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martes, 14 de diciembre de 2010

Manifiesto al Pueblo de la República por la Unión Cívica (2 de agosto de 1891)

Buenos Aires, 2 de julio de 1891

Conciudadanos:
El desarrollo de acontecimientos graves y precipitados en los últimos días, colocan al Comité Nacional de la Unión Cívica en la necesidad de dirigir el presente manifiesto a sus correligionarios y a los pueblos de la república, explicando esos sucesos y presentando las vistas políticas del cuerpo que gobierna los intereses generales del partido, en presencia de los nuevos horizontes y de la escisión producida en el seno de nuestra comunidad, por los partidarios de una conciliación con el oficialismo.
Una minoría del Comité Nacional, formada por los partidarios del acuerdo con la agrupación dominante, acaba de romper la unidad de la Unión Cívica, y, llamándose Comité Nacional de la misma, ha resuelto reorganizarla, aprobar el acuerdo mencionado, y convocar la Convención del Rosario, con idéntico fin, a lo que se agregará la minoría en caso necesario.
La causa fundamental que ha impulsado sus resoluciones, consiste en las resistencias que encontraba el acuerdo en el seno de la Unión Cívica, y se comprende que el propósito claro de sus procederes, es imponerlo al país, como una necesidad suprema.
Es el caso de recordar el carácter esencial de la Unión Cívica y los trabajos personalistas que desnaturalizando el programa de nuestra institución, han hecho dentro de la misma algunos de los amigos del general Mitre, hasta llegar a la escisión actual.
La Unión Cívica fue desde un principio la coalición de los hombres de bien, vinculados para destruir el sistema de gobierno imperante, que ha producido tan graves perturbaciones en la República. La bandera y su programa de principios, enarbolados como enseñas de redención nacional, fueron aclamados con entusiasmo patriótico de un extremo a otro de nuestro territorio.
Ese programa excluía todo personalismo, y sobre la influencia de los caudillos, sobre el prestigio de los hombres, agitaba algo más grande y levantando, un credo político, que perseguía el predominio de las ideas y de la instituciones. La campaña de la Unión Cívica no era contra un hombre ni contra individuos determinados, sino contra todo un régimen que había subvertido las leyes y producido la ruina general.
La Unión Cívica no se había formado alrededor de ninguna personalidad determinada, ni se proponía como objetivo de sus ideales y de su programa, la exaltación de un hombre al mando; ella debía destruir el funesto sistema de la opresión oficial, buscando el restablecimiento de las instituciones, la honradez gubernativa, la libertad del sufragio y el respecto a la autonomía de los municipios y de las provincias. Las personalidades eminentes de su seno debían inclinarse ante ese programa y prestarle acatamiento.
Y este programa y la impersonalidad de la institución era y es la verdadera aspiración nacional, lo que constituye su fuerza incontrastable.
No lo entendieron así los que a toda costa querían proclamar la candidatura del general Mitre y cuando se extendieron los trabajos políticos a las provincias después de la Revolución de Julio, procuraron obstinadamente restaurar dentro de la Unión Cívica el antiguo partido que aquél acaudillara, con cuyo propósito formaban organizaciones especiales, anunciaron su separación si no se proclamaba esta candidatura, y llegaron hasta oponerse a la Convención del Rosario, que si como todos lo reconocen, representa un progreso en nuestras costumbres políticas, fue debido al esfuerzo y miras nacionales, a los verdaderos cívicos. Y es respondiendo a estas tendencias, que ha guardado una actitud pasiva y hasta de complicidad a veces, en presencia de los vejámenes que se inferían a nuestros correligionarios de las provincias.
La combinación Mitre-Irigoyen proclamada por la Convención del Rosario, simbolizaba la fusión de los partidos tradicionales, y la predilección de los pueblos de la República por estos hombres de Estado, y la expresión genuina de haberse compulsado lealmente la opinión nacional. La designación de los candidatos era muy satisfactoria, pero lo que más importaba a la Unión Cívica y a la República era que triunfase el programa regenerador aclamado en los meetings del 1º de setiembre y del 13 de abril; lo que interesaba a la República, no era precisamente la elevación de los candidatos designados, sino el cambio de régimen, en política, en finanzas y en administración; lo que el país entero reclamaba y sigue reclamando son gobiernos responsables, honrados y garantías constitucionales, tanto en el orden nacional como en todas las provincias.
