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lunes, 15 de enero de 2018

Leopoldo Moreau: "Debate de la Ley de Reordenamiento Sindical" (10 y 11 de febrero de 1984)

Días antes, segundos antes diría de la iniciación de este histórico debate, buena parte de la opinión pública argentina creyó que estaba en presencia de la posibilidad de una batalla campal en este recinto. Sin ver ni escuchar a los sectores de las minorías oligárquicas y de la desestabilización, los imaginaba refregándose las manos por el supuesto espectáculo que íbamos a dar los diputados de la Nación. Pero felizmente, hasta hace pocos instantes, el decurso de este debate tuvo la línea y el nivel que todos nosotros esperábamos.

Aquí se discutió con pasión y firmeza el pasado, un pasado plagado de errores en todo el movimiento popular argentina, sin ninguna excepción; errores que todos pagamos duramente a lo largo de estos cincuenta y tres años de vida nacional, errores que permitieron interregnos que sumieron a la. Argentina en el empobrecimiento, en la decadencia y en baños de sangre que todavía estamos lamentando.

Por eso creo que lo fundamental de este debate no es mirar hacia atrás; cada uno de nosotros tiene una explicación de esos errores.

El punto fundamental de este proyecto que estamos discutiendo concierne al futuro, al rol que deberé jugar el movimiento obrero en esta democracia participativa que todos recuperamos el 30 de octubre, al papel que desempeñarán los trabajadores argentinos en el afianzamiento de un proyecto de independencia nacional, de justicia social y de democracia participativa, es decir en la concreción de un movimiento que sintetice estas tres banderas históricas. Entre los errores del pasado en el país, se encuentra el hecho de que los radicales, en su momento, creímos que la democracia se agotaba en la formalidad y los justicialistas creyeron que la justicia social en todo.

Recién ahora estamos sintetizando, en este proyecto, la unión de estos tres elementos: crecimiento económico, justicia social y democancia política. El proyecto del Poder Ejecutivo apunta a perfilar esta nueva realidad.

Por supuesto que el punto de partida es la emergencia nacional, que no solamente afecta a determinada parte de la sociedad argentina, sino a su conjunto y a sus expresiones políticas, sindicales y económicas. Esto es lo que hoy está en debate.

El diputado preopinante introdujo en su exposición algunas valoraciones políticas que no habían aparecido antes en este recinto, referidas a la esencia de este proyecto del Poder Ejecutivo. En una lectura parcial del proyecto modificado, el diputado justicialista señalaba que las facultades otorgadas a quienes eventualmente sean delegados administradores en el breve periodo de transición ponían a su disposición y en sus manos la vida de las organizaciones sindicales. Leyó las facultades otorgadas por el artículo 89, en su inciso 2, pero omitió la lectura de otros incisos de ese mismo artículo, que considero oportuno traer a esta Cámara para completar y cerrar efectivamente la idea del proyecto del Poder Ejecutivo.

En el inciso 3 -precisamente el que sigue al leído y que seguramente el señor diputado no advirtió, se establecen claramente las facultades que tendré la Junta Fiscalizadora Gremial.

Ellas son: “a) De fiscalización y control de la actividad del delegado, con el objeto de asegurar que su actuación brinde igualdad de posibilidades a todas las corrientes de opinión. De conculcarse este principio sustancial, la junta, o cualesquiera de las corrientes de opinión que la integren, podré interponer recurso al solo efecto devolutivo ante el juez electoral competente, el que tramitaré en proceso sumarísimo siendo de aplicación, a tal efecto, las disposiciones pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación”. Pero no se detiene allí la enunciación de este artículo.

En el punto b) del inciso 3, se señala que "la Junta Fiscalizadora Gremial tendré la representación de la asociación, en defensa de los trabajadores de la actividad, en todo los conflictos gremiales que puedan suscitarse”.

Es decir, señor presidente, nunca se debió haber traído a este recinto la comparación con las intervenciones de la dictadura militar. En ese momento algunos dirigentes se conformaron con mucho menos: integrar simplemente juntas asesoras, que no tenían ninguna facultad y ninguna competencia.

