Raúl Alfonsín: "Ataque al Cuartel de La Tablada" (2004)

El 23 de enero de 1989 se produjo un trágico episodio que transformó la frágil relación de fuerzas entre los sectores más recalcitrantes y retardatario s de la sociedad y el gobierno democrático. Fue un suceso que asestó un golpe devastador a mi gestión, que la debilitó considerablemente y que, por contrapartida, alentó a grupos de poder que -aunque todavía activos- carecían de argumentos y bases de sus tentación. El grupo Movimiento Todos por la Patria (MTP) se lanzó a una aventura criminal e irresponsable que consistió en atacar el cuartel de La Tablada simulando que eran miembros del movimiento carapintada. La prédica de la derecha fundamentalista, que insistía en que grupos subversivos de extrema izquierda se estaban preparando para tomar el poder y establecer una dictadura, se vio confirmada por medio centenar de jóvenes que le brindaron en bandeja el argumento que necesitaban.

La condena y el proceso de enjuiciamiento de más de trescientos militares y civiles que participaron en la represión durante la dicta dura militar quedó opacada por esta operación. La versión de que nuestro gobierno estaba diezmando a las Fuerzas Armadas para favorecer a los grupos subversivos obtuvo un nuevo impulso y sirvió como pretexto para que se insistiera en la necesidad de una amnistía que liberara a los detenidos y que reivindicara a los ex dictadores. Que el peligro de la subversión ultraizquierdista estuviera tan latente, como, según esas usinas, demostraba el ataque al cuartel de La Tablada, se debía a nuestra política de derechos humanos, incluyendo la Conadep y el juicio a las Juntas. Nada fue tan funcional a los propósitos de los militares carapintadas y de la derecha más reaccionaria como ese asalto criminal.

Realmente fuimos sorprendidos por esa aventura. Si bien teníamos información sobre el grupo MTP, nada nos hacía presumir que podían lanzarse aun disparate de esa naturaleza, matando a soldados conscriptos inocentes y arriesgando a sus propios militantes. Luego comprobamos que en el grupo atacante había muchos jóvenes que nunca habían disparado un arma y que ignoraban hacia dónde se dirigían hasta minutos antes de iniciado el ataque.

La utilización que los dirigentes del operativo hicieron de esos jóvenes puso de manifiesto el profundo desprecio por la vida y po r el Nunca Más que tanto había proclamado la sociedad.

La confusión generada en los primeros momentos llevó a pensar que se trataba de una operación carapintada, debido a que en los alrededores del regimiento se hallaron volantes que alababan las figuras de Rico y Seineldín firmados por un supuesto "Nuevo Ejército Argentino" que prometía "aniquilar al enemigo marxista".

La intención de los atacantes era emitir rápidamente desde el cuartel diversos radiogramas a otras unidades militares, imitando el texto de los Panfletas con la sigla "Nuevo Ejército Argentino", y una vez que se afianzaran en el copamiento del Regimiento de Infantería 3 (RI3) con una supuesta ayuda popular, difundirían nuevos mensajes por la red militar anunciándose como un grupo de uniformados defensores de la democracia que habían logrado detener un intento golpista carapintada.

De acuerdo con las investigaciones realizadas posteriormente, los hechos se sucedieron de la siguiente manera: una caravana de aproximadamente una docena de vehículos, a cuyo frente iba un camión repartidor de bebidas gaseosas robado horas antes, irrumpió en el regimiento luego de violentar el portón de ingreso. Los ocupantes de esos vehículos bajaron y se desplazaron siguiendo un plan previamente establecido. Muchos vestían uniformes militares y llevaban sus rostros tiznados para desorientar a los ocupantes del cuartel, que creyeron que se trataba de carapintadas. Al grito de "Viva Seineldín" y "Viva Rico" se apoderaron de la guardia y tomaron como rehenes a los soldados. Uno de éstos, el joven Taddía, que levantó los brazos en señal de rendición, fue muerto a mansalva por un disparo de los atacantes.

La presencia circunstancial de un suboficial de la policía bonaerense, que presenció el ingreso de los subversivos y avisó a sus superiores, permitió que la policía arribara al lugar rápidamente. El primero en llegar fue un pa trullero a cargo del comisario García García, quien ingresó confiado al cuartel para averiguar qué estaba ocurriendo. Un disparo de escopeta que lo dejó malherido detuvo su marcha. Horas después este oficial murió.

La agresión certificó a la policía que no se trataba de militares insubordinados sino de un grupo guerrillero, y pocos minutos más tarde el cuartel fue rodeado por decenas de unidades policiales. La acción de esta fuerza fue cruda para frustrar el plan de los atacantes.

Es de imaginar el total desconcierto que produjo ese ataque. Mucho más si se considera que en el momento de ingresar al cuartel habían arrojado miles de volantes en los que se reivindicaba a los carapintadas y se llamaba a resistir "la campaña radical para destruir nuestras Fuerzas Armadas". Hasta que confirmamos que efectivamente se trataba de la sangrienta aventura de un grupo ultraizquierdista, no cabía en nuestras cabezas que desde esa franja ideológica alguien pudiera cometer un acto tan desatinado. El primer paso fue encargar al procurador general de la Nación, doctor Andrés D'Alessio, que centralizara la investigación del ataque.

Mientras tanto, en el cuartel, comenzaron los enfrentamientos. En la investigación posterior, realizada por el juez federal Gerardo Larrambebere y los fiscales Raúl Plée y Pablo Quiroga Olmos, se estableció que los soldados de la guardia que se rindieron "fueron obligados por sus captores a asomarse por las ventanas a fin de que les indicaran el lugar de donde provenían los disparos". En el edificio de la Jefatura, un grupo de soldados que se hallaban cuerpo a tierra fueron "utilizados como parapetos por los incurso res que, a sus espaldas, disparaban contra las fuerzas militares y policiales".

El enfrentamiento, que se extendió durante todo el día y la noche, mantuvo a la sociedad en un estado de angustia insoportable. En el amanecer del día siguiente, las decenas de muertos y heridos, la destrucción de edificios y el humo de los incendios que tQdavía se alzaba hacia el cielo brindaban un espectáculo siniestro. La naciente democracia no se merecía esto. No había merecido los levantamientos carapintadas, producto de la soberbia corporativa, y mucho menos merecía ahora la acción de otros iluminados que, finalmente, pretendían lo mismo: la interrupción de un estado de derecho que trataba de afianzarse para siempre.

Curiosamente, los dos extremos se alentaban mutuamente. Nostálgicos de una violencia que en el pasado reciente había producido miles de muertes, se cebaban otra vez con la sangre.

El ataque a La Tablada, que tanto daño produjo a las instituciones, fue motivo de las más variadas e interesadas interpretaciones. Si ya resultaba difícil comprender los motivos que llevaron a ese grupo a actuar de una manera tan disparatada, mucho más complejo fue establecer una versión que se acercara a la verdad. La proximidad de las elecciones tiñó a los medios de comunicación de fabulaciones que favorecían o perjudicaban, de acuerdo con ambiciones muy mezquinas, a unos u otros.

Tomé otra de las decisiones más difíciles de mi vida política y decidí trasladar me al lugar en que estaban sucediendo los hechos. A las 11.30 de la mañana del 24 de enero arribé a La Tablada. Todavía se escuchaban algunos disparos lejanos mientras recorría el cuartel en ruinas y trataba de mantenerme firme frente al desolador espectáculo de los muertos que yacían a mi alrededor. Rodeado de oficiales con los rostros tiznados que me custodiaban, no podía creer que después de haber sorteado con éxito varios alzamientos militares, un grupo de extrema izquierda hubiera empujado a jóvenes inexpertos a vivir tamaña desventura sometiendo a la democracia a otra prueba de fuego.

El siguiente es el texto de los panfletos lanzados por el grupo en los alrededores del cuartel de La Tablada (obsérvese el grado de delirio y confusión que se tenía):

Contra la campaña radical para destruir nuestras Fuerzas Armadas.

Contra la subversión marxista en el poder.

Contra el golpe de estado liberal de los generales corruptos y burocráticos del proceso que quieren impedir las elecciones.

Damos inicio a las operaciones

Para aniquilar al enemigo marxista

Para reivindicar definitivamente la dignidad y el honor de nuestras Fuerzas

Armadas y nuestra patria.

Esto ya no es un problema interno de las Fuerzas Armadas sino de la

Nación toda.

Viva el coronel Seineldín.

Viva el teniente coronel Rico.

Viva la patria.

