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jueves, 16 de agosto de 2012

Jesús Rodriguez: "Debate de la ley de Presupuesto para el año 1986" (22 y 23 de agosto 1985)

Sr. Rodríguez (J).- Trataré de precisar los puntos de mi intervención ajustándome al plazo reglamentario.


Quiero que mis primeras palabras sean –ya que cuando comenzara en mi exposición anterior lo hice lamentando la actitud del bloque minoritario- para saludar alborozadamente la propuesta unificadora de la bancada del justicialismo.

Sr. Rodríguez (J).- Si alguien piensa que el deseo, animo, espíritu o vocación de la bancada mayoritaria de esta Cámara es el de tener un peronismo dividido, está absoluta y plenamente equivocado (Aplausos)

En segundo lugar voy a referirme a dos o tres temas q fueron tocados en el transcurso de este debate.  El primero de ellos hace referencia a algo así como la socialización de la economía argentina, fundándose en la magnitud, nivel y dimensión del gasto público.

Quiero afirmar aquí que de ninguna manera forma parte de la concepción ideológica de mi partido que el gasto publico tiene una naturaleza intrínsecamente perversa, idea que pareciera esconderse detrás de argumentos que hoy hemos escuchado.

Creemos que eso responde a concepciones ideológicas trasnochadas, que de ninguna manera compartimos.  Entendemos que es falso discutir acerca de si el gasto publico es útil o no .  De lo que verdaderamente se trata es de reordenar el sector publico para que cumpla con los objetivos políticos de una sociedad.  Aun más: creemos que semejantes argumentos tienen una característica distintiva, cual es la desvinculación absoluta de la realidad.  Ello es así porque quienes sostienen tales argumentos no pueden mostrar un solo ejemplo o un solo caso en el mundo occidental, formado por países de economía mixta capitalista, donde el Estado tenga un rol, una magnitud y una actividad como la que pretenden hacernos creer que debería tener en un país dependiente como es la Argentina (Aplausos)

Sobre este tema vale la pena destacar que hay dos relaciones que pueden establecerse: una es la relación existente entre el consumo público y la inversión total de una economía.  Este calculo mediría el valor agregado del sector publico en relación con el valor agregado total de un país.

La otra vía es relacionar el gasto público versus el producto bruto interno.  Sobre esto voy a proporcionar algunos datos, a los fines de ratificar con números concretos mis aseveraciones y probar que las formuladas por otros en el pasado son totalmente falsas.

Se nos habla de los países que debemos mirar como ejemplo de reconstrucción económica, de los modelos que debemos imitar, etc. Pero voy a referirme solamente a dos países y a un grupo de países: Japón, Estados Unidos y Europa, a los efectos de mostrar la evolución del gasto público medido como porcentaje del producto bruto interno de esas naciones.  En el caso de Europa, en el año 1965 la incidencia relativa del gasto respecto del producto bruto total era del 36%; en 1984 fue del 51%.  En Estados Unidos, para las mismas fechas, esa relación fue del 29 y del 40%, respectivamente.  En Japón, del 23 y del 39%.  En la Argentina, la participación del gasto publico como porcentaje del producto fue en 1970 del 34%; en 1975, del 39% y en 1980, de casi el 44%.

Estas estadísticas nos demuestran que no hay ningún tipo de  relación entre la ideología del régimen político que esté gobernando un país y la magnitud del gasto publico, y que no tienen razón quienes afirman que la magnitud del gasto incide sobre las libertades públicas suponiendo que detrás de la actividad económica del Estado se esconde un cercenamiento de aquellas.

Reitero que no se trata de un problema de magnitud, sino de cómo se conduce el Estado, se elige a sus mandatarios, se preserva la periodicidad de sus mandatos, el relevo constitucional de los dirigentes, etc.  Pero los estados democráticos tienen una elevada participación en la actividad económica, y lo hacen cada vez en mayor medida.

Respecto de la otra comparación, la del consumo y la inversión pública como porcentaje del consumo y la inversión total del país, podemos dar algunas cifras cuya fuente es un documento de las Naciones Unidas de 1980, el Anuario de Estadísticas Nacionales.  En el caso del Reino Unido la incidencia relativa era del 26,1%, Japón 19,6, Francia 20,7, Estados Unidos 20,6, Canadá 22,6, Alemania Occidental 24, Argentina 19,4.

