Fernando de la Rúa: "Debate del Proyecto de Ley de Reordenamiento Sindical" (14 y 15 de marzo de 1984)

Sr. Presidente. —Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. de la Rua. — Señor presidente: a esta altura del debate me parece que conviene hacer algunas precisiones, porque si es cierto que desde este recinto hablamos al país, seguramente muchos no comprenderán cual es la naturaleza del asunto, de lo que aquí se discute. Digo esto porque se han deslizado muchos equívocos y lanzado muchos epítetos, y es necesario referirse también en forma concreta al proyecto de que se trata, a la materia en cuestión.

Comprendo las invocaciones al pasado y las exhortaciones al futuro, y hasta las recomendaciones a deponer soberbias, lo que supone empezar por exponer la propia humildad, como la humildad republicana con que nosotros queremos tratar estas cuestiones que hacen al futuro del país. Ocurre que aquí se plantea todo como si hubiese un abismo que dividiera a las dos bancadas mayoritarias. Y si el señor senador Menem hubiese tenido la amabilidad de permitirme la interrupción que le solicito, tal vez la aclaración habría servido para comprenderlo mejor...

Sr. Menem. —Usted no se la permitió al señor Saadi.

Sr. de la Rua. — Porque ha hecho una enumeración tan larga de discrepancias, que el encuentra sustanciales, con respecto al proyecto que se analiza, que resulta incomprensible a la opinión publica que transcurrieran mas de sesenta días durante los cuales justicialistas y radicales, con funcionarios del Ministerio de Trabajo, dirigentes gremiales y legisladores de una y otra bancada, hayamos estado procurando las aproximaciones en busca de un texto único, que aun hoy se estaba intentando lograr

No había un abismo, señor presidente; apenas una tablita faltaba para cruzar el puente de la unanimidad. La única diferencia subsistente era sobre el modo de integrar las conducciones actuales de los organismos sindicales. El justicialismo sostenía que debían estar a cargo de quienes actualmente detentan las funciones de conducción, sea en virtud de haber sido designados como comisiones transitorias o por la prorroga de los mandatos dispuesta por el régimen militar, la Unión Cívica Radical sostenía, en cambio, que había que dar igualdad de posibilidades, manteniendo en sus funciones a quienes estaban en ellas e incorporar a los que habían sido desplazados, colocándolos en condiciones igualitarias, para que nadie corriera con ventajas.

¡Esta era la sola gran diferencia y no la larga lista que ha enunciado el señor senador Menem!

No se justifica que exhibamos ante el país la apariencia de una discrepancia tan profunda, como si la Unión Cívica Radical quisiera meter mano en los sindicatos argentinos y estos fueran exclusivamente peronistas, y solo la bancada justicialista tuviera en cuenta a los obreros y a los sindicatos.

Este gobierno radical no viene a mandar con prepotencia sino a rescatar la dignidad de los argentinos. Este gobierno quiere que, a si como se logro la democratización en el plano nacional y de los partidos políticos, ese fenómeno alcance también a los sindicatos de nuestro país. Así como salimos del "facto" en el aspecto institucional, es necesario salir de la situación de facto en los sindicatos de la Republica.

Si así no se entiende lo que acabo de señalar, no se comprenderá el sentido superior con que el Poder Ejecutivo envío este proyecto de ley. En los sindicatos argentinos subsisten los efectos de la intervención y de la intromisión del régimen militar que, a partir de 1982, designo comisiones transitorias con el pretexto de iniciar un proceso de normalización. Y en los que no intervino, prorrogo los mandatos.

La opinión publica debe saber que desde hace anos no se realizan elecciones en ellos, porque la veda impuesta por el proceso lo impidió.

El propósito del actual gobierno es posibilitar elecciones indiscutidas, limpias y transparentes, sin ventajas ni postergaciones. Coincidíamos con el justicialismo en que era una ley electoral, un código electoral, cuyas normas se referian exclusivamente a la cuestión electoral, con el fin de que pudieran realizarse estos comicios necesarios para legitimar las representaciones sindicales, y no para excluir o favorecer a alguien. Todo esto, con el objetivo de que existiese un pronunciamiento genuino de las bases que han estado marginadas durante todo este tiempo en el que no han podido votar.

De esto se trataba. Pero hoy hemos tenido que escuchar una serie de calificativos que rozan el agravio o que constituyen un ataque que no condice con la serenidad con que este debate debió haber sido llevado, teniendo en cuenta la superioridad de miras, proyectos y planteos que aquí se tratan y los diálogos, estudios y análisis que hemos realizado en las comisiones respectivas.

