Carlos A. Becerra: "Debate de la Ley de Enseñanza Libre" (24 de septiembre de 1958)

Sr. Presidente (Monjardin). — No estando presentes en el recinto la señora diputada Baigorria y el señor diputado Camet, anotados en ese orden en la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Becerra (C. A.). — Entramos a este debate, que lo catalogo de trascendental para la vida educacional argentina, y sobre todo para la ubicación ideológica y programática de quienes nos sentamos en esta Cámara.

Cuando el señor diputado Uzal informaba por la minoría, se refirió a la tranquilidad, a la serenidad que debía tener este debate, y que el calor de la calle, o el sensacionalismo —uso el término—, no debían llegar a este recinto. La verdad es esta: es imposible que demos sepultura tranquila en la Cámara a un movimiento realizado con fervor en las plazas públicas del país. Forzosamente, hemos de poner toda nuestra pasión en la defensa de lo que creemos justo para la marcha del país.

¡Como va a ser posible que no sintiéramos la sensibilidad del movimiento, evidente, en todas las calles de la Republica, si, según me acabo de informar, se producen en este momento hechos de fuerza en la Universidad de Buenos Aires!

Esta mañana fue ocupada la Facultad de Derecho por gente portadora de armas, y, en estos instantes, fue ocupada la Universidad de Buenos Aires, en cuyo interior solo se encontraba el señor rector y algunas personas más. Aquella gente irrumpió en la casa mostrando las cachiporras, y debemos determinar quienes fueron los que acaban de consumar ese hecho de fuerza: ha sido el grupo denominado Movimiento Humanista, juntamente con un grupo de estudiantes nacionalistas.

Estos hechos nos indican que este no es un problema formal, sino un problema de fondo en la vida educacional argentina.

No haré el historial del articulo 28; pero debo decir que no inicie esta batalla en la Cámara, sino que inmediatamente de dictado el decreto 6.403/55, como miembro de la Junta Consultiva de la provincia de Córdoba, a petición mía, la junta, con un solo sector político que se conservo su voto, se pronuncio en el sentido de la derogación del decreto 6.403 y la destitución del señor ministro en ese entonces, doctor Dell' Oro Maini.

Vimos el problema desde ese momento; vimos que no iba a ser este el decreto de solución, que traía un artículo injertado dentro de la normalización que se había dado a la vida universitaria. Por eso fue que una de las primeras medidas que propiciamos en esta Cámara, como bien lo ha dicho el señor diputado Storani, era la derogación del referido decreto para buscar el camino de la gran ley universitaria, cuya sanción es imprescindible en el país, y no debió haber transcurrido el actual periodo legislativo sin considerarse. Los acontecimientos nos llevaron a la presentación del proyecto de derogación del artículo 28. Nos guiaba el propósito de evitar se perturbara la paz universitaria en el país, que no se ha logrado todavía. Si no se deja sin efecto el mencionado artículo 28, nosotros, quizá, como legisladores, vamos a tener que compartir la responsabilidad de los muchos hechos de violencia que se han de suceder en las calles con motivo del artículo que se pretende reglamentar.

Se ha creado el problema del artículo 28 en momentos en que había tranquilidad universitaria. Una comunicación de prensa del Poder Ejecutivo de la Nación anuncio en la Republica su reglamentación. Era evidente que la reglamentación del mencionado articulo venia porque se hablaba de la reglamentación de la libertad de enseñanza. Pero había un punto, el octavo, que era un llamado de atención, donde el Poder Ejecutivo se curaba en salud manifestando que prestaría su apoyo total a la universidad estatal. La reclamación se produjo inmediatamente y no hubo desmentida alguna que aclarase que dicha comunicación de prensa no estaba referida a la reglamentación del artículo 28.

La alarma cunde más a través de un comunicado dado por la universidad católica de Buenos Aires manifestando que llevo, a pedido del presidente de la Republica, la reglamentación de las universidades libres del país. Era evidente, pues, que la alarma estudiantil en defensa de lo que cree justo en materia educacional, tuviese que salir a la calle para llamar la atención y realizar un movimiento que ha tenido la magnitud demostrada el viernes pasado, donde 200 mil almas se congregaron para reclamar un pronunciamiento de este Congreso en cuanto a la derogación del articulo 28, para lograr la paz universitaria y promover el gran debate de la ley universitaria en el país.

Yo creía, señor presidente, que no iba a haber en esta Cámara pronunciamientos dispares sobre este problema. Pensaba así porque me basaba en la plataforma de cada uno de los partidos que están representados en este recinto, mayoría y primera minoría y encontraba que había un programa común en materia educacional, que era la reforma universitaria. Entendí entonces que no iba a haber discrepancia. Mas aun: pensé en ese momento que los hombres reformistas, como en todos los grandes problemas del país, nos identificábamos para dar un paso mas hacia la consecución de los grandes fines para el progreso del país.

Una de las cosas que tiene la reforma universitaria es quizá la posibilidad, a través de la formación que ha realizado en los estudiantes reformistas, de poder coincidir, de poder realizar en común la solución de los grandes problemas argentinos.

