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miércoles, 3 de agosto de 2016

Carlos Alconada Aramburu: "Asunción del Dr. Oscar Shuberoff como rector de la UBA" (1986)

Señor Rector, Señores integrantes de la Asamblea Universitaria,

Señor Rector Norrnalizador, Profesores y Estudiantes.

Para el Ministro de Educación y Justicia del Gobierno Democrático, es un alto honor presidir esta ceremonia que corona el restablecimiento de la autonomía en otra
Universidad argentina, la mayor del país y una de las más prestigiosas de América. Al mismo tiempo, para el conciudadano que les habla, devoto y militante de la Reforma, es motivo de orgullo el estar aquí, viendo en acción sus principios liberadores.

De este modo, a lo largo y a lo ancho de la Nación, venimos cumpliendo el mandato que las mayorías nos otorgaron en 1983 y nos renovaron en noviembre último.

Después de veinte años, restituimos la autonomía a las universidades, desprendiéndolas del Estado. Y si es verdad que nos complace vivamente esta situación por ser la autonomía universitaria una de las grandes banderas del radicalismo, también nos alegra como argentinos el saber que sólo las minorías desasidas del destino de nuestro pueblo siguen hoy rechazando un sistema que se encuentra en el origen de la Universidad misma, hasta el punto de ser tan inconcebible una Universidad sin autonomía como lo es un organismo humano sin corazón.  

¿Cómo explicar, entonces, estos veinte años?

"La tentación de regimentar y poner la política de la cultura al servicio de los fines del Estado" es casi incontrolable, advierte Arturo Uslar Pietri. Más aún, agrega, "cuando el problema se confunde estrechamente con el de una definición de la identidad cultural, que no es definición de la cultura que la historia ha creado en cada región sino la realización de un proyecto de futuro concebido dentro de un plan político".

El proceso cultural argentino tiene dos hitos. Uno es la Ley 1.420 de enseñanza pública y común, que en 1984 institucionalizó el acceso del pueblo a la educación, incorporando las masas nativas y las inmigrantes al país productor y suscitando así el fenómeno que señalaba Ricardo Rojas de fundir en los viejos moldes de nuestro patriciado a las nuevas generaciones. El segundo hito fue la Reforma Universitaria de 1918, clave de la ideología estudiantil latinoamericana y expresión de protesta contra el monopolio de las actividades culturales, que, al uniformar la sociedad, contradice la cultura misma.

Bien puede decirse que la Reforma Universitaria amplía los fines de la Ley 1.420: mientras ésta puso la instrucción al alcance de todos, aquélla posibilitó la formación de las clases dirigentes. Pero, además, la Reforma del 18 sentó las bases culturales de la Democracia.

La programación de la enseñanza no constituye una abstracción especulativa edificada sobre conceptos ajenos a la realidad. Debe partirse de la realidad que ofrece el propio sistema educativo, y avanzar dentro de él con seguridad y prudencia, para alcanzar las metas propuestas.

De esta manera hemos procedido para instaurar los cambios necesarios con el fin de transformar el sistema educativo argentino.

Es que la educación, en todas sus expresiones, se convirtió en objetivo esencial del Gobierno Democrático, que la alienta, promueve y brinda desde la alfabetización hasta los grados más elevados de la preparación cultural.

No podía ser de otro modo, no debe ser de otro modo siendo la enseñanza el fabuloso dominio y la vasta fuerza que es por su contenido ético, que dignifica la condición humana; por su aporte cívico, que la convierte en llave maestra de la formación democrática; y por sus resultados profesionales, que facilitan el mejor aprovechamiento del potencial técnico-científico para impulsar el desarrollo económico con progreso social. Ha de recordarse, en este ámbito superior de educación, que el dinero, por su universalidad, reemplazó a la tenencia de bienes materiales, y las tecnologías de avanzada a la acumulación de productos.