Es probable -lo reconozco- que se haya hecho con el afán de avanzar en la recuperación de las organizaciones sindicales. No adjudico segundas intenciones ni tampoco señalo con el dedo acusador la posibilidad de que en el pasado las intervenciones militares hayan discriminado en el movimiento obrero entre réprobos y elegidos, interviniendo en algunos casos y otorgando mandato prorrogado en otros.

Los hombres que hemos luchado no solo en esta etapa sino también en las anteriores contra regímenes de esta naturaleza, sabemos que toda norma es válida para defender las organizaciones del pueblo argentino. Solamente el extremismo que plantea la tesis de “a cuanto peor, mejor", se aferra a banderas aparentemente ortodoxas, y nosotros no provenimos de esas fuentes.

Pero tampoco, señor presidente, podemos dejar pasar por alto esta comparación. Porque este proyecto del Poder Ejecutivo tiene una línea fundamental y estratégica que hemos, discutido hasta informalmente con la bancada justicialista. En virtud de esas discusiones, que también son propias de la democracia, es que hemos introducido las reformas que hoy se anuncian en este recinto.

Esa línea estratégica fundamental no es la de garantizar sindicatos propios, ni arrebatárselas al peronismo, sino simplemente lograr un sindicalismo democrático y representativo de las bases de los argentinos.

Por eso, desmenuzando la intencionalidad de este proyecto, aquí no se ha dicho que hay más de 90 organizaciones sindicales que en este momento solo tienen el interventor de la dictadura Si otra fuera nuestra intención, simplemente reemplazaríamos a ese interventor por un delegado administrador del gobierno constitucional, popular y democrático, que sin lugar a dudas tendría una mayor base de legitimidad, y nos quedaríamos con esos sindicatos si la intención fuera otra.

Pero no es así. El proyecto nos autolimita, porque no proponemos -sobre la base de nuestra  legitimidad popular- reemplazar simplemente al funcionario de la dictadura. Proponemos que en un plazo de diez días hábiles el delegado designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe convocar obligatoriamente a todas las corrientes internas de esa organización y formar una junta gremial fiscalizadora.

Sé, señor presidente, por sus gestos. En el entendimiento de lo que acaba de expresar la Presidencia es que iba a solicitar que en lugar de responder a tal provocación, el personal de seguridad fuera eventualmente instruido para detector a quienes individualmente realizan esas manifestaciones.

Continuo, señor presidente: en esas noventa organizaciones el proyecto del Poder Ejecutivo autolimita la designación de sus propios delegados obligándolos, en el plazo de diez días, a convocar a todas las agrupaciones representativas para formar con ellas una junta gremial fiscalizadora, que tendrá las mismas facultades que acabamos de leer. En el caso de las organizaciones que tienen comisiones transitorias, más allá de discutir su legitimidad -lo cual entraría en el campo de lo subjetivo y no estamos dispuestos a debatir esto en este recinto-, el Poder Ejecutivo garantiza su permanencia, a través de este proyecto, con los mismos individuos que las integran Pero indudablemente, para mantener su línea fundamental el proyecto también garantiza lo incorporación de sectores que han quedado excluidos de esas comisiones transitorias.

Estas exclusiones, no las presupone a priori el Poder Ejecutivo sino que a veces son denunciadas por la propia estructura del movimiento obrero que en muchos casos, durante el ultima periodo de la dictadura militar, hizo reclamaciones porque se sentía agraviada debido a su exclusión de esas comisiones transitorias.

Por eso el Poder Ejecutivo utiliza una palabra condicional, cuando dice “podrá designar delegados normalizadores", en lugar de “deberé” porque esta expresión imperativa hubiera implicado una intención intervencionista. Por el contrario, este condicional reafirma la concepción democrática de nuestro gobierno, porque de esta manera preanunciamos que donde las comisiones transitorias expresen a la totalidad de las corrientes internas que se manifiesten en Ias organizaciones sindicales, no será necesario enviar ningún delegado, pues allí está jugando el control mutuo que otorga la democracia y entre todos garantizarán la limpieza del proceso de normalización.