Esto refleja que no existe en la Historia contemporánea de este siglo un solo ejemplo de un país que modificara cualitativa y cuantitativamente su grado de desarrollo y el nivel de vida de sus habitantes –no importa cuál sea el régimen económico existente-, en el cual el Estado no tuviera una acción decisiva, fundamental y prioritaria.  Y eso pasa tanto en los países capitalistas como en los socialistas, llámense Japón, Estados Unidos, luego de la posguerra cualquier país de Europa y la Unión Soviética.  Lo que importa es para qué se gasta o se invierte, cómo, dónde, quién y con qué criterio de eficiencia social, no la de los gabinetes de los tecnócratas sino la eficiencia económica al servicio de un proyecto político. 

Otro tema citado en esta sesión es el de la participación de los sectores sociales en la formulación de las políticas económicas.  Sabemos que ésta es una demanda reiterada en muchas oportunidades por el bloque que está a la derecha de la Presidencia.  Es una demanda repetida que en algunas circunstancias motivó el retiro de ese bloque de algunas reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Aquí debo decir con absoluta honestidad que tenemos innumerables puntos de contacto, pero también debo manifestar que sobre esto existe una diferencia ideológica profunda.

En toda sociedad existen grupos de presión social, son legítimos, lícitos y, más aún, esos grupos tienen una mayor incidencia cuando se producen estos procesos de traspaso de regímenes autoritarios a gobiernos democráticos.  Esto no está mal en sí y no es nuestro objetivo erradicar la presión.  ¿Pero qué es lo que refleja?.  La existencia de falencias en algunos partidos políticos en cuanto a su papel de verdaderos responsables y mediadores entre la sociedad y el Estado, y está reflejando en definitiva que estas sociedades como las nuestras, dependientes, han experimentado un proceso fundamental que es la corporativización casi integral de todos sus sectores sociales.(Muy Bien!, Muy Bien!-Aplausos). Simultáneamente, como reflejo y como cara opuesta de la misma moneda, se da el debilitamiento de los partidos políticos.

Para nosotros, las funciones ejecutivas y legislativas forman parte de la competencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que no deben ser sustituidos.  Pero eso no significa, no debe entenderse ni implica que nosotros pensemos desoír, desconocer, ignorar, relativizar o constreñir la actividad de esas organizaciones intermedias.  Por el contrario, la queremos admitir y la estamos admitiendo, porque los procesos de acumulación y de distribución en la sociedad en general, pero en particular en estas sociedades dependientes sometidas por el atraso, requieren / ineludiblemente el instrumento de concertación, concertación económica y social que defina cuánto y cómo vamos a acumular y cuánto vamos a distribuir.

Lamentablemente, quienes piensen que es posible que estas organizaciones intermedias definan las políticas se equivocan, y aquí reside nuestra diferencia clara y fundamental.  Las políticas son definidas por aquellos que han sido ungidos por la voluntad popular y que han llegado a la presidencia y a los cuerpos ejecutivos en función de estos mandatos, y es responsabilidad de ellos hacerlo en función de garantizar la verdadera vigencia, participación y protagonismo de los sectores sociales, creando los ámbitos de consulta para la discusión y para que estos sectores puedan participar.  El mejor ejemplo de esto es la recientemente constituída Conferencia Económica y Social, en la que intervienen los sectores de la producción y del trabajo para discutir no cuál es la definición de la política económica, sino cuáles son los mejores mecanismos para instrumentar las políticas económicas.  Y no nos pueden decir que no hay un programa económico de largo plazo o que no hay un modelo de corto plazo para el funcionamiento del sistema económico.

