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sábado, 27 de febrero de 2016

Manuel Belnicoff: "Debate de la ley del 82% móvil" (14 de agosto de 1958)

Sr. Presidente (Zanni). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Belnicoff. — Señor presidente: el miembro informante de la mayoría, diputado Posse, ha hecho una exposición objetiva del punto de vista que va a sostener la mayoría en esta sesión en que se tratan los dos despachos producidos por la Comisión de Previsión Social.

Evidentemente, el problema que consideramos no se ha planteado en estos momentos y viene desde muy atrás. El drama de los jubilados es un drama largamente sentido. Debemos confesar con dolor que muchas veces golpearon las puertas de los poderes oficiales sin encontrar respuesta para la concreción de un derecho que ya habían adquirido y estaba perfectamente financiado por los aportes realizados a lo largo de una dura vida de trabajo y de sacrificio en homenaje a la grandeza moral y al progreso técnico de la Republica.

La seguridad social, que viene agitando a todos los países del mundo, sobre todo después de la terminación de la segunda guerra mundial, ha tenido muchas veces consecuencias terribles para algunos países, cuando ciertos dictadores, tomando los enunciados de la seguridad social y transformándolos en una especie de técnica social, los utilizaron para oprimirlos y aplastarlos. Carlos Mannheim, ilustre filósofo político, que ha escrito importantes páginas al respecto, demuestra que cuando la seguridad social no tiene un sentido profundamente democrático se transforma en uno de los más poderosos instrumentos de dominación de los pueblos.

Lo que a qui se procura es tener seguridad de medios de vida para el que esta en la actividad y para el que esta en la inactividad. Por eso, la cuestión de mejorar los haberes jubilatorios y las pensiones tiene una larga y azarosa historia en nuestro Parlamento. Ya en 1946, cuando asomaban los primeros síntomas de la inflación, el Congreso se vio precisado a buscar una solución a través de un suplemento para mejorar los haberes jubilatorios. En 1947 debió prorrogarse esa iniciativa, pero ya en 1948 la situación se hizo tensa y se torno difícil, y un simple suplemento no resolvía la angustia de los jubilados y pensionados de las distintas cajas del régimen previsional argentino.

Es así, señores diputados, como surge la ley 13.478, que constituye para los sectores inactivos algo así' como la panacea, la solución de todos los problemas, el alejamiento de toda preocupación con respecto al futuro. Esa ley establecía un suplemento variable a fijarse una vez por ano en función del Índice del costo de la vida. Se financiaba con una cuota del impuesto a las ventas.

Pero no vivíamos tiempos normales, sino los anos difíciles de la dictadura. Los fondos de esa ley tentaron a la burocracia que mandaba en la Republica. De ahí que, salvo algunos casos que se resolvieron en los estrados judiciales, los jubilados no vieron ni un centavo de esos fondos, hasta que finalmente, hace poco, se dio a conocer una resolución vinculada a ella y emanada del Instituto Nacional de Previsión Social.

Cuando se celebro en esta Cámara la asamblea de los jubilados, hecho promisorio en los anales parlamentarios porque permitió que con toda libertad los interesados expresaran sus ideas —la Comisión de Previsión edito el ejemplar correspondiente de las versiones taquigráficas—, se concretaron sus aspiraciones con respecto a una legislación que contemplara sus verdaderos y auténticos intereses.

En esa oportunidad, el presidente de la Agrupación de Inter asociaciones de Jubilados y Pensionistas de la Argentina, dijo, entre otras cosas, dando la tónica de la cuestión:

«Este problema candente y urgente necesita una solución. La pedimos con la seriedad de aquellos que tienen la responsabilidad de lo que dicen. La pedimos porque sabemos que podemos financiarla, porque es un deber social y, además, porque creemos que en esta hora no se puede hacer otra cosa que no sea algo en beneficio de los seiscientos mil jubilados que tienen a su cargo por lo menos tres o cuatro personas afectadas colateralmente, lo que lleva a tres millones quinientas mil personas que tienen fijos sus ojos en esta asamblea y que quieren que la Comisión de Previsión se ilumine para dar la solución que anhelamos».

EI representante del Congreso Confederal de Asociaciones de Jubilados manifestó que deseaba referirse a la verdadera odisea que estuvo padeciendo la gente por la aplicación de este suplemento variable móvil —se refería al establecido por la ley 13.478— desde el año de vigencia 1949, hasta octubre de 1954. Y también agregaba el representante de la Confederación General de Jubilados:

«La confederación estima que el problema que tiene a estudio la Comisión de Asistencia y Previsión Social debe dividirse en dos partes para resolver independientemente una y otra».

Esto es lo que ha hecho la comisión tal como ha quedado planteado en los despachos de mayoría y minoría.

Dice a continuación el mismo delegado: «Entendemos que ante todo debe buscarse una solución sin dilaciones y con toda urgencia para el problema económico de los jubilados y pensionistas y luego recién entrar a considerar por separado el ordenamiento económico y orgánico de las cajas».

Por su parte, el representante señor Pedernera afirmaba: «Como puede ser que no haya fondos suficientes si el Estado ha podido sacarnos de las cajas alrededor de 70 mil millones de pesos, para gastarlos en el presupuesto ordinario, es decir, para pagar grandes sueldos militares, sostener una espantosamente excesiva burocracia, nombrar legiones de embajadores que nos cuestan centenares de miles de pesos cada uno, que hay que pagar en divisas fuertes, principalmente en dólares, para fijar tremendos sueldos para los nuevos funcionarios, etcétera.

También se escucho la palabra del señor Aldo V. Chitaroni, apasionado estudioso, y sobre todo el juicio ponderado, sensato, del doctor Desimone, que en nombre de los periodistas puso la cuestión en sus verdaderos términos y delineó los aspectos que debíamos tratar en la comisión cuando se aprobase en ella el criterio de dividir el problema en dos partes.

