HISTORIA Y DOCTRINA DE LA UCR: UCR-FREPASO: "Carta a los argentinos" (10 de agosto de 1998 )

martes, 5 de julio de 2011

UCR-FREPASO: "Carta a los argentinos" (10 de agosto de 1998 )

Gobernar para un destino común, solidario y de progreso

Compatriota:

La Alianza le presenta en este texto sus ideas y objetivos. Encontrará nuestra visión de la Argentina, sus prioridades y los contenidos centrales de nuestras políticas. Esperamos que éste sea el punto de partida de un amplio debate nacional.
La exposición pormenorizada, por sectores y áreas de gobierno, será el objeto de la plataforma electoral de la Alianza.
La Argentina y el mundo enfrentan nuevos escenarios. El significado de la globalización es todavía incierto, en especial para países como el nuestro.
Algunos se empeñan en negar las nuevas realidades de este fin de siglo. Cierran los ojos e imaginan que es posible retomar senderos de desarrollo por los que se alcanzaron éxitos en tiempos pasados. Otros, en cambio, creen que las políticas de una nación derivan de un "pensamiento único" que se presenta como necesario e ineludible.
La Alianza se opone a esta falsa opción. Reconoce los cambios que se están produciendo en el mundo y en nuestro país. Advierte las oportunidades, pero también las amenazas que ellos encierran. Rechaza la idea de que sólo existe un camino, un único pensamiento posible, porque ello llevaría al fin de las esperanzas y de la política entendida como la capacidad de una Nación para definir su presente y construir su destino.
La Alianza niega, por otra parte, la contraposición entre eficiencia e ideales. Se propone desarrollar eficazmente un programa que permita a la sociedad argentina alcanzar sus objetivos de progreso y equidad. Reivindica, además, la voluntad colectiva de construir una sociedad más justa, más rica, más equitativa. Una sociedad de progreso y de igualdad de oportunidades. Sabemos administrar el camino hacia ese futuro. Reconocemos que los ideales sin una buena gestión son un sueño inalcanzable Pero, la mejor de las gestiones sin ideales se vuelve ciega y estéril.
El crecimiento de la economía y el desarrollo social han sido presentados como opuestos. Esta disyuntiva es falsa. No existe un camino viable hacia el desarrollo que pase por la exclusión de los ciudadanos, ni una política para el bienestar que ignore los obstáculos y los desafíos técnicos. El programa de la Alianza aplicará con energía y eficacia políticas que integren el crecimiento de la economía y el desarrollo social.
Vamos a cambiar el rumbo. Creemos en la Argentina como un destino común y solidario, organizada como una república democrática moderna y gobernada por funcionarios y mandatarios capaces y honestos. Nos imponemos la eficiencia para aumentar la equidad. Queremos una sociedad abierta para ser más fuertes como Nación.

10 de agosto de 1998

Argentina: hacia un destino común, solidario y de progreso

Organizaremos la Nación como una república democrática moderna
Pondremos en marcha una sociedad en la que el crecimiento del conjunto esté unido al progreso de cada uno.
Haremos que la economía sea un instrumento para mejorar la vida de la gente en lugar de contribuir a la riqueza de pocos.
Demostraremos que se puede gobernar con funcionarios honestos.
Recuperaremos el acceso y la estabilidad del trabajo.
Garantizaremos el imperio de la ley con la fuerza que nos da una sociedad hastiada de delitos sin castigo
Gobernaremos poniendo en plena vigencia la independencia de los poderes y las instituciones de la Constitución Nacional.

1.La Alianza propone a los argentinos emprender la formidable tarea de asegurar el Estado de Derecho y dar contenido concreto a la igualdad de oportunidades. Esto significa organizar la Nación como una república democrática moderna. La Alianza tiene con qué hacerlo, tiene capacidad y convicción.

2. En la Argentina conviven dos sociedades en un mismo territorio vulnerando la idea misma de nación. El legítimo sueño del progreso se ha desvanecido y la igualdad de oportunidades se limita a un enunciado formal, carente de contenido. La Alianza propone comenzar la tarea de construir una Nación con un destino común.

3.La Alianza quiere poner en marcha una sociedad de progreso. Una sociedad en la que el crecimiento del conjunto sea sentido como una condición para el progreso de cada uno. La sociedad de progreso permite vivir la Nación como el nexo entre el destino individual y el colectivo.

4. La Alianza demostrará que se puede gobernar con honestidad. Para la Alianza, los decretos del Presidente de la Nación, referidos a designaciones de funcionarios públicos, incluyendo ministerios, secretarías y subsecretarías, sólo serán efectivos si, antes de la asunción del cargo, la persona elegida presta declaración sobre el estado actual de todos los bienes que integran su patrimonio e ingresos que perciba de cualquier índole. Esa declaración quedará inscripta en un registro especial, con una base de datos pública. El funcionario estará obligado a informar, en un plazo perentorio, ante ese registro cualquier alteración significativa que sufra su patrimonio. De no hacerlo, deberá dejar su cargo.

5. Hoy existen enormes dificultades para acceder a un trabajo remunerado con un salario digno, o para mantenerse en él. Las oportunidades son desiguales. Las mejores escuelas están en los barrios más pudientes; los que tienen recursos acceden a la medicina que les ofrece el mercado; los otros –cuarenta por ciento de la población- sólo pueden acudir al hospital público deteriorado; la infraestructura social se concentra donde es menos urgente; las grandes empresas tienen crédito, las pequeñas no.

6. La Alianza sostiene que estos déficit son la consecuencia de:

Una distribución inequitativa e injusta de la capacidad de influir en las decisiones públicas por parte de los distintos grupos de interés. La concentración del poder económico influye peligrosamente sobre los poderes del Estado.
Una distribución desigual de la educación y de la capacitación.
Una creciente vulnerabilidad externa y debilidad de los instrumentos públicos. La ineficiencia del Estado para resolver los conflictos entre la inequidad que generan los mercados y la igualdad de oportunidades que busca la democracia
La corrupción, inherente a la concentración del poder y la debilidad de los controles

I Para construir la sociedad de progreso es necesaria la conformación de una alianza con consenso democrático. Sin él, no serían viables las políticas alternativas votadas por las mayorías. Nuestro programa sería un enunciado de buenas intenciones sin capacidad para transformar la realidad. El primer compromiso de la Alianza será construir el consenso para el cambio con el fin de:

Alcanzar una sociedad más justa, donde la economía sea un instrumento destinado a mejorar la calidad de vida de la gente.
Recuperar el acceso al trabajo digno y estable.
Dar respuesta a una Nación que está sedienta de respeto a la ley. El que delinque es un delincuente, más allá de su condición social, de su fortuna personal, del cargo que ocupe y del partido político al que adhiera. Vamos a garantizar el imperio de la ley con la fuerza que nos otorgará una ciudadanía hastiada de delitos sin castigo y con la autoridad de jueces probos, incorruptibles e independientes.
Restaurar la independencia de los poderes como garantía de pleno ejercicio republicano. Nadie, sobre todo los mandatarios, puede estar por encima o al margen de la ley.

El desarrollo sostenido con equidad

La estabilidad es una condición esencial de toda política económica
El núcleo central de la estrategia para un crecimiento sostenido y sustentable es la expansión de las exportaciones con una mayor incorporación de valor agregado.
Fortaleceremos la iniciativa privada y promoveremos mercados transparentes y competitivos
La Alianza a lo largo de su Gobierno se propone alcanzar:

1. una tasa de crecimiento sostenido del 6% anual.

2. una tasa de inversión del 30% del PBI.

3. un nivel de exportaciones de 50.000 millones de dólares.

4. un nivel del desempleo del 6%.

5. un nivel de recaudación del impuesto a las ganancias del 4,5% del PBI y una disminución de la evasión impositiva del 2% del PBI.

Especulación, evasión y despilfarro son los enemigos de la Alianza.
Impulsará la inversión pública en infraestructura.
El gran desafío de la Alianza es crecer con equidad. Sus políticas activas serán: mayor peso de los impuestos progresivos, una adecuada regulación de los servicios públicos privatizados, apoyo a las PyMEs, mayor eficiencia en el gasto público y una mejora sustancial en los sistemas de salud, educación y programas sociales.

