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martes, 14 de diciembre de 2010

Eduardo Bautista Pondé: "Cartilla Doctrinaria de la UCR"

Esta “Cartilla”  está dedicada a los radicales ideológicamente jóvenes porque cuando se trata de purismo ideológico, no es axiomático que la juventud se ajuste a la cronología, acorde con aquella afirmación de José Ingenieros de que “jóvenes son los que no tienen complicidad con el pasado”.
La dedicatoria es, pues, para los jóvenes por edad, para los que dejaron la juventud sin que envejeciera su pensamiento, para los que serán jóvenes cuando los que lo son ahora dejes de serlo, y así por siempre en la inacabable renovación generacional.



PRINCIPIOS DOCTRINARIOS DE LA U.C.R.


1.-    Federalismo

2.-    Cumplimiento de la Constitución Nacional

3.-    Libertad de Sufragio

4.-    Antiacuerdismo electoral

5.-    Defensa del patrimonio nacional

6.-    Americanismo

7.-    Neutralidad y organización internacional


En esencia, la Doctrina de la U.C.R. se asienta en los siete enunciados que encabezan esta “Cartilla”.
No hay declaraciones oficiales que los mencione taxativamente, pero sí constituyen la síntesis del pensamiento pricipista de los fundadores de la U.C.R.
La concentración numérica está ampliamente documentada en afirmaciones muy conocidas de Leandro Alem y de Hipólito Yrigoyen; su contenido ideológico es absolutamente indiscutible.
De suyo, que es admisible que algún comentarista se incline a modificar la calificación o a cambiar la denominación de los principios, y aún a diversificarlos ampliando la calificación heptagonal, lo que no tiene mayor significación porque lo substancial es la autenticidad del contenido y esas variante no pueden ir más allá de una intención didáctica en busca de una mayor claridad expositiva.
Lo fundamental es que cada enunciado tenga el correlato  que explique su sentido social, su arraigo histórico, y la forma y momento en que los creadores de la U.C.R. los predicaron como causa y razón de ser de la movilización política que le dio origen.






PRINCIPIO DEL FEDERALISMO

El Federalismo, como ordenamiento político-social de la República Argentina, es principio doctrinal de la U.C.R. no solamente porque lo haya predicado y cumplido, sino porque recogió la realidad social argentina, constituyéndose en su gran defensor.
El natural vivir de los pueblos en el tiempo colonial se desarrolló en el aislamiento. Era un problema de incomunicación devenido de los medios de transporte, desarrollándose así un fuerte sentido localista.
Las poblaciones encerradas en sí mismas, elaboraron su manera de vivir con una distinción clasista emanada del abolengo de ser descendientes de los primeros colonizadores. Signó a la clase alta con una altivez difícil de avasallar por el poderío económico porteño. Los que fueron calificados como caudillos pertenecían a ese sector social.
La originariamente humilde Buenos Aires crecía o declinaba al ritmo cambiante del contrabando. Restricción del contrabando: pobreza,; liberalidad para contrabandear: enriquecimiento. De manera contrapuesta, el contrabando empalidecía la industria y el comercio regional; acerrojar a los contrabandista rejuvenecía lo industroso lugareño recuperando su prosperidad comercial.
Cuando el interior del país agudizó su resistencia y surgió el caudillo como jefe político y militar, cabal intérprete del sentir lugareño, se hizo nítida la realidad de la vocación federal de la sociedad argentina.
Buenos Aires tuvo sostenedores del federalismo; fueron políticamente federales, pero no en lo económico. Cuando se rozaban los intereses vinculados con el federalismo, y en cambio fracasaron todas las anteriores  porque renegaban de esa verdad social.
Los partidarios de la centralización de Buenos Aires y del acoquinamiento del federalismo, polarizaron la intención dominadora porteña procurando hacer de la Ciudad de Buenos Aires la capital de la república. Rivadavia en 1826 proyectó federalizar una lonja de la provincia de Buenos Aires desde Ensenada hasta la desembocadura del río Reconquista. Mitre intentó que fuera toda la provincia bonaerense. Pero el pueblo argentino, no. Sus representantes sancionaron en 1868la ley que declaraba capital del a Nación a Rosario de Santa Fe. Al año siguiente otra ley ratificó a Rosario como capital. En 1871 otra ley designó al villorio Villanueva, próximo a Villa María, en Córdoba, y en 1873, una vez más la nominación recayó en Rosario. Sarmiento vetó todas esas leyes, metiéndose en el bolsillo la opinión parlamentaria que era la opinión de todo el país.
Bien se ve que la federalización de Buenos Aires avasallaba el sentimiento federalista argentino, explica el por qué de la oposición de Alem a la ley que la impuso en 1880  e ilustra sobre la compenetración del federalismo con el ideario radical justificando que sea uno de los principios de la doctrina.
Alem, en las memorables sesiones de la Legislatura bonaerense del 12 y 17 de noviembre de 1830, enunciaba que capitalizada Buenos Aires es posible que “tengamos un gobierno tan fuerte que al fin concluya por absorver toda la fuerza de los pueblos y ciudadanos de la República”, porque “las grandes capitales todo lo atraen y absorven y lo influencian”. “La vida de la campaña dominada... “Cuando el poder central por sí solo tenga  más fuerza que todos los Estados federales juntos, el régimen... será paulatinamente subertido, y avasallado”. La dictadura será inevitable siempre que un mal gobernante quiera establecer la... la República Argentina quedará librada a la voluntad y a las pasiones del jefe del ejecutivo nacional”.
El traslado de la capital federal a Carmen de Patagones y Viedma por el crecimiento argentino dentro del federalismo.
PRINCIPIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

