Páginas

sábado, 1 de febrero de 2014

Carlos Perette: "Debate Conflictos laborales colectivos" (18 de diciembre de 1958)

Sr. Presidente (López). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Perette. — Señor presidente: recojo las últimas expresiones del señor diputado por Córdoba, quien formula el augurio de que con el esfuerzo común se puede lograr el bienestar, el progreso, la estabilidad y el mejoramiento que necesita el país. Comparto ese anhelo en la misma forma que el radicalismo del Pueblo y la población en general.

Todos los sectores de la Nación aspiran a que la Republica pueda lograr su reconstrucción integral en un ambiente de paz social, de progreso efectivo y con imperio pleno del derecho, de la justicia y de la igualdad humana.

Consideramos indispensable la obtención de la paz social en el país. Este necesita la normalización gremial y la vigencia de un orden jurídico civilizado a tono con un verdadero estado de derecho. 

Concitamos a ese esfuerzo nacional que debe hacerse con contenido de una responsabilidad que se dirija desde la «cúspide hacia la base»; donde nadie pueda tener el derecho de sentirse desvinculado e indiferente al problema de vivir y del destino nacional. Ese esfuerzo nacional debe hacerse y lo reclamamos. Pero al aceptarlo decimos que no puede realizarse al precio de abolición de las libertades, de la negación del orden jurídico democrático o del triunfo de un sistema de opresión o de mutilación de derechos constitucionales o de derecho esenciales, como el de huelga, de libertad de la radio, de libertad de reunión y todos los derechos humanos que hacen a la esencia de la seguridad interior y del bienestar futuro y que están quebrantados en la vida nacional.

Es indispensable crear ese clima social de confianza y de seguridad, en el cual tiene mucha responsabilidad el Poder Ejecutivo, porque lo ha quebrantado, creando una verdadera división obrera y un verdadero fomento del caos argentino a través de numerosos actos, que tienen su principal iniciación en una ley de asociaciones profesionales, convertida en la manzana de discordia del gremialismo argentino. Y que culmina con una serie de transgresiones en el campo obrero y de suplantación del orden institucional del país. Ese clima social de confianza y de seguridad esta reclamado y aconsejado a través de numerosos estudios y de un interesante trabajo de la OIT, «que recomienda que para llevar a cabo la mejor productividad es indispensable la elaboración por anticipado, por parte de la dirección de la empresa, de un plan de transformaciones tecnológicas, que debe tener en cuenta los problemas de carácter humano que estas plantean, consultas previas a los trabajadores y sus representantes, sobre todas las cuestiones pertinentes, antes de determinar la elaboración de dicho plan, la elección cuidadosa del momento oportuno para implantar una innovación, previsión de garantías apropiadas para evitar y reducir al mínimo los casos de trabajadores que pierden su empleo y las injusticias que puedan originar los cambios tecnológicos, y para asegurar que las innovaciones que se efectúen beneficien también a los trabajadores». Así lo señala el informe de la Organización Internacional del Trabajo, en la página 68, del año 1957 y que mereció la cita especial del radicalismo del pueblo.

Es decir, que el aumento de la productividad, una de las condiciones esenciales de esta hora y que también se vincula al ejercicio del derecho de huelga, necesita tener la seguridad de un clima social, en el que el obrero se sienta respetado y garantizado en su libertad física, en su derecho de defenderse, en el ejercicio de la organización gremial, en la defensa de sus conquistas obreras y en la organización de su autodefensa legitima frente a la avaricia patronal o a los excesos del poder opresor.

Consideramos que es indispensable crear este clima social, y estimamos que nada resolverá esta ley, inconstitucional por distintos aspectos según mi concepto, si no se logra desmantelar este régimen urgente que es la anti constitución en el país y que coloca al derecho obrero en un sistema de abolición total, con el imperio de un régimen de estado de sitio, ley de movilización y ley marcial, que anula los derechos obreros; y el derecho de huelga, haciendo ilusoria cualquier conquista.

Consideramos que es necesario el esfuerzo co aun; para eso es necesario crear las condiciones jurídicas, económicas, sociales e institucionales para que el hombre argentino se sienta participe de la causa y del hacer nacional, y no como un extraño y un ausente de la tarea común.

El estado de derecho no puede abolir directa ni indirectamente el derecho de huelga, que es devorado por el régimen de movilización militar. Creo, como han dicho los señores diputados Ferraris y Tecco, que el país necesita trabajar y producir. Adhiero al planteo, y creo que si el país pudiera lograr, en un plazo de dos a cuatro años, con justicia social y libertad, que no se hagan necesarios los actos de huelga, el país dará un paso decisivo en su bienestar, en su tranquilidad interior y en su normalización general.