No hay experiencias internacionales que digan lo contrario.  Las experiencias en cualquier país del mundo, fundamentalmente en aquellos que tienen una historia institucional y democrática estable, muestran que existen estos organismos de consulta, pero son precisamente de consulta, de discusión, de análisis y de sugerencias, ninguno de ellos tiene facultades ejecutivas.  No importa el rango de la norma que los constituye, ya se trate de una cláusula constitucional, una ley o un decreto, todos tienen como característica central la de poseer la función de discutir, colaborar o analizar, pero nunca jamás la facultad de determinar acciones ejecutivas.  Esto sí es una diferencia, pero ¿qué le vamos a hacer?. Nuestra posición en esta materia forma parte de principios ideológicos muy profundos, lo que no supone desconocer ni relativizar los de los demás.  Forma parte del principio según el cual las sociedades se manejan por medio de los partidos políticos, son éstos los verdaderos mediadores entre la sociedad y el Estado, porque son los que tienen una auténtica comprensión globalizadora de los problemas, los que elaboran las propuestas estructurales y los que forman el proyecto total de una nación.  Las asociaciones intermedias tienen proyectos lícitos, fines razonables, objetivos de defensa de sus propios intereses.  Los aceptamos, pero muchas veces, señor presidente, los intereses de esas asociaciones intermedias, en razón de su propia génesis, están en contraposición con los objetivos nacionales. (Aplausos)

Vamos a referirnos ahora a dos propuestas que fueron reiteradamente formuladas esta noche.  Lo haremos haciendo brevemente una consideración política que tiene que ver con el hecho de que, a nuestro juicio, existe en nuestra sociedad una gran simpatía por la formulación de consignas políticas.  Se trata de una suerte de ‘consignismo’ que muchas veces tiene poco contenido o, en todo caso, era adecuado para una circunstancia histórica diferente, pero no lo es para el presente.  En definitiva, no se trata de propuestas serias y racionales y su planteo –como trataremos seguidamente de demostrar-significa, antes que un paso al frente, varios pasos hacia atrás.

Comencemos con la propuesta de nacionalización del comercio exterior.  Primeramente habría que precisar qué significa esto. Suponemos que esto significa la estatización del comercio exterior, y no la nacionalización, que podría ser entendida como la prescripción de que estas transacciones comerciales sean hechas por empresas nacionales.  La experiencia argentina se remonta al IAPI, un instrumento de política económica conocido en la posguerra, en una época en que los esquemas comerciales estaban cerrándose y había una gran concentración de productos a comercializar y de los mercados de destino de nuestros productos.

Por otro lado, el problema del comercio exterior no puede desvincularse de la producción, el comercio es una actividad complementaria de la producción.  Si pensamos en la nacionalización del comercio exterior, pregunto por qué no planteamos también la estatización de los medios de producción.  A nuestro juicio parece haber una suerte de contradicción entre este instrumento y una posición política que reconoce la existencia de un sistema capitalista.

Como referencia, muchos países socialistas de Europa Oriental-y la propia Unión Soviética-, recurren para sus transacciones internacionales a empresas capitalistas, precisamente por esto, por la dispersión de productos y de mercados, que hace muy difícil que un solo ente esté en condiciones de eficiencia para garantizar la maximización de la utilidad de un país.  Pero esto no significa que pensemos que el Estado tiene que mirar al costado ni que creamos en la supuesta mano invisible de Adam Smith, produciéndose mágicamente las transacciones por las cuales se equilibran y compensan la demanda y la oferta de los productos.

Porque no creemos esto y porque queremos un Estado que contribuya a esa estrategia de crecimiento, se propuso, se sancionó y se promulgó la ley 23101 sobre promoción de las exportaciones, por la cual se instrumentan nuevos mecanismos que hacen compatible la necesidad de comercialización intensa de nuestros productos en el exterior con una ágil y dinámica política económica.  Para esos están las compañías de comercio internacional, las cooperativas o los consorcios de exportación y de ahí la intensificación del régimen de intercambio compensado.

Creemos que aquí hay que hacer una diferencia absolutamente necesaria hay que discutir sobre los objetivos y no sobre los instrumentos.  Los objetivos los compartimos y son los de garantizar que las divisas generadas en este país con el sudor y el trabajo de millones  de argentinos contribuyan al fortalecimiento de una capacidad de inversión productiva.  Pero esto no debe significar que estemos pensando en la necesidad de nacionalizar el comercio exterior, al contrario, creemos que con instrumentos como los que estamos desarrollando habremos de estar en condiciones de garantizar ese objetivo.  Y hay pruebas  en este sentido.  A pesar de la caída de los precios internacionales de algunos de nuestros productos de exportación –entre 1980 y 1985, en sólo cinco años, los precios internacionales de algunos del trigo disminuyeron un 52 %, el maíz cayó el 10% y la soja un 19%-, podemos decir que en el primer semestre de este año las exportaciones aumentaron de 4204 millones de dólares a 4608 millones, comparándolas con las del primer semestre del año 1984.