Nuevo Ejército Argentino

En la investigación realizada por el juez Larrambebere aparecieron algunos latos que ilustraron acerca de las características del MTP. “A partir del nucleamiento orgánico y la cobertura legal que ofrecía el Movimiento Todos por la Patria, sus más importantes dirigentes fueron conformando una estructura Militar paralela que, planteando la lucha armada como metodología, tenía como objetivo inmediato alterar la vigencia de las instituciones establecidas por Constitución Nacional.

Los miembros del MTP fueron ubicados por el juez en estamentos difeenciados: "aquellos que no sólo aparecen vinculados directamente con la diección del operativo del copamiento al RI3, sino que, además, en el pasado inmediato integraron organizaciones subversivas", y aquellos "conspicuos dirigentes dentro de la estructura del MTP".

El fallo con el que dictó la prisión preventiva de los detenidos tomó en cuenta el documento “Aportes para la construcción del Movimiento Revolucionario de Base", secuestrado en la quinta de Graham Bell 2780 de la loca - dad bonaerense de Moreno -que había servido de refugio a los atacantes respecto del cual el peritaje caligráfico permitió determinar que debajo de la sigla MRB, en 17 oportunidades a todo lo largo del texto "se había estampado originariamente la sigla MTP".

El mencionado documento remarcaba lineamientos a partir de una caracterización de "los tiempos que vendrán", esto es, pasar de un marco de legalidad institucional a uno donde el orden constitucional llegara a quebrarse, "por lo que es necesario prever la táctica y la estrategia del movimiento".

De la investigación judicial surgen detalles del "vasto plan insurreccional" estructurado por el MTP, que quedó trunco con el fr acaso del golpe al RI3. La cúpula del MTP citó en la finca de Graham Bell a los militantes de base elegidos para el copamiento y les informó sobre la inminencia de un golpe de Estado encabezado por Seineldín y Rico. Para impedirlo, adujeron, era necesario tomar el RI3 y hacerse pasar por carapintadas. Como la mayoría de los jóvenes no tenía experiencia en el uso de las armas, fueron instruidos rápidamente y se les asignó el rol de combate que debía cumplir cada uno de ellos.

La Justicia secuestró un documento a uno de los atacantes en donde puede apreciarse cómo se manipuló a los participantes. Sintéticamente, la estrategia adoptada consistía en ocupar el cuartel, dar a conocer más tarde su condición de militantes populares y convocar al pueblo en masa que ingresaría a La Tablada para desde allí partir hacia la Casa de Gobierno. El llamamiento incluía la instauración de un "nuevo gobierno popular", la creación de un "nuevo ejército" (milicias populares) y "hacerse cargo del poder en todas partes".

Para difundir esa versión, tenían preparada una proclama y contaban con altavoces. También habían efectuado previamente el relevamiento de emisoras de la Capital Federal. En realidad, los atacante s esperaban que la falacia de los panfletos lograra engañar a todos en las primeras horas respecto a que el golpe de mano era protagonizado por carapintadas, contando para ello con la difusión que pudieran hacer del hecho los medios de comunicación, que luego informarían que un grupo de militares demócratas apoyados por el pueblo habían frustrado el golpe institucional.

El grupo estaba convencido de que este plan descabellado daría resultados, y tal era la fe en él que muchos de los atacantes dejaron a sus hijos en casas de amigos para que se los cuidaran hasta que pocas horas después ellos volvieran a buscarlos. Una vez consolidado el copamiento de la unidad militar elegida, la operación continuaría con la agitación popular y la convocatoria a marchar a la Plaza de Mayo.

El entonces jefe del Ejército, general Francisco Gassino, señaló que el grupo planeaba marchar con algunos vehículos blindados sobre la Plaza de Mayo para tomar el poder. Especulaban con que el engaño del ataque carapintada daría resultado y que ningún militar estaría dispuesto a disparar sobre dos o tres tanques que, supuestamente comandados por carapintadas, se dirigían a efectuar sus reclamos ante las narices mismas de la Presidencia de la Nación.

Vale la pena reproducir fragmentos del texto secuestrado en los allanamientos a una de las fincas utilizadas para el entrenamiento de los atacantes:

El ejército de Seineldin y Rico se sublevó de nuevo. Quieren dar un golpe de Estado. Quieren asesinar a todos los que no aceptan vivir bajo las botas. En la medianoche de hoy, los carapintadas se sublevaron en el RI3. Allí se preparaban y habían empezado a marchar sobre la Casa Rosada. Iban a asesinar a todos los que se les opusieran. Como ya mataron a más de treinta mil compatriotas durante la dictadura militar. Todos sabían que los milicos conspiraban y preparaban esto. Pero nadie hacía nada en concreto para pararlos.

Ya estamos hartos de la prepotencia de los milicos. Hartos de sus crímenes y de sus robos, que después tenemos que pagar todos. Hartos de que nos impongan la injusticia social. Hartos de que no nos dejen vivir en paz. El pueblo se alzó contra ellos. El pueblo de los alrededores de La Tablada ya ha recuperado el cuartel sublevado. Lo dirige este Frente de Resistencia Popular que se formó allí mismo. Tomamos las armas de los amotinados y les incendiamos el cuartel. Basta de milicos asesinos. En Semana Santa, en Villa Martelli, cantábamos: "Si se atreven les quemamos los cuarteles". Los milicos empezaron de nuevo, y esta vez sí les quemamos el cuartel de La Tablada.

Como siempre en la historia de la Patria, el pueblo hizo verdaderas proezas. Al saber que los carapintadas lo habían tomado, el pueblo entró en masa al cuartel. Mujeres, jóvenes, hombres del pueblo, atacaron con revólveres, con escopetas, con piedras y palos. Hicieron trincheras, tiraron bombas molotov. Frente a tanto heroísmo, algunos de los soldados y algunos de los Oficiales dieron vuelta sus armas y junto al pueblo participaron de la ejecución de los oficiales traidores.

Una columna de carapintadas había salido del cuartel con rumbo hacia la Ca sa de Gobierno. Pero el pueblo armado levantó barricadas y luego la aniquiló.

Ahora es el pueblo el que ha ocupado la Casa Rosada. Vamos a impedir que Seineldin, Rico y los otros traidores den el golpe de Estado. Vamos a impedirles que remachen la injusticia social, que le impongan más hambre todavía al pueblo. Vamos a impedirles repetir lo que hicieron en el 30, en el 55, en el 66 y en el 76.

El pueblo quiere un nuevo sistema de libertad y justicia social. Sin milicos asesinos, ni políticos corruptos, ni ladrones de la patria financiera. Vamos a formar un verdadero gobierno del pueblo. Para que haga levantar a los sinvergüenzas que se arrugan ante los militares. Ni de cuatro ladrones de las mesas de dinero, que se hacen ricos a costa de nuestro sudor.

Vamos a hacer un gobierno del pueblo que garantice el trabajo, la producción y la dignidad de la inmensa mayoría de los argentinos. Vamos a terminar con este ejército que no sirve para nada, que sólo tiene coraje con la picana eléctrica en la mano y se caga y se rinde ante los ingleses en Malvinas.

Vamos a terminar con este Ejército que sólo sirve para esclavizamos y para asesinamos. El gobierno del pueblo declara disuelto el ejército profesional y traidor. Ahora lo reemplaza el pueblo en armas. Los soldados y suboficiales únanse al pueblo. Ejecuten a sus oficiales traidores. O váyanse de los cuarteles. El que se quede en un cuartel está con los verdugos del pueblo.

Este Frente de la Resistencia Popular exhorta a todos a cumplir con el artículo 21 de la Constitución Nacional, que manda: "Todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de esta Constitución". Vamos a armamos a los cuarteles y a terminar para siempre con esta lacra. Vamos a imponer para siempre en la Argentina la soberanía del pueblo, sólo la voluntad del pueblo. No hay nada por encima de ella en la Nación. Vamos a la Plaza de Mayo para empezar una nueva Argentina, sin milicos traidores y asesinos, sin políticos corrompidos.

Vamos, pueblo argentino, con dignidad y sin miedo, que somos más; fuertes que ellos y que la historia nos da la razón. Vamos a Plaza de Mayo.

Llamamos a todos, a todos:

A las madres que no quieren ver de nuevo caer a sus hijos bajo la represión o desaparecidos, ni vendidos por jefes cobardes en otra guerra como la de Malvinas;

A los jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar porque el actual sis tema no les da cabida y sólo se acuerda de ellos para perseguirlos en los barrios o asesinarlos;

A los jóvenes que estudian o trabajan, pero saben que no tienen ningún futuro, que el título que obtengan no les va a servir para nada y que van a tener que trabajar como esclavos para malvivir; [...].

