Arturo Frondizi: “Desarrollo nacional, paz social y legalidad para todos” (1 de mayo de 1958)

La Nación Argentina inició hoy un nuevo periodo constitucional, que las circunstancias han convertido en comienzo de una nueva era. En sus aspectos concretos, este comienzo de una nueva era. En sus aspectos concretos, este comienzo está colocado bajo el signo de la normalización institucional: hoy se instala, en todos los poderes del gobierno, a hombres elegidos por el pueblo y se reponen las institucionales que señala la ley. En lo profundo, este acto inicial está presidido por una idea moral: la clara e inequívoco voluntad de reencuentro argentino y de reanudar el desarrollo nacional, expresada por el pueblo en su pronunciamiento electoral del 23 de febrero de 1958.

Este acontecimiento se produce en excepcionales circunstancias históricas. Podemos afirmar, con plena conciencia, que la Argentina enfrenta hoy una encrucijada de su destino. Los problemas económicos que tradicionalmente han demorado el progreso nacional, suman ahora dimensiones que parecen superar la energía y los recursos disponibles para su solución. Frente a nosotros, a partir de este momento, dos perspectivas se abren para nuestra patria. O seguimos paralizados en nuestro desarrollo empobreciéndonos paulatinamente, estancados en nuestras pasiones y descreídos en nuestra propia capacidad, y nos despeñamos en el atraso y la desintegración nacional. O, en cambio, cobramos conciencia de la realidad, imprimimos un enérgico impulso y nos lanzamos, con decisión y coraje, a la conquista del futuro por el camino del progreso y de la grandeza del país.

Hora critica, sin duda, pero hora hermosa también, esta coyuntura histórica que pone en nuestras propias manos, en las manos de las mujeres y los hombres de esta Argentina viviente, el destino de la patria. De nosotros, protagonistas del momento histórico, depende que el país languidezca o que la Nación desarrolle todas sus posibilidades latentes sobre la base de las reservas morales y espirituales de su pueblo y de su creciente progreso económico y social.

Por su magnitud, la empresa que nos aguarda no puede ser obra de un hombre ni de un grupo de hombre. Es tarea de todo el pueblo argentino, e implica, también, una responsabilidad compartida por todos. El país reclama una participación conjunta de los sectores activos y un aporte integral de esfuerzos individuales. Nadie debe esperar que todo provenga del gobierno. El Poder Ejecutivo cumplirá su parte, prestando la ayuda que sea necesaria y estimulando la acción de las fuerzas creadores, que residen únicamente en el seno del pueblo.

REENCUENTRO DE LOS ARGENTINOS

Para que se pueda llevar a cabo esta empresa de realización nacional es condición previa e indispensable sellar definitivamente el reencuentro de los argentinos y alcanzar una plena y efectiva paz nacional. Debemos eliminar los motivos de encono, los pretextos de revancha y los últimos vestigios de persecución que pudieran subsistir. Debemos extirpar de raíz el odio y el miedo del corazón de los argentinos.

Recibimos y valoramos todo el pasado, con su grandeza y sus debilidades, pero ese pasado queda nuestras espaldas. No nos volveremos a remover las culpas ni a deslindar las responsabilidades que allí, desde hoy, quedan para que las juzgue la historia.

Hoy, 1 de mayo de 1958, el gobierno de la Nación Argentina, en nombre del pueblo, baja el telón sobre cuanto ha ocurrido hasta este preciso instante. Cerramos una etapa para poder dar, entre todos, un gran paso hacia delante.

En cumplimiento de ese imperativo histórico y de acuerdo con el compromiso contraído con el pueblo durante nuestra campaña electoral, el primer proyecto que elevaremos a la consideración de Vuestra Honorabilidad será la sanción de una amplia y generosa amnistía.

Con esta misma inspiración, mientras dure nuestro gobierno, en la Argentina nadie será perseguido por sus ideas ni por su actuación política o gremial, ni habrá otras comisiones investigadoras que aquellas que se propongan estudiar las inmensas posibilidades de progreso espiritual y material de la Nación. El Poder Ejecutivo considera que debe ser derogada toda legislación represiva de las ideas y suprimidos los organismos creados a tal fin. Cualquier ciudadano podrá elegir y ser elegido y todos los partidos políticos podrán constituirse y desarrollar libremente su actividad.

MARCHAR TODOS JUNTOS

El Poder Ejecutivo empeñará su máximo esfuerzo para hacer realidad anhelos. He llegado a la Presidencia de la Nación como candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente, pero he sido votado por vastos sectores del pueblo argentino que quieren bienestar, libertad, paz y progreso. A partir de hoy, gobernaré para todos los argentinos y reclamaré el concurso de cuantos comparten los anhelos del pueblo, cualquiera sea su militancia política y sin otra condición que honestidad y su capacidad.

Abandono toda tarea partidista y declaro solemnemente que desde la Casa de Gobierno no se hará política de partido. La Argentina necesita que se establezcan las condiciones de una profunda convivencia civilizada, comenzando por una efectiva convivencia política. Debemos terminar con el sectarismo y la intolerancia, para emprender una tarea fecunda basada en el respeto hacia el adversario, el estudio en común de los grandes problemas nacionales y la participación de los más capaces en las tareas concretas. El Poder Ejecutivo contribuirá a estos propósitos promoviendo reuniones y consultar con los partidos políticos, con dirigentes gremiales del trabajo y de la producción, con hombres de ciencia, técnicos y profesionales, con instituciones regionales representativas y con la expresiones mas destacadas de la vida espiritual y cultural argentina.

Para que todos puedan participar en la discusión de los problemas nacionales, el Poder Ejecutiva facilitará la información necesaria. Los legisladores y las autoridades de los partidos políticos que no estuvieren representados en las Cámaras, tendrán acceso a la información mas reservada. Queremos que todos compartan el esfuerzo realizador que el país exige, pero queremos también que se comparta la responsabilidad de las decisiones, mediante el conocimiento exacto de los problemas y el confrontamiento exhaustivo de las opiniones.

Para que el esfuerzo a cumplirse sea realmente fecundo, el restablecimiento del estado de derecho y de la seguridad jurídica en la Argentina, que hoy tiene lugar, debe ser puesto al servicio de un objetivo dominante: impulsar el desarrollo económico nacional sobre un fundamento de justicia social y de absoluta vida moral.

BASES POLÍTICAS DEL DESARROLLO NACIONAL

Acabo de prestar juramento ante Vuestra Honorabilidad como Presidente constitucional de los argentinos. Desde el momento mismo de ese juramento, han quedado restablecidos en el país el estado de derecho y la seguridad jurídica. El destino ha querido que la generación a que pertenezco asistiera, apenas iniciada su vida cívica, a la caída del Presidente Yrigoyen, que opero la ruptura del orden constitucional. Desde entonces, esa generación volcó sus mejores esfuerzos en la lucha por la restitución del régimen democrático. Hoy el país retoma la senda institucional. Nuestros títulos provienen de un comicio correcto, garantizado por integrantes de las Fuerzas Armadas de la Nación. Ese comicio se efectúo en cumplimiento de la palabra que estas empeñaron y la entrega del poder se cumple en el plazo previsto. Estos son hechos objetivos, que la historia registrara en toda su significación.

No seria leal con mi conciencia si no recordara otra vez, ahora, como lo hiciera durante el proceso electoral que culmino en el comicio del 23 de febrero, que ha habido inhabilitaciones y proscripciones políticas. Pero una amplia mayoría del pueblo nos ha votado y asumiremos todas las responsabilidades que corresponden a nuestra investidura. Garantizaremos la más absoluta libertad y aseguraremos, con total firmeza y energía, el orden. Esto valdrá para todas las manifestaciones de la vida nacional: desde los derechos y garantías individuales, hasta la actividad sindical y la vida educacional y religiosa.

SIGNIFICACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

Debe quedar bien claro que el establecimiento del estado de derecho significa la terminación del régimen revolucionario y de toda forma de poder "de facto". Significa, sobre todo, que el discrecionalismo dejara su sitio a la aplicación integra de la Constitución y de las leyes. O sea, la fuerza puesta al servicio del derecho en lugar de la fuerza que intenta crear el derecho. Habrá libertad dentro de la Constitución y orden dentro de la libertad.