Hay que hurgar en la historia para advertir la razón que asiste a la U.C.R. para tener al Cumplimiento de la Constitución Nacional como principio doctrinario. La sanción de la constitución de 1853 no implicó su estricto cumplimiento, porque se la eludía cuando los intereses políticos lo requerían o se la invocaba para justificar beneficios sectoriales. Un partido asumió la decisión de defenderla y exigir que se cumpliera y fue la U.C.R., con lo que es comprensible que su persistencia en reclamar que se la respetase originaba una suerte de simbiosis entre la Constitución y el Partido, llegando así a conformar un principio esencial de su doctrina. Yrigoyen la calificó como sagrada.
En verdad las transgresiones a la Constitución Nacional no perdieron actualidad. Cada revolución militar se trajo bajo su brazo su propio e improvisado estatuto reglamento que debía respetarse con prioridad a la Constitución; esto se extendió hasta fines de 1983. Y es muy relativo suponer que vivimos en pleno orden constitucional porque el gobierno nacional, al mejor estilo de Perón, encuentra manera de soslayar sus preceptos.
El régimen tripartito de poderes está cercenado porque el Poder Ejecutivo Nacional mediante la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la implantación del “per saltum”, limita la independencia del poder Judicial en las instancias definitivas. También el Poder Legislativo soporta embates del Ejecutivo porque este impone por decreto medidas que corresponden ser dictadas por los legisladores; con mas los comentarios peyorativos para con diputados y senadores en el desempeño de su función. El conjunto semeja un plan armado en procura de la hegemonía del Poder  Ejecutivo Nacional.
Vaya, entonces, que bastante tenemos que hacer los radicales en defensa de la doctrina del cumplimiento de la Constitución.