1 La Alianza sostiene que en materia económica el Gobierno actual deja una situación de graves desequilibrios estructurales. Se ha logrado la estabilidad pero hay que consolidarla. El crecimiento futuro no está garantizado; la exclusión social es el dato dramático de esta década. No se trata de refundar la economía ya que algunas políticas deben mantenerse. Pero otras deben corregirse a la vez que se aborda la tarea de una reforma profunda para terminar con los mencionados desequilibrios.

2 La Alianza debe llevar adelante estos cambios en un contexto internacional que se presenta menos favorable que el de comienzos de los noventa. El ritmo de crecimiento de la economía mundial se desacelera y la volatilidad de los capitales aumenta. Por su parte, en el orden local, los fuertes aumentos de productividad de la primera mitad de la década, han llegado a su fin y el superávit de la cuenta corriente del balance de pagos se ha convertido en un desequilibrio preocupante. El desafío es crecer en un contexto externo e interno menos propicio que el de los últimos años.

Lo que se debe consolidar

1 La estabilidad de precios es una condición esencial de toda política económica que quiera mejorar la calidad de vida de los argentinos. Sin estabilidad no habrá desarrollo ni se podrá construir una sociedad equitativa. Pero, la estabilidad debe ser acompañada por las políticas de un gobierno que asuma la responsabilidad de promover una dinámica de expansión económica.

2 Como parte del esfuerzo para consolidar la estabilidad, la Alianza está resuelta a mantener la convertibilidad. A la vez, es consciente de que, en el actual contexto de crisis financiera internacional, para preservarla es necesario consolidar la economía en varios frentes: el equilibrio fiscal, el impulso exportador, la fortaleza del sistema financiero y el crecimiento económico.

3 La Alianza consolidará la integración al comercio internacional. Tal como fue llevada a cabo la apertura ha tenido costos sociales que podrían haberse evitado. La Alianza propone impulsar políticas fiscales, comerciales, regulatorias e institucionales que alienten la competitividad y aprovechen plenamente nuestra inserción en el mercado internacional.

4 Es un objetivo prioritario de la Alianza. en un mundo caracterizado por la conformación de bloques regionales, la consolidación y profundización del Mercosur.

5 La Alianza considera esencial la seguridad jurídica, por lo que respetará las privatizaciones. Pero la seguridad jurídica vale tanto para quienes invierten como para quienes consumen. Se exigirá el respeto pleno de los contratos firmados por las empresas privatizadas u otorgadas en concesión, a la vez que se adecuarán los marcos regulatorios, priorizando el interés público y el de los usuarios.

Lo que hay que lograr: crecimiento con equidad.

1 El crecimiento sostenido. Se trata de recuperar la capacidad de decisión nacional corrigiendo la actual dependencia de los capitales para financiar el desequilibrio externo. Esto requiere aumentar el ahorro interno y la inversión y –núcleo central de la estrategia- expandir las exportaciones, incorporándoles cada vez más valor agregado.

2 El crecimiento sustentable. La Alianza sostiene el respeto al medio ambiente y a las personas, es decir, una economía que ponga a todos los argentinos en el centro de sus preocupaciones, que favorezca un uso racional de los recursos naturales y tecnologías limpias y que, a la hora de tomar decisiones, considere la fragilidad del ambiente y los derechos de las futuras generaciones.

3 El crecimiento con equidad. La Alianza debe dar respuesta a la demanda de los perdedores sociales de la gestión actual: los desocupados estructurales, los sectores medios expulsados del ámbito productivo por la política económica que se llevó adelante con graves errores de ejecución e insensibilidad social.

Hacia un crecimiento sostenido y sustentable

1. El requerimiento básico para alcanzar un crecimiento elevado y sostenido es lograr y sostener tasas de inversión productiva más elevadas. La inversión debe crecer, debe hacerse menos dependiente de capitales financieros externos, expandirse principalmente al calor de las decisiones del sector privado, con un papel complementario importante por parte del sector público. La Alianza se compromete a que, al cabo de su primer mandato, la tasa de inversión no sea inferior al 30% del PBI.

2. El sector privado debe mantener su papel primordial en materia de inversiones. Se requiere confianza y credibilidad para fortalecer la iniciativa privada. Para ello es necesario, en un marco de cohesión y consenso social, garantizar la seguridad jurídica, preservar los equilibrios macroeconómicos y crear un horizonte de previsibilidad a largo plazo.

3. Confianza y credibilidad no bastan. Es preciso un gobierno consciente de su papel en la promoción del crecimiento. Hay que romper la parálisis de los últimos años en la capacitación, la innovación y la difusión tecnológicas. La contribución del sector público a la creación de una adecuada infraestructura física que, a diferencia de los proyectos de muy bajo retorno social y económico, debe realizarse tomando en cuenta las necesidades del interior del país, será fundamental para atenuar las desigualdades regionales, evitando la lógica de los enclaves productivos.

4. Para alcanzar tasas de inversión elevadas, es imprescindible generar un aumento simultáneo del ahorro. Esto significa que la inversión deberá financiarse crecientemente con recursos propios, es decir, con ahorro interno, en lugar de sustentarse en el aumento del endeudamiento externo.Para aumentar el ahorro hace falta comprometer tanto al sector privado como al público. La Alianza estimulará el ahorro de las empresas, el fortalecimiento del sistema financiero y el desarrollo de los mercados de capitales

5. El déficit más notorio está en el ahorro del sector público. Se requiere el equilibrio fiscal y aumentar la participación de la inversión en el gasto público. Para ello, es necesario reducir la evasión y eliminar la corrupción y el derroche en el gasto. La mejora en la administración tributaria implica un sistema impositivo en el que, a diferencia del actual, paguen más los que más tienen. La Alianza se compromete a reducir la evasión, actualmente estimada en un cuarenta por ciento de la recaudación potencial en, como mínimo, dos puntos del PBI a lo largo de su gobierno.

6. Reducir la vulnerabilidad implica, además de aumentar el ahorro interno, involucrar a la Argentina en la batalla por una mejor y mayor inserción en el mundo, la que deberá lograrse multiplicando nuestras exportaciones.

7. Queremos generar una cultura exportadora. En otro capítulo se detallan los aspectos instrumentales orientados a este propósito. Deseamos enfatizar aquí que la estrategia exportadora debe asentarse en la modernización integral del agro, la industria y los sectores productivos en general, basándose en tres políticas ineludibles, hoy ausentes. En primer lugar, una política tributaria que reduzca los costos para los exportadores; en segundo lugar, una política de regulaciones que al inyectar competencia en los mercados hoy monopólicos tenga el mismo efecto de reducción de costos; en tercer lugar, una política de estímulos a las exportaciones compatibles con las reglas de la OMC. En cuatro años de gobierno, la Alianza va a alcanzar la meta de los 50.000 millones de dólares de exportaciones totales. Esa será una forma efectiva de aumentar la autonomía nacional en la toma de decisiones en un mundo interdependiente.

8. Para la Alianza la conjunción de una política orientada a alcanzar una tasa de inversión del 30% del PBI y un nivel de exportaciones de 50.000 millones de dólares constituyen los ejes centrales de su estrategia para sostener una tasa de crecimiento del 6 % anual del PBI, que es a su vez una precondición esencial para reducir la desocupación al 6% al final de su gobierno.

9. Para la Alianza la reconversión y el desarrollo de las economías regionales son cruciales para que el crecimiento económico contribuya a construir una Nación social y geográficamente integrada. Las políticas en el área son:

Fortalecer la infraestructura necesaria para que las provincias se integren al sistema productivo nacional.
Promoción de las PyMEs para lograr una descentralización eficiente de la economía.
Promover la acción de la Nación y las provincias para restructurar sectores productivos críticos tendiendo a su reconversión.
Acordar entre la Nación y las provincias un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos.

Hacia una mayor equidad

1 Para la Alianza reducir el desempleo y aumentar la equidad en la distribución de los frutos del crecimiento es un imperativo para construir una Nación social y geográficamente integrada. Se trata de una lucha crucial, ya que la distribución del ingreso actual es la peor desde que se cuenta con información estadística: el 10% más rico de la población acumula el 37% de los ingresos; el 10% más pobre, apenas el 1,6%. Esta lucha implica llevar adelante una serie de políticas públicas activas, que en su mayoría han sido relegadas por el actual gobierno:

En un contexto de crecimiento económico sostenido, el combate a la evasión y la mayor progresividad tributaria contribuirán al compromiso de pagar la deuda social que el gobierno actual contrajo.

