Carlos Perette: "Debate de la Ley de Enseñanza Libre" (24 de septiembre de 1958)

Sr. Presidente (Zanni). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Señor presidente: la Honorable Cámara asiste a una deliberación extensa, pero de sumo interés para la vida del país. Es este un debate de definición que a su vez tendrá proyección de futuro. El mismo giro de los discursos revela que en este asunto están en juego bienes jurídicos y espirituales que escapan al simple casillero político. Se trata de un debate que hace a la unidad espiritual de la Argentina, al futuro de nuestra educación y al porvenir de la reforma universitaria, que hemos defendido y que seguiremos defendiendo.

Hemos salido de la universidad con el honor de haber sido estudiantes reformistas y quisiéramos volver a visitar las casas de estudio con la gran autoridad de decir que, como legisladores, hemos cumplido con los ideales de la reforma universitaria de 1918, la que no ha muerto, que no morirá, que no ha caducado y que constituye todo un programa social, político y de soberanía en defensa de un mejor destino del pueblo argentino.

En este asunto soy partidario de la más amplia libertad de conciencia, de religión, de cultos y de la más amplia controversia de ideas.

No me preocupa que los estudiantes salgan a las calles de Buenos Aires a discutir sus problemas, a exponer sus ideas y a procurar sus soluciones. Pero lo que si me preocupa —y contesto a diputados del sector de la mayoría— es el episodio que vive el país presenciando una lucha religiosa y estudiantil que no cuadra en esta hora de la vida argentina y que no sabemos en que terminara.

La desarmonía espiritual y el quebranta- miento de esa unidad nacional en lo que se refiere a la educación, a la cultura y a la escuela, base fecunda y continuación de la obra del hogar, traerá consecuencias fundamentales para la vida argentina.

Irureta Goyena ha dicho con razón —y lo recordé en un debate similar— que cada uno recoge en este mundo aquello mismo que siembra, y que no se ha visto todavía que el que arrojare al surco semillas de tempestades recogiese luego en su era granos de sosiego.

Afirmo que este problema estudiantil religioso creado por la decisión del Poder Ejecutivo, de 27 de agosto, al enunciar la, inminencia de la aplicación del principio de las universidades privadas, no traerá horas de sosiego a la vida argentina y que si originara horas de la mas enconada lucha, de la mas exaltada proclamación de los fanatismos y de división en la vida misma del estudiantado y de toda la familia argentina.

De esa lucha y caos lo hacemos responsable al Poder Ejecutivo nacional, cuando el día 27 de agosto último hizo saber al país que estaba «estudiando los medios jurídicos para hacer efectivo el principio de la libertad de enseñanza.

Hasta ese día el país tenia sobre el problema de la libertad de enseñanza —tengo que reconocerlo— solo los recuerdos de esa lucha casi similar que se desato cuando el gobierno provisional dispuso consagrar el articulo 28, en un error que no hemos compartido, que no compartimos y que aunque hubiéramos incurrido en el tendríamos el deber de repararlo, porque no venimos como teóricos, como apologistas, ni como doctrinarios, sino como legisladores en busca de la justa solución de un problema que escapa a lo económico y que entra en la raíz misma de la vida espiritual y social argentina.

El Poder Ejecutivo ha provocado esta lucha en momentos en que el país requiere la mas cuidadosa prudencia; en momentos en que el país estaba abocado a otros conflictos esenciales: el provocado también por el Poder Ejecutivo con la aeronáutica, el conflicto inminente con la marina y los relacionados con la economía, como los contratos petroleros, la sociedad mixta con la CADE y la solución clandestina con el grupo ANSEC.

En momentos en que el país vivía una inquietud fundamental, cuando todo aconsejaba prudencia y cautela, el Poder Ejecutivo lanza sobre la Republica esta manzana de la discordia, que divide a la juventud en laicos y libres, en un falso planteo, que lanza a los muchachos a la calle, que hace usar garrotes entre hermanos, mientras entraban a la Casa Rosada la SOFINA y la CADE, y se negaban„aspectos esenciales de la doctrina y del programa radical.

Antes de este Parlamento la universidad ha sido defendida con criterio reformista por hombres de este y de aquel sector. Muchos de ellos han presidido federaciones universitarias, y ahora esta en prueba esa reforma universitaria, y ahora es cuando debe defenderse. Al decir de Julio A. González, la derrota de la reforma universitaria, o su fracaso, es «el fracaso de una generación» y es también el fracaso de un programa de redención social, de justicia, de vinculación del pueblo con la universidad y de la universidad con el pueblo, y es la derrota de esquemas contra toda forma de imperialismo o de totalitarismos, de coloniaje, de dictadura sea fascista, nazi, falangista o bolchevique.

Se plantea este problema tan grave cuando jamás debió hacerse en el país. Adviertan los señores diputados que se argumenta que el «Poder Ejecutivo tiene facultad para reglamentar por decreto este articulo. Ayer el señor diputado, doctor Perkins, con su gran versación y autoridad sostenía la tesis de que ese articulo no puede ser reglamentado por decreto, sino por una ley del Congreso, porque así lo imponen no solo todos los antecedentes, sino porque implica un cambio fundamental en la orientación educativa del país.

Pero si fuera tal la tesis, como la sostienen los señores diputados de la mayoría —minoría en el planteo del despacho—, yo pregunto: ¿por que el Poder Ejecutivo en vez de dictar el decreto reglamentario de este articulo 28, lanza a la calle el problema anunciando que hará la reglamentación, y se agitan en todas las esferas, mientras la radio y la televisión se empeñan en que llegue a todos los oídos juveniles y sectores populares que de inmediato se conmueven ante este problema?

Pero el decreto no sale, lo cual demuestra otro grave error del gobierno, que solo se interesa en conmover a la juventud...

Sr. Carrera. — Cuando se aprobó el artículo 28, la crítica fue que tal cosa se hizo sin consulta. Ahora el señor diputado pretende que la reglamentación se haga sin consulta. Pongámonos de acuerdo.

Sr. Perette. — Le voy a contestar.

Soy partidario de la mayor controversia en todos los problemas, pero quiero señalar que si tal era lo que el Poder Ejecutivo entendía, si esa era su convicción, no era justo, oportuno y conveniente para el país decretar no la norma, sino el problema, es decir, crear esta convulsión que lamentablemente para el país el gobierno ha desatado, y no se si podrá detener porque ha creado profundo odio entre la muchachada.

Los señores diputados dicen que están tranquilos. Estamos tranquilos aquí, en las bancas, pero no esta tranquilo el país, ni las universidades, ni las escuelas, ni los gremios. Eso no lo inventa la oposición, sino que lo señala toda la prensa argentina.