La Constitución prevé, sabiamente, el equilibrio y el funcionamiento armónico de todos los poderes del Estado, sobre la base del acatamiento a la voluntad, a los derechos y a la realización del pueblo argentino. Sus disposiciones regulan las funciones, las atribuciones y la interdependencia de los poderes, reservando el veredicto final al pueblo entero que lo pronuncia a través del comicio limpio. Por encima de la organización constitucional, solo esta el pueblo, de quien provienen nuestros mandatos y a quien rendiremos cuenta de su cumplimiento. En las urnas que deciden el futuro del país, se enmiendan también los errores cuando los gobiernos equivocan el rumbo del destino nacional.

Restableceremos el régimen institucional argentino, para que la plena vigencia del orden jurídico garantice a todos los habitantes de la Nación la intangibilidad de su libertad personal y de conciencia, su honor y sus bienes, y para que resguarde celosamente el fuero intimo del ser humano. Pero es necesario también una sana actitud de comprensión por parte de todos los sectores del pueblo, para que todos nos ajustemos espontáneamente al estado de derecho, que no puede resultar solamente del respeto de la Constitución y las leyes. Debemos tomar conciencia de que el orden jurídico crea responsabilidades y que cada uno debe sacrificar algo de si para no interferir en el derecho ajeno. Todos tienen que contribuir, con su parte de tranquilidad, al orden institucional y al orden publico, únicos que harán posible el goce pleno de los beneficios de la libertad.

La Constitución prevé, sabiamente, el equilibrio y el funcionamiento armónico de todos los poderes del Estado, sobre la base del acatamiento a la voluntad, a los derechos y a la realización del pueblo argentino. Sus disposiciones regulan las funciones, las atribuciones y la interdependencia de los poderes, reservando el veredicto final al pueblo entero que lo pronuncia a través del comicio limpio. Por encima de la organización constitucional, solo esta el pueblo, de quien provienen nuestros mandatos y a quien rendiremos cuenta de su cumplimiento. En las urnas que deciden el futuro del país, se enmiendan también los errores cuando los gobiernos equivocan el rumbo del destino nacional.

Restableceremos el régimen institucional argentino, para que la plena vigencia del orden jurídico garantice a todos los habitantes de la Nación la intangibilidad de su libertad personal y de conciencia, su honor y sus bienes, y para que resguarde celosamente el fuero intimo del ser humano. Pero es necesario también una sana actitud de comprensión por parte de todos los sectores del pueblo, para que todos nos ajustemos espontáneamente al estado de derecho, que no puede resultar solamente del respeto de la Constitución y las leyes. Debemos tomar conciencia de que el orden jurídico crea responsabilidades y que cada uno debe sacrificar algo de si para no interferir en el derecho ajeno. Todos tienen que contribuir, con su parte de tranquilidad, al orden institucional y al orden publico, únicos que harán posible el goce pleno de los beneficios de la libertad.

EI HOMBRE COMO SER SAGRADO

Respetaremos los derechos humanos porque así lo ordenan la Constitución y las leyes, pero, además, porque ese respeto forma parte de nuestra concepción del hombre como ser sagrado.

En tal virtud se preservara celosamente el ámbito de la vida privada en la conciencia y en el hogar. Bajo nuestro gobierno estarán plenamente garantizados las libertades y derechos esenciales que hacen a la conciencia: la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de reunión y, sobre todo, el derecho a la crítica y a la oposición en medida legítima. Esas garantías concretas alcanzaran a las comunicaciones personales, a la correspondencia y a la intimidad del hogar, que serán otros tantos reductos inviolables, liberados del temor a los ultrajes y a los allanamientos practicados sin orden de autoridad competente.

Preservaremos la integridad de la familia, en sus bases morales, económicas y jurídicas. Deberán proveerse los medios que posibiliten una vida familiar digna y decorosa: educación de los hijos, atención de su salud y sólida formación espiritual. Dentro del gran esfuerzo nacional que emprenderemos, la juventud hallara el ámbito propicio para hacer valer su derecho a una vida plena y gozosa, que le brinde bienestar, capacitación y cultura. El empuje de la juventud será uno de los poderosos motores del gran impulso que cobrara la Nación.

FEDERALISMO Y VIDA MUNICIPAL

Deberá preservarse, en su autentico significado, la vigencia del federalismo argentino. Limitado a formas aparentes, desprovisto de substancias, no ha impedido el proceso de empobrecimiento del interior del país ni su creciente sujeción a las concentraciones portuarias. No son los elementos disociadores, sino los principios de solidaridad e integración nacional que inspiraron el mantenimiento y consolidación de los pactos preexistentes, los que deben orientar la efectiva acción federalista.

El fortalecimiento de las bases concretas del régimen federal no debe hacernos olvidar que constituimos, como Nación, una unidad de destino. Ese sentido de unidad nacional debe prevalecer en cada uno de los aspectos del desarrollo espiritual y material de las regiones argentinas. El federalismo argentino ha sido, hist6ricamente, un factor de integración nacional, y esa concepción debe ser rigurosamente preservada frente a los embates de quienes, amparándose en una animación localista de las autonomías provinciales, propugnan una versión mal llamada federalista de la economía, ajena a la realidad y a los bien entendidos intereses de las respectivas provincias, cuya suma constituye la Nación Argentina. Las riquezas del país son patrimonio de todos los argentinos y solamente un desarrollo armónico del país en su conjunto puede aprovechar por igual a todos sus hijos.

Otro tanto cabe decir de los municipios, donde la democracia alcanza, quizá, su expresión mas directa.

Consideramos que es precisamente allí, en la vida comunal, donde se hacen más evidentes los contenidos populares de la democracia, a través de la participación de todos los sectores representativos, en la elaboración, ejecución y contralor de las medidas de gobierno. Asegurar la vida municipal equivale, pues, a tanto como fortalecer en sus propias raíces la vida democrática que todos aspiramos a que crezca pujante sobre la tierra argentina.

BASES ECONOMICAS DEL DESARROLLO NACIONAL

La vida jurídica e institucional de la Nación se asienta sobre una realidad concreta: la realidad económica y social. No basta propugnar y defender la libertad. Hay que establecer y mantener condiciones objetivas que permitan el goce universal de la libertad y el ejercicio pleno de los derechos. Un hombre necesitado, como un hombre atemorizado, no es un hombre libre.

Si queremos efectuar un gran esfuerzo de realización nacional, necesitamos conocer bien la realidad económico-social del país, que es tan concreta como su realidad física o su realidad humana.

PANORAMA ECONOMICO ACTUAL

La situación económica del país es dramática. El tesoro nacional esta exhausto y los recursos normales que deben concurrir a sufragar las expensas de la Administración Publica no alcanzan en forma alguna, a cubrir los enormes gastos comprometidos. Por el otro lado, las magras reservas de oro y divisas que aun quedan en el Banco Central, están afectadas a obligaciones financieras de forzoso cumplimiento y a permisos de importación que ya tienen principio de ejecución.

A esos dos desequilibrios básicos hay que agregar, con sus complejas derivaciones económicas y sociales, la vigencia de un proceso inflacionario, para cuyo aceleramiento se han dado ya todas las condiciones requeridas.

Si mantuviéramos la política económica seguida hasta este momento, el país se vería abocado, a muy corto plazo, a la cesación de pagos internos y externos. Pero el gobierno ha de adoptar, con la urgencia y decisión que exigen las circunstancias, las medidas necesarias para que ello no ocurra.

La gravedad de la situación ha pasado quizás inadvertida, tras un volumen de gastos que, al tiempo que infundía una falsa euforia, contribuía a acelerar el proceso. El país deberá atenerse a los hechos consumados y solo cabe ahora afrontar los problemas, con la fe que inspiran la voluntad y la capacidad nacional.

