Al honorable Congreso de la Nación:
Los problemas de orden legal y económico que la explotación de los yacimientos petrolíferos suscita, han merecido preferente atención por parte de los gobiernos, habiéndose llegado a concretar en fórmulas legislativas especiales los principios con arreglo a los cuales se ha considerado conveniente encauzar las exploraciones y explotaciones de dichas minas.
La ley N° 726 del 26 de agosto de 1875 estableció en su artículo 2 que el redactor del Código de Minería debía tomar como base para la confección de ese trabajo el principio de que las minas son bienes privados de la Nación o de las provincias, según el territorio en que se encuentren.
El codificador, sin embargo, se apartó totalmente de ese principio y fijó el contrario al reglamento.
Esa omisión, si bien sancionada por el Honorable Congreso, resulta en la actualidad dañosa y perjudicial a los intereses bien entendidos del país, desde que las conveniencias que tanto de orden fiscal como social se derivan de la utilización múltiple de ese combustible, reclaman la intervención del Estado.
Se reserva, pues, para el estado, en razón de la incorporación de estas minas de petróleo a su dominio privado, el derecho de vigilar toda explotación de esta fuente de riqueza pública, a fin de evitar que el interés particular no la malgaste, que la ignorancia o precipitación la perjudique, o la negligencia o la incapacidad
económica la deja improductiva, para lo cual se adoptan en el proyecto disposiciones que fijan y garantizan un mínimo de trabajo y la forma convenientes de realizarlo. Con el mismo concepto se ponen trabas a la posible acción perturbadora de los grandes monopolios.
Por la naturaleza misma de los yacimientos, no pudiendo constituir fuentes permanentes de provisión de combustibles, desde que su existencia como tal, es determinado dentro de un limitado número de intervención y participación del Estado y su control en la forma y condiciones en que se manejan esos yacimientos
para asegurar su racional explotación e impedir se apresure su agotamiento, y regular la producción y previsión de combustible, de acuerdo con las necesidades del consumo.
El Estado como encarnación permanente de la colectividad, tiene el derecho de obtener un beneficio directo sobre el descubrimiento de estas riquezas. A eso responde la participación que se reserva el Estado en el producido neto y bruto de las explotaciones, en forma sin embargo que no reste estímulos al interés privado; tanto más cuanto la mayor parte de dicha participación se destina a servicios públicos, necesidades de la armada, de los transportes ferroviarios, marítimos y fluviales, etc., que resultarán de beneficio inmediato para los mismos y otra buena parte para fomentar el desarrollo de esta misma industria minera.
Para no incurrir en los errores que en otros países se han cometido al iniciarse las explotaciones, y a f in de aprovechar lo que en ellos se ha experimentado y para dictar una legislación lo más perfecta posible y adaptable a nuestro país ha sido menester estudiar con toda detención la solución de este importante problema, a fin de no sancionar leyes incompletas o defectuosas cuyo perfeccionamiento, derogación o aplicación traería trastornos o consecuencias perjudiciales para la economía nacional.
Era, además, indispensable tener una noción, aunque sólo fuera aproximada, de la importancia del yacimiento petrolífero, estudiar su fonda más conveniente de explotación para su ubicación y arbitrar los recursos pecuniarios para llevar a cabo una explotación de cierta importancia.
La situación mundial del mercado monetario, del comercio y de las industrias extranjeras, a la que habíamos podido recurrir en los tiempos normales para desarrollar esta industria minera, no ha permitido intensificar la explotación petrolífera; pero cuando V. Honorabilidad se imponga de los resultados obtenidos y del desenvolvimiento de las explotaciones petrolíferas particulares, se convencerá que difícilmente se hubiera podido hacer más durante la guerra mundial.
Después de haber estudiado las leyes que rigen las explotaciones petrolíferas de Estados Unidos, Rusia y Rumania, el Poder Ejecutivo ha llegado a la conclusión de que las que se han dictado en este último país son las que más conviene adoptar para el nuestro, con algunas modificaciones.
En los tres capítulos de la ley que el Poder Ejecutivo somete a la consideración de Vuestra Honorabilidad, se ha condensado cuál debe ser el régimen legal, técnico, económico y financiero de las explotaciones de las mimas de petróleo, sin desconocer los derechos adquiridos bajo el imperio de las disposiciones del Código de Minería y dando lugar a que la iniciativa privada pueda contribuir al desarrollo de las explotaciones de esta riqueza natural, dentro de los límites prudentes y bajo ciertas condiciones.
De acuerdo con las previsiones adoptadas por otras naciones, se prevé la formación de reservas fiscales dentro de las regiones petrolíferas, cuyos resultados beneficiosos pueden descontarse ya, pues así el Estado en el presente y en el futuro tendrá siempre en sus manos la producción directa de este valioso combustible
y un medio eficaz para contrarrestar posibles perturbaciones de las compañías o intereses particulares.
Figura igualmente entre los conceptos que han inspirado el proyecto de ley a la par del fomento de las explotaciones particulares del petróleo, el propósito de fomentar las explotaciones de ese combustible, en aquellas zonas en que aún no ha sido descubierto.
El plazo acordado, muchísimo inferior que el que fija el Código de Minería, es uno de los medios de estímulo que comprende la presente ley.
Tales son, detalles aparte, los lineamientos generales de la iniciativa para la cual el Poder Ejecutivo se empeña en solicitar el estudio y empeño de Vuestra Honorabilidad.