Se ha hablado aquí de un intervencionismo que atentaria contra una supuesta libertad sindical, de manera tal que si se aplicara, significaría la atomización del movimiento obrero argentino. Nosotros no queremos que esta se produzca sino que deseamos mantener y preservar la posibilidad de un sindicato único para la representación gremial.

Precisamente, por este carácter de unicidad debe tener especialmente afianzada la democracia interna a fin de asegurar el pluralismo y la participación de todos.

Por los motivos expuestos sostenemos que los sindicatos no pueden tener un color político determinado, ni servir a algún partido político, sino que tienen que responder y respetar el pluralismo de los trabajadores, cualquiera sea su idea política. Los sindicatos deben estar al servicio de los trabajadores y de los intereses profesionales y, superando una etapa puramente reivindicativa, asumir una actuación participativa, como lo exigen los tiempos modernos.

Se ha dicho que esta ley es inoportuna. No lo comprendo, señor presidente, porque afrontamos un momento difícil de la vida nacional. Estamos viviendo una democracia que entre todos impulsamos; una democracia que está naciendo y fortaleciéndose y constituye un desafío histórico para el conjunto de los argentinos. Y con este marco debemos afrontar graves problemas de la vida nacional: una crisis económica heredada, inaudita en su dimensión; problemas sociales que conmueven los mas hondos sentimientos de solidaridad y llenan de angustia a miles de familias de trabajadores; los desafíos de la técnica, que introducen nuevas formas en las condiciones de trabajo y producción, todo lo cual exige una efectiva participación de los trabajadores en el gran debate nacional y en el dialogo para la concertación social.

Para lograr esto es necesario que las representaciones sean legítimas y genuinas. En el gremialismo argentino existen personalidades conocidas e importantes, pero también queremos que las haya legítimamente representativas por el voto y la voluntad de sus bases, o que hayan podido revalidar sus títulos en los comicios que se realicen.

Por esos motivos el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo establecía el voto obligatorio de todos los trabajadores en los establecimientos para designar los delegados de fabrica, y para todos los afiliados en las asociaciones profesionales, abandonando la mala practica del voto no obligatorio que permitía a un pequeño grupo designar la dirigencia. Aquí se ha querido que el voto sea obligatorio y por eso, señor senador Menem, la indicación de donde deben habilitarse las mesas, porque tal vez muchas veces las mesas no se habilitaron, o se habilitaban y no todos podían votar.

Se quería una expresión completa del sindicalismo, no para hacerlo radical sino para que fueran genuinos la expresión del sindicalismo y el voto de los trabajadores.

Señor presidente: conviene recordar las normas del régimen militar, reguladoras de la situación de facto de la cual tenemos que salir con el esfuerzo de todos. Por eso es necesaria y posible una coincidencia que tenemos que lograr para que esto sea expresión y fundamento de una voluntad compartida. El punto 8 del acta del nefasto Proceso de Reorganización Nacional inicia esa etapa de la vida sindical; pero en el punto anterior esta la veda política, y el decreto 9 de la Junta Militar suspendió todo acto electivo y ratificó la veda sindical. Después, por la mal llamada ley 21.356 del 12 de julio de 1976, se ratifica la veda total, las intervenciones a los sindicatos se hacen permanentes y se declara comprendido en la veda todo acto eleccionario, asamblea o congreso. También se faculta al Ministerio de Trabajo a prorrogar mandatos y restablecer en todos los casos los emergentes de las últimas elecciones realizadas.

En el artículo 4 se prevén las intervenciones por resoluciones inapelables. Estos son los efectos que todavía subsisten y que el gobierno quería superar, no para intervenir en los sindicatos sino para sacarlos del cuadro de intervenciones a que los sometidos el régimen militar.

El decreto 549 del 17 de marzo de 1982 y que lleva la firma del ministro Villaveirán, faculta al Ministerio de Trabajo a designar comisiones transitorias. Estas son las comisiones transitorias de que se habla en el proyecto de ley. El ministro de Trabajo o alguno de sus funcionarios podía nombrar a sus integrantes, proveer a su reemplazo e impartirles instrucciones. Ellos obrarían con los mismos alcances de las intervenciones de la ley 21.356. El ministro podía designarlos o disponer el cese de sus funciones.

El Ministerio de Trabajo del gobierno democrático no ha querido ampliar sus facultades sino autolimitarse o no usar las que le daba aquella legislación vigente del régimen militar, iniciando una nueva etapa para tener un gremialismo no discutido, con representación legitima que provenga de las bases.