En definitiva, todos comprendemos la necesidad de ser rigurosos, estrictos y claros a efectos de entender la integridad y profundidad de los planteos, porque de lo contrario es muy difícil polemizar sobre lo que estamos buscando.

Otro tema es el de la nacionalización de la banca.  Nuevamente vamos a suponer que hablamos de estatización de la banca.  Los sostenedores de este argumento se basan en que esto permite al Estado recuperar para el país el control total de los flujos financieros domésticos e internacionales.  Por detrás de este argumento se esconde, a nuestro juicio, la convicción de que sólo el Estado garantiza que el ahorro nacional se orienta al financiamiento del desarrollo y que sólo la propiedad estatal logra evitar la fuga de divisas.

Para discutir estos temas contamos con dos opciones.  En primer lugar, recurrir a la retórica política del discurso para buscar el aplauso. En segundo término, buscar una argumentación crítica y racional a este razonamiento.

Respecto de esta segunda alternativa .que es la que debe utilizarse en un lugar como éste- vale la pena que nos hagamos algunas preguntas. ¿Quiénes serían en las actuales condiciones los beneficiarios inmediatos de la nacionalización? ¿La nacionalización es una propuesta que per se garantiza la actualización de un modelo nacional de desarrollo? ¿Es correcto afirmar que sólo un sistema de banca estatal puro garantiza la correcta asignación del crédito?¿Es correcto afirmar que la fuga de divisas se realiza principalmente a través del sistema financiero? Son cuatro interrogantes que trataremos de responder, pero para ello debemos tener una idea acerca del lugar en el que nos encontramos dentro del sistema financiero.

Muchas veces dijimos que el sistema financiero argentino se caracterizo por haber sido una de las piedras angulares del mecanismo de depredación de la actividad económica argentina que vivimos durante los años del gobierno militar.  La otra piedra angular fue la reapertura irrestricta de las importaciones junto con la subvaluación del tipo de cambio.

El sistema financiero argentino hoy está caracterizado por dos fenómenos fundamentales.  En primer lugar, por elevadísimos costos de operación que muchas veces multiplican por cinco los estándares internacionales.  Vale la pena precisar el significado que esto tiene.  Si en la Argentina no hubiera inflación, es decir si fuera cero, la tasa de interés que tendríamos que cobrar en función de los costos que tiene el sistema financiero por su sobredimensionamiento, su ineficiencia y su  falta de tecnificación, en algunos casos sería del 25%.  Me pregunto si en alguna parte del mundo hay una actividad económica que pueda compatibilizar el crecimiento económico con esta tasa de interés.  No existe, señor presidente.

El sistema financiero está sobredimensionado y tiene elevadísimos costos de intermediación.  Este es el segundo fenómeno que lo caracteriza.

Si seguimos analizando esto, frente a una situación de sobreempleo y a un escaso nivel de productividad ¿Qué haríamos si estatizáramos la banca en la Argentina? Estaríamos transfiriendo al sector público el sobreempleo de todo el sector financiero argentino.  En definitiva, estaríamos transfiriendo al Estado una carga que no significa nada y que tiene como contrapartida un enorme costo, no en términos de subvención, contribución o pago de las remuneraciones a los trabajadores, pero sí en términos de condicionamiento de la estrategia de crecimiento que estamos proponiendo.  

Me refiero al nivel irregular de la cartera de las entidades financieras argentinas, entendida ésta como los préstamos en gestión y mora y por aquellos que no son pagados, los que hoy representan el 55,5% del patrimonio neto de las entidades.  En este caso la respuesta es obvia si estatizamos el sistema financiero-y como no estamos hablando de confiscar eso implica pagar- lo que estamos haciendo, es socializar las pérdidas de un sistema, es decir, transferir recursos, subsidiar, cambiar de mano el servicio, y de esa forma los beneficios serán recibidos por uno de los sectores que tienen mayor responsabilidad en la crisis económica que vive la Argentina.  Esto es lo que no quiere el país.  (Aplausos).