LOS GASTOS PUBLICOS

Los gastos del Estado han alcanzado considerable volumen. Al presupuesto preventivo publicado oportunamente, se ha sumado una importante masa de necesidades financieras, algunas ya autorizadas y otras en tramite de serlo, que llevaran el total de gastos públicos a triplicar, aproximadamente, los registrados dos años y medio atrás. De ese conjunto de gastos, solo el 54 por ciento tiene resuelta su financiación. Para el 46 por ciento restante, que comporta el déficit potencial más extraordinario en la historia financiera argentina, habrá que obtener recursos excepcionales en forma urgente. Si no nos dispusiéramos a adoptar drásticas medidas, la administración publica se vera amenazada, a corto plazo, por la cesación de pagos.

Ese déficit no podrá reducirse substancialmente, puesto que la mitad del ejercicio financiero esta cumplido y gran parte de los gastos previstos se originan en compromisos ya formalizados. Por otra parte, dentro de los recursos computados están incluidas todas las fuentes financieras de carácter fiscal o crediticio, permanentes o transitorias, que estaban al alcance del tesoro público. Eso significa que, irremediablemente, el gobierno constitucional deberá arbitrar nuevos recursos, mediante una mayor presión impositiva o inflacionaria, para hacer frente a una enorme masa de gastos carentes de sustento financiero.

Como prueba de la deformación de las finanzas públicas a que ha llegado el país, bastara señalar que el 43 por ciento de los gastos corrientes de la administración pública —excluidas las inversiones y los subsidios a las empresas estatales— tendrá que ser atendido con recursos distintos a los provenientes de las normales fuentes impositivas. Eso significa transferir a las futuras generaciones gran parte de la carga financiera originada por los gastos de funcionamiento de la administración, en violación de todas las sanas normas que rigen la hacienda publica.

Es evidente que el país ha perdido el contralor sobre los gastos del Estado y el empleo de los fondos públicos. Si la Administración ha podido hacer frente hasta ahora a esa creciente elevación de los egresos, ha sido a costa de expedientes de carácter excepcional y transitorio, como la utilización de los ingresos del Fondo de Restablecimiento Económico, el impuesto de emergencia, el producido de la aplicación del régimen de incremento patrimonial y los fondos acumulados en el Banco Central, provenientes de márgenes de cambio. Agotados estos, se ha previsto el empleo de la totalidad de los fondos bancarios a que legalmente tiene acceso la Tesorería Nacional, para cubrir, con carácter transitorio o de anticipo, las insuficiencias estacionales. Pero aun así, en el curso de los últimos meses ha comenzado una retracción en los pagos de la Administración pública, claro síntoma de la grave situación que afrontamos.

El gobierno encarara el problema y dará estricto cumplimiento a las obligaciones contraídas por la Administración publica. Las exigencias del desenvolvimiento económico, a las que debe ajustarse la política financiera, indicaran si esa provisión urgente de fondos se hará por vía del endeudamiento, del impuesto o de la emisión monetaria. Pero desde ya el Poder Ejecutivo compromete su decisión de adoptar severas economías para detener ese proceso que amenaza con paralizar el esfuerzo nacional, esfuerzo que todos queremos ver encaminado hacia el progreso económico y la elevación de las condiciones de vida de toda la población.

LA BALANZA DE PAGOS

No es menos grave la situación que se plantea en el orden de los pagos con el exterior. En el curso de los últimos tres años, Argentina ha tenido un quebranto comercial de 764 millones de dólares, como consecuencia del exceso de importaciones sobre las exportaciones. Ese déficit ha liquidado prácticamente las existencias de oro y divisas que se reservan para hacer frente a dificultades de carácter transitorio y excepcional, al tiempo que ha originado una creciente deuda externa, cuyos servicios financieros ya comienzan a constituir un importante pasivo en nuestra balanza de pagos.

Era previsible, con mucha antelación, que llegaría el momento en que el agotamiento de las reservas monetarias y la utilización de los créditos externos, expondrían al país a graves consecuencias. Sin embargo, poco o nada se ha hecho para evitarlo. En cambio, se han empleado, para importar artículos superfluos, suntuarios o que el país ya produce, divisas que ahora escasearan para la incorporación de bienes y productos indispensables.

Las escasas reservas que aun restaban en el Banco Central a comienzos del año, se encuentran comprometidas al pago de vencimientos de créditos extranjeros ya utilizados y de los permisos de importación que, en gran volumen, ha venido autorizando el Banco Central hasta este momento. El primer trimestre del año en curso ha arrojado un déficit comercial con el exterior de tal magnitud, que si no se adoptaran las enérgicas medidas que estamos dispuestos a adoptar, Argentina podría ver amenazada la provisión de suministros tan vitales como combustibles y materias primas, antes de terminar el año.

EL PROCESO INFLACIONARIO

El proceso inflacionario que se desarrolla desde las postrimerías de la última guerra, no solo no ha podido ser contenido, sino que se encuentra notablemente agravado en la actualidad. Su primera consecuencia ha sido la elevación de los precios internos. En 1956 el costo de vida aumento en 13 por ciento. En 1957, ese incremento fue del 25 por ciento. Tras una aparente calma, proveniente del esfuerzo realizado para demorar la incidencia del proceso en el precio de los artículos de primera necesidad, el encarecimiento de la vida se ha acentuado. La emisión monetaria destinada a financiar excesivos gastos públicos, la reciente elevación del precio de los cereales, las medidas destinadas a salvaguardar el patrimonio ganadero, actualmente en liquidación y el incremento de los costos provocados por diversos factores concurrentes, ya están operando como nuevas causas de elevación de los precios.

La experiencia ha demostrado, una vez mas, que para detener el alza del costo de la vida es indispensable desarrollar una política económica y social tendiente a crear mas riqueza y a distribuirla con arreglo a normas de equidad.

No es reduciendo el consumo sino aumentando la producción como habremos de lograr el equilibrio y obtener una moneda de valor relativamente estable. El forcejeo entre los precios y los salarios es consecuencia de la legitima resistencia de los distintos sectores de la población a aceptar un decrecimiento de su nivel de ingresos, paralelo al proceso de empobrecimiento a que esta sometido el país.

Hay que invertir ese proceso, para buscar el equilibrio en una economía de abundancia, en donde cada aumento de salarios signifique una conquista real y efectiva del trabajador en el goce de mayores bienes. Las riquezas potenciales del país justifican que el esfuerzo se canalice en esa dirección y solo esperan, para convertirse en realidad, el esfuerzo solidario de los argentinos.

FE EN EL PAIS Y EN EL PUEBLO

El panorama que acabamos de exponer refleja, someramente, la gravedad de la actual situación, económica. Oportunamente, el Poder Ejecutivo ofrecerá al país un balance e inventario completo de la situación. Ni las cifras expuestas ni lo que se va a dar a conocer, significa que pretendamos atribuir o distribuir responsabilidades. Hemos afirmado que bajamos el telón sobre todo el pasado, y ello vale para todos los órdenes de la vida nacional. Queremos que el país sepa donde esta, para apreciar mejor la magnitud del esfuerzo que debe realizar. Lo único que interesa es saber que se debe hacer y como tenemos que hacerlo.

Si no tuviésemos, como tenemos, un pueblo con férrea voluntad de realizarse como nación, esta situación seria catastrófica. En Argentina, rica en recursos naturales y fuerte en la decisión de su pueblo, para hacer un gran país, es una carga agobiadora pero no paralizante. Esa realidad dramática e imperiosa, obra como estimulo y como desafío a la inteligencia creadora, a la capacidad y a la voluntad de realización de todos los argentinos.

Estamos en crisis, pero no le tenemos miedo a la crisis. Sabemos perfectamente que, ante las dificultades concretas, cada uno de nosotros hará un examen de conciencia acerca de su responsabilidad y se preguntara que puede hacer a favor de la Nación.

 Frente a la tarea que nos espera, reiteramos nuestra profunda fe en el país y en cada uno de sus hombres y mujeres.

Además conocemos el objetivo a alcanzar y sabemos como hacerlo. Nuestra meta es lograr una economía de abundancia. El camino para lograrlo es promover una rápida y poderosa capitalización nacional, sobre bases de justicia social, e imprimir un enérgico impulso de desarrollo, que el país esta totalmente capacitado para emprender.

