En mi carácter de Presidente del Comité Nacional de la Unión
Cívica Radical me dirijo al pueblo de la República para exponer la conducta
del Radicalismo en esta hora difícil para la Nación.
El señor Presidente de la República anunció su propósito de
pacificar el país, y solicitó la opinión de los partidos políticos. La Mesa
Directiva del Comité Nacional dió a conocer, inmediatamente, sus puntos de
vista, ratificando el contenido de su declaración del 29 de junio pasado, en el
que afirmó que no puede haber pacificación del país si previamente no se
restituyen al pueblo todas sus libertades.
La respuesta de la Unión Cívica Radical está dada, por otra
parte, por más de sesenta años de actuación política en defensa de los ideales
e intereses del pueblo argentino. Por lo tanto, para el Radicalismo las bases
de la pacificación no pueden ser otras que las finalidades por las cuales viene
combatiendo desde el instante de su avenimiento a la vida nacional.
Asimismo, debe recordarse que la Convención Nacional de la
Unión Cívica Radical, en su sesión del día 8 de diciembre de 1952, dictó una
resolución en la que afirmó, de modo categórico, la necesidad de la convivencia
entre los argentinos. En esta oportunidad se dispuso “Formular un solemne
llamamiento al sentimiento de responsabilidad nacional para que, con visión de
Patria, se restablezcan las condiciones de convivencia y de unión entre los
argentinos, que se basan en el retorno leal a la Constitución y en la vigencia
efectiva de las garantías que configuran el clima de dignidad humana”. En eso
estábamos entonces. En eso estamos hoy.
CUATRO ADVERTENCIAS
Antes de recordar cuales son esas finalidades y los
requisitos institucionales de la pacificación, deben formularse cuatro
advertencias.
Primera advertencia:
desde su advenimiento a la vida cívica argentina, el Radicalismo ha bregado
desde el llano y ha propugnado desde el gobierno el cumplimiento total y la
vigencia plena de la Constitución Nacional. Por ello entiende que la
pacificación debe venir hoy por el camino de una recta aplicación de la
Constitución y no acepta, bajo ningún pretexto, soluciones que de cualquier
manera, restrinjan o violenten el sistema representativo, republicano y
federal.
Segunda advertencia:
no entraré al examen de las causas determinantes del drama nacional. Al
Radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. No viene a
expresar agravios ni a exhibir culpabilidades sino a exponer las grandes ideas
en torno de las cuales será posible el reencuentro de los argentinos. Por lo
demás, nuestra lucha nunca estuvo dirigida contra personas o grupo de personas,
sino contra sistemas políticos y sociales del pasado y del presente que, si
subsistieran, negarían altura y nobleza al porvenir.
Tercera advertencia:
La pacificación no puede ni debe ser una nueva forma de sometimiento. Queremos
la paz pero no a costa de la libertad ni de la renuncia a nuestros ideales
democráticos. Desde ya afirmamos que, antes de sacrificar una sola de esas
reivindicaciones preferimos ser perseguidos por nuestra lealtad a la causa del
pueblo y no gozar de la tranquilidad cómplice que pudiera obtenerse,
traicionándolo.
Cuarta advertencia:
La Unión Cívica Radical señala y exige hechos concretos. La pacificación sólo
podrá resultar del cumplimiento de un conjunto de condiciones objetivas que
moralicen y democraticen al país. Moralización y democratización que ninguna
promesa verbal puede sustituir.
EL PUNTO INICIAL
Hechas estas salvedades, puedo ya referirme a las medidas
concretas indispensables para crear un clima de paz que permita la discusión
elevada y constructiva de los grandes problemas nacionales, de las doctrinas y
de los programas de gobierno.
Declaramos firmemente que no podrá haber pacificación
mientras no se adopten medidas urgentes que restablezcan la vigencia plena de
la Constitución. El primer paso en este sentido, inexcusable e inmediato, es el
levantamiento del estado de guerra interno, cuya derogación reclamamos desde
hace más de tres años.
Y será siempre fuente de perturbación la existencia de
argentinos separados violentamente de sus hogares por razones de militancia
política. Esto hace también necesaria la sanción inmediata de una amplia
amnistía que comprenda a cuantos sufren
persecución, cárcel o destierro, por haber defendido sus ideales.
LOS BIENES VULNERADOS
Estos actos, que son urgentes e inexcusables, deben preceder
a medidas concretas que configuren una reparación de los bienes sociales
fundamentales: la moral, la libertad, la justicia, la democracia, la cultura y
la soberanía política y económica. Lo contrario significaría agudizar el
padecimiento nacional, agravar las causas de rebeldía, y exponer al país a los
riesgos de nuevos estallidos de violencia.