El decreto 186 de 1983 agrega todavía que las comisiones transitorias elevaran para la aprobación del Ministerio de Trabajo un programa de normalización. El Ministerio de Trabajo podía nombrar delegados normalizadores y disponer su cese o reemplazo en sustitución de la intervención en las asociaciones aun no normalizadas, según la ley 22.105. Y en varias resoluciones se establece que esas comisiones transitorias deben obrar según las instrucciones del Ministerio.

En consecuencia, estamos frente a una situación irregular, de facto, de la que queremos salir. Esto que pasa con las comisiones transitorias pasa también con la prolongación de los mandatos, porque si bien hay una legitimidad de origen, ha pasado tanto tiempo que falta la consulta necesaria a través del sufragio de las bases.

Por eso el Poder Ejecutivo envió este proyecto de normalización y los hombres de la Unión Cívica Radical hemos dicho que estamos dispuestos a que no sea el ministro de Trabajo quien designe al delegado normalizador, para que no se piense que la intención es subordinar las asociaciones profesionales a ese Ministerio, sino a la Justicia. Esta idea la recogimos del señor senador Sapag, quien la propuso como formula de garantía y fue aceptada por nosotros. La hemos aceptado, señor presidente, aunque despues nos encontramos con el anuncio de su voto contrario, como si esta ley quisiera avasallar al movimiento sindical argentino, cuando es lo opuesto.

Este Senado le debía al país el hallazgo de una formula única, encontrar un texto común sobre el cual emprender la tarea de normalización sindical. Porque aquí hay dos opciones: o se continúa la política del régimen militar con sus intervenciones, con las designaciones otorgadas a partir de ellas, o empezamos con la política del régimen democrático, que comienza el 10 de diciembre de 1983, y envía este proyecto para que sea una ley del Congreso de la Nación el fundamento de la normalización sindical. Esto no es intervencionismo, señor presidente.

¡Como puede hablarse ahora de intervencionismo si la ley 20.615 de 1973, dictada por aquel Parlamento, con nuestra disidencia contenía normas de intervención del Ministerio de Trabajo para normalizar sindicatos, incluyendo facultades para utilizar la fuerza publica, como si se tratara de un requerimiento judicial, como lo establecía su articulo 47! Es decir, el ministro de Trabajo podía usar directamente la fuerza publica para actuar en los gremios y esa intervención podía decidirse cuando se comprobase la existencia de vicios que afectaran la validez de un proceso eleccionario de decisiones de congresos o asambleas, ya sea por irregularidades atribuidas a la forma de adaptarlas o a su naturaleza o que hagan a la constitución del cuerpo.

¡Esas normas forman parte de los precedentes legislativos y, concretamente, están en la ley que sancionó la mayoría justicialista en este recinto del Senado de la Nación en el año 1973!

Ha hablado también en este debate el representante por Formosa del Movimiento de Integración y Desarrollo y se ocupó del problema de la intervención en los sindicatos que conllevaría el proyecto de ley propiciado por el gobierno. Pero se ha olvidado del decreto 5.822 del año 1958, dictado por el entonces presidente Frondizi, que reglamentaba la ley de asociaciones profesionales. Es cierto: ¡en aquel momento había ciertas coincidencias! Pero se establecía allí que se designaría un delegado electoral en cada asociación y que tal designación seria efectuada directamente por el ministro de Trabajo. ¿Que facultades tenia ese delegado electoral? Debía supervisar, entre otras cosas, la utilización de los bienes y la prestación de los servicios y podía vetar el uso de esos bienes a las autoridades sindicales o ejercer la dirección de esos servicios si comprobaba que se utilizaban con fines de propaganda electoral o para buscar adhesiones de carácter político.

¿Acaso van a descubrirse ahora como sorprendentes estas facultades que ya están incorporadas en la tradición legislativa? En este proyecto que estamos considerando, lejos de dar la posibilidad al ministro de Trabajo de nombrar un delegado, decimos que ese funcionario debe ser designado por el juez y que únicamente tendrá facultades para convocar a las diversas tareas de cada gremio, con el objeto de que ellas se hagan cargo, en condiciones igualitarias, de la conducción del sindicato, mientras se realiza el proceso electoral.

¿Acaso esto es pretender avasallar al movimiento obrero, intervenir en los sindicatos o querer llevárselos por delante?