Esta discusión del mejoramiento de los haberes jubilatorios viene de lejos, como he dicho. Ya he enumerado las leyes que se han dictado sobre este problema, pero no podría seguir adelante sin recordar en este momento al ex diputado Ricardo Araoz, quien en 1947 aseguraba que el haber jubilatorio debía ser del cien por ciento de los sueldos en actividad.

He afirmado que la ley 13.478 financiaba un suplemento variable y que sus fondos engrosaban las áreas de la administración nacional. Por ello, cuando el régimen depuesto se vio jaqueado por la masa de jubilados y pensionistas que exigían el cumplimiento de la ley, cuando se iniciaron algunos procedimientos judiciales, cuando la grita de los jubilados alcanzaba ya el limite que se permitía a esa justa y airada protesta, cuando en esta Cámara se presentaban pedidos de informes y proyectos para concretar de una buena vez el funcionamiento de esa ley apareció la ley 14.370, que por su articulo 9 oficializa la entrega de todos los fondos de la ley 13.478 al presupuesto de la administración central. Comienza entonces el verdadero desamparo de los jubilados, la larga marcha del martirio económico, aun cuando el articulo 19 de aquella ley preveía un reajuste que nunca se produjo, como tampoco se produjo en su integralidad el reajuste de la ley 13.478.

Sin entrar a profundizar mucho en los antecedentes, quiero dejar perfectamente demostrado que cuando la inflación comenzó su obra demoledora de los salarios, de las jubilaciones, de las pensiones y de los pequeños ahorros, comenzó a evidenciarse una preocupación para neutralizar la incidencia de la misma en la economía de la Republica y de sus habitantes. Pero es que el régimen anterior se cuido muy bien de no sancionar ni pedir la sanción de un autentico y verdadero régimen de inversión de fondos para las cajas.

¿Que hizo el Poder Ejecutivo a partir de 1946? Comenzó a emitir obligaciones de previsión del 4 % —que luego subió al 5 % en la ley 14.370— contra los fondos de las cajas, una vez que estas habían realizado los pagos de sus gastos administrativos y de las prestaciones a que estaban obligadas por sus respectivos regimenes.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Educación, don Francisco H. Uzal.

Sr. Belnicoff. — La mala practica no se detuvo un solo instante desde 1946 hasta el día de hoy; la mala practica .fue seguida por el régimen depuesto, por el gobierno de la revolución libertadora y actualmente sigue. Con esto no hago un cargo al gobierno actual, porque evidentemente, no puede remediar en tres meses una situación que se viene arrastrando desde hace más de 12 años.

Lo evidente es que el Estado aprovecha el dinero de los jubilados; el Estado invierte el dinero de los jubilados en obras no reproductivas, en gastos de la administración publica, mientras el vasto sector que se halla en pasividad tiene que andar rondando esta casa para ver si de una vez por todas se logra un cuerpo legal que los ponga a cubierto de la necesidad — ¡que digo de la necesidad!—, de la miseria. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Yo me pregunto, señor presidente, si no seria conveniente que la mayoría se pusiera de acuerdo con nosotros para investigar como se mueven esos fondos de las cajas, a que sumas ascienden las deudas y cual ha sido la política económico-financiera seguida por las cajas con respecto al Estado nacional, y cual fue la política económico-financiera del Estado nacional con respecto a las cajas.

El señor diputado Posse acaba de proporcionar a la Cámara un informe que creo es el mismo que tenemos nosotros, referente a las obligaciones emitidas por el Estado, las que ascienden a la suma de 48.832.228.100 pesos.

Yo me he tornado el trabajo de sumar en los rubros de la deuda publica consolidada al 31 de diciembre de 1954, las distintas emisiones y he llegado a la cifra de 30.661.206.700 pesos, en tanto que la deuda publica constituida por La emisión de bonos de previsión, al 31 de octubre de 1957, según datos tornados de la publicación oficial del presupuesto de la Nación, asciende a 54.841.896.700 pesos, total superior que no esta de acuerdo con el que nosotros tenemos en la comisión.

A la mencionada suma hay que agregar las emisiones producidas desde octubre de 1957 hasta el día de la fecha, lo que da un monto que yo no tengo —no se si se consignara en alguna publicación oficial—, que indudablemente será mayor que la de 54.000.000.000 de pesos, en cifras redondas.

El señor diputado Marini me observa que la deuda pública alcanza a 70.000.000.000 de pesos. Efectivamente siempre con relación al presupuesto del año 1958, sumando las distintas emisiones de títulos, de distinto origen, tenemos una deuda publica consolidada de 70.000.000.000 de pesos.

Sr. González. — Deuda publica total.
Sr. Belnicoff. — La deuda publica total, según el presupuesto correspondiente a 1958, llega a 70.000.000.000 de pesos más o menos, de los cuales hay que descontar los 54.000.000.000 emitidos en bonos de previsión social. Quiere decir que toda la deuda del gobierno se ha concentrado en función del dinero de los jubilados, y que los que quieren su dinero, porque les pertenece, se están muriendo de hambre porque no pueden mejorarse sus haberes. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr., Posse. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?
Sr. Belnicoff. — Si, señor diputado.

Sr. Posse. — Yo diría que no se están muriendo de hambre porque el Estado usufructúe su dinero, sino que no ha habido la preocupación en los que gobernaban para establecer la forma de poder aplicar mejoras en los haberes, con los fondos de las cajas. Los diversos gobiernos anteriores al nuestro usaron de ese dinero y el gobierno actual vive la preocupación de dar a los jubilados lo que les corresponde, aun cuando ha heredado una situación económica harto difícil y deficitaria.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1 de la Honorable Cámara, don Enrique Mario Zanni.