Quiero hacer referencia, por último, a las comisiones con mandato prorrogado. ¿Cómo desconocer que éste es el tema más complejo? Desde la bancada de la minoría se han hecho manifestaciones - y con cierta razón- en el sentido de que esta situación podría ser igualada a la que vivieron los partidos políticos argentinos, los que por imperio de las circunstancias tuvieron autoridades con mandato prorrogado, hasta que por el proceso de democratización que logramos arrancarle a la dictadura, pudimos normalizarnos. Pero indudablemente era difícil mantener un trato desigual desde el punto de vista del reflejo de la ley en estos casos, porque mas allá de la discusión acerca de la legitimidad de esos mandatos -que es un tema que no quiero traer a discusión en este recinto- lo cierto es que se habían producido graves distorsiones, que no han surgido de nuestra apreciación subjetiva.

Podríamos hacer referencia a ciertas declaraciones de diversas agrupaciones, muchas de ellas de la misma raíz ideológica de quienes tienen a su cargo la conducción de esas organizaciones, denunciando que ésa habla sido una prerrogativa otorgada en el marco de lo que algunos caracterizan como una selección producida entre réprobos y elegidos.

¿Con qué elementos de juicio podemos apreciar la subjetividad de estas formulaciones? ¿Qué circunstancia se puede hacer jugar para mantener la continuidad de los principios del proyecto a fin de otorgar un trato desigual en esta materia?

Por ello, tal como ocurrió en el caso de las comisiones transitorias, resolvimos utilizar el condicional “podrá", porque si no hay tipo de reclamo y esas comisiones con mandato prorrogado expresan la voluntad de todos los sectores integrados en un sindicato determinado, o por lo menos a la mayoría, el Poder Ejecutivo se abstendré de hacer uso de esta facultad.

Hay casos en que las circunstancias son distintas y por medio de este proyecto lo que se pretende es preservar la igualdad de oportunidades para todos los sectores del movimiento obrero, a fin de que se expresen en democracia dentro del Iímite fijo y concreto de ciento ochenta días.

Estas son las circunstancias que rodean al proyecto. Por Io tanto, caracterizarlo como similar al de la dictadura militar constituye una distorsión de la realidad, por no decir un agravio.

Precisamente, hemos introducido modificaciones en el proyecto original luego de un extenso análisis de los aspectos políticos que rodeaban esta realidad. Y avanzamos sobre el proyecto del Ejecutivo para garantizar esta igualdad y el principio democrático que contiene. Estas modificaciones surgieron de la voluntad política del presidente de la Nación, no de tener sindicatos propios, que respondieran a sus intenciones, sino de tener sindicatos democráticos; no para tener interventores con todas las facultades -como ha ocurrido en el pasado-, sino solamente con las de administración y manejo de los fondos.

Esta es la otra cuestión que está presente en el recinto. Evidentemente, hay un cierto grado de discrecionalidad en el manejo de los fondos por parte de los delegados. ¿Pero qué actitud debemos adoptar en esta etapa previa con respecto a fondos que tienen distinto origen al de los partidos, que son voluntarios? ¿Cómo lograremos garantizar la imparcialidad en la distribución de fondos que provienen de aportes compulsivos, y está bien que sea así, en este proceso de normalización? ¿Cómo aseguramos la ecuanimidad de quienes hoy tienen la posibilidad de controlar esos fondos al integrar las comisiones transitorias?

Lo fundamental era garantizar que las juntas fiscalizadoras gremiales tuvieran en sus manos la dirección y el control de los conflictos colectivos e individuales, porque, a diferencia de la forma en que actuó la- dictadura militar -y esto no se ha dicho en este recinto-, los delegados del Poder Ejecutivo, en virtud de la voluntad expresa del presidente de la Nación, no habrán de reunir esas facultades.

Las personas designadas por el Poder Ejecutivo no pueden ir a sentarse a las comisiones paritarias ni pueden defender los intereses de los trabajadores en la misma mesa en que discuten los  empresarios y el Estado. Esta es la diferencia fundamental con los interventores del régimen militar.