¿Puede decirse que hay un proyecto para atomizar al movimiento obrero, cuando se señala en el articulo 42 del proyecto —que en su prolija enunciación no comentó el señor senador Menem— que las asociaciones profesionales con zona de actuación en todo el país, o que excedan de una región económica o geográfica, que no cuenten a la fecha de convocatoria a elecciones con estatutos aprobados de acuerdo con lo dispuesto por la ley del régimen militar, también tendrán elecciones con carácter nacional, utilizándose a ese fin los últimos estatutos aprobados con anterioridad?

¿No es cierto, acaso, que la misma ley 20.615 dispuso que todas las asociaciones profesionales debían adoptar estatutos adecuados a la nueva norma legal y que el Ministerio de Trabajo podía intervenir compulsivamente? Sin embargo, aquí se hace resonar como una denuncia que las normas instrumentales para la realización de un proceso electoral deben ser observadas por todos los sindicatos para partir de bases igualitarias.

No es posible esta conclusión. Le debemos al país la explicación clara de lo que se discute, porque no hay un abismo entre las dos grandes posiciones de las bancadas mayoritarias. Se trata solamente de esta cuestión: si se da igualdad en la conducción de los sindicatos de los gremios donde hay varias líneas o si prevalece la conducción actual.

Este era todo el problema. No se trata de una cuestión de desconfianza; es un planteo acerca de la estructura de las organizaciones y las garantías que debe haber en todo proceso electoral. No se sostiene esta posición porque exista desconfianza, sino porque en toda elección hay que dar igualdad de posibilidades y no puede prevalecer la ventaja de disponer la conducción de una estructura, en detrimento de otra que mire desde la vereda de enfrente. Todos deben estar en igualdad de posiciones para tener igualdad de derechos.

Este no era un reclamo del Poder Ejecutivo o una intención nuestra. No aspiramos a que haya sindicatos radicales. Hay distinguidos colegas de la bancada justicialista que, en nota al Poder Ejecutivo, señalan como no negociable y medula del proyecto de ley electoral, la igualdad de condiciones para elegir y ser elegido, lo cual sólo es practicable con la caducidad de los mandatos sindicales obtenidos durante el gobierno militar. Y lleva firmas como las de Framini, Piccinini, Guillan y Báez, que son dirigentes sindicales que no pertenecen precisamente a nuestro partido.

Esto hay que entenderlo así para que se comprenda el sentido de la norma propuesta por el Poder Ejecutivo. Que, por razones circunstanciales, no se quiera esta ley y se pretenda la subsistencia de la situación de facto, tal como estaba, es otra cuestión; pero que no se diga que el radicalismo quiere meter mano en los sindicatos o hacer intervencionismo.

Aquí se acude al concepto de libertad sindical. Escucho con asombro que se habla de este principio de la libertad sindical según la convención 87 de la OIT, que siempre ha objetado este sistema argentino del sindicato único con representación gremial, que le corresponde al que tiene la mayor representatividad; y esta bien que así sea porque esto ha dado fuerza al movimiento obrero argentino, y nosotros lo sostenemos. Yo creo que esto no es contrario al principio de esa convención, porque allí se establece que cada movimiento obrero se dará la forma que considere mas adecuada, y esta es la nuestra. El principio de la libertad sindical es respetado en cuanto existe el derecho de afiliarse o de desafiliarse, y pueden constituirse asociaciones gremiales por la simple inscripción; y, si logran el mayor numero de afiliados, con derecho a reclamar para si la representatividad gremial. Eso es suficiente para los fines de la ley. En tanto y en cuanto exista la representación única que faculta a la entidad a negociar los convenios colectivos para todos los trabajadores del ramo, es lógico que la ley establezca las garantías mínimas a observarse.

Me parece escuchar el debate de hace diez años en este mismo recinto, cuando los senadores Pennisi y Britos explicaban como el principio de libertad debe conciliarse con el de autoridad ya que, si bien hay que reconocer la libertad, debe respetarse la autoridad que proviene de la ley en cuanto a la regulación de entidades que tienen estas importantes funciones publicas como la negociación de convenciones colectivas. ¡Y ahora se habla de una libertad en donde pareciera que convocar a elecciones y querer asegurar los principios democráticos con las que ellas deben realizarse, constituyera un intervencionismo inadmisible, y como si tuviéramos que rechazar todo esto y dejar después las organizaciones gremiales sujetas al riesgo de su atomización, que no la deseamos y que no permitiremos que ello ocurra en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades!

