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lunes, 16 de marzo de 2015

UCR: "El Radicalismo y las Privatizaciones" (19 de julio de 1990)

Buenos Aires, 19 de julio de 1990.

Declaración del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical sobre el actual proceso de privatizaciones:

Los radicales pensamos en el Estado como el ámbito donde se construye la voluntad colectiva. Es por ello que su modernización debe apuntar a democratizar su gestión y a mejorar la calidad de vida de la gente.

Nosotros lanzamos la reforma del Estado, que incluía privatizaciones, como un mecanismo eficaz para lograr el mejoramiento de la gestión de gobierno. Sin embargo, se ha intentado ubicar al radicalismo en una posición contraía a la idea de las privatizaciones y lo llaman, con desprecio, "estatista".

Jamás, en toda su historia -a diferencia de gobiernos peronistas, conservadores y militares- el radicalismo en el gobierno estatizó empresas privadas. Pero además de ello, el último gobierno radical definió la agenda de la necesaria reforma del Estado, y fue el primero en convocar al capital privado a intervenir en áreas hasta entonces reservadas al dominio público.

I.- Las Iniciativas del Gobierno Radical.
a) Petróleo:

En 1985 llamamos al capital internacional, desde Houston, a participar de un gigantesco programa de exploración petrolera que se extiende por toda la Argentina: de norte a sur, de este a oeste, en el continente y mar afuera. Como con-secuencia de ese llamado, se han firmado 51 contratos con empresas internacionales y se han iniciado los trabajos.
Uno de los proyectos petroquímicos más ambiciosos -el Polo Petroquímico de Neuquén-iba a ser realizado, originalmente, por empresas estatales. Nuestro gobierno decidió la privatización anticipada, disponiendo el retiro de las empresas estatales y la adjudicación, 100%, a capitales privados.

b) Monopolios:
En 1987 pusimos fin, mediante un decreto, a todos los monopolios estatales que habían sido establecidos por decretos o resoluciones de gobiernos anteriores (militares y peronistas).

c) Telefonía:
En telecomunicaciones -como en otras áreas-nuestro gobierno adjudicó al sector privado las nuevas actividades, como la telefonía celular (móvil) y la transmisión de datos (vía satélite), por cuales pasa el futuro de las telecomunicaciones.
El servicio de telefonía celular, en la ciudad de Buenos Aires, fue adjudicado a un consorcio privado. La transmisión de datos fue privatizada y cinco consorcios fueron autorizados a establecer redes privadas, con sus propias facilidades satelitales. Propusimos además la venta del 40% de ENTel a Telefónica de España, proyecto bloqueado por la oposición peronista.

d) Aeronavegación:
Luego de privatizar Austral, una línea aérea de cabotaje, nuestro gobierno encaró el proyecto de incorporación de capital privado a la línea aérea internacional, Aerolíneas Argentinas. Celebramos acuerdos con SAS, la aerolínea escandinava, sujetos a la aprobación del Congreso de la Nación, donde la oposición obstaculizaba todo.

II.- La Comparación de las Propuestas Radicales con lo que está Realizando el Gobierno Peronista.

1.- La actual Privatización de Aerolíneas Argentinas.
La adjudicación del 85% de Aerolíneas Argentinas a una Unión Transitoria de Empresas, integrada por la línea aérea estatal española (con 20%) y la competidora interna de Aerolíneas Argentinas (Austral), representa un lamentable retroceso respecto del plan propuesto por el gobierno radical en 1988.

El gobierno radical logró el acuerdo de SAS, que se obligó a pagar 204 millones de dólares -sin un solo centavo de capitalización de deuda- por un paquete minoritario, limitado a 40% de las acciones.

La unión de Aerolíneas y SAS conformaba una red global, que habría cubierto todo el mundo. El acuerdo incluía, también, la construcción de un hotel de 5 estrellas en Buenos Aires y la modernización del aeropuerto de Ezeiza.

El Congreso de la Nación, cuyo Senado estaba dominado por el justicialismo, impidió el acuerdo con SAS. Entonces, el gobierno radical sustituyó el proyecto de acuerdo con SAS por otro, que suponía llamar a licitación. Este proyecto alternativo definía el perfil del socio ideal: una línea aérea privada, con experiencia internacional, no competidora de Aerolíneas, que invirtiera dinero en efectivo, se hiciera cargo de la gestión y aceptara la condición permanente de socio minoritario. Expresamente se excluía toda Unión Transitoria de Empresas.