En virtud de ello, afirmamos:
La pacificación obliga a moralizar: el peculado y el soborno
pueden servir para afianzar un poder político en forma inmediata, pero minan
las bases de sustentación de la nacionalidad. Es, pues, indispensable y urgente
restaurar los fundamentos éticos de nuestra convivencia y despejar la atmósfera
de corrupción que envuelve a la vida del país. La Nación exige, con urgencia,
austeridad republicana en sus hombres y en el funcionamiento de sus
instituciones.
La pacificación obliga a liberar: solamente en la plena
vigencia de las garantías jurídicas y de las condiciones sociales que permitan
ejercerla – temor a la represión -, a todos los hombres y mujeres, los derechos
de pensar, de profesar su culto, de reunirse, de asociarse, de publica y
difundir ideas, y de todos aquellos derechos que la letra de la Constitución
asegura y la dignidad humana exige, podrá restablecerse una convivencia civilizada. Para ello, deben
ser derogadas todas las disposiciones legales y policiales creadas para limitar
o suprimir las libertades esenciales: decreto de seguridad del Estado; ley de
espionaje y sabotaje; ley de residencia; ley reglamentaria de reuniones
públicas y demás disposiciones concordantes.
Debe abolirse la afiliación partidaria compulsiva y suprimirse las contribuciones
forzosas de salarios o aportes especiales que deben realizar obreros,
empleados, profesionales y comerciantes con destino a organizaciones del
partido oficialista. Para afirmar el concepto democrático de la libre
agremiación, deben levantarse las intervenciones que pesan sobre los sindicatos
y devolver su plena autonomía a las organizaciones de trabajadores.
Para que nadie tema el futuro, nosotros aseguramos que nadie
será castigado por el hecho de haber estado obligatoriamente afiliado a una organización
política oficialista. Y ello es así porque lo que el Radicalismo quiere es
reparar y no castigar.
La pacificación obliga a restaurar la justicia: cuando al
justicia se convierte en instrumento de partido y en medio de persecución,
pierde sus funciones eminentes de guardiana de la ley y de la igualdad.
Destruida la independencia de poderes no hay garantías para el ciudadano y
queda abierto el camino del prevaricato y de la corrupción.
El país necesita jueces sin afiliación política, que resguarden
los derechos de todos los habitantes.
La pacificación obliga a democratizar la vida política: debe
terminar la identificación entre el Estado y el partido oficialista de modo que
los poderes públicos y los funcionarios se mantengan como jueces en los procesos
políticos electorales y no como actores que favorecen a uno de los grupos
actuantes. Deben restablecerse las bases federales y comunales de nuestra
organización política, células básicas de la democracia argentina. Las
disposiciones sancionadas para trabar la acción y hasta la existencia de las
agrupaciones opositoras deben ser abolidas. La ley electoral vigente, que burla
los pronunciamientos electorales y priva de representación a grandes
contingentes populares y contribuye a posibilitar la mediatización de las
Cámaras Legislativas, debe ser derogada.
En cambio, debe crearse normas que aseguren la igualdad de todos los
partidos y les permitan vida plena y autónoma, y sistemas electorales basados
en la experiencia política argentina que, necesariamente, debe conducirnos a la
restauración de la Ley Saenz Peña. Esto debe completarse con nuevos padrones
realizados con el control de los partidos políticos. Debe permitirse que todos
los partidos hagan llegar su palabra y su prensa a todos los ámbitos para
difundir su denuncia, su mensaje o su aplauso. Mientras esto no se haga, toda
consulta electoral estará sospechada de fraude. Y, producido el pronunciamiento
popular en condiciones democráticas, debe respetarse su resultado cualquiera
fuere – por Gobierno y partidos – sin allanamientos de autonomías como ha
ocurrido con las comunas bonaerenses y cordobesas intervenidas.
La pacificación obliga a defender la cultura argentina: Los
establecimientos de enseñanza, escuelas, colegios y universidades, utilizadas
ahora para difusión de propaganda política, deben tener, en cambio, como
función primordial, contribuir a la formación de la personalidad humana y ser
objeto de una profunda transformación educacional con sentido pedagógico,
popular y nacional, sin olvidar, desde luego, la plena autonomía universitaria.
Así lo quiso la Reforma Universitaria de 1918, que el Radicalismo auspició
desde el Gobierno y que la Unión Cívica Radical se ha comprometido a reponer.