PRINCIPIO DE LA LIBERTAD DE SUFRAGIO

El sufragio, como sistema del que se vale la comunidad para elegir mediante el voto, a aquellos ciudadanos que han de ocupar los cargos es un derecho y es una obligación de carácter individual e indelegable.
Tan sustantivo derecho ciudadano no se respetó, sí se transgredió, por años y años, hasta el escenario de la política argentina asomó la U.C.R. que se plantó ante ese escarnio social exigiendo que se legislara implantando el voto universal secreto y obligatorio, para igualar los derechos de la ciudadanía, evitar presiones al libre albedrío del elector y habituar al pueblo argentino a participar de la elección de sus representantes; debía reemplazarse el sistema de Padrones preparados para facilitar el fraude, por el Padrón Militar que era más creíble; las fuerzas políticas minoritarias deberían tener derecho a una representación proporcionada a su caudal electoral.
Toda la filosofía política que respaldaba a esas pretendidas exigencias constituyó uno de los puntales de la doctrina de la U.C.R., que se conoció como Libertad de Sufragio.
Esa posición la adoptó, la defendió y llegó a imponerla la U.C.R., exclusivamente la U.C.R. enfrentando a todas las tendencias políticas que, o preferían el fraude, o se resignaban a la inercia condescendiente. Por esto invocar la doctrina de la Libertad de Sufragio es prerrogativa de la U.C.R. Y de manera excluyente.
Porque, salvo el radicalismo, todos los Partidos políticos argentinos o practicaron o usufructuaron el fraude electoral. Antes del 1916 las elecciones fraudulentas fueron la norma. Y en esa forma irregular llegaron a la presidencia de la Nación todos, hasta que asumió Hipólito Yrigoyen en comicios limpios. Después de los gobiernos de Yrigoyen y Albear, otra vez el fraude con José Féliz Uriburu, con Agustín P. Justo y en las elecciones de Roberto Ortiz y Ramón Castillo. Y ningún partido –excepción siempre del radicalismo- protestó y no protestaron porque se enganchaban  en el fraude para encaramarse como senadores, diputados y concejales.
Yrigoyen fue asiduamente tentado para que entrara en componendas electoralistas. Julio A. Roca le mandó mensaje pidiéndole que la U.C.R. apoyara la candidatura presidencial de Manuel Quintana; despachó al mensajero diciéndole cómo pretendían tal cosa cuando procurar terminar con el régimen que representaba Roca y los suyos era la razón de ser de la U.C.R. Un par de veces el presidente Figueroa Alcorta le pidió apoyo, especialmente cuando -fue la respuesta-  y comenzando por “cambiar los registros electorales, quemándolos si es necesario, sustituyéndolo por otros hechos correctamente”.
Roque Saenz Peña también quiso arrimar al radicalismo con ofertas dadivosas, recibiendo la república de estilo: “No. Sólo comicios honorables garantidos sobre la base de la reforma electoral”. Por fin Roque Sáenz Peña entendió y asimiló el contenido de la doctrina que predicaba el radicalismo y el 13 de febrero de 1912 promulgó le ley electoral. En un todo coincidente con las sugerencias de don Hipólito.
El proceder de Yrigoyen representa una regla de oro: si un gobierno quebranta el orden republicano, la U.C.R. debe abstenerse de toda interlocución con él, mientras no rectifique su comportamiento.
No hay que confundir ofrecimientos con diálogo. Yrigoyen tuvo entrevistas en las que recibió propuestas que rechazó, exigiendo previamente comicios correctos. Nunca aceptó dialogar sobre planes de gobiernos.
El Comité Nacional debería recordar al gobierno nacional que no ajusta su conducta a la Constitución y, consiguientemente, abandonar el diálogo.

