Correligionarios:
Córdoba honra hoy con esta asamblea clamorosa el espíritu
civil de la Nación, encarnado en la delegación que nos acompaña presidida por
el eminente repúblico doctor Marcelo T. de Alvear, que viene a afirmar aquí en
esta provincia, centro de la gravitación social y política del país, el imperio
de la libertad, de la justicia y del derecho. Y Córdoba se honra a sí misma con
este acto, porque está demostrado que su pueblo, está dispuesto a defender en
todo terreno el patrimonio moral e institucional de la República.
Esta embajada del civismo presidida por los más altos
exponentes de la argentinidad, integrada por los más decididos defensores de la
libertad y acogida por el pueblo con entusiasmo que sólo emana de la fe en los
grandes ideales, constituye la prueba más evidente de que las teorías rinden
culto a la fuerza y la violencia, no han arraigado en nuestra conciencia
colectiva y que los hombres de pensamiento y las masas trabajadoras son las que
van a mantener, con su decisión y empuje, la vigencia del régimen democrático
de la libertad.
Aquí reunidos en magna asamblea nacional del radicalismo,
presidida por sus más altas jerarquías e integrada por representantes de todas
las provincias, venimos a demostrar en el ágora pública, la indestructible
unidad de nuestras fuerzas y la conciencia común de nuestro destino. La U.C.R.,
el único partido nacional de la República, expresa así la unión íntegra y
solidaria de cada uno de sus componentes, haciendo para la comunidad de
ideales, principios y de acción, frente a los conglomerados conservadores, que
en una concordancia de intereses materiales realizan una labor que sólo unifica
en el sentimiento negativo del rencor y en el pacto de la aparcería y
complicidad de los que han delinquido.
Graves y amenazantes son los momentos por que atravesamos;
la libertad civil y política está vulnerada y virtualmente pronta a desaparecer
de la patria -a pesar de la palabra reiterada del general Justo en el sentido
de afianzarla y mantenerla- si las fuerzas populares no se juegan en estos instantes
en la decisión que merece tan noble causa.
La libertad electoral es apenas un simulacro de lo que la
constitución establece. Los hechos bochornosos de Corrientes y Santiago del
Estero, la modificación de la ley electoral en Buenos Aires son sucesos
gravísimos que se desarrollan en esta provincia y el atropello sin precedentes
que significa la intervención a Santa Fe, demuestran cuan lejanos estamos de
alcanzar el dominio pleno que la ley Sáenz Peña sancionó para el ejercicio de
los derechos políticos.
Los reiterados golpes asestados a la libertad, por su
magnitud y por su espíritu, que los informan, hacen presumir cuáles son los
designios de los que detentan el poder. Hay en las autoridades actuales el
propósito de evitar que el radicalismo retome la dirección de la República y
que el pueblo recupere el ejercicio pleno de la soberanía que por justicia y
por la constitución le corresponde.
Todos los actos de gobierno están demostrando que no se ha
respondido como se debía, al anhelo de pacificación del país y por eso es que
la U.C.R. dispuso su actitud abstencionista y padeció el sacrificio de
arriesgar hondas convicciones. Los que actuamos en aquella memorable
convención, sabemos que únicamente la necesidad de reintegrar la familia
argentina a su unidad espiritual y el respeto democrático a la opinión
mayoritaria, pudo llevarlo al sacrificio de hondas convicciones y puntos de
vista que estimamos los justos y verdaderos.
Y no es solamente la libertad y el régimen institucional lo
que está amenazando. La economía y la vida misma de la Nación afectada por
hechos sumamente graves de una política económica que día a día va arrancando
girones de nuestra independencia para entregar el país al predominio creciente
de los imperialismos extranjeros. Así como si fuera una consigna del motín
setembrino se produjo simultáneamente con él, la entrega de la riqueza
petrolera y progresivamente desde el pacto Roca-Runciman, la creación de las
juntas de carnes y granos, la del Banco Central y la coordinación de transportes.
No puede haber en nuestro régimen jurídico público y privado
más interdicciones que las que establecen la constitución y las leyes.
Se ha instaurado así una política de menosprecio para la
opinión pública, de restricción a la libertad de crítica y contralor de los
actos de gobierno y sojuzgamiento del país, que sólo puede ser mantenida por la
violencia, violencia generadora únicamente de odios, miseria y dolor para todo
el pueblo.
Por ello han sido tan graves las irreflexivas palabras del
general pronunciadas en esta ciudad. No se puede, moral ni jurídicamente
excluir de una comunidad nacional a ningún elemento de su seno; no puede haber
en nuestro régimen jurídico público y privado más interdicciones que las que
establecen la constitución y las leyes. Cuando la serenidad falta en los
gobernantes, son los pueblos los que al retornan a la realidad con sus
pronunciamientos definitivos.
Y tanto más grave ha sido la actitud, cuando ella es
contradictoria con la propia palabra de magistrado y de hombre, que en reiteradas
ocasiones prometió asegurar el comicio y el respeto a los pronunciamientos
populares. Contradicciones como estas restan autoridad moral ante la conciencia
colectiva y ante la opinión internacional.
La situación electoral de la provincia es sumamente
deficiente. Todos los poderes del Estado, sin excepción alguna, en labor
uniforme, se han puesto al servicio del candidato conservador: policías,
empleados administrativos, agentes del fisco, jueces de campaña, funcionarios
municipales y organismos de la banca, realizan concordantemente una obra
desnaturalizadora del comicio, que va desde el secuestro de libretas hasta la
adulteración de padrones municipales y de la restricción de la libertad
individual al cohecho y soborno.