A todos, a todos convocamos a reunirse en la Plaza de Mayo para imponer el gobierno del pueblo, a rodear los cuarteles, cortarles el agua y la luz, impedir que los milicos asesinos salgan de ellos, levantar barricadas, controlar las calles y los barrios, hacerse cargo del poder en todas partes, unidos contra el golpe de Estado, unidos por la justicia social y la libertad.

Plan de emergencia

El gobierno del pueblo adopta las siguientes medidas económico–sociales por un plazo de 120 días:

Aumento salarial del 150 por ciento para los sueldos de dos mil australes o menos.

Aumento salarial del 100 por ciento para los que ganan tres mil australes.

Aumento del 40 por ciento para los que ganan hasta seis mil australes.

Aumento de las jubilaciones mínimas a cuatro mil australes.

Fin de todas las jubilaciones de privilegio de militares, diputados, senadores, concejales, ministros y secretarios de Estado.

Congelamiento total de precios a la fecha. Cárcel con penas de hasta veinte años para los que violen esa disposición y para los especuladores y acaparadores. Esta medida será efectivizada con el control popular directo, [...].

Para financiar este plan de emergencia y solidaridad nacional, los fondos provendrán de:

La eliminación del presupuesto militar, ya que el Ejército ha sido reemplazado por las Milicias Populares del Frente de Resistencia Popular.

La expropiación de todos los bienes de José Alfredo Martínez de Hoz, y de todos los militares que tengan más de una casa y un auto. Igual medida regirá para todos los dirigentes sindicales.

La expropiación de las mesas de dinero.

La suspensión de los pagos de intereses de la deuda externa.

Este plan se basa en la solidaridad de millones de argentinos, de la inmensa mayoría de los trabajadores, productor es y desocupados. Tenemos absoluto derecho de vivir en una patria con libertad y justicia social, donde el hombre sea hermano del hombre, y donde las riquezas del país puedan ser disfrutadas por todos, según su trabajo, su creatividad y su honradez.

Lo descabellado de este plan nos hizo pensar que semejante proclama podría haber sido utilizada sólo como acción psicológica, ya que los objetivos eran imposibles de cumplir en la coyuntura que se vivía en ese momento.

Sin embargo, existen algunos elementos que pudieron hacer suponer a los atacantes que imperaban condiciones beneficiosas para producir un golpe de esa naturaleza: circunstancias de la situación económico -social que vivíamos, y de algunos aspectos particularmente irritantes para los argentinos, como era la crisis energética debido a la peor sequía de esas últimas décadas, y la lenta solución de estos problemas que sufrían amplios sectores de la sociedad.

Imaginaron o pensaron que los ayudaría en sus planes el antimilitarismo que existía en parte de la sociedad argentina, acrecentado por los amotinamientos de militares rebeldes de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli, este último escasas semanas antes?

Es difícil responder a estas preguntas. Creo que el clima de agitación generado por los levantamientos militares produjo una alucinación que se vio incrementada por la ingenuidad de muchos jóvenes y el uso que de ellos hicieron antiguos dirigentes guerrilleros que no se habían resignado a vivir en paz. O no sabían hacerla.

Eligieron el cuartel de La Tablada tal vez debido a que era una unidad aislada de otros cuarteles por su situación geográfica y especialmente beneficiosa por su cercanía con barriadas pobres y villas de emergencia, lo que les haría posible mejores vías de escape y mayores posibilidades de recibir el apoyo externo necesario para el éxito del copamiento.

Nosotros contábamos con varios datos de inteligencia con anterioridad a los hechos de La Tablada. Alrededor de seis meses antes tuvimos información de que el grupo del MTP más radicalizado podía constituirse en una potencial organización militar para llevar adelante hechos de violencia, pero nunca de tal magnitud y tan expuestos a la represión y al fracaso.

En diferentes reuniones a nivel del Ministerio del Interior entre funcionarios de la Policía Federal, de la Secretaría de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Interior -esta última se ocupaba de las posibles actividades terroristas y antidemocráticas- se trabajaban varias hipótesis, entre ellas la posibilidad de que no sólo el MTP, sino otros grupos de extrema izquierda pudieran constituirse en elementos violentos con capacidad organizativa suficiente como para cometer atentados. Se agregaban los comentarios de integrantes de grupos de izquierda respecto de que algunos de los dirigentes del MTP "se habían vuelto locos", pero esta información no provenía de actividades de inteligencia, sino de la actividad política misma.

Después de eso no tuvimos más versiones hasta el día en que se produjo el ataque. No había cálculos de las consecuencias ni de los resultados posibles de una acción de esa naturaleza. No había sospechas sobre la capacidad de la ultraizquierda de crear una fuerza tal que pudiera producir una conmoción de esa envergadura, que podía hacer trastabillar y hasta voltear el orden constitucional en la Argentina, o de producir una adhesión masiva de los ciudadanos frente a un hecho demencial de ese orden. No había un cálculo de éxito razonable frente a semejante acto de irracionalidad en ese momento.

Una de las versiones que circuló luego del ataque giraba en torno de que el golpe de mano podía haber sido planeado desde otro país, tal el caso de Nicaragua o Cuba, y que varios de los agresores eran de esa nacionalidad. Nada de ello fue cierto, pues si bien algunos de los que ingresaron a La Tablada habían realizado varios viajes a Nicaragua, todos eran de nacionalidad argentina, salvo uno que, creo, había nacido en Paraguay. Sin embargo, entre el material secuestrado en diferentes allanamientos se encontraron algunas cartas intercambiadas entre integrantes del MTP y el ministro del Interior de Nicaragua, Tomás Borge.

Meses antes, Borge había estado en el país, alojado en la casa del embajador de Nicaragua en Buenos Aires, Ariel Granera. Por las versiones ya mencionadas, instruí al ministro del Interior, Enrique Nosiglia, para que se entrevistara con Borge, con el fin de advertirle que estábamos detectando la posibilidad de que el MTP estuviera preparando algún hecho de violencia bajo el mando de Gorriarán Merlo.

Según el informe que Nosiglia me brindó de ese encuentro, la respuesta de Borge fue que el gobierno de Nicaragua no tenía mucho que ver con Gorriarán. Sin embargo, Nosiglia le respondió que el MTP sí tenía mucho que ver porque el gobierno argentino tenía información de que el terrorista argentino había sido funcionario del gobierno sandinista, había asesorado en la conformación de la policía de Managua, había organizado y ejecutado el asesinato en Asunción del dictador Anastasio Somoza y, en Honduras, el de Pablo Emiliano Salazar, alias "comandante Bravo", ex integrante de la Guardia Nacional de Nicaragua, líder de una incipiente contrarrevolución.

Borge se sorprendió de la información que se manejaba en la Argentina y se comprometió a viajar a La Habana para entrevistarse con Manuel Piñeiro, jefe del Departamento América del Partido Comunista cubano, es decir, el máximo responsable de las organizaciones armadas en América Latina, también conocido como "Barbarroja", para ver si conocía la información que le habíamos brindado. Gorriarán Merlo era buscado por las autoridades desde 1983, cuando mediante el decreto 157 ordené la detención del militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) por los delitos de "homicidio, asociación ilicita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden constitucional", cometidos con posterioridad a los beneficios otorgados por la ley de amnistía sancionada el 25 de mayo de 1973.

Algunos de los muertos o detenidos en el ataque eran militantes históricos del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que habían tenido una larga experiencia en acciones armadas. El gobierno rastreó durante mucho tiempo la posibilidad de la participación de extranjeros en elataque, pero nunca se pudo comprobar nada. El punto de apoyo para la investigación era la presencia de Gorriarán Merlo en la organización y dirección del ataque.

Tras el asalto a La Tablada, el embajador nicaragüense, Ariel Granera, manifestó su solidaridad con las instituciones democráticas "en este momento trágico que vive el pueblo argentino". Granera negó en forma terminante que Gorriarán Merlo hubiera participado en Nicaragua en actividades oficiales y aclaró que el gobierno sandinista no se hacía "responsable de lo que hagan ciudadanos extranjeros después de visitar Nicaragua". "Ese señor –en referencia a Gorriarán- no ha ocupado ni ocupa función oficial en el gobierno de Nicaragua. En algún momento estuvo por allá, lo cual es público, en los primeros años de la revolución, como lo hacían ciudadanos de diferentes países, sin que esto significase que el gobierno de mi país tuviese alguna relación política con ese señor."

La reaparición de grupos que se arrogaban la representación de la voluntad popular, cuando se estaba a pocos meses de poder ejercerla libremente, demostraba hasta qué grado había llegado la irracionalidad de pequeños sectores desvinculados de las ambiciones de paz de la sociedad argentina.