PRINCIPIO DE ANTIACUERDISMO ELECTORAL
          
Luego de la revolución del ´90 la Convención de la Unión Cívica eligió la fórmula Mitre – de Irigoyen para las elecciones de 1892, Roca entrevistó a Mitre a poco de su regreso de Europa y le propuso que sustituyera a De Irigoyen por José E. Uriburu porque así estaría asegurado el triunfo.
Don Bartolo aceptó. Don Leandro se lo reprochó. Mitre argumentó que buscaba “un acuerdo leal y patriótico de los partidos y la supresión de hechos de la lucha electoral”. Alem replicó: “Yo no acepto el acuerdo. Soy radical intransigente”. Con esta frase Alem sentaba el Antiacuerdismo Electoral como razón de ser de lo que sería la U.C.R. Los acuerdista fueron expulsados y se fundó la U.C.R. precisamente como reacción contra el acuerdo.
La repulsa no se limita a acuerdos con otros partidos porque se extiende a la introducción de extrapartidarios en la Listas de la U.C.R. para cargos electivos.
Ese pensar es claro. Yrigoyen en 1891 ante el ofrecimiento de otros partidos para confeccionar Listas compartidas decía que “es timbre de honor haber rechazado semejantes transacciones”.
En 1883 no aceptó la invitación de la Liga Agraria para formas Listas mixtas porque “siempre importan una transgresión  y un compromiso restrictivo a la libertad de criterio de los partidos... implica en todo momento mutilar la capacidad política del pueblo... destruyendo anhelos y entusiasmos que mueven al ciudadano al ejercicio de su derecho”. La U.C.R. debe plantear esta cuestión desde el punto de vista de los principios que alienta en su seno. A la luz de este criterio, los acuerdos políticos ni siquiera pueden formularse.”
En 1897 la U.C.R. de la Provincia de Buenos aires declaró que “se pretende llevar al partido por caminos extraviados, caer en acuerdos, en componendas con el orden de las cosas que –precisamente- habían dado origen a la formación del Partido. Que las tradiciones y antecedentes del Partido le imponen mantenerlos en toda su integridad, con mayor razón en el momento actual, cuando correligionarios con sus energías debilitadas... buscan el concurso de fuerzas extrañas para alcanzar por medios contrarios a la índole de nuestra organización política, el triunfo de los ideales perseguidos por la U.C.R.”
En 1924 el Comité Nacional dijo que “repudia toda actividad partidaria que signifique alianza o acercamiento con partidos de otra orientación.” La Convención Nacional de 1948 asentó que “rechaza pactos o acuerdos con otras fuerzas políticas y prohibe a sus afiliados, grupo u organismo que promuevan o se implique en iniciativas de esa índole.” Y la del año 1953 reafirmó que “la U.C.R. luchará sin pactos, acuerdos, conforme a su tradición histórica.”
Hipólito Yrigoyen desde las alturas de su infabilidad principista excecró a los que transan con pactos o acuerdos, sentenciando: “Benditos sean los que piden transigencia con las actitudes personales; pero los que la piden en el orden de los principios, malditos sean para siempre!”
Bien se ve que se equivocan de medio a medio los radicales que propugnan esos entendimientos. Acorde con la severa intransigencia de Hipólito Yrigoyen, quizá no sea temeridad suponer que hubieran sido sancionados.


Antiacuerdismo e intransigencia
La tesitura antiacuerdista engarza con la ética política. Por estar impregnada de ética, la repulsa a los acuerdos no cede en ninguna instancia, se trate de un entendimiento para lograr éxito electoral, o para abalanzarse sobre cargos públicos, o hacer un acomodo prescindiendo de las diferencias que separan a los Partidos políticos. Todo eso constituye una actitud irrespetuosa para con los afiliados que se incorporaron atraídos por el ideario de su filosofía política.
El Antiacuerdimo es una convicción fundamentada en claro raciocinio. Alem y también Yrigoyen fueron terminantes y éste era inflexible: “La U.C.R. tiene fe en sus hombres, pero no obstante ello, queda convocada para mantener irreductiblemente los principios fundamentales que inspiraron su doctrina.”
El Antiacurdismo marcha acollarado  con la Intransigencia. Aislados pierden fuerza. El pensar político genera principios y la acumulación de estos estructura la doctrina política. Algunos consideran a esos postulados doctrinales de cumplimiento circunstancial, para otros son la médula de sus ideales a sostener permanentemente. Allí está la clave de la Intransigencia.
Quien está persuadido de la verdad de esos principios procura imponerlos sin concesiones, vale decir con absoluta intransigencia. La U. C. R. Adoptó la Intransigencia como dogma y la hizo forma de proceder con igual vigor que sus principios doctrinarios.
Es prudente que los radicales mediten qué grave omisión es olvidar el Antiacuerdismo y la Intransigencia es la concepción idealista de la U.C.R.


