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sábado, 7 de noviembre de 2015

Carlos Alconada Aramburú: "Los invariantes históricos que impiden la democracia" (27 de septiembre de 1977)

Invitado a participar en este ciclo de disertaciones sobre "Las Instituciones y las Ideas Políticas", como representante de una definida corriente de opinión política, de raigambre histórica, he meditado sobre la necesidad de superar contagiosos "estados de vértigo", que aconsejan soluciones extremas o providenciales, siempre de emergencia, propias de todo país inmaduro; y buscar, en cambio, según la aguda expresión de Martínez Estrada, los "invariantes históricos" que nos ayuden a comprender la realidad nacional.

Como no deseo improvisar argumentos -aun cuando reconozco que cada momento histórico tiene sus problemas propios-, he de recurrir en mis reflexiones a viejas observaciones que vengo formulando con respecto al proceso político argentino.

Para poner la realidad actual en su quicio, luego de la experiencia vivida, y con el objeto de evitar exasperaciones, resulta aconsejable recordar a Montesquieu. Aludiendo al esfuerzo de los ingleses por establecer entre ellos la democracia, decía:

"Como los políticos no tenían virtudes y, por otra parte, excitaba ' su ambición el éxito del que había sido más osado (Cromwell); como el espíritu de una facción no era contrarrestado más que por el espíritu de otra, el gobierno cambiada sin cesar; el pueblo, asombrado, buscaba la democracia y por ninguna parte la veía. Al fin, después de no pocos movimientos, sacudidas y choques, fue necesario descansar en el mismo gobierno que se había proscripto".

Tras afirmar que "todos los golpes fueron para los tiranos, sin que alcanzaran a la tiranía", señalaba Montesquieu: "Los políticos griegos que vivían en gobierno popular, no reconocían otra fuerza que pudiera sostenerlo sino la de la virtud. Los de hoy no nos hablan más que de manufacturas, de comercio, de negocios, de riquezas y aun de lujo".

En momentos de crisis es menester buscar el cimiento sobre el que se debe construir, que no es otro sino el vigor de las instituciones. Ello es lo permanente, pues, como advertía Ganivet, no es válida la alternativa de que el dilema tiene una sola salida:

"... que los hombres no caminan en ninguna dirección, y que hace falta que venga de vez en cuando un genio que los guíe; y es posible que quien tal crea, piense ser el genio predestinado a guiar a sus semejantes como a una manada de ovejas".

La democracia reconoce al pueblo como asiento de la soberanía política. Al pueblo concreto, tal cual es, y no según la irónica suposición de Rousseau:

"Convengo en las bellezas de la democracia; dadme un pueblo de ángeles y la acepto...".

La democracia no necesita "genios" predestinados y repele la misión redentora de las minorías autoiluminadas de que nos habla Jacques Maritain.

El Pensamiento Elitista
Son cuatro los "invariantes históricos" que el observador descubre en el proceso político argentino:

1. La persistencia de un pensamiento elitista.
2. La presencia de las Fuerzas Armadas en el proceso institucional.
3. La conversión del orden conservador en régimen corporativo.
4. La participación orgánica de las Fuerzas Armadas en el poder.

El pensamiento elitista pretende condicionar la expresión general. La Constitución de 1819 no sólo tuvo la intención de concentrar el poder sino que introdujo un elemento aristocratizante: un Senado integrado con dignidades eclesiásticas, civiles y militares.

Dicho cuerpo debía formarse con un senador por cada provincia, "tres senadores militares, cuya graduación no baje de coronel mayor; un obispo y tres eclesiásticos, un senador por cada Universidad y el Director del Estado, concluido el tiempo de su gobierno" (art. X).

El federalismo de Rosas -tan distinto del de Dorrego o Artigas-, y con prescindencia de su populismo masificador, constituyó un sistema de concentración del poder económico y político en las clases dominantes de Buenos Aires, que cohonestó la formación jurídica del Estado Federal y que apoyó su doctrinarismo político en la mejor tradición elitista y antidemocrática.

Rosas, ante el avance de la revolución democrática y la popularización del goce de los bienes modernos, escribe desde Southampton, el 4 de enero de 1870:

"La plebe de esta tierra sigue su camino insolente; y los derechos son terribles".

La denominada política de los acuerdos, que cubrió un largo período de nuestra historia, consistía, como observa Natalio Botana, "en un sistema de transferencia del poder mediante el cual un reducido número de participantes logró establecer dos procesos básicos: excluir a la oposición considerada peligrosa para el régimen y 'cooptar' por el acuerdo a la oposición moderada, con la que se podía transar sobre cargos y candidaturas".