Debe cesar la persecución a estudiantes, maestros, profesores, científicos,
técnicos, artistas e intelectuales y contra las agrupaciones culturales
independientes, que condenó a los primeros al silencio, al confinamiento o a la
expatriación, y clausuró o deshizo a las segundas. En el mundo contemporáneo, el
desarrollo de las naciones y de los pueblos está íntimamente ligado al
mantenimiento de altos nivele científicos, técnicos, filosóficos y artísticos.
Para que la investigación científica y técnica, y la creación filosófica y
artística se desarrollen en nuestro país hace falta libertad y la eliminación
de toda discriminación política. Y, solamente en la plena vigencia de la
libertad de creación y de investigación, el espíritu nacional encontrará la
senda de su recuperación y de su engrandecimiento.
La pacificación obliga a defender la soberanía económica: la
Unión Cívica Radical exige el rechazo del proyectado convenio con una empresa
petrolera foránea, porque ese convenio enajena una llave de nuestra política
energética, acepta un régimen de bases estratégicas extranjeras, y cruza la
parte sur del territorio patrio con una ancha franja colonial, cuya sola
presencia – si el convenio se sancionara – sería como la marca física del
vasallaje. Sostenemos que Yacimientos Petrolíferos Fiscales está en condiciones
de satisfacer las exigencias del consumo si se le facilitan los equipos que
necesita y que el país puede pagar. Esta política del petróleo, complementada
con el aprovechamiento integral del potencial hidroeléctrico, nos permitirá
alcanzar la autonomía energética y la preservación de los yacimientos de uranio
argentino, hoy amenazados, y abrirá insospechadas perspectivas a nuestro futuro
industrial.
LAS TRANSFORMACIONES DE FONDO
Todas estas condiciones, una vez satisfechas, creará el
clima de libertad que el país necesita para alcanzar la paz interior. Alcanzada
la paz, no terminan las obligaciones de los partidos políticos, pues, cada uno
debe expresar, con lealtad, las transformaciones de fondo que se propone
realizar. La democracia no quedará definitivamente asegurada hasta que no se
eliminen las raíces sociales, culturales y económicas que han hecho posible
tanto dolor argentino.
La Unión Cívica Radical no quiere que perdure el sistema que
ha llevado al país a esta difícil encrucijada, ni acepta volver al régimen del
3 de junio de 1943, contra el cual combatió durante 13 años. La disconformidad
del Radicalismo con el presente no significa conformidad con el pasado que hizo
posible este presente. Para que la Argentina puede desarrollarse conforme los
dictados de su historia y de su realidad física y humana, la Unión Cívica
radical sostiene que deben cumplirse transformaciones profundas, contenidas en
sus formulaciones programáticas, referentes
a la política cultural, económica, social e internacional del país.
ASPECTOS ECONÓMICOS
A lo largo de nuestra historia, los privilegios económicos
representados por el latifundio, el monopolio y la penetración imperialista han
actuado como factores paralizantes. Junto a ellos ha ido desarrollándose una
burocratización excesiva que gravita sobre las actividades privadas, cuya libre
iniciativa es comprimida en toda suerte de restricciones y de complicadas
discriminaciones adminsitrativas. El desarrollo nacional exige bases económcias
renovadas que alcanzarán, en buena parte, la extirpación de privilegios, de
monopolios, y por la sanción de una profunda reforma agraria.
Asimismo es indispensable promover una industria
diversificada que abarque todos los aspectos del consumo nacional, desde la
industrial liviana hasta la industria pesada. Esta industrialización debe
sustentarse en un indispensable
desarrollo de la economía agropecuaria. La estructuración económica debe
basarse en las formas democráticas de control popular, que excluyan los
peligros de la burocratización, aseguren la eficiencia de las actividades
económicas realizadas y resguarden todas las fuerzas positivas de la economía
nacional dentro del ámbito de su capacidad creadora.
ASPECTOS SOCIALES
La revolución
argentina, iniciada en 1810, no ha concluido aunque ha sufrido detenciones y
desvirtuaciones. Su proceso coincide con el de una revolución y
transformaciones mundiales, en pleno desarrollo, en el que juegan parte
primordial, los aspectos sociales. La afirmación que ha hecho el señor
Presidente de la República, de que los partidos populares respetarán y
perfeccionarán las conquistas sociales, es, en lo que interesa al Radicalismo,
completamente exacta. No es posible retroceder un paso en ese terreno, antes
bien por el contrario, muchos pasos deberán ser dados hacia adelante.