PRINCIPIO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL

La doctrina de la U.C.R. puntualiza que determinadas riquezas naturales y ciertos servicios públicos no deben salir del dominio del Estado ni ser concedidos a entidades privadas.
También se extiende al control de las negociaciones en que participa el Estado para evitar que sus funcionarios, directa o indirectamente, se beneficien ecomómicamente utilizando su influencia, o que se valgan del conocimiento anticipado de medidas gubernativas posibles de ser aprovechadas, obteniendo ventajas personales.
Abarca, asimismo, la oposición a convenios internacionales con contenido entreguista que, a veces, llegan a agraviar nuestra soberanía.
La posición de la U.C.R. en defensa de los recursos naturales tuvo su m{as clara exteriorización en orden al petróleo.
El desarrollo se la industria petrolera a través de la Y.P.F.  fue sensacional en los gobiernos de Yrigoyen y Albear. El entreguismo comenzó con la revolución “con olor a petróleo” el 6 de septiembre de 1930. Prosiguió esquilmando a Y.P.F. Ille pretendió restablecer la nacionalización anulando las concesiones impugnadas y ese gesto de argentinidad afectó intereses foréneos que encontraron argentinos dispuestos a deponerlo.
Para el radicalismo algunos servicios deben ser atendidos por el Estado, tales como los ferrocarriles, telecomunicaciones, electricidad. Los gobiernos radicales no pudieron hacerlo. Perón, a ritmo escandaloso, nacionalizó los teléfonos y ferrocarriles; la adquisición por el Estado de las compañías de electricidad amontonaron presunciones de negocios mas que turbios.
Perón y los gobiernos militares adulteraron lo doctrinario del radicalismo convirtiendo al Estado en un incansable absorvedor de empresas, buena parte de ellas sumamente deficitarias en camino a la quiebra. Fue un gran negocio para los empresarios y un desastre para el Estado. Respecto a la conducta en la función pública, Yrigoyen alertó al más distraído: “Sin moral personal, no se puede estar en la función pública” y exigía que quienes desempeñaran funciones legislativas, administrativas o judiciales, debía suspender su actividad profesional, comercial, o industrial por incompatibles y para que no se aprovechara el desempeño de cargos gubernativos gestionando favores que lo enriquecieran. Se oponía a la persistencia en cargos públicos electivos o no, comprometiéndolos a que “desde los estrados de poder pasaríamos directa y únicamente a nuestras casas y de allí a las filas de la opinión” y reputaba intolerable utilizar medidas de gobierno proyectadas y conocidas con anterioridad  a que se decretaran para beneficio económico del funcionario.
El rechazo a pactos internacionales deteriorantes de la economía argentina puede apreciarse a través de dos ejemplos clásicos: el primer empréstito y el pacto Roca-Ruciman, ambos demostativos de lo que repele la Doctrina radical.
En tiempos de Rivadavia se firmó un empréstito en el que el Banco Baring Brothers nos dio un préstamo de 1.000.000 de libras esterlinas para construir el puerto de Buenos Aires, fundar ciudades en zonas de frontera y sobre la costa atlántica, e instalar aguas corrientes para mejorar la salubridad de Buenos Aires.
Entre la colocación de títulos de la deuda en el mercado financiero de Londres, intereses anticipados y amortización anticipada de dos años, quedó para que percibiéramos 500.000 libras de las que nos remitieron 70.000 y las 430.000 restantes quedaron a nuestra disposición, pero en Londres. Desde luego que no hubo ni puerto, ni ciudades, ni aguas corrientes, ni recibimos una libra más.
Con el tiempo se consolidó la deuda fijando la suma a devolver en 1.641.000 libras, equivalente a 8.000.000 de pesos fuertes que, cuando terminamos de pagar, trepó a 23.734.766. Contra estas cosas luchaba la U.C.R. en defensa del patrimonio nacional.
El pacto Roca-Ruciman ejemplifica la reincidencia luego del desplazamiento del radicalismo por la evolución de 1930.
El presidente Justo envió a Londres una embajada para negociar acuerdos económicos, integrada por el vicepresidente Julio A. Roca, Miguel Angel Cárcano y Guillermo Leguizamón. Leguizamón no se ruborizó afirmando que “ la Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de su graciosa magestad” y Roca
Enfatizó que “la Argentina es por su interdependencia recíproca, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Reino Unido”, lo que motivó que un miembro de la Cámara de los Comunes dijera que “siendo la Argentina prácticamente una colonia económica, le conviene más incorporarse de lleno al imperio británico.” Del pacto resultó que declinamos a favor de Inglaterra el control de los frigoríficos y de los créditos a las empresas británicas, le cedimos el transporte de la ciudad de Buenos Aires y contratamos a Otto Niemeyer, alto funcionario del Banco de Inglaterra, para que orientara nuestra economía. El zorro en el gallinero...
Nuestro patrimonio resultó muy dañado en el alternativo juego de privatizaciones y estatizaciones. Con Juárez Celman vivimos privatizaciones con ritmo de negociados; con Perón tuvimos estatizaciones con cadencia de negociados. Ahora estamos otra vez en la línea de privatizaciones y los medios informativos dicen nuevamente de posibles negociados.
El principio radical de la Defensa del Patrimonio Nacional se yergue para impedir que de tal modo se mancille la soberanía nacional y se desmedre su riqueza.