Cumple a mi lealtad de adversario sostener que el país llegara a una buena senda si logra ese objetivo; pero para ello hay que crear las condiciones necesarias, no hay que encontrar en las huelgas las causas del mal argentino, como no es posible encontrar las causas de la crisis económica de la nación exclusivamente en el problema del petróleo. No es en el mayor o menor numero de huelgas donde reside la causa del malestar; no tenemos que ir a los efectos sino a las causas. Tenemos que analizar esta inquietud obrera argentina, que es fundamental. Hay que ir a las causas que provocan el descontento social, a las causas que provocan el privilegio antisocial, a las causas que motivan a la perturbación, la inseguridad, como la que vive el país en este instante, y de la que debemos liberarnos desmantelando este sistema anti constitucional que rige en el país.

Nosotros entendemos que ese anhelo tiene que ser compartido por todos. La huelga es un acto de legítima defensa, como ha sido definida. Es el último remedio que se usa para el logro de una conquista legítima. Nadie viene a hacer la apología de la holganza; nadie va a decir al pueblo que no trabaje o que no produzca. Pero tampoco nadie puede pretender que por vía de una ley de esta índole se anule el derecho de huelga o se considere a esta como una mala palabra, y que predomine el slogan de que defender el derecho de huelga significa conspirar contra el país.

Como ha dicho muy bien el señor diputado Bernasconi, en los últimos tiempos, así como se dice que YPF no tiene capacidad de auto- abastecimiento, se ha hecho la «apología de la antihuelga»; la movilización decretada ha sido el ablandamiento y el acto preparatorio para la sanción de esta ley, la gestación, erigiendo a la huelga en mala palabra y condenando a huelguistas legítimos como simples delincuentes comunes.

Nosotros no queremos que exista precedente de las huelgas, y podríamos decir, con las palabras del doctor Luis M. Jaureguiberri —ese constituyente de 1957—, que es un derecho ejercitado como proceso gremial, que ojala sean en «el menor numero posible», pero que no se pueden aniquilar, obstruir ni negar, porque seria negar la existencia de una lucha inmemorial de los pueblos y de los asalariados del mundo.

Huelga y sindicalismo son conceptos que so complementan y se unen en la defensa de una mejor vida, de un derecho mas justo, cada vez mas en avance social y en progreso humano.

Nosotros queremos, señor presidente, esa responsabilidad de la «cúspide a la base». Y tiene que empezar por el Estado, por el gobierno, que no tiene derecho a convertirse en «el principal agiotista», que no tiene derecho a dividir la familia obrera y ni a encarcelar a los trabajadores argentinos ilimitadamente, sometidos a la ley del discrecionalismo.

No se lograra el éxito deseado si se mantiene una ley de asociaciones como la que rige actualmente, si en el Ministerio de Trabajo y Previsión se continúa fomentando la división o intentando dominar los gremios o tratando de anularlos, o nombrando verdaderos interventores que interfieren en la vida de los sindicatos. No se lograra con un régimen de coacción, ya que no se domesticar a los trabajadores libres y democráticos de la Nación.

No bastara que por la fuerza se decrete: no existe el derecho de huelga, no existe libertad de prensa, no existe libertad de radio, para que pueda matarse el espíritu de libertad, que es inherente a la vida digna de la criatura humana.

Es necesario, en consecuencia, crear un clima social de fe y de confianza, de seguridad jurídica, lograr la normalización gremial y restituir las libertades publicas, como el derecho de reunión, el derecho de huelga, las libertades en general y de prensa, que son esenciales y están fundamentalmente anuladas.

El radicalismo del pueblo tiene una clara postura en esta materia. Los derechos obreros constituyen los pilares de una sociedad progresista y ansiosa de justicia. No olvidemos que el hombre no es solo un ente electoral. Demos los beneficios reales de la democracia en todo el año, en los 365 días; demos la autentica democracia que tiende al nivelamiento de las clases sociales a que se refiere Esteban Echeverria.

Pero no olvidemos que los derechos obreros deben ser defendidos en permanente ansiedad de progreso y que están unidos íntimamente a los derechos humanos. De nada vale que un gremio consiga mejores salarios, si no puede dirigir libremente su sindicato, si no puede dirigir un movimiento huelguista en defensa de sus reivindicaciones; si no puede usar la radio ni ocupar la tribuna ni publicar sus manifiestos y sus reclamos, como ocurre en la hora actual.