LOS MALES DE LA BUROCRACIA

Antes de plantear los lineamientos básicos de esa empresa de recuperación y realización nacional, debemos considerar uno de los aspectos mis agudos del panorama actual.

Hemos aludido al déficit presupuestario que gravita como un mal endémico sobre la economía nacional. La Argentina no puede seguir desenvolviéndose en esta forma. La carga financiera de la administración pública no solamente deprime la actividad productiva. Es un factor inflacionario que afecta la estabilidad monetaria y el desarrollo económico. Es necesario e impostergable iniciar una acción de austeridad y nacionalización que permita detener el proceso de hipertrofia administrativa tanto en el orden nacional como en el provincial y municipal. Es necesario que quienes asumen el gobierno, a todo lo largo del país, lo hagan con el convencimiento de que han sido elegidos para desempeñar un servicio a la Nación y no para gozar de las ventajas del poder y extenderlas a las personas de su relación familiar o política.

Debemos combatir los males de la burocracia como uno de los principales factores que paralizan el esfuerzo nacional. No estamos contra los empleados, que trabajan dignamente por su existencia y contribuyen al bienestar general, sino contra las deformaciones de un sistema. Para impulsar su propio progreso, el país necesita una Administración pública eficiente, ágil y moderna.

En el orden nacional hay que lograr el equilibrio entre los gastos corrientes de la administración y los ingresos fiscales de carácter permanente. No es admisible que el país siga financiando gastos comunes, de consumo, mediante la utilización de recursos crediticios que transfieren al futuro el sostenimiento de la administración actual. El crédito solo debería ser empleado para la financiación de inversiones reproductivas o de aquellas obras que han de beneficiar por igual a las próximas generaciones y que, en consecuencia, justifican la transferencia de la carga.

No ignoramos que el objetivo es de difícil realización puesto que la dislocación financiera ha alcanzado proporciones imposibles de corregir a corto plazo. No obstante, debemos tender hacia ello desde el primer momento, mediante una adecuada racionalización de los servicios. Las vacantes pueden ser suprimidas; parte del personal existente puede ser redistribuido y puede evitarse la creación do nuevos organismos burocráticos. Pero la solución mas efectiva es dar fuerte impulso a la actividad privada de carácter productivo, para crear fuentes de trabajo mas provechosas y atractivas que el empleo publico y ofrecer un destino menos limitado e infecundo a los miles de jóvenes, que consumen en la burocracia su capacidad de trabajo y de creación.

CONDICIONES BASICAS DEL DESARROLLO ECONOMICO

La promoción del desarrollo nacional, objetivo fundamental de nuestra política económica, debe ser llevada a cabo en todos los planos de la actividad del país. Para que ello sea posible, es indispensable que exista un clima de tranquilidad, seguridad y estabilidad.

El establecimiento del orden jurídico y de una justicia independiente que proteja al ciudadano contra los excesos del poder administrador, son condiciones indispensables para el progreso económico. Lo mismo, el respeto por las obligaciones contraídas. No debemos apartarnos de esos principios, ni aun en aquellos casos excepcionales en que la violación de la norma jurídica pareciera justificarse en la defensa de un concreto interés nacional, puesto que el simple quebrantamiento de la juridicidad origina la incertidumbre, promueve la inestabilidad y concluye causando al país mas daños de los que se pretendieron prevenir.

La existencia de garantías jurídicas concretas para las personas y los bienes es condición necesaria pero no suficiente. El gobierno debe contribuir creando condiciones que permitan la formulación y desarrollo de programas de largo alcance. La inestabilidad y los cambios de orientación oficial desalientan a los hombres de empresa, puesto que nadie se atreve a trazar planes para el futuro si no esta seguro de que las condiciones tomadas como punto de partida se han de mantener en el plazo previsto. Si solo puede haber previsión tampoco habrá inversión. Y sin inversiones productivas y realizadoras, el sistema económico languidece y declina el bienestar de la población.

Todo gobierno ha de tener un programa, al que ha de ajustar su conducta. Debe definir claramente sus propósitos y llevarlos a la práctica sin dislocar el sistema económico ni paralizar el proceso productivo. Los gobiernos deben proponerse, sobre todo, objetivos realizables y no aventuras teóricas despojadas de contactos con la realidad inmediata. Por nuestra parte, estamos resueltos a dar soluciones concretas a los problemas concretos, conforme lo aconsejen las circunstancias reales.

Las atribuciones económicas del Poder Ejecutivo no serán ejercitadas arbitrariamente. Los programas de acción y las medidas prácticas serán sometidos a la discusión pública y elaborados previa consulta con los sectores que puedan aportar un conocimiento directo de la realidad, al que no tiene siempre acceso el funcionario público. Los distintos sectores sociales interesados participaran activa y responsablemente en la discusión y elaboración de los planes de desarrollo económico nacional. Esperamos, por lo tanto, que esos sectores trabajen con más fe y optimismo cuando llegue el momento de la realización de esos programas. Nadie debe ser testigo, sino actor real y consciente del quehacer histórico.

FINES Y MEDIOS DEL DESARROLLO ECONOMICO

La finalidad de la política económica será emplear mejor los recursos productivos como único medio valedero para obtener el más alto nivel de vida posible, en una comunidad política y económicamente soberana. Aumentar la producción y posibilitar su más equitativa distribución son los dos objetivos que deben ser armonizados. Un aumento del conjunto de la riqueza que produce el país, que no aproveche a toda la población no es un bien socialmente apreciable. Una distribución de riqueza que desaliente el esfuerzo productivo concluye por empobrecer a todos. La política económica ha de procurar encontrar y mantener el punto de equilibrio entre la fuerza dinámica de la creación individual y los principios de equitativa distribución impuestos por la solidaridad social.

La creación de riqueza exige un incremento sustancial del ingreso nacional, una movilización integral del esfuerzo productivo del país y un aprovechamiento pleno de todos los recursos disponibles. Para que este esfuerzo sea duradero, deberán fortalecerse, al mismo tiempo, las bases concretas del desarrollo nacional y deberá emprenderse una acción conjunta con los países limítrofes y vecinos.

COMERCIO EXTERIOR

En el estado actual de nuestra economía, basada principalmente en la comercialización de productos agropecuarios, el aumento del ingreso equivale a trazar una nueva y enérgica política de comercio exterior.

La declinación general de los precios agropecuarios en el mercado internacional ha sido artificialmente agudizada por una errónea comercialización de los cereales, frutas y carnes argentinas, que redujo proporcionalmente el ingreso de divisas. Esta situación deberá ser corregida con una mejor orientación del intercambio, la diversificación de los mercados y la celosa defensa de los valores de exportación. Pero a corto plazo la única solución efectiva consistirá en limitar las importaciones a lo imprescindible. Si lo encaramos seria y urgentemente, podremos asegurar los abastecimientos indispensables para nuestro desarrollo económico, sin afectar las actividades de interés nacional. De lo contrario, la reducción de nuestras importaciones se producirá indiscriminadamente, como consecuencia de la negativa de los proveedores a efectuar embarques sin previo pago. En este caso, el país podía llegar a carecer de los elementos básicos requeridos por su normal desenvolvimiento económico.

La limitación racional de las importaciones no afectara la economía del país, puesto que, históricamente, el desarrollo económico ha sido mas demorado por el exceso que por la falta de importaciones. Gran parte de nuestros recursos básicos y de nuestras posibilidades industriales no han sido explotadas en razón de una excesiva dependencia de las manufacturas y productos de importación. En la medida en que se reduzca esa dependencia, aumentara la actividad económica del interior del país, gracias a la aparición de nuevas fuentes de producción y de trabajo, que darán bases mas firmes al desarrollo nacional.

POLITICA FINANCIERA

La política fiscal, monetaria, crediticia y cambiaria deberá servir de estimulo a la producción útil a la colectividad alentando a quien crea riqueza y desalentando al especulador y al ocioso que participa de aquella sin contribuir a su formación. El actual desenvolvimiento de la economía argentina esta indicando que esos objetivos no han sido todavía alcanzados, puesto que el préstamo a interés, la inversión inmobiliaria o la especulación proporcionan a sus titulares, beneficios superiores a los que obtiene quien arriesga su capital y afecta su trabajo personal a la creación de bienes.

