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martes, 22 de septiembre de 2020

Madres de Plaza de Mayo: “CONADEP, los desaparecidos no se archivan” (diciembre de 1984)

En diciembre pasado, el gobierno creó la CONADEP para tratar el tema de los detenidos-desaparecidos. Así suplantó -de hecho- la posibilidad de formación de una Comisión Bicameral que investigará y sancionara politicamente a los culpables.

La polemica sobre la autenticidad de la lista de represores que se conoció a traves del semanario “El Periodista” dejó en claro dos cosas: por un lado, que el gobierno carece de argumentos para demostrar que la nómina publicada no es la misma que la que elaboró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas; por otro, que no existe intención oficial de difundir, en forma completa, los nombre de los responsables del Terrorismo de Estado. Cabe, entonces, formular una pregunta: ¿para que sirvió la CONADEP?

Mientras, desde sectores gubernamentales, se desmintió, lisa y llanamente la autenticidad de la lista, el propio titular de la CONADEP, Ernesto Sabato, no afirmó en ningun momento que fuera apocrifa. Solo aclaró que las personas allí mencionadas no tienen porque ser necesariamente represores. Lo cual dejó abierta otra posibilidad: la de la complicidad.

De ese modo, el gobierno quedó mal parado porque no expuso argumentaciones creíbles. Pero la actitud es coherente, ya que el propio Alfonsín, en Roma, fue aun mucho mas lejos en cuanto a desmentidas. Allí dijo, ante periodistas de todo el mundo, que es “absolutamente falso” que los obispos argentinos hayan apoyado la represión.”

Estas declaraciones constituyen un claro prejuzgamiento, ya que la Justicia ensalzada desde la cúpula oficial, aún no se ha expedido en causas en las cuales están involucrados, entre otros, el arzobispo de La Plata, monseñor Antonio Plaza y el cura Christian von Wernich.

Estas desmentidas y prejuzgamientos no hacen más que confirmar que el gobiero no está dispuesto a castigar a los culpables del genocidio. Esa es la explicación de su accionar complaciente con los altos mandos militares y con la Iglesia. La actitud, a todas luces negativa, está dando, de por sí, una respuesta de cuál fue el objetivo del gobierno al crear la CONADEP.

LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO

La corta historia de la CONADEP, confirma ampliamente que ésta sirvió para evitar la formación de una Comisión Bicameral y, de este modo, sacar del ámbito parlamentario el dificil tema de los Derechos Humanos, impidiendo que el Congreso se convirtiera en acusador de los militares genocidas.

Durate nueve meses de labor la CONADEP ratificó y amplió, en alguna medida, las denuncias ya formuladas con anterioridad, pero toda la documentación reunida, esta vez a traves de un organismo oficial, quedó archivada, y su contenido se mantiene aun en secreto a más de dos meses de entregado el informe.

La politica de preservación del aparato militar seguida por el gobierno quedó, sin embargo, demostrada mucho antes, cuando los abogados de la CONADEP debieron enfrentar, ante la total prescindencia de los funcionarios oficiales las innumerables trabas con que las FF.AA. Intentaron frenar las investigaciones. Esto se vió, sobre todo, en los procedimientos realizados en unidades militares que sirvieron de cobertura a campos de concentración.

Fue tambien el caso de una chacra arrendada por el Ejército, en Monte Pelone, partido de Olavarría. Allí, aunque no se trataba de una unidad militar, sino de un campo donde sólo habia vacas, la CONADEP casi no pudo efectuar el reconocimiento. Como en ocasiones similares, la pasividad mostrada por el Ministerio de Defensa fue altamente sugestiva.

En Córdoba, cuando se realizó la primera inspección en el campo de concentracion de La Perla, se reitararon las trabas y la hostilidad de la cúpula militar a todo tipo de acción que tienda a revisar lo actuado durante la represion. Luego del procedimiento, el entonces titular del III Cuerpo de Ejército, general Pedro Mansilla, mantuvo una reunión privada con los miembros de la CONADEP, encabezada por el secretario Raúl Aragón. El general Mansilla sostuvo que “la lucha antisubversiva fue inobjetable” en cuento a sus metodos. Y agregó, que todo aquel que hablara de desaparecidos, torturas y asesinatos eran “subversivo”, por cuanto estaba favoreciendo “a los fines de la subversión”.