Sr. Belnicoff. — Acabo de decir que no corresponde a este gobierno responsabilidad alguna por el estado actual de las cajas de jubilaciones por la situación de los jubilados. No tengo inconveniente en decirlo y repetirlo, pero también expreso que la estafa a los jubilados es elocuente y salta a la vista, y la mala práctica sigue.
Sr. Posse. —El gobierno actual ha demostrado su preocupación.
Sr. Rivero. — ¿Me permite el señor diputado por la Capital una interrupción, con el permiso de la Presidencia?
Sr. Belnicoff. — Si, señor diputado.

Sr. Presidente (Zanni). —Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
Sr. Rivero. — No estoy de acuerdo con lo que ha expresado el miembro informante de la mayoría.

Si los jubilados han sufrido y sufren miseria, la mayor responsabilidad recae en el Estado por la extracción de dinero, por el apoderamiento de fondos provenientes de aportes jubilatorios. La extracción de esos fondos se viene realizando para cubrir el déficit de los presupuestos, y a cambio de los mismos el Estado entrega bonos no convertibles, con un interés del cinco por ciento fijado por el mismo Estado; ese interés no se paga en efectivo sino con nuevos bonos no convertibles, en forma tal que las cajas hace rato que no ven un centavo y no pueden aumentar los haberes de los jubilados.
La miseria o el dolor padecidos por muchos hogares de jubilados durante todo este tiempo recae sin atenuantes sobre el Estado. No hagamos cuestión de este o de aquel gobierno, hablemos del Estado.

Estaré de acuerdo con el señor diputado en que existe una real preocupación para que esta situación termine, si nos ponemos de acuerdo para incluir una cláusula en este proyecto de ley por la cual se impida al Estado substraer los fondos de las cajas de jubilaciones y se prohíba que se emitan los famosos bonos. (Aplausos.)

Sr. Posse. — La verdad es, señor diputado, que el gobierno actual tiene que ver como va a salir del paso por la grave situación heredada, sin fondos y con muchas deudas.
Sr. Rivero. — Eso le paso también al anterior gobierno.
Sr. Belnicoff. — Me estaba refiriendo a la falta de un régimen serio de inversión de fondos, que —naturalmente— no podía establecerse porque el Estado absorbía todo el dinero de las cajas.
Sr. González. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con autorización de la Presidencia?
Sr. Belnicoff. — Si señor, diputado.

Sr. Presidente (Zanni). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. González. — El problema de los jubilados no nace de que el Estado tome los fondos de las cajas mediante la emisión de títulos que reditúan el 5 %. El problema de ellos es el problema de todos los ahorristas del país; es el problema típico del proceso inflacionario, porque si el dinero hubiera conservado su valor adquisitivo a los jubilados les importaría poco que sus aportes hubieran sido tornados por el Estado. Es un problema que atañe a la economía general del país.

Incluso no es tan grave que el Estado tome los fondos, porque esta abriendo una posibilidad para su colocación, ya que las cajas no pueden  en cada instante determinar una política de inversión de sus fondos a un tipo de interés mas alto que el normal de plaza para los títulos públicos.

El problema esencial reside en la angustia de la creciente desvalorización de la moneda, que reduce los ingresos fijos de los ahorristas, sean titulares de pólizas de seguros, sean rentistas de alquileres congelados o sean titulares de jubilaciones acordadas.

Por otra parte, convengamos en que a esta altura del desarrollo económico del país, esta técnica ha sido utilizada por este gobierno, por el anterior, por el que precedió al anterior, y lo será por los futuros, pues es la única masa de dinero pasible de colocación en títulos de la renta publica.

La solución de fondo no esta, pues, en eso, sino en una política de resguardo total que opere a través de los impuestos, para liquidar así una deuda que de otra manera no será liquidada nunca y se acrecentara el monto de los servicios financieros de una creciente deuda publica que no se puede detener.

Sr. Rivero. — Es claro que la necesidad de los jubilados nace de la inflación, pero la solución esta en los propios fondos que el Estado retiene.
Sr. Belnicoff, — Lamento, señor presidente, tener que decir al señor diputado González que no solamente discrepo en extensión y en profundidad con el concepto que acaba de expresar, sino que afirmo que la política que se sigue en otros sistemas de previsión no es la de dar como única salida a los fondos de las cajas, la emisión de títulos contra esos fondos.

Si el señor diputado González no me hubiera interrumpido —y conste que le concedí la interrupción con el mayor gusto—, hubiera podido demostrar como a través de los estudios realizados en la Organización Internacional del Trabajo, de algunas resoluciones y declaraciones do congresos internacionales y también del Código Internacional del Trabajo de la OIT, edición de 1955—, se llega a determinar la inversión de fondos adecuada para este tipo de sistema. En general se establece que la inversión debe reunir tres requisitos: seguridad, rendimiento y movilidad.

También se hace referencia a un plan periódico de inversiones que tenga utilidad social y económica, estableciéndose una clasificación de  como pueden realizarse. Se trata de normas de carácter general, que los países pueden o no aceptar. Ellas se refieren a inversiones en fondos del Estado, con garantía del mismo; títulos cotizados en las bolsas, sobre prestamos directos; títulos amortizables, con preferencia sobre los de renta perpetua; empréstitos a las provincias, según la situación financiera declarada de las mismas, y las garantías que las provincias puedan ofrecer para la emisión; prestamos sobre obras a emprender; operaciones con títulos cotizados en bolsa, con preferencia a prestamos directos por contratos privados; empréstitos de entidades publicas, siempre que el poder administrador asegure la solvencia de la entidad a la que se va a ayudar; prestamos a sociedades de crédito agrícola o inmobiliario; prestamos hipotecarios directos; adquisición de acciones comerciales e industriales bien garantizadas, no especulativas, que dan dividendos muy superiores a los del Estado y seguridad de recuperación de los capitales.

