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sábado, 12 de julio de 2014

Amadeo Sabattini: "Proclamación de la fórmula Sabattini - Gallardo" (19 de octubre de 1935)

Correligionarios:
Córdoba honra hoy con esta asamblea clamorosa el espíritu civil de la Nación, encarnado en la delegación que nos acompaña presidida por el eminente repúblico doctor Marcelo T. de Alvear, que viene a afirmar aquí en esta provincia, centro de la gravitación social y política del país, el imperio de la libertad, de la justicia y del derecho. Y Córdoba se honra a sí misma con este acto, porque está demostrado que su pueblo, está dispuesto a defender en todo terreno el patrimonio moral e institucional de la República.
Esta embajada del civismo presidida por los más altos exponentes de la argentinidad, integrada por los más decididos defensores de la libertad y acogida por el pueblo con entusiasmo que sólo emana de la fe en los grandes ideales, constituye la prueba más evidente de que las teorías rinden culto a la fuerza y la violencia, no han arraigado en nuestra conciencia colectiva y que los hombres de pensamiento y las masas trabajadoras son las que van a mantener, con su decisión y empuje, la vigencia del régimen democrático de la libertad.
Aquí reunidos en magna asamblea nacional del radicalismo, presidida por sus más altas jerarquías e integrada por representantes de todas las provincias, venimos a demostrar en el ágora pública, la indestructible unidad de nuestras fuerzas y la conciencia común de nuestro destino. La U.C.R., el único partido nacional de la República, expresa así la unión íntegra y solidaria de cada uno de sus componentes, haciendo para la comunidad de ideales, principios y de acción, frente a los conglomerados conservadores, que en una concordancia de intereses materiales realizan una labor que sólo unifica en el sentimiento negativo del rencor y en el pacto de la aparcería y complicidad de los que han delinquido.
Graves y amenazantes son los momentos por que atravesamos; la libertad civil y política está vulnerada y virtualmente pronta a desaparecer de la patria -a pesar de la palabra reiterada del general Justo en el sentido de afianzarla y mantenerla- si las fuerzas populares no se juegan en estos instantes en la decisión que merece tan noble causa.
La libertad electoral es apenas un simulacro de lo que la constitución establece. Los hechos bochornosos de Corrientes y Santiago del Estero, la modificación de la ley electoral en Buenos Aires son sucesos gravísimos que se desarrollan en esta provincia y el atropello sin precedentes que significa la intervención a Santa Fe, demuestran cuan lejanos estamos de alcanzar el dominio pleno que la ley Sáenz Peña sancionó para el ejercicio de los derechos políticos.
Los reiterados golpes asestados a la libertad, por su magnitud y por su espíritu, que los informan, hacen presumir cuáles son los designios de los que detentan el poder. Hay en las autoridades actuales el propósito de evitar que el radicalismo retome la dirección de la República y que el pueblo recupere el ejercicio pleno de la soberanía que por justicia y por la constitución le corresponde.
Todos los actos de gobierno están demostrando que no se ha respondido como se debía, al anhelo de pacificación del país y por eso es que la U.C.R. dispuso su actitud abstencionista y padeció el sacrificio de arriesgar hondas convicciones. Los que actuamos en aquella memorable convención, sabemos que únicamente la necesidad de reintegrar la familia argentina a su unidad espiritual y el respeto democrático a la opinión mayoritaria, pudo llevarlo al sacrificio de hondas convicciones y puntos de vista que estimamos los justos y verdaderos.
Y no es solamente la libertad y el régimen institucional lo que está amenazando. La economía y la vida misma de la Nación afectada por hechos sumamente graves de una política económica que día a día va arrancando girones de nuestra independencia para entregar el país al predominio creciente de los imperialismos extranjeros. Así como si fuera una consigna del motín setembrino se produjo simultáneamente con él, la entrega de la riqueza petrolera y progresivamente desde el pacto Roca-Runciman, la creación de las juntas de carnes y granos, la del Banco Central y la coordinación de transportes.
No puede haber en nuestro régimen jurídico público y privado más interdicciones que las que establecen la constitución y las leyes.
Se ha instaurado así una política de menosprecio para la opinión pública, de restricción a la libertad de crítica y contralor de los actos de gobierno y sojuzgamiento del país, que sólo puede ser mantenida por la violencia, violencia generadora únicamente de odios, miseria y dolor para todo el pueblo.
Por ello han sido tan graves las irreflexivas palabras del general pronunciadas en esta ciudad. No se puede, moral ni jurídicamente excluir de una comunidad nacional a ningún elemento de su seno; no puede haber en nuestro régimen jurídico público y privado más interdicciones que las que establecen la constitución y las leyes. Cuando la serenidad falta en los gobernantes, son los pueblos los que al retornan a la realidad con sus pronunciamientos definitivos.
Y tanto más grave ha sido la actitud, cuando ella es contradictoria con la propia palabra de magistrado y de hombre, que en reiteradas ocasiones prometió asegurar el comicio y el respeto a los pronunciamientos populares. Contradicciones como estas restan autoridad moral ante la conciencia colectiva y ante la opinión internacional.
La situación electoral de la provincia es sumamente deficiente. Todos los poderes del Estado, sin excepción alguna, en labor uniforme, se han puesto al servicio del candidato conservador: policías, empleados administrativos, agentes del fisco, jueces de campaña, funcionarios municipales y organismos de la banca, realizan concordantemente una obra desnaturalizadora del comicio, que va desde el secuestro de libretas hasta la adulteración de padrones municipales y de la restricción de la libertad individual al cohecho y soborno.