La Declaración de Derechos de 1948 ha unido precisamente los derechos obreros con los derechos humanos. Es hora de que no se invoque esa declaración como una expresión doctrinaria o literaria y que se le de realidad en el país donde esos derechos están hoy negados por la implantación de la ley marcial y un sistema de regresión social y jurídica.

Sostenemos que los derechos obreros están indisolublemente unidos con los derechos humanos y que hoy están negados en la Republica.

La huelga es un medio de repeler la injusticia patronal.

En la Convención Constituyente de Santa Fe se dejo perfectamente establecido que la huelga es un derecho gremial. Se tomo el concepto de la Constitución del Uruguay. Un eminente argentino, el doctor Luis Maria Jaureguiberry, dijo en aquella oportunidad que la huelga es no un derecho individual del trabajador, sino un «derecho colectivo», que damos a quien representa esos intereses colectivos. La huelga no es un simple derecho de no trabajar, la facultad de holgar, sino que es un medio de acción gremial directa, como lo ha reconocido la doctrina y la propia legislación. Y agregaba, citando a Carnelutti: «Las huelgas, como la guerra, cuanto menos se produzcan, mejor.» 

No obstante ello, no podemos cercenar la huelga en su finalidad, no la limitamos en sus efectos. La consideramos un derecho. Quizás prevaleció en la Convención Constituyente de Santa Fe aquella sentencia recordada que enseña que «los males de la democracia se curan con más democracia.

Se tuvo en cuenta en esa Convención el ilustrado estudio del doctor Mariano Tissembaunn, que se refiere a toda la materia de las controversias del trabajo, huelgas, lock out, y una serie de antecedentes fundamentales que demuestran como se ha trabajado en la legislación comparada y en la doctrina para dar a la huelga su verdadera concepción de defensa y de proceso gremial. Cita este autor un antecedente interesante que conviene repetir para propios y extraños. Al referirse al derecho de huelga y al proceder y a la actitud de Yrigoyen, dice lo siguiente: 

«El pensamiento de Yrigoyen con respecto a la huelga y a la función del gobierno frente al conflicto del trabajo, fue expuesto en una audiencia que concediera a los representantes de la Bolsa de Comercio con motivo da la intensa repercusión que venia produciendo la huelga ferroviaria del año 1917. En esa oportunidad, Yrigoyen dijo a los representantes de la citada entidad que le requirieron la utilización de las fuerzas armadas para reprimir la huelga: «Los privilegios han concluido en el país.»

Agregaba el presidente Yrigoyen: 

«De hoy en mas, las fuerzas armadas de la Nación no se moverán sino en defensa de su honor y de su integridad, ya que el gobierno no iba a destruir por la fuerza esa huelga que significaba la reclamación de dolores inescuchados.»

Es decir, que en aquella oportunidad el presidente Yrigoyen declaro la abolición de los privilegios de la explotación del hombre y señalo, además, que un gobierno radical no usara las fuerzas armadas para reprimir un movimiento obrero, para negar un reclamo de justicia social. Es una lección olvidada por el actual gobierno.

Entendemos que el derecho laboral, como bien lo ha señalado en su magnifico discurso el señor diputado Kronhaus, ocupa una órbita que escapa, invade y supera los cánones del derecho común, como existen para el derecho laboral los sujetos individuales y colectivos del mismo, como existen las controversias del derecho laboral que reclaman soluciones que no encuadran en las normas del derecho común. Es decir, que la formación del nuevo derecho laboral provoca esta nueva legislación que va de la substancia del derecho, al mecanismo y los procedimientos que lo hacen efectivo.

El derecho de huelga, en un régimen constitucional autentico, no puede ser quebrantado por una reglamentación Es un derecho que figura expresamente en el Acta de Chapultepec, que lo consagra, acta a la que adhirió el país; derecho que la Constitución vigente en su articulo 14 nuevo consagra de una manera expresa, en una gran conquista con la que el radicalismo del pueblo cumplió con la Nación al instituir todo un programa social que exige la legislación integral y el código total del programa laboral a cumplir.

El derecho de huelga, que se vincula a la libertad de trabajo y al derecho de asociación, debe ser defendido, eliminando en toda forma la injerencia estatal, tal como se elimina por el proyecto de nuestro sector, evitando así la dominación omnipotente del Estado.

Este proceso de anulación por ley del derecho de huelga, se une a la sanción de la ley de asociaciones profesionales y constituye un hecho que se vincula con las grandes empresas que han tenido interés en una legislación que coloque al país en la «inmovilidad» de los derechos obreros y en la dominación estatal de los gremios.