En momentos en que estábamos por dar uno de los pasos más firmes para consolidar el sistema después de muchos años, aparecían enemigos de la democracia, enemigos de que el conjunto del pueblo argentino protagonizara la historia. Ellos se consideraban los únicos protagonistas.

El tiempo electoral configuró un factor adicional de importancia. La mayor parte de los partidos y candidatos, especialmente el PJ y la UCEDE, optaron por una táctica de ataque frontal al gobierno, buscando tal vez una capitalización electoral de los hechos. El cálculo de las consecuencias del enfrentamiento no fue ajeno a los análisis políticos.

El gobierno decidió castigar con todo el peso de la ley y con todas las garantías constitucionales a los responsables del ataque. Así lo manifesté en los considerandos del decreto 90/89, de duelo nacional en homenaje a los efectivos caídos durante la represión del ataque a La Tablada:

Hechos como los sucedidos conmocionan y angustian a una sociedad que ha elegido reglas racionales de convivencia en el marco del disenso democrático y la paz social.

Quienes hoy confunden la posibilidad que brinda un sistema que abarca la convivencia de posiciones políticas disímiles, con los métodos de la violencia y de la muerte, han tenido notoria responsabilidad material e ideológica en la decadencia argentina.

El pueblo argentino aprendió a través de una dura experiencia que la violencia no es el camino para la acción política y que la verdadera fortaleza no está en las armas, sino en la convicción del respeto permanente a las libertades cívicas y en la aplicación irrestricta de la ley frente a las amenazas impuestas por métodos intolerables basados en el odio irracional.

En consecuencia, los necios personeros de la muerte, que se arrogan la representación de los derechos del pueblo basados en mandatos que se originan en su imaginación desviada, no han de eludir la fuerza de la ley, ni tampoco pueden suponer que harán recaer a la sociedad argentina en la trampa que significó combatirlos desde la ajuridicidad.

LA LEGALIDAD DE LA REPRESIÓN

Desde algunos sectores de la oposición se cuestionó la legalidad de la represión que ordené. Argumentaron que la Ley de Defensa no permitía la utilización de militares en cuestiones de seguridad interna.

El ataque a La Tablada fue considerado un hecho de seguridad interior, excluido, por lo tanto, de los dictados de la Ley de Defensa. Esa ley, en su artículo 2, limita su ámbito a las agresiones de origen externo, a la vez que en su artículo 4 señala la diferencia fundamental que separa la defensa de la seguridad, remitiendo el tratamiento de esta última a una ley que debía dictarse y sobre la que el gobierno ya contaba con borradores casi definitivos. Era entonces necesario activar el proceso legislativo de la Ley de Seguridad Interior, y continuar, mientras tanto, por la vía de los decretos especiales para complementar vacíos existentes y resolver situaciones dudosas, conservando en todo momento la iniciativa institucional.

Las facultades del Presidente para decidir esa y toda intervención de las Fuerzas Armadas emergen de la propia Constitución, por lo que no puede haber una ley que restrinja y, menos, que impida su ejercicio. El Presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tiene además la máxima responsabilidad en la prevención del orden constitucional. No debieron confundirse, como lo hicieron algunos opositores malintencionado s, las demoras propias de un proceso complejo y necesariamente consensuado de elaboración legislativa -respecto a la Ley de Seguridad Interior- con la inexistencia de un orden jurídico suficiente para la defensa de la seguridad interna.

Podría decirse que la inexistencia de una ley de ese tipo le restaba organicidad a la respuesta del Estado. Pero ello de ninguna manera significaba que no existiera un soporte constitucional y legislativo que permitiera una respuesta pronta y eficaz ante cualquier ataque de la naturaleza del producido en La Tablada.

La Constitución nacional, la legislación penal, los códigos de procedimiento y, sobre todo, la Ley de Defensa de la Democracia son instrumentos muy claros en ese sentido. Esta última es una ley que está pensada precisamente para responder a las acciones de grupos terroristas. En los fundamentos de la norma se ven con claridad el diagnóstico y la precisión de las definiciones acerca del terrorismo, sus alcances y las formas más adecuadas para combatirlo dentro del estado de derecho. Constituye una expresión legislativa de avanzada, inspirada en leyes similares existentes en todas las democracias occidentales. Su artículo 7 es extremadamente preciso en cuanto a la descripción de bandas armadas, como la que operó en La Tablada.

El entonces senador Antonio Berhongaray respondió con claridad a una acusación lanzada al gobierno por la UCEDE, liderada por Álvaro Alsogaray, por la utilización de las Fuerzas Armadas en la represión del ataque al RI3:

La actuación de las Fuerzas Armadas en La Tablada -afirmó Berhongaray en una discusión parlamentaria - está encuadrada en el concepto de legítima defensa. Toda persona física o jurídica que se viera atacada tiene derecho a defenderse, y en muchos casos la obligación de hacerlo. En el artículo 524 del Código de Justicia Militar (CJM), y en el 34, incisos 4 y 6, del Código Penal, las Fuerzas Armadas tienen la obligación legal de defender sus unidades. Desde el jefe de la unidad hasta el centinela son sancionados seriamente por el CJM cuando sus actividades ponen en peligro la integridad de la Unidad. La obligación de defenderla surge de la propia ley.

El 25 de enero de 1989, dos días después del cruento episodio, firmé el decreto de creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), que yo presidía y en el que decidí incluir a los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, según las atribuciones que me otorgaba la Ley de Defensa. Los fundamentos en los que me basé para su creación fueron los siguientes:

Los graves hechos acaecidos en el Regimiento de La Tablada entrañan un indudable riesgo para la vida y la libert ad de los habitantes de la Nación. En consecuencia, el presidente de la Nación debe ejercer en plenitud las facultades que la Constitución Nacional le acuerda para el cumplimiento de los objetivos.

Este ejercicio requerirá del Presidente la toma de l as decisiones conducentes a prevenir, controlar y sofocar eficientemente la eventual repetición de este tipo de sucesos.

Recordé también que en diciembre de 1987, la Mesa de Consenso formada por doce partidos políticos había expresado que la naturaleza política y jurídica del estado de Derecho otorga al poder constitucional las facultades de disponer de todos los recursos humanos y materiales para consolidar la paz interior.

El COSENA tenía por objeto asesorar al presidente de la Nación en los temas que él sometiera a la consideración del organismo, vinculados con las medidas a adoptar para conjurar todo hecho de violencia organizada.

Además, asesoraría al Presidente sobre la estrategia para la acción antisubversiva, la articulación de los mecanismos de seguridad y de las tareas de inteligencia operativa, y la coordinación de las acciones con los diversos gobiernos provinciales.

El doctor D' Alessio, en una de las primeras reuniones, solicitó información sobre el destino de las armas secuestradas a los terroristas, y el rol de combate para el copamiento urdido por los del MTP, es decir, el nombre de cada uno de los que ingresaron al cuartel y su tarea específica.

Si me apuré para estar presente en el cuartel cuando todavía se escuchaban algunos disparos, fue precisamente para evitar que se produjeran episodios reñidos con las garantías que ofrece el estado de Derecho. Cualquiera sabe que en el fragor de un enfrentamiento en donde se ha visto morir a compañeros y amigos no es improbable que se cometan, finalizado el combate, actos reñidos con la ley. La Justicia existe precisamente para poner límites a las pasiones descontroladas de los hombres, particularmente cuando actúan en situaciones límite. A pesar de la confianza que depositaba en los mandos del Ejército, no descartaba que pudieran producirse actos que debían evitarse.

Desoí entonces los consejos de funcionarios y amigos que trataron de demorar mi presencia hasta que se cumplieran todas las condiciones de seguridad y me trasladé a La Tablada. Ya he dicho que tuve que hacer un esfuerzo para mantener firme mi ánimo frente al espectáculo que presencié. Pregunté cuántos detenidos había, en qué condiciones estaban y dónde habían sido alojados. Las respuestas que recibí en ese momento fueron precisas y no desconfié de mis interlocutores. Había 31 guerrilleros y 11 militares muertos. De todos modos, el juez Larrambebere ya había estado en el lugar y tomado conocimiento de todo el episodio, así como del listado de detenidos.

Es de suma importancia destacar la celeridad y transparencia con que se manejó el doctor Larrambebere. En todos los procedimientos realizados se cumplió con todos los requisitos de absoluta legalidad y pulcritud de procedimientos, siguiéndose a rajatabla los preceptos constitucionales de la defensa en juicio de los acusados.

Los detenidos fueron alojados en una dependencia de la Policía Bonaerense.

El juez, a pesar de su jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, decidió trasladarlos a dependencias de la Policía Federal como una medida de seguridad.