Yo creí que en este problema no habría debate, que nuestra tarea no iba a ser contradictoria. Pensé que este iba a ser un debate esclarecedor de lo que, era el problema de la reforma universitaria en las universidades del país. Pero no ha sido así. Luego he de volver sobre esta cuestión.

Estamos en posturas contradictorias y aun no se ha hecho la aclaración total del problema.

Este problema fue iniciado por el gobierno, y debemos descartar por completo a los estudiantes, porque ha sido promovido únicamente por el Poder Ejecutivo. Pero, lanzado a la calle, el problema ha sido juzgado interesadamente por el gobierno y por sectores deseosos de tratar de que en las universidades argentinas, donde hasta hoy no se ha podido realizar la reforma, no pueda tampoco hacerse, durante un gobierno en cuyo programa se enunciaba el principio reformista.

El Poder Ejecutivo, a través de comunicados posteriores, ha hablado del monopolio estatal y de la enseñanza libre. Pero debemos ser fieles a muchas expresiones. La bandera de la enseñanza libre no fue materia de lucha electoral por el partido gobernante. Otro término fue el que se uso. Se hablo de la libertad de enseñanza, cuyo concepto es totalmente distinto de aquel. Se hablo de libertad de enseñanza, no de enseñanza libre, y ahora se confunde el problema como de monopolio estatal o libertad de enseñanza.

No puede haber monopolio estatal en el problema educacional argentino, porque nuestra Constitución es clara y terminante. Ella establece la plena libertad de enseñar y aprender.

No hay ningún monopolio estatal, y la prueba es clara y evidente. ¿Si hubiera monopolio estatal; podrían existir las actuales universidades privadas argentinas? ¿Acaso no funciona la Universidad Católica de Córdoba, sin inconvenientes? ¿No tiene su laboratorio de trabajo? Incluso cuenta con un hospital donde realizar sus tareas. ¿Podría haber existido, de haber monopolio estatal de la enseñanza? ¿Podría existir el sinnúmero de escuelas que hay en el país de otros tipos confesionales si hubiera monopolio estatal? Entonces no es problema de monopolio estatal y de oponer el monopolio a la libertad de enseñanza.

Por otro lado se ha usado este problema y se lo ha tergiversado, y en lugar de radicarlo en el campo puramente universitario se lo ha mezclado con el aspecto confesional. Pero no han sido las fuerzas estudiantiles que hoy están en defensa de la universidad las que han desatado ese tipo de problema, sino al contrario. La replica a esa posición ha ido a descubrir, quizás lo que -en el día de mañana podría ser el cambio total de la política educacional, y hemos sentido recién el grito de «laica» o «libre», lo que representaba la tradición histórica en el país y el nuevo injerto que quiere realizarse en la educación argentina.

No existe ningún problema en cuanto a la libertad y la prueba esta dada por la existencia de estas universidades que actúan con toda tranquilidad y garantizadas por la Constitución. Hablando de enseñanza libre decía bien el señor diputado Parodi Grimaux, que hay sectores que levantan la bandera, que vienen haciéndolo desde mucho tiempo atrás, pero que no son sectores religiosos. Esta muy lejos la religión de este problema. Son sectores de mentalidad clerical, que es distinto, donde involucran la posición religiosa al servicio de un tipo de política educacional o general, y son los que han confundido el problema de la enseñanza libre y se lo ha agitado como principio cuando en realidad no es tal. La enseñanza libre no ha constituido en el campo de ese sector un proceso de principios, sino un proceso táctico de lucha.

Yo les preguntaría a los mismos hombres que hoy levantan esa bandera de la libertad de enseñanza, por que razón no levantan la misma bandera en la actual España franquista. Allí tenemos el mismo problema con una gran diferencia: que aquí existe la libertad de enseñanza y allí si tenemos el monopolio estatal dogmático o sectario. Bastaría leer un articulo 'del concordato de España, el articulo 26, que dice: «En todos los centros de todo orden y de todo grado del Estado, la enseñanza estará de acuerdo con los principios del dogma y de la moral de la Iglesia Católica. Los ordinarios cumplirán su misión de vigilancia sobre dichos centros de enseñanza en lo que concierne a la pureza de la fe, las buenas costumbres y la educación religiosa. Los ordinarios podrán exigir que sean interdictos o retirados los libros, publicaciones y material de enseñanza contrario al dogma y la moral católica». Esto es monopolio estatal, esto es dogmatismo y sectarismo.

No he visto levantar desde aquí, por parte de los mismos sectores que agitan la bandera de la enseñanza libre, ese principio de reivindicación para España.

