Los Desterrados Argentinos: "Protesta" (19 de abril de 1892)

Expatriados por una orden del Presidente de la República, cuya voluntad, sugestionada por odios y rencores, se ha substituido en nuestro país al imperio de las leyes, nos creemos en el deber de protestar públicamente por el nuevo atentado de que hemos sido objeto de parte de un gobierno que, de error en error y de escándalo en escándalo, ha descendido al bajo nivel de una dictadura vulgar, desechando los recursos decorosos de que se valen los poderes públicos en todo pueblo civilizado.

No entra en nuestra intención, por el momento, detenernos en la enumeración prolija de los últimos atropellos que han convertido el interinato presidencial del doctor Pellegrini en el período más odioso del régimen que lo sustenta. Su proceso político está hecho, y la oportunidad de presentarlo a la Nación en una exposición sintética, será la del día en que, normalizada la situación, quede nuestro partido reintegrado con los elementos dirigentes, que son ahora víctimas de las alarmas irrisorias y de las prevenciones injustificables de un grupo, dispuesto a sostener sus posiciones para descontar en el presente las utilidades del futuro y cubrir las vergüenzas del pasado.

Nuestro objeto se limita a condenar, como ciudadanos argentinos, el nuevo delito de que se ha hecho reo el Presidente al arrancarnos violentamente del territorio nacional para transportarnos al extranjero, con violación, no sólo de preceptos terminantes de la Constitución, sino de los principios más elementales a que ajustan sus actos los que, en el desempeño de sus funciones públicas, tienen alguna idea de la responsabilidad y el decoro de un gobierno en un país libre.

Lanzados sin reato en la pendiente de lo arbitrario, todos sus actos han sido una subversión tan impudente de las leyes, que acusaría la falta del sentido común si no revelase la existencia de un propósito criminal.

Nuestra Constitución Nacional, prescindiendo de lo expresamente dispuesto sobre derechos y garantías en sus artículos 14, 17 y 18 establece: Artículo 23.- En caso de conmoción interior o de ataque exterior, que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales.

Pero durante esta suspensión no podrá el Presidente de la República condenar por sí ni aplicar pena.

Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.

Art. 86, inciso 19.- Declara (el Presidente) en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de ataque exterior y por un término limitado con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior solo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo.

El Presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23.

Es notorio que el orden público no se ha alterado en nuestra patria, ni nación alguna ha invadido su territorio, únicos casos en que puede ser declarado el estado de sitio. Y sin embargo, este ha sido decretado. Las cárceles de la República hanse llenado de ciudadanos; y en cuanto a nosotros por una orden presidencial fuimos constituidos en prisión; por una orden presidencial, trasladados a un buque de la armada, y finalmente por una orden presidencial hemos sido arrojados al extranjero sin que lo hayamos solicitado como estábamos facultados por el artículo 23 que rige bajo el estado de sitio.

Así entonces, el estado de sitio, estado que viene haciéndose normal entre nosotros desde que el doctor Pellegrini asumió el mando supremo, fue decretado sin la existencia de las causales establecidas por la Constitución, y ordenada la prisión de los miembros dirigentes del Partido Radical para ir recién en busca de la prueba a sus hogares, interrogando a las familias, a las relaciones, revolviendo los archivos y violando la correspondencia, en todo el país, de cuanto ciudadano condena y combate al régimen imperante.

No se ha ido, pues, de la prueba al delincuente, sino que se a inventado el delincuente para forjar la prueba; y lógicos, han hecho preceder la pena a la sentencia y la sentencia al juicio.

Tan insólito proceder muévenos, según lo dejamos expresado, a lanzar esta protesta y, no es tanto el hecho de haber violado nuestras personas en lo que principalmente constituye la existencia política y civil de los argentinos; no son los daños que moral y materialmente nos irroga la iniquidad de que hemos sido víctimas; es algo más que eso, es la dignidad cívica que se subleva, es el instinto de la solidaridad social que en cada caso individual defiende los intereses y derechos colectivos, lo que nos hace condenar los avances de un gobierno que se ha alzado con la suma del poder público colocándose en las condiciones de los expresamente declarados por la Constitución como infames traidores a la patria.