El mantenimiento del orden conservador no se compatilizaba con la formación de los partidos políticos. Sarmiento, al asumir la Presidencia de la Nación en 1868, recoge ese estado de opinión y responde:

"Los partidos políticos existen ab initio y continuarán siempre. Los partidos son la opinión asociada, reunida en grupos. Los que no tienen opiniones no forman partidos políticos ni deben tomar parte en la vida pública porque no harán sino males, prolongando el malestar, desmoralizando la opinión con sus dudas y su falta de principios que los guíen".

Todas las instituciones modernas, agregaba, que reconocen la libertad y la igualdad de derechos de las opiniones políticas, tienen por base los partidos políticos, que son simplemente la organización que se dan las ideas en grupos y aglomeraciones de voluntades, para concurrir a hacerlos prevalecer en la dirección de los negocios públicos".

Ese sentimiento elitista -de raíz universal- fue materia de un ensayo por Augusto Bunge, que tuvo trascendencia por la hondura de su pensamiento y su significación histórica en el proceso argentino. A la altura de 1915, en El culto de la vida, Bunge refuta "las teorías que niegan valor al gobierno efectivo del pueblo como agente de progreso histórico", y después de afirmar que "no es burda aritmética la del gobierno popular", añade:

“El no se basa en una suma y resta mecánica de votos: es, como todo fenómeno, una lucha de fuerzas. Fuerzas de intereses y fuerzas de ideales. Si el gobierno debe corresponder a la mayoría, es por ser la mayoría la expresión más aproximada posible de las fuerzas cuyo predominio representa más exactamente la inteligencia social. Triunfa el mayor número pero lo congrega la gravitación de la fuerza mayor".

Y concluye:

"La historia y la actualidad evidencian que los gobiernos más o menos representativos, con todos sus graves defectos, son en conjunto muy superiores a los que emanan de un régimen puro de clase, de casta o de camarilla".

La Obra de Yrigoyen
El fraude electoral, desde el punto de vista político, fue el instrumento de preservación del régimen conservador. Su utilización funcionó como reaseguro ante la espontánea formación de grupos políticos, para impedir la transferencia del poder.

El fraude, como sistema, completaba o integraba la fórmula de los acuerdos.

He recogido el pensamiento esclarecido de tres representantes de ese orden, actores lúcidos de un proceso que denunciaron por contrariar los intereses de la Nación.

Carlos Pellegrini exclamaba en el Senado de la Nación, con la espontaneidad explosiva que le caracteriza Groussac:

"Yo creo que la causa original, fundamental, de todos los vicios políticos que han llegado hasta a suprimir el régimen electoral de la República, está en el fraude o en la simulación electoral".

La penetración de Joaquín V. González resulta sorprendente:

"Nosotros somos un organismo político roído por el fraude y la mentira y estas dos cualidades inherentes a nuestra viciosa educación política son las que determinan actualmente todos nuestros males sociales. Educar al pueblo en el fraude y la mentira, es preparar la disolución social y días muy amargos para la República".

Es indispensable detenerse en el análisis del comportamiento político de las élites detentadoras del poder. Estadistas como Pellegrini y González, despojados de los intereses sectoriales y en función de una verdadera actitud política, "proclamaron la verdad y buscaron sinceramente el remedio", según anotara el segundo de ellos. En cambio, los beneficiarios del régimen no se resignaban al cambio, y resistían la política de transición de Sáenz Peña.

El ilustre presidente, al exaltar las reformas electorales de 1912 en su mensaje al Congreso, del año siguiente, se hizo cargo de esa realidad y dijo:

"El triunfo alternativo de dos partidos extremos ha despertado inquietudes en algunos espíritus, que miran aquellos actos como un peligro para la sociedad conservadora. No todos los conservadores participan de las mismas aprensiones y yo debo deciros que tampoco las comparto. Desde luego, se trata de partidos que operan dentro del orden y la libertad, con sus doctrinas y con sus banderas, amparados por la Constitución. Por el hecho de votar no son partidos revolucionarios y quienes no participan de sus aspiraciones y tendencias, tienen franco el camino comicial para contrarrestarlas o limitarlas por los resortes de la misma ley".

La resistencia al cambio fue enorme. La muerte de Sáenz Peña y el acceso a la Presidencia de Victorino de la Plaza, significó una oportunidad propicia para que los grupos dominantes se recompusieran. El nuevo presidente, en su primer mensaje trató de apaciguar el ánimo de los inquietos, y en tono de compromiso político les aseguró que "ni remotamente podría suponerse que para salvar formas de imparcialidad electoral, pudiera serle indiferente la suerte del país o el desastre de las instituciones".

"La suerte del país o el desastre de las instituciones" no significaba otra cosa que el asiento de la democracia y el traspaso del poder al pueblo. El orden conservador no debía ser sustituido, pese al acto comicial que se avecinaba: tal era la decisión del régimen. El diario La Prensa, en un difundido editorial del 13 de agosto de 1916, formulaba esta advertencia:

"Somos, queremos ser, una sociedad orgánica, tradicional y definitivamente conservadora de sus conquistas institucionales, económicas y sociales. He ahí la sociedad entonces que gobernará el partido Radical desde el 12 de octubre. He ahí el gran programa conservador que le impone la República, bajo el apercibimiento solemne de que de no observarlo, fracasará y será batido y desalojado del poder".