PRINCIPIO DE AMERICANISMO

El Americanismo  -de magros resultados positivos hasta ahora- enraiza con los movimientos  emancipadores y, conceptualmente, promueve una América entrelazada por acuerdos que reconozcan o impulsen los intereses regionales; que posibiliten el traslado de personas y mercaderías como si fuera un solo país; que constituya un bloque en las relaciones internacionales con Estados no americanos; que impele el desarrollo cultural, económico y política; que extirpe todo residuo de coloniaje, que la modernización llegue incorporando los avances técnicos sin destruir las costumbres y las tradiciones autóctonas; que conjuque lo mejor que venga de Europa con lo rescatable de la civilización indígena; que desarrolle una manera de vida internacional sin odios, sin enfrentamientos, nutrida de comprensión y tolerancia; que haga de un americano amigo de otro americano, todo en pos de una confederación de países con la característica de conservar las respectivas soberanías.
La doctrina de la U.C.R. recepta cabalmente estas aspiraciones y tuvo en Hipólito Yrigoyen  un excelente aplicador.
Uno de sus primeros actos de gobierno fue denunciar el Tratado del A.B.C., suscripto con Brasil y Chile, afirmando que “Yo no puedo aceptar eso que coloca a tres naciones en un plano superior a los demás. Eso no es justicia ni garantía de paz. Las nacionalidades que se quedan en la puerta han de sentir es escozor de la exclusión. Ningún pueblo se considera menos que otro, y establecer la diferencia es ofender. No me extrañaría que esa fórmula fuese expresión de alguien que no quiere dividir”.
Don Hipólito veía bajo es agua porque el inspirador del Tratado Estados Unidos de América que venía de dar otro zarpazo sobre México y eran muy tensas sus relaciones con Japón. Procuraba morigerar la indiganación de los latinoamericanos uniendo las tres naciones mejor organizadas de sudamerica Argentina Brasil Y Chile, mediante un Tratado que les daría potencialidad hegemónica. Antes que fuera ratificado, Yrigoyen lo desbarató.
En cambio, convocó a un Congreso Continental de Neutrales a reunirse en Buenos Aires, en 1917, para evitar que fueran conminadas a intervenir en la guerra. El intento fracasó por la presión estadounidense, cuyo embajador comentaba con desparpajo: “El proyecto es bueno, pero no le conviene a Estados Unidos de América"”