También existen normas con respecto a los valores de renta variable. Entre ellas existe una referente a empréstitos de los poderes públicos, con cláusula oro, u opción de cambio.

Sr. González. — Esa es la primera inversión que cita el señor diputado por la Capital que da seguridad frente al desajuste del valor monetario.
Sr. Belnicoff. — En cuanto a la seguridad de las otras inversiones, desde luego que el del señor diputado es un concepto que respeto; las que yo he citado son inversiones que considera normales y útiles la OIT en la Edición del Código Internacional del Trabajo del año 1955.
Sr. González. — Pero a todas ellas las destruye la inflación, pese a la opinión de la OIT, menos a la que tenga cláusula oro.
Sr. Belnicoff. — No es así. El código que acabo de mencionar también permite la elección de inversiones para el sistema de previsión.

Todo lo que he expuesto tiende a alejar los fondos de las cajas, no digo de la voracidad o de la prepotencia del Estado, sino de las necesidades del mismo. Si las cajas de jubilaciones hubieran tenido un régimen normal de inversión de fondos, si estos hubieran sido invertidos en obras reproductivas para obtener dividendos muy superiores a los que les paga el Estado, es muy posible que la situación de las cajas de jubilaciones en este momento, y a pesar de la dictadura, les daría la responsabilidad económico-financiera para hacer frente a numerosas prestaciones y para atenuar, siquiera en parte, angustiosos problemas de la Republica.

Sr. González. — Discúlpeme, señor diputado, pero no es así.
Sr. Belnicoff. — El señor diputado con su opinión esta en contra de la Organización Internacional del Trabajo.
Sr. González. — Es una opinión distinta.
Sr. Belnicoff. — Es una opinión distinta, contraria a la sustentada en congresos internacionales por delegados representantes de numerosos países.
Sr. González. — Si, señor diputado; así es.
Sr. Belnicoff. — Así es para el señor diputado.
Sr. Giordano Echegoyen. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?
Sr. Belnicoff. — Si, señor diputado.
Sr. Giordano Echegoyen. — Quiero aclarar al señor diputado González un error inicial en que incurre.

Comprendo que la inflación trae como consecuencia la desvalorización del dinero. Lo que pasa con las cajas de jubilaciones es que de los quince a veinte mil millones de pesos anuales que reciben, se destina a prestaciones apenas un cuarenta o cincuenta por ciento de esas sumas. Lo demás lo toma el Estado.

Por lo tanto, no ha sido alcanzada la cobertura total de las prestaciones debidas a los afiliados por las cajas nacionales de previsión, y el proceso inflacionario no juega aquí en el sentido de que las cajas podrían haber cumplido todas sus coberturas.
Sr. González. — Pero advierta el señor diputado que ese porcentaje, aplicado al pago de jubilaciones, atiende a prestaciones que no son las pactadas, porque están todas incentivadas mediante bonificaciones por costo de vida, que son un remedio transitorio.

Sr. Presidente (Zanni). — Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Belnicoff. — Las jubilaciones no son las pactadas, pero en la inmensa generalidad de los casos los jubilados hicieron sus aportes en moneda sana y reciben hoy las prestaciones en moneda envilecida.

Sr. González. — Ese es el punto neurálgico de la cuestión.

Sr. Belnicoff. — El señor Feraud ha publicado un interesante estudio sobre la necesidad de una superestructura para la seguridad social, a prueba de las depreciaciones monetarias. A eso tenemos que ir. Feraud afirma:

«Se conoce perfectamente el significado de la depreciación monetaria. A primera vista puede uno preguntarse si no constituye una paradoja reunir los conceptos de seguridad social y de inseguridad monetaria. Acaso se sentirá la tentación de considerar la seguridad monetaria como condición de la seguridad social, concediendo prioridad a los esfuerzos por conseguir aquella. Los hechos han desmentido categóricamente este punto de vista, comprobándose, por el contrario, que cuando mas afectado se ve un país por la depreciación monetaria, tanto mas indispensable es extender y mejorar las medidas de seguridad social, y mas han sido, en efecto, desarrolladas.»

Todo lo que vengo diciendo no lleva desde luego ningún propósito político; no se ha hecho  hasta el momento ningún planteamiento de este carácter. Solo existe la intención de clarificar en lo posible la cuestión y tratar que todos, mayoría y minoría, demos ideas para llegar a la conclusión esperada, que concrete la solución de verdaderas aspiraciones y de necesidades que ya no pueden ser sobrellevadas por mas tiempo por los sectores interesados.

Cuando me réferi a la deuda y a la emisión de bonos de previsión social, debí decir también que, en la planilla que obra en nuestro poder, la deuda del Estado con las cajas de jubilaciones, en cifras redondas, es de 3.000 millones de pesos.

Sr. Posse. — Le ruego mencione la de los particulares.
Sr. Belnicoff. — A eso voy, señor diputado. No lo puedo decir todo al mismo tiempo.
Alrededor de 3.000 millones de pesos es lo que debe el Estado, y asciende a 5.000 millones de pesos la deuda de los particulares con las cajas.

Tengo algunas informaciones que me merecen fe y .que proceden de fuentes, como dicen los periodistas, habitualmente bien informadas, según las cuales la deuda del Estado seria muy superior, pues solo a los bancarios se les debería 2.500 millones de pesos; en cuanto a la deuda de los particulares con las cajas, estaría entre los 10.000 y los 15.000 millones de pesos, incluidas firmas que ya han desaparecido.

Pero siguiendo el juego que realiza el Estado con respecto a las cajas, y en ese continuo desajuste que se va desarrollando a medida que transcurren los anos, no es ilógico pensar que las cifras oficiales están por debajo de la realidad. Yo quisiera mínimamente que no lo estuvieran, desearía que fueran menores que las que están expresadas en estas planillas, porque entonces las cuestiones a afrontar serian también menores.