La muerte del comisario García García le hizo temer que la policía provincial pudiera intentar alguna venganza con los detenidos. El doctor D'Alessio logró disponer en el Palacio de los Tribunales de un sector en donde el magistrado pudiera tomar declaraciones a los terroristas.

El viernes 27, cuando el doctor Larrambebere se constituyó en las insta - laciones, hubo un incidente entre los detenidos y los custodios de la Policía Federal, encargados del traslado de los imputados desde el Departamento de Policía hasta la alcaidía de los Tribunales. Uno de los presos denunció ante el juez que los detenidos recibían golpizas y constantes malos tratos de parte de sus carceleros, por lo que inmediatamente el magistrado inició una causa por separado para determinar responsabilidades, tanto entre los policías encargados de la custodia de los presos como del personal del Servicio Penitenciario, responsable de la seguridad dentro de los Tribunales. Comprobó que uno de los detenidos permanecía encapuchado y acostado boca abajo en una loseta castigada por el sol, en una jornada de más de 35 grados de temperatura.

El juez ya había ordenado con anterioridad que los detenidos fueran revisados por médicos forenses para determinar el estado de salud en que se encontraban. Tras las denuncias concretas de malos tratos se ordenó una nueva revisación cuyos resultados no conformaron al magistrado. El jefe de la Policia Federal, mi recordado comisario Juan Ángel Pirker, primer responsable de la integridad física de los detenidos, había comprometido su palabra para asegurar el traslado y las condiciones de detención de los militantes del MTP.

Tras la intervención del juez Larrambebere, los policías encargados de la seguridad de los presos se retiraron del lugar en señal de protesta, dejando casi sin custodia a los atacantes y a las instalaciones tribunalicias, lo que fue solucionado rápidamente por Pirker, quien sumarió a los responsables del hecho.

En tanto, desde el diario La República de Montevideo, el PRT había denunciado fusilamientos y desapariciones durante la represión del copamiento, denuncias que eran anónimas de presuntos integrantes del PRT y .o presuntos partícipes del ataque, hecho curioso, ya que Roberto Felicetti, uno de los detenidos dirigentes del MTP, negó varias veces la participación del PRT en el hecho. Desde el gobierno ordenamos investigar las denuncias y versiones al respecto.

El procurador D' Alessio se reunió con los fiscales para analizar con detenimiento todas las filmaciones realizadas por los canales y las fotos aparecidas en varias revistas porteñas, pero no se pudo determinar la existencia de elementos que pudieran hacer pensar en fusilamientos o desaparición de alguno de los atacantes. Según pudo determinarse, dos de los detenidos podrían haber escapado durante la confusión. Según se me informó, en un video se vio cuando se incendiaba un edificio del cuartel bombardeado por los efectivos de la represión. En ese momento se acercó al edificio un grupo de comandos que ayudó a salir a los que estaban adentro. El lugar en cuestión era utilizado por los mandos del cuartel para retener a los conscriptos presos por desertores. En la confusión, cuando todos salían por una de las ventanas no estaba bien claro quién era desertor y quién integrante del grupo atacante.

Los mismos desertores -que estaban detenidos- señalaron al salir a quienes habían asaltado el cuartel. A esos los detuvieron y se vio cómo la policía de la provincia exigía a los gritos a los militares que matasen a los terroristas.

Los policías no sólo gritaban e insultaban sino que comenzaron a disparar sobre los militares y los detenidos. Tanto es así que varias veces todos debieron tirarse cuerpo a tierra para evitar los balazos de las fuerzas de seguridad.

Al parecer, uno de los atacantes presos estaba herido. El video sigue hasta que el grupo se pierde detrás de unos árboles. Por eso el fiscal insistió en que debían aparecer los dos detenidos que figuraban en esa filmación y que nunca se volvieron a ver.

Se trataba de Iván Ruiz y de José Alejandro Díaz, quienes habrían quedado en poder de un oficial de apellido Nacelli. Este último reconoció haberlos detenido y entregado a un cabo de nombre Steigman, quien testimonió haberlos llevado a punta de fusil hacia el interior del cuartel; a continuación estuvieron en poder del mayor Varanda, quien a su vez declaró haberlos entregado a un suboficial llamado Esquivel. Este último figura en la nómina de los muertos en el enfrentamiento, por lo que Varanda presumió que Ruiz y

Díaz se habrían fugado. El general Arrillaga, comandante de la recuperación del cuartel, explicó que probablemente habrían escapado cuando se los llevaba a la enfermería acompañados por un soldado.

En la causa que se instruyó al respecto, se pidió al Ministerio de Defensa que se identificara al oficial Varanda que aparecía en el video llevándose a los dos detenidos. El oficial fue identificado y en su declaración señaló que los tenía en custodia y uno de ellos estaba herido. En ese momento, según sus dichos, pasó una ambulancia que se detuvo a su lado, por lo que le pidió al encargado del vehículo, un cabo del Ejército, que llevara al detenido herido a un hospital. Le dejó los dos presos en custodia al cabo y fue a seguir con su tarea.

El cabo declaró en la causa que en lugar de hacerse cargo de los detenidos partió con su vehículo a atender a un herido grave y le dejó los atacantes a un suboficial de apellido Esquivel. Este suboficial apareció muerto y nunca se supo cómo. Existe una hipótesis de que uno de los detenidos aprovechó la confusión para disparar contra Esquivel y luego, con su compañero, escabullirse en medio del desorden.

Las denuncias realizadas muchos años después por el sargento ayudante José Almada, junto a su ex contrincante Enrique Gorriarán Merlo, el 18 de febrero de 2003, desmienten esta hipótesis y plantean que, probablemente, los jóvenes Ruiz y Díaz podrían haber sido torturados y fusilados en "ejecución sumaria".

En ese entonces, sectores de izquierda denunciaron que faltaba otro detenido cuyo alias era "Tierno". Sin embargo, poco más tarde la policía logró ubicarlo en Río de Janeiro, y tras pedirse su extradición, fue rechazada por considerar las autoridades brasileñas que se trataba de una acusación por un hecho de carácter político.

Las denuncias conocidas más recientemente, particularmente la del sargento ayudante Almada antes mencionada, resultan verosímiles, particularmente en relación con las no completamente esclarecidas muertes de los jóvenes Díaz y Ruiz. Corresponde a la Justicia establecer si ameritan la reapertura de las llamadas "causas paralelas". Estremece pensar que se estuvo en ese enfrentamiento en los bordes de una masacre aún mayor.

ACUSACIONES A FUNCIONARIOS DE MI GOBIERNO

Antes del ataque, el 16 de enero de 1989, el dirigente del MTP Jorge Baños -muerto en el asalto-, que había sido abogado del CELS durante los años ochenta y militante de la Juventud Peronista en la década de 1970, Francisco Provenzano, militante del ERP, Roberto Felicetti, ex jefe del Partido Intransigente en Mar del Plata, y el sacerdote Antonio Puigjané ofrecieron una conferencia de prensa para suministrar detalles de un presunto "complot golpista" acordado entre Carlos Menem, Lorenzo Miguel y Mohamed Alí Seineldín, denuncia que tuvo amplia repercusión en la opinión pública.

Previamente, a fines de diciembre de 1988, Baños había denunciado ante el juez federal Alberto Piotti que los carapintadas eran "golpistas y no simples amotinados", y planteó que los sucesivos levantamientos perpetrados en Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli no tenían otro objetivo que "dar un golpe institucional para reemplazar a Alfonsín". La denuncia del MTP señalaba que existía un complot para desplazar de su cargo al Presidente y en su lugar erigir al vicepresidente Víctor Martínez o, en su defecto, instalar un gobierno provisional que concediera las demandas de los militares que se habían sublevado en Villa Martelli, bajo el mando del coronel Seineldín.

Las denuncias se basaron en testimonios de personas que declararon haber estado en contacto con militares que les habían confiado la intención de concretar ese complot. Los integrantes del MTP informaron que se había efectuado una reunión en la localidad bonaerense de Castelar, precisamente en la casa de un escribano de apellido Ferrari, en la que habían participado Menem, Seineldín y Miguel. El testigo que declaró esto señaló que, ante su incredulidad frente a lo que le habían contado, le mostraron una foto en la que estaban los mencionados participantes.

Tras la denuncia del MTP, tanto Carlos Menem como Lorenzo Miguel y el abogado Flavio Ferrari negaron terminantemente cualquier participación en los hechos denunciados, y se pusieron a disposición del juez federal Martín Irurzún, a cargo de la investigación, para aclarar cualquier duda de la Justicia.

Por su parte, Víctor Martínez negó en forma tajante la versión, a la que calificó de "absurda", porque se hubiese tratado de "una anormalidad institucional", en tanto no descartó que se hubiesen producido contactos entre Menem y Seineldín, porque esos actos estaban "dentro de las incoherencias del candidato justicialista".