Habrá que revisar el sistema impositivo argentino para que pueda desempeñar su función de promoción económica y de equilibrio social. Será necesario también proporcionar al productor los recursos crediticios que lo liberen de la sangría permanente de la usura, que desalienta la actividad creadora, ahuyenta la inversión, limita la producción y se traduce en una elevación artificial de costos y precios, con la consiguiente repercusión en los hogares humildes.

El ahorro nacional deberá ser encauzado hacia la inversión productiva, evitando su transferencia al exterior o su aplicación a finalidades especulativas. El Estado adoptara todas las medidas que sean necesarias para que el mercado de valores vuelva a ser una importante fuente de recursos necesarios para la expansión de las empresas nacionales.

INVERSIONES EXTRANJERAS

El mayor aporte a la capitalización del país, deberá provenir del esfuerzo y del ahorro nacional, pero la capacidad de ahorro local es todavía insuficiente para financiar el ritmo de progreso que el país necesita. En tales condiciones, el capital extranjero, aplicado a inversiones productivas, opera como factor de aceleración del proceso.

Las nuevas industrias que se instalen tenderán, en su emplazamiento geográfico, al fomento de las economías regionales y a la creación de centres productivos en el interior del país, basados en el aprovechamiento de los recursos locales. El régimen fiscal y la política crediticia estarán al servicio de ese objetivo que exige, entre otras medidas, el restablecimiento del Banco Industrial como proveedor integral de las necesidades del desenvolvimiento de las empresas industriales.

POLITICA ENERGETICA

Conjuntamente con la promoción industrial, deberá impulsarse enérgicamente el aprovechamiento de las riquezas energéticas y mineras. Debemos alcanzar el autoabastecimiento energético, basado en la explotación de los yacimientos de petróleo y carbón y en la utilización de la potencia hidroeléctrica. Ello nos permitirá ir sustituyendo gradualmente importaciones de combustibles que en 1957 han insumido la cantidad de 318 millones de dólares.

Esa riqueza debe dejar de ser potencial para convertirse en una realidad al servicio del progreso y del bienestar nacional. Aplicaremos allí todos los recursos disponibles para reactivar la producción, puesto que es la inversión más remuneradora que el país puede encarar. Aceptaremos la cooperación del capital privado en la medida en que los recursos oficiales sean insuficientes, pero sin dar lugar a concesiones ni a renuncias del dominio del Estado sobre esa riqueza preexistente.

Las reservas comprobadas en petróleo sobrepasan actualmente los 325 millones de toneladas. El gas proveniente de los mismos yacimientos equivale a otros 90 millones de toneladas de petróleo. Esas reservas equivalen, al costo actual de importación, a no menos de 10.000 millones de dólares. Al ritmo actual de aprovechamiento, las reservas comprobadas de petróleo duraran 65 años y las de gas cerca de un siglo. Si se lograra el autoabastecimiento, sobre la base de un consumo creciente, las reservas de petróleo alcanzarían a cubrir las necesidades totales de la Nación por un cuarto de siglo, lapso mas que holgado para el descubrimiento de nuevos yacimientos que sustituirán a los que se vayan agotando. O sea que no solamente estamos en condiciones de alcanzar el autoabastecimiento sino aun, de obtener excedentes exportables.

Frente la critica situación actual, la riqueza potencial de nuestros yacimientos petrolíferos abre el horizonte de un futuro bienestar y grandeza nacional. Es pues hacia allí donde debemos canalizar nuestros mayores recursos y energías, puesto que es el camino mas corto para alcanzar la meta anhelada. Por eso, atento a la importancia vital que para el porvenir del país tiene la explotación de nuestro petróleo, asumiré personalmente la responsabilidad de dirigir Yacimientos Petrolíferos Fiscales, requiriendo a sus funcionarios, técnicos y trabajadores, el mas amplio concurso para el cumplimiento de su misión, que hace al bienestar de todos los ciudadanos y a la independencia y grandeza de nuestra patria.

SIDERURGIA NACIONAL

Deberá imprimirse, también, fuerte impulso a la siderurgia, que es otra garantía de progreso y soberanía nacional. La puesta en marcha de la planta de San Nicolás tendrá prioridad absoluta en los programas de ejecución. Activaremos la explotación de los yacimientos de carbón y de mineral de hierro de Río Turbio y Sierra Grande, y continuaremos con la ampliación de las plantas de Zapla. La creación de una poderosa industria pesada constituye actualmente el basamento indispensable de todo programa de desarrollo e integración económica nacional. Mientras no logremos alcanzar ese objetivo en nuestro país, será altamente beneficioso concertar acuerdos de abastecimiento de materias primas con los países sudamericanos que cuentan con esos materiales y ofrecen amplio mercado para nuestra producción.

INTEGRACION DEL AGRO

La promoción de una pujante industria será hecha dentro del cuadro de integración económica que constituye la clave de nuestro desarrollo nacional. Dentro de ese cuadro, el agro amplia y profundiza su función econ6mica y cobra nueva significación como factor de progreso técnico y social.

Por haber demorado en exceso su desarrollo energético e industrial, la economía argentina sigue descansando en gran parte sobre lo que produce el sector agropecuario, que actualmente ocupa el 20% de la población. De la riqueza que genera ese sector provienen los recursos externos del país, que son aprovechados por toda la población. Esta transferencia de ingresos esta acarreando crecientes penurias económicas al productor agrario. El remedio consiste en elevar la capacidad productiva de todos los sectores económicos, promoviendo un crecimiento armónico e integral de todo el país.

Ese desarrollo significara también progreso para el agro. Permitirá tecnificar y mecanizar las tareas males, diversificar la producción e incorporar a la vida del hombre de campo todas las ventajas de la civilización. Esta elevación del nivel de vida significara, a su vez, una ampliación del mercado de consumo interno, o sea, un nuevo estimulo para la economía nacional.

Junto a estas conquistas técnicas, deberá resolverse el más agudo problema que aqueja actualmente a trabajadores y productores rurales: el acceso a la tierra por cuantos quieran hacerla producir, y la estabilidad del hombre de campo y su familia en la tierra que trabaja. Ambos aspectos constituirán preocupaciones principales de nuestro gobierno, pues en el campo, como en las restantes actividades económicas, la seguridad y la estabilidad son requisitos indispensables de todo progreso.

FUNCION ECONOMICA DEL ESTADO

El programa que apenas hemos logrado esbozar significa defender nuestra débil economía nacional del embate de economías más fuertes y de las consecuencias de las crisis exteriores. En el orden interno, deberá garantizarse la libre competencia como estimulo de progreso, con miras al bien común y facilitarse la función creadora de la iniciativa privada. La función del Estado no debe consistir en suplir la acción de los particulares sino donde estos no puedan desenvolverse eficazmente. El gobierno cuenta con los resortes necesarios para encauzar la acción privada en el sentido más compatible con el bienestar general, sin necesidad de reemplazarla directamente.

Durante nuestro mandato, el Poder Ejecutivo no propiciara nuevas estatizaciones, puesto que consideramos que los graves problemas económicos que afronta hoy el país, no se resolverán transfiriendo actividades del sector privado al sector publico.

Consideramos, asimismo, que debería desaparecer de la vida política argentina, las practicas de confiscación que, bajo distintos pretextos y apariencias, han contribuido a crear un clima de incertidumbre e inseguridad, incompatible con el concepto de país civilizado. Ello no significa que deba darse un solo paso atrás en lo ya hecho. Las empresas nacionalizadas deben ser mantenidas como tales y, en ese sentido, las decisiones adoptadas deben considerarse irreversibles. En cambio, deberá imprimirse a las empresas estatales la eficiencia que el país reclama. Cuando una empresa privada produce a costos antieconómicos, no obtiene ganancias y va a la quiebra. Pero cuando las pérdidas se producen en las empresas estatales, los recursos se obtienen de los fondos del Estado, es decir, los carga todo el pueblo. Para que cada uno asuma sus responsabilidades, el país va a conocer los costos de producción de las empresas nacionalizadas. Sus administradores rendirán cuentas periódicamente y se publicaran los planes de inversión y las cuentas de explotación. La subvención del Estado debe ser la forma de asegurar una prestación de servicios a precios inferiores al de su racional costo de producción, y no una manera de disimular la ineficiencia de la dirección y de despreocupar a esta acerca de los resultados económicos de la explotación.