H. YrigoyenLos problemas de orden legal y económico que la explotación de los yacimientos petrolíferos suscita, han merecido preferente atención por parte de los gobiernos, habiéndose llegado a concretar en fórmulas legislativas especiales los principios con arreglo a los cuales se ha considerado conveniente encauzar las exploraciones y explotaciones de dichas minas.
La ley N° 726 del 26 de agosto de 1875 estableció en su artículo 2 que el redactor del Código de Minería debía tomar como base para la confección de ese trabajo el principio de que las minas son bienes privados de la Nación o de las provincias, según el territorio en que se encuentren.
El codificador, sin embargo, se apartó totalmente de ese principio y fijó el contrario al reglamento.
Esa omisión, si bien sancionada por el Honorable Congreso, resulta en la actualidad dañosa y perjudicial a los intereses bien entendidos del país, desde que las conveniencias que tanto de orden fiscal como social se derivan de la utilización múltiple de ese combustible, reclaman la intervención del Estado.
Se reserva, pues, para el estado, en razón de la incorporación de estas minas de petróleo a su dominio privado, el derecho de vigilar toda explotación de esta fuente de riqueza pública, a fin de evitar que el interés particular no la malgaste, que la ignorancia o precipitación la perjudique, o la negligencia o la incapacidad
económica la deja improductiva, para lo cual se adoptan en el proyecto disposiciones que fijan y garantizan un mínimo de trabajo y la forma convenientes de realizarlo. Con el mismo concepto se ponen trabas a la posible acción perturbadora de los grandes monopolios.
Por la naturaleza misma de los yacimientos, no pudiendo constituir fuentes permanentes de provisión de combustibles, desde que su existencia como tal, es determinado dentro de un limitado número de intervención y participación del Estado y su control en la forma y condiciones en que se manejan esos yacimientos
para asegurar su racional explotación e impedir se apresure su agotamiento, y regular la producción y previsión de combustible, de acuerdo con las necesidades del consumo.
El Estado como encarnación permanente de la colectividad, tiene el derecho de obtener un beneficio directo sobre el descubrimiento de estas riquezas. A eso responde la participación que se reserva el Estado en el producido neto y bruto de las explotaciones, en forma sin embargo que no reste estímulos al interés privado; tanto más cuanto la mayor parte de dicha participación se destina a servicios públicos, necesidades de la armada, de los transportes ferroviarios, marítimos y fluviales, etc., que resultarán de beneficio inmediato para los mismos y otra buena parte para fomentar el desarrollo de esta misma industria minera.
Para no incurrir en los errores que en otros países se han cometido al iniciarse las explotaciones, y a f in de aprovechar lo que en ellos se ha experimentado y para dictar una legislación lo más perfecta posible y adaptable a nuestro país ha sido menester estudiar con toda detención la solución de este importante problema, a fin de no sancionar leyes incompletas o defectuosas cuyo perfeccionamiento, derogación o aplicación traería trastornos o consecuencias perjudiciales para la economía nacional.
Era, además, indispensable tener una noción, aunque sólo fuera aproximada, de la importancia del yacimiento petrolífero, estudiar su fonda más conveniente de explotación para su ubicación y arbitrar los recursos pecuniarios para llevar a cabo una explotación de cierta importancia.
La situación mundial del mercado monetario, del comercio y de las industrias extranjeras, a la que habíamos podido recurrir en los tiempos normales para desarrollar esta industria minera, no ha permitido intensificar la explotación petrolífera; pero cuando V. Honorabilidad se imponga de los resultados obtenidos y del desenvolvimiento de las explotaciones petrolíferas particulares, se convencerá que difícilmente se hubiera podido hacer más durante la guerra mundial.
Después de haber estudiado las leyes que rigen las explotaciones petrolíferas de Estados Unidos, Rusia y Rumania, el Poder Ejecutivo ha llegado a la conclusión de que las que se han dictado en este último país son las que más conviene adoptar para el nuestro, con algunas modificaciones.
En los tres capítulos de la ley que el Poder Ejecutivo somete a la consideración de Vuestra Honorabilidad, se ha condensado cuál debe ser el régimen legal, técnico, económico y financiero de las explotaciones de las mimas de petróleo, sin desconocer los derechos adquiridos bajo el imperio de las disposiciones del Código de Minería y dando lugar a que la iniciativa privada pueda contribuir al desarrollo de las explotaciones de esta riqueza natural, dentro de los límites prudentes y bajo ciertas condiciones.
De acuerdo con las previsiones adoptadas por otras naciones, se prevé la formación de reservas fiscales dentro de las regiones petrolíferas, cuyos resultados beneficiosos pueden descontarse ya, pues así el Estado en el presente y en el futuro tendrá siempre en sus manos la producción directa de este valioso combustible
y un medio eficaz para contrarrestar posibles perturbaciones de las compañías o intereses particulares.
Figura igualmente entre los conceptos que han inspirado el proyecto de ley a la par del fomento de las explotaciones particulares del petróleo, el propósito de fomentar las explotaciones de ese combustible, en aquellas zonas en que aún no ha sido descubierto.
El plazo acordado, muchísimo inferior que el que fija el Código de Minería, es uno de los medios de estímulo que comprende la presente ley.
Tales son, detalles aparte, los lineamientos generales de la iniciativa para la cual el Poder Ejecutivo se empeña en solicitar el estudio y empeño de Vuestra Honorabilidad.
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