El conservadorismo local, tiene en su historia un acervo de
fraudes electorales y políticos, no debidamente conocidos fuera de la
provincia; su procedimiento se caracteriza por el dolo y la astucia más que por
la violencia, pero constituye una práctica inveterada del mismo.
Por otra parte podemos afirmar que el Partido Demócrata de
Córdoba, es solidario en la responsabilidad del más grave atentado cometido
contra la soberanía del pueblo: el desconocimiento del veredicto comicial del 5
de abril de 1931 en la Provincia de Buenos Aires y nos cabe en esta hora
afirmar que para el radicalismo de Córdoba y para toda conciencia libre y
honrada de la República, no hay ni puede haber más gobernador de Buenos Aires
que el doctor Honorio Pueyrredón.
Y este gobierno que se pretende democrático ha surgido de un
comicio viciado, generado en un acto colectivo del cual estaba proscripto el
radicalismo por el sólo imperio de la fuerza. Podemos afirmar con toda
honestidad, que la U.C.R. es la única fuerza política que ha salvado su
dignidad cívica en estos últimos cinco años de la vida argentina.
Haremos gobierno para todos los habitantes de la provincia,
asegurando los beneficios de la libertad para todos, sin exclusión de nadie.
La libre emisión de las ideas será garantizada y respetada
en todos los órdenes de la actividad individual y social; el libre
comportamiento de los individuos y corporaciones no será trabado en forma
alguna por actos del poder gubernativo no teniendo más limitaciones que la que
impongan las leyes respectivas; pero no se tolerarán bandas ni legiones armadas
de ninguna especie que perturben la paz pública y que por su sola existencia
constituyen un peligro para el orden social.
Se ha de afirmar el principio de la autonomía contra las
crecientes limitaciones que se vienen imponiendo a nuestro federalismo, tanto
en el orden político como en el económico y sin que con ello se pretenda
restaurar la vieja querella de unitarios y federales, lucharemos contra el
unicato que ya proscribió el radicalismo y que hoy tiende a resurgir.
Y este principio de la autonomía, será respetado por el
gobierno en sus relaciones con los organismos municipales, realizando así un
concepto que no es sólo fruto de la sanción constitucional, sino una arraigada
convicción personal a la que he servido en todo instante y con lealtad en el
único cargo político que he desempeñado en mi vida.
A la revocatoria implantada hemos de incorporar también los
derechos de iniciativa y referendum, especialmente este último que constituye
la única defensa que tienen los vecindarios contra las acciones municipales que
comprometen la estabilidad económica de las poblaciones por la contratación de
empréstitos y realización de obras indebidas.
El problema social de la Provincia tiene que ser contemplado
y resuelto en la medida de las facultades
que la misma posee, atribuyéndole un significado distinto del que le han
impreso las fuerzas conservadoras. Y este significado no puede ser otro que el
de la justicia social, que reconoce al trabajador el derecho inalienable de
asegurarse un mínimo de posibilidades económicas que permitan su normal
supervivencia y su desarrollo espiritual y cultural.
El régimen debe consecuentemente ser estructurado, sobre una
base suprapersonal, que imponga a la colectividad, bajo la responsabilidad del
Estado, el deber jurídico de asegurar los derechos humanos del operario; y es
precisamente este concepto de justicia social y su leal y honesta aplicación la
que ha de eliminar el problema de la desocupación en nuestro país, en el que no
tiene razón de ser por la naturaleza múltiple de sus riquezas, la extensión de
territorio y la escasa densidad de población. La acción radical en el gobierno
debe ser amplia y enérgica en todos los sentidos. Disminución de los gastos de
presupuesto, reducción de los grandes sueldos y elevación hasta asegurar una
vida decorosa y eliminación de gastos superfluos.
En el orden impositivo, hemos de encuadrarnos absolutamente
en los principios de nuestra plataforma sancionada por el Congreso de nuestro
partido, con la progresiva y sensible disminución de impuestos que gravan el
trabajo y el consumo, reducción del impuesto a las mejoras, formación del
catastro territorial y económico base de la nueva política fiscal que
implantaremos, así como la aplicación del principio de la inenajenabilidad de
la tierra pública fundamento de la transformación económica.
Protección en forma orgánica a los intereses de la
agricultura y ganadería, inenajenabilidad de las caídas de agua, rescate
gradual de las concesiones de servicios públicos y su entrega a organismos
mixtos, fomento de la industria minera y protección del turismo. Distribución
de la obra pública en forma equitativa entre las diversas zonas de la
provincia, respondiendo a sus efectivas necesidades, en el sentido de asegurar
el funcionamiento normal de los servicios del Estado, la prosperidad de la
provincia y el interés de las clases productoras.
Preocupación constante por el fomento de la instrucción
primaria a base de la organización autónoma y administrativa y financiera del
Consejo de Educación.
Los cargos burocráticos no serán otorgados en forma de
prebendas; los que colaboran en la administración pública, han de saber que el
gobierno radical no puede otorgar recompensas de orden material, sino única y
exclusivamente de orden moral y que provengan de los beneficios de una labor
que asegure el imperio de la libertad civil y política y el mejoramiento social
y económico colectivo.
Habremos así cumplido el programa que nos hemos impuesto de
gobernar para todos.
Y para terminar, señores, invoco en este acto la figura
prócer de Yrigoyen, en cuya actuación inspiraré mi acción de gobierno, como la
más alta expresión de civilización democrática, de argentinidad y del
significado humano de nuestra acción.
Fuente:
- Foto de German Bicego
-Villa María y su radicalismo”, Horacio Cabezas, Tomo I, págs 306-311 aportado por Marcos Funes
- Foto de German Bicego
-Villa María y su radicalismo”, Horacio Cabezas, Tomo I, págs 306-311 aportado por Marcos Funes
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