Yo decía que era un principio táctico y que no constituía un principio de concepto. Voy a leer, con el permiso de la Presidencia, unas apreciaciones de Francisco Lazanto, comentarista católico español que en su libro, El pensamiento político español del siglo XIX, donde cita a una serie de pensadores, y en que glosando a Donoso, al que no le podemos confundir su posición, dice concretamente sobre la libertad de enseñanza: «No obstante lo afirmado hemos visto en programas políticos de matiz derechista, en obras de antología, hasta en nuestros mismos pensadores, proclamada la libertad de enseñanza como un derecho apetecido. ¿Como si; compagina con lo escrito hasta ahora? Muy sencillamente. Mas quien mejor nos ha de plantear la cuestión es Donoso, enlazando con las palabras citadas el aspecto anterior, dice, glosándolo: «La cuestión de la enseñanza agitada en estos últimos tiempos entre los universitarios y católicos franceses no ha sido planteada por los últimos en los verdaderos términos, y la Iglesia universal no puede aceptar los términos en que viene planteándose. Supuesto por un lado la libertad de cultos y por otro la situación especialísima de la nación francesa, es cosa clara que los católicos franceses no estaban en estado de reclamar otra cosa para la Iglesia que la libertad, que es aquí derecho común y que por serlo puede ser verdad católica. Empero, el principio de la libertad de enseñanza, considerado en si mismo y hecha abstracción de las circunstancias especiales en que ha sido proclamado es un principio falso y de imposible aceptación para la Iglesia Católica. La libertad de enseñanza no puede ser aceptada por ella sin ponerse en abierta contradicción con todas sus doctrinas.

»Proclamar que la enseñanza no puede ser libre no es otra cosa que proclamar que la verdad es cosa que debe ser conocida, que no puede ser encontrada y que se busca por medio de la discusión amplia de opiniones; es proclamar que la verdad y el error tienen derechos iguales. La Iglesia, pues, sin dejar de aceptar la libertad —una y otra cosa es de todo punto imposible—, no puede recibirla como termino de sus deseos ni saludarla como único blanco de sus; aspiraciones.»

Y continua: «Ya lo vemos, la libertad de enseñanza no es un principio ideal de la enseñanza. Es un recurso crítico aceptado en una situación anormal, sectaria, demagógica. Es algo así como vivir de prestado. El poder temporal, traspasando sus límites, se entromete en materia de enseñanza, proclama una pedagógica laica y atea y entonces la Iglesia y su magisterio, los apologistas y los hombres católicos tienen que pedir lo menos que se puede pedir: la libertad de enseñanza; ser equiparado siquiera al error, a la herejía, al mal.

»Durante el periodo republicano —1931/1936, referido a la Republica española— habría proclamado otra cosa frente a la persecución del Estado.»

Esto demuestra, por un comentarista de la posición católica, concretamente, que este principio de la libertad de enseñanza no constituye un principio conceptual de la libertad sino un medio táctico, un principio de lucha a fin de conseguir por este camino la ubicación dogmática conceptual de la escuela.

Cuando me refería recién al monopolio de la enseñanza, que esta perfectamente explicado. al monopolio de la enseñanza que no puede ser tal por nuestra Constitución, porque el articulo 14 es claro y terminante en cuanto a la libertad de ensenar y aprender, debe hacerse jugar otro articulo de la Constitución: el articulo 67, inciso 16, que se refiere a las facultades del Congreso. Ahí esta establecido que los planes de enseñanza universitaria son materia del Congreso. El Congreso dicta los planes de enseñanza universitaria. Hay un distingo especial, sin lugar a dudas. La Constitución sabiamente ha adecuado lo que es el principio de la enseñanza común y lo ha diferenciado del principio de la libertad de la enseñanza universitaria, y la razón es real. En la universidad ya se plasma conceptualmente el hombre. No nos engañemos: de alguna forma el hombre universitario es el dirigente de mañana; dirigente en el sentido del hombre que puede dar consejos profesionales, que tiene responsabilidades de otro tipo e incluso de carácter político; la universidad abierta, totalmente, como queremos que sea la universidad argentina.

Esa situación ha cuidado la Constitución a efecto de que nuestro país republicano y democrático no tenga mañana hombres de formación universitaria que sean ciudadanos antidemocráticos o dogmáticamente preparados para la lucha en el país.

En este proceso de la enseñanza libre la lucha se ha centrado en torno a la concesión de títulos habilitantes. No podemos negar que el primer paso en la lucha fue que las universidades privadas pudiesen otorgar títulos habilitantes. Esa lucha empezó a amenguar cuando se vio el estallido de casi todos los hombres democráticos que veían un peligro en la concesión de títulos habilitantes, y entonces se hablo del titulo académico.

La reglamentación provisional proyectada con la colaboración de algunos sectores partidarios de las universidades privadas, en los cuales se hallan el R. P. Ismael Quiler, profesor Raúl Matera, Rodríguez Lonardi, etcétera, ya permite vislumbrar la posibilidad de ubicación del titulo académico.

El titulo cuarto, articulo 11, del proyecto reglamentario dice: «Los títulos académicos otorgados por las universidades privadas reconocidas por el Estado tienen validez por si mismos, sin ningún requisito ulterior ante las autoridades nacionales. Los poseedores de títulos académicos acordados por las universidades privadas en el articulo anterior podrán presentarse al Consejo Nacional de Universidades Privadas a los efectos de obtener el titulo habilitante para el ejercicio de la profesión correspondiente.»