Sr. Mercado. — ¿Me permite una aclaración el señor diputado?
Sr. Belnicoff. — Si, señor diputado.

Sr. Mercado. — Desearía saber si el Poder Ejecutivo contesto el interrogatorio que se le hizo llegar acerca del estado financiero de las cajas de previsión social, pues en ese caso tendríamos datos oficiales.
Sr. Posse. — La información que acabo de dar, señor diputado, es de carácter oficial, si bien no esta actualizada a la fecha de hoy, sino a la que menciona el señor diputado Belnicoff.
Sr. Giordano Echegoyen. — Pero lo que el señor diputado Mercado pregunta es si han llegado a la Cámara los informes que esta solicito al Poder Ejecutivo.
Sr. Posse. — Los que tenemos han sido remitidos directamente a la comisión, y esta los pidió en cumplimiento de la misión que le encomendara la Cámara.
Sr. Mercado. — La Cámara pidió los datos al 30 de abril de este año.

Sr. Belnicoff. — Continuo, señor presidente.
Como esta parte de mi exposición ha sido frecuentada por numerosas y amables interrupciones, y para que los que oyen o lean no pierdan el hilo de lo que estoy diciendo, quiero expresar en síntesis: primero, que la emisi6n de obligaciones de previsión social, contra el dinero de las cajas, a un interés del 4 y del 5 %, ha resultado realmente perniciosa para esos institutos de previsión; segundo, que si las cajas hubiesen tenido en su poder esa masa de dinero que ingresa en cada una de ellas y la hubieran podido aplicar en inversiones retributivas, a estas horas tendría la Republica solucionados, aunque sea en parte, algunos problemas, como por ejemplo el de la vivienda.

Los dos despachos, el de la mayoría y el de la minoría, se refieren en su artículo 2 a la fijación de una jubilación móvil del 82 por ciento. Nace allí la primera de las divergencias que van a ir apareciendo a lo largo del cotejo de ambos despachos.

Sr. Posse. — La única, establecida cuando el despacho de la mayoría fue conocido por la minoría.
Sr. Belnicoff. — El señor diputado ha de convenir conmigo que habiendo sido dado a publicidad un despacho con varios días de anticipación a su consideración por la Cámara, y habiéndose recibido sugestiones, opiniones y memoriales de aquellos que podían estar afectados por la ley que se iba a votar, lo natural, democrático y lógico era que se tomaran en cuenta, como creo que lo habrá hecho también la mayoría con respecto a su despacho, toda vez que el señor diputado ha anunciado qua en el tratamiento en particular darían a conocer algunas modificaciones.

Sr. Posse. — La divergencia, aumentada, surgió en pocas horas, en una noche.
Sr. Belnicoff. — La divergencia surgió, señor diputado, así, a primera vista, en la comisión, cuando se leyó el despacho, con respecto al artículo 2. No me negara el señor diputado que si algunas cláusulas del anteproyecto presentado por la minoría no figuraban en el primer despacho de la mayoría, teníamos la obligación de solicitar su inclusión; de la misma manera que si la gente que podía sentirse lesionada por la ley que dictara el Congreso nos aportaba elementos de juicio para aclarar algunas cláusulas, era evidente que debíamos hacerlo.

Sr. Posse. — Es perfecto.
Sr. Belnicoff. — Justamente siguiendo esa perfección de criterio que acaba de expresar el señor diputado es que, sin vanidad de ninguna naturaleza, hemos aprovechado aquellas opiniones para la confección del despacho de la minoría.

Sr. Posse. — Cabe aclarar que la divergencia fue a las tres de la mañana...
Sr. Rivero. — El despacho de la minoría lo vamos a modificar, incluso para perfeccionarlo.

Sr. Belnicoff. — Decía, señor presidente, que tanto el artículo 2 del despacho de la mayoría, como el artículo 2° del despacho de la minoría establecen el 82 por ciento móvil para su aplicación a los haberes jubilatorios. Mas adelante veremos cuales son las diferencias conceptuales que separan a uno y otro despacho.

Para nosotros el concepto de jubilación móvil —que desarrollara luego el señor diputado Giordano Echegoyen— es el establecido en el artículo 14 de la Constitución de 1853, reformado en 1957, que tomamos como base.

En el país se viene hablando hace mucho tiempo de escalas móviles para los salarios y para las jubilaciones, pero lo cierto es que todo ello ha desaparecido en medio de un fárrago de palabras, sin que los salarios hayan sido vitales ni móviles y sin que las jubilaciones tampoco hayan sido móviles en momento alguno.

El régimen depuesto creó el Instituto Nacional de las Remuneraciones. El articulo 18 del decreto ley de creación —ratificado por la ley 12.921— define el salario vital mínimo como la remuneración del trabajo que permita asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones. Es un salario calculado con el propósito de prever las necesidades de todo orden del trabajador y su familia, y deberá ser revisado periódicamente por el instituto de acuerdo con las oscilaciones que sufra el costo de la vida. Si en un periodo mayor de seis meses el índice de costo de vida sube o baja en más de 10 por ciento, el directorio de la entidad estará obligado a considerar el reajuste de los salarios.

De más esta decir que la ley no se cumplió. Los fondos con que se financiaba el instituto fueron a parar a las áreas de la ex fundación que dirigía la esposa del dictador.

De modo tal que esa regulación del salario vital móvil cayó en el olvido, y por muchas que fueron las reclamaciones que se formularon para que se pusiera en movimiento, todas cayeron en la indiferencia y en el vacío. Tengo entendido que el actual gobierno esta tratando de darle movimiento y vigencia a la ley.

En Brasil también existe la escala móvil de los salarios, y en Méjico, que es el primer país donde se han aplicado estas disposiciones, el Código Federal del Trabajo dice que el mínimo de vida implica que la población obrera mejicana pueda vestir, comer, educarse y gozar de algunas satisfacciones honestas, según define la Constitución dicho principio.