Al defender el derecho de huelga, de ningún modo hacemos la apología de la subversión o de la sedición, como pareciera sostenerse en los últimos tiempos, negando el principio fundamental del derecho laboral y de la democracia sindical.

Sr. Tecco. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?
Sr. Perette. — Si, señor diputado.
Sr. Tecco. — ¿Las palabras del señor diputado implican afirmar que el despacho de la mayoría de la comisión cercena el derecho de huelga, que niega el derecho de huelga?
Sr. Perette. — Es así.
Sr. Tecco. — El señor diputado cito precisamente la posición que al respecto tuvo un gran estadista argentino, a quien la bancada de la minoría y esta de la mayoría guardan la debida reverencia.

Hipólito Yrigoyen, en su proyecto de ley, propugnaba una intervención estatal. Disponía su proyecto que actuara como componedor amigable una junta de conciliación integrada por el presidente del Departamento Nacional del Trabajo. Mas aun: Yrigoyen —adecuándose al estado de cosas de aquel entonces— estableció, como bien lo sabe el señor diputado, el arbitraje obligatorio —en el articulo 9—, por el cual, sin requisición de parte, la junta, fracasada la conciliación, remite al juez de turno los antecedentes del conflicto para su resolución. Nosotros nos decidimos por el arbitraje voluntario.
En conclusión, esto significa que el espíritu favorable al reconocimiento del legítimo derecho de huelga, que dominaba en la conciencia de Hipólito Yrigoyen y que no obstaba a su reglamentación, se mantiene en una legislación como la nuestra, que de ninguna manera cercena tal derecho.
Nada mas y muchas gracias.

Sr. Perette. — Cuando me refiero a que el derecho de huelga queda vulnerado por esta legislación reglamentaria, no solo considero la intervención estatal, sino también la permanente incertidumbre que implicara para el movimiento obrero iniciar una huelga con este sistema, donde el Estado tendrá preeminencia, pero a su vez en una dilación constante y en una serie de instancias que implican prácticamente la nulidad del derecho de huelga.

Debemos señalar lo siguiente para apreciar este episodio. Yrigoyen reclamaba en su mensaje al Congreso que el capital y el trabajo no fueran fuerzas adversas. Nosotros no sostenemos el enfrentamiento de esas dos fuerzas. Reclamaba que se colocaran en efectivo «pie de equivalencia», es decir, en la efectiva igualdad, porque nadie puede ignorar, lo decía bien el diputado Bernasconi, que hay esa desigualdad de poder y de resistencia entre el sector obrero y el sector del capital.

Ese «pie de equivalencia® se quebranta si se somete a un sector al riesgo del no cobro de los haberes. 
Es decir, ese pie de equivalencia queda restringido y anulado con toda esa tramitación y esa regulación estatal.

Sobre todo no puede darse una reglamentación de esta índole a un poder como este, no solamente porque se dan normas inconstitucionales al avasallar el poder de policía de las provincias, al aumentar el centralismo y crear un nuevo tipo de unicato, sino por la experiencia realizada actualmente, que ha demostrado que todo el sistema aplicado por este Poder Ejecutivo es negativo del derecho obrero democrático.

Nosotros entendemos que la experiencia actual —episodio que ni siquiera podía prever aquel eminente ciudadano que fue Yrigoyen— impone al legislador el deber de custodiar y cubrir no solamente los aspectos doctrinarios sino la realidad viva que hace al deber de un legislador, frente a esa grave y funesta pretensión del Estado de dominar a los gremios.

Por eso participo plenamente de la necesidad de cuidar esta legislación, y discrepo respetuosamente con este gran diputado que es el doctor Perkins, en cuanto al planteo imperativo del arbitraje obligatorio, porque creo que la Junta de Conciliación que hemos previsto en nuestro proyecto hace a la tarea de aproximar a las partes y de lograr una solución, es decir, crea el cauce para la posibilidad de soluciones. Pero no le damos injerencia al Estado, porque la experiencia vivida en años anteriores y en, la realidad actual no nos puede permitir una dominación del poder como la que se posibilita con esta legislación y como lo viene haciendo este gobierno.

Sr. Schweizer. — Deseo preguntarle si eso es en principio o porque somos nosotros el gobierno.
Sr. Perette. — Lo he dicho por los dos conceptos, y por la realidad y la experiencia vivida, de otorgar todo a la plenipotencia del poder central en el campo gremial.