El articulo 14 da valimiento al titulo académico, que habilita por si mismo para el ejercicio de la docencia en las instituciones reconocidas por el Estado, tanto oficiales como privadas. Yo no se si esta reglamentación es o no la que el Poder Ejecutivo solicito se le llevara como colaboración.

Este es el plan de lucha de las universidades privadas, y quienes bregan por ellas formulan argumentos formales o, en ultimo termino, egoístas. Se dice, por ejemplo, que las universidades privadas que hoy existen en el país dan mejores alumnos que las universidades nacionales. En Córdoba existe la universidad católica, con alumnos que son regulares o libres en la universidad nacional; y los que van a la universidad católica sacan, si, altos promedios. Pero, ¿puede ser este el argumento para el valimiento de la universidad privada? No, señor presidente, porque la razón del alto promedio es otra. Mientras en esas universidades privadas, que constituyen privilegio y en que las puertas no están abiertas para todo el pueblo, sino para cierto .y determinado sector, un alumno hace cincuenta disecciones en anatomía, en la universidad oficial alcanza a hacer una, cuando mucho, por la cantidad de alumnos y por los medios precarios que el presupuesto nacional da. Esa es la razón del mejor alumno.

Pero veamos lo que resulta en la práctica con estas universidades. Yo me pregunto: si existen, si viven, si en ellas se estudia, si se dictan cátedras, ¿que necesidad tiene del reconocimiento por ley? Evidentemente, algo se busca con el reconocimiento por ley, porque la ley no le va a dar una casa, ni le va a dar existencia, dado que tienen ambas cosas con anterioridad. ¿Que se busca entonces? Se busca la jerarquización de esa universidad por el reconocimiento legal. ¿Que va a obtenerse con esa jerarquización? Se va a obtener, como primer paso, la posibilidad de dar titulo académico con el que el egresado ira posiblemente, a un examen tomado por el Estado; con el andar de los años se llegara a la subvención del Estado y después posiblemente a establecer la competencia entre esa universidad privada y la universidad del Estado. ¿Y vamos a permitir nosotros que en este país a la universidad popular y nacional se le oponga, en competencia, la universidad del privilegio, abierta para pocos?

Cuando hablamos de universidad lo hacemos con el concepto de jerarquización y de integridad que debe tener: la formación total del hombre. En ella se busca la verdad, la ciencia, la discusión del problema; hablamos de universidad con el concepto de libertad en cuanto a su ubicación confesional o ideológica en lo que respecta al examen total de todas las ideas. En la universidad nacional —bien lo dijo el señor diputado Storani— se estudia a Marx y también las encíclicas, y su discusión no ofrece problemas porque se investiga buscando la verdad.

Quiero hacer ahora la pregunta contraria: en la universidad con ubicación confesional, de cualquier índole, o interesada, como bien se ha dicho aquí, en alguna posición económica, ¿se va a dar esa libertad de cátedra suficiente para que el alumno discuta y pueda conocer y palpar todas las ideologías y estudiar realmente la ciencia? Idealmente, se me podrá contestar que si, que existen todas esas garantías. Pero en la práctica, ya sabemos como se actúa.

Fijémonos por un momento en el paso de los alumnos por las escuelas secundarias. Estas no revisten mayor peligro, lo que no quiere decir que no exista alguna. Los que por ser maestros o profesores hemos ido a tomar exámenes finales en las escuelas particulares —me ha pasado a mi—, nos hemos encontrado con cursos en que se han eximido todos los alumnos menos uno, que ha ido al examen mal preparado o, evidentemente, en una posición totalmente errada, desconociendo la mitad del programa. Como somos humanos, nos hemos ablandado muchas veces, no actuando con todo el coraje que debe tener el maestro para aplazar, porque a lo mejor considerábamos que cortábamos la carrera de un alumno en su última materia. Todo este proceso es conocido y aprovechado por quienes actúan en esos ambientes. Entonces, se ha ido creando otro tipo de escuela totalmente diferente, paralelo y con otro sentido. Pero trasládese ese problema a la universidad, y se vera donde estará el peligro. Yo pregunto si no es necesario en nuestro país, con cultura incipiente, donde no tenemos un grado de cultura definida y total, que no poseemos los dos mil años de experiencia de la cultura europea, donde nos encontramos en la formación de nuestro pueblo, si no es necesario que la universidad cuide al hombre y lo forme con miras a la realización de nuestra Republica.

En este problema no me ubico en una posición cerrada, ni equivocada, ni al servicio de nadie, sino al servicio de las grandes causas argentinas, que nos son comunes a todos los hombres pertenecientes a los distintos partidos políticos.

En Norteamérica, donde hay tantas universidades privadas, si se hubiese cuidado algunos aspectos que hacen a la vida de ese país, si en ella se hubiese mantenido el espíritu de Lincoln y Jefferson, sin desviaciones, no existiría la lucha racial que conocemos, que es producto en gran parte de la ubicación sectaria y de una educación no integral del hombre dentro de sus universidades.