Yo confío todavía —pese a nuestras discrepancias con los hombres del sector de la mayoría - en que habremos de lograr la reparación de los errores. Y si se quiere reparar este error, lo que debe hacerse es dejar sin efecto esta cuestión, derogando el artículo 28 y no innovando en nada hasta que llegue la ley definitiva que asegure todos los derechos.

Así como condeno todas las intolerancias, la intolerancia religiosa o antirreligiosa; así como condeno el fanatismo que, como bien se ha señalado, es la ley de la selva, afirmo que solo una gran tolerancia puede construir el país en lo espiritual y solo una gran austeridad y sacrificio puede reparar a la Nación en lo económico.

Se ha traído este problema, señor presidente, en momentos en que el país tenía muchos problemas que resolver, al extremo de que los hombres de gobierno debieron comprender que hasta por razones de oportunidad no podían lanzar esta manzana de la discordia en el país. Quiere decir que el gobierno se presenta como el gran fabricante de problemas, como el multiplicador de conflictos porque, en vez de solucionarlos, los aumenta y acrece, inquietando a la Republica y creando el caos en el país. El gobierno prometió una gran paz espiritual. Ello constituía una preciada consigna y una extraordinaria proclama que se hizo al país. Pero nada de eso ocurre ni ocurrirá. Es todo lo contrario.

Si el criterio de la mayoría - minoría del despacho, prosperara, ¿que representaría? Representaría el triunfo de un sector, significaría el encono, una lucha abierta que no terminaría  nunca. Seria una solución aparecerá que confirmaría a un sector, al sector católico, que yo respeto y considero que es mayoría en el país, pero que no es el país, y nuestra misión es servir nada más que a la Republica.

No tengo en cuenta, para hacer mi planteo, los guarismos electorales. Estamos legislando y tratando de solucionar problemas, no de crearlos. Y así como el articulo 28 de ese decreto creo problemas, a tal punto que obligo al gobierno de la Revolución Libertadora a no consagrarlo, este despacho del sector de la mayoría, que en este caso es minoría, constituye la legalización del articulo 28 y una grave provocación al país.

Ese artículo fue un injerto, como lo es esta disposición a que me refiero. Y el país vera que mientras no se le da un solo recurso nuevo a la universidad, mientras no se consagra la ley universitaria, se da esta cláusula que responde a una tendencia o a un sector, que es responsable y que constituye, repito, un factor fundamental en la vida argentina, cual es el catolicismo. Es, incluso, un factor fundamental en la vida universal, pero no se puede pretender establecer que sus inquietudes y sus intereses son los de toda la comunidad. Tampoco se puede dar una ley atacando la universidad o destruyendo lo construido.

Nosotros señalamos claramente nuestra posición. No nos vamos a prestar a ningún juego. Estamos en una posición de defensa de esos bienes jurídicos esenciales a que se han referido los señores diputados. Defendemos la libertad de culto, de conciencia, religiosa, de ensenar y aprender, como defendemos la reforma universitaria y la ley 1.420, la escuela de Sarmiento, la obra de nuestros educadores que ha sido beneficiosa y fecunda, esa obra de la universidad argentina, que no le ha hecho mal al país, como pareciera aducirse. Defendemos esa universidad argentina que ha permitido el progreso cultural de la Nación. De no ser así, llegaríamos a esta paradoja: si la universidad argentina es la proclamación del ateismo, de lo irreligioso, de lo anticatólico —lo que nadie acepta ni proclama— ¿como se explica que este país, funcionando esa universidad y esa escuela democrática, mantiene una gran tolerancia religiosa y sigue siendo país eminentemente católico? De ninguna manera, pues, la universidad ha servido para la apostasía de esos principios o para negar las grandes construcciones del saber, de la cultura y de la ciencia.

'Nosotros advertimos a la iglesia católica nuestra posición. Somos un partido respetuoso de la religión católica, pero también de todas las religiones. Respetamos todos los cultos, respetamos al ser humano, respetamos el derecho de adorar a Dios a su manera, y no queremos conflictos religiosos en la vida argentina. Por eso le decimos claramente nuestra palabra a la iglesia Católica. No la vamos a engañar, pero no vamos a renunciar a la reforma universitaria. Salimos de la universidad como reformistas. Volveremos como reformistas a defender la proclama de «Pan y Libertad» para mayor justicia, igualdad y fraternidad entre los hombres.

Pero le advertimos a la iglesia católica, que tiene acreditada acción e intensa lucha, que no necesita de estos beneficios pasajeros y de estos arreglos políticos y concesiones palaciegas. Le reclamamos que aprenda la lección. Ya la sufrió durante la época del régimen depuesto. Consiguió mucho beneficio y mucho castigo, y es esta la gran lección. Cuando fueron perseguidos, cuando los templos fueron quemados, cuando se les asignaba a los católicos la bandera incendiada, fueron nuestras voces, de hogares católicos, unidos los hombres que están en aquel y en este sector, las que dijeron que era una infamia contra la iglesia católica y exigimos reparación y reclamamos justicia para ella.

Pero le advertimos a la iglesia católica que estos arreglos ni de estos beneficios que no son duraderos y que de nada valdrán. La religión cumple una gran misión moral, espiritual y social, cualquiera sea, pero no necesita de estas combinaciones de palacio y de estos efímeros beneficios. El país sigue siendo en su mayoría católico y no ha necesitado de la universidad católica. A ninguno se le ha enseñado en el país a ser ateo, a ser antirreligioso, a renegar de Dios o a quitarle a otro el derecho de adorar a Dios a su manera.

El radicalismo tiene la gran autoridad de que no viene a este debate con cálculos electorales ni a disputar posiciones. ¡Como no hemos de defender la libertad de enseñar y aprender! Si es de la esencia de la vida humana y del vivir democrático, si es un precepto de la pragmática constitucional. Personalmente he presentado un proyecto de ley que prevé un «recurso de amparo» cuando se niega a un ser el derecho de enseñar y de aprender.

Creo mas, tal vez coincidiendo con algún planteo de este debate. Entiendo que si se pretendiera negar el funcionamiento de las universidades privadas, seria inconstitucional, porque afectaría al principio de la libertad de ensenar y de aprender. Más aun, creo que el funcionamiento de las universidades privadas existe sin el precepto, sin la norma y sin la legislación, porque hace a la esencia del vivir democrático.

Pero eso no importa admitir que se alteren los postulados de la reforma, que se iguale la universidad privada a la universidad del Estado, que es patrimonio y vivir argentino, que se autorice la expedición de títulos y diplomas por otra vía que no sea la del Estado por intermedio del órgano jurisdiccional que es la universidad del Estado, que no es un «pariente lejano de la Nación», que no es un «pariente en desgracia de la Republican sino que ejerce sus funciones autarquicas de órgano del Estado para el cumplimiento de los fines cuyo desarrollo le confía el Estado. De manera que no es un ente cualquiera o ajeno al Estado, ni es posible igualar en este caso, como se pretende, a la universidad privada con la universidad nacional, que es universidad del pueblo, adonde todos pueden concurrir y enseñar, sin diferencias sociales, ideológicas, dogmáticas o económicas.