Que nadie se impaciente, entonces, por la reforma educativa emprendida por el Gobierno Democrático: articulación natural entre los tres niveles de la enseñanza, mediante el ingreso directo; cursos recuperatorios; sustitución del método de exámenes y de calificaciones por el de la evaluación y conceptualización; adopción de criterios participativos entre docentes y alumnos; expansión del sistema educativo, sin exclusiones ni limitaciones; retorno a la autonomía universitaria.

Pero la prevención ante el cambio, ante la transformación es una constante histórica en cierto sector del pensamiento argentino. Es útil releer el editorial del diario "La Prensa" del 17 de setiembre de 1904, que expresaba:

"Es absolutamente falso suponer que el asunto se reduce a un alboroto promovido por un grupo de estudiantes buenos o malos que rehúyen las pruebas de examen.

Se trata de una cosa más importante, reclamada por la opinión ilustrada de todo el país: de la reforma fundamental de las instituciones universitarias, hoy en plena decadencia, a fin de levantarlas al nivel de las exigencias formuladas por la cultura nacional".

Apoyaba "La Prensa", de esta manera, la huelga estudiantil desatada seis meses antes en la Facultad de Derecho, para obtener aquellas reformas, empezando por la autonomía.

Los jóvenes que fundaron entonces el primer Centro de Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, no estaban solos. El ilustre jurista Juan Antonio Bibiloni pugnaba por "la autonomía de cada Facultad", y la participación en las Academias, junto a los profesores, de personas de valer ajenas a la enseñanza. Estanislao Zeballos sostenía la necesidad de la autonomía universitaria, y de la incorporación de los profesores al gobierno de las casas de estudio; y José Nicolás Matienzo propiciaba los cursos libres.

El Ministro de Instrucción Pública, Juan Ramón Fernández, que urgía la, reforma universitaria, dimitió ante la negativa del Congreso a debatir su proyecto de autogobierno.

En ese mismo año de 1904, en la Universidad Nacional de La Plata, Joaquín V. González legalizaba, el ingreso  libre y la participación estudiantil en los Consejos Académicos (con voz y sin voto), e instituía la educación social como fin primordial de la extensión universitaria.

Este movimiento de opinión reconocía otro antecedente en los episodios del 13 de diciembre de 1871, protagonizados por los alumnos de la Universidad de Buenos
Aires con la comprensión del Rector Juan María Gutiérrez.

Los impugnadores, entre quienes se contaban los estudiantes Estanislao Zeballos, Lucio Vicente López y José María Ramos Mejía, bregaban contra los sistemas arcaicos e inquisitivos de la enseñanza, y en favor de "la reforma universitaria y la unión de la juventud".

Por todo ello, Nicolás Avellaneda, al fundamentar en 1883 su proyecto de organización universitaria, sancionado más tarde como Ley 1.597, pudo decir que la autonomía "es nuestra tradición, mantenida aun en las épocas más aciagas", y "es el carácter de todas las universidades, el verdadero y esencial carácter".

En 1918 eclosionó, por fin, el desajuste entre la sociedad política y la estructura universitaria. La Universidad argentina se prolongaba en el tiempo como expresión arcaica del régimen político. Se había producido la revolución del sufragio universal y obligatorio, y había sido instalada la democracia "como proceso de integración política". "La Nación -en palabras del Presidente Hipólito Yrigoyen al Congreso en 1917- ha dejado de ser gobernada para gobernarse por sí misma."

Le tocó al Procurador General de la Nación, interpretar la Reforma Universitaria de 1918: "La Universidad,  como todas las instituciones humanas, no puede vivir sin atender las necesidades de los tiempos y sin alterar su organización cuando lo requieran las nuevas funciones que la vida social hace indispensables. Estas transformaciones -aseveraba el doctor Matienzo- son indispensables...”

La autonomía universitaria, como postulado doctrinario, no significa aislar a la Universidad de los problemas vitales de la Nación, sino, por lo contrario, identificarla con la Nación misma como comunidad política pluralista para penetrar en su seno y conocer sus necesidades, desde su óptica propia.

El cogobierno que instaura la Reforma entraña un proceso permanente de rescate y de vigilia de las esencias democráticas -libertad, disenso y creación- como presupuesto originario e insustituible de la investigación científica.