Hace falta, además, una reforma integral del gasto público social, sobre todo en educación y salud, que introduzca un nuevo sistema de incentivos en la provisión de bienes sociales. Se requiere que cada agente público enfrente premios y castigos que aumenten su eficiencia en un contexto de remuneraciones dignas; por otra parte, es imprescindible una distribución solidaria del gasto social, que en parte hoy se asigna a sectores no prioritarios. Por ejemplo, las obras sociales y hasta las entidades de medicina pre-pagas usan el hospital público sin la adecuada contraprestación monetaria.

El gasto social debe administrarse descentralizadamente con participación activa de la sociedad. Las grandes burocracias nacionales –y en muchos casos las provinciales- están demasiado lejos de la gente y por lo tanto de comprender sus necesidades. La Alianza es consciente de que muchas jurisdicciones no están capacitadas para absorber la responsabilidad que esta política les impone, pero esto no se resuelve con menos descentralización sino con una descentralización distinta: la Nación proveerá a las provincias y municipios de asistencia técnica y programas de formación de agentes públicos para este proceso.

La descentralización deberá estar vinculada al nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, tantas veces postergado. El régimen asignará claramente los derechos y obligaciones de las partes y será fundamental para la defensa del federalismo y las autonomías municipales, asegurar la equidad regional y la igualdad de oportunidades en la Argentina. La coparticipación deberá seguir nuevas reglas. Deben premiarse los esfuerzos de recaudación provincial y la mejora en el desempeño –calidad y extensión- en áreas críticas como salud y educación.

Para alcanzar una coparticipación justa que estimule el desarrollo de todo el territorio nacional, es necesario que el proyecto que postula la Alianza sea compartido por las distintas jurisdicciones. Hace falta, por lo tanto, no sólo el triunfo de la Alianza en el orden nacional: la transformación exige que estas ideas triunfen también en las distintas provincias.

Una adecuada regulación de servicios públicos y una política de defensa de la competencia son herramientas imprescindibles para aumentar la equidad. En muchos casos, las privatizaciones produjeron fuertes crecimientos de precios sostenido por la estructura monopólica de los mercados. Esas mismas estructuras monopólicas y la concentración económica se han extendido a otros sectores de la producción perjudicando aún más la distribución de la riqueza y los ingresos.

Nuestro compromiso irrenunciable con los consumidores es impulsar políticas que incentiven la competencia, convencidos de que ello generará productos de menor precio y mejor calidad. Estas políticas tendrán su apoyo en una nueva ley de defensa de la competencia. A la vez, allí donde la competencia no sea posible, nuestro compromiso es adecuar los marcos regulatorios, considerando las mejores prácticas internacionales en la materia y priorizando el interés público y el de los consumidores. Ello requiere la existencia de entes reguladores estrictos, justos, transparentes y autónomos con la participación de usuarios y consumidores.

El apoyo a las PyMEs

1 El país ha atravesado también, en los últimos años, un agudo proceso de concentración económica. Los frutos del crecimiento han quedado en pocas manos, en lugar de difundirse a la sociedad en su conjunto. Para revertir esta situación hacen falta políticas que hoy están ausentes. Uno de los ámbitos donde esta inequidad es más notoria es el de las empresas pequeñas y medianas.

2 Para la Alianza, el apoyo a las Pymes es esencial en el proceso de democratización y descentralización eficiente de la economía y constituye una de las bases principales de un modelo productivo integrado y diversificado

3 Las políticas públicas que han proliferado en la primera parte de los ´90 se caracterizan por un fuerte desencuentro con las demandas específicas de las PyMEs y presentan importantes problemas de instrumentación y coordinación. La forma correcta de abordar esas políticas es hacerlo como parte constitutiva de la política económica global y no como una política social de salvataje, articulando eficientemente la acción pública con las iniciativas privadas, poniendo énfasis en la construcción institucional y descentralizando la ejecución de las diferentes políticas. Esta orientación hará posible fortalecer las cadenas de valor agregado, facilitará la inserción de las Pymes en el comercio internacional y propenderá a un creciente equilibrio regional.

4 Uno de los principales problemas que afecta a la pequeña y mediana empresa es la discriminación en los mercados financieros. La Alianza se opone a la privatización del Banco de la Nación Argentina. Desea dotarlo de la flexibilidad, agilidad y eficiencia. Propone, también, reformular y dar impulso a fondos de garantías para préstamos y crear mecanismos de subsidio a las tasas de interés, así como estimular la utilización de modalidades nuevas o poco utilizadas como el leasing, el cheque conformado y la factura de crédito.

5 El tamaño de las PyMEs reduce muchas veces su capacidad para cumplir acabadamente con ciertas obligaciones fiscales u otras que involucran una gran cantidad de exigencias burocráticas que insumen importantes recursos en tiempo y dinero. En este campo la Alianza profundizará la simplificación de los trámites y el diseño de una estructura tributaria más accesible para las empresas de menor tamaño. También estimulará su asociación y la utilización de servicios comerciales y administrativos compartidos.

6 Las iniciativas de la Alianza en lo que respecta a la asistencia técnica a la PyME se asentarán sobre dos premisas básicas: que las políticas respondan a un objetivo claro y estén coordinadas, y que lleguen de manera efectiva a las empresas. Para esto, allí donde el mercado no da las respuestas necesarias, se diseñarán los instrumentos más aptos y se coordinará con los distintos niveles de gobierno (Nacional, Provincial, Municipal) y las entidades gremiales empresarias la forma en que los programas se llevarán a la práctica.

7 Se promoverá el desarrollo y expansión del sector de la economía social, tendiente a acercar, en forma gradual a otros sectores a sus principios y valores. Se ejecutarán políticas de educación y fomento que favorezcan a las entidades solidarias, participativas, democráticas y autogestionarias, especialmente las cooperativas y mutuales. Todo ello conducirá a jerarquizar el sector cooperativo.

El combate a la corrupción

1 Además de la dimensión ética que implica, los montos comprometidos en la actual corrupción se traducen en daños tan formidables a la economía que, sin neutralizar el fenómeno, será inviable aplicar un programa de crecimiento con equidad. Por ello, la erradicación de la corrupción – en un sentido extenso que incluye la evasión impositiva- debe ser materia de una política de Estado que, libre de la competencia partidaria, dote al gobierno de la capacidad para ejercer los controles necesarios.

2 En el terreno de la administración pública, la Alianza asume el compromiso de que las instituciones estatales no serán utilizadas para brindar empleo o recursos con fines clientelísticos: la instauración de un gobierno para el cual el estado no sea un botín sino la vía para lograr una sociedad mejor es un paso fundamental para reducir la corrupción. Quienes estén a cargo de la administración del Estado deben ser capaces, responsables, honestos y creíbles. Pero, además, es preciso contar con una justicia independiente y eficaz. A partir de esa condición esencial es necesario emprender una reforma de la administración pública a través de las acciones siguientes:

Información, transparencia y publicidad de los actos de gobierno. Habrá una normativa general de información y transparencia, tanto para las compras de las reparticiones públicas como para las nóminas de personal. En muchos casos, la simple difusión de información reduce la corrupción al aumentar la visibilidad de los actos.

Fortalecimiento y jerarquización de los organismos de control: Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de la Nación, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Reestructuración y fortalecimiento de la DGI y Aduana para que cumplan satisfactoriamente sus funciones de recaudación y control. Se debe erradicar las sospechas de parcialidad en su accionar y aumentar su eficacia a través de la profesionalización de sus recursos humanos y de la utilización de incentivos y sanciones a sus funcionarios. Asimismo, debe realizarse una inversión creciente en recursos físicos, lograr una normativa simplificada y sancionar procedimientos penales tributarios que deben aplicarse con la mayor severidad.

Política de incentivos. La administración pública dará incentivos a sus funcionarios, para que progresen los mejores y se premie la eficiencia y la honestidad.