Volver a un régimen de libertad no supone retornar a viejos
criterios conservadores. La libertad no es una mera expresión formal. Para ser
plena y efectiva debe penetrar hasta el fondo de las relaciones sociales y
eliminar ellas las causas de la inseguridad, de la expoliación, del atraso
económico y del desamparo moral. Cuando
la Unión Cívica Radical habla del perfeccionamiento de las conquistas que los
obreros lograran en los años de lucha quiere decir tres cosas:
Primero: que abarcarán a todos los sectores de la población
y brindarán cada vez mayor participación en la vida nacional a más personas.
Segundo: que comprenderán más aspectos de la vida social e
individual de modo que quienes trabajen estén realmente protegidos en todas las
etapas de su existencia.
Tercero: que tendrán base nueva, porque dependerán no de la
voluntad de un hombre o de un partido, sino de la ley y de la existencia de
poderosas organizaciones sindicales fundadas en la libertad de agremiación,
investidas del derecho de huelga, y liberadas de dirigentes al servicio de un
partido. Los gobernantes, los políticos o los partidos que por medios directos
o indirectos procuren limitar el poder de las organizaciones obreras y el
mejoramiento de los trabajadores, están destinados a fracasar ruidosamente. Los
movimiento sindicales en el país y en el mundo entero son uno de los motores
más poderosos que mueven el proceso histórico contemporáneo, tanto en el campo
social, como en el económico y en el político.
ASPECTOS INTERNACIONALES
Con referencia a la política internacional, el país no puede
marchar por el camino sigzagueante que la ponga, alternadamente, a merced de
uno a otro imperialismo. Asimismo, no se debe especular con la posibilidad de
una guerra mundial que venga a postergar la solución de los grandes problemas
nacionales. La Nación Argentina debe tener una política internacional
independiente, específica y afirmativamente propia, basada en la comprensión de
que la soberanía política del país, la soberanía económica y la soberanía del pueblo
son conceptos indisociables. Es necesario realizar estas tres formas de
soberanía y afianzar sobre ellas una política internacional que fortalezca la
hermandad solidaria con los pueblos de nuestra América, y que permita actuar a
la Argentina como lo quiso Yrigoyen, al servicio de la democracia y de la
confraternidad de los pueblos del mundo y de los valores que resumen la causa
del género humano.
HACIA LA EMANCIPACIÓN DEMOCRÁTICA
En esta tarea de realización democrática y emancipadora,
única que hará perdurable la paz interior, es imprescindible que junto a los
partidos políticos actúen los grandes sectores sociales integrantes de la
Nación: las fuerzas del trabajo, las fuerzas de la producción, las expresiones
del espíritu y de la fe, los intelectuales y las fuerzas armadas.
Por el papel que en las actuales circunstancias históricas
desempeñan, me referiré a las fuerzas armadas y a los organismos sindicales.
Las fuerzas armadas, creadas, sostenidas e integradas por el pueblo argentino
para la defensa de la soberanía y de la Constitución Nacional, no deben
intervenir en política, pero tampoco deben amparar a los regímenes que suprimen
las libertades o atentan contra la soberanía del país. Aunque deban progresar
materialmente, utilizando todos los adelantos de carácter técnico, nunca deben
perder la gran tradición de los ejércitos de la Independencia, que sirvieron a
la causa de la libertad de los pueblos y no la causa de su sometimiento. Fueron
esos mismos ejércitos de la Independencia los que sirvieron, en los hechos, a
la democracia de América, de nuestra América, como principio nacional. En el
cumplimiento de la gran misión democrática de las fuerzas armadas hallarán el
sentido de su participación en la vida nacional y así, al garantizar la
integridad del territorio y la integibilidad de sus instituciones de justicia y
libertad, fortalecerán las raíces de nuestra independencia, de nuestro modo de
vida democrático y de nuestra prosperidad.
Las organizaciones sindicales, libremente constituidas y
libremente desarrolladas, integradas por hombres y mujeres que participen
libremente en la vida política del país, servirán de fermento del renacimiento
democrático y de la transformación social. Como representación legítima de las
fuerzas del trabajo, las organizaciones sindicales contribuirán contribuirán al
desarrollo nacional con su participación activa en la dirección de la vida
económica; en la defensa del patrimonio nacional y en la vigorización de las
instituciones democráticas. Los trabajadores estarán, así, unidos con los
hombres de ciencia, con los técnicos, con los artistas, con los productores,
con los soldados, marinos, aviadores; con todos los argentinos que quieren el
bien de la patria.