El justicialismo también bloqueó esa alternativa, todo para terminar entregando el 85% de Aerolíneas Argentinas, a cambio de papeles de la deuda, a un consorcio que no ofrece ninguna de las perspectivas que ofrecía el proyecto anterior y que incluye a los dueños de la otra aerolínea de cabotaje, Austral, privatizada por el gobierno de la U.C.R., de manera tal que se conforma una nueva situación monopólica.

El procedimiento careció de transparencia. Mientras que el gobierno radical sometió todo a decisión del Congreso -en el cual el radicalismo no tenía mayoría propia- el actual gobierno ha resuelto todo entre cuatro paredes. El radicalismo le propuso al Congreso la asociación con SAS. El Congreso no la aprobó y no se hizo.
El actual gobierno, al anticipar que no declararía desierta la licitación y aceptar la presentación de una oferta única, de hecho efectuó una adjudicación directa, sin negociación y sin control parlamentario.

2.- La actual Privatización de ENTEL

En el caso de ENTel, la falta de responsabilidad del peronismo, cuando fue oposición y ahora desde el gobierno, le ha hecho perder a la Argentina dos años, todos los inmuebles de la empresa, un 20% de ENTel y la consecuente mayoría accionaria.
Nada de eso se hubiera perdido con el acuerdo celebrado por el gobierno radical, que no fue aprobado por el Congreso Nacional gracias a la oposición del Partido Peronista. En 1988, Telefónica se obligó a pagar 800 millones de dólares en efectivo, y 200 millones en títulos de la deuda externa argentina, equivalentes a casi 67 millones de U$S, pues los mismos se vendían en esa época a 23,4% de su valor nominal. Esto suma 867 millones de U$S.

Dos años después, las empresas adjudicatarias se han comprometido a pagar en efectivo U$S 214 millones y una suma aproximada de U$S 5.028 millones en títulos de la deuda externa argentina, cuyo valor de mercado es de 653 millones de dólares, pues los mismos se están cotizando alrededor del 13% de su valor nominal. Esto suma aproximadamente 867 millones de dólares.

Es decir, las empresas adjudicatarias pagarán por el 60% de la empresa -la mayoría accionaria-, más lodos los inmuebles, lo mismo que Telefónica de España iba a pagar en 1988 por sólo el 40%, sin inmuebles.

La oposición destructiva del Peronismo le hizo perder al país dos años. Y ahora, el modo autoritario con que ha manejado la privatización de ENTel, ignorando al Congreso de la Nación, le hizo perder los inmuebles, la mayoría accionaria y el 20% de la empresa, por el mismo precio.

Pero además, en ese período se ha castigado al usuario con increíbles aumentos de tarifas. Si el Congreso hubiese aprobado el anterior acuerdo con Telefónica, hoy las llamadas de larga distancia nacional serían hasta tres veces más baratas.

El proyecto enviado al Congreso por el gobierno radical, incluía la tarifa -aprobada por Telefónica de España- a la cual debía sujetarse la empresa que iban a formar ENTel y la propia Telefónica. La tarifa estaba expresada en valores constates, por lo que se puede determinar exactamente cuáles serían los precios actuales. Una llamada de un minuto a La Rioja, que ahora sale 7.838 australes, estaría costando 2.772.

3.-Y.P.F. y la entrega de las áreas centrales.
* Nuestra posición.

El Radicalismo está a favor de la incorporación de capital privado a la explotación de petróleo y gas para expandir el sector. En contra de la cesión de las áreas centrales. Ceder las áreas centrales significaría arrancarle a YPF su parte más rentable.
A favor de la desmonopolización. En contra de la creación de un nuevo monstruo burocrático.

A favor del federalismo económico que debe garantizar a las provincias su intervención en la toma de decisiones fundamentales y una mayor participación en el producido de la explotación de petróleo y gas. En contra del descuartizamiento de YPF y la renuncia de la Nación a su obligación de fijar una política nacional que asegure la explotación racional y eficiente de los hidrocarburos.

