Entre las condiciones para el normal funcionamiento de la
democracia moderna, está la necesaria determinación de quién ejerce el gobierno
y quién constituye la principal oposición. La falta de esa definición
compromete el sistema, al no permitir alternativas políticas que posibiliten a
la minoría de hoy convertirse en mayoría mañana; afecta el régimen
institucional, al limitar las posibilidades de alternancias en el poder y la
fijación de políticas de Estado y estimula las tendencias hegemónicas y
autoritarias de la mayoría que, sin oposición definida, actúa con escaso
control y sin frenos.
Por otra parte, en una democracia de partidos como es la
nuestra, tanto el gobierno central como la principal oposición deben estar a
cargo de partidos políticos nacionales. De la misma forma que entorpece el
funcionamiento del régimen un gobierno que no tenga su eje en una fuerza
política de esas características, no es buena una oposición atomizada o sólo
representada por partidos locales o expresiones de liderazgos personales. La
necesidad de partidos nacionales no significa que las fuerzas menores deban quedar
excluidas o marginadas de la política, pues es importante que participen en la
formación de consensos con el gobierno o con la oposición.
En la Argentina de hoy, especialmente después de los últimos
resultados electorales, la fuerza política nacional que legítimamente ejerce el
gobierno, está claramente definida. Es el justicialismo, que reúne la
Presidencia de la Nación, la conducción de las principales provincias, tiene
mayoría propia en ambas cámaras del Congreso nacional y que, a pesar de sus enfrentamientos
internos, cuando tiene que tomar una resolución sobre temas importantes actúa
con unidad y disciplina, alineándose detrás del Presidente.
Ese partido, para cumplir con la misión que le corresponde y
que la sociedad le ha asignado, debe evitar el abuso de su poder legítimo, no
avanzar sobre la libertad ni sobre la ley, respetar y valorar los disensos y
comprender que es necesario consensuar, en unidad pluralista, principios
básicos que son comunes a todos y a partir de los cuales recién son válidas las
diferencias.
Lo más difícil, dadas las circunstancias actuales, es
determinar quién es la oposición central ya que, como dice Guglielmo Ferrero:
"En las democracias la oposición es un órgano de la soberanía popular tan
vital como el gobierno".
De todos los partidos que aparecen como opositores, quien
está en mejores condiciones para ocupar el papel de oposición central es la
Unión Cívica Radical. Tiene despliegue en todo el territorio nacional, el
gobierno de seis provincias, bloques legislativos nacionales muy importantes y,
lejos de las demás fuerzas opositoras, son los que siguen en número al
justicialismo, tienen importantes representaciones en las legislaturas
provinciales y la conducción de varios cientos de municipalidades, algunas de
significativa importancia. El radicalismo tiene más de cien años de historia,
siempre ha sido una garantía de democracia, se ha destacado en la defensa de
las instituciones y ha gobernado el país a lo largo de casi un tercio del siglo
XX.
Lamentablemente, ese partido, al que pertenezco, no está hoy
a la altura de las circunstancias y de sus responsabilidades institucionales.
No tiene una definida conducción nacional y se ha feudalizado; no ha hecho
autocrítica de su última gestión de gobierno ni ha revisado algunas de sus
posiciones ideológicas que aparecen como obsoletas; no ha renovado su
dirigencia ni los responsables de sus últimos fracasos políticos han dado un
paso al costado para permitir el surgimiento de nuevos valores; no ha señalado
con claridad sus coincidencias con el gobierno y cuáles son sus discrepancias,
ni ha precisado oficialmente sus propuestas alternativas en los más importantes
temas nacionales. Se da así la paradoja de que existiendo muchísimos radicales
no haya partido radical que los exprese y represente.
Si la UCR es capaz de revertir la situación por la que
atraviesa, como fervientemente lo deseamos, será la indiscutible alternativa
política y se convertirá en el principal dique de contención para que la fuerza
dominante que hoy ejerce el gobierno no pase a ser hegemónica, con el
consiguiente riesgo de convertirse en autoritaria.
Los otros partidos, que muchas veces pueden inclinar el fiel
de la balanza, también deben introducir modificaciones en su organización y en
el mensaje que deben transmitir a la sociedad. Quienes están estructurados
alrededor de una figura prominente, por su parte, deben convertirse en fuerzas
políticas permanentes y organizadas en todo el país, evitando de esta forma,
tener una efímera duración en el tiempo.
Un régimen democrático pluralista necesita de un gobierno
firme y dispuesto a consensuar; una oposición responsable y con capacidad para
plantear alternativas y otras fuerzas políticas dispuestas a colaborar con el
gobierno o la oposición según sean sus ideas o proyectos. Si logramos ese
equilibrio habremos ayudado a afianzar el sistema y fortalecer nuestra todavía
incipiente democracia.
Fuente: La oposición necesaria para un buen gobierno por Alfredo
Vitolo (h) para La Nacion, 26 de marzo de 2004.
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