el presidente.

Seineldín había abandonado clandestinamente su misión especial en Panamá, llegó a Uruguay y de ahí, en una lancha de la Prefectura Nacional arribó a las costas Argentinas. Poco después se encontraba en Campo de Mayo en el mismo lugar que había servido de base a la conspiración de Rico en las pascuas del ’87.

El rumbo desconocido de los Albatros se hizo público: con camiones, armas y pertrechos entraron también a Campo de Mayo. Desde ahí Seineldín anunció el levantamiento y dio a conocer los motivos del mismo. Exigió una “ley de pacificación” que terminara con los procesos pendientes y diera por finalizada la prisión de los jefes de las juntas condenados por la Cámara Federal de la Capital Federal.

Mientras se sucedían los apoyos de diversas unidades militares el Teniente 1° Federico Verplatsen, hijo del represor dictatorial del mismo nombre, se rebelaba con 9 tanques que integraban una columna de 13 que, bajo el mando del general Isidro Cáceres, avanzaban desde Tandil con el incumplido propósito de reprimir a los insurrectos. Al mismo tiempo Seineldín se trasladaba, sin obstáculo alguno, al cuartel de Villa Martelli que se convertiría en el centro rebelde; y desde donde se auto-calificaría como Comandante del Ejército en Operaciones.

Dos días después de iniciada la sublevación finalizó con un acuerdo entre Caridi y Seineldin que contemplaba la solución de los reclamos en el plazo de 15 días. Antes, se produjo el asesinato del policía Sergio Alderete y los civiles Alejandro Nicolades y Rogelio Rodríguez; todos muertos por balas provenientes de las huestes carapíntadas.

Pero Alfonsín se lamentaba de no estar menos cansado para festejar a la vez que se felicitaba porque todo había terminado sin derramamiento de sangre.

Durante los sucesos y posteriormente, ocurrieron hechos que reflejan las consecuencias políticas que los acontecimientos iban causando a una democracia que ya subsistía encañonada y retrocediendo ante cada embate.

La noche del 2 de diciembre, apenas comenzado el complot, el General Caridi le dijo al Ministro de Defensa Jaunarena: “hace un año yo pedí que el gobierno lanzara una amnistía. Ahora es distinto: les doy 48 horas”.

En la mañana del 3, el vicepresidente Víctor Martínez tomó la palabra en la reunión de gabinete y dijo: “estos muchachos tienen razón en estar irritados por la continuación de los juicios, por los malos sueldos y porque se los ataque en los medios, incluso en los que controla el gobierno”. Los muchachos, claro está, eran los seinildinistas.

El mismo día, el ex Teniente Coronel D’Amico, miembro de la secretaría de defensa del partido justicialista llegó a Campo de Mayo a conversar con Seineldín; y al salir resaltó “la firme decisión de defender el honor del ejército” del jefe golpista.

Mientras el cabecilla carapintada lo elogiaba ante sus pares insurreccionados, el actual presidente Menem se mantuvo cauteloso hasta el día 4. Ese día, el mismo del acuerdo Seineldín-Caridi, el hoy presidente, en lugar de criticar a los golpistas, dijo que “el gobierno era el principal responsable por no ejercer el poder de mando”. Para él, ejercer el poder de mando consistía en ceder a los reclamos militares. A esos fines proponía una “ley de pacificación”; y para afirmar lo acertado de su proyecto el 9 de ese mes hablando ante la “Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias” anunció que poseía: “una encuesta en la que el 70% de la población consideraba imprescindible una ley de pacificación, el 15% la creía necesaria y sólo el 3% estuvo en desacuerdo.” Se desconoce dónde hizo la encuesta; aunque por el resultado, pareciera que se realizó en algún cuartel o en la parroquia del cura carapintada Moisés Jardín, de quien ya hablaré. Las 200 mil personas que se movilizaron tiempo después contra el indulto que el mismo presidente Menem decretó, no parecen haber sido entrevistadas.

El diputado justicialista Mario Gurrioli, por su parte, explicó que sus compañeros Joga de Formosa, el gobernador Reviglio de Santa Fe, Boroni del Chaco, De Aparicio de Jujuy y “otros que aún no habían salido en los diarios” estaban “unidos para construir una nación y un continente que no sea Liberal”. También Héctor Flores precandidato a diputado por el justicialismo porteño, el ex diputado Carlos Basualdo y otros, se reunieron con Seineldín.