Pero el resguardo de los principios reformistas alcanzados en 1918 constituyó un combate permanente. Aquellos que ideológicamente resistieron su instrumentación lograron muchas veces soluciones regresivas, haciendo de las Universidades Nacionales simples organismos descentralizados del Estado autocrático.

Encontramos así en 1983 una Universidad antidemocrática, aislada de la sociedad, desjerarquizada intelectualmente y detenida en el crecimiento de su infraestructura.

La organización y funcionamiento de las Universidades respondía a la teoría de la "subsidiaridad del Estado" y a  la necesidad de sujetar su gestión a los parámetros de la teoría de la seguridad nacional.

Iniciamos de inmediato, el proceso de normalización institucional. Se dictó el Decreto 154/1983, convertido en Ley 23.068 de reorganización de las Universidades Nacionales, dándoles autonomía funcional con cogobierno. Se restablecieron los estatutos vigentes hasta 1966, por ser los últimos dictados por las Universidades autónomas, pues a partir de aquel año las mismas sólo fueron oficinas administrativas, apéndices del Poder Ejecutivo.

Se suprimieron en 1984 los "cupos de ingreso", y en 1985 se implantó el sistema de "ingreso directo" sin limitación alguna. Entraron a las Universidades 130.000 alumnos que se adicionaron a los 171.687 que accedieron al ciclo medio también sin restricciones, quedando así consagrada la promoción directa en todos los niveles de la enseñanza, con lo que se universalizó la educación.

Se derogaron los aranceles universitarios para asegurar la gratuidad de la enseñanza, afirmando el principio de igualdad de posibilidades y de oportunidades.

Se suspendieron todos los concursos en trámite y se acordó el derecho a la revisión total de los celebrados bajo el imperio de la Ley 22.207. La sola presentación de un aspirante "excluido" privó de validez al certamen realizado, abriéndose un concurso "nuevo" en paridad de condiciones para todos los postulantes. Simultáneamente, se eliminaron las cláusulas discriminatorias y proscriptivas de todo tipo para la provisión de cargos docentes y no  docentes, admitiéndose también el derecho a la reincorporación.

Se reconoció la participación de docentes, estudiantes y egresados en el gobierno de las Universidades y de las Facultades, de conformidad con los estatutos y las disposiciones de la Ley 23.068, que constreñía el marco legal de las posibles modificaciones al sistema tripartito.

Se ampliaron las estructuras universitarias, en los límites de lo posible, vista la situación de crisis heredada, con la reapertura de la Universidad Nacional de Luján y el restablecimiento de Facultades clausuradas, como la de Ingeniería en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Se creó una Facultad de Derecho en Cuyo.

Se efectivizó el reconocimiento de los Centros Estudiantiles, las Federaciones Regionales y la Federación Universitaria Argentina, en consonancia con la admisión de
Centros en la enseñanza media, alcanzándose así la plena participación del alumnado.

Siguiendo la tradición, que viene desde lo$ albores de nuestra nacionalidad, de atribuir a la enseñanza carácter institucional, se incorporó a los programas de todas las
Facultades, en los cursos de primer año, el estudio de la Constitución Nacional, para proveer a la defensa y el afianzamiento del régimen democrático.

El Gobierno Nacional consideró indispensable llenar un vacío en la enseñanza universitaria impulsando, mediante el Decreto 1967 del 9 de octubre de 1985, la creación del "Sistema Interuniversitario del Cuarto Nivel", en el marco de la autonomía, el que quedó librado a la adhesión voluntaria de cada una de las Universidades.

El "SICUN", que "promoverá la cooperación con otros sistemas de postgrados de países latinoamericanos", "tendrá como misión organizar el nivel cuaternario, promover su desenvolvimiento en el más alto nivel académico, perfeccionando las actividades ya existentes e instrumentando nuevos programas de formación en disciplinas criticas para el desarrollo y modernización del país, en conexión directa con planes de investigación y tomando especialmente en cuenta las necesidades nacionales y regionales".

