Elva Roulet: "Las falacias instaladas" (21 de junio de 2009)

Es bien conocido que la repetición reiterada de cualquier tipo de afirmaciones suele convertirlas en verdades incuestionables cuando no existe un espíritu crítico y una actitud despierta y racional para el análisis de los hechos que las fundamentan.

En la política argentina se han instalado algunas falacias que es necesario desenmascarar.

El radicalismo es el partido de la democracia y el peronismo es el de la justicia social. Sobre la primera parte de este aserto no hay ninguna duda. En cambio, el concepto de justicia social es una concepción decimonónica, vinculada con los reclamos de los trabajadores frente a los avances del capitalismo, conflicto que pone en evidencia la cuestión social.

Fue mencionada por primera vez en 1843 en la obra de un sacerdote jesuita , usada en 1889 por los socialistas fabianos ingleses, y adoptada a fines del siglo por los laboristas de ese país y por el partido socialista de Francia, formando parte de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde su fundación en 1919, y habiendo sido incorporada en 1931 a la doctrina social de la Iglesia Católica, expresada en la Encíclica Quadragesimo anno.

El concepto fue recogido muy tempranamente en Argentina. En efecto, ya en 1891, Leandro Alem, fundador de la Unión Cívica Radical la presentó como el programa de la República para la defensa de los ¨desposeídos¨, constituyendo así ¨un humanismo a la vez personal y social, para el cual la verdad política no es distinta de la verdad moral. Por eso conduce a la libertad y a la justicia social¨ . La plataforma aprobada por la Convención Nacional de la UCR en 1933 establece ¨conquistar la reintegración constitucional de la República, hermanando el trabajo y el capital, al amparo del derecho que consagra la libertad y fundamenta la justicia social¨. La noción había sido adoptada,

igualmente, por el socialismo argentino a través de Alfredo Palacios, elegido senador en 1904, que la desarrolla en su obra escrita posterior .

El Presidente radical Hipólito Yrigoyen envía al Congreso el 6 de junio de 1921 el Código de Trabajo, que constituye el primer proyecto integral de legislación obrera de la Argentina, en el que desarrolla los derechos del trabajador como hombre y como productor, afirmando en su mensaje: ¨Tiene, por lo tanto, este proyecto, como fundamento, las condiciones básicas de la justicia social¨.

La apropiación que hace a partir de 1945 el entonces Coronel Juan Domingo Perón de este concepto dentro del movimiento político que creó, y que traslada en 1947 a la denominación del mismo , generan la impronta que asocia la justicia social con el peronismo, como depositario exclusivo de sus principios . Es una falacia cuya demostración es clara con sólo considerar los tantos años de gobiernos peronistas transcurridos en los que las desigualdades, la pobreza, las carencias de educación, la marginalidad, las injusticias, se han profundizado, sacrificando tres generaciones de argentinos. Hablan los hechos.

La justicia social fue desde finales del siglo XIX patrimonio de todas las manifestaciones políticas progresistas, una noción asociada con dignidad humana, paz y democracia, tanto fuera como dentro de nuestro país.

El país ha sido gobernado por radicales y peronistas. Esta afirmación intenta responsabilizar de la decadencia del país, producida a partir de 1930, a estos dos partidos. Entonces la Argentina estaba entre los diez más avanzados países del mundo.

A partir de la primera interrupción de la democracia, con el derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen por el Gral. Uriburu , han transcurrido setenta y nueve años. En ellos el radicalismo gobernó durante catorce años y algo más de dos meses, sumando las presidencias de Arturo Frondizi, Arturo Illia, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa . Los restantes sesenta y cinco años transcurridos hasta la fecha se reparten entre gobiernos militares y peronistas. Los primeros gobernaron treinta y dos años a través de hombres de las fuerzas armadas y de dos civiles llegados en elecciones fraudulentas en la década infame del ¨fraude patriótico¨ . Los peronistas condujeron el país durante los dos primeros gobiernos del Gral. Juan Domingo Perón , fundador del partido, y de su tercer mandato, que ejerció precedido por los breves de Cámpora y Lastiri, y fue sucedido por el de su mujer María Estela de Perón, en la década de los años setenta . Luego viene el período inaugurado por Carlos Menen en 1989, y posteriormente los de Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Caamaño y Eduardo Duhalde -después del interregno de Fernando de la Rúa entre 1999 y 2001- hasta la instalación de Néstor Kirchner en 2003, cuyo gobierno se continúa hasta hoy con el de su mujer Cristina Fernández de Kirchner. Se suman así treinta y tres años en la conducción de los destinos del país, de los cuales se están cumpliendo casi diez y ocho años desde que recuperamos la democracia en 1983. Esos largos sesenta y cinco años de alternancia militares-peronismo son los de la decadencia argentina. En el espacio de tres generaciones varios millones de argentinos transcurren su vida en la pobreza, la ignorancia y la marginalidad. Y son cada día más. La falta de una verdadera política, no declamada sino transformadora de la realidad, fue la característica y es la razón de la pérdida de las promesas y de los sueños de un futuro justo y solidario con los que nació nuestra patria.

Solo los peronistas saben gobernar.

A la luz de los resultados que acabamos de señalar aparece como evidente esta otra falsedad. Los peronistas no pueden concebir y no se resignan a estar fuera del gobierno. Cuando no les toca hacerlo democráticamente saben, en cambio, impedir que otros gobiernen. Es la oposición sistemática en el Congreso o las Legislasturas; son los paros generales del aparato sindical que forma parte orgánica de su estructura, una originalidad desconocida en otras latitudes; es la falta de diálogo en búsqueda de los consensos necesarios para resolver los graves problemas del país; es la intemperancia como comportamiento más frecuente en las relaciones políticas; es la búsqueda de la derrota del otro. Y cuando están en el gobierno es, además, el autoritarismo, la soberbia, el deseo de perpetrarse, que en su intento de afianzarse en el poder arrasan con la república y las instituciones. Así ha quedado pendiente la deuda de la justicia social que es el requisito insustituible de una democracia verdadera

Fuente: Elva Roulet: "Las falacias instaladas" (21 de junio de 2009) para Con-Texto