El 14 de diciembre del ’88 el general Juan Mabragaña coorporizando las intenciones carapintada explicó que los sublevados se habían dado cuenta de que “el objetivo de la fuerza es el mismo del Coronel Seineldín”.

Al día siguiente el titular de la conferencia episcopal, Monseñor Primatesta, declaró, en apoyo a los proyectos militares, que estaba con “la reconciliación”. Y Monseñor Aramburu, menos diplomático, pidió “la amnistía”.

El general Caridi, que supuestamente debía mantener la fuerza dentro del orden constitucional, expresó sin ambages: “de proseguir las agresiones a la fuerza (se refería a críticas públicas y no a agresiones armadas por supuesto) las sublevaciones volverán a repetirse”.

Poco antes de finalizar el año, en medio de alabanzas mutuas, el general Gassino remplazó a Caridi como jefe del ejército. Al acto asistieron Sergio Marutian, defensor del genocida Viola en el juicio a las juntas y futuro funcionario del gobierno de Menem, y el ex diputado justicialista Alberto Melón, asesor militar de la diputada menemista Liliana Gurdulich de Correa.

El mismo día, en el Instituto de Estudios Estratégicos, se juntaron los justicialistas Jorge Domínguez, Samuel Muzikanski, Rubén Contesti y Alejandro Tagliabue con el ex subjefe del ejército General Fausto González y los Tenientes Coroneles Luis Polo y Darío Fernández Maguer, todos de conocida afinidad carapintada.

El 24 de diciembre, el Coronel Seineidín que gozaba de “prisión” atenuada y contaba con una oficina, un secretario personal y recibía las visitas sin restricción alguna, se trasladó en helicóptero al penal de Magdalena donde esperó la Navidad junto a los comandantes. El 31 lo pasó en la sede del Primer Cuerpo del Ejército, donde departió con numerosos visitantes.

LA TABLADA, 23 DE ENERO DE 1989

A principios de enero el Presidente Menem calificó a Seineldín de oficial `valiente y brillante”; y dirigentes radicales de Buenos Aires respondieron y expresaron su rechazo porque Menem justificaba las actitudes sediciosas del entonces coronel; al tiempo que denunciaron que los asesores militares menemistas eran quienes habían propuesto el ascenso de éste a general.

El 12, los hoy asesinados Jorge Baños y Francisco Provenzano, revelaron la realización de un acuerdo entre Menem y Seineldin por el cual el primero aceptaba el plan del ex agregado militar en Panamá. Este plan consistía en un golpe que, por sus características, tendría similares consecuencias a las que produjo la destitución de Frondizi en 1962. Es decir, mantendría la apariencia constitucional a través de la figura del entonces vicepresidente Víctor Martínez quien aceptaría el cargo de presidente, una vez concretada la obligada renuncia de Alfonsín. Menem, se mostró dispuesto a respaldar el proyecto, a pesar de los problemas que esto le acarrearía con el sector renovador de su propio partido que era contrario a las intenciones de los uniformados.

Víctor Martínez o en su defecto después Menem, a quien consideraban seguro ganador de las próximas elecciones, debían implementar el llamado “plan de pacificación” que como hoy conocemos se concretó finalmente por vía de los indultos a golpistas y genocidas.

Desde Villa Martelli y en manera creciente hasta el 22 de enero, sucesivas expresiones públicas de diversos sectores auguraban la inminencia de una nueva sublevación.

Distintos sectores de la sociedad como por ejemplo quienes se organizaron en lo que se llamó “Resistencia Civil”, alertaban a la población sobre un nuevo intento golpista. Otros, mientras participaban de un encuentro de cine en el centro cultural San Martín, manifestaron su preocupación en las voces de dos de sus promotores diciendo que apoyaban “la continuidad institucional y en rechazo a todo intento golpista que pretenda poner fin a la democracia y la libertad”. Lógicamente esos anuncios sólo se hacen cuando se considera que el peligro es al menos muy probable.

