Al pueblo de la República:
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista se
considera obligado a dirigirse a los afiliados, a los simpatizantes, a la clase
obrera y al pueblo, para expresarles su pensamiento en los actuales momentos de
la política argentina, por la trascendencia que los acontecimientos tienen para
el desenvolvimiento cívico y social de la Nación; por lo que de ellos ha de
derivar para la democracia y sus instituciones; y porque el Partido necesita
afirmar, dentro de las nuevas situaciones creadas, la misma claridad de ideas y
procedimientos que constituyen su característica histórica.
Necesitamos referirnos en síntesis a algunos antecedentes
que ilustran la posición del Partido Socialista y la destacan en el escenario
de la política nacional.
Cabe decir en primer término que no ha habido ni hay en el
país una organización tan admirablemente armada de un conjunto de claras ideas
generales y de propósitos de acción siempre confesables y siempre públicos como
la nuestra. En su permanente e inquebrantable empeño por construir, por
edificar, por consolidar en la República nuevas instituciones y adaptar las
existentes a las exigencias del progreso universal, el Partido Socialista he
debido ser con preferencia una fuerza de educación y colaboración.
Ha suplido la inacción cívica de las otras agrupaciones
políticas; las ha fustigado cuando han sido contrarias al interés publico; las
ha estimulado cuando de ellas podían derivar algún beneficio mensurable para el
pueblo. Y en la perspectiva en que ordinariamente se colocan los partidos
argentinos, el Partido Socialista ha sido la fuerza impersonal por excelencia:
no ha existido para apoyar o para combatir un caudillo; ha sido la fuerza
social por excelencia: no ha existido para ser partido de la oposición ni del
gobierno. Ha sido en todo momento, desde su organización como fuerza cívica, un
Partido de ideas, con un programa de cuestiones y problemas públicos para
realizar en el país, dentro del concepto doctrinario que le sirve de base: ha
sido siempre, en una palabra, el Partido Socialista. Fuerza obrera y popular,
armada del sufragio universal, no pudo serle indiferente la exaltación del
poder, precisamente por el camino del sufragio, de aquella agrupación que había
vivido alternativamente en la conspiración o en el motín de cuartel o la
abstención. El triunfo de la Unión Cívica Radical en 1916, despertó en
nosotros, como en todo el país, la expectante ansiedad por verle en la
realización inmediata de su programa de grandes revisiones, que iba desde la
aplicación rigurosa y honrada de los preceptos de la Constitución y de las
leyes hasta la depuración de la administración publica, desorbitada en el
despilfarro; desde la imperativa purificación de las costumbres políticas hasta
la restauración de la burlada soberanía popular. ¿Cabía la duda acaso? ¿No era
la fuerza cívica que venia reclamando con las más altas voces un nuevo modo de
hacer del gobierno y en la política? Era la nueva fuerza revolucionaria de
1890, de 1893, de 1905. Quería el sufragio. Tuvo la ley dictada por Sáenz Peña.
Con la ley, tuvo en sus manos todos los poderes en toda la República y fue la
esperanza del pueblo.
La Nación ha vivido en una dolorosa realidad desde 1916
hasta estos recientes días de Septiembre de 1930. Tenemos completa autoridad
para decir en esta recapitulación, que ya pertenece a la historia, que el
gobierno de la Unión Cívica Radical significo para la República un castigo
superior al error sincero del pueblo que la exalto.
El pueblo ha sido criminalmente defraudado en todas sus
esperanzas. La confianza depositada por la Nación en el partido triunfante ha
sido aplicada como un mandato en blanco para todas las trasgresiones. Los
directores de ese partido han vivido en las instituciones para prostituirlas,
han invocado la Constitución para violarla; han proclamado el imperio de la
ley, para consumar toda clase de ilegalidades; han exaltado la honradez para
ocultar sus delitos; han proclamado propósitos de revisión social, para
empeorar todo lo malo y destruir todo lo bueno que recibieran de gobiernos
anteriores.