Hombres colocados en este nivel político y moral son los que, prevaliéndose de las inmunidades de su posición, han acompañado a las agresiones de hecho, las de palabra, convirtiendo la diatriba y la calumnia en actos de gobierno, y los decretos del PE. en carteles difamatorios.

Todo un partido, toda una colectividad en que figuran dignatarios de la Nación, militares distinguidos, prelados, las clases obreras, el elemento honrado que vive de su trabajo y por último la mujer argentina y la juventud que representa mejor el sentimiento vivo y desinteresado de la patria, han merecido el honor

de ser oficialmente injuriados por los que han sido vicepresidente, ministros y servidores de Juárez.

El documento oficial por el cual se decretó el golpe de estado del 2 de abril, no parece firmado por argentinos. En sus considerandos se exteriorizan ridículas alarmas, se invocan como fundamentos salvedades absurdas y se calumnia a toda una colectividad política en la persona de sus dirigentes, a quienes se atribuyen planes criminales y actitudes de anarquistas y dinamiteros.

No haremos la defensa de nuestro partido, porque tal cosa importaría aceptar la posibilidad de que le alcancen las imputaciones de que ha sido objeto, cuando en realidad se encuentra tan arriba de ellas, que su posición respecto de sus adversarios es la de un alto jurado cívico, frente a los procesados por la opinión.

Pueden cerrarle por la fuerza la senda del comicio, oponer a sus falanges electorales los batallones de línea, vejar, encarcelar y desterrar a sus afiliados; pero es moralmente inmune. Tenemos la satisfacción de que, pasado el primer instante de sorpresa, ni amigo, ni indiferente, ni adversario, nadie ha creído aquello de los planes tenebrosos y de los complots abominables. Y el primero de los castigos que la opinión ha infligido al gobierno por su conducta insensata, es el ridículo insanable en que ha quedado después del golpe de estado, golpe especulativamente preparado para prevenir que el veredicto popular hiciese fracasar una candidatura, a la cual el oficialismo bamboleante se asía como de la última tabla de salvación.

En vez de la dinamita que se nos atribuye, es el mismo gobierno el que con sus actos va aglomerando y aglomerando materias inflamables de cuyo estallido será el único responsable; y en cuanto a conspiraciones, se sabe ya que la única positiva es la permanente que se elabora en las regiones oficiales para sofocar las libertades públicas.

Tenemos un gobierno que de la Constitución parece que conoce las facultades represivas que le otorga y no los preceptos restrictivos que le establece; que la recuerda en aquello que ampara su propia prerrogativa y la olvida en lo que protege el fuero popular; que la invoca en todo lo que afirma el principio de autoridad y la viola en todo lo que sanciona el principio de libertad.

Siempre, y especialmente con ocasión de los últimos sucesos, los hombres de la situación han procedido no como representantes del poder público sino como particulares ensañados contra el adversario; sus actos no han revestido el carácter impersonal de una función de Estado, sino el odioso de una agresión directa contra personas y agrupaciones determinadas, obedeciendo a un plan de persecución sistemática.

Los miles y miles de ciudadanos que afiliados al partido popular defendían hasta ayer sus intereses, sus derechos y su dignidad cívica, amenazados hoy en su seguridad personal y en su vida, se ven obligados a estrechar sus filas para oponerse en nombre del derecho supremo de la legítima defensa al avance permanente de un poder que pisoteando las leyes, se ha colocado él mismo fuera de las leyes. Por su culpa lo que era una contienda política se va convirtiendo en una lucha social.