Con el suplemento variable establecido por la ley 13.478 ocurrió lo mismo que con el Instituto Nacional de las Remuneraciones. Las dos leyes corrieron un parejo destino; ambas tuvieron el signo fatal que les marco la dictadura, la cual solo quiso obtener del Congreso de la Nación dos institutos para poder meter con mas comodidad las manos en los bolsillos del pueblo trabajador y seguir financiando su campana de opresión y de humillación del pueblo argentino. (¡Muy bien! ¡Muy bien!)

El despacho de la mayoría establece para el reajuste de las jubilaciones un coeficiente de costo de vida que se aplicara al 19 de julio de cada ano, de acuerdo con el índice que establezca la Dirección Nacional de Estadística. Lamento tener que decir que la Dirección Nacional de Estadística, en cuanto se refiere a los índices de costo de vida, esta desprestigiada ante el pueblo de la Republica. Porque no se como los sabios de esa dirección han determinado que un peón no especializado, con mujer y dos hijos menores de 14 años, puede adquirir con 1.242 pesos mensuales, según el índice correspondiente al rates de junio de este año, lo 1 que adquiría con 100 en 1943.

Indudablemente, están lejos de la autentica realidad argentina, de la realidad que vive cada hombre y cada mujer del país. Quisiera ver al señor director nacional de Estadística comprar en el mercado un kilo de bifes, y si después de eso cree todavía que con 1242 pesos en 1958 puede adquirir una familia lo que adquiría con 100 de 1943, haciendo frente en parte a su alimentación, vestimenta, medicación, educación de los hijos. Etcétera. Quisiera saber si después de eso el director nacional no correera a su oficina y borrara todos esos índices de costo de vida, para establecer el verdadero, el actual, el que responde a la realidad económica y financiera de la Republica. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

No es posible que el coeficiente de vida quede librado a la arbitrariedad —de alguna manera hay que denominarla— de una oficina administrativa que magnánima y munificamente, después de un año de espera, tomara todos los haberes jubilatorios y las pensiones, compondrá un costo de vida y lo aplicará a los pobres jubilados y pensionados no se sabe si a partir de ese momento o con efecto retroactivo.

Sr. Monte. — Pero eso es la historia vieja, señor diputado. La historia nueva es la que estamos haciendo.
Sr. Belnicoff. — Lamento que no este informado el señor diputado. Si toma el ultimo numero de la «Síntesis Estadística Mensual» corroborara palabra por palabra, cifra por cifra, todo lo que he dicho y muchas cosas mas que lo es del caso aclarar.

Sr. Monte. — Le quería decir que esa es historia vieja, la vieja historia de los funcionarios  que no contemplaban las aspiraciones ni las necesidades del pueblo, y que hacían números metidos en sus oficinas alejados de la realidad del medio ambiente. La historia nueva, esa gran historia que estamos haciendo, es esta lev que se va a sancionar y que contempla las aspiraciones y necesidades tan postergadas de los jubilados argentinos.

La nueva historia es la que estamos haciendo hache, donde por voluntad de mayoría y minoría —celebro que así sea— vamos a dar una ley que dará satisfacción a muchos hombres que han trabajado y sufrido en bien del país.

Sr. Rivero. — Esas son palabras que ya se han pronunciado muchas veces. Los jubilados están como estaban.
Sr. Belnicoff. — La nueva historia tiene una fecha: 1954; y la vieja historia también tiene una fecha: junio de 1958, si el señor diputado consulta las ediciones de la Síntesis Estadística Mensual, publicada por la Dirección Nacional de Estadística.

Sr. Monte. — Yo me guío por el despacho de la comisión.
Sr. Marini. — Lo que importa es saber lo que se podrá comprar con esa plata.
Sr. Monte. — No se ponga nervioso el señor diputado Marini. La realidad es que damos 900 pesos.

Sr. Belnicoff. — Quiero decir al señor diputado —y tiene que creerlo porque es así—, que por mas dialéctica que posea no podrá convencer a nadie de lo contrario: en la Síntesis Estadística publicada en junio de 1958, no del siglo pasado, el señor diputado y cualquiera podrá leer que un peón no especializado, con mujer y dos hijos menores de catorce años puede comprar hoy con 1.242 pesos, lo que compraba en 1943 con 100 pesos.

Sr. Rodríguez Araya. — El mal obedece a que se fija la suma de 1.200 pesos, porque Perón vivía con 300 pesos muy fácilmente. (Risas.)
Sr. Canopa. — Si el señor diputado Belnicoff me permite...

Sr. Belnicoff. — ¡Como no!
Sr. Canepa, —... quiero decirle cordialmente que estoy de acuerdo en que no es con dialéctica que vamos a satisfacer al sector pasivo de la sociedad y que, precisamente, por ello es que la mayoría trae este despacho que aspira a convertir en ley.

Cuando el sector pasivo de la población advierta cual será por este despacho su haber jubilatorio, cuando vea aumentada su jubilación o pensión por esta ley, vera que no se trata de dialéctica sino de una realidad.

Sr. Belnicoff. — El señor diputado convendrá conmigo en que ni con dialéctica ni con números se satisfará a la masa de jubilados, sino simple y llanamente con el 82 por ciento móvil en función del sueldo en actividad. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Rivero. — ¿Me permite el señor diputado?  
Sr. Belnicoff. — Si, señor diputado.

Sr. Rivero. — Para contestar al señor diputado por la Capital, me voy a referir al articulo 6° del proyecto de la mayoría que dice: «Las bonificaciones y aumentos sobre las prestaciones básicas dispuestos con anterioridad a la vigencia de la presente ley —es decir el anticipo, o los anticipos— quedan absorbidos por lo establecido en la misma.» Pero no dice desde que fecha.