En la medida en que no se altere el dominio y el contralor publico sobre la actividad estatal, puede darse participación a la empresa privada, mediante contratos de locación de obra, de servicios o de suministros de elementos.

Las empresas nacionalizadas deberán tratar, asimismo, de producir al más bajo costo pero no sobre la base de un excesivo esfuerzo del hombre que trabaja. La justicia que reclamamos para el obrero de las empresas privadas debemos comenzar por respetarla y hacerla efectiva en las empresas del Estado, es decir, del propio pueblo argentino.

INTEGRACION LATINOAMERICANA

Una acción conjunta de las naciones latinoamericanas puede influir decisivamente en el desarrollo e integración nacional de cada una de ellas. Invitaremos a los gobiernos de esos países hermanos a defender en el mercado mundial los precios de sus producciones nacionales, a luchar contra las discriminaciones que se hacen respecto de nuestros países y a combatir el "dumping". Bregaremos por la diversificación y ampliación de nuestros mercados y por la elaboración y ejecución de planes conjuntos para el desarrollo industrial nacional.

Es necesario que los países de America Latina actúen coordinadamente frente a los organismos internacionales y las potencias inversoras, a fin de defender concretamente las posibilidades de nuestros respectivos desarrollos. Esta política conjunta debe conducimos a acuerdos bilaterales y regionales, con vistas a la constitución de un mercado común latinoamericano, como culminación de los procesos previos de integración y desarrollo nacionales.

BASES SOCIALES DEL DESARROLLO NACIONAL

Hemos debido referirnos con algún detalle a la situación económica del país porque en ella se dan los problemas mas graves y los que reclaman más urgente solución. También la realidad social preserita síntomas de anormalidad y malestar. Existe el problema del costo de la vida y existe, además, un problema obrero causado por la ingerencia de factores extraños en el seno de la vida sindical.

COSTO DE LA VIDA

Frente al hecho comprobado de que la relación entre el salario y el costo de la vida ha sufrido una profunda variación que perjudica a los trabajadores, el gobierno acordara un aumento de emergencia. Esta medida es indispensable para compensar el encarecimiento de la vida y permitir una vida digna y decorosa a todos los trabajadores manuales e intelectuales. La inspira no solo un principio indiscutible de justicia social, sino también el interés de todo el país, porque cuando se reduce la capacidad adquisitiva del pueblo se opera una contracción del mercado interno que repercute negativamente sobre el conjunto de la economía nacional.

Hemos recibido el país con una serie de conflictos y dificultades que nos obliga a incluir algunas retroactividades en los aumentos rezagados de sueldos y salarios. Pero, terminados estos inconvenientes, durante nuestro gobierno no seguiremos la perniciosa práctica de fijar salarios con efecto retroactivo.

Los aumentos de sueldos que se resuelvan no deberán significar nuevas alzas de precios para los artículos de primera necesidad, tanto mas si se tienen en cuenta los aumentos operados en las ultimas semanas. El P. E. esta dispuesto a estudiar, junto con representantes de los sectores interesados, las medidas que deberán adoptarse para impedir todo abuso o especulación.

DEMOCRACIA SINDICAL

La otra causa de intranquilidad gremial es que los trabajadores no han podido elegir libremente a sus legítimos representantes y dirigentes. Para su normal desenvolvimiento, el movimiento obrero necesita que imperen en el país las libertades democráticas. Por eso nuestro gobierno se preocupara ante todo de dictar las medidas necesarias para asegurar el libre ejercicio de los derechos sindicales: el derecho de huelga, de asociación, de reunión, de expresión y de representación. Deberán brindarse asimismo los medios concretos que hagan posible la utilización de radiodifusoras, periódicos y locales, para difundir y hacer conocer las decisiones y los puntos de vista de las organizaciones obreras.

Devolveremos la normalidad y la tranquilidad al campo sindical. Cesaran las intervenciones, interdicciones e inhabilitaciones gremiales.

La entrega de las organizaciones sindicales que todavía deban reintegrarse a sus legítimos dueños, obreros o empleados, deberá cumplirse en término breve y perentorio. Deberá asegurarse a todos los trabajadores la más completa libertad para designar a sus representantes, sin que nadie sea privado del derecho de elegir y ser elegido.

EI debate entre los trabajadores se desarrollara sin ingerencia alguna del Estado. Quedara descartada la intromisión policial en la vida sindical y quedara igualmente asegurada la custodia de la voluntad gremial libremente expresada. El P. E. no reconocerá ningún derecho a la dirección de un sindicato que no nazca de la voluntad de los afiliados. Ningún hecho de fuerza dará títulos para ejercer el gobierno o la representación de un gremio. La ocupación de los sindicatos por la violencia quedara definitivamente proscripta. Esta será la forma de asegurar la mas autentica democracia sindical.

RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS SECTORES

Los trabajadores deben resolver sus problemas en su propio seno, libres de cualquier interferencia estatal, partidista o patronal. El movimiento obrero es el único árbitro de su propio destino; no tiene dueños ni necesita tutores. Por encima de las tendencias que luchan por el predominio, los trabajadores han demostrado que quieren fervorosamente la unidad y la independencia del movimiento obrero. El P. E. ve con satisfacción los progresos que realizan los gremios en la tarea de reorganizar la Confederación General del Trabajo, pues considera que la existencia de una sola y única central obrera es un factor eficiente de estabilidad y de progreso social y económico en todo país adelantado.

Tenemos confianza en el extraordinario grado de madurez que ha alcanzado nuestra clase trabajadora y confianza en su gran sentido nacional. Ha dado claras evidencias de su comprensión del actual proceso argentino, al reconocer que sus intereses coinciden con los de toda la comunidad y que no hay justicia social verdadera sin la solución de los problemas económicos nacionales.

Sabemos que los trabajadores organizados son uno de los motores fundamentales del progreso hist6rico y de esa conciencia nace, precisamente, la extraordinaria responsabilidad que les asignamos en este momento crucial de la vida argentina.

Pero así como la Republica reclama un esfuerzo conjunto de todos los sectores, todos comparten también la responsabilidad del momento, en sus respectivos ámbitos de acción. Todos deben cumplir su parte en el proceso del desarrollo nacional.

Los empresarios deben mejorar la calidad de la producción, ganar nuevos mercados y regirse por estrictas normas de ética comercial para que la industria acreciente su prestigio en el país y en el extranjero.

Los técnicos y profesionales deben tener sentido social y nacional. Deben promover el mejoramiento del país y la explotación integral de sus recursos. Deben poner su capacidad y su imaginación al servicio del progreso de la Republica.

Nuevas y fecundas posibilidades aguardan también a los vastos sectores de clase media integrados por comerciantes, pequeños industriales y pequeños productores agropecuarios. El atraso económico del país repercute severamente sobre su condición espiritual y material. El desarrollo nacional, en cambio, abre las perspectivas de un alto nivel de vida para toda la población y crea nuevas demandas y nuevas oportunidades para los negocios, los talleres y las granjas de todo el país. El papel activo que estos sectores sociales pueden desempeñar, junto a trabajadores, técnicos y empresarios, en la transformación económica nacional, redundara a la postre en su propio beneficio, como miembros de la comunidad creadora de todos los argentinos.

BASES CULTURALES DEL DESARROLLO NACIONAL

El progreso económico y social solo será fecundo si sirve al desarrollo espiritual del país. Pero, a su vez, el desarrollo nacional reclama que la formación humana y las creaciones culturales de los argentinos se afirmen en la concreta realidad del tiempo y del lugar en que vivimos y sean, también, expresión de los anhelos del pueblo. La realización de estos objetivos incumbe solo en pequeña parte al gobierno, puesto que toda obra de creación puede surgir, únicamente, del seno del pueblo, pero deberán agotarse todos los medios para crear las condiciones propicias.