Hacia una nueva dinámica exportadora

Desarrollo de nuevas ventajas competitivas
Formación de una entidad promotora de exportaciones
Fortalecimiento del Servicio Exterior
Sistema Nacional de Control de Calidad
Fondo de riesgo compartido
Financiamiento a las PyMEs exportadora
Devolución del IVA en tiempo y forma a los exportadores
Devolución automática del IVA a las inversiones en proyectos de exportación
Los reintegros a las exportaciones no estarán gravados por el impuesto a las ganancias
Política activa de defensa de la producción nacional

1 El aumento de las exportaciones es la vía apropiada para insertarse positivamente en un mundo globalizado. Es también la manera de aumentar el empleo al superar la restricción que nos impone el creciente desequilibrio de nuestras cuentas externas. Por otra parte, ello nos permitirá la incorporación de nuevas tecnologías y de nuevas formas de organización, así como acelerar el proceso de capacitación de nuestros trabajadores y empresarios. Esta dinámica redundará en un incremento de productividad, es decir, en mejores condiciones de vida de los argentinos. Ello requiere que el Estado asuma un papel activo que impulse la nueva mentalidad exportadora.

2 La movilización de las exportaciones no se basará en políticas discrecionales que con frecuencia son fuentes de corrupción, sino en criterios uniformes y transparentes que las incentiven mediante el incremento de la competitividad sin crear rentas ficticias. Estos son los puntos centrales de la nueva estrategia que proponemos:

a. Formación de una entidad privada de derecho público como una promotora y comercializadora nacional. Esto permitirá a los exportadores argentinos (en particular los pequeños y medianos) superar los obstáculos que hoy frenan la expansión de nuestro comercio exterior de modo de: asegurar calidad mediante certificados de aceptación internacional; mantener el contacto directo con los mercados, por medio de oficinas en el extranjero, con personal y equipamiento adecuados y al servicio de los exportadores; atravesar barreras idiomáticas o culturales a través de personal especializado e información a los exportadores; realizar campañas de lanzamiento y promoción.

b. Fortalecimiento del servicio exterior como instrumento de la penetración argentina en el mercado mundial. Se concentrará su presupuesto en los destinos con mayor potencial de intercambio

c Sistema Nacional de Control de Calidad. El Estado proveerá asesoramiento, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, para la adaptación de su organización y métodos de producción a las normas de la International Standards Organization (ISO). Esto incluirá: definición de políticas de calidad de la empresa, organización interna requerida para la aplicación de las normas, creación de los correspondientes registros internos, entrenamiento de personal y auditoría de calidad.

d Todos los exportadores, en particular las PyMEs, se beneficiarán de la información sobre el Mercado Mundial a través de un banco de datos "en línea" permanentemente actualizado.

e Desarrollo de nuevas ventajas competitivas. La Alianza pondrá énfasis en los sectores más promisorios que: a) aprovechen una ventaja natural, b) pueden desarrollarse a partir de capacidades instaladas y factores existentes, y c) den origen a productos distintos, transables en mercados diferentes. La industria de alimentos es un ejemplo de los sectores que cumplen con tales requisitos.

f Política comercial que responda a las restricciones que otros países imponen a la Argentina. Es sabido que en algunos casos los mercados internacionales no funcionan de un modo totalmente libre y los gobiernos usan mecanismos para obstaculizar el ingreso de bienes y servicios como mecanismo de negociación comercial.

g Devolución en tiempo y forma del IVA a los exportadores. Una de las mayores trabas al desarrollo de proyectos exportadores es la incertidumbre. El Estado aumenta esa incertidumbre cuando no establece pautas claras de devolución de impuestos a los exportadores, lo que agrega un costo adicional que puede ser prohibitivo y evitado con simples reglas de administración.

h Devolución automática del IVA a las inversiones en proyectos de exportación de manera de canalizar las inversiones a los sectores exportadores.

i Los reintegros a las exportaciones no deben ser gravados por el impuesto a las ganancias, por ser un instrumento idóneo para mejorar nuestra competitividad en los mercados internacionales.

j Creación de consorcios de exportación. Como indica la experiencia internacional, estos consorcios ayudan a las pequeñas y medianas empresas a eslabonarse y a aprovechar economías de escala, produciendo conjuntamente para la exportación. El Estado, a un costo fiscal muy bajo, puede y debe ayudar a organizar este tipo de acción colectiva.

k Fondo de Riesgo Compartido. La Alianza impulsará la creación de un fondo de garantía público para reducir el costo de financiamiento de proyectos de inversión con destino al mercado mundial. Los proyectos deberán acreditar factibilidad y tasa de retorno adecuada. Aquellos que sean aprobados recibirán hasta 50% de garantía pública y su reembolso estará sujeto al éxito del proyecto. Si el proyecto falla el crédito no será reembolsable, pero la empresa quedará fuera del sistema.

l Ayudas al financiamiento de PyMEs exportadoras. Además de las medidas generales de reducción del costo de financiamiento para las PyMEs y las determinadas a proyectos de inversión para la exportación, se establecerán medidas específicas para ayudar al financiamiento de las PyMEs exportadoras. En particular, se creará un fondo para co-garantizar, hasta cierto monto, los créditos a estas empresas.

1 Estas medidas serán insuficientes si al mismo tiempo no se impulsara una activa defensa de la producción nacional. A tal fin, la Alianza:

a Prevendrá y sancionará el contrabando mediante la reorganización legal y administrativa del régimen aduanero.

b Organizará un sistema de información internacional para la detección y seguimiento de todo subsidio, directo o indirecto, que beneficie en origen a los productos que ingresan al mercado argentino.

c Utilizará plenamente las facultades que, a los fines de una legítima política comercial otorgan las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Mercosur. En particular, sancionará medidas anti-dumping que impidan la importación de subsidios y aplicará cláusulas de salvaguarda en defensa de la producción nacional.

La educación: eje central de la transformación

Promoveremos una revolución en las oportunidades educativas
La educación pública será un instrumento para concretar la igualdad de oportunidades.
La escuela pública es más progresista cuanto mayor es su calidad
Se volverá a articular el sistema educativo nacional.
Ejecutaremos el plan "Analfabetismo Cero"
Tres mil jardines maternales modelo para las zonas más necesitadas.
Meta de ciento ochent a días de clase, cinco horas diarias, cursos de capacitación, en los diez años de obligatoriedad escolar.
Programa federal para transformar mil escuelas medias
Reformaremos los institutos de formación docente
Programa Nacional de Fortalecimiento del Grado Universitario.
Programa para la Excelencia del Posgrado
Programa Nacional de Becas de Posgrado e Investigación
La ciencia, la tecnologia y la innovación son un desafío del siglo XXI.

El destino de la Argentina se juega en la educación. Esto implica actuar con la decisión y el sentido estratégico con que ya una vez Argentina fundó un sistema educativo que modeló nuestra existencia.

La educación se encuentra hoy amenazada. La alarmante disminución de la calidad de la enseñanza que se ofrece a la mayoría de los argentinos, la deserción en todos los niveles, la falta de reconocimiento a los docentes, el déficit de inversión y la fragmentación institucional son expresiones del deterioro del sistema educativo.

La Alianza promoverá una revolución en las oportunidades educativas. La educación es un bien social y no debe estar subordinada a los intereses del mercado, sino a las necesidades y los proyectos de la sociedad. Formar mujeres y hombres integrales, solidarios, que sepan producir y crear, promover una escuela que enseñe a aprender, es el horizonte pedagógico que propone la Alianza.

El Estado tiene la responsabilidad de ofrecer una educación de calidad, pública y gratuita. La educación pública será una herramienta básica para asegurar la igualdad de oportunidades. La escuela pública será más progresista cuanto mayor sea su calidad. En consecuencia, dirigirá sus esfuerzos a asegurar una educación pública caracterizada por el rigor académico y la disciplina intelectual, ofreciendo a todos los argentinos las mismas posibilidades.

Es prioritario articular el sistema educativo nacional, superando tanto la tradicional centralización como la desarticulación actual.

La atención a todos los niños desde los cuarenta y cinco días hasta los cinco años es decisiva para su crecimiento y formación. El Ministerio de Educación de la Nación colaborará con los gobiernos provinciales en la articulación de las instituciones públicas y privadas materno-infantiles; impulsará la creación de nuevos establecimientos; coordinará los programas nacionales dispersos y establecerá formas de habilitación, registro y control de sus actividades, asegurando su calidad y la extensión de su cobertura.