El conservadorismo local, tiene en su historia un acervo de fraudes electorales y políticos, no debidamente conocidos fuera de la provincia; su procedimiento se caracteriza por el dolo y la astucia más que por la violencia, pero constituye una práctica inveterada del mismo.
Por otra parte podemos afirmar que el Partido Demócrata de Córdoba, es solidario en la responsabilidad del más grave atentado cometido contra la soberanía del pueblo: el desconocimiento del veredicto comicial del 5 de abril de 1931 en la Provincia de Buenos Aires y nos cabe en esta hora afirmar que para el radicalismo de Córdoba y para toda conciencia libre y honrada de la República, no hay ni puede haber más gobernador de Buenos Aires que el doctor Honorio Pueyrredón.
Y este gobierno que se pretende democrático ha surgido de un comicio viciado, generado en un acto colectivo del cual estaba proscripto el radicalismo por el sólo imperio de la fuerza. Podemos afirmar con toda honestidad, que la U.C.R. es la única fuerza política que ha salvado su dignidad cívica en estos últimos cinco años de la vida argentina.
Haremos gobierno para todos los habitantes de la provincia, asegurando los beneficios de la libertad para todos, sin exclusión de nadie.
La libre emisión de las ideas será garantizada y respetada en todos los órdenes de la actividad individual y social; el libre comportamiento de los individuos y corporaciones no será trabado en forma alguna por actos del poder gubernativo no teniendo más limitaciones que la que impongan las leyes respectivas; pero no se tolerarán bandas ni legiones armadas de ninguna especie que perturben la paz pública y que por su sola existencia constituyen un peligro para el orden social.
Se ha de afirmar el principio de la autonomía contra las crecientes limitaciones que se vienen imponiendo a nuestro federalismo, tanto en el orden político como en el económico y sin que con ello se pretenda restaurar la vieja querella de unitarios y federales, lucharemos contra el unicato que ya proscribió el radicalismo y que hoy tiende a resurgir.
Y este principio de la autonomía, será respetado por el gobierno en sus relaciones con los organismos municipales, realizando así un concepto que no es sólo fruto de la sanción constitucional, sino una arraigada convicción personal a la que he servido en todo instante y con lealtad en el único cargo político que he desempeñado en mi vida.
A la revocatoria implantada hemos de incorporar también los derechos de iniciativa y referendum, especialmente este último que constituye la única defensa que tienen los vecindarios contra las acciones municipales que comprometen la estabilidad económica de las poblaciones por la contratación de empréstitos y realización de obras indebidas.
El problema social de la Provincia tiene que ser contemplado y resuelto en la medida  de las facultades que la misma posee, atribuyéndole un significado distinto del que le han impreso las fuerzas conservadoras. Y este significado no puede ser otro que el de la justicia social, que reconoce al trabajador el derecho inalienable de asegurarse un mínimo de posibilidades económicas que permitan su normal supervivencia y su desarrollo espiritual y cultural.
El régimen debe consecuentemente ser estructurado, sobre una base suprapersonal, que imponga a la colectividad, bajo la responsabilidad del Estado, el deber jurídico de asegurar los derechos humanos del operario; y es precisamente este concepto de justicia social y su leal y honesta aplicación la que ha de eliminar el problema de la desocupación en nuestro país, en el que no tiene razón de ser por la naturaleza múltiple de sus riquezas, la extensión de territorio y la escasa densidad de población. La acción radical en el gobierno debe ser amplia y enérgica en todos los sentidos. Disminución de los gastos de presupuesto, reducción de los grandes sueldos y elevación hasta asegurar una vida decorosa y eliminación de gastos superfluos.
En el orden impositivo, hemos de encuadrarnos absolutamente en los principios de nuestra plataforma sancionada por el Congreso de nuestro partido, con la progresiva y sensible disminución de impuestos que gravan el trabajo y el consumo, reducción del impuesto a las mejoras, formación del catastro territorial y económico base de la nueva política fiscal que implantaremos, así como la aplicación del principio de la inenajenabilidad de la tierra pública fundamento de la transformación económica.
Protección en forma orgánica a los intereses de la agricultura y ganadería, inenajenabilidad de las caídas de agua, rescate gradual de las concesiones de servicios públicos y su entrega a organismos mixtos, fomento de la industria minera y protección del turismo. Distribución de la obra pública en forma equitativa entre las diversas zonas de la provincia, respondiendo a sus efectivas necesidades, en el sentido de asegurar el funcionamiento normal de los servicios del Estado, la prosperidad de la provincia y el interés de las clases productoras.
Preocupación constante por el fomento de la instrucción primaria a base de la organización autónoma y administrativa y financiera del Consejo de Educación.
Los cargos burocráticos no serán otorgados en forma de prebendas; los que colaboran en la administración pública, han de saber que el gobierno radical no puede otorgar recompensas de orden material, sino única y exclusivamente de orden moral y que provengan de los beneficios de una labor que asegure el imperio de la libertad civil y política y el mejoramiento social y económico colectivo.
Habremos así cumplido el programa que nos hemos impuesto de gobernar para todos.
Y para terminar, señores, invoco en este acto la figura prócer de Yrigoyen, en cuya actuación inspiraré mi acción de gobierno, como la más alta expresión de civilización democrática, de argentinidad y del significado humano de nuestra acción.

























Fuente:
- Foto de German Bicego
-Villa María y su radicalismo”, Horacio Cabezas, Tomo I, págs 306-311 aportado por Marcos Funes

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