Debemos defender a esa universidad, apoyar- la intensamente. Se dará la paradoja, como lo señalaba el presidente de la Federación Universitaria Argentina, de que sin una cláusula de ayuda a la universidad nacional saldrá una norma-injerto, que es de privilegio, para un sector respetable del país, pero que no es la Nación; que solo ella puede considerarse dentro de la ley universitaria, donde tendrán que ir todas las inquietudes y resolverse todos los problemas, porque no creo que este sea un problema entre laicos y libres, sea un problema entre ateos y creyentes: es un problema educacional, de reforma universitaria, de concepción integral del vivir. (¡Muy bien! ¡Muy bien!)

Este problema no se puede convertir en mercancía política para buscar un apoyo que los católicos le han dado con una manifestación, pero que tienen que saber que de nada valdrá.

Las virtudes de la religión católica, como de todas las religiones, no dependen de los beneficios y dadivas del poder.

Fray Mamerto Esquiu señala que la Iglesia aparece con más vigor y la religión con más empuje cuantos más sacrificios tiene, cuantas más persecuciones sufre. Y es la verdad. Los hechos de la historia así lo demuestran.

Téngalo en cuenta la Iglesia con los episodios vividos. ¿Cuando fue mas fuerte, cuando algunos de sus sacerdotes frecuentaban el poder político para lograr la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, a la cual después devoro el propio «pastor» que se la diera; cuando estaban en vinculación con el peronismo, o cuando salio a luchar en la calle, a defender sus derechos, a proclamar sus virtudes, con fe en sus ideas y en el apostolado del cristianismo, que es una concepción de justicia, de amor y de esperanza? El interrogante señala toda una definición.

Analice la gente del sector católico, y escúchenos no como a hombres enemigos de la religión; absolutamente, no. Sabemos la importancia y contribución de ese sector en el país: pero no se puede pretender que se legisle para un sector, sino para todos, ni que se anule la unidad espiritual del país.

A la universidad del pueblo, no a la universidad laica, a la universidad del pueblo, como yo llamo a la universidad nacional, pueden ir hombres de todas las ideas y todas las creencias. ¿Ocurrirá lo mismo en una universidad católica, judía o mahometana, por ejemplo? Ira el que tiene ya una concepción ideológica y religiosa determinada; ira el que tenga ciertas condiciones económicas. Pregunto: ¿donde esta el monopolio, donde el privilegio? ¿En la universidad nacional para todos o la privada? Personalmente —lo digo con toda claridad— yo creo que la universidad del Estado es la verdaderamente ideal para nuestro país y especialmente en este periodo de su evolución. Lo creo y lo sostengo, respetuosamente, sin atacar a nadie, sin menoscabar el derecho de los demás, porque conseguirá ella la unidad espiritual, no dividirá a los argentinos por el color, por la idea, la religión o por la raza; pero afirmo también que nada ni nadie puede prohibir el funcionamiento de- las universidades privadas, que han cumplido en otros países y pueden cumplir en el nuestro una misión respetable, sin alterarse la misión integral de la universidad de todos.

Reconozco la función de la universidad y de la enseñanza privada, y lo señalo, como lo ha señalado en su resolución de hace pocos días el comité nacional. No es exacto que estemos en una actitud obstruccionista o negativa. Decimos claramente que debe derogarse el artículo 28 y que en una futura legislación deben computarse todas las inquietudes y reclamos, para hacer la legislación que el país necesita para su paz espiritual y para la mejor educación.

Repito que la universidad privada no puede ser igualada, como estructura, como contenido y como concepción, a la universidad nacional. ¿Se enseñara en la universidad privada la reforma universitaria, la lucha contra el imperialismo, la libertad de cultos? Sostengo que otra será su predica y otra la participación estudiantil en la vida de las casas de estudio.

Afirmamos que es necesario ir a la entraña del problema. El presente es un debate aleccionador, aunque demore tiempo y aunque tengamos que quedarnos todo el día para sancionar las leyes que reclaman los jubilados, el magisterio y otros sectores sociales.

Una voz de mujer, de una mujer digna, la diputada Baigorria, señalaba ayer como la universidad juega su papel en la integración espiritual de un pueblo. Efectivamente, porque no se cierra las puertas a nadie y se las abre a todos, porque no da privilegios, porque permite que siga el país hacia el objetivo supremo de una verdadera reforma universitaria, que no se ha logrado, lo reconozco, pero que es nuestro deber conseguir, y lucharemos por conseguirla.

En un debate de 1947, al discutirse la ley universitaria, participaron con acierto Nerio Rojas, que fijo claramente su posición con la reforma universitaria, Alfredo Calcagno, Gabriel del Mazo, Nicolas Rubino, Antonio Sobral, Luis Dellepiane y Emilio Ravignani.

Sr. Presidente (Zanni). — Ha vencido el término de que disponía el señor diputado por Entre Ríos para hacer uso de la palabra.

Sr. Carrera. — Pido que se prorrogue el término.

Sr. Presidente (Zanni). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Zanni). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — En esa oportunidad, el radicalismo «contrajo un compromiso con el país». Los cuarenta y cuatro diputados del bloque —entre ellos Balbín, que era su presidente, y Frondizi — dijeron que para «la acción reparadora de la universidad argentina el radicalismo dejaba comprometida su palabra. Es decir, que se contrajo un compromiso que ahora tenemos que cumplir.

Sr. Carrera. — ¿En que consistía el compromiso?

Sr. Cortes. — Advierto al señor diputado que en ese debate no se trato el asunto que ahora consideramos. Fue un debate muy interesante; pero su tema fue la inclusión de la enseñanza religiosa en los colegios.

En la posición radical al respecto podemos coincidir, señor diputado; pero se trata de una cosa distinta.

Sr. Perette. — El debate al que yo me he referido no es el debate a que se refiere el señor diputado: el señor diputado se refiere al debute sobre la enseñanza religiosa; yo me refiero al debate sobre la ley universitaria. Es otra cosa.

Sr. Carrera. — Fue por compromiso...

Sr. Perette. — Vamos por partes. El señor diputado ha estado fuera del asunto en discusión. Me réferi a la ley universitaria, no a la ley de enseñanza religiosa, cerca de la cual todos coincidieron en su rechazo, inclusive el actual ministro doctor Mac Kay, que es ministro de Educación y Justicia, pero que al final de cuentas ha traído el problema grave de la justicia y anarquizado la educación. (Risas.)