Creo que con esto damos respuesta al primer interrogante.  Es decir, estaríamos estatizando las pérdidas, socializando las deudas y distribuyendo riquezas a favor del capital financiero. ¡Qué contradicción, en una propuesta que teóricamente es a favor de las mayorías!  En definitiva les estaríamos llenando el bolsillo a los responsables de la situación a la que llegó el país en virtud del vaciamiento sufrido.

En cuanto a que es la única garantía para que efectivamente tengamos un crédito al servicio de la producción, la reflexión que surge es que no hay estudio teóricos o evidencias empíricas que demuestren que exista una causalidad unívoca que demuestren que exista una causalidad unívoca entre la orientación del crédito y la necesaria estatización de la banca.  Lo que digo, señor presidente, es que existen instrumentos tan aptos como éste para garantizar que, efectivamente se produzca un fluido traspaso del ahorro nacional hacia los objetivos prioritarios en función de este esquema de política global acompañado por este modelo de crecimiento económico al que hacemos referencia.

Se hablaba también- y es una de las preguntas que pretendemos responder-, sobre la fuga de divisas.  Vale la pena que incorporemos un dato técnico.  Esto sólo es posible con un mercado libre de cambios, y me parece que queda absolutamente en claro que no es la vocación ni la intención de este gobierno tener un mercado libre de cambios sino que nuestra postura es absolutamente estatista.  

¿Porqué? Muy sencillo, señor presidente.  Porque si hay algún valor o algún bien escaso en la economía, hoy por hoy éste es la divisa, y no cometeremos la irresponsabilidad de decretar un mercado libre de cambios para que por él se fuguen las divisas que necesitamos para financiar el desarrollo que requerimos.

En consecuencia, haré una muy breve reflexión que tiene que ver con los resultados de este programa económico de corto plazo.  Hay algo que ha sido claramente demostrado por todos los balances e informes oficiales de la autoridad monetaria: se ha producido una remonetización del sistema financiero argentino, un incremento de los depósitos en él, y sin ningún lugar a dudas esto garantizará que, efectivamente contemos con recursos suficientes para el otorgamiento de créditos a tasas de interés compatibles con la voluntad de desarrollar definitivamente el sector industrial a fin de que básicamente apunte no sólo al comercio doméstico sino que tenga presente la necesidad de terminar con el mito del mundo en la Argentina, para empezar a estar la Argentina en todo el mundo.  Este proceso de industrialización tiene claras caracterizaciones que lo vinculan a un modelo de crecimiento con justicia social y redistribución de los ingresos.

Me quedan aún un par de reflexiones, señor presidente. Una me produce una pena profunda, aunque creo que obedece a un error de imprenta, que no sé corresponde con una intencionalidad política y que considero no tiene que ver con lo que el Partido Justicialista piensa en la Argentina de hoy.  

Lamentablemente, en el Suplemento NC 29 al Orden del Día NC 1114 existe un párrafo que implica mucho dolor para mí, porque pareciera que los argentinos no hubiéramos aprendido nada y que en nuestro país no hubiera pasado nada desde el 10 de diciembre de q983 a la fecha.  Como estoy seguro de que se trata de un error de imprenta sólo habré de mencionarlo.  Allí se sostiene que ‘ la nación argentina, proyecto todavía inconcluso, debe reformular su destino tras ocho años de decadencia, represión interna y vasallaje externo,..’ .  Me pregunto si alguien en su sano juicio, lícitamente y con honestidad política puede decir que en la Argentina de la democracia del presidente Alfonsín existe represión interna. (Aplausos prolongados).

Señor presidente: pareciera que algunos hoy aquí han descubierto el imperialismo.  En algunos casos ello puede ser interpretado como un avance en términos ideológicos porque son los mismos que antes hablaban de los imperialismos.  En términos de categoría científica, creemos que se habría producido un avance, pero al mismo tiempo se nos ocurre que con este descubrimiento alguien podría decir que el imperialismo es un tigre de papel.  Considero que ninguna de ambas cosas es descubrimiento a esta altura de las circunstancias.

Se habló mucho de la deuda externa. Se hicieron muchas referencias al Fondo Monetario Internacional.  La sensación que me cabe respecto de la precisión de muchas bancadas presentes en este recinto es que cualquier país que se siente a negociar con el Fondo lo que está haciendo es una traición a los intereses nacionales y desarrollando una política de sumisión ante los centros del poder financiero internacional o acatando mansamente el vasallaje del comisario ideológico-como bien se ha dicho en este recinto en una oportunidad- del Fondo Monetario Internacional.

