Días antes, segundos antes diría de la iniciación de este
histórico debate, buena parte de la opinión pública argentina creyó que estaba
en presencia de la posibilidad de una batalla campal en este recinto. Sin ver
ni escuchar a los sectores de las minorías oligárquicas y de la
desestabilización, los imaginaba refregándose las manos por el supuesto
espectáculo que íbamos a dar los diputados de la Nación. Pero felizmente, hasta
hace pocos instantes, el decurso de este debate tuvo la línea y el nivel que
todos nosotros esperábamos.
Aquí se discutió con pasión y firmeza el pasado, un pasado
plagado de errores en todo el movimiento popular argentina, sin ninguna excepción;
errores que todos pagamos duramente a lo largo de estos cincuenta y tres años
de vida nacional, errores que permitieron interregnos que sumieron a la.
Argentina en el empobrecimiento, en la decadencia y en baños de sangre que
todavía estamos lamentando.
Por eso creo que lo fundamental de este debate no es mirar
hacia atrás; cada uno de nosotros tiene una explicación de esos errores.
El punto fundamental de este proyecto que estamos
discutiendo concierne al futuro, al rol que deberé jugar el movimiento obrero
en esta democracia participativa que todos recuperamos el 30 de octubre, al
papel que desempeñarán los trabajadores argentinos en el afianzamiento de un
proyecto de independencia nacional, de justicia social y de democracia
participativa, es decir en la concreción de un movimiento que sintetice estas
tres banderas históricas. Entre los errores del pasado en el país, se encuentra
el hecho de que los radicales, en su momento, creímos que la democracia se
agotaba en la formalidad y los justicialistas creyeron que la justicia social
en todo.
Recién ahora estamos sintetizando, en este proyecto, la
unión de estos tres elementos: crecimiento económico, justicia social y
democancia política. El proyecto del Poder Ejecutivo apunta a perfilar esta
nueva realidad.
Por supuesto que el punto de partida es la emergencia
nacional, que no solamente afecta a determinada parte de la sociedad argentina,
sino a su conjunto y a sus expresiones políticas, sindicales y económicas. Esto
es lo que hoy está en debate.
El diputado preopinante introdujo en su exposición algunas
valoraciones políticas que no habían aparecido antes en este recinto, referidas
a la esencia de este proyecto del Poder Ejecutivo. En una lectura parcial del
proyecto modificado, el diputado justicialista señalaba que las facultades
otorgadas a quienes eventualmente sean delegados administradores en el breve
periodo de transición ponían a su disposición y en sus manos la vida de las
organizaciones sindicales. Leyó las facultades otorgadas por el artículo 89, en
su inciso 2, pero omitió la lectura de otros incisos de ese mismo artículo, que
considero oportuno traer a esta Cámara para completar y cerrar efectivamente la
idea del proyecto del Poder Ejecutivo.
En el inciso 3 -precisamente el que sigue al leído y que
seguramente el señor diputado no advirtió, se establecen claramente las
facultades que tendré la Junta Fiscalizadora Gremial.
Ellas son: “a) De fiscalización y control de la actividad
del delegado, con el objeto de asegurar que su actuación brinde igualdad de
posibilidades a todas las corrientes de opinión. De conculcarse este principio
sustancial, la junta, o cualesquiera de las corrientes de opinión que la
integren, podré interponer recurso al solo efecto devolutivo ante el juez
electoral competente, el que tramitaré en proceso sumarísimo siendo de
aplicación, a tal efecto, las disposiciones pertinentes del Código Civil y
Comercial de la Nación”. Pero no se detiene allí la enunciación de este
artículo.
En el punto b) del inciso 3, se señala que "la Junta
Fiscalizadora Gremial tendré la representación de la asociación, en defensa de
los trabajadores de la actividad, en todo los conflictos gremiales que puedan
suscitarse”.
Es decir, señor presidente, nunca se debió haber traído a
este recinto la comparación con las intervenciones de la dictadura militar. En
ese momento algunos dirigentes se conformaron con mucho menos: integrar
simplemente juntas asesoras, que no tenían ninguna facultad y ninguna
competencia.