Pero, señor presidente, se contrajo en ese debate uno de los importantes compromisos, con toda la juventud argentina, de defender la reforma universitaria. Y esos compromisos valen y valen mucho. Debemos tener, señor presidente, la autoridad de hacer como gobernantes lo que proclamamos como opositores, porque si no, ¿que dirá esa masa peronista? Que nos oponíamos porque estaba Perón. Absolutamente, no, señor presidente; nos oponíamos porque íbamos a hacer nuestra revolución, esta reforma universitaria, que no es un compromiso contraído que acá no se cumple y no se respeta: es una revolución espiritual, que es un proceso de redención social y humana. (¡Muy bien !Muy bien! Aplausos.)

Igualar las universidades, sostener que la universidad estatal es igual que la universidad privada, es herir de muerte a la universidad de todo el pueblo. No nos llamemos a engaño. La minoría de la comisión sostiene que los títulos deben ser expedidos por otro órgano del Estado que no es la universidad nacional. Y eso es fundamental y serio, porque provoca una agresión a la universidad reformista y popular que hemos defendido, que todos proclamamos, pero que aquí esta a prueba hoy.

Este es un proceso que hace a las raíces educacionales de la Republica, que no admiten ni el oscurantismo, ni la regresión, ni la intolerancia, ni predica el ateismo ni la irreligiosidad, ni el anticatolicismo.

Nosotros hemos fijado nuestro planteo. Hemos dicho que es un problema creado artificial- mente por el Poder Ejecutivo, frente a los problemas generales en materia energética y petrolera. Hemos señalado la tradicional postura del radicalismo, de amplia tolerancia religiosa; hemos hablado al país de este proceso, a los católicos y a los no católicos, y hemos dicho que debe derogarse el articulo 28, y que debe legislarse en materia de reconocimiento de la universidad privada dejando al Estado, por intermedio de la universidad nacional, el exclusivo otorgamiento de títulos habilitantes. Lo hemos dicho con claridad, con precisión, para que lo sepan los católicos y los no católicos. No sabemos quien pesa más en la balanza electoral. No nos interesa.

No creemos que esto tenga que aprobarse, como lo pretende el sector que es minoría hoy, porque «fue un compromiso del presidente de la Nación en la campaña electoral. Ese compromiso tiene enfrente otro compromiso, que es la esencia del radicalismo, que es la doctrina radical, que es la plataforma de todos los tiempos en defensa de la reforma universitaria. Tiene, a su vez, el compromiso de otros que votaron por ese candidato, que no comparten ese criterio. Yo preguntaría a los comunistas, a los izquierdistas, a los liberales de extrema izquierda que votaron por Frondizi si están de acuerdo ahora en volver a votarlo después de este planteo. Verían los señores diputados que no. Es decir, habría enfrentamiento de compromisos.

Digo esto sin animosidad, porque este debate tiene una virtud: la de que haya tolerancia, por lo menos, entre nosotros. Este debate tiene que servir para esto. No se engañe el sector de la mayoría. Una cosa es ser candidato y hacer un programa con aparente habilidad, usando de todos los recursos y medios en materia electoral, y otra cosa es estar en el gobierno, mantenerse en el gobierno y cumplir en el gobierno respondiendo a todas las exigencias de bien público y de paz espiritual.

Aseguro que estamos en una posición reformista clara y concreta, que no nos hace renegar de la democracia ni del pueblo americano, que no nos hace renegar de la universidad privada, que subsistirá se dicte o no la ley, tal como subsisten los establecimientos de enseñanza privada; pero no nos quita el derecho de decir que la universidad de todos es el ideal del país, es la fuente, la fragua de fraternidad argentina, que no se lograra si se perdura en este propósito del sector adicto a la posición del gobierno.

Como decía el señor diputado Becerra, yo creía que en este asunto íbamos a estar en una posición unida. Como lo he señalado, el gobierno no pudo ni debió crear el problema; y, además, nosotros no estamos inventando una posición. Tenemos la posición del partido, dada por la plataforma y por la profesión de fe doctrinaria, que dice que «el radicalismo cree que solo una cruzada de honda pulsación humana por la liberación del hombre contra todas las formas degradantes del imperialismo y del absolutismo en todos sus aspectos, podrá salvar al mundo en su grave crisis. Y afirma: «El radicalismo es el pueblo mismo en su gesta para constituirse como nación dueña de su patrimonio y de su espíritu.» Ahí esta la esencia de esta plataforma y profesión de fe doctrinaria que hoy no puede ser olvidada, y esta también en el programa electoral de la ultima campaña, a través del cual prometimos al país restaurar la plena vigencia de la reforma universitaria, y que el propio candidato a presidente, doctor Balbín, sostuvo y defendió en todo instante.

El señor diputado Carrera ha leído conceptos del doctor Balbín, eminente ciudadano argentino que ha honrado a la democracia; pero afirmo que de esos conceptos no surge la negación de nuestro planteo y, muy por el contrario, apuntalan nuestras conclusiones y nuestra postura.

Nosotros advertimos que no estamos solos en este planteo sino que también esta el país, y en el propio sector de la UCRI existen núcleos que están sintiendo la inquietud.

Sr. Uzal. — ¿Y por casa como andamos?

Sr. Perette. — Nosotros tenemos una sola discrepancia, que es la del diputado Hernández Ramírez. Deseo señalar que este es un asunto demasiado serio, y que quiero tratarlo con ese carácter.

En esa asamblea multitudinaria pro universidad reformista y del pueblo, en que hubo 200.000 o mas personas —tal vez la asamblea mas grande de los últimos tiempos— se dijo concretamente por 63 diputados de la UCRI: «19 Negamos expresamente que en los actuales momentos este en juego el principio de la libertad de enseñanza o de la enseñanza libre, como quiera llamársela, que todos defendemos. 29 Pero entendemos, en ejercicio del derecho de policía del Estado, que los títulos habilitantes para el ejercicio de las diversas profesiones cientificas solo pueden ser otorgados por las universidades estatales.» Firman: Alzabe, Arito, Baigorria, Becerra (O. A.), Boffi, Bonet Convalta, Breyter, Bruzzo Iraola, Bulit Goni, Caggiano, Calabrese, Camet, Castillo, Condoluci, Correa, Chavero, Diaz, Domingorena, Feiguin de Ferrari, Galeano, Gallo, Gorospe, Grandi de Martin, Gutierrez (V. H. B.), Heredia (B. M.), Heredia (G. L.), Jara Melagrani, Juri, Lafuente, Lopez, Lopez Sanson, Luelmo, Marchini, Maitirani, Mussacchio, Nassif, Parodi Grimaux, Pennachi, Pito, Posse, Rodríguez Díaz, Rosen- krantz, Sago, Salomone, Santagada, Segovia, Sirena, Solanas, Sujeros, Tarulli, Tecco, Tortonese, Urrelay, Valle, Vecchietti, Villar, Pittaluga, Tonelli, Cuaretta. Monte. Este manifiesto lleva fecha del 23 de septiembre de 1958.