No venimos a descubrir nada si decimos que existe en el orbe un conflicto, que no es el Este.- , el de las superpotencias , sino el del mundo desarrollado contra el subdesarrollado, ya que hay relaciones de dependencia, de dominio y mecanismos en virtud de los cuales esto se profundiza.

Pero creo que no se puede dar una definición sobre cada país por la sola razón de negociar o ser miembro del Fondo Monetario Internacional, acusándoselo como agente en el Sur del mundo imperialista del Norte.

Me voy a permitir leer algunos párrafos de una carta muy breve.  Su contenido es el siguiente: 

‘Tengo el agrado de comunicar al Directorio Ejecutivo que en el día de hoy las autoridades han dado instrucciones de saldar todas las obligaciones vencidas a favor del Fondo, incluidos los cargos trimestrales y los cargos netos por el uso del DEG’.  De más está aclarar que se trata de los derechos especiales de giro, la unidad de cuenta del FMI.  ‘Con este pago-continúa diciendo la carta- se pone al día nuestro país en sus obligaciones frente al Fondo y reanuda relaciones plenamente normales con esta institución.

Las obligaciones vencidas de nuestro país a favor del Fondo han estado pendientes durante una largo período. En varias ocasiones las autoridades de mi país y yo mismo hemos explicado llana y detalladamente las circunstancias especiales en que se halla nuestro país y las dificultades  que las autoridades han tenido para saldar estas obligaciones, aun cuando se habían propuesto hacerlo mucho antes. Con todo durante el periodo en cuestión las autoridades mantuvieron el compromiso de saldar sus obligaciones frente al Fondo tan rápidamente como fuera posible, y se había logrado un progreso considerable aun antes de ahora. El pago efectuado en el día de hoy subraya claramente los resultados positivos que pueden obtenerse adoptando una actitud flexible ante estos asuntos, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.  Las autoridades del país que represento me han solicitado que haga llegar a Uds. su agradecimiento por los esfuerzos valiosos desplegados por el director gerente – el Sr. Jaques de Laroisiere- y los funcionarios del Fondo a este respecto. Dichas autoridades siguen estando decididas a consolidar aun más las relaciones de nuestro país con el Fondo.

Para no agobiar al cuerpo con la lectura completa de la carta, que desde ya queda a disposición de quienes quieran consultarla, voy a leer el último párrafo, que dice lo siguiente: 

‘A pesar de la importancia de estas medidas, las autoridades consideran que éste es sólo el comienzo de una serie de ajustes que deben efectuarse para restablecer el equilibrio.  El asesoramiento del Fondo a este respecto ha sido muy útil y las autoridades de mi país desearían consolidar aún más las consultas con el Fondo en el futuro’

Con la interpretación que muchos de los señores diputados hicieron sobre este organismo internacional, uno debiera concluir que ésta es una carta firmada y remitida por la más execrable de las dictaduras latinoamericanas que lamentablemente subsisten todavía.  Se podría pensar que esta carta está rubricada por algún tiranuelo que ha sufrido nuestra historia de la patria grande.  Y como se habla del año 1985, uno tal vez podría pensar que es de algún país vecino.  Pues no es así.  Esta carta ha sido presentada a la reunión del directorio ejecutivo del Fondo el 29 de abril de 1985 y firmada el 26 del mismo mes por el señor Pedro Pérez. ¿Quién es este señor? El señor Pedro Pérez es el representante de un gobierno que hace gala de su vocación antiimperialista y que se levanta ante el grande del norte diciendo que no va a ser invadido, este gobierno es el de Nicaragua.

Me pregunto cómo puede decirse con ligereza que cualquier país que negocie con el Fondo está al servicio del imperialismo (Muy bien! Aplausos)














Fuente: PRESUPUESTO  -  JESÚS RODRÍGUEZ (Miembro Informante), Cámara de Diputados 24 º Reunión- 14 Sesión Ordinaria-Agosto  22 y 23 de 1985 Presidencia de los Sres. diputados Juan C. Pugliese y Roberto Pascual Silva.

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