La combinación Mitre-Irigoyen, por las cualidades personales de los candidatos y por las fuerzas sanas de opinión que los llevarían al poder, satisfacía las exigencias nacionales y prometía un gobierno de reacción contra los abusos del pasado, sin pactos desdorosos con los directores del antiguo régimen. Era ésta la genuina significación de la fórmula del Rosario.
Inmediatamente de llegar de Europa el general Mitre, apareció ostensiblemente lo que se ha llamado acuerdo entre el candidato presidencial de la Unión Cívica, y el representante del oficialismo, el entonces Ministro del Interior, general Roca, cuya influencia pesa sobre la República desde hace diez años. Esta ligereza para celebrar un pacto tan inusitado sin haberse puesto el candidato en comunicación con el Comité, ni informado de la situación política de nuestro partido, sólo se explica por exigencias de la reacción personalista producida en ciertos elementos de la Unión Cívica, y por preliminares clandestinas del acuerdo, convenidos de antemano por los amigos del general Mitre.
El general Mitre ha declarado repetidas veces, que el acuerdo era sin condiciones, que sus bases fundamentales debían ser la libertad del sufragio para las provincias y el mantenimiento de la fórmula del Rosario, llegando hasta decir a los delegados de las provincias que estaría firme en la lucha, mientras hubiera en algún punto de la República, una libertad conculcada o un principio desconocido.
Los amigos del general Mitre, desde la iniciación del acuerdo, han trabajado sin cesar en el Comité y en las provincias para conseguir mayoría favorable, en la inteligencia de que él importaba eliminación de los candidatura del doctor Irigoyen y la aceptación de un representante del oficialismo en su reemplazo. Con esta conducta abandonaban las provincias a su suerte, pues nada habían pactado en favor de su libertad, olvidaban compromisos solemnes contraídos en la Convención del Rosario, y ratificados en un manifiesto del Comité, después de los preliminares del acuerdo, al mismo tiempo que hacían desaparecer del programa de la Unión Cívica aquel principio que prohíbe toda intromisión del oficialismo en las contiendas electorales.
Celebrado el convenio ad-referéndum resultó que por él se alteraba la combinación del Rosario, aquella fórmula que tanto significaba para la Unión Cívica y para la República -y que se aceptaba la candidatura para vice, de una personalidad designada por el oficialismo. La mayoría del Comité adversa a la conciliación con los hombres del poder, o a un acuerdo que importara la alteración de la fórmula del Rosario-, sostenía que el Comité no estaba facultado para pronunciarse sobre ese convenio, debiendo remitirse a la convención del Rosario. La minoría acuerdista sostuvo la tesis contraria.
El Comité ha deliberado detenidamente sobre el trámite que correspondía dar a ese convenio, aprobando un proyecto que lo remitía a la convención del Rosario, proyecto que fue sostenido en la sesión del 24 del pasado, por los mismos amigos del general Mitre. Se ha publicado la crónica de esta sesión y sólo conviene recordar que con ocasión de ese debate, se ha patentizado una vez más el espíritu moderado y correcto de la mayoría adversa al acuerdo, a la vez que la intemperancia, el propósito preconcebido de los separatistas de dividir la Unión Cívica, llegando hasta rechazar fórmulas que ellos mismos habían propuesto días antes, y a producir el escándalo de la escisión después que el Comité aprobó el proyecto que sostuvieran en la discusión.
La actitud de la minoría al arrogarse la dirección del partido, aprobar el convenio ad-referéndum y decretar la reorganización de la Unión Cívica, no podía ser más grave y contraria a reglas elementales de disciplina política.
El Comité Nacional de la Unión Cívica, donde se encuentran los delegados de casi todas las provincias, asumió la actitud que le correspondía en presencia de los hechos producidos, decretando la separación de su seno y del partido, de los miembros que firmaron las resoluciones indicadas, y la exposición con que trataron de cohonestar su conducta.
Según sus propias declaraciones, la situación actual de la República, no ofrece garantías para una lucha electoral libre y pacífica.