Es decir, es un problema que escapa al casillero político, como lo demuestra la actitud del senador por Entre Ríos, doctor Bertora —de la UCRI—, que ha presentado en el Senado un proyecto de ley por el que se deroga lisa y llanamente este articulo 28, sin ningún agregado, y sometiendo al estudio futuro de una legislación integral todo lo referente a la universidad. Dice el señor senador Bertora en su proyecto: «La oportunidad de hacerlo lo será cuando la Legislatura se aboque a la restructuración de la ley universitaria, pero, mientras tanto, en el ínterin es preciso derogar la disposición que crea no solo el derecho a postular la reglamentación a que se refiere el articulo 28, sino también la existencia de un factor de perturbación e inquietud dentro del ambiente cultural del país.

El señor senador Bertora sostiene la misma posición que nosotros sostenemos: la derogación del artículo 28 y que no se dicte en este momento ninguna norma innovando en el problema, y que por vía de la legislación universitaria se adopten todas las disposiciones que corresponda en la materia.

Nosotros no estamos inventando una posición. El radicalismo de nuestro comité nacional ha dado una declaración en la cual señala la inoportunidad de este planteo, cuando era más necesaria que nunca la tranquilidad espiritual; y cita un ejemplo que ayer menciono con acierto. en términos no semejantes pero coincidentes, el señor diputado Caggiano: «que igual posición asumiría el partido si grupos particulares crearan institutos para la enseñanza militar y reclamaran por este hecho y como suya la facultad de extender títulos habilitantes para el ejercicio de la profesión, substituyendo al Estado o igualándose a el en la obligación de consagrar y proveer los especializados para la formación de las fuerzas armadas de la Nación, es decir, las que hacen a su soberanía e integridad territorial, como las otras profesiones hacen a los derechos, a la salud, a la seguridad y a la educación del pueblo».

Estamos avalados por una conducta de todos los tiempos y seguimos sosteniendo lo mismo. En este caso no es lógico ni justo que el enfrentamiento se realice entre la libertad de enseñanza y la enseñanza laica. Este no es el problema. Se trata de la universidad del pueblo, de los idea- les de la Reforma frente a los que quieren ahora una legislación especial y de privilegio sin que se dicte la legislación integral, deformando alterando y desvirtuando la universidad argentina para colocarla en una igualación que no corresponde.

La universidad como entidad autárquica tiene la delegación del Estado, como lo señala (el doctor Rafael Bielsa en su obra Derecho Administrativo), tomo II, pagina 7, cuando expresa: «El Estado crea para la gestión de los intereses colectivos órganos que realizan funciones de administración publica, que son funciones del Estado y para el Estado, a la vez que su administración propia.» Mas adelante señala las diferencias entre autarquía y autonomía, y manifiesta que las universidades tienen esas características de  reparticiones autárquica, que tienen la delegación del Estado y que actúan por el, dado que son órganos de la Nación, porque no son órganos extraños de la Republica, y que, como tales, representan al país.

Se trata de un caso similar al de YPF, que ha representado y representa a la Nación en defensa de nuestros recursos energéticos, que debemos defender con celo, inquietud y con pasión frente a los graves y perjudiciales contratos sobre petróleo que ha firmado el Poder Ejecutivo y que este Congreso deberá debatir de alguna manera.

Además, queremos señalar que es necesario fijar una posición clara que esta avalada por todos los antecedentes de la materia.

Se ha hablado aquí de que hay un compromiso con el pueblo y también se ha hablado de «un compromiso del presidente de la Nación*. Yo no se que alcance puede tener esa promesa electoral, si puede dársele validez, porque una cosa es hablar de libertad de enseñanza y otra de anular la reforma universitaria, y otra cosa es hablar de igualar la universidad nacional con la universidad privada y otra que un organismo ajeno a la universidad expida títulos y se niegue así a la universidad de todos.

Este problema tiene sus bemoles. Tengo copias de telegramas de hombres de la UCRI y especialmente de la juventud de Entre Ríos que reclama que se apruebe la derogación lisa y llana del artículo 28; documentos de hombres que han luchado en la ortodoxia de la UCRI y entre ellos uno de la oficina universitaria del comité nacional durante la presidencia del doctor Frondizi. Ese documento, que es de febrero de 1956, dice lo siguiente: «Recogiendo las manifestaciones aparecidas en los periódicos del 27 del mes pasado en el sentido de que antes de dictarse la reglamentación del articulo 28 del decreto serán escuchadas las observaciones y sugestiones que puedan hacer los sectores de la opinión publica, la oficina universitaria del comité nacional de la Unión Cívica Radical expresa su convicción de que en materia tan trascendente y de fondo como la educación es conveniente obrar con toda prudencia y mesura. Antes de decidir sobre ella es imprescindible un amplio debate publico, el que solo seria aparentemente posible bajo el régimen de absoluto imperio constitucional, cuando los poderes públicos funcionen normalmente y todos los sectores del país estén democráticamente representados en el Poder Legislativo. Ello es más evidente si se trata de reformar, como en el caso, instituciones que tienen mas de medio siglo de existencia.

Como esta cuestión —agrega este comunicado— puede dividir en forma profunda a la opinión publica del país en un momento en que es imprescindible crear un clima de convivencia y entendimiento, la oficina universitaria expresa su confianza de que el gobierno provisional, en carácter de tal, no asumirá la responsabilidad de introducir reformas de fondo en la estructura educacional argentina.
De modo que se reclama un clima de convivencia, de paz y de tranquilidad, en el comunicado de la oficina universitaria.

El otro documento que invoca esa comisión universitaria de la UCRI es de Ricardo Rojas sobre la restauración nacionalista, en el que se opone a las universidades privadas con carácter dogmático.

Pido la inserción de estos dos documentos, que son del año 1956, en el Diario de Sesiones y que demuestra posturas distintas de la UCRI.

Resulta entonces que el sector de la UCRI advierte al país: 1° que es un problema trascendente; 2° que hay que obrar con prudencia y con mesura; 3° que todos los sectores deben estar representados en el Poder Legislativo; 4° que es una reforma de algo que tiene mas de medio siglo de existencia; 5° que esta cuestión puede dividir profundamente a la opinión publica del país; 6° que es imprescindible crear un clima de convivencia y de entendimiento argentino. Es decir que en esa expresión esta la substancia radical, la profesión de fe doctrinaria. Esta luego la concitación con una actitud contraria a la universidad privada, a la que yo no necesito llegar, pero advierto que este es un problema de raíz, que justifica plenamente las grandes discrepancias que puede haber en el sector de la UCRI, como también puede haberla en hombres de este sector, porque es un problema que hace a la fe en el hombre, al espíritu humano, a la libertad de conciencia, al derecho de adorar a Dios a su manera.