Sr. Cortes. — ¿Como explica la situación de los universitarios argentinos haciendo revoluciones contra el régimen constituido?

Sr-. Becerra (C. A.). — Norteamérica no pasaría por esta situación si se hubiese cuidado ese aspecto del ser nacional norteamericano. Nosotros, en nuestro país, con este problema hemos concretado prácticamente de alguna forma la división del hombre argentino.

Se ha dicho aquí, con mucho criterio, que esto lo debíamos discutir al considerarse la ley universitaria. Es evidente, porque no so trata de discutir un problema parcial, sino en la totalidad de la discusión de la ley, cuando debamos estudiar los objetivos y los fines de la misma.

Avalando esta posición, citare palabras de Gabriel del Mazo —actualmente ministro de Defensa—, que ha tenido indiscutiblemente una posición reformista y que tanto ha escrito con relación a la reforma universitaria. El ha dicho: «Así, otras veces, en el orden de las relaciones del Estado con la universidad, cuando oyéramos el reclamo de universidades libres, preguntaríamos buscando la substancia de la demanda: ¿libres de quien? ¿Libres del Estado democrático que representa los intereses más generales? Porque ¿no valdría la pena que los prohijantes dijeron abiertamente, a quien o a quienes estarán sujetas? Es decir, si lo estarán a un particularismo político, a uno ideológico o dogmático, a las organizaciones internacionales confesionales o plutocráticas, o a una combinación de esos factores. La verdad era universidad libre solo puede estar dentro del Estado democrático, porque para que el derecho de aprender y el de enseñar sean efectivos, sobre todo el de aprender, que es la clave de la libertad pedagógica, es preciso que el Estado nacional ice la universidad bajo su protección y la coloque al alcance de todo el mundo, defendiendo libre formación de la mente y alma del joven.

«Frente a los predominios de que padece el mundo, las naciones de nuestra America, si as- piran a ser efectivamente nacionales y libres, deberán tener en sus estatutos, por necesidad patriótica y democrática, la defensa eminente de sus bienes, particularmente los de su alma y propio carácter. Así como nuestros Estados deben defender en todos los órdenes nuestra independencia nacional, deben amparar nuestra nacionalidad cultural. La posibilidad de que se organicen universidades fuera de la esfera del Estado democrático puede establecer o acentuar innecesarios divisionismos sociales o prevalencia de tipo internacional, que se traduzcan en claudicaciones políticas, o subordinación económica, o dependencia mental. Puede también servir a esas universidades para que en los conflictos entre los gobiernos opresores y la universidad llamada "libre", esta reciba privilegios con tal de prestarse a propósitos políticos o antipedagógicos, o sirva a dichos gobiernos para hacer posible el cierre gubernamental de la universidad del Estado o limitar las consecuencias de la clausura, quebrando una justa sublevación, como la experiencia ha probado.»

Esta es la opinión de Gabriel del Mazo respecto a las universidades libres. Creo que ha de seguir pensando con esta posición, y a pesar de su silencio en este momento, ante el reclamo de la juventud universitaria, su respuesta se ha de hacer llegar, porque creo que el no ha de borrar con el codo lo que ha sido la expresión de una lucha y lo que el ha dejado escrito en sus libros.

Es lógico que la universidad no pueda estar ajena a la vida nacional. Esta concepción de la universidad no ajena a la vida nacional es una creación de la reforma universitaria, que no es un movimiento partidario, pero si un movimiento de contenido político y social. Entonces no puede estar alejada la universidad de todos los acicates y soluciones que pueda necesitar el país.

Deodoro Roca decía bien: hablar del puro universitario es una enormidad, porque el puro universitario es el hombre que no tiene sensibilidad ni esta preparado para poder receptar las necesidades de su pueblo.

El profesor Mondolfo, uno de los filósofos contemporáneos de nota, decía bien: «libertad de enseñanza es cosa muy distinta de enseñanza de la libertad o de la libertad en la enseñanza. Admitimos estos dos principios y rechazamos el primero». Es evidente que sobre todo en su cátedra, en filosofía y humanidades, como alguien dijo recién, esta el mayor peligro de formación, que puede realizarse con -sentido parcial y no integral.

El problema debe ubicarse en sus términos, dentro de lo que es un proceso universitario. Nosotros adherimos a la reforma universitaria. Podrán decir que ella no había de enseñanza libre o privada, pero yo voy al contenido de la reforma dentro de lo que es el plan educacional universitario. ¿Se aplicara el principio de la autonomía universitaria en las universidades privadas? No. ¿Se va a admitir el gobierno tripartido en la universidad privada? Difícilmente. ¿Se cumplirá el principio por el cual se brega, de la gratuidad de la enseñanza universitaria? ¿Podrá hacerse la docencia libre en el concepto de la reforma universitaria? ¿Se aplicara la periodicidad de la cátedra? ¿Podrá realizarse la extensión universitaria, que es ciudadana? En forma ideal podrá decirse que si, pero no tratemos de engañarnos. Sabemos que los principios de la reforma universitaria no podrán ser realizados dentro de la universidad privada. No podrán serlo dentro de una sociedad anónima que instituye una universidad privada, que tiene patrón definido.