El radicalismo quiere un sindicalismo fuerte, unido y democrático, dotado de los medios y recursos económicos suficientes como para cumplir cabalmente su función, y que no se limite a la mera tarea o misión reivindicativa del salario, que es una lucha legítima y necesaria después de tantos años de postración y atraso. Los tiempos modernos exigen proyectar el sindicalismo a una misión participativa, de compromisos y debate de las grandes cuestiones que el país y el mundo nos llevan a enfrentar y afrontar. La evolución, las circunstancias históricas y el debate político precisan de una participación enriquecida del sindicalismo y, para esto, hace falta una dirigencia con títulos legitimados a través de comicios no discutidos. En realidad, seguiremos discutiendo con dirigentes por los que tengo el mayor de los respetos por sus personas y por su lucha, pero llevan anos sin someterse a la prueba esencial y básica de la democracia, que es el comicio, la elección, a través del voto universal y obligatorio de todos los trabajadores. En el proyecto se establece dicha obligatoriedad, cláusula que no contemplaba la ley anterior. Entonces, la obligatoriedad del voto y su carácter universal otorgaron autenticidad a la representación que cada uno pueda invocar.

Quiero abreviar, señor presidente, porque la jornada ha sido extensa. Pero debo decir que en la voluntad del radicalismo de llegar a una solución de síntesis, hemos dejado de lado, por supuesto, la figura del "interventor" del régimen militar. Se habla de "administrador" en el primer proyecto del Poder Ejecutivo, pero luego se admitió que fuera un delegado del Ministerio de Trabajo en lugar de un administrador, a quien se agregaba una comisión fiscalizadora. Así llego el texto de la sanción de la Cámara de Diputados.

Aceptamos que en lugar de un delegado del Ministerio de Trabajo fuera un veedor judicial, cuya única misión fuera constituir la comisión igualitaria que tendría a su cargo la conducción de los sindicatos y luego atender las tareas electorales.

Esto es lo que hemos estado discutiendo. No son tales las diferencias, porque el principio de representación de las minorías, la intervención de la justicia electoral, el cronograma, el lugar de las elecciones y todas las otras cuestiones estaban consentidos por todos, porque responden a los principios limpios de una estructura democrática, y no eran discutibles.

Si realmente todos quisiéramos las elecciones, tendríamos que haber llegado a esta síntesis y a esta formula. Nos separo esta discusión sobre quien conduciría la normalización del sindicato y si se daban condiciones igualitarias o se dejaba en manos de los que actualmente desempeñan esas funciones.

Se propicia un sindicalismo organizado de abajo hacia arriba, no con el sentido intervencionista de las cúpulas que podían intervenir cualquier sindicato y alterar el resultado de una elección, sino como expresión genuina de las bases a través del voto obligatorio y el control judicial como garantía para el conjunto.

No aparece aquí, señor presidente, la justicia electoral por capricho o porque si. Debe ser la justicia electoral y no la justicia del trabajo porque se trata de la actuación de funcionarios nacionales, y esto determina la competencia federal. Este es el motivo por el cual en este caso debe intervenir la justicia federal electoral y no otra, con igualdad de posibilidades electorales para todos.

La Unión Cívica Radical sostiene, como objetivo de una política sindical, la organización auténticamente democrática de los sindicatos, la participación de los trabajadores, la defensa de los intereses profesionales con prescindencia de la política partidista, la representación de las minorías, la organización federativa y la vigencia de las entidades de segundo y tercer grado. Queremos también una CGT única, la personería gremial al sindicato mas representativa, libertad de afiliación, régimen electoral para la organización interna, estabilidad de los representantes gremiales, recursos judiciales sumarios para los afiliados, control electoral de fondos, prohibición de políticas partidarias y descuentos compulsivos, derecho a afiliación de las asociaciones de primer grado y el control económico y financiero, por parte del Ministerio de Trabajo, del cumplimiento de las normas legales y «estatutarias, siempre con revisión judicial.

¿Que tiene de particular, me pregunto, la propuesta de la Unión Cívica Radical de que se integraran las comisiones y se compartieran las secretarlas para dar igualdad de posibilidades a todos? ¿No se hizo así en múltiples, etapas de la historia sindical argentina? ¿No ocurrid así en 1961, cuando la Comisión de los 20 constituyó una secretaria plural compartida por las distintas líneas que entonces actuaban y una Secretaria General, donde compartían las responsabilidades Riego Ribas junto a Vandor y Rosendo García, y con Antonio Mucci, actual ministro de Trabajo, y otros más? ¿No ocurrió lo mismo cuando ahora se unieron las dos CGT, compartiendo la Secretaria General? ¿Que tiene de extraño esta propuesta que quiere dar garantías a los sectores desencontrados para que surja una dirigencia no discutida, a través de un proceso electoral inobjetable?