Los días previos al 23 de enero fueron prolíferos en hechos y advertencias indicativas del peligro que se cernía sobre las instituciones democráticas. las visitas de enviados de Menem a Seineldin, que, entre otras, incluyeron a Amira Yoma posteriormente secretaria de la presidencia, trascendían a diario. El ex presidente Alfonsín explicó, el 20, que no estaba en condiciones de asegurar que no se producirían nuevos remezones militares; un día después el ex jefe del ejército destituido por Rico, Ríos Ereñú, opinó que Seineldín podía conmover no sólo a la institución (se refería al ejército) “sino también a las instituciones democráticas”; la noche del 22, el actual gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde afirmó que incluso tenía una fecha precisa del probable alzamiento: precisamente “ese fin de semana”; a éstas se sumaron múltiples expresiones en el mismo sentido.

Señor presidente, los sucesos ocurridos en La Tablada comenzaron a las 6,15 del día siguiente a las declaraciones del gobernador Duhalde. Y las primeras informaciones, luego deformadas, dan una muestra inequívoca de la existencia del golpe, de las características del mismo; y de la convicción que sobre ello tenían los jefes políticos.

A las 9,30 hs., es decir 3 horas y 15 minutos después de iniciadas las acciones, el entonces vocero oficial del presidente Alfonsín afirmó que se trataba de un nuevo levantamiento militar.

A las 13 horas, casi 7 horas después de comenzado el enfrentamiento, el actual presidente Menem que, como durante Villa Martelli mantenía una prudente distancia geográfica del lugar de los hechos, declaró, sin dudar de lo que se trataba y confirmando la connivencia con el cabecilla carapintada: “lo ocurrido es producto del incumplimiento del gobierno respecto del pacto acordado con el Coronel Seineldín”.

El día 24 el jefe de prensa del ejército, el Coronel Troiano, le dijo al periodista Sergio Alberto Resumil que sabía que entre los muertos había militantes del MTP y que “podría ser que hubieran querido parar un golpe”.

Pero veamos sintéticamente nuestra denuncia del 12 de enero comparándola con lo que posteriormente fue apareciendo.

Afirmamos que en los primeros días de enero del ’89 había existido un encuentro personal en el que Menem y Seineldín acordaron una estrategia común para desplazar a Alfonsín, arreglar los reclamos militares durante el interinato de Víctor Martínez o después de la asunción de Menem, a quien consideraban seguro ganador de las elecciones siguientes. El actual presidente, inicialmente, negó rotundamente conocer a Seineldín y el acuerdo en cuestión. Otro tanto hizo Víctor Martínez en relación a su disposición.

El 8 de julio Alfonsín terminó adelantando la entrega del gobierno a Menem, como producto del desgaste sufrido por una combinación de sublevaciones militares y presiones económicas; esto fue la consecuencia de su propia política que comenzó a deteriorarse a partir de aquel 19 de abril de 1987, en que alelándose de los reclamos populares cedió a la rebelión riquista dando inicio a un proceso de creciente debilitamiento democrático.

El 8 de octubre Menem indultó a los participes de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli que aún estaban detenidos, entre los cuales figuró Seineldín. De inmediato invitó a una cena al nombrado dando el primer indicio de una relación, hasta entonces negada, pero que era mucho más profunda de lo que aparentaba.

Sin embargo, la trascendencia pública de esa relación empezó a explicitarse más claramente luego de concretada la ruptura Menem-Seineldin, a causa del intento golpista del 3 de diciembre de 1990.

El 19 de diciembre de 1990, el mayor Hugo Abete, detenido por el intento golpista de 16 días antes, aseguró haber sido testigo de un encuentro entre Seineldin y el subsecretario de justicia César Arias: que tenía conocimiento de una reunión de su jefe con el titular del SIDE Hugo Anzorregui; que también sabia que el Ministro de Defensa Romero había consultado con Seineldin antes de aceptar el cargo; que esa consulta implicó una cena en la casa de Seineldín y otra en la casa del subsecretario de Defensa Dentone.

Sabiendo lo que vendría e intentando relativizar las cosas, dos días después, el presidente admitió que en los últimos tiempos existieron contactos entre funcionarios del gobierno y carapintadas, calificándolo de normales.

El 9 de agosto de 1991 Seineldín admitió haber cenado dos veces con Menem estando preso, es decir, después de Villa Martelli, Y haberse reunido varias veces con Mera Figueroa.

Pero a fin de ahorrar tiempo voy a lo principal que quiero confirmar: nuestra denuncia.