Es probable -lo reconozco- que se haya hecho con el afán de
avanzar en la recuperación de las organizaciones sindicales. No adjudico
segundas intenciones ni tampoco señalo con el dedo acusador la posibilidad de
que en el pasado las intervenciones militares hayan discriminado en el movimiento
obrero entre réprobos y elegidos, interviniendo en algunos casos y otorgando
mandato prorrogado en otros.
Los hombres que hemos luchado no solo en esta etapa sino
también en las anteriores contra regímenes de esta naturaleza, sabemos que toda
norma es válida para defender las organizaciones del pueblo argentino.
Solamente el extremismo que plantea la tesis de “a cuanto peor, mejor", se
aferra a banderas aparentemente ortodoxas, y nosotros no provenimos de esas
fuentes.
Pero tampoco, señor presidente, podemos dejar pasar por alto
esta comparación. Porque este proyecto del Poder Ejecutivo tiene una línea
fundamental y estratégica que hemos, discutido hasta informalmente con la
bancada justicialista. En virtud de esas discusiones, que también son propias de
la democracia, es que hemos introducido las reformas que hoy se anuncian en
este recinto.
Esa línea estratégica fundamental no es la de garantizar
sindicatos propios, ni arrebatárselas al peronismo, sino simplemente lograr un
sindicalismo democrático y representativo de las bases de los argentinos.
Por eso, desmenuzando la intencionalidad de este proyecto,
aquí no se ha dicho que hay más de 90 organizaciones sindicales que en este
momento solo tienen el interventor de la dictadura Si otra fuera nuestra intención,
simplemente reemplazaríamos a ese interventor por un delegado administrador del
gobierno constitucional, popular y democrático, que sin lugar a dudas tendría
una mayor base de legitimidad, y nos quedaríamos con esos sindicatos si la
intención fuera otra.
Pero no es así. El proyecto nos autolimita, porque no
proponemos -sobre la base de nuestra
legitimidad popular- reemplazar simplemente al funcionario de la
dictadura. Proponemos que en un plazo de diez días hábiles el delegado
designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe convocar
obligatoriamente a todas las corrientes internas de esa organización y formar
una junta gremial fiscalizadora.
Sé, señor presidente, por sus gestos. En el entendimiento de
lo que acaba de expresar la Presidencia es que iba a solicitar que en lugar de
responder a tal provocación, el personal de seguridad fuera eventualmente
instruido para detector a quienes individualmente realizan esas
manifestaciones.
Continuo, señor presidente: en esas noventa organizaciones
el proyecto del Poder Ejecutivo autolimita la designación de sus propios
delegados obligándolos, en el plazo de diez días, a convocar a todas las
agrupaciones representativas para formar con ellas una junta gremial
fiscalizadora, que tendrá las mismas facultades que acabamos de leer. En el
caso de las organizaciones que tienen comisiones transitorias, más allá de
discutir su legitimidad -lo cual entraría en el campo de lo subjetivo y no
estamos dispuestos a debatir esto en este recinto-, el Poder Ejecutivo
garantiza su permanencia, a través de este proyecto, con los mismos individuos
que las integran Pero indudablemente, para mantener su línea fundamental el
proyecto también garantiza lo incorporación de sectores que han quedado
excluidos de esas comisiones transitorias.
Estas exclusiones, no las presupone a priori el Poder
Ejecutivo sino que a veces son denunciadas por la propia estructura del
movimiento obrero que en muchos casos, durante el ultima periodo de la
dictadura militar, hizo reclamaciones porque se sentía agraviada debido a su
exclusión de esas comisiones transitorias.
Por eso el Poder Ejecutivo utiliza una palabra condicional,
cuando dice “podrá designar delegados normalizadores", en lugar de
“deberé” porque esta expresión imperativa hubiera implicado una intención
intervencionista. Por el contrario, este condicional reafirma la concepción
democrática de nuestro gobierno, porque de esta manera preanunciamos que donde
las comisiones transitorias expresen a la totalidad de las corrientes internas
que se manifiesten en Ias organizaciones sindicales, no será necesario enviar
ningún delegado, pues allí está jugando el control mutuo que otorga la
democracia y entre todos garantizarán la limpieza del proceso de normalización.