Sr. Rosenkrantz. — Lo mismo dice el despacho de la minoría.
Sr. Rivero. — No, señor diputado. El despacho de la minoría establece fecha: establece que las bonificaciones y aumentos dispuestos con posterioridad al 1 de febrero de 1958 quedan absorbidos por los aumentos «establecidos en la presente ley».

Sr. Belnicoff. — El señor diputado Posse tuvo la amabilidad de recordar el itinerario de proyectos sobre esta materia presentados por diputados de este sector...
Sr. Posse. — No como hubiera deseado, porque disponía de muy poco tiempo.
Sr. Belnicoff. —...y del diputado que habla-, para destacar algunos detalles de los mismos. Es evidente que en el sector de la Unión Cívica Radical hay una vieja preocupación con respecto a este problema, como lo hay también en el sector de la mayoría.

—Suena la campanilla que indica que ha vencido el término que corresponde al orador para hacer uso de la palabra.

Sr. Presidente (Zanni). — Ha vencido, señor diputado, el plazo reglamentario para hacer uso de la palabra.
Sr. Rivero. — Hago moción de que se prorrogue por unos minutos más.
Sr. Bernasconi. — Con las interrupciones, se le ha restado tiempo al señor diputado por la Capital.
Sr. Rodríguez Araya. — Que se le devuelvan los «aportes». (Risas.)
Sr. Presidente (Zanni). — Si hay asentimiento de la Cámara, podrá continuar en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Zanni). — Continúa el señor diputado en el uso de la palabra.
Sr. Belnicoff. — Agradezco la deferencia del sector de la mayoría, que me permite desarrollar el tema. Las interrupciones han contribuido a aclarar puntos de vista y a fijar posiciones.

Sr. Heredia (G. L.). — Los jubilados esperan que el proyecto sea sancionado pronto.
Sr. Posse. — Deseo formular una pregunta al señor diputado por la Capital, si me permite la interrupción.

Sr. Belnicoff. — Si, señor diputado.
Sr. Posse. — El señor diputado por la Capital hizo una imputación al informe de la Dirección de Estadística que no voy a defender ni atacar; pero, yo haría esta pregunta al señor diputado: si esa estadística fuera la exacta, ¿cree el señor diputado que no seria suficiente que se mantenga el valor adquisitivo del haber jubilatorio en forma: permanente, la aplicación de un coeficiente correcto?

Sr. Belnicoff. — La pregunta que formula el señor diputado es un problema de palabras cruzadas.
Sr. Posse. —No, señor diputado; es un problema de palabras corridas.

Sr. Belnicoff. — No tomemos esos términos para hacer la comparación. Yo salgo al paso del problema. Hice una manifestación teniendo en mis manos una publicación oficial de la que no responsabilizo al gobierno actual. En esa publicación oficial se consigna que un peón no especializado, con mujer y dos hijos, pudo adquirir, en junio pasado con 1.249,9 pesos, lo que adquiría con cien pesos en 1943. Si el señor diputado desea, puedo facilitarle cifras. El Banco Central, tomando como numero de base cien en el ano 1943, sigue una línea de la que cito, excluyendo la habitación, los siguientes números: año 1943, igual a 100; año 1956: 902,08; año 1957: 1.132,1. Año 1958, correspondiente al mes de junio: 1.249,9, incluyendo habitación, según la Dirección Nacional de Estadística y Censo.

Sr. Posse. — Yo no terminé mi pregunta, señor diputado.
Sr. Belnicoff. — Perdóneme, señor diputado.

En el índice correspondiente al mes de junio de la síntesis, no están incluidos los tremendos aumentos producidos en estos últimos treinta o cuarenta días en el precio de la carne, de las hortalizas, de las frutas, del pan y demás artículos de primera necesidad.

Los índices que pertenecen al mes de julio no se han publicado todavía, pero los que se conocen están muy por debajo de la realidad argentina. Esta es la verdad. No se puede discutir esto.

Sr. Posse. — Mi pregunta no tiene respuesta todavía. No hago juego de palabras cruzadas. Yo pregunto al señor diputado: si el índice establecido por la Dirección de Estadística que se ajuste a la realidad fuera exacto, si es o no suficiente la aplicación de un coeficiente correcto para mantener el poder adquisitivo del haber jubilatorio que fijaremos.

Sr. Belnicoff. — Hasta ahora, en este país, la experiencia ha demostrado que la aplicación de los índices de costo de la vida a los haberes jubilatorios significa colocarlos por detrás de los sueldos que perciben los que están en actividad.

Sr. Monte. — ¡Es claro! porque antes no gobernábamos nosotros. (Risas.)
Sr. Belnicoff. — Hubiera sido peor.

No quiero fatigar a la Honorable Cámara siguiendo este tema de los coeficientes y de como a juicio de esta bancada podría organizarse un verdadero instituto de aplicación del coeficiente del costo de vida. Lo dejamos para el martes próximo en que concurrirá a la Honorable Cámara el señor ministro de Economía y con el discutiremos este aspecto de la cuestión.

De lo dicho por los señores diputados Posse, González, Canepa, Monte, Rodríguez Araya, Rivero, etcétera, se deduce que los jubilados han vivido y viven un verdadero drama que no desconoce ninguno de los señores diputados. La inmensa mayoría de ellos se pierde cada día en los vericuetos de una burocracia que es realmente demoledora. Por ejemplo, en una caja llego una señora a cobrar su jubilación y se encontró con que ya la había cobrado otra.

La caja de jubilaciones de la ley 11.110 necesita en este momento 20 millones de pesos para hacer frente a los requerimientos...

Sr. Bernasconi. — A un peso por argentino, queda resuelto el problema de los 20 millones de pesos.
Sr. Belnicoff. — Podría ser; pero no se trata de que cada argentino entregue un peso para mejorar la situación de la caja. El problema existe porque el Estado se queda con la aportes que deben ir a la caja 11.110.