No intervencionismo

Las naciones independientes son titulares de los derechos que rigen su ordenamiento interno, lo que representa que ninguna otra nación puede inmiscuirse quebrando esa libre organización. El Americanismo calificó ese derecho como principio de No Intervención, que repudia sus tres posibilidades: Invasión territorial, Cobro compulsivo de deudas, y Coloniaje.
En América la Invasión territorial se dio en dos formas: ocupación de territorios como ánimo de anexarlos (Estados Unidos apoderándose de casi la mitad de México) o permanencia transitoria (también Estados Unidos en Nicaragua, República dominicana, etc.).
Infringiendo el principio de No Intervención, Estados Unidos invadió la República Dominicana, depuso a sus autoridades destituyéndolas por estadounidenses y reemplazó la bandera dominicana por la del Invasor. Por ese entonces falleció el poeta mexicano Amado Nervo, representante diplomático en Uruguay y Argentina, cuyos restos se trasladaron a México en el Crucero “Uruguay” escoltado por el argentino “9 de Julio”. Al regresar, el Comandante tenía instrucciones de hacer visita de cortesía a algunos países, pero dada la situación dominicana consultó si correspondía hacerlo y en caso afirmativo a qué bandera rendir homenaje.  Defendiendo el principio de No Intervención, Yrigoyen fue terminante: “Orden al Comandante del Crucero “9 de julio”: Id y saludad al pabellón dominicano”.
La República Oriental del Uruguay tuvo su sofocón durante la guerra de 1914. En los Estados de Río Grande y Santa Catalina, en el sur del Brasil, hubo una insurrección promovida por pobladores de origen germano para invadir al Uruguay y tornarlo punto de apoyo para la marina alemana. En previsión, Uruguay solicitó armamento e Yrigoyen respondió: No venderemos armas, pero si el Uruguay es amenazado por fuerzas extranjeras, la Argentina se jugará íntegramente en su defensa”. Otra correcta interpretación del no intervencionismo.

Libre Determinación de los Pueblos

Así como el intervencionismo conlleva violencia y ocupación territorial,  la Libre Determinación de los Pueblos no implica necesariamente el ingreso de fuerzas armadas. La libertad de discernimiento de una nación prohibe a otros Estados inmiscuirse en los problemas internos, aún cuando lo pidiese un sector de sus habitantes. Yrigoyen lo aplicó cuando el presidente del Paraguay, Ayala, a quien intentaba deponer, solicitó armas y cooperación de la Argentina. Don Hipólito se negó porque “mi gobierno jamás interferirá en los problemas nacionales que deben ser resueltos por ellos mismos”; ofreció, en cambio, mediar en procura de un advenimiento entre los enfrentados.


PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD Y ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