Es necesario conocer algunos otros aspectos que atañen al proceso estudiantil.

Muchas veces me he preguntado si este problema de hoy, de la enseñanza libre, es una cosa accidental de gobierno o si era una posición que se traía desde el comienzo. No es suspicacia, sino ubicación.

En el gobierno que llegaba, de trayectoria radical, reformista, que contaba en su seno y en su propio partido con hombres capaces de realizar la reforma; que llevo al gabinete a un hombre como Gabriel del Mazo, ¿acaso no correspondía al Ministerio de Instrucción Publica en lugar de ir al Ministerio de Defensa Nacional? Y en contra de la posición de Gabriel del Mazo, se lo pone al doctor Mac Kay, que tiene una posición si no idéntica bastante cerca de quienes hoy sostienen la universidad privada.

La integración del ministerio del primer momento puede sugerir que no se pensó en ningún momento por el gobierno realizar la reforma universitaria.

No vamos a venir con el argumento fácil de que la reforma universitaria es un sueno, que nunca existió esa reforma en el país. Es cierto que no existió. No vamos a hacer la defensa de la universidad de antes del 18 ni de muchos ciclos universitarios posteriores a ese ano. Reconocemos que la reforma nunca se sentó en la universidad argentina, pero estamos para eso, para hacerla.

Se había iniciado algunos caminos, incluso con el gobierno de representación estudiantil. Habría que mejorar la universidad, llenarla de los elementos necesarios y darle su plena autonomía. No necesitamos la crítica del reconocimiento de errores pasados para negar la posibilidad de su realización. La posibilidad la creíamos ahora todos. Yo era un convencido de que la reforma de la universidad argentina se iba a realizar en este periodo constitucional, porque partía de las plataformas que tienen ambos partidos políticos y también de los hombres a quienes conozco tienen una gran trayectoria y una gran militancia reformista. Sabíamos que todos podíamos luchar para conseguir esa universidad reformista que anhelamos para el país y para el pueblo, porque es la única universidad en la que no habrá restricciones de ninguna índole y estará abierta para todo el pueblo argentino sin distinciones de clases, credos ni ideologías.

No es que se hable de suspicacias cuando se habla de universidades privadas, pero cuando sabemos que las mismas incluso toman banderías y posiciones en aspectos que hacen a la formación y a la economía del país, cuando vemos, por ejemplo a la Universidad Católica de Chile apoyar un determinado plan, cuando vemos jornadas organizadas por la Universidad Católica de Córdoba donde se dice que la reforma agraria es un slogan de los partidos políticos, da la posibilidad de suscitar inquietud en el sentido de que quizás sea este un camino paralelo al de los grandes cambios económicos y políticos que se están sucediendo en el país.

A la par de este proceso universitario se van realizando otras manifestaciones como, por ejemplo, la declaración del señor Alsogaray, llamado o llegado motu propio al gobierno para opinar en materia económica, donde vemos a un funcionario responsable de gobierno, como el señor Tedin Uriburu, que se identifica con la postura liberal económica del señor Alsogaray; y cuando vemos, en un diario de hoy, que en una conferencia dictada ante un instituto militar, el señor Alsogaray asegura que el señor presidente de la Republica cambiara su rumbo económico y político; también me puede sugerir que el Poder Ejecutivo haya mirado bien de que en los problemas económicos del país —no voy a hacer análisis de lo que tanto se ha dicho en esta Cámara sobre petróleo y CADE— se han tornado posturas que no apoyaran los movimientos reformistas, por cuanto constituyen algún peligro para el país. La reforma universitaria ha levantado también su bandera y la ha rejuvenecido, levantando su voz no solo en materia educacional, sino en defensa de nuestras fuentes económicas.

Y es de preguntarse: ¿es que acaso se piensa o se cree con alguna jerarquía que la universidad privada puede dar el respaldo desde alguna cátedra universitaria, a la actual política gubernamental? Todas son sugerencias factibles de realizarse, porque no son nuevas en el proceso del oriundo, donde las universidades estén al servicio de algún capital.

Estas posibilidades nos deben llamar la atención ahora más que nunca y concentrarnos en nuestra real posición respecto a la reforma, para no ceder a las posibilidades de algo que puede ser maquiavélico, como seria cambiar el artículo por otro.

Yo, estuve los otros días en la manifestación que se realizara en defensa de las universidades. Me alegre cuando recibí allí la noticia —y vi al diputado Solanas que asistía, llevando la posición del bloque— de que el sector mayoritario había decidido su posición por la derogación lisa y llana del artículo 28. Leída la comunicación, si puede tener matices que hoy no comprometan a los que firmaron aquella decisión. Pero la realidad pública y objetiva con la que se calmaron los clamores estudiantiles de ese momento, constituía la posición derogatoria, lisa y llanamente, del artículo 28. Con posterioridad, en la prensa del país se difundió la palabra del presidente del bloque de la mayoría, quien expreso que había libertad de sus miembros para exponer su posición personal, pero que el bloque había decidido por la derogación de ese artículo.