Es necesario comprender y reflexionar respecto del verdadero comportamiento de los grupos dominantes. Una realidad política acuciante -agobio económico, descomposición moral y resistencias revolucionarias- y la visión esclarecida de Sáenz Peña determinaron la apertura formal del proceso político argentino en 1916, pero los detentadores del poder real estaban dispuestos a impedir su transferencia, de cualquier manera.

El Presidente Yrigoyen explicó años más tarde el contenido de su accionar, que le permitió llegar al Gobierno de la República:

"Con la 'revolución' se propuso mantener en pie de permanente rebeldía -en la conspiración constante- a la ciudadanía argentina, contra los usurpadores del poder. Con la 'intransigencia' se encerraban los postulados del dogma, en una interpretación ortodoxa e intangible. De tal modo, se hacía imposible la desvirtuación de su sentido ético e histórico en entendimientos o uniones con facciones políticas a las que siempre habíamos combatido. Con la 'abstención' se lograba evitar que gran parte de los ciudadanos cedieran a los halagos de las prebendas y del usufructo de las cosas materiales, a cambio del debilitamiento de sus conciencias de hombres libres".

"Más que para gobernar", añadía, la llegada a la Presidencia serviría para "vindicar el honor de la Nación y restablecer el imperio de las instituciones básicas por la imposición de la propia soberanía y por la reorganización integral de los poderes".

Yrigoyen no se incorporó al régimen al concurrir al comicio y acceder al Gobierno, sino que forzó la transferencia del poder, quizá formal, pero que inauguraba el proceso de democratización de las instituciones. Robespierre, en plena Revolución Francesa, sostenía:

"La función del gobierno es dirigir las fuerzas morales y físicas de la Nación hacia el fin de las instituciones. El fin del gobierno constitucional es conservar la República; el del gobierno revolucionario, fundarla".

Hipólito Yrigoyen conservó intacta la República que la revolución, la intransigencia y la abstención fundaron. En el gobierno, fracturó las estructuras del régimen, reivindicó los derechos populares, recuperó la tierra arrebatada a la Nación mediante decisiones memorables, sentó las bases perdurables de la política energética, realizó la democratización de la educación, dio personalidad política a la Nación en el orden internacional, retuvo en sus manos los controles políticos de la economía, estableció los cimientos de la democracia política y social, aseguró las libertades públicas.

El constitucionalismo, como programa de gobierno, no significó una abstracción filosófica o una difusa posición de doctrinarismo político, sino una avanzada transformadora. La institucionalización de los derechos y garantías del pueblo, como culminación y epílogo de un proceso revolucionario, puso fin a un régimen asentado en los privilegios, que las minorías se arrogaban por sí y para sí. El constitucionalismo activo y militante, como doctrina política, y la instauración de la democracia como forma de gobierno, representaron un aporte de innegable trascendencia histórica.

La continuidad del proceso institucional, las decisivas mayorías alcanzadas por el radicalismo en 1928 que le permitirían el ejercicio real del poder político y económico, retenido aún por los sectores dominantes en el Congreso; la pérdida del poder económico por parte de los centros internacionales (política petrolera), el auge de los regímenes autocráticos en el mundo, como respuesta al revolucionarismo comunista iniciado en 1917, la incomprensión de las élites políticas y culturales, determinaron la ruptura del orden constitucional en 1930. Aparece así el segundo invariante histórico: la presencia y participación de las Fuerzas Armadas en el proceso institucional.

Aparición del Fascismo
Un autor de nuestros días, Enrique Zuleta Alvarez, examina la formación y postulados del nacionalismo doctrinario. La campaña emprendida por Lugones en 1921, que protagonizó el grupo editor del periódico La Nueva República en vísperas del golpe del 6 de setiembre de 1930, "señaló la necesidad de mitigar la incidencia del elemento democrático en las instituciones y en la vida política del país", escribe Zuleta Alvarez. "Se discutió el régimen surgido de la Constitución de 1853 y de la ley Sáenz Peña, pero sólo después de dicha revolución se debatió seriamente la forma del régimen de gobierno", agrega.

"En el plano político, la fuerza se definía como autoridad, como reconocimiento de un mundo que implicaba jerarquía y orden, es decir, una organización social que asumiera la realidad de una aristocracia -continúa-. Para Lugones, la única institución capaz de mantener estos valores era el Ejército, que se había mantenido al margen de la corrupción igualitaria y democrática. Ante la caducidad del sistema político e institucional del siglo XIX, sólo el militarismo ofrecía una posibilidad de defensa de los valores esenciales". El lenguaje de Lugones fue directo: "Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada".