El 15 de febrero de 1993, Jorge Sonsoni vocero del ya ex coronel dijo que : “en los últimos días del ’88 o los primeros del ’89, el Coronel Seineldín dialogó con el entonces candidato presidencial Carlos Menem”. La reunión, reiteró fue en realidad, como dijimos, a principios de 1989.

El 11 de diciembre del ’93 el ex vicepresidente Víctor Martínez reconoció públicamente que, en la misma época, sectores “militares, políticos y de la Iglesia” le propusieron reemplazar a Alfonsín. Como excusa insólita, explicó que él no le dio importancia y por eso no se lo comunicó al Presidente. Lo que en realidad pasaba y que cualquiera puede imaginar, es que el ex vicepresidente se adelantó a lo que sabía terminarían difundiendo sus interlocutores golpistas.

Señor presidente, esta es una apretada síntesis de una relación más prolifera, pero sirve a los efectos de mostrar la confabulación vigente en enero del ’89. Ni los hechos previos al 23 de enero del ’89, ni los posteriores a esa fecha que acabo de mencionar fueron examinados por esta fiscalía ni por este tribunal. Todos ellos y muchos más son absolutamente veraces y de ser investigados darían como resultado la confirmación de la denuncia que hiciéramos el 12 de enero del ’89 y la existencia del intento golpista del 23 del mismo mes y año. Sí un día surgiera la voluntad de una investigación seria, podría proporcionar los nombres de testigos que confirmarían cabalmente cada una de las cosas que afirmé y otras que para abreviar y facilitar la comprensión evité nombrar. De no suceder eso acá, agotadas las posibilidades, lo haré ante la instancia supranacional que corresponde.

El fiscal Quiroga, como aquella vez en que en lugar de investigar al conspirador Rico terminó indagando un supuesto atentado contra él en la quinta “Los Fresnos”, ahora en lugar de investigar si había un golpe militar, se dedicó a demostrar que los golpistas eran los civiles. Esto, que no resiste el menor análisis concreto ni histórico, fue aprobado por este tribunal. En cuanto a lo concreto he explicado las circunstancias existentes cuando La Tablada. En cuanto a los antecedentes históricos debo decir que en este país hubo, desde el 11 de septiembre de 1852 al 3 de diciembre de 1990, 31 intentos golpistas, concretados o frustrados, promovidos, todos, por militares.

Los elementos que el mencionado fiscal presenta para argumentar su extravagante teoría son inconcebibles. Y si no fuera por lo dramático del caso moverían a risa.

LAS “PRUEBAS” Y LOS “TESTIGOS”

La fiscalía para demostrar su tesis se basa fundamentalmente en dos documentos: “Hipótesis de Conflicto” y “Rol de Combate”.

El primero fue obtenido, supuestamente, en un segundo allanamiento realizado en Grahan Bell. Aparentemente en el primero no habían “revisado bien”. Lo extraño de este segundo allanamiento es que se realizó después de que la casa fue ocupada por otras personas y sin la presencia de ninguno de los testigos que marca la ley; para completar el cuadro, quienes introdujeron la prueba falsa, los servicios de inteligencia del ejército, cometieron la torpeza de no reponer una de las fajas de seguridad que, como está probado, se encontraba violada.

La forma en que apareció la otra prueba capital de la fiscalía, el Rol de Combate, es a todas luces un hecho inédito en los anales de la justicia nacional e internacional. Y los personajes que la proveyeron parecen salidos de una historieta de ciencia ficción.

La “prueba” fue presentada, por miembros de “Prolatín”, en una conferencia de prensa el día 27 de enero de 1989 -o sea 3 días después de los sucesos de La Tablada- donde el único periodista presente de un medio escrito era Simeoni, comentarista de reconocida afinidad con militares, analista de sus cuestiones, y autor del libro “Aniquilen al ERP”.

La forma en que aparecieron los documentos fue dada seis días después; y en tres versiones diferentes según que miembro del grupo paramilitar Prolatín la explicara.