De esta manera queremos desbrozar el camino de este debate, que hasta hace unos instantes se encontraba encarrilado por los niveles a los que nuestra bancada aspiraba.
Nuestra pretensión no reside en enseñar al movimiento obrero como debe organizarse ni como tiene que desarrollar sus luchas pero, asimismo, nadie tiene derecho a indicarnos a nosotros, los radicales, como debemos actuar contra los intereses del imperialismo y la oligarquía. Esta también puede ser aplicado a la actitud que debemos tomar para garantizar el ejercicio de los procesos constitucionales.

Quien en este momento me grita “zurdo", seguramente será uno de aquellos infiltrados que usted, señor presidente, nos denunciaba recién.

Estos son los gritos que queremos desterrar para siempre de las asambleas gremiales, a fin de que los trabajadores nunca más vean cercenadas sus expresiones de carácter político por que se los califica como “zurdos”.

Nadie puede pretender enseñarle al radicalismo como desarmar la estructura de la oligarquía y del imperialismo. Tengan paciencia los sectores de la oposición. Comprendan que hace poco hemos asumido el gobierno y nos encontramos ante un estado de emergencia nacional.

No cometan la imprudencia que a veces hemos cometido nosotros en el pasado, cuando ab inicio calificamos duramente circunstancias que hablamos recuperado con el esfuerzo de la lucha de todos los argentinos. Tal vez se equivocan quienes hoy efectúan críticas y mañana tendrán que aplaudir de pie en este recinto las medidas oficiales porque habrán dado el resultado esperado.

Tenemos una historia que nos permite demostrar que nuestro método fue el más eficaz en la lucha contra la oligarquía y el imperialismo. A pesar de nuestros errores, no derrocaron en vano a dos gobiernos de la Unión Cívica Radical en lo que va de este siglo. Nos voltearon los intereses de la oligarquía y del imperialismo que se vieron afectados por las políticas de Hipólito Yrigoyen y de Illia.

Nadie puede constituirse en tutor del movimiento obrero, porque esta concepción de la tutoría la tienen desde la derecha el fascismo y en el otro extremo el liberalismo, porque, en definitiva, quienes pretenden la atomización del movimiento obrero, también pretenden ejercer una forma de paternalismo, teniendo a los trabajadores organizados para que no puedan efectuar sus reclamos justos y avanzar en la puja distributiva.

Pero este no es el concepto de quienes estamos enraizados, y no desde afuera, en la historia de las luchas del movimiento social y popular de nuestro país. Este no es el concepto de los que luchamos en la década del 30 contra el fraude patriótico, contra los que pretendían encorsetar a las fuerzas productivas de la Nación. No es la historia de estos muchachos nuevos que están sentados en estas bancas que desde 1966, sin claudicar, lucharon contra todas las dictaduras militares.

Tampoco es la intención de quienes ya estamos más allá de la sanción este proyecto, con un pie en el movimiento obrero, porque se equivocan quienes todavía siguen creyendo en un error que los exhorto a que rectifiquen, porque la historia es inexorable, nosotros no triunfamos con los votos de la FUFEPO; en Avellaneda ganamos con los votos de la clase trabajadora argentina.

Que nadie tema una supuesta vocación intervencionista de este gobierno en el movimiento obrero. Podemos dar aquí el testimonio de nuestra responsabilidad política; pero además, nuestra palabra de honor, como legisladores, no del radicalismo sino de la Nación Argentina; de que no toleraremos la intervención descarada del Estado en la vida de los sindicatos. Porque siempre en esas luchas que hemos librado estuvo presente nuestro esfuerzo por lograr la independencia del movimiento obrero -no la independencia de los partidos políticos como se señalara aquí- pues sabemos que el movimiento gremial argentino debe estar vinculado a las luchas políticas de esta
Nación. Somos conscientes de esta realidad. Y de allí que este nuevo radicalismo que expresamos lo haya asumido en su plataforma electora.

Por eso nadie tema las intervenciones. No ocurriré con nosotros lo que sucediera en otros momentos con hombres como Agustín Tosco, cuyo sindicato no solo fue intervenido sino que él mismo fue detenido por el gobierno del brigadier Lacabanne.