Días pasados escuchaba alguna voz juvenil de la UCRI: será posible que en materia económica y financiera pueda llegarse a muchas transacciones, porque hace a lo económico y a la imposibilidad material. Yo no creo en tal imposibilidad, y si tengo fe en el autoabastecimiento energético del país y en la recuperación de la Nación. Pero advertía como en esto que hace al espíritu, que hace a la legislación, no podían hacerse transacciones ya que no es asunto de un día, sino que con el se inicia un proceso que no debe venir por vía de un injerto que será semilla de discordia, sino que debe ser la consecuencia de un estudio integral del problema y sin anular la unidad espiritual de la Republica.

Nosotros —y ahora contesto al señor diputado Hernández Ramírez— en "el despacho de la Convención Constituyente, como lo señalo muy bien el señor diputado Blanco en su magnifico discurso, afirmamos con claridad nuestra postura. No vendríamos ahora a cambiarla, aunque perdiéramos cien elecciones, como no aceptamos ni esperamos del exterior las órdenes; aunque debamos esperar mucho tiempo, porque si nos toca llegar al gobierno, llegaremos por gravitación de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha y de nuestras ideas y conducta invariable.

Además, tengo confianza en el pueblo argentino, en la democracia, y se que este país hay que hacerlo en la reconstrucción, pero hay que reconstruir sin dejar de cumplir lo prometido, y sin arruinar ni destruir las sustancias que dieron vida al radicalismo argentino.

Creo que el despacho de la minoría legaliza el artículo 28, y lo agrava. No tiene el Poder Ejecutivo facultad para hacerlo por decreto, pero se lo legaliza por ley, mediante el despacho de la minoría. Solo se contempla la universidad privada. Se olvida a la unidad de todos.

Además —y en esto hay una violación de carácter institucional— ya que se delega la facultad para que el Poder Ejecutivo proceda discrecionalmente de lo que no se puede delegar, y se anula en mi concepto la universidad del pueblo, la universidad de todos, la universidad del Estado. Así lo con firman los estudios que tengo aquí del doctor Rafael Bielsa sobre autarquía y autonomía, y sobre el ejercicio del poder de policía.

Por su parte, el doctor Nicolás Romano, citado ayer, ejemplar figura cívica argentina, en un estudio titulado «Hipólito Yrigoyen y la reforma universitaria dice estas palabras: «Contribuyo en mucho a americanizar la America la revolución universitaria iniciada en 1918 por los estudiantes de Córdoba. Fue en verdad un movimiento contra el oscurantismo y la reacción enquistada todavía en los claustros de la vieja universidad, pero el manifiesto que explicaba la significación del movimiento se dirigía a los hombres libres de Sudamérica, incitando a la juventud nacional y continental a colaborar en una lucha honda, americana».

En este debate se ha citado la opinión de los hombres de la universidad en 1947. Precisamente hoy el doctor Romano me ha hecho llegar los conceptos de esa reunión de octubre de 1947, que dicen textualmente: «El despacho dice: los diplomas de las respectivas profesiones serán expedidos exclusivamente por la universidad.

El discurso del doctor Romano dice en forma concreta: «Confiemos en que no nos faltaran medios para trabajar desinteresadamente. Repito: para trabajar, que no es lo mismo que buscar sueldos y rentas cómodas. Tampoco vamos a otorgar títulos habilitantes ni diplomas profesionales. Queremos substituir la burocracia universitaria por una enseñanza activa y apartada del honorario (pagina 133 de la publicación «Convención pro universidad democrática y autónoma», Rosario, 1947).

En la Convención Constituyente de 1957, el doctor Alfredo Palacios, gran luchador de America, dijo lo siguiente: «Soy partidario de la libertad de enseñanza y por eso contribuí a la fundación de aquella universidad libre. Pero entonces nadie pensó en otorgar títulos habilitantes. Eso corresponde exclusivamente al Estado y eso es lo que sostenemos.»

Sr. Uzal. — Estamos de acuerdo.

Sr, Calabrese. —¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Perette. — Si, señor diputado.

Sr. Calabrese. — Quiero significar al señor diputado que lo que esta exponiendo coincide perfectamente con el despacho de la minoría, que, seguramente, va a ser ampliado después del debate registrado en la Cámara.

Yo pregunto al señor diputado si el y su bancada estarían de acuerdo en transformar, modificar o substituir el articulo 28 que estamos tratando, por cláusulas donde se preserven los siguientes principios: la universidad privada debe ser declarada, previamente, de necesidad publica; debe gozar de personería jurídica; no ser contraria a la moral, a la Constitución Nacional y a las leyes, tal cual exige el régimen francés; debe proveer con sus propios medios a su subsistencia y desenvolvimiento; no debe tener propósito de lucro, no podrá otorgar títulos habilitantes, sin previo examen de Estado ante organismos oficiales creados a tal efecto; debe poseer programas de estudio con un mínimo igual al programa de la universidad nacional, que deben ser aprobados por el Poder Ejecutivo y someterse, lógicamente, a la fiscalización y vigilancia permanente de este.

Si se fundara la universidad privada con estos requisitos y bajo estas condiciones, yo pregunto al señor diputado —y por su intermedio a la bancada de la oposición—: ¿estarían de acuerdo?

Sr. Perette. — Voy a contestar a su pregunta con mucho gusto.

En primer lugar, debo decir que la pregunta del señor diputado esta contestada a través de todo lo que he expuesto y por el contenido de dos documentos, uno de la mesa directiva del comité nacional, de hace cinco días, y otro de nuestro bloque parlamentario.

Sr. Calabrese. — Que coinciden con este pensamiento.

Sr. Perette. — Nosotros sostenemos lo siguiente: primero, debe derogarse el articulo 28, «seguido de la nueva ley universitaria integral, donde deben resolverse y considerarse todos los problemas, dejando a salvo los principios do la reforma universitaria; segundo, debe prestarse ayuda amplia a las universidades para que el pueblo tenga el mayor y fácil acceso a ellas, y asegurando la gratuidad indispensable; tercero, debe asegurarse la libertad de ensenar y aprender; cuarto, debe garantizarse en toda forma a los padres el derecho de elegir la enseñanza para sus hijos.

Sr. Calabrese. — Lo establece el artículo 14 de la Constitución.

Sr. Perette. — Efectivamente.

Quinto, asegurar con todo el impulso la universidad de todos, es decir, la universidad sin distinciones, sin credos religiosos y sin dogmas; sexto, reconocer el funcionamiento de las universidades privadas; séptimo, defender la enseñanza común, popular y democrática en todas las orbitas de la enseñanza; octavo, afianzar el cumplimiento de la reforma; noveno, los títulos solo pueden ser expedidos por la universidad nacional, que es el órgano del Estado que solo debe y puede hacerlo.