Según el “asesor espiritual”, el cura Moisés Jardín, las encontró entre las dádivas que los feligreses le dejaban diariamente en su parroquia. De acuerdo al Presidente de Prolatín, el entonces secretario del juzgado Criminal y Correccional N” 3 de San Isidro, Jorge César Quadro, la documentación fue entregada a Jardín por personal militar o policial para que éste la hiciera llegar “a donde correspondiera”. Y si nos atenemos a lo expresado por el miembro de Prolatín, Ángel Díaz, el hallazgo lo realizaron integrantes de “dos brigadas” de la organización, que habiendo participado en los hechos de La Tablada, los encontraron entre las ropas de Osvaldo Farfán. Otro miembro de Prolatín, el comisario Juan Carlos Bruno Moreno, actuó en el caso y ofició de testigo en el juicio que hace más de ocho años condenó a mis compañeros recluidos en Caseros y Ezeiza.

El documento Rol de Combate apareció publicado por vez primera y como primicia en la revista Somos del 1° de febrero de 1989, pero la lista parece que estaba incompleta.

Inmediatamente después el documento fue difundido por Ámbito Financiero con un nombre más. El periodista Daniel Frontalini comentó así el hecho en aquella oportunidad:

“La lista estaba un poco cruda ya que en seguida apareció en Ámbito Financiero con un nombre agregado que su presunto autor Roberto Sánchez (a quien se le adjudicó la elaboración del Rol de Combate) al parecer había olvidado en la versión original Con la cabeza y las manos aplastadas por la oruga de un tanque, Sánchez, al que los diarios de los primeros días dieron como abatido y cuyo cadáver aún no ha podido ser recuperado por sus familiares, debe haber resucitado para subsanar el error en el diario de Julio Ramos”.

La ecuanimidad y las virtudes morales de quienes entregaron este adefesio tampoco parecen elementos a resaltar. El cura Moisés Jardín desde su capilla en Punta Alta, Bahía Blanca, dijo un día: “Los hombres de armas y la Patria tendrán su domingo de gloria”. Menos de 24 horas después se desató la sublevación de Semana Santa del ’87. En diciembre del ’88 llegó a la Escuela de Infantería donde se había levantado Seineldín y declaró: “vengo a ver a los muchachos para traerles la palabra de Dios”. El 27 de enero del ’89 hizo aparecer el Rol de Combate con las características que acabo de explicar. Y el 3 de diciembre del ’90 fue preso por su participación en el levantamiento donde los tanques de Seineldín, entre otras cosas, pasaron por encima de un ómnibus de la línea 60 aplastando hasta la muerte a seis pasajeros. Más adelante fue liberado pero emigró al Uruguay donde pidió asilo a fin de evitar una nueva comparecencia judicial.

Hoy se encuentra en calidad de refugiado en la población Progreso de aquel país; seguramente luchando contra la droga y purificando almas.

El Comisario Juan Carlos Bruno Moreno, después de atestiguar contra mis compañeros en el ’89, fue procesado por formar parte de la banda parapolícial de secuestradores extorsivos autodenominada “Los Arcángeles”; posiblemente en homenaje a la fe cristiana de sus miembros.

Estas dificultades son la única explicación que encuentro para que este tribunal haya rechazado el pedido de mis defensores para que ambos testigos sean citados a declarar nuevamente en este juicio. Para traer a Jardín, la INTERPOL debería haberse desviado de sus ocupaciones habituales; y para que comparezca Bruno Moreno quizá el servicio penitenciario debería haber dispuesto de otro móvil y más presupuesto; además del que se destina a mi persona.

Lo más grave de esto es que esta comedia armada por la fiscalía y aceptada por este tribunal, haya hecho que mis compañeros ya lleven 8 años y medio presos; que hoy siga manteniendo su validez a los efectos de condenarme; y que esa basura, llamada Rol de Combate, se utilice para justificar la condena contra Ana María.

Uno se pregunta. En lugar de apoyarse en estos payasos tétricos, a quienes además tampoco trajeron ahora ¿Por qué no citaron a Alfonsín, a Víctor Martínez, a Menem, a Ríos Ereñú, a Mera Figueroa?.En este caso mis defensores podrían haberlos indagado; y ustedes y la gente; porque este es un juicio oral y público; podrían haber sacado sus conclusiones.