Ese hecho, calificado como “muy grave” por el propio Ernesto Sabato, constituyó el más claro ataque a la tarea investigadora. En principio, Sabato amenazó con renunciar, pero luego se dejó convencer de la “inconveniencia” de una actitud de ese tipo y todo quedó superado, sólo en lo formal, con el posterior alejamiento del general Mansilla, el 6 de julio, el mismo día en que se difundió el programa “Nunca Más”.

En los comienzos de su labor, la CONADEP dió a conocer algunos comunicados que confirmaron “oficialmente” las denuncias sobre el accionar represivo. A fines de diciembre, tras las inspección realizada en la Escuela de Mécanica de la Armada (ESMA) -el más importante centro de terror que funcionó en la Capital Federal- la CONADEP afirmó que pese a “la contumaz negativa” de los comandantes en jefe, quedó demostrado que en el lugar funcionó “uno de los grupos de tareas mas activos”.

Añadió que los detenidos “fueron sometidos a todo tipo de vejámenes y tormentos que, en inifinidad de casos, provocaron el deceso de la víctima”, a la vez que se adulteró la filiacion de niños nacidos en cautiverio”. Estos datos no eran nuevos ya habian sido denunciados por los organismos de Derechos Humanos, pero tenían el valor, a nivel de la opinión publica en general, de partir de un organismo oficial.

Incluso, en la información de la CONADEP sobre el caso ESMA se mencionó expresamente el nombre del almirante Emilio Massera como responsable directo del campo de concentración, en su carácter de comandante en Jefe de la Armada. Tambien se dijo que uno de los médicos que colaboró con los represores durante las sesiones de tortura fue el doctor Jorge Luis Magnasco, con domicilio actual en la calle Bachiller número 13 o 15, de Madrid, España.

Esos pocos nombres salieron a la luz en el inicio de las investigaciones. Ahora, a más de dos meses de la entrega del informe, el 20 de septiembre pasado, se sigue silenciando a nivel gubernamental la identidad de los 1351 represores denunciados en la lista.

LA POLITICA DEL SILENCIO

El tema de la nómina de represores habia sido motivo de una dura polemica interna en el seno de la CONADEP. Inclusive se llegó a votar para decidir si se incluían los nombres de los acusados en los miles de testimonios recogidos.

En dicha votación se impuso el criterio de dar a conocer la polemica lista. Sin embargo, por presiones gubernamentales, que tuvieron como principal gestor al actual subsecretario de Derechos Humanos, Eduardo Rabossi, triunfó -como era de esperar- el criterio del silencio. Esta resolución es absolutamente coherente con la estrategia del gobierno radical en el tema de los derechos humanos.

Más allá del boicot oficial la CONADEP logró, sin embargo, algunos avances en lo que hace a las inspecciones de los campos de concetración y centros ilegales de detención. De todas maneras, no obtuvo respuestas de los Comandos de las tres Fuerzas Armadas, cuando se les requierieron copias de las “ordenes secretas” que establecieron las pautas y las “reglas” de la “guerra sucia”.

Un abogado de la CONADEP comentó, con desazón, la actitud indiferente del Ministerio de Defensa, que nada hizo para obtener de los altos mandos esa valiosa información, que permitiría investigar lo ocurrido. Cientos de pedidos de informes a los comandantes en Jefe fueron recibidos por el Ministro Raúl Borrás para su tramitacion, y jamas respondidos.

A una año de gobierno radical, y luego del largo periodo transcurridos desde la entrega del informe de la CONADEP surgen, entonces varios interrogantes: ¿qué papel cumplió la Comisión dirigida por Sabato? ¿para que sirvió la informacion obtenida y el trabajo realizado durante esos nueves meses?

La unica respuesta posible es que sirvió para impedir la formacion de una Comisión Bicameral; para no irritar demasiado a los militares genocidas y a sus sucesores; para demorar el juzgamiento y el castigo a los culpables; para generar desconfianza y el desaliento en los familiares de las victimas y para alentar, por contrapartida, a los eternos enemigos del pueblo.

Como cruel ironía, el dia de la entrega del informe, detrás del presidente Alfonsín, el edecán coronel Nestor Omar Greppi -acusado de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en la provincia de La Pampa- observó, desde lugar preferencial, el acto. Fue una muestra más de la impunidad de los represores. Fue una muestra más de la politica del gobierno, que no duda en rechazar los reclamos de las organizaciones de Derechos Humanos y que se esfuerza por amparar a los culpables de crimenes de lesa humanidad, sin advertir que estan al acecho para tratar de imponer nuevamente el terror.







Fuente: “CONADEP, los desaparecidos no se archivan” por Madres de Plaza de Mayo, Año I, N° 1, 6 de diciembre de 1984.

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