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miércoles, 7 de diciembre de 2016

Fernando de la Rúa: "Conmutación de Penas a los presos de La Tablada" (28 de diciembre de 2000)

CONMUTACION DE PENAS

Decreto 1263/2000

Conmútense penas privativas de libertad impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, en la causa 231/92.Bs. As., 28/12/2000

VISTO la comunicación de la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  de fecha24 de diciembre de 2000, dirigida al señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y

CONSIDERANDO:

Que en dicha comunicación la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS señala que “teniendo en cuenta que los esfuerzos del Ejecutivo —que valora debidamente—no han logrado cumplir con las recomendaciones, la Comisión considera que se ha arribado a las circunstancias mencionadas por el Gobierno sobre la inevitabilidad de adoptar medidas de carácter excepcional por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL. Sobre este particular, la Comisión considera que el deber de reparar el daño causado, de acuerdo a lo recomendado, podría alcanzarse con la adopción de dichas medidas. Cabe señalar que dichas medidas podrían ser consistentes con las adoptadas por el anterior Gobierno ante la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, a fin de alcanzar una solución amistosa en el caso de Guillermo Maqueda. En dicho caso, el Sr. Maqueda también fue procesado por los hechos de La Tablada, bajo la  “Ley de Defensa de la Democracia”.

Que durante el gobierno democrático del presidente Dr. Raúl Ricardo ALFONSIN, se produjeron graves hechos delictivos en el cuartel “Gral. Belgrano”, sito en La Tablada, Provincia de Buenos Aires, consistentes en ataques armados de un grupo sedicioso que tomó durante un tiempo las instalaciones militares.

Que tales hechos, calificados, entre otros, como asociación ilícita calificada, homicidios calificados, rebelión, dejaron una grave secuela de muertos, heridos y daños, conmocionando la paz de la democracia recuperada.

Que los hechos fueron juzgados por un tribunal designado conforme a las normas constitucionales, y a las leyes vigentes al tiempo de los hechos, determinando severas condenas para los responsables.

Que los condenados, luego de intentar el recurso extraordinario ante la CORTE SUPREMADE JUSTICIA DE LA NACION, acudieron ante la COMISION INTERAMERICANA DEDERECHOS HUMANOS, invocando como incumplida la garantía del artículo 8.2h de la CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (ratificada por Ley 23.054), de poder recurrir la sentencia ante un juez o tribunal superior.

Que el sistema procesal instituido por la Ley N° 23.077 consagra una instancia única, en virtud de la cual sólo se puede recurrir de la sentencia por vía del recurso extraordinario, considerado insuficiente por los recurrentes como cumplimiento de la garantía referida.

Que en virtud de ello, la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS acogió la reclamación formulada por los condenados, instando al Estado Nacional a reparar la situación derivada de la falta de una instancia revisora, a través de la recomendación contenida en el informe N° 55/97.Que el Estado Nacional no cumplió la recomendación, lo que determinó que con fecha 22 de diciembre de 1997, la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS diera a publicidad el informe N° 55/97.Que desde la asunción de este Gobierno, fue preocupación permanente el cumplimiento de la recomendación de la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, por las vías constitucionales pertinentes. Así, entendiendo que el otorgamiento de la doble instancia suponía una reforma legal del régimen procesal, el PODER EJECUTIVO NACIONAL solicitó al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, el tratamiento de diversos proyectos que estaban a su consideración.

Que ante la falta de tratamiento legislativo, el PODER EJECUTIVO NACIONAL,  a través del Mensaje N° 967 de fecha 23 de octubre de 2000, elevó al HONORABLE CONGRESO DE LANACION un proyecto de Ley modificatorio del CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION, en términos semejantes al proyecto obrante en el Honorable Senado con dictamen de comisión.

Que asimismo, con fecha 7 de diciembre de 2000, el PODER EJECUTIVO NACIONAL envió sendas comunicaciones a ambas Cámaras legislativas exponiendo los hechos y la necesidad de la sanción de una ley que otorgara la doble instancia, advirtiendo sobre los riesgos que implicaba para el país, en el concierto internacional, su falta de cumplimiento.

Que pese a tales esfuerzos, como es de público y notorio no ha sido posible el tratamiento parlamentario de la modificación propuesta, en virtud de la negativa del bloque opositor. Que ante ello, por Decreto N° 1164 de fecha 7 de diciembre de 2000, el PODER EJECUTIVONACIONAL instruyó al Procurador del Tesoro de la Nación para que reclamara judicialmente el reconocimiento al trámite de la doble instancia, habida cuenta de su jerarquía constitucional(C.N., artículo 75, inciso 22), planteo éste que fue desestimado por la CAMARA NACIONALDE CASACION PENAL en fecha 14 de diciembre de 2000 y posteriormente por la CORTESUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION con fecha 21 de diciembre del presente año.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL informó a la COMISION INTERAMERICANA DEDERECHOS HUMANOS, con fecha 18 de diciembre de 2000 en forma previa a la sentencia de la Corte Suprema, los diversos pasos seguidos en orden a la recomendación formulada.

Que en respuesta a esta presentación, la Comisión ha manifestado al Estado Nacional que, conforme se ha transcripto en el primer considerando, se reconocen los esfuerzos del PODEREJECUTIVO NACIONAL  y se recomienda la adopción de medidas excepcionales.

Que ante la nueva recomendación de la Comisión, aparece como innecesario continuar con el objetivo de establecer una doble instancia, atento la posición del Poder Legislativo y la sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, habiendo excluido al PODER EJECUTIVO NACIONAL la utilización del mecanismo excepcional de los decretos de necesidad y urgencia, atento la limitación relacionada con la “materia penal”, que si bienes discutible que se extienda a normas procesales, generaría ante la sentencia de la Corte, una situación jurídica inestable.

Que en consecuencia, se ha evaluado la opción entre mantener la situación jurídica actual—recibiendo sanciones internacionales— o modificarla moderadamente en relación a personas que seguirán siendo condenadas por los graves hechos que cometieron y que continuarán cumpliendo su pena, considerándose la segunda alternativa más adecuada a fin de asegurarlos altos intereses de la Nación.

Que se han recibido numerosas solicitudes para resolver la situación expuesta por parte de organizaciones públicas y privadas, incluso religiosas, y de distintas personalidades.

Que, considerando la magnitud de las penas impuestas en la sentencia originaria, se considera razonable una reducción de las mismas.

Que obran los informes del tribunal competente emitidos a requerimiento del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, así como también los informes penitenciarios que indican la calificación y conductas favorables de los condenados.

Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 99, inciso 5 de la Constitución Nacional. Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Art. 1° — Conmútense las penas privativas de libertad impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, en la causa 231/92 a los condenados que se individualizan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente, por las que en cada caso se establecen.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIALy archívese.

— DE LA RUA. — Chrystian G. Colombo. — Jorge E. De La Rúa. — Federico T. M. Storani. — Ricardo H. López Murphy. — Adalberto Rodríguez Giavarini. — Patricia Bullrich. — Héctor J. Lombardo. — Hugo Juri Fernández. — José L. Machinea. — Rosa Graciela C. de Fernández Meijide.












Fuente: Boletín Oficial de la Republica Argentina.

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