Señor presidente, esta no es una ley contra las cúpulas dirigentes de la organización sindical sino una ley a favor de las grandes mayorías populares, de las bases laboriosas, de los trabajadores argentinos, que quieren participar, ser protagonistas, votar en libertad y elegir a sus dirigentes.

Esto es imprescindible para los sindicatos; es esencial. No hay revolución sin pueblo y este debe estar organizado para protagonizarla. Se precisan para ello gremios libremente organizados y democráticamente representados. Del derecho al trabajo, dice Juan Pablo II, brota el derecho a asociarse. Por eso, los sindicatos son un elemento indispensable de la vida social, imprescindible para la lucha por la justicia social, que no es la lucha de clases, sino la lucha por las justas reivindicaciones de los trabajadores. No se concibe un Estado moderno con justicia y una sociedad democrática basada en la participación de los trabajadores si no están organizados para la defensa de sus interés es en sindicatos fuertes y democráticos. Nos enfrentamos, al desafío histórico de reconstruir un país atrasado por el terrorismo, la especulación, la corrupción, la violación de todos los derechos, que ha impedido mas que nunca la participación en las organizaciones sindicales, comenzando por las elecciones que debieron hacer surgir una dirigencia legitima, para hacer posible el dialogo y el debate social, que permita luego elaborar la ley de asociaciones profesionales. Porque no es exacto que en ese momento estemos tratando un proyecto referido a ese tema. En este instante estamos tratando el proyecto relativo al régimen electoral de las organizaciones sindicales, del cual tendrán que surgir los dirigentes con los que se realizara el gran debate nacional.

No deseo que la pasión que pongo en mis palabras pueda entenderse como una actitud de desencuentro. Todo lo contrario; me mueve una gran pasión argentina, la misma que llevó al presidente de la Republica a decir que el nuevo sindicato debe organizarse de abajo hacia arriba, hundiendo sus raíces en las bases y en el interior, ampliando las perspectivas y con participación de las minorías, sin discriminaciones políticas, raciales o religiosas. Estoy convencido de que es tiempo de encuentro y no de desencuentro, porque hay un país que espera de todos nosotros que dejemos de lado los intereses circunstanciales y mezquinos y pongamos la mira en los grandes objetivos nacionales.

Lamento que debiéndose democratizarse los sindicatos pueda no ser posible, porque es incierto el resultado de la votación. Ya se vera después bajo que normas se llevara a cabo esa democratización, pero dejar las cosas como están seria prolongar la situación que imperó durante la dictadura y constituiría un engaño al voto que el pueblo argentino emitió en las urnas en la jornada triunfal del 30 de octubre, y por el cual eligió como presidente al doctor Raúl Alfonsín. (APLAUSOS.)

En otros términos, el resultado eventualmente adverso de la votación que esta noche efectuara esta Honorable Cámara, por esas cuestiones de aritmética democrática en torno a este proyecto de ley, no nos desliga a nosotros, que representarnos a la mayoría que votó a este gobierno, de la responsabilidad de cumplir el programa popular y estamos dispuestos a llevarlo adelante. Por lo tanto, tendremos que realizar esa democratización sindical de todas maneras y aunque tengamos que hacer ahora un alto en el camino si el resultado de la votación del proyecto en consideración es negativo.

Lamento también el resultado de todas las instancias y tratativas efectuadas con los legisladores del Movimiento Popular Neuquino, buscando primero un procedimiento que diera garantías a los trabajadores Después de prestar atención a sus sugerencias y aceptar que no fuera el Ministerio de Trabajo sino el juez quien designara un veedor, nos encontramos en estos momentos con su voto en contra. Bajo este aspecto es legítimo porque la libertad de conciencia de cada uno le indica cual es el camino por el cual debe transitar su patriotismo. Pero lo que no resulta comprensible son las expresiones que califica al proyecto de ley como inicuo y que vulnera todas las disposiciones del mundo en esta materia, o que viola también una supuesta autonomía sindical. Esto no lo entiendo, porque estuvimos trabajando los senadores de todos los sectores —justicialistas, de los movimientos provinciales y radicales—buscando una síntesis. Teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, o engañábamos a la opinión publica o nos engañábamos nosotros mismos, Porque a punto de la solución final, incluso escasas horas antes de este debate, se produjo un nuevo desencuentro entre argentinos de esos que siempre demoran las grandes soluciones. Por eso lamento esta circunstancia. Nosé cual será el resultado de la votación pero se que tenemos un desafío histórico para luchar por la justicia social. Queremos un mundo sin explotación humana, sin injusticias, en paz y orlen para la justicia y esta es la lucha sindical y del pueblo en el poder, por la democracia.