El militarismo de Lugones, dice el autor citado, "estaba acompañado por un autoritarismo influido por el ejemplo del fascismo de Benito Mussolini que, como a muchos de sus coetáneos en la Argentina y Europa, le había afirmado en la creencia de que sólo se saldría de la crisis por medio de la dictadura".

En un anterior estudio sostuve que el fascismo surge como doctrina política basada sobre las ideas de persona, familia, sindicato, comunidad y Estado. "Las ideas democráticas quedaban desamparadas -explica Kelsen- por las extremas derechas como por las extremas izquierdas; y el fascismo, no obstante significar la dictadura burguesa y nacionalista, no quiere pasar como el bolchevismo, por ser el dominio de una clase, sino que se afirma contrariamente, como representante de la totalidad de un pueblo unificado en la Nación".

"En el Estado fascista -prosigue- no impera ya la ideología democrática, sino un ideario aristocrático -autoritario-, más o menos consciente y consecuentemente desenvuelto. Allí impera la idea de que la élite es la llamada a ejercer la función directiva, y la idea, o mejor, la creencia en la naturaleza carismática de una personalidad (o 'caudillo'), a la que de manera misteriosa y sobrenatural se le ha otorgado la gracia de dirigir la cosa pública. El principio autoritario sustituye al democrático; pasa a primer plano la exigencia de la disciplina y de la obediencia incondicional al superior jerárquico e incluso la administración civil recibe un carácter esencialmente militar".

Ese espíritu autoritario y regresivo inspiró el golpe militar del año 30. El propósito no sólo fue, como considera Natalio Botana, recuperar (regresión a 1916) "el control de la oposición y la conservación del poder por medios ilícitos -proscripción y fraude", sino el de sustituir el fundamento político del poder. Los testimonios de Lisandro de la Torre, Federico Pinedo, Carlos Ibarguren, Juan P. Ramos y las Memorias del general Sarobe con adiciones del entonces capitán Perón, coinciden en afirmar que se trataba de instaurar un régimen corporativo, cuyo fundamento no sería el pueblo sino la fuerza.

La tendencia autoritarista tuvo su más expresiva representación no sólo en los intentos de reformas corporativas (reemplazo del Congreso por una entidad gremial, eliminación de los partidos políticos y re-agrupamiento de los ciudadanos en categorías, gremios, grupos profesionales o corporaciones de intereses; sustitución de la representación política por la técnico-funcional), sino, y muy especialmente, en la creación de milicias paramilitares, a imitación de las fascistas, las que tomaron estado legal por decreto del 18 de mayo de 1931.

Las resistencias producidas en el seno mismo de las Fuerzas Armadas (algunas con atisbos de levantamientos) y el repudio de la ciudadanía expresado en los comicios del 5 de abril de 1931, celebrados en la provincia de Buenos Aires (error de análisis político superado por la anulación del acto eleccionario), desplazaron al sector corporativista y se regresó, como comportamiento derivado, a un "constitucionalismo fraguado".

Hubo así un retorno político a las prácticas abandonadas en 1916: fraude, violencia, acuerdos, control de la oposición, sucesiones concertadas o impuestas. Pero el agotamiento de un proceso sin legitimidad ni representatividad, y la tensa situación internacional -el curso de los acontecimientos bélicos- aislaron al Presidente Castillo del poder militar y se produjo la revolución de 1943.

El nuevo gobierno se inicia con la disolución de los partidos políticos (decreto 18.409) y se vuelve al sistema electoral de simples mayorías (decretos-leyes 12.298/36, 17.427 y 25.562/45), para asegurar la legitimidad del coronel Perón en el ejercicio del poder, que lo detentaba de facto.

El respaldo electoral no fue óbice para que se introdujesen reformas en la estructura del poder: se trató de pasar del régimen democrático (Constitución de 1853) a un sistema autoritarista, con instituciones corporativas.

Así, la Constitución de la provincia del Chaco, sancionada en 1951, establecía en su artículo 33 el principio funcional de la doble representación:

"...la mitad será elegida por el pueblo... la otra mitad será elegida por los ciudadanos que pertenezcan a las entidades profesionales que se rigen por la ley de asociaciones profesionales". La Constitución de la provincia de La Pampa, dictada en 1952, imponía el Estado sindicalista y, según expresiones de un convencional:

"Todos, obreros, empleados, industriales, comerciantes, médicos, abogados, trabajadores en cualquier rama del intelecto, gozarán del doble voto, es decir, que además de votar como ciudadanos, aportarán su voto sindical".

Por otra parte, el artículo 78 de la Constitución Nacional (reforma de 1949) consagró la reelección indefinida del Presidente. De este modo se suprimieron los principios propios del régimen representativo sobre periodicidad y renovación.