Trazaron con énfasis una línea divisoria entre el pasado del
“régimen” y el futuro de la “causa”, para simular transformaciones y señalar
mentidas diferencias. Administraron el país con los presupuestos de vieja contextura,
empeorados por la necesidad de servir la insaciable voracidad de sus secuaces;
agravaron las condiciones materiales del pueblo, empeorando el régimen
impositivo tradicional que descarga todo su peso sobre la clase trabajadora y
productora; arrasaron, con menosprecio del Congreso, autonomías, normas, leyes;
dilapidaron la renta publica; traficaron con las posiciones de gobierno; sus
ministros fueron procesados en el Parlamento hasta por delitos comunes;
destruyeron con la corrupción por el dinero, las prebendas y el favoritismo, la
moral y el estimulo eficiente en la administración civil y militar; adulteraron
el régimen monetario para enriquecer con el empobrecimiento del pueblo
consumidor argentino a los caudillos de la especulación; implantaron la
clandestinidad como norma de sus actos de gobierno; corrompieron la justicia;
sumieron en el desorden a los territorios nacionales; dejaron que la ruina
azotara a la población campesina; impidieron que se llegara por el impuesto a
la división del latifundio para cambiar las condiciones económicas del país;
tuvieron en sus manos; bajo la protección de su exaltada magnanimidad, los
escándalos de la adquisición de armamentos; impidieron por todos los medios la
aplicación de la escasa legislación que reconoce derechos a los trabajadores,
introdujeron la corrupción en el movimiento gremial proletario; se sirvieron de
su mayoría en la Cámara de Diputados para cerrar los caminos de la
fiscalización y del contralor de sus actos; intentaron hacer del Senado de la Nación
un cuerpo para el servicio de sus intereses de bandería; aislaron al país de
sus relaciones internacionales, y, finalmente, colmaron en los extremos de la
coacción para sus fines electorales en San Juan y Mendoza y dieron en Córdoba,
con el fraude, el mas audaz asalto contra la ley electoral de Sáenz Peña.
Todo esto ha sido denunciado por el Partido Socialista en su
prensa, en la tribuna publica, en las campañas electorales, en la tribuna
parlamentaria. Nuestra palabra, impregnada de invocación a los intereses
permanentes de la República, no fue escuchada. En vano reclamamos, ante la
inminencia previsible de un derrumbe, la rectificación de tantos errores. En
Mayo de este año fuimos los primeros en alzar nuestra voz, por la declaración
de las Federaciones socialistas, para reclamar del partido gobernante la
realización inmediata de un programa social que evitara al país las
consecuencias de una crisis que se agravaba por momentos. Todo el país ha oído
nuestra palabra. Toda la prensa ha registrado nuestra reclamación persistente.
Solo el gobierno, imbuido de jactancia y de soberbia, menosprecio la
oportunidad que se le brindaba para dejar de pesar como una calamidad sobre la
Nación.
Hemos contribuido, entre los primeros, a condensar en la
opinión pública la fuerza presionante que esperábamos llegaría a imponer al
gobierno la impostergable rectificación. Hemos tratado por todos los medios a
nuestro alcance al infundir en el espíritu publico la posibilidad que tales
cambios se verificaran dentro de las normas de la ley, para evitar a la Nación
el dolor de cruentos desgarramientos y conservar ante el mundo el rango
democrático conquistado a través de largas jornadas.
Nada de esto ha podido suceder. La Unión Cívica Radical,
personificada en su jefe, el ex presidente Yrigoyen, estimulo, con su desprecio
por la opinión publica, la accion de la violencia. Los anhelos civiles de
rectificación política impostergable, encontraron en la fuerza armada de la
Nación, formada en su totalidad por ciudadanos y en su mayoría por las
conscripciones que se reclutan en la entraña de la clase trabajadora, la
cooperación eficiente que ha terminado con un estado social, cuya prolongación,
debemos decirlo, era imposible.
Sabemos cual es la importancia y que alcances tiene la
violencia, porque la historia de la democracia esta llena de ejemplos que
ilustran y porque actuamos en una organización política, expresión de los
ideales sociales de una clase que hace de la legalidad una norma, mientras los
caminos de la legalidad permiten la expansión normal de las fuerzas históricas.
