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lunes, 31 de marzo de 2014

Néstor Grancelli Cha: "El ejemplo de Frondizi" (21 de mayo de 2012)

Después de la crisis económica y política que padecimos a fines de siglo, la Argentina ha venido dando tumbos y no ha podido iniciar una nueva etapa. ¿Cuál es el motivo que impide lograrlo y por qué, tras más de una década, no se advierte un sendero definido? ¿Puede un gobierno seguir invocando la situación heredada? ¿Tendrá que ver nuestra actualidad con la quiebra de las instituciones, la arbitrariedad, el desapego a la ley? ¿Es acaso el reinado de una democracia formal que no puede instaurarse como tal dentro de valores republicanos? Si es así, ¿somos capaces de advertirlo? Habría que recurrir a la historia en busca de antecedentes: ¿existen casos de problemas similares y, de existir, tuvieron solución?
En el caso nuestro, como comunidad, y no hace tanto tiempo, vivimos un estado de alto riesgo. Sin embargo, hubo un gobierno constitucional que logró superar el trance. Lo hizo con decisiones políticas y mediante un plan de estabilidad y desarrollo. Fue en 1958.
Después de medio siglo de ásperos debates, hoy se reconoce que un estadista, Arturo Frondizi, y su equipo de gobierno cambiaron el curso de la historia. Y esto ocurrió en el lapso de sólo dos años, los iniciales de su gestión. En los dos siguientes bastó con consolidar lo realizado. Lamentablemente, derrocado el gobierno en 1962, se frustró la continuidad de sus planes y todavía estamos pagando las consecuencias de esa ruptura del régimen constitucional.
Por cierto, los remedios no siempre dan las soluciones esperadas, incluso aplicados a situaciones similares. Sin embargo, las decisiones y políticas de 1958, si se implementaran hoy con eventuales actualizaciones, podrían marcar el camino. Fue una experiencia exitosa. ¿Por qué no recurrir a ella?
Para poder evaluarla a la luz de nuestros días, recordemos brevemente algunos datos: en 1958 el país tenía 20 millones de habitantes. En los 10 años anteriores, la población había crecido en un 25%, mientras la producción nacional lo hizo sólo en un 17,5%. Esto significa que en aquel año la producción por habitante había resultado un 5% inferior a la de 10 años antes. Y ello es así porque los medios productivos no habían aumentado al ritmo del crecimiento de la población. Había menos capital por habitante que 30 años antes.
La inversión se había estancado, mientras el país necesitaba contar de inmediato con energía, transportes y equipamiento, en función de la creciente población incorporada a la producción y al consumo.
Esa población, en un porcentaje del 50%, iba al empleo público, a la intermediación comercial y a otros sectores que no creaban bienes ni servicios productivos. En síntesis, un período en el que para 100 consumidores de productos sólo 46 los producían.
Hoy la población duplica la de 1958, y si bien las situaciones a tener en cuenta no son idénticas las carencias estructurales y muchos indicadores son comparables, sobre todo operando con estadísticas sin las distorsiones del Indec.
Nadie puede desconocer ahora la gravedad de la crisis energética, que afecta a toda la economía nacional. La vida de un país moderno, se sabe, gira alrededor de la energía. Cuando asumió el presidente Frondizi, la mitad de la energía que consumía el país se importaba: 11 millones de toneladas de petróleo y carbón. Esto significaba un gasto equivalente al 30% del total de las divisas que el país destinaba a la importación. Si a tal situación de dependencia sumamos una inflación galopante, el cuadro de situación resultaba crítico. Se había perdido, como ocurre hoy, la noción de precio fijo y había severas dificultades para importar productos necesarios destinados al bienestar de la población o a complementar procesos productivos que requerían insumos externos.
 El 80% de los gastos del Estado se iba en sueldos, y para pagarlos se recurría a emisión monetaria. Tal el panorama, no muy diferente del actual.
Sobre el problema energético, hay que destacarlo, en 1958 no se dudó en recurrir a empresas extranjeras a pesar de la polémica que provocaba. La realidad y los tiempos no daban opción. Se brindó a YPF el mayor apoyo financiero que permitían los recursos presupuestarios y se dispuso una conducción directamente dependiente del presidente de la nación, que se reforzó con colaboración de profesionales de reconocidas trayectorias en un sector que no admite la improvisación. Con este respaldo económico y técnico se atendía una condición necesaria pero no suficiente para la inmediatez de la solución requerida. Para subsanar este aspecto del programa, simultáneamente, se suscribieron contratos de locación de obras y servicios con experimentadas empresas extranjeras y con las nacionales habilitadas para ciertas prestaciones complementarias.