Nosotros, con todas las garantías, aceptamos el funcionamiento de las universidades privadas. Pero, previamente, debe establecerse la ley universitaria integral y el imperio de la reforma. Sostenemos que la expedición de títulos tiene que ser otorgada por la universidad nacional, que es el órgano a quien el Estado le delega esa función, y no por ningún otro superorganismo o supercreación hibrida del Estado, que anule la universidad de todos.

Todo eso con una exigencia, que es la derogación lisa y llana del artículo 28, para que queden las cosas en su estado actual, y sepa el país que no se innova en esta materia. Ese fuera un mensaje de paz para la universidad argentina, para el estudiantado e incluso para los hogares del país.

Cuando hemos sostenido estos conceptos, que no pueden ser desvirtuados, nos encontramos con actitudes y planteos raros. En vez de invocarse a del Mazo, los señores diputados, que tienen tanta ortodoxia intransigente, prefieren invocarlo a Thedy. Estamos presenciando en el país variaciones substanciales: en vez de que del Carril informe sobre la política general económica, Alsogaray se convierte en el vocero del gobierno y va a los cuarteles a decir lo que piensa el Poder Ejecutivo, y lo que el gobierno va a hacer; respetando a Alsogaray, que no es el que ha cambiado de posición y se ha hecho «ucrista», sino que es el presidente de la UCRI quien se ha hecho devoto de las ideas del Partido Cívico Independiente. (Risas.)

Yo no concibo esto de que el señor Alsogaray, a quien respeto en su actitud porque es sincero en su posición, aunque la crea absolutamente equivocada, se convierta en dueño de la Republica para atacar a los políticos, como se ha dedicado, y sea el vocero del gobierno, pues habla y anuncia que cuando se clausure este Congreso se cambiara la política económica.

Sr. Gonzalez. — Sabe por experiencia, el señor diputado, que cualquiera puede decir cualquier cosa en este país.

Sr. Perette. — Pero Alsogaray es, hoy, el vocero del gobierno de la UCRI.

Decía que en vez de invocarlo a del Mazo se lo invoca a Thedy, hombre respetable de la democracia argentina. Y se llega a esta paradoja: de los contratos de YPF va a informar mister Holland, abogado de las empresas, en vez de que se le informe al Congreso sobre esos contratos y el Congreso los considere.

Creo que es necesario que esto se contemple. Cuando nosotros hacemos la invocación de del Mazo, que es el ministro de Defensa, y que no ha podido actuar porque esta enfermo y por lo tanto me parece inconveniente que entremos a juzgarlo, es para afirmar que la reforma universitaria ha sido invocada como su heredera, su hija dilecta. Tengo aquí el proyecto de del Mazo, en cuyos fundamentos dice que hay que ir a la esencialidad, a la substancia, al ser nacional.

Sr. Pozzio. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Perette. — Si, señor diputado.

Sr. Pozzio. — Incluso del Mazo es el autor de la profesión de fe doctrinaria confeccionada en el año 1948 en la asamblea intransigente de Avellaneda.

Sr. Perette. — Le anticipo que la he sentido con emoción y la he servido luchando. Hace una gran exaltación de la iniciativa privada. Señalo que ningún miembro de la Unión Cívica Radical del Pueblo esta en ninguna posición estatista, o colectivista y menos comunizante. Creemos en la iniciativa privada.

A nosotros, como hombres de la minoría, por una especulación mezquina podría interesarnos que el país llegue a la desorbitación en el problema estudiantil. Los señores diputados, por medio de todos los diarios, ven lo que esta pasando. Aquí no hay otra solución que la de no innovar: derogar el artículo y no dar un paso más. No dar una ley que legalice el injerto.

Del Mazo debe definirse. Es un ministro del Poder Ejecutivo, pero a mi no me basta que vaya a un acuerdo y haga una exposición. Debe su opinión al país y al estudiantado, por la emoción que en los jóvenes provocaron sus ideas de antes y que no hay que defraudar. Que no crean que la palabra radical sea la falsificación de lo prometido. Todos tenemos algún deber, pese a tener alguna discrepancia profunda. No se toma un gobierno como empresa para llegar a ser presidente: hay que obrar como presidente para todo el país. Hay que pensar que Yrigoyen cayo en 1930 por no entregar el petróleo; el presidente actual quiere subsistir con los contratos petroleros y negociando con los grandes consorcios de Holland, Rockefeller y Odllun.

Del Mazo sostiene que «las universidades son organismos del Estado, establecidos para servir al pueblo de la Nación. Al cumplimiento de esta suprema finalidad consagraran la plenitud de sus aptitudes científicas y docentes. Señala que «la palabra universidad solo podrá ser empleada como denominación por las existentes», es decir le da esa preferencia, esa plenipotencia, a la universidad del Estado.

Dice del Mazo en los argumentos del proyecto: «Afirmamos el concepto de la universidad como organismo del Estado. El gran movimiento americano, nacido en 1918 en la Republica Argentina, que por antonomasia ha si de llamado «la reforma universitaria dejo dicho por sus autores principales que no es aceptable la claudicación consistente en afirmar que el Estado jamás podrá gobernarse con inteligencia y con justicia ni erigirse a imagen y semejanza de su pueblo. Suele hablarse de universidades «libres». Cabe preguntar: ¿libres de quien? ¿No valdría la aclaración de que se nos dijera a quien estarían sujetas? Frente a los predominios oligárquicos que padece el mundo, los Estados de nuestra America si aspiran a ser efectivamente nacionales, habrán de ser a la vez defensivos y emancipadores. La posibilidad de que se organicen universidades fuera de su egida puede acentuar la prevalencia de oligarquías internacionales que han sido causantes principales de claudicaciones políticas, de subordinación económica y de dependencia espiritual.

Esto esta dicho en la pagina 17 del proyecto. Son conceptos irrefutables.

La esencia, los conceptos y la doctrina de Julio V. González —gran hombre de America que dio tantas obras útiles al país en su vida, desgraciadamente frustrada tan temprano—, es la lucha por la reforma y no pueden invocarse sus ideas para justificar una agresión a la universidad de todos.

El proyecto de Julio V. González ha creado el examen de estado, pero no previendo que las universidades privadas tengan esa misión y que puedan ni siquiera otorgar títulos académicos. Tanto es así que en el articulo 48 usa la misma frase que del Mazo: «Ningún establecimiento privado de enseñanza podrá tomar el nombre de universidad. No puede tomar ni el nombre.

Sr. Uzal. — Lea el artículo 49.

Sr. Perette. — Y agrega: ...«ni otorgar los grados o títulos que confieran los institutos sometidos al régimen de esta ley o los que expide el Estado para el ejercicio de las profesiones liberales.