El peronismo, que se oponía a una incorporación racional del capital privado, hoy toma decisiones tendientes a una privatización irracional e indiscriminada.

* Las diferencias de política.
El actual gobierno decidió, al comienzo de su gestión, continuar el Plan Houston, implementar con ligeras variantes el Petroplan y continuar y acelerar el proceso de desregulación.

Estas decisiones parecían asegurar la continuidad de la política iniciada por el gobierno radical, permitiendo así, por un lado, la expansión del sector, mediante la incorporación de capital privado y la progresiva desregulación y por el otro, el saneamiento de YPF, asegurando su crecimiento en asociación o en competencia con las empresas privadas.
Para la expansión del sector petrolero se desarrolló la siguiente política: el Plan Houston permitió iniciar, con la participación de empresas privadas argentinas e internacionales, el mayor esfuerzo de exploración que se haya realizado nunca en el país.

El Petroplan habría permitido multiplicar la producción de las áreas marginales, -exclusivamente marginales- mediante convenios de asociación entre YPF y empresas privadas, nacionales e internacionales. YPF retenía la propiedad de los yacimientos, no ponía ni un austral, y destinaba todo lo que recibía -los derechos de asociación y su parte en el petróleo extraído (20%)- a desarrollar las áreas centrales.

A fin de sanear YPF y asegurar su crecimiento, nuestro gobierno realizó las siguientes acciones:

- Liberó a YPF de su deuda externa.
- Terminó con un régimen de precios políticos.
- Procuró sustituir los contratos de obras y servicios (prácticamente sin riesgo para el sector privado) por contratos de riesgo.
- Planeó la concentración de YPF en las áreas principales.
Sin deuda externa, con precios remunerativos y el canon que recibiría de sus asociadas por la explotación de las áreas marginales, YPF estaba en condiciones de multiplicar su actividad.

Pero a poco de andar, se ha demostrado que el actual gobierno carecía de una verdadera política petrolera y gasífera. En cambio, fiel a su concepción corporativa, procuró satisfacer a las distintas corporaciones. Entró así en una serie de contradicciones:
Para contentar a un grupo del sector privado, decretó la desregulación total a partir del 1º de enero de 1991. Pero luego, para contentar a la burocracia y aciertos sectores peronistas, decidió crear una superempresa del Estado, otorgándole a este nuevo .monstruo facultades reguladores.

Para contentar a los gobiernos provinciales, anunció que se transferirá la propiedad de los hidrocarburos de la Nación a las provincias. Pero luego, para contentar a los petroleros, anunció que la Nación les entregaría áreas centrales y marginales, sin consultar a las provincias.

Para contentar a las corporaciones internacionales, decidió entregar cuatro grandes áreas centrales y envió al interventor de YPF a anunciarlo públicamente en Houston. Pero luego, para contentar a gremialistas y legisladores peronistas, dio marcha atrás y suspendió el plan, diciendo que no se ejecutaría hasta que no se constituyera la Empresa Federal de Energía. Y luego, ante la reacción adversa del sector privado, resolvió llamar a licitación por las áreas centrales sin esperar a la constitución de la Empresa Federal de Energía.

El intento de satisfacer los distintos intereses corporativos llevará finalmente a la parálisis. Por este camino ni se atraerá al capital privado ni se logrará el desarrollo de YPF.

El interés nacional se satisface incorporando nuevas reservas y realizando una explotación más eficiente, sumando esfuerzos públicos y privados. Nada de eso se conseguirá mediante la improvisación, las transacciones corporativas y la conversión del Estado en un sujeto pasivo de intereses particulares en pugna.

III.- Conclusión.

En el último documento del Plenario del Comité Nacional, el radicalismo señaló que el gobierno estaba empeñado en la privatización del poder estatal.
Las privatizaciones deben estar dirigidas a mejorar la prestación de los servicios públicos y a asignar eficientemente los recursos de la Nación.

Modernizar el Estado no puede significar su desmantelamiento. Por el contrario, debe reconstruirse la capacidad del Estado, no sólo para resguardar a los sectores más desprotegidos sino además para cumplir eficientemente su papel de árbitro social. 








Fuente: Declaración del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical sobre el actual proceso de privatizaciones: "El Radicalismo y las Privatizaciones" (19 de julio de 1990)

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