El pensamiento elitista, en su expresión autoritaria, que había socavado los cimientos del sistema democrático, tomaba en algunos sectores influyentes el carácter corporativista. Esta conversión del orden conservador -constitucionalismo formal o aparente- en régimen corporativo o funcional, importa el tercer invariante histórico.

Un Programa Frustrado
No puedo compartir la opinión del doctor Jorge R. Vanossi en el sentido de que todos los movimientos revolucionarios incumplieron las promesas de "inaugurar una nueva era política o de instaurar un nuevo régimen de instituciones políticas", dejando "las propuestas de reordenación de las instituciones, postergadas o relegadas para la instancia final del proceso".

Deseo detenerme, rescatando la verdad histórica, en el proceso institucional abierto en 1955.

En las Directivas Básicas dictadas el 7 de diciembre de ese año, el gobierno, después de enfatizar su "provisoriedad" y proclamar su decisión de vigorizar las instituciones democráticas, reconoce como presupuestos de ellas al pueblo, a la auténtica voluntad popular, a los partidos políticos, la consulta electoral y la vigencia plena de los derechos del hombre.

En la proclama del 27 de abril de 1956 se declara que "el acto de mayor trascendencia es el de adoptar la Constitución... "como" atributo esencial de la soberanía", residente en "la totalidad de los ciudadanos". En resguardo de esa soberanía popular fundante del poder político, se retorna a la vigencia de la Constitución Nacional sancionada en 1853, con sus reformas de 1860, 1866 y 1898.

La convocatoria a una Convención Reformadora de la Constitución, a través del decreto 3838 del 12 de abril de 1957, representa una manifestación inequívoca de la voluntad política de "reordenación de las instituciones".

El gobierno cívico-militar, "en ejercicio de los poderes revolucionarios" que detenta, se somete al "pueblo de la Nación" para que éste tome "la intervención directa que le corresponde en la decisión del orden institucional". Mediante la reforma se busca "asegurar":

a) el establecimiento del régimen electoral más adecuado;
b) el afianzamiento del sistema federal de gobierno;
c) el afianzamiento de la libertad individual y de expresión y de los derechos individuales y sociales;
d) el fortalecimiento de las autonomías municipales;
e) el equilibrio interno entre los poderes del Gobierno Federal, dando al Poder Legislativo independencia funcional y poder de contralor y fijando las facultades del Poder Ejecutivo, inclusive en la designación y remoción de los empleados públicos. El robustecimiento integral del Poder Judicial;
f) el régimen adecuado de dominio y explotación de las fuentes naturales deenergía.

Todo un programa de reformas y de reordenamiento institucional tendiente a resguardar a las instituciones democráticas de las deformaciones del fraude y los ensayos corporativistas. Se trataba de un reordenamiento democrático; quizá las disconformidades no sean manifestaciones científicas sino de desagrado político; no olvidemos los invariantes históricos: elitismo, autoritarismo, militarismo y corporativismo.

Por decreto 15.900, del 15 de noviembre de 1957, se llamó a elecciones generales. El partido peronista, excluido del proceso como tal, consagró la fórmula presidencial a través de un pacto. El presidente de la Nación, privado de representatividad propia, fue permanentemente presionado. El avance de los centros económicos internacionales y los reiterados planteamientos de las Fuerzas Armadas llegaron a debilitar el poder civil y a modificar la estructura institucional de la República.

Mantenido simbólicamente el régimen institucional con la designación del doctor Guido como presidente, y frustrado el intento de formación de un frente electoral que ungiría al general Onganía, se llega a los comicios de 1963.

El Reordenamiento de 1963-1966
El proceso electoral de 1963 no fue, de ninguna manera, un acto de convicción democrática sino una determinación política de salida o, más exactamente, de "espera". Los sectores corporativistas, con apoyo en los grupos financieros internacionales, se encargarían de crear el clima necesario que posibilitase o justificase el nuevo golpe militar, el cual se concretaría en 1966.

En ese clima ficticio, tendiente a "desestabilizar" el gobierno constitucional, se fabricó un aparente estado de ansiedad política: todos los problemas económicos, sociales, culturales y financieros tenían plazo improrrogable para su solución. El propósito político, a veces oculto y muchas otras confesado, era el de mostrar la ineficacia de las instituciones democráticas, el agotamiento de un sistema y la necesidad de su sustitución.

El doctor lllia, el candidato más votado (25,15 por ciento), alcanzó amplia mayoría en el Colegio Electoral. Su elección fue indirecta; por lo tanto, referirse al acto eleccionario original es un ardid discursivo. Sostener que un proceso atomizado -que el régimen electoral proporcional facilitó- resta eficacia al sistema constitucional de elección, es un absurdo conceptual y político, importa un contrasentido, pues debe, necesariamente, existir un procedimiento que supere esa atomización y permita la designación popular del presidente.

El gobierno del presidente Illia representó el proceso más coherente y sostenido de reordenamiento de las instituciones republicanas.

