La forma en que se instrumentó la
primera parte del plan no me compete tratarla aquí. Basta señalar
que, como es sabido, culminó en un estrepitoso fracaso y la formula
Cámpora – Solano Lima no necesitó siquiera recurrir a la segunda
vuelta para consagrarse. La otra parte del proyecto, quedarse con el
uso exclusivo de la antigua sigla, se cumplió meticulosamente.
El Ministro del Interior elaboró, con
la ayuda de un equipo de colaboradores, en buena parte de extracción
conservadora, un Estatuto de Partidos Politicos. Haciendo caso omiso
a la existencia de una ley organica sancionada por el Congreso de la
Nacion cuya Cámara de Diputados él presidía. La finalidad no era
otra que prohibir al radicalismo intransigente el uso de su autentico
nombre. Vieja enfermedad, ésta de pedir a los gobiernos de facto que
sancionen leyes sustituyendo al Congreso, siempre que de esas leyes
puedan sacarse algunas ventajas. El estatuto sancionado por Lanusse,
pergeñado por Mor Roig y los suyos, contenia clausulas de una
arbitrariedad tal que sólo le faltaba decir que determinada sigla,
UCR, en el futuro, seria utilizada exclusivamente por un partido con
domicilio en la calle Alsina al 1700, es decir el radicalismo del
pueblo. En efecto, la continuidad histórica, las decisiones de las
convenciones, las elecciones en las que habian sacado menor cantidad
de votos no se computaban; sólo se tenia en cuenta aquellas en que
los guarismos electorales los habian favorecido.
En realidad, una vez mas la maniobra
era más vasta. Con el sistema de la doble vuelta se procuraba llevar
a la opcion peronismo-antiperonismo, sumando en ella los votos de la
UCRP a los de centro-derecha, comandando por Manrique. Esto ha sido
reconocido por Lanusse en su libro. El argumentaba que el peronismo
en la oposicion no habia llegado nunca al 50% del electorado. Para eso
era necesario que no hubiera otra boleta con el nombre radical. ¡Y
tampoco se dió! Campora llegó al 50%. El decreto-ley llevó fecha
del 30 de junio de 1971, llamada Ley 19102 y su articulo trampa fue
el 57. La Cámara Federal, con atribuciones sobre los nombres salió
el 5 de julio, con las firmas de Lanusse, Rey, Gnavi y Mor Roig. No
extrañó a nadie pues que los “punteros” radicales del pueblo
tantos “balbinistas” como “alfonsinistas” (el líder de
Renovacion y Cambio presidía por entonces el Comité de su partido
de la provincia de Buenos Aires), recorrieran la provincia
recolectando fichas mediantes el sonsonete de que solo habría una
UCR. Y acertaron. No es que fueran adivinos. Ocurrió que así estaba
resuelto entre las autoridades de la UCR del Pueblo, la dictadura de
Lanusse y su ministro radical.
Un juez apresurado, Insaurralde, el
mismo amigo del frigerismo que en 1963 habia reconocido como legitimo
al falso Comité Nacional reunido por Gomez Machado en La Plata, se
apresuró a otorgarles personería como UCR sin tener en cuenta que
dentro de los terminos establecidos por la “ley” -de algun modo
hay que llamarla- alguien podria reclamar el nombre de UCRI. Pero el
juez Insaurralde dijo a nuestro pedido: “¡No! Se confunde con UCR
que ya existe”. ¿Como era posible? Si todos los partidos habian
sido disueltos y se estaba dentro de los plazos legales para formar
nuevos partidos. Ocurrió un hecho igualmente significativo: Portero,
Lorences y otros amigos pensaron en solicitar el nombre Union Civica
Revolucionaria Intransigente, con lo cual conservaríamos la sigla.
Pero este infatigable enemigo declarado del Radicalismo Intransigente
otra vez declaró el no. ¡Cumplasé!, fue el úcase judicial. El
ridiculo argumento: no se podian usar los términos Unión y Cívica que
son denominacion generica. Si bien en ultima instancia y ya cuando el
proceso electoral estaba en marcha, la Corte Suprema dejó sin efecto
algun nuevo dislate de Insaurralde de tanto él como la Cámara
Federal Electoral no habían dejado arbitrariedad por cometer.
El ultimo episodio de la infamia lo
ejecutó el presidente de la Cámara Federal Electoral, César
Mariano Lagos, un ex diputado nacional radical del pueblo colocado
allí por Mor Roig, quien cinicamente comunicó a los apoderados del
partido: “Dejensé de insistir judicialmente y perder tiempo; si
quieren tener partido cambien el nombre y enseguida tendrán la
personería”. Así fue, optamos por el de Partido Intransigente y
desaparecieron como por encanto los inconvenientes judiciales. Nos
quedamos con la casa de Riobamba. Ellos tienen como una de sus sedes
la que pagó la CADE.
Así, cabalgando sobre un grotesco
andamiaje judicial, urdido entre arbitrariedades, fuimos despojados
de nuestro nombre legitimo. Por fortuna no hay fallos judiciales ni
trampas de trastienda que puedan modificar la esencia de las cosas.
Por eso, como desde el dia de la fundacion, como lo querian Alem e
Yrigoyen, somos radicales intransigentes. Somos yrigoyenistas porque
no transamos, no acordamos, ni pactamos. Por eso durante estos siete
años trágicos no se nos ha podido computar como contertulias de
Harguindeguy, de los asesores de Viola, o comensales en la mesa de
Galtieri, y no estamos comprendidos en las referencias de Reston y de
Bignone cuando afirman que conversan permanentemente con la
dirigencia politica. ¡Ojalá que los que nos privaron del nombre
puedan decir lo mismo y que ademas sea cierto!.
Fuente: “Los cismaticos de 1956 y el
robo del nombre de la UCRI” en “¿Que es el Partido
Intransigente?” de Oscar Alende, Editorial Sudamericana, 1983.
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