A la vez, se solucionaron rápidamente conflictos y pleitos que se venían arrastrando por años, todo en el marco del lema "legalidad para todos". Se restableció así, plenamente, el Estado de Derecho, y con ello se pudo acordar, en todos los contratos, la jurisdicción nacional a cargo de un poder judicial independiente.
El nuevo gobierno, con su sola instalación, recuperó para el país el crédito y la confianza internacional. En tal sentido, hoy sería necesario un drástico cambio de actitud y de procedimientos para mejorar la calificación que se nos asigna, condición imprescindible para nuestra inserción en el mundo.
En 1958, las inversiones de todo tipo se alentaron con dos nuevas leyes elevadas al Congreso por el Poder Ejecutivo, la de inversiones extranjeras y la de promoción industrial. El plan dio de inmediato sobradas pruebas de eficacia.
En sólo dos años, YPF y los contratistas solucionaron el problema petrolífero: el ritmo de aumento de la producción, que en los 20 años anteriores a 1958 promediaba un 5%, saltó al 25% en 1959, y a un 45% en 1960. Notable incremento si consideramos que el promedio mundial en 1959 no superaba el 8%, incluyendo a Estados Unidos, Kuwait, Venezuela y la entonces URSS, donde nunca fue mayor del 14%.
Con los contratistas se logró la tercera parte de la producción nacional. YPF alcanzó a extraer dos tercios, pero no sólo incrementó en esa medida su producción, sino que el capital de la empresa pasó de 5547 millones de pesos en 1957 a 15.775 millones en 1960.
Además, se verificaron avances notables en el sector petroquímico, en materia de oleoductos y gasoductos, al igual que en la siderurgia, los transportes, la producción agrícola-ganadera, la industria pesada y las fábricas automotrices y de tractores, por citar algunos.
En síntesis, inversiones cuantiosas para un país en marcha.
¿Podrá repetirse ese panorama en nuestros días? Difícil, pero no imposible.
Será necesaria una firme decisión política y remover factores negativos. Gobernar con autoridad pero sin soberbia, empezando por reconocer, como garantía de convivencia democrática, que el país ha venido transitando por senderos equivocados.
El Poder Ejecutivo debe asumir el compromiso de no persistir en procedimientos que distorsionan la igualdad ante la ley, como ocurre con el "capitalismo de amigos", que alienta la corrupción y asegura la impunidad. Este comportamiento significará un drástico cambio de actores y un diálogo sincero con todas las expresiones políticas y sectores de la comunidad para acordar un plan que sume a la palanca de 1958 -área energética- apoyo integral a la ciencia y tecnología al servicio del desarrollo, a la cultura del trabajo y a la recuperación de los miles de jóvenes que no estudian ni trabajan, especialmente a los dominados por la droga y volcados a la delincuencia.
El Gobierno debe revisar la política de relaciones internacionales, encomendarlas a profesionales que cumplan los compromisos y defiendan los intereses de la nación. Consolidar el Mercosur y los históricos vínculos con las naciones hermanas de América latina afianzando a la vez las relaciones amistosas con todos los países que conviven en el mundo globalizado y en la era del conocimiento.
La nación debe restaurar las instituciones de la Constitución Nacional, afianzar la moral pública y la convivencia cívica en el marco de la justicia social. Comprender que la dignidad, junto con la libertad, es el bien supremo y la mejor garantía de los derechos humanos.
En 1958/62 los argentinos pudimos iniciar una gran transformación que, aunque frustrada en parte por la ceguera de fuerzas militares y partidos opositores, todavía estamos en condiciones de repetir. Se requerirán voluntad y visión de futuro.
El Gobierno y la oposición deben reflexionar. Quienes vivimos aquella experiencia histórica creemos que se puede repetir si la actual dirigencia argentina decide continuar la obra de los fundadores de la nación. La Argentina necesita dar el paso a la modernidad antes de que sea demasiado tarde.





















Fuente: "El ejemplo de Frondizi" de Néstor Grancelli Cha ex Presidente de la Federación Universitaria Argentina (1943-1943) y ex Secretario de Relaciones Economico-Sociales del Gobierno del Dr. Arturo Frondizi (1958-1959)

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