Sr. Bernasconi. — Era simplemente una ironía, señor diputado, pues coincido con el pensamiento que viene exponiendo.
Sr. Belnicoff, — Y de buen cuño, El despacho de la mayoría ofrece aspectos negativos. No establece la jubilación móvil, pues determina el reajuste de los haberes jubilatorios una sola vez por año, cuando es público y notorio que el aumento de sueldos y salarios se produce en periodos menores de un año.

El artículo 3 es confuso.

La escala que admite el proyecto no contempla ciertos niveles de vida; no establece tampoco límite para la absorción del aumento y, de acuerdo con la publicación que yo tengo, no fija para el Estado la obligación de ponerse al día.

Nuestro despacho ofrece los siguientes aspectos positivos. Establece la jubilación móvil del 82 por ciento en función del sueldo en actividad, hacia el pasado y hacia el futuro.

Nuestra escala es mas humana, sin ser excesiva. Pedimos como anticipo el incremento de 1.000 y de 800 pesos para jubilaciones y pensiones, respectivamente.

Es cierto que el diputado que habla y otros, con anterioridad y en el antedespacho, presentaron iniciativas con cantidades mas bajas, pero no es menos cierto que considerando la fecha de presentación de ellas, se puede comprobar que el costo de la vida ha aumentado gigantescamente en estas últimas semanas.

Nosotros también nos referimos a la acumulación de dos o mas cargos y a la situación de los jubilados que han vuelto a la actividad; al haber mínimo de jubilaciones y pensiones, que debe ser de 2.000 pesos y 1.700 pesos, respectivamente; a la obligación del Estado de ponerse al día con su deuda hacia las cajas y pagar en efectivo los intereses de las obligaciones ya emitidas. También agregamos un nuevo artículo definitorio en materia de prestaciones. En el despacho de la minoría, cuando se refiere a que el 82 por ciento se establecerá con referencia a los doce últimos meses, reemplazamos la palabra «últimos» por «mejores».

Suprimimos el articulo 10 del despacho de la mayoría, que se refiere al retiro voluntario, para que quede en vigencia la disposición tal cual esta estatuida por los regimenes actuales, con el fin de solucionar este problema en otra oportunidad, cuando se consideren los estudios que se están realizando a los efectos de producir un despacho que establezca el régimen básico del sistema provisional argentino.

En el artículo 15 hemos modificado la parte que se refiere a la formación del fondo acumulador de inversiones. Donde dice: «cuyos recursos se formaran con los excedentes de las cajas nacionales de previsión enumeradas en el articulo 19, una vez efectuado el pago de las prestaciones ordenadas por sus respectivos regimenes y el de sus gastos administrativos, deberá decir: «cuyos recursos se formaran con los fondos de las cajas nacionales de previsión enumeradas en el articulo 1, provistos una vez efectuado el pago de las prestaciones ordenadas por sus respectivos regimenes y el de sus gastos administrativos. Estos recursos deberán ser transferidos por las cajas al fondo compensador que establece el presente artículo, y su participación proporcional se hará de acuerdo a la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo de la Nación.

Sr. Schweizer. — ¿No le parece al señor diputado que esas consideraciones deben hacerse en la discusión en particular?
Sr. Belnicoff. — En este planteo de tipo general he querido referirme a los aspectos más importantes de nuestra posición, con el fin de que los señores diputados del sector de la mayoría reconozcan cuales serán las modificaciones que propondremos en la consideración de los despachos en particular.

Creemos, como se declaro en Filadelfia, que todos los seres humanos tienen derecho a vivir en condiciones de libertad, dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades.

Antes de terminar, voy a repetir lo que manifestó en esta Honorable Cámara durante otro periodo de sesiones. Cuando el gran presidente Roosevelt enuncio las cuatro libertades esenciales, enumero una cuyo significado trascendente no pudo escapar al criterio de nadie: libertad de la miseria, es decir, el alejamiento del hombre del dolor y del sufrimiento derivados de la necesidad. El gran estadista, queriéndolo o no, concreto las bases de la verdadera libertad social.

Cuando Mariano Moreno afirmaba que cualquier déspota puede hacer cantar a sus esclavos himnos de libertad, anticipaba la dura aplicación de las técnicas sociales en manos de las dictaduras modernas.

Cuando Beveridge proclama que la necesidad, la ociosidad, la enfermedad, la ignorancia y la desnutrición son los cinco gigantes destructores del ser humano, señala la urgencia del establecimiento de un mundo mejor.

Cuando Yrigoyen expresa que no es útil ni humanitario esperar a la invalidez para acordar al que trabajo los mejores años de su vida lo que economizo en ella, restablecía un concepto cabal de justicia social que venia de los más recónditos rincones de la historia. Es que todos ellos, Roosevelt y Beveridge, Mariano Moreno e Hipólito Yrigoyen, recogieron las grandes voces de liberación de los pueblos sobre la base de una seguridad social, sin opresión, integrada en la libertad, en la justicia y en el derecho.

Señor presidente y señores diputados: estudiemos y discutamos los dos despachos. Los hombres del sector de la minoría no tenemos ninguna vanidad; solamente queremos la solución de este problema. 

Si los señores representantes del sector de la mayoría en la discusión en particular nos ofrecen puntos de vista que se puedan concretar en una verdadera y autentica mejora que contemple las necesidades que sufren actualmente los jubilados y pensionistas, las aceptaremos, pero tendrá que ser sobre la base de principios que ya hemos enunciado: el haber jubilatorio establecido en el 82 por ciento móvil, en función del sueldo en actividad, hacia el pasado y hacia el futuro. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)











Fuente: Honorable Cámara de Diputados de la Nacion Argentina.

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