En las instancias bélicas, los adversarios procuran alianzas que los fortalezcan y que, contrapuestamente, debiliten al oponente. En esos casos, la presión de los Estados poderosos sobre los más débiles intenta imponerles la ruptura de la neutralidad y la participación en la guerra como aliado.
Para el radicalismo, la neutralidad es la espontánea manera en que los habitantes de una nación nacen, viven y mueren, si bien es cierto que siempre hay un lugar en la tierra donde los humanos están combatiendo. La neutralidad es innata a los pueblos. Hipólito Yrigoyen sentenciaba que “ la paz es el estado normal de las naciones. Todo pueblo, todo grupo de pueblo hermanos, tiene la obligación de mantener la paz y resguardarla. La desesperación de los gobiernos sin juicio propio, por declara la neutralidad frente a conflictos que a lo nacional no afectan, procede de que, desde lo más íntimo, los mueve un espíritu de dependencia, un espíritu rendido de antemano, o bien por intereses, o bien por una idea, o sentimiento de inferioridad, fruto de un tipo de política sin fe ni principios”.
La Argentina en la guerra del ´14 hizo reiteración principista de su doctrina de la Neutralidad. Cuando Alemania anunció el bloqueo en las proximidades de Inglaterra, Francia e Italia y que la navegación de los barcos neutrales sería a su riesgo, Yrigoyen contestó que “ajustará su conducta, como siempre, a los principios y normas fundamentales del Derecho Internacional”; los barcos de bandera argentina no fueron molestados. Cuando por error hundieron naves de nuestro pabellón reconocieron la justicia de la protesta y al terminar la contienda el gobierno alemán desagravió a la bandera argentina.
La hegemonía suele ser antinómica de la paz; por eso la U.C.R. sostiene los principios que hemos recordado de No Intervención y Libre determinación de los Pueblos; repudia el Cobro Compulsivo de deudas y el Coloniaje; y esto ensambla con la igualdad jurídica de las naciones. Esa igualdad jurídica no obsta a que existan países rectores por su excelente grado de evolución, pero esa rectoría debe asentarse en autoridad moral y no en actos coercitivos.
La doctrina de la U.C.R. referida a la Organización Internacional afirma que las desavenencias no deben arrastrar a la lucha armada y sí recurrir al arbitraje ante una Corte Internacional especialmente creada e insospechable de parcialismo y que un organismo de esa naturaleza ha de estar integrado por todas las naciones sin discriminación alguna. Esa tesis agrió la preponderancia de tono omnipotente de las naciones vencedoras en la guerra de 1914.
La Argentina fue invitada a la Conferencia Privada de Neutrales y a la Primera Asamblea General de la Liga de las Naciones convocada para el 15 de noviembre de 1920, en la Ciudad de Ginebra. Las instrucciones que el presidente de la Delegación, Ponorio Pueyrredón, recibió de Yrigoyen establecía como premisa fundamental que una Liga de naciones no podía avocarse a considerar el Orden del Día sin declarar como previo y especial pronunciamiento, que serían admitidos todos los Estados soberanos que desearan hacerlo. Si esto no se aceptaba, la Argentina debía retirarse.
Nuestro país llegaba a la Asamblea con indiscutida autoridad moral por las firmes actitudes de Yrigoyen, de allí que se accedió a que Pueyrredón expusiera con anticipación al tratamiento del temario. Este, al entrar en lo medular del discurso destacó que la República Argentina consideraba esencial la participación de todos los Estados soberanos reconocidos por la comunidad, salvo que se negaran a incorporarse; que se creara una Corte Permanente de Justicia Internacional porque si falta “la justicia, ningún país podrá ser libre desde el punto de vista internacional”.
Pueyrredón metía el dedo en la llaga porque el propósito de los triunfadores era eliminar a los derrotados y asegurarse el predominio mundial por siempre jamás. El pedido se rechazó y nuestra Delegación, acorde con el mandato recibido, se retiró.
La Argentina asumió una función agorera, al par que reveladora de la lucidez con matiz visionario de Yrigoyen. En ese 1920 la Argentina se alejó anunciando la inviabilidad de un organismo internacional que no estaba inspirado en el bien común de todas las naciones y todos los pueblos de la tierra. Y en 1939, Europa primero y el mundo entero después, estaban destrozándose. No alcanzó a 20 años la paz prometida por ese desequilibrado convenio ginebrino.



NEGLIGENCIA DOCTRINARIA

La deserción doctrinaria destiñe su contenido dogmático, desdibujando la personalidad del radicalismo.
Hipólito Yrigoyen intuyó que eso pudiera ocurrir con el transcurso de los años y predicó que “Si la U.C.R. cayera en el error de confundirse con el medio imperante, tendría que convocarse nuevamente a la voluntad nacional porque se habría falseado su misión histórica y perdido su carácter político. Sería menester condensar nuevas fuerzas para continuar la lucha cada vez más dificultosa, porque a los males previstos y conocidos se habría agregado esta tremenda apostasía a su fe. Y no hay drama más siniestro que la pérdida de la fe de un pueblo”.
La defección doctrinaria se patentiza ostensiblemente en la búsqueda de acuerdos preelectorales que constituye un alzamiento contra el Antiacuerdismo que es esencia de la Doctrina de la U.C.R.
Listas, prosiguió con la presencia extrapartidaria nada menos que en la fórmula de candidatos para presidir la Nación, se sumó la concomitancia con otras fuerzas políticas para trepar a  cargos electivos olvidando el supremo mensaje de Yrigoyen “Que se pierdan mil gobiernos pero que se salven los principios” y culminó con un amasijo de tendencias políticas diversas para elevar a Gobernador a un afiliado a nuestro partido que anunció, jactanciosamente y como blasón, que prescindiría de los radicales en su función como gobernante.
Quizá convenga rememorar el famoso “Tu quoque juventus. Todos en tropel” de Francisco Barroetaveña, para reavivar la autenticidad de nuestra conciencia radical, no sea que lleguemos a tener que remendar aquella frase con un angustioso “Tu toque radical. Todos en tropel a la desintegración?”.

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