¿Y por qué ? ¿Quién ha suprimido esas garantías esenciales de todo gobierno republicano? El oficialismo al cual se unen y consolidan, con lo que se aleja la esperanza de reivindicar las libertades públicas. Si ellos reconocen la ausencia de garantías constitucionales y la voluntad criminal de mantener este régimen opresivo, ¿cómo se unen, entonces, al poder y admiten de sus hombres intenciones patrióticas para hacer imperar con el acuerdo lo que han violado con el gobierno? Si no gozamos de los beneficios de la libertad, es nuestro deber esforzarnos por conquistarla, con todos los sacrificios de las luchas democráticas, en vez de abrazarnos con los que la vilipendiaron.
Esta es la verdadera exigencia del patriotismo.
Se agrega que el círculo situacionista ofrece una conciliación conveniente, puesto que acepta la candidatura presidencial de la Unión Cívica y sólo exige la vicepresidencia para una personalidad alejada del país hace veinte años. La Unión Cívica no se ha propuesto la elevación de un hombre al poder, sino cambiar el régimen imperante. Este sistema depresivo de la dignidad de los argentinos continuaría apoyado por las situaciones de las provincias, donde imperan con más crueldad los del poder; y en semejante hipótesis, se esterilizarían hasta los buenos propósitos del candidato. Entonces, la conciliación con el oficialismo serviría para mantener y consolidar, lo que se propone destruirla Unión Cívica, con el aplauso del país entero. Ante esta consideración fundamental, nada valen las prendas personales del diplomático, con quien se quiere eliminar al candidato del pueblo. No se debate la honradez de personalidades; se trata de los derechos del pueblo, que a la fuerza se quiere suprimir, violando la resolución de una convención que ha interpretado fielmente la voluntad nacional.
Se afirma también que fuera del acuerdo, no quedarían a la Unión Cívica más soluciones que la guerra o la abstención, imponiéndose, entonces, la política de transacciones, que salva con la paz, los principios, la moral administrativa y las libertades públicas. La Unión Cívica, no ha desplegado bandera de guerra: su programa es de paz. Si el poder pretende impedir a sangre y fuego que el pueblo ejercite sus derechos, no sera éste el culpable de los sucesos que sobrevengan, ni tampoco la alianza con aquél, se armoniza con los deberes cívicos que impone la República a los ciudadanos. Jamás se suprimirían los abusos de un mal gobierno, si por razón de ellos se afirmara el poder; ni se comprende las esperanzas de una reacción administrativa, económica y política, robusteciendo a los autores de la ruina general, y de la opresión en que gimen las provincias. La Unión Cívica quiere y busca la paz, pero a este título no debe exigírsele la servidumbre, sino la tranquilidad que resulta de la armonía del orden con la libertad, que asegura los derechos y las garantías del ciudadano. Esta paz no se afianza fortificando gobiernos opresores, ni es digno esperarla como una gracia: es necesario merecerla, conquistarla a fuerza de sacrificios y conservarla con altivez republicana.
La circunstancia de no haber sido aprobado por el Comité el convenio ad-referéndum, no es más que un pretexto. El Comité, o su gran mayoría, no se consideraba con facultades para aprobar, y resolver lo contrario, habría importado arrogarse facultades electorales, que sólo correspondían a la convención, donde todas las provincias tenían representación proporcional.
La intransigencia que inculpan los separatistas a los que forman la mayoría del comité, consiste en mantener con altura el programa de la Unión Cívica, en ser consecuente con solemnes compromisos contraídos ante el país, y cumplir con lealtad los deberes que nos impone la situación de las provincias.
El Comité no debe mirar con indiferencia la suerte de sus correligionarios; el programa de la Unión Cívica es esencialmente nacional, y establece vínculos de noble solidaridad entre todos sus miembros, que no permiten conformarse con una política llamada de conciliación que ofrece algunas franquicias para la ciudad de Buenos Aires y mantiene la servidumbre en las provincias. La Unión Cívica quiere buen gobierno, garantías y respeto a la ley, para todos los Estados de la República, pues así lo exigen los principios de su programa y el verdadero patriotismo. En esto consiste su intransigencia y su radicalismo.
