El 1 de mayo de 1958, el nuevo gobierno constitucional
presidido por Arturo Frondizi, anuncio el comienzo de una nueva política petrolera
con el fin de poner término al peligro que se cernía sobre nuestra economía. El
objetivo anunciado era librar "la
batalla del petróleo" en nombre de la soberanía nacional. Puntualizo,
a esté respecto, que esa lucha se libraría a través de YPF y con la cooperación
del capital privado, sin dar lugar a concesiones ni a renuncias del dominio del
Estado sobre los yacimientos.
El proyecto de ley remitido al Congreso con ese objeto fue sancionado con el voto favorable de la mayoría radical intransigente. La minoría no participo en la votación.
El proyecto de ley remitido al Congreso con ese objeto fue sancionado con el voto favorable de la mayoría radical intransigente. La minoría no participo en la votación.
Esta ley, que lleva el número 14.773, declaro los yacimientos
de hidrocarburos propiedad absoluta, inalienable e imprescriptible del Estado
nacional y dispuso que las actividades referidas al estudio, explotación, industrialización
y transporte de los hidrocarburos se realizara a través de YPF y Gas del
Estado. Los derechos preexistentes serian respetados. La ley, por otra parte, prohibió
el otorgamiento de nuevas concesiones pero no impidió que se celebraran otros
tipos de contratos mientras no contuvieran cláusulas lesivas a nuestra independencia
económica o que de otro modo pudieran gravitar en la autodeterminación de la Nación,
según expresaba.
Ya antes de la sanción de la ley 14.773 y en uso de las
facultades que le otorgaba el nuevo estatuto de YPF, reformado en días
anteriores a la asunción de las nuevas autoridades por el Gobierno Provisional,
el delegado presidencial designado como interventor de YPF, celebro una serie
de contratos con empresas nacionales y extranjeras, que en el fondo importaban
verdaderas concesiones por su extensión territorial y el conjunto de facultades
que otorgaban a los adjudicatarios. Estos contratos se presentaron bajo la
forma de locación de obra y servicio v su efecto fue favorable a la expansión
de la actividad petrolera, al punto de que en el curso de cuatro años la producción
se triplico y se logro el autoabastecimiento. Al asumir en 1963, el gobierno
constitucional siguiente, presidido por Arturo Illia, dicho contratos, en número
de 13, fue anulado por el gobierno y más tarde renegociados en 1966 por el
gobierno de la Revolución Argentina, que le sucedió.
Fuente: Curso de Derecho Minero Quinta Edicion de Edmundo F.
Catalano. Editorial Zavalia. 1999.
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