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jueves, 14 de abril de 2016

Partido Socialista: "El movimiento militar del 6 de septiembre" (11 de septiembre de 1930)

Al pueblo de la República:

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista se considera obligado a dirigirse a los afiliados, a los simpatizantes, a la clase obrera y al pueblo, para expresarles su pensamiento en los actuales momentos de la política argentina, por la trascendencia que los acontecimientos tienen para el desenvolvimiento cívico y social de la Nación; por lo que de ellos ha de derivar para la democracia y sus instituciones; y porque el Partido necesita afirmar, dentro de las nuevas situaciones creadas, la misma claridad de ideas y procedimientos que constituyen su característica histórica.

Necesitamos referirnos en síntesis a algunos antecedentes que ilustran la posición del Partido Socialista y la destacan en el escenario de la política nacional.

Cabe decir en primer término que no ha habido ni hay en el país una organización tan admirablemente armada de un conjunto de claras ideas generales y de propósitos de acción siempre confesables y siempre públicos como la nuestra. En su permanente e inquebrantable empeño por construir, por edificar, por consolidar en la República nuevas instituciones y adaptar las existentes a las exigencias del progreso universal, el Partido Socialista he debido ser con preferencia una fuerza de educación y colaboración.

Ha suplido la inacción cívica de las otras agrupaciones políticas; las ha fustigado cuando han sido contrarias al interés publico; las ha estimulado cuando de ellas podían derivar algún beneficio mensurable para el pueblo. Y en la perspectiva en que ordinariamente se colocan los partidos argentinos, el Partido Socialista ha sido la fuerza impersonal por excelencia: no ha existido para apoyar o para combatir un caudillo; ha sido la fuerza social por excelencia: no ha existido para ser partido de la oposición ni del gobierno. Ha sido en todo momento, desde su organización como fuerza cívica, un Partido de ideas, con un programa de cuestiones y problemas públicos para realizar en el país, dentro del concepto doctrinario que le sirve de base: ha sido siempre, en una palabra, el Partido Socialista. Fuerza obrera y popular, armada del sufragio universal, no pudo serle indiferente la exaltación del poder, precisamente por el camino del sufragio, de aquella agrupación que había vivido alternativamente en la conspiración o en el motín de cuartel o la abstención. El triunfo de la Unión Cívica Radical en 1916, despertó en nosotros, como en todo el país, la expectante ansiedad por verle en la realización inmediata de su programa de grandes revisiones, que iba desde la aplicación rigurosa y honrada de los preceptos de la Constitución y de las leyes hasta la depuración de la administración publica, desorbitada en el despilfarro; desde la imperativa purificación de las costumbres políticas hasta la restauración de la burlada soberanía popular. ¿Cabía la duda acaso? ¿No era la fuerza cívica que venia reclamando con las más altas voces un nuevo modo de hacer del gobierno y en la política? Era la nueva fuerza revolucionaria de 1890, de 1893, de 1905. Quería el sufragio. Tuvo la ley dictada por Sáenz Peña. Con la ley, tuvo en sus manos todos los poderes en toda la República y fue la esperanza del pueblo.

La Nación ha vivido en una dolorosa realidad desde 1916 hasta estos recientes días de Septiembre de 1930. Tenemos completa autoridad para decir en esta recapitulación, que ya pertenece a la historia, que el gobierno de la Unión Cívica Radical significo para la República un castigo superior al error sincero del pueblo que la exalto.

El pueblo ha sido criminalmente defraudado en todas sus esperanzas. La confianza depositada por la Nación en el partido triunfante ha sido aplicada como un mandato en blanco para todas las trasgresiones. Los directores de ese partido han vivido en las instituciones para prostituirlas, han invocado la Constitución para violarla; han proclamado el imperio de la ley, para consumar toda clase de ilegalidades; han exaltado la honradez para ocultar sus delitos; han proclamado propósitos de revisión social, para empeorar todo lo malo y destruir todo lo bueno que recibieran de gobiernos anteriores.