Quiero hacer referencia, por último, a las comisiones con
mandato prorrogado. ¿Cómo desconocer que éste es el tema más complejo? Desde la
bancada de la minoría se han hecho manifestaciones - y con cierta razón- en el
sentido de que esta situación podría ser igualada a la que vivieron los
partidos políticos argentinos, los que por imperio de las circunstancias
tuvieron autoridades con mandato prorrogado, hasta que por el proceso de
democratización que logramos arrancarle a la dictadura, pudimos normalizarnos.
Pero indudablemente era difícil mantener un trato desigual desde el punto de
vista del reflejo de la ley en estos casos, porque mas allá de la discusión
acerca de la legitimidad de esos mandatos -que es un tema que no quiero traer a
discusión en este recinto- lo cierto es que se habían producido graves
distorsiones, que no han surgido de nuestra apreciación subjetiva.
Podríamos hacer referencia a ciertas declaraciones de
diversas agrupaciones, muchas de ellas de la misma raíz ideológica de quienes
tienen a su cargo la conducción de esas organizaciones, denunciando que ésa
habla sido una prerrogativa otorgada en el marco de lo que algunos caracterizan
como una selección producida entre réprobos y elegidos.
¿Con qué elementos de juicio podemos apreciar la
subjetividad de estas formulaciones? ¿Qué circunstancia se puede hacer jugar
para mantener la continuidad de los principios del proyecto a fin de otorgar un
trato desigual en esta materia?
Por ello, tal como ocurrió en el caso de las comisiones
transitorias, resolvimos utilizar el condicional “podrá", porque si no hay
tipo de reclamo y esas comisiones con mandato prorrogado expresan la voluntad
de todos los sectores integrados en un sindicato determinado, o por lo menos a
la mayoría, el Poder Ejecutivo se abstendré de hacer uso de esta facultad.
Hay casos en que las circunstancias son distintas y por
medio de este proyecto lo que se pretende es preservar la igualdad de
oportunidades para todos los sectores del movimiento obrero, a fin de que se
expresen en democracia dentro del Iímite fijo y concreto de ciento ochenta
días.
Estas son las circunstancias que rodean al proyecto. Por Io
tanto, caracterizarlo como similar al de la dictadura militar constituye una
distorsión de la realidad, por no decir un agravio.
Precisamente, hemos introducido modificaciones en el
proyecto original luego de un extenso análisis de los aspectos políticos que
rodeaban esta realidad. Y avanzamos sobre el proyecto del Ejecutivo para
garantizar esta igualdad y el principio democrático que contiene. Estas
modificaciones surgieron de la voluntad política del presidente de la Nación,
no de tener sindicatos propios, que respondieran a sus intenciones, sino de
tener sindicatos democráticos; no para tener interventores con todas las
facultades -como ha ocurrido en el pasado-, sino solamente con las de
administración y manejo de los fondos.
Esta es la otra cuestión que está presente en el recinto.
Evidentemente, hay un cierto grado de discrecionalidad en el manejo de los
fondos por parte de los delegados. ¿Pero qué actitud debemos adoptar en esta
etapa previa con respecto a fondos que tienen distinto origen al de los
partidos, que son voluntarios? ¿Cómo lograremos garantizar la imparcialidad en
la distribución de fondos que provienen de aportes compulsivos, y está bien que
sea así, en este proceso de normalización? ¿Cómo aseguramos la ecuanimidad de
quienes hoy tienen la posibilidad de controlar esos fondos al integrar las
comisiones transitorias?
Lo fundamental era garantizar que las juntas fiscalizadoras gremiales
tuvieran en sus manos la dirección y el control de los conflictos colectivos e
individuales, porque, a diferencia de la forma en que actuó la- dictadura
militar -y esto no se ha dicho en este recinto-, los delegados del Poder
Ejecutivo, en virtud de la voluntad expresa del presidente de la Nación, no
habrán de reunir esas facultades.
Las personas designadas por el Poder Ejecutivo no pueden ir
a sentarse a las comisiones paritarias ni pueden defender los intereses de los
trabajadores en la misma mesa en que discuten los empresarios y el Estado. Esta es la
diferencia fundamental con los interventores del régimen militar.
De esta manera queremos desbrozar el camino de este debate,
que hasta hace unos instantes se encontraba encarrilado por los niveles a los
que nuestra bancada aspiraba.