La decisión de Menem de aprovechar el ataque a la unidad militar para atribuirle a mi gobierno toda la responsabilidad del hecho era tan fuerte que las primeras declaraciones del entonces candidato del PJ al enterarse del copamiento de La Tablada, poco después del mediodía del 23 de enero, fueron las siguientes:

"Esto es producto del incumplimiento del gobierno respecto del pacto acordado con el coronel Seineldín".

De estos dichos surge la sospecha de que Menem -sin saber hasta ese momento que se trataba de un ataque de la extrema izquierda- esperaba alguna acción de los carapintadas que comandaba Seineldín. Las declaraciones de Menem aparecen en la nota publicada en la página 11 del diario La Nación del 24 de enero, en la que se agrega que el candidato justicialista "jugaba al tenis en el balneario Nuevo Horizonte del Sol, cerca del faro marplatense, gran parte de la mañana". Por su parte, en la página 10 de La Prensa del 24 de enero, Menem señaló que "el propio Presidente se encargó de decir el viernes que no estábamos exentos de nuevos remezones en el ámbito castrense, y aquí están las consecuencias de la falta de claridad en la conducción de las Fuerzas Armadas".

Tras la formalidad de responder a la Justicia, luego de la denuncia de Arias, que en el ámbito de la Presidencia o de la SIDE no existía n antecedentes de una supuesta "autoría intelectual" de los hechos de La Tablada, realicé una serie de consideraciones sobre la cuestión:

Como presidente de la nación, y por la representación que invisto, soy el primer interesado en que las sospecha s arrojadas sobre miembros de mi gobierno sean debidamente esclarecidas.

En caso contrario, es justo que la sociedad argentina sepa quiénes la dañan, incorporando, después de la agresión criminal, la violencia de los falsos conceptos.

La acción independiente de los jueces es el resguardo básico del estado de Derecho.

De la incorporación de pruebas, el debate racional y la decisión fundada, la sociedad espera toda la luz sobre los hechos que la afectan.

Una vez más, el afianzamiento de la Justicia constituye el verdadero camino hacia la paz.

El Poder Ejecutivo Nacional siente el imperativo de expresar la voluntad de brindar su máximo esfuerzo en apoyo de la investigación iniciada por V.S. a quien Dios guarde.

La denuncia realizada por Carlos Menem a través de su abogado César Arias fue tan descabellada como la sanguinaria acción de los terroristas en La Tablada. Una respuesta a la agresión del candidato del PJ la dio en forma acabada mi amigo, el entonces presidente del bloque de diputa dos radicales, el "Chacho" César Jaroslavsky:

La escena política del país ha estado ocupada por el desarrollo de las sensacionales denuncias formuladas por el doctor Carlos Menem en relación a lo que él consideró la complicidad o la autoría intelectual por parte de hombres del gobierno de la Unión Cívica Radical, del copamiento del regimiento de La Tablada.

Ante la gravedad inusitada de tales afirmaciones, el presidente de la nación instruyó para que se promoviera la inmediata intervención de la Justicia en la investigación de tales denuncias.

El doctor César Arias, actuando como apoderado del candidato Menem, respondió a la requisitoria del juez, y luego de solicitar prórroga de plazos, finalmente presentó ayer la denuncia.

No hemos advertido, en una rápida lectura, la existencia de un solo cargo fundado. A nadie se nombra como responsable de esa supuesta autoría intelectual. A nadie se señala como cómplice de los hechos trágicos de La Tablada.

El citado letrado se limita a concatenar algunos sueltos periodísticos pu blicados en El Informador Público, libelo que debería llamarse "El mentiroso público", y otro órgano de circulación por abono, que con similares características practica el amarillaje periodístico para deshonra de la profesión.

(...)

La opinión pública ha sido burlada. Bien podía pensar el ciudadano desprevenido, con buena fe, que "algo habría, a partir del hecho de que nada menos que un candidato a la Presidencia de la República formulara tan resonantes y espectaculares afirmaciones que cuidadosamente no han sido convalidadas en el texto de la resolución del máximo organismo ejecutivo de su propio partido. Lo que hay es nada. Absolutamente nada más que una penosa demostración de irresponsabilidad.

Yo espero que esto no quede impune. Yo espero y confío en un pronto pronunciamiento del juez sobre la presentación del letrado del doctor Menem, en nombre de su mandante y en el propio.

Porque estoy seguro de que el buen nombre y el honor de las personas es un bien jurídico que el estado de derecho preserva. y que debe haber juzgamiento de aquellos que han levantado calumnias, que han difamado.

Pero hay otro juicio tan importante como éste que protege el derecho de los particulares. Es el del pueblo, que debe sancionar con ejemplaridad una actitud tan deleznable y artera como la que supone utilizar su dolor y su indignación ante el vesánico crimen perpetrado por el terrorismo, en la inconcebible empresa de convertir la muerte en una mercadería electoral.

Desde el entorno del candidato del PJ a la Presidencia se acusó al ministro del Interior Enrique Nosiglia de haber mantenido encuentros con integrantes del MTP previos al ataque a La Tablada. Nosiglia desvirtuó así los ataques salvajes de la oposición, dispuesta a utilizar cualquier medio para triunfar en las inminentes elecciones:

Desde los 14 años he hecho política en mi país. Siempre pensé que el diálogo era uno de los medios de que disponía para resolver conflictos. Desde esa época hablé con mucha gente y pude encontrar soluciones a muchos problemas. Por supuesto, hubo muchos diálogos inútiles, inconducentes.

Pero no me arrepiento de ninguna de mis charlas políticas.

Yo he conocido personalmente a los señores Baños, Felicetti y Provenzano. Los padres de este último han sido íntimos amigos de mis padres. Todos ellos se manifestaron todos estos años decididos sostenedores del sistema democrático aunque críticos de nuestro gobierno. Todos ellos militaban en la superficie y mostraron señales sólidas de haber emprendido el camino de la disputa electoral. En ese carácter he dialogado con ellos.

Niego terminantemente que los nombrados me hayan transmitido sus intenciones. Rechazo con el mismo énfasis la simpleza mental de identificar una charla con complicidad o complacencia. Impugno el argumento que indica que sólo se habla con los amigos.

El peronismo menemista y el "carapintadismo", en absoluta connivencia en ese entonces, afirmaron que nosotros habíamos alentado el hecho de La Tablada para producir un golpe de Estado revulsivo con la finalidad última de que no asumiera Menem el gobierno. La verdad es que a más de 15 años de producido el ataque al cuartel de La Tablada no se encuentran causas suficientes que expliquen una acción suicida como la perpetrada por el grupo del MTP. Sólo pueden hacerse especulaciones, algunas más cercanas a la verdad que otras, pero la realidad de lo sucedido sólo puede ser reconstruida con los distintos testimonios que se fueron brindando con el correr de los años.

Entre las hipótesis que existen en torno del hecho se cuenta la de que se trató de una operación de inteligencia, no sé exactamente de qué sector, destinada a fortalecer a los sectores más legalistas de las Fuerzas Armadas frente al carapintadismo, no sé con qué fines pero aparentemente reivindicatoria de un sector del Ejército frente a la sociedad, además de instalar la idea de la necesidad de las Fuerzas Armadas frente a la agresión de una izquierda violenta. Ésta es una conclusión a la que algunos observadores han arribado luego de varios años de análisis y a partir de declaraciones de Gorriarán Merlo, con sus dichos recogidos a lo largo del tiempo.

Con igual lógica conspirativa podía elucubrarse la hipótesis de que la operación de inteligencia, con una perversa maquinaria de acción psicológica a su favor, se organizó con el objetivo de favorecer un ascenso condicionado del candidato Menem al gobierno, en su alianza con los sectores del autodenominado "ejército nacional". Hay una versión muy firme respecto de que la inteligencia del Ejército sabía de un eventual ataque del MTP. No existe manera de probarlo, pero sí muchas sospechas de que fue así. Según pudo saberse tiempo después del ataque, hubo un oficial de inteligencia del Ejército que tenía una línea de contactos con el MTP, Y les hacía creer que podía haber un golpe de los carapintadas.

Roberto Felicetti, desde la cárcel, insistió con la teoría de un posible golpe de Estado. "Fuimos a luchar como pensábamos que haría cualquier argentino si supiera que va a haber un golpe de Estado", señaló el integrante del MTP, quien durante el reportaje realizado por un semanario se indignó cuando se le preguntó si podían haber sido víctimas de una operación de inteligencia: "De esa manera se pretende encubrir la certeza de nuestra denuncia y hacemos aparecer como locos".