Incluso el "SICUN" organizará estudios especializados de grado en áreas prioritarias según las necesidades antes mencionadas".

Los Rectores, en uso de atribuciones que les son propias, de acuerdo con la Ley 23.068, están hoy abocados a la tarea de estructurar el Cuarto Nivel, que sin duda permitirá a las Universidades Nacionales alcanzar el más alto plano académico, reteniendo a la vez, en el país, a investigadores y científicos que ahora buscan su perfeccionamiento en el extranjero.

De la misma manera, y con anticipación al traspaso del gobierno de las Universidades a sus legítimas autoridades elegidas democráticamente, el Gobierno Nacional juzgó necesario sustituir las funciones de coordinación que tiene a su cargo el Ministerio de Educación y Justicia.

Por Decreto 2461/1985 se creó, a esos fines, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cuya misión es la de coordinar a las Universidades entre sí y a ellas "con los  diferentes niveles y jurisdicciones de la educación en la República Argentina, la cultura y los organismos de investigación científica y técnica".

Informado el Congreso de la Nación del fiel cumplimiento de su Ley 23.068, que fue en principio el Decreto 154/1983 elegidas libre y democráticamente las autoridades de las altas casas de estudio, el Poder Ejecutivo devuelve a las Universidades Nacionales su autonomía institucional, reparando el agravio que se les infiriera una aciaga noche de 1966, agravio ahondado desde entonces en detrimento de la cultura argentina. Llega a su término, de este modo, un cautiverio de dos décadas, del que empezaron a salir, como el país entero, en diciembre de 1983.

Este acto de traspaso del gobierno universitario, tantos años usurpado ilegítimamente por el Estado con fines políticos -de la más baja política-, es entonces propicio para destacar cómo se desarrolló el proceso normalizador, con la participación patriótica y eficiente de las autoridades transitorias, de los profesores, estudiantes y egresados, participación que agradezco en nombre del Poder Ejecutivo y de las mayorías a quienes representa y expresa.

Pero también es oportuno este acto para transmitir a la comunidad universitaria la esperanza que el pueblo tiene depositada en la marcha y obra de la Universidad Autónoma, no sólo para la evolución de las artes y las ciencias sino para la consolidación definitiva de las instituciones democráticas. No está de más reiterar que la evolución de las artes y las ciencias, por importante que fuera, por valiosa que resultara, de poco serviría si no contribuyera al avance y fortalecimiento de la libertad y la justicia, a la búsqueda de un mundo mejor y más equitativo, el mundo de la vida, el mundo de los hombres, el mundo de la concordia y de la paz.

La Universidad Autónoma debe ser, para bien de la República Democrática, la más alta expresión de la cultura nacional y del adelanto científico y tecnológico, para que el país alcance el verdadero desarrollo económico, aquel que se asocia indisolublemente con el progreso social, y de este modo afirme su soberanía política. Es un desafío, un enorme desafío, pero, ¿qué sector de nuestra sociedad no está hoy sometido a iguales retos en esta hora difícil y luminosa de la reconstrucción nacional? Por eso, el Gobierno confía plenamente en que las legítimas autoridades universitarias comprendan la responsabilidad que asumen en esta hazaña de la libertad creadora, responsabilidad que también comprometen los profesores, egresados y alumnos a cuya voluntad se deben quienes dirigen desde ahora las altas casas de estudio.

Digamos adiós para siempre a la Universidad del Estado oscurantista y despótico. Y demos juntos la bienvenida a la Universidad Autónoma, formadora de ciudadanos libres y de luchadores de la democracia, crisol de hombres solidarios y heraldos de la igualdad, fuente de la grandeza y dignidad de nuestra República, recobrada para todos los argentinos.

Muchas gracias








Fuente: Discurso del Ministro de Educación y Justicia Dr. Carlos R.S. Alconada Aramburú, al asumir el rector de la Universidad de Buenos Aires; Dr. Oscar Julio Shuberoff, el 14 de marzo de 1986.

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