Nuestra pretensión no reside en enseñar al movimiento obrero
como debe organizarse ni como tiene que desarrollar sus luchas pero, asimismo,
nadie tiene derecho a indicarnos a nosotros, los radicales, como debemos actuar
contra los intereses del imperialismo y la oligarquía. Esta también puede ser
aplicado a la actitud que debemos tomar para garantizar el ejercicio de los
procesos constitucionales.
Quien en este momento me grita “zurdo", seguramente
será uno de aquellos infiltrados que usted, señor presidente, nos denunciaba
recién.
Estos son los gritos que queremos desterrar para siempre de
las asambleas gremiales, a fin de que los trabajadores nunca más vean
cercenadas sus expresiones de carácter político por que se los califica como
“zurdos”.
Nadie puede pretender enseñarle al radicalismo como desarmar
la estructura de la oligarquía y del imperialismo. Tengan paciencia los
sectores de la oposición. Comprendan que hace poco hemos asumido el gobierno y
nos encontramos ante un estado de emergencia nacional.
No cometan la imprudencia que a veces hemos cometido
nosotros en el pasado, cuando ab inicio calificamos duramente circunstancias
que hablamos recuperado con el esfuerzo de la lucha de todos los argentinos.
Tal vez se equivocan quienes hoy efectúan críticas y mañana tendrán que
aplaudir de pie en este recinto las medidas oficiales porque habrán dado el
resultado esperado.
Tenemos una historia que nos permite demostrar que nuestro
método fue el más eficaz en la lucha contra la oligarquía y el imperialismo. A
pesar de nuestros errores, no derrocaron en vano a dos gobiernos de la Unión
Cívica Radical en lo que va de este siglo. Nos voltearon los intereses de la
oligarquía y del imperialismo que se vieron afectados por las políticas de
Hipólito Yrigoyen y de Illia.
Nadie puede constituirse en tutor del movimiento obrero,
porque esta concepción de la tutoría la tienen desde la derecha el fascismo y
en el otro extremo el liberalismo, porque, en definitiva, quienes pretenden la
atomización del movimiento obrero, también pretenden ejercer una forma de
paternalismo, teniendo a los trabajadores organizados para que no puedan
efectuar sus reclamos justos y avanzar en la puja distributiva.
Pero este no es el concepto de quienes estamos enraizados, y
no desde afuera, en la historia de las luchas del movimiento social y popular
de nuestro país. Este no es el concepto de los que luchamos en la década del 30
contra el fraude patriótico, contra los que pretendían encorsetar a las fuerzas
productivas de la Nación. No es la historia de estos muchachos nuevos que están
sentados en estas bancas que desde 1966, sin claudicar, lucharon contra todas
las dictaduras militares.
Tampoco es la intención de quienes ya estamos más allá de la
sanción este proyecto, con un pie en el movimiento obrero, porque se equivocan
quienes todavía siguen creyendo en un error que los exhorto a que rectifiquen,
porque la historia es inexorable, nosotros no triunfamos con los votos de la
FUFEPO; en Avellaneda ganamos con los votos de la clase trabajadora argentina.
Que nadie tema una supuesta vocación intervencionista de
este gobierno en el movimiento obrero. Podemos dar aquí el testimonio de
nuestra responsabilidad política; pero además, nuestra palabra de honor, como
legisladores, no del radicalismo sino de la Nación Argentina; de que no
toleraremos la intervención descarada del Estado en la vida de los sindicatos.
Porque siempre en esas luchas que hemos librado estuvo presente nuestro
esfuerzo por lograr la independencia del movimiento obrero -no la independencia
de los partidos políticos como se señalara aquí- pues sabemos que el movimiento
gremial argentino debe estar vinculado a las luchas políticas de esta
Nación. Somos conscientes de esta realidad. Y de allí que
este nuevo radicalismo que expresamos lo haya asumido en su plataforma
electora.
Por eso nadie tema las intervenciones. No ocurriré con
nosotros lo que sucediera en otros momentos con hombres como Agustín Tosco,
cuyo sindicato no solo fue intervenido sino que él mismo fue detenido por el
gobierno del brigadier Lacabanne.