Y hoy se viene con un despacho de la minoría que prácticamente no se diferencia del artículo 28 en su contenido esencial, sino pura y exclusivamente formal. Mas aun, el articulo 28 esta mejorado en relación al que se proyecta, porque aquel habla del otorgamiento de títulos y nada dice sobre la subvención que, por vía reglamentaria, podía incluirse. Lo mismo puede decirse respecto de los títulos académicos.

Pero la universidad oficial, en el articulo 28 vigente, queda tal como esta, dándosele autonomía, o existiendo la posibilidad de que si; le de autonomía plena. En cambio, el artículo que se trae coloca en un mismo nivel a la universidad estatal y a la privada, y el titulo pasa a ser un ejercicio exclusivo del Estado y no de los claustros universitarios. Dice así: «La iniciativa privada podrá crear universidades con capacidad para expedir títulos y/o diplomas académicos. La habilitación para el ejercicio profesional será otorgada por el Estado. Los exámenes que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones serán públicos y estarán a cargo de los organismos que designe el Estado nacional...»

Es decir que por este artículo se quita la posibilidad de autonomía a las propias universidades oficiales. En una palabra, la modificación es formal, pero no de fondo. Pero el problema es otro: si ha de hacerse el reconocimiento jerárquico de las universidades por vía de la, ley, o si hemos de aceptar tal como están actualmente, garantizadas por la Constitución. En esto reside la diferencia substancial. Y a más de esta diferencia substancial, el artículo que se proyecta es exactamente igual que el 28 en vigor, con la modificación del titulo habilitante y la subvención del Estado.

Toda la información que se ha dado por parte del sector minoritario de la comisión ha sido a base del proyecto de Julio V. González. Pero este proyecto no se ha leído en toda su extensión, por lo cual su autor aparecería renegando de su posición reformista, Pero el proyecto de 1941 presentado por Julio V. González no habla en especial de ninguna universidad privada

Sr. Uzal. — Habla de principios.

Sr. Becerra (C. A.). — Al contrario, si existe alguna universidad privada, la reglamenta por la vía reformista de su ley; y así, por ejemplo, el articulo 59 declara la gratuidad de la enseñanza; el articulo 16 establece la autonomía y el gobierno universitario de los tres claustros: y el articulo 35 fija la cátedra libre como imposición.

Sr. Uzal. — Ese es otro problema.

Sr. Pozzio. — La edición suya, señor diputado por la Capital, será inédita. (Risas.)

Sr. Becerra (C. A.). — Por el artículo 37, ese proyecto establece las condiciones para poder ser profesor. Esta es la posición de Julio V González, que imponía en su ley la concepción reformista absolutamente total. No dejaba la posibilidad de que el programa pueda a ser cumplido en forma parcial, dogmática o sectaria por alguna universidad. Como se ve, es una cosa muy distinta de lo que nos explico el señor diputado Uzal como posición del doctor Julio V. González.

Sr. Uzal. — Y que no pudo entender.

Sr. Rodríguez Araya. — Claro, porque lo explico al revés. (Risas.)

Sr. Uzal. — Ya dijo el chiste para las galerías el señor diputado por Santa Fe. Cuando hay público se pone ingenioso.

Sr. Becerra (C. A.). — Se ha argumentado, para querernos demostrar que en estas universidades privadas no existe ninguna diferencia con la universidad estatal, que negarlas seria negar el derecho de aprender. Se nos ha hablado del colegio libre, circunstancia que ratifica la libertad de enseñanza y el no monopolio estatal en la actualidad. Pero el señor diputado Uzal, en su búsqueda de antecedentes reformistas para apoyar su posición, solo ha encontrado los de Julio V. González.

Sr. Uzal. — Si me permite el señor diputado, le voy a leer un documento firmado por Santiago del Castillo, si no le tiene miedo a la interrupción.

Sr. Becerra (C. A.). — No tengo miedo de nada, señor diputado; pero no quiero perder tiempo. (Risas.)

Yo también voy a hacer una búsqueda en la posición reformista, pero no la voy a hacer —no porque los tenga en mengua en absoluto— en las opiniones de los hombres de todos los partidos políticos que colaboraron en el engrandecimiento del país ni en la de los hombres de los distintos partidos políticos que militan en la reforma universitaria. Voy a ir a mi partido. ¿Para que buscar tanta raíz reformista en otros lados? ¿No la tenemos en Yrigoyen? ¿Podemos hablar nosotros de la reforma universitaria sin hablar de Yrigoyen? ¿No fue el movimiento reformista del 18 nacido al calor y alentado por el gobierno radical de Yrigoyen? De ahí viene nuestra tradición reformista, consubstanciada con el movimiento y el partido, y que hemos verificado trayendo como trayectoria histórica en nuestros programas.