Se recompuso el cuadro institucional de la Nación suprimiendo las proscripciones políticas. Las provincias, en pleno ejercicio de sus autonomías, fueron gobernadas por representantes de las distintas corrientes políticas. La renovación del Congreso, en 1965, facilitó al peronismo el contralor de sus decisiones. Los debates parlamentarios traducían con veracidad el estado conflictual de ese momento histórico, abriendo perspectivas al diálogo y a la comprensión.

El acto eleccionario de 1965 significó la integración pacífica de la comunidad política y la participación activa del pueblo. El llamado "peligro peronista" se había convertido en una entelequia: en paridad de fuerzas [29,63 por ciento) con el partido gobernante (28,49 por ciento) participaba del proceso político.

Se derogó la denominada legislación represiva, restituyéndose la vigencia de las instituciones. Las libertades públicas alcanzaron su expresión más alta. No se recurrió al estado de sitio y el equilibrio de los poderes logró el nivel adecuado.

Debo agregar, finalmente, remitiéndome a un estudio documentado del economista doctor Enrique García Vázquez, que la actividad económica en el período 1963-1966, a través de sus indicadores, exhibió un grado de prosperidad singular que marca un hito en el historial económico de la Nación.

El favorable proceso económico, la paz social, el respeto de los derechos humanos, la vigencia plena de las instituciones republicanas, la participación total de la ciudadanía, sin exclusiones, no impidieron que se produjese el 28 de junio de 1966 el golpe "retardado" desde 1963. Es que se buscaba el mesianismo político.
Fue un movimiento de raíz autocrática; existió unicidad conceptual en el proceso, sin perjuicio de los matices ideológicos que ha denunciado el general Lanusse.

Las Fuerzas Armadas Dentro del Poder
La llamada "revolución argentina" realizó una verdadera "subversión institucional".
Las leyes vigentes, que regulaban el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, fueron condicionadas al hecho militar. La seguridad personal acabó retaceada. El instituto del habeas corpus, en virtud de la ley 18.799, perdió su eficacia práctica en la defensa de las libertades individuales. La ley 18.235 autorizó, sin posibilidades de revisión judicial, la expulsión del habitante extranjero, aun teniendo residencia permanente. Las leyes 18.701 y 18.953 incorporaron, en contradicción con nuestras tradiciones y en pugna con los derechos humanos, la pena de muerte como institución de derecho público.

Además, las leyes 17.401 y 18.234 excedieron sus propios fines -disolución de los partidos políticos- y tipificaron el delito de opinión.

Las leyes 16.970 y 19.081, sin respetar el debido proceso, desplazaron la jurisdicción civil a la militar. La ley 18.670 estableció con carácter temporario un régimen de instancia única con restricciones a la libre defensa. La ley 19.053, en pugna con el artículo 102 de la Constitución Nacional, concentró facultades jurisdiccionales de todo el país en un tribunal penal creado con fines sancionatorios.

Finalmente la aplicación mecánica e ininterrumpida del estado de sitio, con negación del principio de razonabilidad, suprimió el principio de legalidad.

Por otra parte, la creación del Consejo Económico y Social (ley 19.569/72), que tenía como misión la de proponer las políticas nacionales y que se insertaría en el denominado plan de 10 puntos, como contenido del Gran Acuerdo Nacional, modificó la estructura del poder.

Según ese sistema, las Fuerzas Armadas no se mantendrían en el nivel constitucional con jerarquía de ministros, sino que "compondrán al mismo poder" y "con participación orgánica". El GAN suponía la continuidad del proceso comenzado en 1966, afirmándose en dos conceptos esenciales: la seguridad y la defensa, con todas las connotaciones políticas e implicancias funcionales que les reconoce la ciencia política moderna.

El lenguaje empleado y el fin explicitado: alcanzar "una democracia estable y eficiente", tiende a prefigurar un estado de inspiración autocrática con coparticipación cívico-militar.

Esta modalidad, composición del poder o participación orgánica de las Fuerzas Armadas, pasa a constituir el cuarto invariante histórico, a partir de entonces.

El llamado a elecciones en 1973 fue, como en 1931, un "comportamiento derivado", ante la frustración de introducir modificaciones en la estructura del poder, desde el pluralismo técnico formal y no político del general Onganía hasta la participación orgánica de las Fuerzas Armadas del general Lanusse.

En agosto de 1972, y "en el marco de una concepción rigurosamente democrática -se enfatiza- se sancionan un conjunto de disposiciones transitorias" que modifican la Constitución Nacional para "corregir una crisis de funcionalidad de los dispositivos institucionales", y ello "con la finalidad de otorgar mayor participación al ciudadano y dotar a las instituciones republicanas de la agilidad y eficiencia que la complejidad de nuestro tiempo demanda".

El desgaste de la tecnocracia, el deterioro económico y la "institucionalización de la violencia" determinaron la decisión política de convocar a las elecciones generales de 1973.