En este proceso transformador y creador, afirmado en un
programa de gobierno coherente y consecuente, y respaldado por un pueblo alerta
en su vigilia armada y en su esfuerzo cotidiano, todos los argentinos, sin
distingos de credos religiosos, ideologías políticas u opiniones personales,
podrán aportar su solución a los problemas del país, con tolerancia, con
respecto, con dignidad.
REPUDIO A LOS ACUERDOS
Ésta es la respuesta que la Unión Cívica Radical da al
Gobierno, pero para que la conozca todo el pueblo de la República: la da en la
forma impuesta por la tradición y la naturaleza de su fuerza cívica.
Como algunos sectores políticos consideran útil alcanzar una
convivencia sobre la base de acuerdos de dirigentes, conviene decir una palabra
sobre este aspecto del problema. De la encrucijada en que se encuentra el país
no podrá salirse mediante acuerdos de dirigentes, pactados a espaldas del
pueblo. La conciliación entre dirigentes siempre conduce a un acuerdo en
detrimento del pueblo, sobre el que se pretende descargar el peso de los
errores y de la crisis.
La oposición del Radicalismo a discutir la actual situación
argentina en sus reuniones de dirigentes políticos se funda en un profundo
sentido democrático y en una arraigada confianza en la intuición y sagacidad
del pueblo. Sería realmente reconfortante que el país pudiera asistir a un
debate público de ideas y de propósitos entre gobernantes y partidos. Si
realmente se quiere la libertad es incomprensible que se pueda temer esa libre
discusión. Los radicales no la tememos por nuestra profunda fe en la fuerza
creadora de los ideales que sustentamos. Tampoco queremos ni aceptamos
participaciones en gobiernos. En su hora, el pueblo decidirá quienes dirigirán
los destinos del país. El viejo molde de la conciliación otrora practicada por
núcleos regresivos de la Argentina, que supone la participación en el poder y
recíproco encubrimiento, está proscripto para la Unión Cívica Radical.
Para impedirlo, el Radicalismo reclama la discusión pública
y somete su pensamiento y conducta al juicio popular.
Queda dicho el pensamiento de la Unión Cívica Radical y su
posición: que el Gobierno y cada uno de los sectores de la opinión pública
hagan lo propio. En el libre debate de las ideas y de los programas está la solución
del problema que angustia a la vida nacional. La pacificación sólo será posible
si se cumplen las finalidades que ha expuesto la Unión Cívica Radical. Nadie
podrá encontrarse con el Radicalismo si no es en defensa de la democracia, de
los grandes ideales sociales, y de los intereses permanentes e intransferibles
de la nacionalidad.
La definición está dada para el país, desde el Radicalismo:
con profunda fidelidad a sus contenidos emocionales y a su trayectoria
histórica, pero con el corazón y con la mente puestos en la Patria y en el
pueblo. Aún cuando el Radicalismo no dispone del poder material, es dueño de
una inmensa fuerza moral. No ha de malversarla. Por eso su conducta se inspira
en la angustiada esperanza del país, del pueblo y del hombre argentino que
ansía vivir, en plenitud, sus derechos democráticos, emancipado del odio y del
temor, y liberada del peso de todo privilegio cultural, económico y social.
Sepa el Gobierno cumplir el deber argentino que le demanda
la hora actual. La Unión Cívica Radical sabe cumplir el suyo.
El Presidente del Comite Nacional de la UCR, Dr. Arturo Frondizi pronunciando el famoso discurso radiofónico "La Unión Cívica Radical y el futuro argentino"; acompañado por el Dr. Ricardo Balbín, los diputados nacionales Oscar Alende y Alfredo Ferrer, el dirigente tucumano Dr. Celestino Gelsi, el presidente de la comisión de propaganda Dr. Alberto M. Candioti, y los dirigentes bonaerenses Prof. Federico Fernandez de Monjardin, Dr. Hector V. Noblía, Dr. Francisco Hipólito Uzal, Donato del Carril y Oscar Lopez Serrot, 27 de julio de 1955. |
Fuente: "La Unión Cívica Radical y el futuro argentino" discurso transmitido por el Presidente del Comité Nacional
doctor Arturo Frondizi, por L.R. 3 Radio Belgrano, el 27 de julio de 1955. Publicado en Arturo Frondizi: Su Proyecto de Integracion y Desarrollo
Nacional, a traves de sus principales discursos y declaraciones (1954 - 1995)
de Emilia Menotti, Editorial Claridad, 2008.
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