Tres mil jardines maternales modelo para las zonas más necesitadas. El Gobierno de la Alianza promoverá el fortalecimiento o la creación de jardines maternales públicos y privados no lucrativos. Se garantizará la alimentación, atención médica y psicopedagógica de los niños y se impulsará un programa de capacitación del personal y las familias.

Meta de ciento ochenta días de clase, cinco horas diarias, capacitación docente, en los diez años de obligatoriedad escolar. Actualmente en las escuelas hay ciento veinte días de clase por año y el tiempo de enseñanza efectiva no llega a las tres horas en muchas escuelas primarias.

Fortaleceremos la infraestructura edilicia y tecnológica y realizaremos las adaptaciones curriculares necesarias, así como un programa de actualización profesional de emergencia de los profesores y personal directivo y administrativo de las escuelas medias o de tercer ciclo y polimodal.

Programa federal para transformar mil escuelas medias, con alto índice de fracaso educativo, mediante infraestructura, tecnología, becas y capacitación docente.

Un último año, no obligatorio, de enseñanza media preparatorio para la educación superior y la inserción laboral. Se promoverán acuerdos con las universidades nacionales con el objeto de que quienes lo hayan cursado ingresen directamente.

El Ministerio de Educación de la Nación priorizará la educación de los adultos, el combate contra la deserción y el fracaso escolar y la efectiva erradicación de las escuelas rancho.

La educación secundaria y terciaria será complementada con becas públicas para reducir los fracasos escolares de los estudiantes secundarios de las familias de menores ingresos.

La Argentina debe superar el analfabetismo en los primeros años del siglo XXI. La Alianza lanzará el plan "Analfabetismo Cero", con el propósito de asegurar la alfabetización de todos los argentinos. El plan incluirá la alfabetización directa, enseñanza por radio y televisión y la educación de adultos.

La formación docente e incorporación de las innovaciones tecnológicas en el sistema educativo serán dos aspectos de un programa integral. La responsabilidad central recaerá en el Ministerio de Educación de la Nación, mediante la debida concertación con las provincias. La Alianza hará una profunda reforma en los institutos de formación docente y establecerá programas de perfeccionamiento en servicio

La calidad educativa no puede mejorar sin un sistema de evaluación e información completo. La responsabilidad de medir y publicar los resultados de cada provincia, municipio e institución tambien debe ser de preocupación nacional..

El Ministerio de Educación de la Nación tiene un presupuesto de 1.000 millones de pesos, sin contar el de las universidades, aun después de la transferencia de toda la educación primaria y secundaria a las provincias. La Alianza propone un uso más eficiente de estos cuantiosos recursos, disminuyendo el aparato burocrático central y los gastos improductivos a fin de destinarlos prioritariamente a la asistencia y cooperación con los gobiernos provinciales.

Además, la Alianza aumentará progresivamente el presupuesto destinado a la educación. Lo hará a través de un programa de reestructuración del gasto, más la institución de un Fondo de Financiamiento Educativo, previo acuerdo con las provincias. El esfuerzo que debe realizar la Argentina en materia de educación es, proporcionalmente, superior al que hacen los estados en los países más avanzados.

La Alianza entiende que, como parte de ese esfuerzo económico colectivo, es necesario elevar progresivamente los salarios docentes hasta alcanzar un umbral de dignidad. Por su parte los docentes contribuirán con mayor capacitación, mayor dedicación y perfeccionamiento continuo.

El otorgamiento de subsidios que facilitan el desarrollo del importante papel de la educación privada, conlleva la responsabilidad de auditar su aplicación de acuerdo a normativas claras y precisas sobre su uso.

La política de la Alianza para la educación superior se orientará a lograr que, dentro de un sistema diversificado, las universidades jueguen un papel cada vez más importante con relación a la formación de profesionales e investigadores altamente calificados y a la producción de conocimiento científico tecnológico relevante desde el punto de vista de las necesidades sociales.

La estrategia necesaria para la modernización tecnológica del sector productivo requiere imprescindiblemente de la universidad. Sin la universidad no hay ciencia y sin producción de conocimiento científico no hay basamento para la innovación tecnológica ni para la atención de las demandas sociales.

El gobierno de la Alianza respetará plenamente la autonomía de las universidades y garantizará el cogobierno y la gratuidad de los estudios de grado, al mismo tiempo que ejercerá la misión que le corresponde al Estado, en cuanto a promover la educación superior invirtiendo los recursos necesarios y llevar a cabo una evaluación permanente orientada a velar por la calidad del servicio educativo.

La educación superior atraviesa una crisis que afecta la aptitud profesional de los graduados y se expresa en tasas de graduación y retención de alumnos inaceptablemente bajas.

Para remediar esta situación se convocará a todos los sectores involucrados, en el contexto de las autonomías universitarias, con el fin de acordar y ejecutar un Programa Nacional de Fortalecimiento del Grado Universitario . El Programa incluirá acciones para la actualización y normalización curricular, la adopción de modernas tecnologías educativas, la inversión en infraestructura y la evaluación permanente de la calidad de la enseñanza de grado. En el marco del Programa, el gobierno de la Alianza promoverá la evaluación de la calidad de la educación superior a cargo de instituciones privadas.

Programa de Jerarquización de la Docencia Universitaria. Sus objetivos serán: fortalecer la carrera docente, mejorar los niveles salariales, aumentar la dedicación a la docencia universitaria y llevar a cabo efectivamente los concursos.

Programa de Reordenamiento del Sistema Universitario Nacional. Sin vulnerar la autonomía, tenderá a corregir las distorsiones en el sistema, a fin de que las Universidades Nacionales, convenientemente ordenadas y con un tamaño crítico adecuado, puedan cumplir eficazmente sus funciones.

Programa para la Excelencia del Posgrado. Asignará recursos para garantizar el más alto nivel de los mejores centros de formación de posgrado en los que se formen los investigadores, tecnólogos y gestores en áreas críticas para el desarrollo científico y tecnológico del país.

Programa Nacional de Becas de Posgrado e Investigación para promover la formación en los centros de mayor excelencia. Los recursos del programa se integrarán con partidas del Presupuesto Nacional y con fondos propios destinados a esos fines por las instituciones intervinientes, responsables de una programación integral a traves de sus respresentantes.

La propuesta de la Alianza para la educación superior incluye la atención hacia el importante papel que deben jugar las instituciones terciarias no universitarias. A ellas les corresponde dar respuesta con el más alto nivel de formación y con un enfoque regional a las demandas de capacidades técnicas del sector productivo.

La ciencia, la tecnología y la innovación son un desafío del siglo XXI. Por ello, un objetivo estratégico de la Alianza será lograr que el conocimiento y la innovación se conviertan en estímulos fundamentales de una política de desarrollo solidario.

Las instituciones públicas destinadas a la investigación serán sometidas a una auditoria científica y, en su caso, reestructuradas a fin de asegurar la máxima eficiencia y productividad científica.

Para hacer de la creación y la aplicación del conocimiento un factor clave de la innovación el programa de la Alianza se propone:

Aumentar los escasos recursos destinados a ciencia y técnica tendiendo a la meta del 1 % del PBI entre el sector público y privado.
favorecer la formación de científicos y tecnólogos, mediante programas de formación de jóvenes investigadores;
fortalecer las instituciones y los grupos de investigación con criterios de excelencia orientando, además, las líneas de trabajo con criterios de relevancia social;
desarrollar la infraestructura de servicios científicos y tecnológicos y de sistemas de información como instrumentos que apoyen el desarrollo de las capacidades competitivas de las empresas y la modernización de la cultura tecnológica;
implementar estímulos a la innovación y a la constitución de redes que hagan efectiva la integración funcional de científicos y productores, con un enfoque regional y descentralizado;
optimizar las oportunidades de cooperación internacional en ciencia y tecnología;
estimular la integración regional en ciencia y tecnología, tendiendo a constituir una capacidad común con los países del MERCOSUR.