El advenimiento del peronismo al gobierno -cualesquiera fuesen las dudas suscitadas- abrió una perspectiva de institucionalización. El presidente Cámpora aflojó el sistema represivo, en pleno desarrollo de la violencia dentro de un confuso proceso de integración de derechas e izquierdas, e intentó implantar un socialismo nativo.

La sustitución de Cámpora por el general Perón -titular exclusivo del poder-, permitió a éste el ejercicio del gobierno. La sucesión a favor de María Estela Martínez de Perón, permitió exhibir la crisis de un gobierno.

No puede escapar al analista político que, pese al mantenimiento de las formas institucionales, la vigencia del régimen electoral y el aporte popular, funcionaba un sistema autocrático de poder. El Estado se confundía con el partido y el caudillo en la cúspide tomaba todas las decisiones.

El movimiento castrense del 24 de marzo de 1976 sustituyó un régimen autocrático, de origen popular, por un sistema militar. A través de un conjunto de documentos "fundacionales" la Junta Militar, "instalada" en el poder, se "convierte" en órgano supremo y "supervisor" del proceso no cerrado sino abierto de poderes y facultades constitucionales y con fines no definitivamente determinados.

Se instaura como orden normativo de prelación institucional: en primer término, a los objetivos básicos; en segundo término, al Estatuto, y en el tercero, a la Constitución Nacional y las Constituciones provinciales. El régimen constitucional de la Nación queda así reducido a un marco referencial sin obligatoriedad.

Si bien los documentos fundacionales proclaman la intención de establecer una democracia republicana, representativa y federal, al poner el acento en la creación de un sistema más jurídico-económico-social que político, crean un estado de inseguridad y suscitan interrogantes sobre el desenvolvimiento del proceso. La suspensión de la actividad política, como anatema, y el surgimiento, como objetivo, de una relación armónica entre el Estado, el capital y el trabajo, con fortalecido desarrollo de las estructuras empresariales y sindicales, revitalizan los examinados invariantes históricos.

Democracia y Diálogo
La democracia de tejas abajo se convierte en un sistema de diálogos, apunta Georges Vedel. "La filosofía democrática rechaza la creencia de que existe una armonía espontánea y automática entre los diversos interlocutores del mundo político. Pero esta filosofía no cree tampoco que las oposiciones sean de tal naturaleza que impidan encontrar una conciliación", añade.
La vida democrática, dice Vedel analizado por Jiménez de Parga, se articula con cinco diálogos esenciales:

1. Un diálogo entre el poder constituyente y el poder constituido. A través de este cambio de impresiones, la estructura política se torna flexible y evoluciona sin perder estabilidad.
2. Un diálogo entre gobernantes y gobernados. Es la fórmula más adecuada para aproximarse a la identificación de los que mandan y los que obedecen, sin atentar contra la división del trabajo, necesaria en una comunidad.
3. Un diálogo entre el Parlamento y el Ejecutivo. Se da eficacia a las relaciones que traban las asambleas numerosas -y poco dispuestas a actuar- con los órganos del Ejecutivo, que son, por sí mismos, instrumentos de decisión.
4. Un diálogo entre la mayoría y la minoría, "fundamental y donde acaso reside el secreto de la auténtica democracia", afirma Vedel.
5. Un diálogo entre el Estado y los grupos. Con él se hace viable la situación de pugna -eterna- entre el interés general y los intereses particulares.

Burdeau, por su parte, queriendo caracterizar a la democracia en su evolución histórica, reconoce dos tipos: democracia gobernada o de control, sin iniciativa política (siglo XVIII), y democracia gobernante, donde el pueblo pasa del control a la acción.

No se puede concebir a la democracia sin pueblo; en él reside la soberanía política, y el pueblo no tiene otra forma de expresarse sino a través de los partidos políticos, y sólo puede gobernar por intermedio de sus representantes. El diálogo democrático supone, necesariamente, la participación del pueblo. Una democracia "eficiente" no es aquella que componen las minorías -autocalificadas de élites-, sino la que forman las mayorías concertadas con las minorías y representadas por los mejores. Democracia "fuerte" es la que logra estabilidad en sus instituciones y sofoca las violencias individuales y grupales no la que impone un orden por Ia acción de la fuerza.

La historia enseña que la acumulación de autoridad conduce inevitablemente al absolutismo y a la arbitrariedad. "Un poder sin control -decía un pensador- es un poder loco".

El análisis del general De Gaulle en su discurso de Bayeux (junio de 1946), es toda una lección política:

"Indudablemente, sus comienzos (los de la dictadura, como concentración del poder) parecen beneficiosos. En medio del entusiasmo de unos y de la resignación de otros, en el rigor del orden que ella misma impone y favorecida por un decorado brillante y una propaganda unilateral, cobra en el primer momento un cariz de dinamismo que contrasta con la anarquía precedente. Pero el destino de las dictaduras es el de desorbitar sus empresas... A cada paso surgen, fuera y dentro, obstáculos multiplicados. Finalmente, el mecanismo se rompe. El edificio grandioso se desploma en medio de calamidades y sangre. La Nación se siente quebrantada y más hundida que antes de comenzada la aventura".