No entendemos por qué en este recinto se traen a colación
figuras quo nada tienen que ver con la esencia de este debate. Tal es el caso
del decreto de Aramburu del año 1956, o el de las muertes de Kloostermann y de
Bucci, que nosotros lamentamos y repudiamos, pero que no se produjeron
precisamente por la boca de fusiles radicales, ni mucho menos fue la ideología
del radicalismo en la que abrevaron sus asesinos.
La intención última de este proyecto es reflejar lealmente
lo que el pueblo argentino votó el 30 de octubre de 1.983.
Se también, que por más esfuerzos que hagamos no podamos
demostrarlo pues en definitiva la intencionalidad se vincula a la subjetividad
de los comportamientos de cada organización política.
Pero como legisladores de la Nación Argentina los hombres de
esta bancada votaremos este proyecto con la tranquilidad de conciencia de que
garantiza el principio de igualdad. No son solo los universitarios sino también
los trabajadores quienes se identificaron con nosotros para, palmo a palmo,
construir este movimiento nuevo. Así será posible que en los sindicatos junto a
los retratos de Perón y de Evita luzca también el de Yrigoyen.
A esto conlleva el proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
Hace momentos, compañeros de mi bancada y del sector
justicialista hicieron un brillante resumen de lo que fueron las luchas en la
historia del movimiento obrero argentino, una historia plagada de avances y de
retrocesos, una epopeya que integra la propia historia política de esta Nación.
Por eso esta última experiencia del movimiento obrero, que
correctamente acompaña las alternativas nacionales, es la que queremos
preservar para nosotros. La democracia no atomiza el movimiento obrero sino que
lo fortalece porque es el punto de partida para la efectiva participación de
todos los trabajadores. Tampoco nos asusta que esta legislación democrática
brinde la posibilidad de participar a sectores de –otras ideologías, pues allí
estarán no solo los peronistas sino también los radicales defendiendo el
interés nacional.
Luego de la experiencia de estos últimos años hay que
comprender que algo debe cambiar, porque si no lo comprendemos no
interpretaremos el nuevo fenómeno político y social que se refleja en la
Argentina el 30 de octubre de 1983. Debemos asumir que los trabajadores
argentinos, junto con los otros sectores de la sociedad, encontraron una
síntesis histórica formulada en estas tres banderas del crecimiento económico,
la democracia política y la justicia social.
Si así no lo comprendemos no estaremos en la actitud
política, espiritual y mental de sumir esta realidad y, sin quererlo, tal vez
podríamos conspirar contra el desarrollo del proceso democrático.
La lucha que tiene que librase es entre nosotros y el
imperialismo, y no los sectores populares.
Debe haber tolerancia en el movimiento obrero argentino.
Tampoco nos asusta el argumento esgrimido desde algunos
ángulos en el sentido de que incorporar a todos los sectores va a incrementar
la puja entre las distintas corrientes que van a cabalgar reivindicaciones de
los obreros, llevándolas a los topes máximos, Esto no es así, es un argumento
que pretende distraer la atención del problema de fondo, porque, como ya lo han
demostrado los obreros argentinos en todas sus luchas, ellos saben actuar con
racionalidad, con esa racionalidad que pusieron manifiesto en 1945 pero que
también demostraron el 30 de octubre de 1983.
Para terminar, quiero señalar que esta racionalidad de
comportamiento histórico del, movimiento obrero no es paternidad de nadie sino
que es el ejercicio político de los movimientos populares, que a pesar de sus
errores contribuyeron al desarrollo histórico de esta Nación.
Por ello, nadie debe temer a este proyecto.
Es cierto que de adentro y de afuera queremos reformular
esta política, porque estos errores también comprenden-a las conducciones
sindicales que acompañaron coherentemente este proyecto de los últimos cuarenta
años con el que la democracia convivió, pero que no siempre sirvió eficazmente
a la democracia. Por eso, ahora queremos construir un nuevo movimiento obrero
que sirva definitivamente a las exigencias de la realidad actual.
Fuente: Discurso del Diputado Nacional por Buenos Aires, Sr.
Leopoldo Moreau, en el debate del proyecto de ley de reordenamiento sindical,
Cámara de Diputados de la Nación, 10 y 11 de febrero de 1984.
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