No entendemos por qué en este recinto se traen a colación figuras quo nada tienen que ver con la esencia de este debate. Tal es el caso del decreto de Aramburu del año 1956, o el de las muertes de Kloostermann y de Bucci, que nosotros lamentamos y repudiamos, pero que no se produjeron precisamente por la boca de fusiles radicales, ni mucho menos fue la ideología del radicalismo en la que abrevaron sus asesinos.

La intención última de este proyecto es reflejar lealmente lo que el pueblo argentino votó el 30 de octubre de 1.983.

Se también, que por más esfuerzos que hagamos no podamos demostrarlo pues en definitiva la intencionalidad se vincula a la subjetividad de los comportamientos de cada organización política.

Pero como legisladores de la Nación Argentina los hombres de esta bancada votaremos este proyecto con la tranquilidad de conciencia de que garantiza el principio de igualdad. No son solo los universitarios sino también los trabajadores quienes se identificaron con nosotros para, palmo a palmo, construir este movimiento nuevo. Así será posible que en los sindicatos junto a los retratos de Perón y de Evita luzca también el de Yrigoyen.

A esto conlleva el proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

Hace momentos, compañeros de mi bancada y del sector justicialista hicieron un brillante resumen de lo que fueron las luchas en la historia del movimiento obrero argentino, una historia plagada de avances y de retrocesos, una epopeya que integra la propia historia política de esta Nación.

Por eso esta última experiencia del movimiento obrero, que correctamente acompaña las alternativas nacionales, es la que queremos preservar para nosotros. La democracia no atomiza el movimiento obrero sino que lo fortalece porque es el punto de partida para la efectiva participación de todos los trabajadores. Tampoco nos asusta que esta legislación democrática brinde la posibilidad de participar a sectores de –otras ideologías, pues allí estarán no solo los peronistas sino también los radicales defendiendo el interés nacional.

Luego de la experiencia de estos últimos años hay que comprender que algo debe cambiar, porque si no lo comprendemos no interpretaremos el nuevo fenómeno político y social que se refleja en la Argentina el 30 de octubre de 1983. Debemos asumir que los trabajadores argentinos, junto con los otros sectores de la sociedad, encontraron una síntesis histórica formulada en estas tres banderas del crecimiento económico, la democracia política y la justicia social.

Si así no lo comprendemos no estaremos en la actitud política, espiritual y mental de sumir esta realidad y, sin quererlo, tal vez podríamos conspirar contra el desarrollo del proceso democrático.

La lucha que tiene que librase es entre nosotros y el imperialismo, y no los sectores populares.

Debe haber tolerancia en el movimiento obrero argentino.

Tampoco nos asusta el argumento esgrimido desde algunos ángulos en el sentido de que incorporar a todos los sectores va a incrementar la puja entre las distintas corrientes que van a cabalgar reivindicaciones de los obreros, llevándolas a los topes máximos, Esto no es así, es un argumento que pretende distraer la atención del problema de fondo, porque, como ya lo han demostrado los obreros argentinos en todas sus luchas, ellos saben actuar con racionalidad, con esa racionalidad que pusieron manifiesto en 1945 pero que también demostraron el 30 de octubre de 1983.

Para terminar, quiero señalar que esta racionalidad de comportamiento histórico del, movimiento obrero no es paternidad de nadie sino que es el ejercicio político de los movimientos populares, que a pesar de sus errores contribuyeron al desarrollo histórico de esta Nación.

Por ello, nadie debe temer a este proyecto.

Es cierto que de adentro y de afuera queremos reformular esta política, porque estos errores también comprenden-a las conducciones sindicales que acompañaron coherentemente este proyecto de los últimos cuarenta años con el que la democracia convivió, pero que no siempre sirvió eficazmente a la democracia. Por eso, ahora queremos construir un nuevo movimiento obrero que sirva definitivamente a las exigencias de la realidad actual.









Fuente: Discurso del Diputado Nacional por Buenos Aires, Sr. Leopoldo Moreau, en el debate del proyecto de ley de reordenamiento sindical, Cámara de Diputados de la Nación, 10 y 11 de febrero de 1984.

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