Debo decir con toda sinceridad que mas allá de las discrepancias que han surgido con motivo de esta ley de reordenamiento sindical —que las se bien inspiradas en un genuino patriotismo, con una perspectiva o visión de las cosas que debo comprender— los argentinos debemos transitar con tesonero esfuerzo el camino de la concordia nacional.

Debemos ser conscientes de que la democracia no solamente es una forma de gobierno y un estilo de vida sino que también es el único régimen político que nos permite la libertad, la expresión abierta y pacifica de nuestros disensos y la autorregulación de los conflictos. Tenemos que cuidarla para no darle al país la imagen de discrepancias que parezcan dividirnos.

Digo, señor presidente, que esta noche s6lo se vota la ley de reordenamiento sindical. Hoy no se vota la unión o la desunión de los argentinos. La unión de los argentinos esta incorporada definitivamente al conjunto de los valores del país; si hoy discrepamos, por esas cosas de los debates o de las ideologías, esto no debe significar una fractura que nos divida o impida la conjunción de esfuerzos que el país reclama.

Esta ley pasará. Es importante, porque son importantes los sindicatos en el escenario nacional. Pero en definitiva es instrumental. De alguna manera o de otra habrá reordenamiento sindical y democracia en los sindicatos argentinos.

Mientras tanto, cuando advierto la dureza de ciertas expresiones, no puedo dejar de reflexionar sobre que hacemos con nuestras mayorías si nos separa el disenso y no somos capaces de elaborar los planes comunes que el pueblo reclama para asumirlos como una causa nacional. Los intereses mezquinos están al acecho y llenan la escena de dudas, insidias, confusión y sospecha para debilitar la confianza, frenar las corrientes de inversión y de reactivación, demorar la lucha por la justicia social y acentuar la crisis.

Es un tiempo que no nos permite ser indiferentes. Que no piense el país, señor presidente, que estamos absorbidos únicamente por la problemática de una ley de reordenamiento sindical, por importante que sea.

Coincido con algo que aquí se ha dicho. Hay que afrontar la defensa de la economía y de la familia, la lucha por la justicia social, los reclamos urgentes e impostergables que nos exigen el máximo esfuerzo y trabajo. Corremos el riesgo de dos tentaciones paralelas. El justicialismo, la de querer ganar a costa de un fracaso del gobierno. Esto no ocurrirá porque no fracasaremos y llevaremos al triunfo las banderas. Confieso que nosotros podríamos tener este riesgo: el de querer el éxito solo para nosotros, cuando tiene que ser compartido y obra de todo el conjunto del pueblo, unido tras una causa común, respetuoso de la voluntad de las mayorías y del espíritu de la democracia. Tampoco ocurrirá porque creemos en la unión nacional y a ella convocamos.

Predispongamos los espíritus para sumar los esfuerzos que el país exige en este tiempo histórico. Hoy podemos discrepar en torno a esta ley, pero la unión nacional no será quebrada por nadie.

Hemos querido agotar la posibilidad de coincidencias. Queremos sindicatos democráticos. Para cumplir sus fines los queremos fuertes, con poder económico y capacidad técnica para intervenir en »el debate nacional, en la formulación de los planes y en la expresión del pensamiento nacional, impulsando y reclamando la obra que de respuesta a las necesidades sociales básicas en educación, vivienda, familia y salud, trabajo y salarios dignos, jubilaciones y pensiones justas, en un ámbito social y nacional de progreso y democracia donde la felicidad sea posible. Pero la fuerza mayor del sindicato vendrá de la raíz democrática del mandato de sus dirigentes y de la participación de todos sus trabajadores, para que nadie pueda señalar a la dirigencia como cúpula cerrada, o negarle la representación de las bases o indicar con el dedo como autoritarias a sus estructuras. Esa fuerza moral de la democracia será la mayor fuerza del sindicato renovado. O se lo entiende así y se apunta de otro modo, o se vota por el pasado. Nosotros, señor presidente, votamos por el futuro, y lo hacemos con la convicción de poder decir, conforme al pensamiento expresado por el señor presidente de la Republica en el mensaje que acompañó al proyecto, que esta ley era para fortalecer al sindicalismo argentino y que por ningún motivo el gobierno de la Nación actuara en contra de los legítimos derechos e intereses de los trabajadores sino que obrará como el primer puntal para defenderlos, porque esta comprometido, definitivamente comprometido, con la causa del pueblo argentino y con lo que reclama una justicia todavía demorada.