El diálogo debe ser fecundo y abierto. La herida producida a las instituciones en 1930, debe cicatrizar. La crisis institucional no se ce-rró el 24 de marzo de 1976. Es indispensable fortalecer las instituciones, reajustándolas a la luz de la experiencia vivida, para restablecer el equilibrio de los poderes, pero no para institucionalizar el hecho fascista. La democracia reside en la virtud, según expresión de Montesquieu, que exalta a los mejores y no a los representantes de intereses.

"Digámoslo -expresaba el ilustre pensador- en alabanza de las antiguas leyes francesas: éstas consideraban a los hombres de negocios con tanta desconfianza como a los enemigos. Cuando en Roma fueron jueces los negociantes, se acabó la virtud, desapareció la policía, no hubo equidad ni leyes ni magistratura ni magistrados".

Los grupos de intereses deben participar -representan legítimos intereses sectoriales- sin que ello permita reconocer un pluralismo técnico formal y no político.
El diálogo, por otra parte, no debe circunscribirse a los independientes. Oigamos a Ramón J. Cárcano en Mis primeros ochenta años (ediciones Pampa y Cielo, 1965, páginas 262/263):

"Los independientes son una clase que debe extinguirse en una democracia sana.

Significan disgregación en vez de cohesión. Son los factores de combinaciones imprevistas, capaces de todas las alianzas y todas las segregaciones. Se aproximan o separan, según sus intereses o pasiones transitorias".

"De un día para otro pactan con las opiniones más distintas y los nombres más contrarios. Son grupos y nombres preparados a nadar en todas las aguas, especies de algas flotantes de todas las corrientes".

"El individualismo, tan hinchado y suficiente en nuestro medio, ha engendrado el político independiente, una sensible confusión de conceptos y actitudes".

"APOLÍTICO no es siquiera palabra castellana..."

El diálogo entre los gobernantes -las Fuerzas Armadas- y la "oposición", entendiendo como tala los sectores excluidos del poder por decisión unilateral, debe ser real, reconociendo interlocutores. El diálogo tiene como fundamento la contradicción y como objetivo la composición o el compromiso. El compromiso institucional debe corresponderse con la realidad política de la Nación, y el poder político debe recomponerse con la integración de civiles y militares en resguardo de las instituciones republicanas.

La Constitución Nacional sigue siendo la bandera de unión de los argentinos. Allí, como mandato de la historia y como pacto de constitución fundante, se establece que las declaraciones, derechos y garantías que ella reconoce expresa o implícitamente, "nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno".

El cuestionamiento de la democracia como omnipotencia de las mayorías quedó dilucidado, precisamente, en el diálogo profundo entre Tocqueville y John Stuart Mill en 1835. Se trata "no tanto de encontrar los medios de hacer gobernar al pueblo, como de hacerlo escoger a los más capaces de gobernar y de darle sobre éstos un poder suficientemente grande para que pueda dirigir la totalidad de su conducta y no el detalle de los actos ni los medios de ejecución".
La respuesta fue dada entonces: el pueblo será la limitación natural de cualquier exceso del poder, de cualquier exageración política del gobernante, y la representación -no la delegación- será a su vez el recurso de selección de quienes obtienen esa autoridad.

Debe comprenderse definitivamente que la solución política que reclama la Nación no requiere un acto de imposición logrado a través de un proceso de adhesión, sino un acto deliberativo de composición. Las ideas políticas se mantienen en el seno del pueblo en permanente ebullición: no hay que ignorarlas o sofocarlas, sino encauzarlas institucionalmente.

El diálogo debe ser fecundo. La representatividad política reconoce como fundamento la confianza que da el pueblo y no la que se arrogan los teorizadores de ideas políticas que no se conforman con la realidad nacional.

Si el diálogo no parte de la contradicción -la que resulta de la razón de ser de los invariantes históricos- y no busca el compromiso armonizador, la Nación, como prevenía Charles de Gaulle cuando se estaba en la tarea de reconstituir la República Francesa, se sentirá "quebrantada y más hundida que antes de comenzar la aventura".

Respondamos todos con seriedad y responsabilidad a salvar las instituciones. Si no queremos o no logramos reconciliarnos en torno de las instituciones, la Nación sucumbirá.

¡Que no lo permitamos!















Fuente: Ciclo organizado por la Fundación "Dr. Eugenio A, Blanco" y se llevó a cabo en el Salón de Actos del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas; el Dr. Alconada Aramburú dictó esta conferencia el 27 de septiembre de 1977.

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