El trabajo estable: derecho de la gente

La prioridad del la Alianza en todos los sectores será la creación de empleo productivo y estable.
Para la Alianza las políticas activas para reducir la desocupación se basan en:
Un crecimiento económico sostenido.
Educación para los jóvenes y el reentrenamiento de los desocupados.
Impulso a las PyMEs
Reformulación de las relaciones laborales
Para atacar la actual emergencia ocupacional la Alianza contempla la utilización de incentivos directos a las empresas que contraten jefes de familias desocupados y a jóvenes que buscan su primer trabajo.
La negociación colectiva será el eje para compatibilizar en todas las empresas la estabilidad del empleo y eliminar el trabajo en negro.
El trabajador tendrá un derecho efectivo a la formación en el trabajo.

El desempleo abierto, el subempleo y el empeoramiento de la situación de millones de trabajadores argentinos son la consecuencia de la desaparición de un importante segmento de empresas nacionales pequeñas y medianas y la sustitución de las antiguas normas laborales que garantizaban la estabilidad en el empleo por otras que provocan la inestabilidad laboral, los empleos precarios y la degradación de las condiciones y ambiente del trabajo.

El actual gobierno no tiene un plan de acción contra el desempleo porque confía en que las fuerzas del mercado resolverán el problema por sí solas. Pero el mercado, librado a sus propias fuerzas, no garantiza el pleno empleo.

Para la Alianza, hay cuatro pilares sobre los que se debe montar una política de generación de empleos productivos, estables y de calidad: el crecimiento sostenido; la educación para los jóvenes y el reentrenamiento para los desocupados; el impulso a las PyMEs de todos los sectores y la reformulación de las relaciones laborales.

Sin crecimiento sostenido no habrá nuevos puestos de trabajo. Sin educación de igual calidad para todos los jóvenes y sin capacitar a los expulsados del proceso productivo, el empleo y los altos salarios serán sólo un privilegio para una minoría.

La abrumadora mayoría del empleo se genera actualmente en las pequeñas y medianas empresas; el problema es que éstas son discriminadas en los mercados financieros –donde pagan tasas de interés usurarias-, en los mercados tecnológicos y en el acceso a todo tipo de información que mejore los procesos productivos y la calidad gerencial. Para la Alianza, una vía efectiva para reducir el desempleo es, por lo tanto, eliminar la discriminación de las PyMEs.

Crecimiento, educación, reentrenamiento, modernización institucional y apoyo a las PyMEs deberán estar acompañadas de negociaciones laborales adecuadas a la nueva realidad. Con una eficaz protección legal a los más desamparados de modo de poner un freno al trabajo en negro, la negociación entre las partes permitirá el progreso tecnológico. Para la Alianza, la incorporación de tecnología es compatible con la creación de empleo.

En la actual emergencia ocupacional será útil la aplicación de incentivos directos a las empresas que contraten a desempleados en situaciones particularmente críticas, como es el caso de los jefes de familia y los jóvenes que buscan su primer trabajo. El seguro de desempleo debe priorizar la capacitación y reinserción de la fuerza de trabajo en el mundo laboral.

La Alianza propone una transformación en las relaciones laborales para promover el trabajo registrado, estable y productivo. Nuestros objetivos son:

promover la negociación colectiva en todos los niveles, su coordinación o articulación,

considerar la creación de empleo productivo y estable como la primera condición para un buen funcionamiento de las empresas y el fortalecimiento de la cohesión social, estimulando a través de la concertación tripartita los programas de formación profesional y premiando a las empresas que inviertan en capacitación permanente del personal;

incorporar al concepto de empleo productivo el cumplimiento de la jornada legal.

eliminación del trabajo en negro a través del mejoramiento en la calidad y extensión de los organismos de policía de trabajo.

La transformación de las relaciones laborales facilitará el acceso al empleo mediante la introducción de las nuevas formas de organización del trabajo y procurará la elevación de la productividad. De esta forma, se lograrán condiciones de trabajo más satisfactorias, mejora constante de la formación y las calificaciones de los trabajadores, y un compromiso creciente con la incorporación de nuevos procesos de producción.

Para la Alianza la reformulación de las relaciones laborales conlleva el enriquecimiento de las tareas y mejora de las condiciones en que ellas se prestan. Una distorsionada concepción de las relaciones laborales explica, al menos parcialmente, el empeoramiento que se advierte en las condiciones de higiene, de seguridad en el trabajo y el crecimiento de la siniestralidad laboral.

Para la Alianza su fuerte compromiso con la mejora de la productividad y competitividad de la economía nacional y de las empresas, no justifica concesión alguna que se vincule con la preservación de la seguridad, de la vida y de la salud de las personas que trabajan.

Las relaciones laborales no deben prescindir de las regulaciones impuestas por el ordenamiento legal. Su reformulación debe adecuarse a los modernos procesos de producción y de trabajo y contribuir a su mejor desempeño. Sólo merecen la calificación de modernas aquellas normas e instituciones que en verdad se cumplen; el marco jurídico de protección del trabajo puede cambiar pero, en ningún caso, estar ausente.

En ese marco, es responsabilidad indelegable del Estado asegurar el cumplimiento de las normas y, en su caso, sancionar su transgresión. La inspección del trabajo adquiere de ese modo una importancia creciente; su dotación adecuada, la jerarquización y formación de sus integrantes y la disponibilidad de los medios para ejecutar su tarea forman parte inseparable de un proceso de modernización de las relaciones laborales que esté simultáneamente orientado a mejorar la eficacia económica del sistema productivo y los niveles de equidad social que la legitiman.

Los trabajadores con mejor formación tienen más facilidad para acceder a los empleos y asimilar las transformaciones tecnológicas en el proceso productivo. Por lo tanto, el trabajador tiene derecho a la formación en el trabajo y a la orientación, promoción y capacitación técnico-profesional permanente. Para lograr este objetivo se creará un sistema nacional público tripartito (sindicatos, empresa, Estado) descentralizado, de formación profesional.

Nuestra prioridad: el bienestar de la gente

Justicia y equidad son hoy dos demandas urgentes.
El estado debe asegurar un servicio de justicia eficiente.
El gobierno de la Alianza dará una lucha sin cuartel contra el delito y la impunidad.
Hoy hay dos tipos de servicios sociales: El estado debilitado para los pobres y el mercado para los que más tienen.
La Alianza tienen como objetivo lograr la cobertura universal de salud para todos los habitantes del país.
Es una obligación indelegable del Estado garantizar los beneficios de la seguridad social a todos los habitantes del país.
Los recursos del FONAVI cubrirán con subsidios diferenciados los costos de las viviendas.

Justicia y seguridad son hoy dos demandas urgentes de los argentinos. El Estado debe asegurar un servicio de justicia eficiente que logre resolver los conflictos en el tiempo más breve posible sin que afecte la seguridad jurídica.
La justicia debe utilizar el método de juicio por audiencias que implica la oralidad de las actuaciones, la presencia efectiva e ineludible del juez, la concentración de actos y su simplificación.
Es preciso que la justicia no tenga limitaciones para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Es imperioso recuperar la confianza en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tenga como garantía a la división de poderes.
Se debe alentar la instalación de una justicia de carácter vecinal, encargada de resolver las pequeñas causas.
La seguridad es un reclamo elemental de respeto a las personas y los bienes. Es una de las interpelaciones más fuertes y constantes de nuestra sociedad a la dirigencia política. Sabemos que nuestra respuesta no debe ser demagógica ni efectista. Precisamos una solución profunda, permanente y eficaz. La Alianza asume la obligación de organizar y conducir las fuerzas de seguridad de modo que se asegure su eficiencia y la consecuente protección de las personas. De la misma manera, promoverá la participación comunitaria en el control de su desempeño y la integración en el ámbito municipal de los programas de prevención y libertad de cada ciudadano. El Gobierno de la Alianza dará una lucha sin cuartel contra el delito y la impunidad y se obligará a una lucha semejante contra las causas de la delincuencia.
La otra cara de la seguridad individual es la protección social. La política social es mucho más que la administración del asistencialismo y de los servicios sociales. Para la Alianza la política social es la orientación del conjunto de las políticas públicas que construyen una sociedad solidaria.
Los servicios sociales públicos que tradicionalmente han sido un componente fundamental del ingreso total de las familias argentinas sufren un acentuado deterioro cuantitativo y cualitativo.Hoy, cuarenta por ciento de la población no tiene otra cobertura de salud que la del hospital público deteriorado; el déficit habitacional permanece en niveles inaceptables y en el sistema previsional predominan niveles que no cubren un mínimo de subsistencia y la educación de calidad se transforma en un privilegio. El resultado es la consolidación de un modelo de sociedad profundamente fracturada y una oferta de servicios dualizada: el Estado debilitado para los pobres, el mercado para los que más tienen.