Por nuestra parte, iremos al terreno a que se nos provoca; y si los actos electorales con que se preparaba nuestro partido a evidenciar su mayoría han sido castigados como un delito de sedición; si en el concepto oficial, opositor es sinónimo de rebelde; si los ciudadanos sólo pueden emitir su voto en favor de las candidaturas protegidas por la influencia presidencial; y si la única actitud consentida al adversario son las abstenciones que se resuelven en acuerdo, dispóngase el actual presidente a seguir gobernando bajo el estado de sitio; refuerce sus policías para fusilar al pueblo, ensanche las cárceles en todos los puntos del territorio, que a medida que él extreme sus rigores, nuestro partido aumentará sus elementos; y por lejos que lleve el esfuerzo de la ambición y del interés, nosotros llevaremos mucho más allá el de la abnegación y el patriotismo.

Y en prueba de ello, ahí están nuestros amigos de toda la República, que sujetos a una vigilancia inquisitorial y bloqueados por la enemistad implacable de los tiranuelos de aldea, disputan pulgada por pulgada el terreno de la ley al imperio de la fuerza bruta; ahí están nuestros distinguidos y esforzados compañeros de causa, a quienes sirve de cárcel un buque de la armada, y que arrancados a la dirección de su partido para conservarlos como rehenes de la opinión, llegan más hasta el corazón del pueblo con su patriótico infortunio, que con su palabra tribunicia en nuestras grandes asambleas; y nosotros, a quiénes una disposición igualmente injusta, nos cierra, quien sabe por cuanto tiempo, el regreso a nuestros hogares, continuaremos la lucha sobre  cualquier terreno en que podamos hacer pie, contando con que para formar un cantón de combate, es bueno todo sitio en que haya prensa libre.
Por fortuna la patria no es solamente su territorio; son parte íntima y substancial de ella sus tradiciones gloriosas, sus leyes, el culto de su nombre y la fe en sus destinos, y nada de esto cae bajo la jurisdicción de los gobiernos, ni está al alcance del poder y la violencia. Nuestros adversarios dominan sobre la armazón material y visible de la Nación; pero lo que constituye su esencia, su vida y su porvenir, palpita en todos los que protestan contra el régimen imperante, forma el credo político de nuestra causa, y desde el suelo extranjero, vibra en nosotros con la certidumbre de la victoria definitiva, por que esos elementos morales son las fuerzas incoercibles de las sociedades, y por su propia virtualidad, más tarde o más temprano triunfan y se imponen.

Los hombres y el sistema político que tantos males y tantos oprobios han acarreado a la República, denuncian su debilidad con sus excesos, y sus últimos pasos marcan la pendiente por donde rodarán, cumpliéndose en ellos la sanción de una ley histórica;

-los pueblos por instinto de conservación y cumpliendo naturalmente preceptos de higiene social, eliminan de su seno y arrojan lejos de sí los organismos en descomposición.

La dictadura de Pellegrini es la última variante del unicato de Juárez; y las culpables complacencias que la sostienen son la reproducción de las cobardías cívicas del incondicionalismo. La administración presente, como la otra de la cual es hija, está condenada a morir de asfixia en el vacío de la opinión; y cuando aquellos que son sus factores caigan en compañía de sus cómplices; cuando los responsables directos de la ruina del país precedan en el camino de la expiación a los apóstatas que los acompañaron n su obra inicua; entonces los excomulgados políticos de hoy, los perseguidos, los encarcelados y los proscriptos, veremos con legítimo orgullo que nuestros sacrificios no han sido estériles ara la patria; que nuestra acción perseverante ha contribuido l restablecimiento del equilibrio económico y el orden institucional; y que las ideas y los principios que hemos sostenido on los que presiden su evolución progresiva en el futuro, ara reconquistarle el puesto que le corresponde en el progreso e la América y en la estimación del mundo.

Juan Posse - Joaquín Castellanos – Guillermo Leguizamón - Adolfo Saldías - Rufino Pastor - Marcelo T. de Alvear - Miguel A. Páez – Julio Arraga - Celindo Castro.

Fuente: Marcelo T. de Alvear De la Revolución a la Legislatura "Prólogo y Selección" de Edit Rosalía Gallo, 1999.