OTROS “TESTIGOS”

Para este tribunal también pasó desapercibido que dos soldados, Oscar Miranda y Marcelo Fabián Albar, indagados por la defensa en el juicio realizado en 1989, reconocieron que declararon contra nosotros de acuerdo a un libreto armado, que previamente habían practicado ante un tribunal falso montado en el Liceo Militar; en el que participó el fiscal Pablo Quiroga. Igualmente le pareció normal que el asesino, torturador y desaparecedor general Arrillaga, que sí contaba con tanques, cañones y bombas de fósforo, explicara que no pudo intimar la rendición de los incursores por carecer de “megáfono”. Tampoco se sorprendió este tribunal cuando el mismo asesino, Arrillaga, confundió al abogado defensor Salerno con uno de los imputados. Pero sí expulsó a Salerno de la sala cuando éste explicó que la confusión del criminal de debió a que el general lo conocía por haberlo torturado en 1975, cuando detuvo a Salerno en Mar del Plata.

¿DERECHOS HUMANOS?

Por otro lado, con el argumento de la división de causas, este tribunal evitó que se Investigaran las circunstancias en que las tropas del ejército desaparecieron hasta hoy a tres de nuestros compañeros, asesinaron a otros después de detenidos y descuartizaran a otros luego de muertos. Tampoco se investigó la utilización de fósforo blanco en la represión ni las torturas a que fueron sometidos los hoy presos.

En La Tablada hubo 18 compañeros caídos en combate o como consecuencia de bombardeos indiscriminados e innecesarios; por lo menos 10 compañeros fueron asesinados después de detenidos; y tres están desaparecidos. Entre los fusilados después de sus detenciones hay cinco cadáveres que no se han podido identificar par el estado en que quedaron sus cuerpos destrozados y, fundamentalmente, porque hasta hoy se ha impedido que se proceda a la exhumación de sus restos. Es decir, para impedir que se supieran los nombres de los desaparecidos se usó un pérfido método, propio de las prácticas del Terrorismo de Estado. Esta es una técnica macabra para que no podamos hacer la denuncia sobre los desaparecidos. Porque no podemos detectar y denunciar jurídicamente los nombres de los desaparecidos, mientras no identifiquemos a quiénes pertenecen los restos que existen. Faltan 8 compañeros y sólo hay restos de cinco de ellos. Mientras se impida identificar a los cinco, no sabremos con precisión quiénes son los tres desaparecidos. De esa manera, aunque nosotros suponemos quienes son, evitaron que pudiéramos probarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Las pruebas sobre los asesinados después de detenidos son terminantes. Pancho Provenzano, Berta Calvo, Carlos Samojedny, Ricardo Veiga, Pablo Ramos, Iván Ruiz, José Alejandro Díaz, fueron apresado vivos y las pruebas, sacando los testimonios de nuestros propios compañeros para evitar cualquier duda, son aportadas por fotografías de diversas revistas y diarios que registraron sus detenciones y por soldados que las presenciaron. Rubén Alvarez, Jorge Baños y Quito Burgos también fueron fusilados luego de tomados prisioneros; y una foto de la revista Gente del 8 de febrero de 1989 muestra los tres cuerpos caídos de bruces y los agujeros de los disparos con que fueron ultimados en la pared.

Para ocultar esta realidad y como una broma tenebrosa la justicia pidió a varios de ellos la captura a INTERPOL. La tenía también Pancho Provenzano hasta que su hermano lo reconoció el 8 de febrero del ’89, a consecuencia de una operación en la columna qué le había practicado tiempo atrás y que quedó incólume en su cuerpo destrozado.

MIS COMPAÑEROS

No puedo dejar de rechazar tajantemente las acusaciones de subversivos o criminales que la fiscalía ha realizado sobre mis compañeros, muertos, desaparecidos o presos. Todos los compañeros eran o son de probada trayectoria en la lucha popular y de incuestionable seriedad y ética.