Hay que avanzar en la consolidación del gasto en asistencia social, unificándolo en el ámbito local, con un amplio control comunitario. Asimismo, en el nivel nacional, debe reducirse el espectro atomizado de programas existentes, procurando unificar los afines, agilizar su administración y eliminar burocracias superfluas.
La Alianza tienen como objetivo lograr la cobertura universal de salud para todos los habitantes del país. Esto implica avanzar hacia una coordinación funcional de los recursos de salud entre el Estado, las obras sociales y el sector privado. El resultado de este esfuerzo debe conducir a que ningún habitante quede excluido de la cobertura o que existan sectores de la sociedad que sólo puedan tener acceso a servicios precarios y de baja calidad. A su vez, esta coordinación deberá mejorar la eficiencia general del sistema.
En el área de salud el país gasta alrededor de 7% del producto, o sea, 23.000 millones de pesos, pero claramente lo hace en forma ineficiente ya que varios indicadores, tales como mortalidad infantil, mortalidad materna, morbilidad y mortalidad prematura y años potenciales de vida perdidos, son peores que el de otros países de la región que gastan sustancialmente menos.
Se deberá regular estrictamente el funcionamiento de los seguros privados y las obras sociales para que la competencia no se base en la selección de riesgos, privilegiando el mantenimiento de la solidaridad como principio fundamental del funcionamiento de estos sistemas.
La reforma del sistema implica revertir la actual fragmentación institucional, la corrupción y el despilfarro, así como garantizar el acceso a los servicios con independencia de la condición económica y social de los beneficiarios.
Se deben atender prioridades como los problemas de la madre y el niño, los de la salud reproductiva, las enfermedades infectocontagiosas más frecuentes, los padecimientos crónicos de la tercera edad, la salud mental y el postergado campo de las discapacidades. Una sólida red de servicios de atención primaria es la base indispensable para sostener tal construcción. Sólo un Estado que asuma plenamente su papel orientador del espacio público de la salud puede ayudar a la sociedad a cumplir tal objetivo.
Invertir esfuerzos y recursos en el cuidado y desarrollo pleno de la infancia tiene un efecto decisivo en la calidad de vida de nuestra sociedad. La participación directa de los actores sociales (desde los niños, sus familias, las organizaciones comunitarias, no gubernamentales, iglesias y organismos estatales) involucrados en las políticas públicas dirigidas a la infancia y la adolescencia va a garantizar la implementación de un programa de acceso a los derechos universales a los niños y jóvenes.
La Alianza profundizara los esfuerzos para adaptar la legislación nacional a lo establecido en la Convención por los Derechos del Niño. Priorizará los programas destinados al menor y la familia, enfatizando la prevención y no internación de los menores y la federalización de las erogaciones que financien el área.
Un objetivo de la Alianza es el de lograr la igualdad entre los géneros, evitando su discriminación en todos los campos para borrar las diferencias sistemáticas que se expresan en el orden salarial y las condiciones de trabajo, patrimonial, educativo, empresarial y especialmente en la distribución del poder político.

La Alianza sostiene que es una obligación indelegable del Estado garantizar los beneficios de la seguridad social a todos los habitantes del país.
La reforma del sistema de previsión social implementada por el actual gobierno tiene falencias graves que el gobierno de la Alianza corregirá. No se puede abandonar a su suerte a aquella franja de jubilados de bajos ingresos y familias pobres. La evasión al sistema reformado alcanza al 40% y tarde o temprano este fenómeno se convertirá en un pasivo gravísimo para el sector público o –si nos tapamos los ojos y pretendemos ignorar la realidad- en una nueva fuente de polarización social. Para la Alianza, es imprescindible modificar los incentivos económicos y fortalecer los organismos de control de modo de reducir la evasión y alcanzar un régimen previsional sin excluidos. Asimismo, afirma la necesidad de normalizar y fortalecer al PAMI
La vivienda no es un hecho aislado. Necesita estar implantada en un "habitat" que incluya la infraestructura de servicios y el equipamiento social que aseguren una calidad de vida adecuada a sus habitantes.

Casi un tercio de la población del país habita en viviendas deficitarias que carecen de las condiciones mínimas requeridas de construcción y de provisión de servicios internos de salubridad. El déficit absoluto afecta a más del 10% de las familias. Estas viviendas precarias necesitan ser sustituidas por la construcción de una vivienda nueva.
La Alianza dará prioridad desde la acción del Estado a la atención de los problemas de los que peor están, con una política federal descentralizada en un programa integral de mediano y largo plazo, que dé respuesta a las diversas situaciones de los grupos de ingresos bajos en los que se registra más del 90 % del déficit habitacional.

La Alianza priorizará una política que favorezca que los recursos existentes del Fondo Nacional de la Vivienda -FONAVI-, que ascienden a 1.000 millones de pesos, se destinen a otorgar subsidios diferenciados, según la capacidad de ahorro de las familias, para cubrir parte de los costos de las viviendas.
La oferta de viviendas nuevas se hará con sentido de austeridad, mediante la construcción de unidades verdaderamente económicas; y con eficiencia, programando las inversiones en función de disponibilidades financieras ciertas y de plazos de ejecución rigurosos, con una planificación plurianual que compatibilice la demanda con los recursos.

Una Argentina abierta al mundo desde su identidad nacional

El neoconservadorismo está en retirada. Estamos en vísperas de la formación de un nuevo paradigma que subordine la especulación a la producción y al empleo.
El problema no es la globalización sino como se responde a su desafío.
Sin equilibrios macroeconómicos sólidos la capacidad de autonomía nacional se debilita.
Para ser soberanos en un mundo globalizado la región es esencial.
Nuestra prioridad económica y política está en el Mercosur.

En el mundo de fin de siglo conviven un creciente proceso de globalización y un intenso debate sobre la manera más adecuada de organización de las economías, las sociedades y el sistema de relaciones internacionales.

La idea de que habíamos entrado en un nuevo orden mundial, luego de la caída del muro de Berlín, dejó rápidamente lugar a la comprobación más realista de que vivíamos en un sistema mundial en transición. La ola triunfalista del neoconservadorismo, que anunciaba el fin de toda otra alternativa para la organización social, dejó paso a un nuevo debate que cuestiona las consecuencias y fundamentos de esa ideología.

Estamos en vísperas de la formación de un nuevo paradigma, más sensato, que subordine la especulación a la producción y al empleo y restablezca el orden indispensable que se ha perdido con el fundamentalismo de mercado y el deterioro de la solidaridad entre los actores sociales y las naciones.

La globalización: oportunidades y peligros

La globalización de las relaciones internacionales plantea peligros pero también oportunidades para el desarrollo económico y social del país. La capacidad de respuesta frente a estos desafíos determina, en gran parte, el crecimiento y la generación de empleo, la inserción en el mercado mundial y los equilibrios macroeconómicos. En última instancia, el problema no es la globalización, sino cómo se responde al desafío que plantea.

Por otra parte, la globalización librada a sus propias fuerzas pone en marcha procesos acumulativos de concentración de la riqueza y el ingreso, agrava la vulnerabilidad externa y los desequilibrios macroeconómicos. Endeudarse para consumir, despilfarrar y especular es fatal, como lo demuestra la experiencia de Argentina y de otros países de América Latina.

La adopción de decisiones nacionales autónomas no es sólo un problema de dignidad, sino una exigencia irrenunciable del sistema republicano y representativo, sin lo cual la consolidación de la democracia, el desarrollo dinámico y sustentable y el ejercicio de una genuina justicia social, son utopías inalcanzables.

Mientras se subordine el país a las fuerzas incontrolables de la globalización, se depositará el futuro de los argentinos en manos ajenas. La pérdida de participación de empresas nacionales en la producción de bienes y servicios y el endeudamiento externo, no tienen precedentes en el país y probablemente en el resto del mundo.

Por otra parte, la globalización ofrece oportunidades para expandir el comercio, invertir, incorporar tecnología y elevar la productividad, generar empleo y bienestar.