POLITICA EDUCACIONAL

Dentro de estas condiciones, la política educacional constituye un elemento fundamental. En esa materia, el Estado deberá cumplir con los deberes que prescribe la Constitución y con sus preceptos sobre la libertad de aprender y libertad de ensenar. Todo argentino debe tener asegurado el acceso a la educación y el derecho de elegir, para si o, como padre, para sus hijos, el tipo de enseñanza que prefiere. La salvaguardia de estos derechos es esencial, porque la imposición obligatoria de un espíritu determinado en la enseñanza constituye un avance peligroso en el ámbito sagrado de las conciencias.

El Poder Ejecutivo esta hondamente preocupado por la educación del país. Sabemos que la injusticia social, el atraso en el orden econ6mico y la incapacidad técnica son males agravados por antiguos errores en el orden educacional, que consideramos indispensable reparar.

En primer lugar, la educación, en sus tres ciclos, no debe ser privilegio de determinado sector social, sino derecho de todo el pueblo argentino. Para que tal derecho sea efectivo no basta la mera declaración de propósitos. Deben adoptarse medidas concretas que permitan transformar en realidad ese deseo.

Deberá destinarse buena parte de los recursos del Estado a la enseñanza, para la construcción de nuevos edificios, la dotación de material científico y pedagógico, el mejoramiento de las remuneraciones del personal docente y la provisión de medios destinados a la población escolar y estudiantil.

Deberá encararse el estudio y la solución de los problemas pedagógicos con criterio moderno, de acuerdo con las normas que los propios educadores aconsejen y lleven a la práctica. Por tal razón, la formación de personal docente capacitado deberá ser tema de particular interés y preocupación.

Es propósito del Poder Ejecutivo encomendar a personas competentes, capacitadas y experimentadas, la dirección de la enseñanza del país, quienes deberán trabajar en estrecho contacto con representantes del personal docente y directivo, para poder resolver con criterio practico y conocimiento técnico, los problemas concretos que se presenten. En este sentido consideramos fundamental que el personal docente cuente con las garantías necesarias de estabilidad, mejoramiento y justa remuneración que le permitan desempeñar plenamente su función formativa y social.

Asimismo, dentro del cuadro general de la enseñanza media, la enseñanza técnica debe merecer atención especial, en cuanto es, quizá, la que esta mas íntimamente vinculada al gran esfuerzo de desarrollo que el país tendrá que emprender.

El Gobierno constitucional que hoy se inicia asegurara la autonomía universitaria y prestara a las Universidades la ayuda que corresponde, a fin de que estos institutos de cultura superior puedan cumplir con sus funciones específicas y promover el progreso científico y tecnológico que el país reclama con urgencia. Las Universidades podrán convertirse así en instrumento de renovación y progreso espiritual y material del pueblo argentino.

VIDA MORAL Y BIENESTAR SOCIAL

Este proceso exige también la plena vigencia de los valores morales. Sabemos que la moral no se impone por decreto. Es un modo de vida, un clima que impregna todo el quehacer humano. La Republica anhela vivir una autentica vida moral. Hemos dicho que bajamos el telón sobre lo que ha ocurrido antes de ahora, pero a partir de hoy todos tenemos el deber de asumir una conducta ejemplar en nuestra vida pública y privada. La ley sancionara severamente a quienes violen las normas que aseguran la pureza en el ejercicio de la función pública.

El progreso del país no será seguido por la corrupción administrativa ni por el resquebrajamiento de las bases éticas de nuestra sociedad. En este sentido apelamos a la responsabilidad de los órganos de difusión: publicaciones, cinematógrafos, radiodifusoras y medios de publicidad, para que operen como factores positivos en el proceso de fortalecimiento de la moral social e individual.

Para que las fuerzas del espíritu, del trabajo y de la moral se desarrollen plenamente, es necesario cuidar de la salud y el bienestar del pueblo. Nuestra medicina asistencial, tan buena en sus aspectos personales, debe llegar organizada hasta el último rincón del país y hasta el más humilde sector social, en igualdad de posibilidades y de eficiencia para todos. La grave crisis de viviendas debe ser conjurada en sus aspectos mis urgentes, estableciéndose las bases para que toda familia pueda disponer de un alojamiento decoroso. No podríamos reclamar energías y avanzar con un pueblo debilitado por las enfermedades y los vicios, por la mala alimentación, la mala vivienda o la inseguridad.

El P. E. propiciara planes que aseguren bienestar, seguridad y asistencia social. Desde la niñez hasta la vejez, nuestra mano solidaria concurrirá a asegurar el bienestar del cuerpo y del espíritu para que la Argentina sea el rico patrimonio de un pueblo feliz.

FUERZAS ARMADAS Y DESARROLLO NACIONAL

Hemos hablado de las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales. Quiero referirme ahora a las Fuerzas Armadas de la Nación.

He llegado hasta este recinto acompañado por representantes de las tres armas, que acaban de llevar hasta el fin el cumplimiento de la palabra empeñada. La Republica rinde homenaje a los soldados, marinos y aviadores de la patria que, al custodiar el comicio y entregar el poder, han prestado un servicio histórico a la causa de la democracia en America.

El periodo revolucionario ha terminado. De aquí en adelante las Fuerzas Armadas no deciden. Ahora deciden los representantes del pueblo, del cual forman parte los ciudadanos que componen a aquellas. He aquí un hermoso destino para miles de jefes, oficiales, suboficiales y conscriptos argentinos. Tienen las armas en la mano y van a acatar la Constitución, los mandatos de V. H. y de las Legislaturas provinciales, las decisiones de la justicia y las ordenes del Presidente como Jefe supremo de las fuerzas de aire, mar y tierra, de acuerdo con la Constitución. Somos hombres materialmente desarmados, pero tenemos la fuerza moral que proviene de nuestra investidura.

EI Ejercito retorna a sus cuarteles, la Marina a sus buques y la Aeronáutica a sus bases, para cumplir las decisiones constitucionales e incorporarse al gran esfuerzo nacional que hoy se inicia. No deliberan más. Como ciudadanos tienen todos los derechos y deberes. Como integrantes de las Fuerzas Armadas obedecen los mandatos de los representantes del pueblo. Es el pueblo quien juzga a sus mandatarios. Ninguno de nosotros osara desviarse y si lo hiciera, la Constitución prevé la corrección. El veredicto final lo pronunciara el pueblo en el comicio.

Como Jefe Supremo de la Nación el Presidente no hará política. No habrá partidismo en la función pública, ni en las Fuerzas Armadas. Ello no significa que las Fuerzas Armadas se desentiendan de los problemas nacionales y populares. Las queremos al servicio de la Nación y no como guardia pretoriana del Presidente.

Por su obediencia a la Constitución, a la ley y a los reglamentos, en las Fuerzas Armadas no habrá otros meritos que los que resulten de la capacidad profesional y de la vocación republicana. Nadie tendrá derecho a apartarse del cumplimiento del deber. En nombre de la jerarquía legitima que la ley establece, el P. E. discernirá y hará respetar los grados alcanzados en la carrera de las armas. En nombre de la disciplina, no habrá otra autoridad que la dispuesta por la ley ni otra orden que la que emane legalmente del superior jerárquico. En las Fuerzas Armadas no puede haber grupos, logias ni fracciones. Hay solo un Ejército, una Marina y una Aeronáutica. La política partidista esta totalmente excluida. Para los militares, como cuerpo, el único partido es la Nación.

Rodeadas por el respeto y la consideración del pueblo, las Fuerzas Armadas tendrán todos los recursos para alcanzar altos niveles de capacitación y contar con los equipos más modernos.

Las Fuerzas Armadas argentinas son guardianes de la soberanía y baluartes de la defensa nacional, pero tienen también a su cargo importantes sectores de la economía del país. Su vocación civilizadora tuvo altas expresiones individuales que no le van en zaga a la vocación libertadora de los próceres fundadores. Son el brazo armado de la Nación Argentina y también brazo impulsor del desarrollo nacional.