Trazaron con énfasis una línea divisoria entre el pasado del “régimen” y el futuro de la “causa”, para simular transformaciones y señalar mentidas diferencias. Administraron el país con los presupuestos de vieja contextura, empeorados por la necesidad de servir la insaciable voracidad de sus secuaces; agravaron las condiciones materiales del pueblo, empeorando el régimen impositivo tradicional que descarga todo su peso sobre la clase trabajadora y productora; arrasaron, con menosprecio del Congreso, autonomías, normas, leyes; dilapidaron la renta publica; traficaron con las posiciones de gobierno; sus ministros fueron procesados en el Parlamento hasta por delitos comunes; destruyeron con la corrupción por el dinero, las prebendas y el favoritismo, la moral y el estimulo eficiente en la administración civil y militar; adulteraron el régimen monetario para enriquecer con el empobrecimiento del pueblo consumidor argentino a los caudillos de la especulación; implantaron la clandestinidad como norma de sus actos de gobierno; corrompieron la justicia; sumieron en el desorden a los territorios nacionales; dejaron que la ruina azotara a la población campesina; impidieron que se llegara por el impuesto a la división del latifundio para cambiar las condiciones económicas del país; tuvieron en sus manos; bajo la protección de su exaltada magnanimidad, los escándalos de la adquisición de armamentos; impidieron por todos los medios la aplicación de la escasa legislación que reconoce derechos a los trabajadores, introdujeron la corrupción en el movimiento gremial proletario; se sirvieron de su mayoría en la Cámara de Diputados para cerrar los caminos de la fiscalización y del contralor de sus actos; intentaron hacer del Senado de la Nación un cuerpo para el servicio de sus intereses de bandería; aislaron al país de sus relaciones internacionales, y, finalmente, colmaron en los extremos de la coacción para sus fines electorales en San Juan y Mendoza y dieron en Córdoba, con el fraude, el mas audaz asalto contra la ley electoral de Sáenz Peña.

Todo esto ha sido denunciado por el Partido Socialista en su prensa, en la tribuna publica, en las campañas electorales, en la tribuna parlamentaria. Nuestra palabra, impregnada de invocación a los intereses permanentes de la República, no fue escuchada. En vano reclamamos, ante la inminencia previsible de un derrumbe, la rectificación de tantos errores. En Mayo de este año fuimos los primeros en alzar nuestra voz, por la declaración de las Federaciones socialistas, para reclamar del partido gobernante la realización inmediata de un programa social que evitara al país las consecuencias de una crisis que se agravaba por momentos. Todo el país ha oído nuestra palabra. Toda la prensa ha registrado nuestra reclamación persistente. Solo el gobierno, imbuido de jactancia y de soberbia, menosprecio la oportunidad que se le brindaba para dejar de pesar como una calamidad sobre la Nación.

Hemos contribuido, entre los primeros, a condensar en la opinión pública la fuerza presionante que esperábamos llegaría a imponer al gobierno la impostergable rectificación. Hemos tratado por todos los medios a nuestro alcance al infundir en el espíritu publico la posibilidad que tales cambios se verificaran dentro de las normas de la ley, para evitar a la Nación el dolor de cruentos desgarramientos y conservar ante el mundo el rango democrático conquistado a través de largas jornadas.

Nada de esto ha podido suceder. La Unión Cívica Radical, personificada en su jefe, el ex presidente Yrigoyen, estimulo, con su desprecio por la opinión publica, la accion de la violencia. Los anhelos civiles de rectificación política impostergable, encontraron en la fuerza armada de la Nación, formada en su totalidad por ciudadanos y en su mayoría por las conscripciones que se reclutan en la entraña de la clase trabajadora, la cooperación eficiente que ha terminado con un estado social, cuya prolongación, debemos decirlo, era imposible.

Sabemos cual es la importancia y que alcances tiene la violencia, porque la historia de la democracia esta llena de ejemplos que ilustran y porque actuamos en una organización política, expresión de los ideales sociales de una clase que hace de la legalidad una norma, mientras los caminos de la legalidad permiten la expansión normal de las fuerzas históricas.