Sin embargo, la expansión del mercado nacional y el aumento del ahorro interno son esenciales para el desarrollo del país. No debe olvidarse que el mercado nacional continúa siendo el destino de más del 80% de la producción de bienes y servicios y el ahorro interno financia alrededor del 90% de las inversiones en los sectores principales de la economía. Por lo menos nueve de cada diez argentinos y argentinas trabajan para sus coterráneos.

Nuestro destino individual y común depende esencialmente de nuestras propias decisiones y de la lucidez y eficacia de nuestras respuestas a las oportunidades de la globalización y a sus aspectos negativos

El Mercosur

Para ser soberanos en un mundo globalizado la región es esencial. Para la Alianza los vínculos prioritarios y estratégicos están en la región. La integración deberá ser coherente, es decir, expresarse en todos los planos: comercial, económico, cultural, científico, tecnológico y político.

El MERCOSUR ofrece la posibilidad de concertar entre sus miembros estrategias de desarrollo y de inserción internacional. Esto fortalecerá nuestra capacidad conjunta de resolver los problemas fundamentales de la pobreza, la marginación, la exclusión y la vulnerabilidad externa.

La experiencia comienza a mostrar cómo la existencia del MERCOSUR permite presentar ante los Estados Unidos, Europa y el resto del mundo, un espacio integrado con sus propios objetivos en el escenario global. Un espacio que no se subordine a la estrategia de otros y que persiga, con lucidez y firmeza, sus propias metas.

El MERCOSUR debe ser un espacio en el cual todos sus miembros pueden converger y beneficiarse en un proceso de transformación productiva y avance técnico y competitividad. Sería fatal para el futuro del sistema regional y para la Argentina en particular, que se formalizara, dentro del MERCOSUR, una relación centro-periferia, con un núcleo que concentre las actividades industriales más complejas y una periferia abastecedora de materias primas y energéticos. Para evitarlo y avanzar en el camino ineludible en la construcción de un mercado común es necesario consolidar los avances que se han realizado en los últimos doce años. Para ello es indispensable crear organismos supranacionales que se conviertan en garantías de los acuerdos alcanzados en cada etapa y árbitros de las diferencias que puedan surgir en los procesos

La proyección externa del Estado

La capacidad de la política exterior de defender con eficacia los intereses de la Nación en el escenario mundial depende, en primer lugar, como lo hemos dicho, de la fortaleza interna del país y de su vocación de asumir la responsabilidad de su propio destino.

Descansa también en el cuidado con que se asuman las tendencias del contexto mundial y el comportamiento de las fuerzas dominantes. La política exterior argentina no puede atarse al dictado unívoco de un miembro de la comunidad internacional. Nuestra prioridad estratégica está en el MERCOSUR.

Es imprensindible tener presente que el crecimiento del reparto forzado e inequitativo de la riqueza y la violación de la soberania de los estados a traves de forms directas e indirectas de intervención., forman parte de la lógica del mundo actual, donde quienes establecen las reglas del juego parecieran mantenerse al margen de sus efectos negativos.

Se suele actuar como si no tuvieran nada que ver la riqueza y la estabilidad de unos con la pobreza y la inestabilidad de los otros. Como si los polos del desarrollo avanzado, la concentración de la riqueza y el dinamismo postindustrial pudiesen desligarse de los entornos de miseria y marginación. Como si, indefinidamente, pudieran convivir dos mundos sin tocarse: el mundo de la prosperidad y el mundo del atraso.

A ello deben sumarse las dificultades para el acceso a las tecnologías más avanzadas, que acentúan la desigualdad económica y afectan la capacidad de acción política de las naciones rezagadas.

La política internacional, a partir de nuestra visión del mundo, debe proponer vías creativas para consolidar la paz y la seguridad internacionales y para resolver las abismales asimetrías en los niveles de bienestar de los pueblos.

La Argentina, depositaria de una honrosa tradición en sus aportes para enfrentar las amenazas a la paz, justicia y seguridad internacionales debe promover una acción solidaria multilateral a partir de los mecanismos de consulta del MERCOSUR, del Grupo de Río y de los organismos internacionales; y afirmar al propio tiempo, en el plano de las relaciones bilaterales con los miembros de la comunidad de naciones, las políticas inspiradas en los intereses permanentes de la Nación, adaptadas a las exigencias de un planeta en acelerada transformación.

Entre esos intereses se encuentra la defensa de nuestra soberanía territorial, que toca las fibras más sensibles del espíritu nacional. Todas las cuestiones en ese campo se han ido solucionando conforme al Derecho Internacional, pero quedan pendientes dos casos: el reclamo de soberanía acerca de las Islas Malvinas, Geórgicas del Sur y Sándwich del Sur y la demarcación del límite con Chile en los hielos continentales.

La Alianza asume el compromiso de impulsar su solución pacífica: en el primer caso, en la forma prescrita por la Constitución Nacional y reclamada por las Naciones Unidas; en el segundo de acuerdo a los principios establecidos por el tratado de 1881 y demás instrumentos jurídicos vigentes. Sin perjuicio de ello, la Alianza afirma su obligación de ahondar los avances logrados en la fraterna amistad con Chile a través de la cooperación económica y del MERCOSUR que nos llevan a una relación más profunda y provechosa para ambos países.

En el marco hemisférico general, hemos señalado la prioridad que la Alianza asigna a la relación con los demás países de América Latina y el papel primordial que el MERCOSUR debe jugar en el escenario continental y en el global. Es a través suyo que tendrán que canalizarse nuestra eventual inserción en el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y nuestros vínculos con otros agrupamientos regionales, en especial con la Unión Europea.
La defensa Nacional es un asunto que atañe al conjunto de la sociedad y debe ser tratado como cuestión de Estado, basada en un consenso amplio y más allá de las controversias sectoriales o partidarias. Una Nación con identidad definida, celosa de sus intereses y solidaria, constituye el marco para el establecimiento de una política de Defensa Nacional. En el contexto internacional que vivimos es necesaria una organización que atienda las nuevas realidades que se presentan, flexible, ágil y combinable, que pueda cumplir también con las directivas que se le impartan en el ámbito de la región.

La Alianza propone la creación, en el ámbito del Mercosur, de un Centro Permanente de Evaluación de Conflictos y Amenazas, que permita elaborar un pensamiento estratégico común y avanzar en el entendimiento y confianza recíprocos.

Las Fuerzas Armadas constituyen el eslabón más importante de la Defensa Nacional y para que cumplan los objetivos que fija la Constitución Nacional y las leyes, deben contar con misiones claras establecidas por el poder político, con presupuestos suficientes que garanticen una vida digna a sus integrantes y con niveles de equipamiento eficientes que privilegien las capacidades operativas.

Su doctrina se basa en una estrategia defensiva, renunciando a cualquier actitud que pueda ser interpretada como manifestación de una voluntad agresiva o expansionista.

Las Fuerzas Armadas, en el marco señalado, no tienen como misión la intervención en tareas de seguridad interior. Esto las transformaría en fuerzas de seguridad o policiales y, además de debilitar la Defensa Nacional, las alejaría de los objetivos para los cuales fueron creadas.

La Alianza: gobernar para un destino común, solidario y de progreso

La Alianza propone, en síntesis, sus ideas y proyectos con un estilo y un contenido de gobierno claramente distintos a los de la administración que concluye.
Sin la ostentación principesca del poder hacia adentro y la genuflexión hacia afuera.
Sin la arremetida contra toda legalidad democrática en la búsqueda desesperada del negocio suculento o en la imposición de criterios discrecionales de poder.
No más la sociedad fracturada, el capitalismo salvaje, la República dañada, la democracia debilitada y el Estado ausente.
Es el tiempo de la decencia, la transparencia y la austeridad aliadas con el coraje; de la sensatez y la templanza aliadas con la sensibilidad y la responsabilidad moral. El país debe ingresar al siglo XXI con otro horizonte y con una disposición distinta a las de la frivolidad, la resignación, el conformismo o el sometimiento. Con ideales, sin espejismos. No vamos a comprometernos a hacer lo que no podamos cumplir, pero hemos de cumplir todos nuestros compromisos.
Vastos sectores de nuestra sociedad, una mayoría plural y extendida en cada porción y rincón de nuestra patria, tienen ahora un proyecto para una Argentina con un destino común, solidario y de progreso.