El informe de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos en 1997 fue publicado el informe sobre los hechos de La Tablada elaborado por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí hay conclusiones que pueden compartirse o rechazarse, pero no soslayarse. Durante la instrumentación de la investigación realizada por la Comisión, en un trabajo que le insumió varios años, en reiteradas ocasiones se reclamó al Estado argentino respuestas sobre algunos puntos denunciados por los atacantes, reclamos que casi nunca fueron satisfechos. La indiferencia del gobierno de entonces en cuanto a ejercer la defensa del Estado argentino frente a las denuncias de los atacantes ante el organismo internacional no fue casual. ¿Qué le importaba al gobierno de Menem defender a mi gobierno?

Recién en 1997, el Estado argentino solicitó una "reconsideración de las conclusiones" de la Comisión sobre la base de "consideraciones de hechos que no habían sido anteriormente aducidas". El pedido resultó extemporáneo Y la CIDH lo hizo notar en su informe.

De todos modos, el informe de la CIDH destacó la validez legal de la represión, tema que había sido cuestionado tanto desde la oposición política durante mi gobierno, como por los representantes legales de los atacantes.

Son interesantes las conclusiones:

Los incursores participaron en un ataque armado que fue cuidadosamente planificado, coordinado y ejecutado, una operación mil itar contra un objetivo militar característico: un cuartel. El oficial a cargo del cuartel procuró, como era su deber, rechazar el ataque; el presidente Alfonsín, en el ejercicio de sus facultades constitucionales de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó que se iniciara una operación militar para recuperar el cuartel y someter a los atacantes.

Los atacantes sostuvieron que el motivo del copamiento -detener un presunto golpe de Estado- se basó en el artículo 21 de la Constitución Nacional: "Empuñar las armas en defensa de la Constitución", y que por ser su causa justa y legal, el gobierno debía asumir la plena responsabilidad moral y legal por el uso excesivo e ilegal de la fuerza para recobrar el cuartel.

Cuando civiles como los que a tacaron el cuartel de La Tablada asumen el papel de combatientes al participar directamente en el combate, sea en forma individual o como integrantes de un grupo, se convierten en objetivos militares legítimos. En tal condición están sujetos al ataque di recto individualizado en la misma medida que los combatientes.

Por consiguiente, en virtud de sus actos hostiles, los atacantes de La Tablada perdieron los beneficios de las precauciones en cuanto al ataque y contra los efectos de ataques indiscriminados o desproporcionados, acordados a los civiles en actitud pacífica.

La Comisión no ha recibido reclamo alguno de esas personas contra el Estado argentino donde se sostenga que ellas o sus propiedades sufrieron daños como consecuencia de las hostilidades en el cuartel.

Cuando los incursores atacaron el cuartel de La Tablada asumieron claramente el riesgo de encontrar una respuesta militar del Estado. El hecho de que las fuerzas militares argentinas fueran superiores en número y dispusieran de mayor poder de fuego, y que lo emplearan contra los atacantes, no puede reputarse por sí mismo como violación de norma alguna del derecho humanitario.

Los guerrilleros alegaron que las fuerzas militares argentinas ignoraron deliberadamente el intento de rendición de los atacantes cuatro horas después de comenzado el ataque, y para ello presentaron como prueba una grabación de TV.

Tras observar cuidadosamente la cinta, puede verse muy brevemente una bandera blanca en una ventana, sin embargo esta escena no está conectada a alguna de las otras, ni tampoco contiene indicación del momento preciso en que ocurrió. La segunda escena muestra una imagen más amplia de uno de los edificios en el momento en que recibe una andanada de tiros, presumiblemente disparada por las fuerzas argentinas. Luego de observar esta segunda escena varias veces y muy detenidamente, la Comisión no pudo identificar la bandera blanca que supuestamente se estaba agitando desde dentro del edificio por parte de los atacantes del MTP.

Empero, también la videocinta es notable por lo que no muestra. No identifica la hora exacta o el día en que se hizo el intento putativo de rendición. Tampoco muestra qué ocurría al mismo tiempo en otras partes del cuartel donde se hallaban atacantes. Si estas personas, por cualquier motivo, continuaban disparando o cometiendo otros actos hostiles, las fuerzas militares argentinas podían razonablemente creer que la agitación de la bandera blanca constituía una estratagema para engañarlas o distraerlas.

Por ende, debido a la naturaleza incompleta de la prueba sometida, la Comisión no está en condiciones de concluir que las fuerzas armadas argentinas rechazaron deliberadamente un intento de rendición de los atacantes a las nueve de la mañana del 23 de enero de 1989. La Comisión sí puede señalar que el hecho de que hayan sobrevivido atacantes tiende a desmentir cualquier intimación de que se haya impartido realmente la orden de no conceder cuartel.

La videocinta es aún menos probatoria de la afirmación de los atacantes en el sentido de que las fuerzas militares argentinas emplearon armas incendiarias contra los atacantes.

En cuanto a las denuncias sobre la supuesta desaparición de algunos atacantes, y de eventuales fusilamientos y torturas a otros, la CIDH determinó lo siguiente:

Se toma nota del hecho que el Estado argentino, en sus comunicaciones a la Comisión, declinó siquiera referirse a las denuncias sobre desaparición de personas, y mucho menos negarlas o rebatirlas. A pesar del silencio del Estado sobre esta cuestión, la Comisión no considera que la información suministrada por los peticionarios es suficiente para acreditar que Roberto Sánchez, Carlos Alberto Burgos, Iván Ruiz, José Alejandro Díaz, Carlos Samojedny y Juan Manuel Murúa hayan sido víctimas de una desaparición forzada por parte de agentes de dicho Estado.

Aunque la evidencia del expediente conduce a comprobar que algunas de dichas personas estuvieron detenidas por agentes del Estado luego de su rendición, no existen elementos suficientes para establecer que las autoridades se hayan negado a reconocer tal privación de libertad o a informar lo acontecido con ellos.

En ausencia de tales elementos, la Comisión no está en condiciones de afirmar que los agentes del Estado hayan procedido al ocultamiento de los seis cadáveres de las personas indicadas como desaparecidas en la denuncia.

En tal sentido, los propios peticionarios señalan en la misma que los restos mortales de algunos atacantes estaban mezclados y que, en consecuencia, resultaba imposible su identificación. Por lo tanto, la Comisión concluye que no se configuran en el presente caso los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para establecer la existencia de desapariciones forzadas.

La información disponible en el expediente es suficiente para establecer que Carlos Alberto Burgos y Roberto Sánchez fueron capturados con vida y se encontraban en poder de agentes del Estado argentino después de rendirse el 23 de enero. Teniendo en cuenta que el Estado mantuvo un absoluto silencio procesal al respecto, la Comisión estima que existen suficientes elementos de convicción para concluir que los mencionados fueron capturados con vida y luego ejecutados por agentes del Estado argentino. Iván Ruiz y José Alejandro Díaz habrían quedado en poder de un oficial de apellido Nacelli. Este último reconoció haberlos detenido y entregado a un cabo de nombre Steigman, quien testimonió haberlos llevado a punta de fusil hacia el interior del cuartel; a continuación estuvieron en poder del mayor Varanda, quien a su vez declaró haberlos entregado a un suboficial llamado Esquivel. Este último figura en la nómina de los muertos en el enfrentamiento, por lo que Varanda presume que Ruiz y Díaz se habrían fugado.

Díaz y Ruiz fueron capturados con vida por los militares, y ante la amplia superioridad numérica de las fuerzas de seguridad, no se puede aceptar la teoria de las autoridades según la cual ambos, desarmados y malherido s, se habrían escapado luego de estar en poder de los militares.

A pesar de ser el portador de la carga de probar la inexactitud de las denuncias de los peticionarios, el Estado argentino mantuvo un absoluto silencio respecto a la cuestión. En consecuencia, la Comisión concluye que existen suficientes elementos de convicción para afirmar que Iván Ruiz y José Alejandro Díaz fueron capturados con vida y posteriormente ejecutados, luego de encontrarse bajo la custodia y el control exclusivo de los agentes militares que recuperaron el cuartel.

En la presentación realizada por el Estado en el año 1997, considerada extemporánea por la CIDH, se llegó a las siguientes conclusiones:

No existe evidencia de que Carlos Alberto Burgos y Roberto Sánchez hayan sobrevivido y estado en poder de los militares que recuperaron el cuartel de La Tablada. El Estado afirma que los citados atacantes habrían fallecido en un incendio en la Guardia de Prevención del cuartel. Agrega que no hubo una investigación especial de los sucesos relacionados con Burgos y Sánchez, pero que tampoco hubo denuncia alguna en la Argentina sobre la detención y ejecución extrajudicial de los mismos.