Comprendemos que iniciada la lucha por la fuerza resulta a veces difícil medir el grado de intensidad que ha de darse a la accion colectiva y preestablecer con seguridad la distancia de los propósitos inmediatos. Pero, en la accion de fuerza que ha puesto término a esta situación de gobierno, hubiéramos considerado cumplido todo un programa si esa acción se hubiera detenido en el punto preciso en que la fuerza de la Constitución y de la ley reclamaban su sitio.

Acéfalo el Poder Ejecutivo, el gobierno de la Nación debió ser puesto en manos de los funcionarios señalados por la ley. Pero los directores de este movimiento han abandonado, en el momento en que debían tomarlo, el camino de la legalidad. Han declarado, bajo el imperio de la fuerza, disuelto el Congreso, caduco los poderes de las Provincias, disuelto el cuerpo municipal de la Capital Federal; cesantes los funcionarios legítimos; y han lanzado sobre la República, como un estado de guerra internacional, el bando que pone la vida de los habitantes, acusados o sospechados de delitos comunes, fuera de la ley común, y a disposición del tribunal militar, con proceso sumario y sin defensa.

La República carece de autoridades legítimas. Su gobierno actual es un gobierno de hecho. Sus actos son ilegales. Sera ilegal la apropiación que haga de los dineros públicos para aplicarlos sin autorización de la ley; serán ilegales sus actos en el régimen de la administración publica; como es ilegal la caducidad del Congreso y de los cuerpos representativos de la Capital y de las Provincias, formados por el sufragio universal legitimo.

El Partido Socialista no puede aceptar este estado de cosas voluntariamente. Ni puede impedirlo. Intentarlo implicaría precipitar a la Nación en una lucha de incalculables y dolorosas consecuencias, y el Partido Socialista se siente solidario con el sufrimiento del pueblo argentino que no podría estimular procedimientos que contribuyan a sumirlos en crisis irreparables.

Organización consciente de su fuerza moral, el Partido Socialista proclama ante el pueblo de la República su propósito de reclamar desde este momento la cesación de este estado de cosas. Quiere que concluya en el país el régimen de la fuerza y de lo arbitrario y se devuelva al pueblo el régimen de la razón y la ley.

El Partido Socialista, en este sentido, confía en las reiteradas declaraciones de la junta; y esta dispuesto a cooperar para que la normalidad de la Constitución se imponga en la República.

El Partido Socialista devuelve al pueblo, de donde provienen, las representaciones parlamentarias, legislativas y comunales, con que invistiera, en comicios libres, a sus militantes. Vuelven esos mandatos a su fuente originaria, después de haber servido para la defensa de los intereses públicos, para la batalla en contra de la corrupción administrativa y política; para la defensa de la integridad moral y del patrimonio liberal de la Nación Argentina.

Queremos ahora dirigirnos a los hombres que han tomado sobre si la inmensa responsabilidad de presidir la reconstrucción de la Nación para decirles que el rápido camino de la normalización, a criterio del Partido Socialista, esta en el ejercicio de la libertad y en el respeto del derecho. Que ninguna de las garantías individuales o colectivas de la Constitución sea restringida; que todos los habitantes puedan gozar, con absoluta seguridad, su derecho a difundir sus ideas por la palabra hablada o escrita; que se respete el derecho de reunión pacifica; que se asegure a la clase trabajadora la libertad que necesita para estudiar, discutir y resolver sus problemas económicos; y que las leyes generales no sean suplantadas por decretos que las alteren o contraríen.

El Partido Socialista se dirige a su vez a la clase obrera y al pueblo de la República, para incitarles a cooperar en la pronta restauración de las instituciones democráticas, señalándoles, en la inmensa perspectiva de su desenvolvimiento histórico, este episodio de la democracia como una experiencia que deberá evitarse en el porvenir, dando al ejercicio del sufragio el contenido moral e ideológico que reclama la Nación para vivir una paz honrosa, fecunda y constructiva.

Comite Ejecutivo Nacional del Partido Socialista










Fuente: El Partido Socialista y el movimiento militar del 6 de septiembre. Documentos Civiles V. Partido Socialista. Casa del Pueblo. Rivadavia 2150.

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