La política de conciliación, en la forma en que se ha iniciado, se reduce a prometer al país para fines de 1892, la elevación al mando de dos personas honorables; pero persistirá el mecanismo opresivo en toda la República, quedará intacto el funesto sistema que ha producido nuestros desastres; más aún, hará nuevas víctimas, ocasionará nuevas ruinas, porque la maquinaria necesitará funcionar otra vez en la contienda electoral. Y si hemos de juzgar ese acuerdo por la sinceridad de los hombres de la situación que lo han concertado, y por las garantías acordadas a Mendoza, Córdoba y Catamarca, después de sus preliminares, no es aventurado presumir que será fatal para la República, que no se removerán las causas del malestar, ni con él se reconquistará las libertades públicas. Si ese acuerdo hubiera sido aceptado, su primer efecto sería la desorganización electoral de la Unión Cívica, desde que no habría el estímulo de una lucha democrática en perspectiva. Esta desorganización general, debilitaría las fuerzas populares en cada provincia quedando a merced de los gobernantes, que han suprimido hasta la última garantía constitucional.
La Unión Cívica se propuso también, entre sus patrióticas iniciativas, el despertamiento de la vida cívica nacional, adormecida durante un decenio. Habían transcurrido muchos años de calma, de paz inalterable, salvo algunos hechos sangrientos aislados, producidos por intrigas de palacio; el pueblo se había alejado de los comicios, porque en vez del santuario de su soberanía, encontraba allí las vergonzosas celadas del fraude, o la criminales descargas de la fuerza pública.
No había lucha; estaba admirablemente suprimida en todas partes por la acción del gobierno y por la abstención activa del partido opositor; y así en cualquier punto de la República donde se pretendía votar, allí caía la acción del poder en apoyo del principio de autoridad para sofocar las agitaciones democráticas. Así se aseguraba la paz para los gobernantes, y la ausencia del control en la administración pública; se afianzó el despotismo político y ha podido administrar impunemente sin probidad. Con este régimen, con esta paz y con semejantes conquistas, la República, al organizarse la Unión Cívica sentía las primeras angustias de la terrible crisis que la ha conducido al borde del abismo, a la opresión interior y a la vergüenza ante la Europa, a la pobreza dentro de sus fronteras y a la falencia internacional. Este fue el fruto de la supresión de la lucha, de la paz sin libertad, de la muerte del civismo. La Unión Cívica lanzó un grito de guerra contra estos factores de nuestro envilecimiento, proclamando que el ejercicio de nuestros derechos políticos, es el primer deber de un ciudadano, y que la lucha democrática es la primera causa del engrandencimiento de los pueblos. ¿Cómo podría ahora arriar tan hermosa bandera y proclamar la supresión de la lucha, la paz sin derechos, la muerte de ese espíritu cívico que ella ha despertado en el pueblo?
La minoría separatista, que ha roto la unidad de la Unión Cívica para imponer una combinación electoral, sin preocuparse de los pueblos del interior, ha deslindado posiciones, como ella lo dice, entre la Unión y los aliados del poder. No más confundirá el pueblo, aunque en su evolución, aquella minoría conserve un disfraz, el nombre de Unión Cívica, que simboliza en nuestro escenario político, lucha contra los abusos del poder y en favor de la libertad.
No hay, pues, ninguna consideración de bien público, que justifique semejante acuerdo; se trata tan sólo de satisfacer ambiciones impacientes, que por legítimas que sean, deben amoldarse a la corrección de los principios políticos, y subordinarse a los intereses generales de la Nación.
A ese acuerdo lo repudia la moral y las leyes fundamentales que rigen el desenvolvimiento de las sociedades, y por consiguiente, jamás lo aceptaremos.
Conciudadanos: La Unión Cívica tiene que luchar por el triunfo de su programa principista haciendo causa con todas las provincias oprimidas. Mantendrá en alto la bandera enarbolada como enseña de regeneración nacional: no consentirá que se desnaturalice su programa con peligrosas desviaciones hacia el personalismo; y para coronar el triunfo de la causa del pueblo, dirige un llamamiento patriótico a todos los hombres bien intencionados, exhortándolos a formar en sus filas.
En presencia, pues, de la situación que estos sucesos han creado, conviene a los altos intereses de la Unión Cívica que se congregue la Convención del Rosario, sobre la base de los convencionales que permanecen fieles al programa, debiendo los comités de las provincias reemplazar a los que se han ya separado, para fijar rumbos al partido y designar definitivamente las candidaturas presidenciales que sostendremos en la próxima lucha.

Por el Comité: Leandro. N. Alem, Presidente
Joaquín Castellanos, Abel Pardo, Carlos A. Estrada, Marcelo T. de Alvear, Adolfo Mujica, Remigio Lupo, secretarios.

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