En cuanto a Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, el Estado recurre a las declaraciones de los soldados y oficiales en la causa Abella para señalar que el sargento Esquivel, último militar que estuvo a cargo de los atacantes, falleció de un disparo en la cabeza. El Estado efectúa una reconstrucción de los hechos que lo lleva a concluir que Ruiz y Díaz dejaron de estar bajo la custodia y control de agentes del Estado a partir de la muerte de Esquivel.

Igualmente, el Estado concluye que las circunstancias que rodearon la muerte de Esquivel demostrarían que fue posible la fuga de Ruiz y Díaz del cuartel. Menciona además el Estado el caso de una persona de nombre Ricardo Falca, quien habría participado del ataque, pero que fue detenido después de cierto tiempo en Río de Janeiro, Brasil.

En el caso de Berta Calvo, el Estado cita los testimonios de cuatro militares que participaron de la recuperación del cuartel, lo que le lleva a concluir que la misma se encontraba malherida en el casino de suboficiales, que nadie la vio salir con vida con el resto, y que su muerte habría sucedido en tal sitio debido a los disparos que le efectuó un oficial durante el combate, cuando los atacantes tenían a un soldado como rehén.

Respecto a Francisco Provenzano, el Estado caracteriza como "llamativas" las coincidencias existentes entre las declaraciones de los atacantes en la causa judicial iniciada par a averiguar las denuncias sobre la ejecución de aquél, y destaca el hecho de que los relatos tuvieron lugar casi tres meses después de los hechos. Contrasta el Estado tal versión con la dada por Gorriarán Merlo, y con los testimonios de varios militares, y con la autopsia de Provenzano, concluyendo que el mismo falleció carbonizado durante el combate.

En el caso de Carlos Samojedny, las denuncias de los atacantes respecto de su ejecución fueron hechas casi tres meses después de las primeras declaraciones en sede judicial. Igualmente, el Estado enfatiza que Cintia Castro, mujer de Samojedny, hizo lo propio seis meses después de los hechos.

Continúa señalando el Estado que ninguno de los atacantes vio a Samojedny, sino que escucharon su voz, y que los testimonios de los militares no hacen referencia a que éste se hubiera entregado con vida, o estado dentro del cuartel. Concluye al respecto el Estado que la investigación realizada por el juez fue exhaustiva, y que no permitió corroborar la denuncia sobre las circunstancias de la muerte de Samojedny.

En el caso de Pablo Martín Ramos, el Estado señala las declaraciones de su hermano Sebastián Joaquín Ramos respecto a que aquél vestía ropas distintas en el momento de rendirse. Toma igualmente en cuenta las declaraciones de varios militares que afirmaron que la persona que aparece en la foto con los brazos sobre la nuca sería un suboficial de nombre Walter Teófilo Sciares; a su vez, éste ratificó los dichos de sus compañeros diciendo que fue obligado a salir entre los atacantes en el momento de la rendición. Concluye, por lo tanto, que no hay elementos para establecer que Pablo Martín Ramos se rindió con vida en el cuartel de La Tablada.

Al referirse a la denuncia sobre el presunto fusilamiento de Ricardo Veiga ante las cámaras de TV, sostiene que nunca fue realizada en sede jurisdiccional argentina; tampoco aparece tal secuencia en la cinta de video aportada por los peticionarios. Cita el Estado las declaraciones de varios militares para sustentar que Veiga no salió con ellos de la guardia de prevención, que no fue capturado con vida por agentes estatales, y que tampoco permaneció bajo el control y custodia de tales agentes. La conclusión del Estado es que Ricardo Veiga habría muerto en situación de combate, mientras evitaba ser capturado, lo que indicaría su participación activa en el conflicto.

Siempre me incliné a creer en los testimonios de los militares que encabezaron la recuperación del cuartel en cuanto a cómo se desarrollaron los sucesos en La Tablada, y en las posteriores conclusiones de la Justicia argentina en el juicio a los responsables del MTP, quienes gozaron de todas las garantías constitucionales de defensa en juicio.

Sin embargo, con el paso del tiempo, ante las diferentes versiones sobre lo que realmente ocurrió en el interior de la unidad militar, y las conclusiones finales a las que arribó la CIDH, debo decir que me han generado dudas sobre las diversas situaciones que vivieron tanto quienes fueron detenidos, como aquellos que perdieron la vida en el enfrentamiento. En 2000 recibí una carta personal de Enrique Gorriarán Merlo, quien permanecía detenido, en la que me expresó lo siguiente:

Doctor Raúl Alfonsín:

Pienso que debe haber llegado a sus manos una nota que le enviamos mientras estuvo internado por el accidente el año pasado. Ahora sabemos que está recuperado y eso, con absoluta sinceridad, nos alegra. También pienso que ésta lo sorprenderá un poco. Yo sé de usted por cosas que son del dominio público, por comentarios de personas de acá o del exterior que lo conocen, y por el recuerdo de lo que me contaron Robi [Santucho] y Benito [Urteaga] de un encuentro que tuvieron en épocas duras. Va el saludo y el respeto.

Lo que pretendo decirle, en nombre de todos mis compañeros, es que nosotros creemos comprender que en los años de su mandato se vivieron momentos muy difíciles. Nos imaginamos que no habrá sido fácil lidiar con las conspiraciones de quienes -al ver peligrar los diversos privilegios que habían conseguido durante el autoritarismo- pretendían volver al pasado. Y no dudamos que usted actuó en concordancia con los dictados de su conciencia y honestidad.

También para nosotros fueron días complicados; que se volvieron aún más preocupantes cuando supimos de la relación Menem-Seineldín. Ésta nos hizo recordar que desde aquel septiembre del 30, en que conservadores y militares voltearon a Yrigoyen, todos los golpes necesitaron de un importante apoyo o consentimiento civil para poder concretarse. El peligro que -por sus antecedentes - vimos en aquella alianza, fue lo que nos decidió a actuar.

No trato en ésta de reivindicar nuestra forma de proceder, sino de expresar lo que sentimos en aquel momento; sin descartar el reconocimiento franco de errores que puedan haber existido y que trataremos de examinar detalladamente apenas se nos presente la oportunidad, creo que será la historia la que en definitiva realizará un análisis desapasionado y justo de lo sucedido.

Sí reivindico que lo único que nos guió fue la voluntad de resistir a nuevos atropellos golpistas. Nosotros, como la inmensa mayoría de los argentinos, sólo pretendemos vivir en democracia, y participar de ella en paz. Todos hemos vivido la intolerancia política y la represión utilizada para imponerla; en nuestro caso, todos tenemos compañeros o familiares víctimas del terrorismo de Estado, y todos hemos padecido en carne propia la brutalidad de la tortura o la inclemencia de la prisión. Por eso sabemos lo que significa el despotismo y lo despreciamos.

Hoy, afortunadamente, esa etapa negra de nuestra historia que abarcó desde el 6 de septiembre de 1930, hasta el 3 de diciembre de 1990, quedó atrás. Sin embargo, nosotros, como un resabio injusto de lo sucedido, estamos sufriendo la cárcel o la persecución desde hace ya once años.

Quizá nadie mejor que usted conozca la realidad política argentina del pasado y del presente, ni cuente con los argumentos y la autoridad moral que son necesarios para ayudar a un futuro más democrático y equitativo.

Es por ello que pienso -y pensamos- que comprenderá cabalmente nuestra situación, y por eso me atrevo a pedirle, con todo respeto, que trate de contribuir a la pronta solución de nuestro caso.

Bueno, disculpándome por molestarlo, otra vez lo saludo y un muy buen 2000.

ENRIQUE HAROLDO GORRIARAN

Cárcel de Villa Devoto, Buenos Aires, 25 de febrero de 2000

En varias ocasiones fui consultado no sólo por las autoridades argentinas, sino por personalidades de países latinoamericanos, si pensaba oponer algún reparo a la eventual liberación de los convictos por el ataque. Siempre respondí que estaba muy tranquilo con mi conciencia respecto de cómo había actuado frente a esos sucesos y que no iba a interponer ningún obstáculo a la libertad de los presos, en algunos casos más justificada seguramente que en otros. Finalmente, el presidente Fernando De la Rúa decidió conmutar las penas de quienes aún permanecían detenidos. Poco tiempo después, el presidente Eduardo Duhalde decidió conceder el indulto, por razones humanitarias, al último de los condenados por esos hechos: Enrique Gorriarán Merlo.

Fuente: Memoria política: transición a la democracia y derechos humanos de Raúl Alfonsín con Prólogo de Juan Carlos Portantiero, Editorial Efe, 2004.