Luis Segovia fue el principal dirigente de las luchas de los trabajadores de Villa Constitución reprimidas con asesinatos, desapariciones, torturas y prisiones por la AAA en 1975; y continuaba íntimamente ligado a los mismos trabajadores. Julio Arroyo era, al momento de La Tablada, dirigente de uno de los centros de producción más grande del país, el Ledesma, que es también una de las fábricas más importantes por el número de empleados que ocupa. Jorge Baños que, en Buenos Aires, es conocido por su actividad en pro de los Derechos Humanos y por haber sido uno de los primeros en denunciar la coordinación represiva entre los estados del Cono Sur en épocas de la dictadura, fue mencionado a finales de 1996, hace menos de un año, por el cacique de los Wichi cuando éstos recibieron los títulos de propiedad de sus tierras. En el acto realizado para ese fin, el cacique dijo que “agradecía a Jorge, que fue quien inició los trámites” de lo que ese día estaban recibiendo; y agregó, en forma directa, con la transparencia que lo caracteriza, y frente al estupor de ciertos “funcionarlos”, siempre refiriéndose a Jorge: “murió por los pobres en La Tablada”. Quito Burgos, además de periodista y uno de los conocedores más profundos de la historia Argentina y de América Latina, fue un gran luchador popular; y ya en el año ’62 había visitado las cárceles como víctima del plan CONINTES. Así también Carlos Samojedny, Pancho Provenzano, Claudia Lareu, Pablo Belli, José Luis Caldú, Félix Díaz y otros que habían sufrido persecuciones o cárcel; y todos los caídos, eran compañeros que desde comunidades cristianas de base, desde organizaciones barriales o desde ámbitos políticos, sociales o profesionales, estaban estrechamente integrados al pueblo y sus luchas.

Veinte presos han mantenido durante estos casi 9 años una conducta que es ejemplo de integridad moral. Entre ellos está Fray Antonio que sin haber tenido la menor participación en los hechos fue condenado a 20 años por su identificación con los reclamos de los pobres en cuanto a equidad y justicia. Y Roberto Felicetti que por su lucha contra la anterior dictadura y contra el embate militar del 23 de enero se convirtió en el preso político que más años pasó en prisión en toda la historia nacional: 17 años de cárcel. [Simon Radowisky estuvo preso 20 años, desde 1909 hasta 1929, año en que fue indultado.]

Independientemente de cualquier difamación, todos ellos tienen asegurado el futuro en el corazón del pueblo. Porque cuando la verdad no se logra imponer entre los contemporáneos, es la trascendencia, que se revela en la historia quien siempre rescata las causas justas y a sus impulsores.

Por eso la historia reivindica a Espartaco y no a los esclavistas; a Cristo y no a Judas; a Hidalgo y a Morelos y no a Iturbide o los colonialistas; a San Martín, Artigas o Bolívar y no a los invasores realistas; a Sandino y no a Somoza. Y la historia rescatará a los muertos, asesinados y desaparecidos en La Tablada y no a los nostálgicos del genocidio.

Señor presidente, por último, es una falacia más de la fiscalía tratar de adjudicar al MTP una línea armada de acción política. El MTP ha declarado reiteradamente que no tuvo ni tiene una táctica armada y los hechos lo demuestran. La Tablada fue una acción puntual, ante las circunstancias especiales que he descrito.

Señor presidente pienso y me interesa que ustedes lo sepan, que la importancia de este juicio no radica en la curiosidad por una condena que, sin duda, ya tengo asignada. En este juicio lo que realmente está en juego es si se impondrá definitivamente la ajuricidad típica de los Estados Autoritarios; o si este proceso ayudará para crear la conciencia necesaria que de ahora en más imponga una práctica jurídica propia de los Estados de Derecho. Por eso, éste trasciende a quienes somos acusados circunstanciales y es de interés de toda la sociedad democrática argentina y por qué no, internacional.

En el transcurso de mi alegato he marcado la ilegalidad de mi detención, y las arbitrariedades de todo tipo a que fueron sometidos mis compañeros condenados, que hoy se repiten en esta sala. También he reiterado nuestras denuncias por los asesinatos y las desapariciones de otros de mis compañeros. Sumando a dichas bestialidades, las características de este tribunal, sería humillante para mí que no me dicten la más alta de las condenas.

Quizás quienes me conocen habrán observado que en algunas oportunidades, hablando de mis hermanos víctimas del genocidio, se humedecieron mis ojos. Pero no me vieron en igual actitud quienes me torturaron ininterrumpidamente por diez días en el año ’71; ni quienes me llevaban camino a un fusilamiento frustrado en noviembre del ’95. Tampoco me verán en esa situación ante lo injusto de una condena brutal. Frente al ataque de los impúdicos, el decoro es más fuerte que el dolor.

Señor presidente, contra mi voluntad, quedo a su disposición.

Enrique Gorriarán

Fuente: Juicio de la Tablada: Alegato de Enrique Gorriarán Merlo, ante la Cámara Federal de San Martín, 2 de julio de 1997.