Las Fuerzas Armadas argentinas son parte de la nacionalidad, de sus ideales y de sus intereses. Así las concibieron los grandes patriotas que forjaron sus cuadros. Así las quiere el pueblo en cuya entraña se nutren. Las quiere así, presentes en todas las horas en que se decide la suerte del país. En las horas cruentas de las batallas por la defensa del honor y del suelo argentino y en las horas incruentas pero fecundas, como estas que vivimos, en las que la patria se juega entera en la conquista de su grandioso destino nacional.

ARGENTINA EN EL MUNDO

La Republica Argentina es una nación soberana. La constituye, en un ambiente geográfico definido, un pueblo consciente de su comunidad de destino, con una historia que alienta este presente y nos empuja hacia el porvenir. Tenemos voluntad y decisión de continuar construyendo la Nación. Lo haremos, lenta o rápidamente, pero lo haremos.

Esta voluntad creadora es la misma que impulsa a los pueblos hermanos de Latinoamérica. Juntos nacimos a la vida independiente y juntos debemos lanzarnos a la conquista de nuestra realización. America Latina es mucho más que un conjunto de naciones unidas por la geografía, por la historia, por las instituciones y por la fe. America Latina es un destino común y una empresa común de redención humana.

Esta comunidad que integramos los pueblos latinoamericanos se asienta sobre un continente que es una unidad en su expresión geográfica y en sus raíces históricas, y que esta unido también, por un común anhelo de realización democrática. Pero ello no puede hacernos ignorar el hecho de la desigualdad que se manifiesta, con dolorosa evidencia, entre el progreso y el bienestar alcanzado en una parte de America, y el atraso y la miseria en que viven sumidos millones de seres en la otra parte de America, en nuestra America.

Nuestra primera obligación como americanos es velar por la suerte de esos seres y lograr que ellos gocen los mismos niveles de progreso espiritual y material alcanzados en otras latitudes. Solo entonces, cuando la comunidad de la geografía, de la historia y del ideal se integren con la similitud del progreso económico-social y del desarrollo espiritual, solo entonces cabra afirmar la existencia de una cabal unidad continental.

También es cierto que históricamente pertenecemos al mundo cultural de Occidente, que para nosotros no es condición de antagonismo. Por el contrario, nos sentimos herederos de un legado espiritual basado en el reconocimiento de la condición sagrada y de la capacidad creadora de la persona humana. Por eso, precisamente porque somos hijos de Occidente, nos sentimos parte de la comunidad universal de los pueblos y sentimos como nuestras las luchas que se libran por la libertad y el progreso en todos los rincones de la tierra.

Por todo ello podemos afirmar que la Argentina actuara en el mundo movida por su vocación autóctona de ser una gran Nación, e impulsada también por su vocación ecuménica de servir a la causa de todo el género humano.

POLITICA INTERNATIONAL

En virtud de estos principios, la política internacional argentina deberá colocarse al servicio de la hermandad latinoamericana, del entendimiento entre todos los pueblos y de la vigencia de una moral internacional basada en la libertad, la democracia, la paz, el progreso, la autodeterminación y la plena soberanía de todas las naciones, en un piano de absoluta igualdad. Retomaremos así la doctrina que sintetizó Hipólito Yrigoyen, cuando afirmo que "los hombres son sagrados para los hombres y las pueblos son sagrados para los pueblos".

Las relaciones con los países hermanos de Latinoamérica deberán ser llevadas a un piano de completa identificación, especialmente en lo que se refiere a los países limítrofes. Debemos concluir con los pequeños problemas de limites y abocarnos a la concertación de acuerdos tan amplios como sea posible, tendientes a impulsar el desarrollo y la integración económica dentro de cada uno de los países. Para que Latinoamérica sea una poderosa comunidad de naciones es indispensable que cada una de ellas alcance la mayor prosperidad posible, pues el desarrollo de cada nación latinoamericana permitirá acelerar el desarrollo de las demás.

Argentina deberá permanecer en la Organización de Estados Americanos para defender estos grandes principios de solidaridad continental. Deberá permanecer también en las Naciones Unidas y demás organismos internacionales de cooperación cultural, social, técnica y humanitaria, pues todos ellos son avances trascendentes hacia la realización de la moral universal a que aspiramos y hacia la instauración de un efectivo derecho internacional.

En el seno de los organismos internacionales, nuestros representantes deberán abogar por el respeto a las normas y a los principios jurídicos que integran el ideario nacional y por el derecho de todos los pueblos, a la realización e integración de sus respectivas naciones, eliminando toda forma de colonialismo y dependencia política, económica o militar.

En virtud del anhelo de paz y entendimiento universal, Argentina deberá sostener la necesidad de que la solución de los problemas de carácter internacional se trate y se lleve a cabo dentro de las Naciones Unidas y por los órganos naturales que sus estatutos determinan.

Con ese mismo espíritu, Argentina deberá comerciar ton todas las naciones de la tierra, sin discriminaciones y sin inmiscuirse en los problemas internos de otros países. El comercio ha sido, históricamente, un vínculo de unión entre los pueblos y puede cumplir, en nuestra agitada época, un extraordinario papel como factor de integración mundial.

Fieles a una concepción moral que ordena observar una misma conducta en las relaciones entre los hombres y entre los pueblos, cumpliremos todos los compromisos que el país tiene legalmente contraídos. Ello no resultara, pues, de una imposición externa, sino de una consciente y voluntaria decisión del pueblo argentino. En nuestras relaciones buscaremos siempre las vías más expeditivas y el trato más directo, que es la manera como se entienden los pueblos cuando están echando, con optimismo y esperanza, los cimientos de un mundo nuevo.

EN MARCHA HACIA EL FUTURO

Nos aguarda una inmensa tarea. Tenemos que librar una lucha sin cuartel contra el atraso, el estancamiento, el desanimo y la desesperanza. Tenemos que extirpar hasta sus raíces la ignorancia, la miseria, la enfermedad y el miedo al futuro. Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia para levantar a este país y lanzarlo hacia adelante. Habrá que construir puentes, diques, caminos, oleoductos, usinas y fabricas sobre toda la Republica. Habrá que volcar tractores, equipos electrógenos, talleres y maquinas agrícolas sobre todos los campos. Tendremos que multiplicar los camiones, los vagones y las locomotoras. Las alas argentinas surcaran todos los cielos y la bandera de la patria flameara sobre todos los mares, como una mensajera del progreso.

Tendremos que movilizar todas las energías y todos los recursos. El destino nos ha lanzado un desafío, y el pueblo argentino lo ha aceptado. Tenemos que vencer, porque esta lucha sin cuartel la hemos de librar en nombre de la justicia y de la libertad.

En esta gigantesca movilización, el único protagonista será el pueblo argentino. En ella no habrá conductores, sino interpretes de una voluntad multánime, que ha encontrado la hora propicia para su realización. El destino nos ha dado la tremenda responsabilidad de ocupar el primer rango de esta columna que hoy se pone en marcha. Tenemos plena conciencia de que apenas somos instrumentos de una decisión colectiva, pero asumimos la plenitud de los deberes y responsabilidades que ello impone. Apelamos a las reservas morales de la patria para que nos infundan su fe y su tenacidad, para que nos guíen y nos auxilien.

Pedimos a Dios que nos conceda la fuerza necesaria para enfrentar y vencer todos los obstáculos; para tener serenidad, decisión y energía frente a las más graves dificultades; para tener capacidad y equilibrio y para ser justo.

Pedimos a Dios que nos infunda la sagacidad que nos permita reconocer la mayor sabiduría de los demás y utilizarla al servicio del país.

Pedimos a Dios que nos otorgue bondad para amar al prójimo, capacidad para inspirar confianza y humildad para reconocer nuestros propios errores.

Quiera Dios iluminar a Vuestras Honorabilidades, y guiar a este gran pueblo argentino que merece paz, libertad y progreso, por el camino de su felicidad y su grandeza. Pero quiera también el pueblo no esperarlo todo de la Providencia y decidirse a enfrentar el porvenir con animo resuelto y esperanzado corazón.

Fuente: “Desarrollo nacional, paz social y legalidad para todos” por el Dr. Arturo Frondizi, mensaje leído ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1958.