Comprendemos que iniciada la lucha por la fuerza resulta a
veces difícil medir el grado de intensidad que ha de darse a la accion
colectiva y preestablecer con seguridad la distancia de los propósitos
inmediatos. Pero, en la accion de fuerza que ha puesto término a esta situación
de gobierno, hubiéramos considerado cumplido todo un programa si esa acción se
hubiera detenido en el punto preciso en que la fuerza de la Constitución y de
la ley reclamaban su sitio.
Acéfalo el Poder Ejecutivo, el gobierno de la Nación debió
ser puesto en manos de los funcionarios señalados por la ley. Pero los
directores de este movimiento han abandonado, en el momento en que debían
tomarlo, el camino de la legalidad. Han declarado, bajo el imperio de la
fuerza, disuelto el Congreso, caduco los poderes de las Provincias, disuelto el
cuerpo municipal de la Capital Federal; cesantes los funcionarios legítimos; y
han lanzado sobre la República, como un estado de guerra internacional, el bando
que pone la vida de los habitantes, acusados o sospechados de delitos comunes,
fuera de la ley común, y a disposición del tribunal militar, con proceso
sumario y sin defensa.
La República carece de autoridades legítimas. Su gobierno
actual es un gobierno de hecho. Sus actos son ilegales. Sera ilegal la
apropiación que haga de los dineros públicos para aplicarlos sin autorización
de la ley; serán ilegales sus actos en el régimen de la administración publica;
como es ilegal la caducidad del Congreso y de los cuerpos representativos de la
Capital y de las Provincias, formados por el sufragio universal legitimo.
El Partido Socialista no puede aceptar este estado de cosas
voluntariamente. Ni puede impedirlo. Intentarlo implicaría precipitar a la
Nación en una lucha de incalculables y dolorosas consecuencias, y el Partido
Socialista se siente solidario con el sufrimiento del pueblo argentino que no
podría estimular procedimientos que contribuyan a sumirlos en crisis
irreparables.
Organización consciente de su fuerza moral, el Partido
Socialista proclama ante el pueblo de la República su propósito de reclamar
desde este momento la cesación de este estado de cosas. Quiere que concluya en
el país el régimen de la fuerza y de lo arbitrario y se devuelva al pueblo el
régimen de la razón y la ley.
El Partido Socialista, en este sentido, confía en las
reiteradas declaraciones de la junta; y esta dispuesto a cooperar para que la
normalidad de la Constitución se imponga en la República.
El Partido Socialista devuelve al pueblo, de donde
provienen, las representaciones parlamentarias, legislativas y comunales, con
que invistiera, en comicios libres, a sus militantes. Vuelven esos mandatos a
su fuente originaria, después de haber servido para la defensa de los intereses
públicos, para la batalla en contra de la corrupción administrativa y política;
para la defensa de la integridad moral y del patrimonio liberal de la Nación
Argentina.
Queremos ahora dirigirnos a los hombres que han tomado sobre
si la inmensa responsabilidad de presidir la reconstrucción de la Nación para
decirles que el rápido camino de la normalización, a criterio del Partido
Socialista, esta en el ejercicio de la libertad y en el respeto del derecho.
Que ninguna de las garantías individuales o colectivas de la Constitución sea
restringida; que todos los habitantes puedan gozar, con absoluta seguridad, su
derecho a difundir sus ideas por la palabra hablada o escrita; que se respete
el derecho de reunión pacifica; que se asegure a la clase trabajadora la
libertad que necesita para estudiar, discutir y resolver sus problemas
económicos; y que las leyes generales no sean suplantadas por decretos que las
alteren o contraríen.
El Partido Socialista se dirige a su vez a la clase obrera y
al pueblo de la República, para incitarles a cooperar en la pronta restauración
de las instituciones democráticas, señalándoles, en la inmensa perspectiva de
su desenvolvimiento histórico, este episodio de la democracia como una
experiencia que deberá evitarse en el porvenir, dando al ejercicio del sufragio
el contenido moral e ideológico que reclama la Nación para vivir una paz
honrosa, fecunda y constructiva.
Comite Ejecutivo Nacional del Partido Socialista
Fuente: El Partido Socialista y el movimiento militar del 6 de septiembre. Documentos Civiles V. Partido Socialista. Casa del Pueblo. Rivadavia 2150.
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