Con esa certidumbre pedimos el voto favorable para el dictamen que hemos presentado. La votación dirá que suerte correrá, pero de cualquier modo convocamos a marchar, todos juntos, compartiendo el patriotismo y la fe, para rescatar el porvenir de los argentinos. Si el proyecto es rechazado, sepa el pueblo que cumplimos y que no abandonaremos los objetivos que votó el día del triunfo, el 30 de octubre. ¡Asegurar la presencia de un sindicalismo libre, fuerte, democrático y representativo para servir a la causa de la justicia y el progreso será un objetivo permanente de los hombres de la Unión Cívica Radical! (APLAUSOS PROLONGADOS EN LAS BANCAS Y EN LAS GALERIAS. VARIOS SEÑORES SENADORES RODEAN Y FELICITAN AL ORADOR.)

-Después de varias intervenciones de otros senadores retoma la palabra el senador de la Rua.

Sr. de la Rua. —Una breve aclaración, señor presidente:

El señor senador Britos se la toma con una cantidad de cosas que no he dicho. Que de ninguna manera se vea en mis palabras intención de agravio ni de volver al pasado. Recordó un hecho del debate de una ley del que he sido protagonista, para ejemplificar, no para calificar.

De todos modos, vale la pena recoger su expresión: la unidad nacional es de todos. Eso lo dije así y lo repito ahora. Que cada uno exponga sus ideas con libertad y con franqueza. El pueblo mira y juzgará como son las cosas.

Hemos estado a punto de lograr una síntesis. Eso lo sabe el país; lo hemos dicho por todos los medios a lo largo de sesenta días de trabajo. Pero dejemos de lado las cosas circunstanciales, que pasaran a ser anécdota. Cuando el polvo se aquiete y repose sobre las cosas dormidas, la bandera de la unión nacional ya no estará tocada ni será arriada por nadie. (APLAUSOS EN LAS BANCAS Y EN LAS GALERIAS.)

-Nuevas interrupciones de otros senadores, y vuelve el doctor de la Rua:

Sr. de la Rua. —Señor presidente: he pedido la palabra para hacer una aclaración imprescindible. No podía dejar pasar por alto que el señor senador Saadi, por cuya honestidad intelectual tengo alto respeto, haya pensado que hubo en mi el mas leve propósito de agravio hacia el justicialismo o que yo le haya atribuido propósitos desestabilizadores.

Seguramente ha escuchado mal pues esa palabra no ha salido de mi boca porque no la uso. Considero que ese termino debe estar proscrito del vocabulario político argentino, porque cuando se habla de desestabilización a lo mejor se desestabiliza, y aquí tenemos democracia para cien años y vamos a defenderla todos juntos.

Yo he hablado de la necesidad de defender todos juntos la democracia. Este es un compromiso común y estoy seguro de que vamos a asumirlo de esta manera. Estoy convencido de que mis pares del justicialismo piensan igual.

Efectivamente, esta ha sido una jornada democrática. Quiero dejar aclarado este equivoco para que no vaya a quedar flotando la expresión de una insinuación semejante. Podemos haber tenido nuestras discrepancias, pero este es el mecanismo de la democracia.

También quiero decir algo acerca de los señores senadores del Movimiento Popular Neuquino y, en especial, del señor senador Sapag, y agradecerles a ellos y a los integrantes de los bloques provinciales el esfuerzo que hicieron en procura de una fórmula común que, al final, no se logró.

Que este debate quede como una demostración de la jerarquía con que puede desplegarse la discrepancia de las ideas. Pero lo que tampoco voy a tolerar es que se nos ponga en posiciones antiobreras o con la intención de atomizar el movimiento obrero argentino, o que alguien se atribuya la exclusividad de la defensa de los trabajadores.

Porque todos, así como estamos en la defensa de la democracia, estamos también en la defensa de la causa de la justicia social, (APLAUSOS EN LAS BANCAS Y EN LAS GALERIAS.)

Fuente: Discurso del Senador Nacional por la Capítal Federal, Dr. Fernando de la Rúa, en el debate del proyecto de ley de reordenamiento sindical, Cámara de Senadores de la Nación, 14 de marzo de 1984.