El articulo 49 dice: «Podrán existir universidades libres, pero para su establecimiento necesitaran una ley especial que las declare de utilidad publica, a cuyo efecto deberán manifestar quienes asumen la responsabilidad de la fundación, comprobar el origen y monto de los bienes, presentar los estatutos, planes de estudio y presupuesto de administración.

Toda la doctrina y la posición de Julio V. Gonzalez no conecta de ninguna manera con lo que los señores diputados pretenden. Si Julio V. González viviera, estaría junto a nosotros, defendiendo la libertad y este planteo reformista.

Sr. Uzal. — Con el Partido Socialista y Américo Ghioldi.

Sr. Perette. — A propósito, tengo aquí el debate de la Junta Consultiva. No creo que de los discursos de Américo Ghioldi, Alicia Moreau de Justo y Horacio Thedy, puedan extraerse fundamentos para justificar el paso nuevo que dará el sector de la mayoría.

El paso nuevo que va a dar el sector de la mayoría —no lo dice el proyecto, porque deroga el articulo— coloca el injerto de que se otorgaran títulos en ausencia y a espaldas de la universidad nacional, que como repartición autárquica, representa al Estado y como tal actúa en el cumplimiento de sus propios objetivos y en la misión que le ha encomendado el país por su órgano jurisdiccional.

Sr. Cortes. — El proyecto de la minoría coincide con lo expresado por ustedes en la Convención Constituyente. Recién no pude leerlo, pero es sumamente claro el despacho de la subcomisión de declaraciones derechos y garantías de la Convención, que tiene las firmas de alguno; de los diputados que están sentados en el sector de la minoría.

Establece lo siguiente: «Solo el Estado o sus órganos autónomos podrán otorgar títulos profesionales. Vale decir, que se refiere al Estado y los órganos autónomos.

Sr. Blanco. — No es el texto definitivo.

Sr. Cortes. — Es el que se utilizo, como principio, para decir que ustedes no querían el monopolio del Estado.

Sr. Blanco. — El despacho de la comisión redactora no es así.

Sr. Cortes. — Es el despacho de la subcomisión, pagina 1515 del Diario de Sesiones.

Sr. Perette. — Voy a contestar al señor diputado por Mendoza.

El inciso 11 del articulo 14 del despacho del sector de la Unión Cívica Radical del Pueblo dice textualmente lo siguiente: «El Estado garantiza a las universidades nacionales su autonomía didáctica y científica, la facultad de dictar su estatuto de acuerdo con la ley referida en el articulo 67 inciso 16, y designar su personal docente y administrativo, dotándolas de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de sus fines. Y agrega: «Solo ellas (las universidades) otorgaran los títulos habilitantes para el ejercicio de las profesiones.»

Sr. Cortes. — ¿Como hace coincidir el señor diputado lo que el leyó con lo que yo he leído, que esta firmado por la subcomisión? ¿Como hacer coincidir los señores diputados esa tesis de que solamente las universidades nacionales puedan emitir títulos, con los fundamentos dados por el presidente del bloque de los señores diputados, el convencional Albarracín Godoy que —a raíz de que los diputados del centro se retiraban del recinto porque el partido de ustedes quería establecer el monopolio?— ¿dijo que era contrario al monopolio del Estado?

Anteriormente ya he leído las palabras pronunciadas en aquel entonces. Vale decir que se preveía que mañana pudieran venir universidades privadas, a quienes el Estado podía otorgar títulos sin que lo hiciera la universidad nacional, es decir no supeditando el otorgamiento de los títulos de las universidades privadas a la resolución de universidades nacionales, si no al Estado mismo.

Sr. Presidente (Zanni). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Le voy a contestar al señor diputado.

El señor diputado Cortes es demasiado travieso. Hoy recordó un debate sobre la enseñanza religiosa, y yo le estaba hablando del debate sobre la reforma universitaria. Ahora invoca el texto del despacho del sector de la Unión Cívica Radical del Pueblo, y lee el primer párrafo. Yo le leo todo el artículo y llego a donde dice «Solo ellas —las universidades— otorgaran los títulos habilitantes para el ejercicio de las profesionales». Y punto final.

Ahora le voy a contestar a la otra derivación que hace, cuando se da cuenta de que se ha equivocado. El asunto del monopolio a que se refirió el diputado constituyente Albarracín Godoy no esta en contradicción con nuestra posición, porque al decir que solo el Estado otorga títulos no significa que monopolice la enseñanza; hay libertad de enseñar y aprender; puede haber universidades privadas, pero el Estado no delega la facultad de otorgar títulos en nadie mas que en el órgano que el ha creado, que es la universidad.

Los hombres del sector de la Unión Cívica Radical del Pueblo en esa Constituyente, que salvo mucho de este país, dictaron normas con valentía y con coraje, lo que tienen que apreciar todos, católicos y no católicos, porque este país tiene que comprender que estas luchas no se resuelven con el slogan de hoy, desmentido mañana.

Parafraseando algunos conceptos de un eminente pensador, debo recordar que se puede engañar a todos durante la mitad del tiempo, se puede engañar a la mitad durante todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos durante todo el tiempo.

Estas son horas de definiciones, y este debate es de definición.

Tengo sobre mi pupitre reportajes de hace 24 horas hechos entre hombres de la reforma universitaria y hombres de la UCRI. Se confiesa claramente que: «Existe una finalidad política, declara un diputado; otro dice: «El gobierno debe durar. Entonces, señores diputados, no entremos en filosofías ni en doctrinas.

Es este un planteo que no creo le haga bien al gobierno, ni que le de estabilidad. El gobierno ha desencadenado esta lucha que, desgraciadamente, no la puede detener. Nosotros la debemos detener con una sanción equitativa y justa. No demos una sanción apresurada para un sector; no lleguemos a esta paradoja: que para los gremios se quería unidad total, pero para la universidad se quiere división y separación de la juventud argentina.

Queremos establecer una política de equilibrio, de justicia y de redención social.

Queremos repetir las palabras de un eminente pensador francés, cuando advertía que los países deben cuidarse de los extremismos, fanatismos y dictaduras. Decía Jules Ferry: «No nos sentimos investidos por nuestros electores del derecho de combatir cualquier creencia que sea. Los gobiernos no son instituidos para hacer la guerra sino para establecer la paz entre los ciudadanos. Cuidémonos de los dos fanatismos: del fanatismo religioso y del fanatismo irreligioso.No desatemos:- esta batalla y esta «nueva guerra entre los argentinos; no mezclemos a la juventud en esta lucha religiosa y dogmática; pongámosla en la gran controversia argentina para salvar al país, y afirmemos que nosotros «queremos doblar las campañas para lograr una patria mejor, con mas justicia, con mas fraternidad y sin odios en las casas de estudios ni en las casas argentinas. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)

Fuente: Debate de la Ley de Enseñanza Libre" (24 de septiembre de 1958)