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martes, 26 de abril de 2011

Leandro Alem: "Intervenciones federales" (6 y 9 de setiembre de 1891.)

Sr. Alem: Siguiendo un tanto la manera forense, he dividido mi exposición en dos partes: los hechos y el derecho.
Acabo de exponer los hechos, a saber: la violación de la ley electoral cometida por el gobernador Guiñazú, en puntos fundamentalísimos, como es la formación del jurado que debía recibir los votos, de tal manera, que nombrando a sus devotos, paniaguados, o como quiera llamárseles, tenía seguro el triunfo del candidato que él indicara.
Los artículos a que me he referido, los pongo a la disposición de la Cámara. La intervención de la fuerza nacional y provincial, y la violación de la ley de elecciones, dan por resultado una coacción clara y evidente del acto electoral, causando la intimidación del Partido Popular, al extremo que, la mayor parte de los comicios tuvieron que disolverse, y hubo necesidad de formar mesas dobles, mesas populares, dando, según los datos que tengo aquí, y que pondré a la disposición de la Cámara, el resultado siguiente: en todas partes donde se formaron mesas populares y no se dispersaron por la violencia, el partido popular triunfó con la inmensa mayoría de cinco por uno en los registros. De tal manera ha sido la elección para el partido oficial, que en un departamento cuyo nombre no recuerdo, hubo un diputado elegido por cinco votos, mientras la mesa popular recibía cincuenta en favor de otro candidato.
Ha habido dispersión de mesas y votantes, balazos en la víspera de la elección, o en el momento en que se practicaba el acto, sangre inocente derramada, manchando, ¡qué coincidencia fatal!, los registros del diputado a la Legislatura, ciudadano Civit, sangre que parece reflejar sus rojizos resplandores, sobre el diploma que viene hoy a presentar al Senado.
Medios de comprobación pedía el señor senador informante de las comisiones en mayoría.
Ahí está, señor presidente, la denuncia, como he dicho antes, de la prensa entera de la República. Sí; lo afirmo sin temor de réplica posible: de toda la prensa de la República, prensa imparcial en su mayor parte, respecto de este asunto.
Ahí están esas mismas doscientas firmas que suscriben la solicitud de intervención, doscientas firmas de la parte más distinguida del pueblo de Mendoza, ahí están los partes mismos de los agentes de las fuerzas públicas, como es el del oficial del grupo que mató a ese ciudadano; ahí está, por último, el mismo telegrama impávido, permítaseme la palabra, del gobernador Guiñazú, en que comunicó al ministro del Interior la muerte de ese mismo ciudadano y felicitándole, por sobre esa muerte, del triunfo de su partido.
¿Quieren más medios de comprobación los señores senadores?
¿Qué clase de fórmulas jurídicas se exige para un cuerpo como éste, que es un verdadero jurado, sobre todo en el orden político, ciencia y conciencia?
¿Puede haber la más mínima duda de que se ha ejercido coacción estando allí las fuerzas de línea y de policía desplegadas, rodeando los comicios, en contra, en violación de la ley?
Si alguna duda pudiera quedar, ella se desvanece con este decreto que pongo en la mesa del secretario.
Yo no sé qué medios de convicción podría tener este cuerpo para persuadirse de que el acto ha sido completamente ilegal, en una palabra, de que el pueblo de Mendoza no pudo concurrir libremente a los comicios y de que esos ciudadanos que han ido a sentarse al recinto de la Legislatura ilegal, de que esa Legislatura no son la emanación directa del sufragio popular, sino individuos nombrados por el gobernador Guiñazú, o por el jefe del Regimiento 4 de línea.
 Las buenas finanzas, con la buena situación económica, tienen que venir del desenvolvimiento franco y vigoroso y entusiasta, puedo decirlo, de todas las fuerzas sociales; tiene que venir de la confianza plena que haya en el pueblo de que no ha de ser extorsivo en ninguna de todas sus manifestaciones en la vida política y social; de la confianza, por consiguiente, en la estabilidad de una situación normal y constitucional, todo lo cual tiene que provenir de la confianza que debe haber por los hechos producidos, del respeto a la ley, a las instituciones, en una palabra, a la Constitución y a todas las garantías que nuestra Carta orgánica nos acuerda.
Este caso de Mendoza, como decía, tiene y debe tener una gran trascendencia, una gran repercusión, puede influir mucho, señor presidente, mucho puede influir en la situación de la República, aunque a primera vista algunos no lo crean, y el Senado debe cuidarse mucho y mucho en estos momentos para mantener con rigurosa severidad todo aquello que afecta a las instituciones y al cumplimiento de la Constitución ––y todo aquello que puede también afectar a su propia composición.
En estos momentos en que la tendencia centralista está concentrada de una manera alarmante, en que hay una propensión en el Poder Ejecutivo a inmiscuirse en todo, a deliberar sobre todo, a pensar que todo lo hace mejor que los demás, a hacer, en una palabra, un gobierno casi pastoril o patriarcal; en estos momentos en que es indudable que en todos los actos que se están produciendo en las provincias, aquí con la elección de un Senador, allá con la elección de un Gobernador, hay un sistema y un propósito político, el Senado, que es el Juez del Presidente y de los Ministros, el único Juez ante quien pueden ser traídos en cualquier caso, debe comprender cuál es su posición.
Es sobre este cuerpo precisamente que el Ejecutivo debe tener su vista fija, por la razón que acabo de exponer; porque por la autoridad que inviste sus sanciones pueden ampararlo en sus desviaciones, y porque por el número reducido que tiene, puede perfectamente, sin propósito deliberado, autorizar una dictadura.
El Senado, como he dicho antes, es el Juez del Presidente y de los Ministros: el Senado con una tercera parte de sus miembros, puede, de acuerdo con el Ejecutivo ––no digo de acuerdo deliberado––, entorpecer todo el movimiento legislativo del país, por la forma de nuestra Constitución.
Para insistir sobre un veto del Ejecutivo, saben los señores senadores que se necesitan dos tercios de votos de cada Cámara; por consiguiente, con una tercera parte de la Cámara menos numerosa, puede estar paralizando la sanción de todas las leyes que no sean de su agrado y todo el movimiento legislativo.
La situación política, decía, es muy delicada; el caso de Mendoza no es excepcional o un hecho aislado; es el eslabón, es el anillo o los hilos de una cadena que envuelve o está oprimiendo a todos los pueblos de la República; el caso de Mendoza no es más que la ejecución, en un momento dado, o mejor dicho, en el momento oportuno, de un plan y un sistema político imperante, sistema político que es el que conserva el malestar del país.


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