En la Edicion de ayer del diario «Democracia» aparece un articulo sobre la libertad de enseñanza y la enseñanza laica, por el doctor Carlos J. Rodríguez, que en todos los actos oficiales —los relacionados con el petróleo y otros — estuvo al lado del presidente de la Republica, quien lo muestra y lo nombra como una tradición radical. El doctor Carlos J. Rodríguez escribe todo un artículo para apoyar, por supuesto, la actual posición oficial. Dice, por ejemplo, este radical intransigente, que en el punto 5 del programa de la intransigencia se habla de «cultura libre al servicio de la emancipación espiritual y de la capacitación técnica del hombre; escuela que eduque para la libertad y en la libertad; libre acceso a la cultura».

Ese es el programa de la intransigencia. Yo me pregunto: ¿este programa lo van a realizar en las universidades privadas? ¿No es acaso —lo sabemos— que la universidad privada no tiene sus puertas abiertas al pueblo? ¿No sabemos que es paga? ¿No sabemos que constituye grandes privilegios? ¿No sabemos que no es integral en su enseñanza? Entonces, con esta postura de ratificación, reconocimiento y jerarquización legal de las universidades privadas, no pueden cumplir con ese programa. El mismo comentarista radical intransigente, hablando de algunos términos de Yrigoyen, cuando se refería a lo falaz y descreído, que nos trajo la enseñanza laica de Condorcet cuando la hizo aprobar por la convención francesa del 92 y que a nosotros nos trajo la corrupción de la famosa crisis que provoco la revolución del 90, haciendo una digresión dice: «La escuela laica es el fruto de una doctrina política moralmente contraria a la nuestra; es del régimen fraudulento y descreído que formo...»

Esta no puede ser una opinión de un hombre del partido, hombre hoy allegado a Frondizi. Pero la verdad es que el doctor Rodríguez —que apoya ahora esta posición— no tuvo raíz radical en su formación, porque fue conservador.

Sr. Storani. — Conservador cordobés.

Sr. León. — Que es peor todavía. (Risas.)

Sr. Becerra (C. A.). — Este es un tema que, sin lugar a duda, nos llevaría mucho tiempo por su amplitud. Pero yo quiero recalcar, para que no haya confusión, que debemos hacer un balance de nuestra posición. Que los hombres reformistas que se sientan en estas bancas - -a los que no podemos negar su gran trayectoria— hagan un balance conceptual acerca de la reforma universitaria. No es el proceso formal del otorgamiento o no de títulos; no es la erección o no de institutos. No nos dejemos engañar por el nombre de «libre», que sabemos que no es tal. Guiémonos por los grandes conceptos de la reforma. Y nosotros vemos que los estudiantes de las universidades privadas, por más que quieran realizar los conceptos reformistas en esos institutos, no podrán hacerlo, porque las universidades serán cerradas si es necesario. La garantía esta en la universidad estatal; no ha- gamos peligrar la posición de las universidades nacionales en la competencia con las universidades privadas jerarquizadas por la ley.

Los hombres que alientan el establecimiento de las universidades privadas podrán tener como argumento la posibilidad de una mejor especialización, por el menor número de alumnos o la posibilidad más inmediata de la tarea. Pero para eso se necesita dinero, se necesita la fundación de grandes institutos. No posibilitemos así la actuación egoísta de quienes tienen posibilidades económicas para establecer esas universidades: que ellos traigan su caudal económico a las universidades nacionales, que lo están necesitando, donde se van a educar no solo los hijos de aquellos sino también todo el pueblo argentino.

También se ha hecho el argumento de que en otra ocasión se pensó en crear universidades privadas. Pero, observemos la realidad del momento: si alguna vez se pensó en eso era para escapar a la dictadura. ¿Puede esgrimirse ese argumento ahora? ¿Se pueden identificar acaso las condiciones existentes? En absoluto; el argumento es erróneo.

Nosotros debemos bregar ahora para realizar en la universidad argentina el proceso de la reforma. No se que compromiso existe para plantear ahora con tal inmediatez y premura la reglamentación del funcionamiento de las universidades privadas. No se si esto se ha debido a la campana electoral o no; tampoco quiero pensar de que este pueda ser el camino para la reubicación de los profesores que no pueden volver a la universidad democrática y que esto constituya el refugio de ese profesorado. Estaríamos nosotros así alentando una formación paralela antidemocrática en la universidad argentina, cuando hemos desalojado a ese grupo, por antidemocrático y sectario de la universidad nacional.

Para concluir, quiero recalcar que no se trata de un proceso de monopolio estatal de la enseñanza. Han existido y existen hoy las universidades privadas y toda clase de institutos y podrán fundarse muchos mas, actuando con plena libertad y con todas las garantías de la Constitución y la ley.

No es un proceso de índole religiosa, como se lo quiere presentar. Es un proceso de política educacional. Nosotros queremos la formación de la universidad reformista para crear el hombre argentino que defienda el patrimonio y la moral de la Nación, y no hombres de los que en el día de mañana podamos arrepentirnos de haberles dado la posibilidad de formarse en plena equivocación y cegados totalmente a la verdad y a la ciencia. (¡Muy bien!; ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)

Fuente: Debate de la Ley de Enseñanza Libre" (24 de septiembre de 1958)