No se va a resolver nada en el país con «chaleco de fuerza», no se va a resolver nada en el país, como decía un eminente legislador, queriendo «parar el viento con alambres de púa». Esto hay que conseguirlo con un gran clima social de fe en el pueblo y en el gobierno y de seguridad jurídica.

Esta Cámara tiene que comprender que hoy va a consagrar una ley que es la culminación de ese otro proceso de la regresiva ley de asociaciones profesionales, y que es a su vez la negación de elementales principios que hacen al federalismo argentino, que hacen a la esencia del equilibrio entre la Nación y las provincias. Ha dicho muy bien el diputado Becerra que el poder de policía es de la esencia de las facultades no delegadas de las provincias. Sin embargo, acá se hará sin el debido estudio y consulta una legislación que anula esa facultad de las provincias.

Por ello, quiero decir que no debemos adoptar en este debate una posición demagógica ni de halago a los sectores obreros. Sostengo que los obreros tienen un fundamental deber, pero no admito que se les quiera echar a ellos la culpa del mal nacional. Los trabajadores argentinos honran al país. Tengo fe en su responsabilidad, en su mano de obra eficiente, en su moral, en su lucha y en su capacidad de creación fecunda. Hay obreros y técnicos que han luchado por algo mas que sus salarios, como los obreros de YPF, a quienes nadie mando y que promovieron algo mas que una huelga, pues fue un proceso nacional de soberanía y de redención, impulsados por el gran patriotismo que han puesto de relieve.

Tampoco podemos prestarnos a la injerencia totalitaria en los gremios, ni a las fuerzas empresarias, que creen que todo el mal esta «abajo y que el sacrificio tiene que caer sobre los sectores menos dotados de la Nación. Yrigoyen lucho en defensa de estos sectores, y el radicalismo enfrento a las fuerzas reaccionarias de la Republica. Mucho antes de las reivindicaciones y de la proclamación de los derechos de los trabajadores, Leandro N. Alem creaba, en 1868, el Club de la Igualdad, con los principios de «Libertad, igualdad, civilización y progreso».

De manera que ha sido una inquietud permanente del radicalismo por la defensa de los desamparados que reclaman soluciones integrales. Hay graves problemas de carestía, de desvalorización monetaria, de creciente inflación. El proceso de la política inflacionista preocupa y azota a todos los hogares modestos del país.

La paz social se lograra yendo a las causas. Lo ha dicho con claridad el partido: «Lo acertado es atacar el descontento en sus causas y no en sus efectos.» La paralización del trabajo y las huelgas son, en gran parte, la consecuencia de una cruda realidad económica popular que no puede ser conjurada con «medidas policiales» sino con «sanas medidas económicas». Lo ratificamos. El gobierno pretende dominar por la fuerza.

Es necesario aclarar que nadie viene a pretender que los sindicatos sean del radicalismo del pueblo o de la UCRI, o de los socialistas, o de los peronistas o de los comunistas. Los sindicatos deben cumplir su gran misión social y gremial. Nadie puede pretender usarlos para convertirlos en banderín de sus aspiraciones o ambiciones de mando o para la restauración de la antidemocracia.

El derecho obrero ha sido defendido por el radicalismo en todos los tiempos. Así, Delia Kamia, hija de José Ingenieros, en su último libro sobre Ingenieros e Yrigoyen, señala que el radicalismo tuvo siempre una noble inquietud para proteger y defender al sector desamparado de la Nación.

Nosotros entendemos con Jacques Maritain que es necesario cuidar la personalidad cívica del ser, pero que hay que cuidar también la personalidad obrera de cada hombre. Tenemos que afianzar esos derechos, pero no puede pretenderse proclamarlos mientras se erige un sistema que instituye lo contrario y mancilla los derechos humanos y obreros.

En la ley de asociaciones profesionales también se anuncia, en el articulo 19, que se asegura la libertad gremial, pero se reedita el articulo 3° de la Carta del laboro. Ahora se habla del derecho de huelga, pero se establece un sistema que implicara prácticamente su anulación, aparte de que se lo deroga por el sistema de movilización militar, que liquida todos los derechos y es incompatible con el estado de derecho.

En la lucha por la justicia y la libertad, muchos quieren consagrar la dominación estatal. Defendemos el imperio de la justicia, de la libertad, del bienestar y de la dignidad, porque recordamos, con Benjamin Franklin, que quienes sacrifican la libertad por conseguir la seguridad terminan por perder la seguridad y la libertad.

En la labor que promovemos en defensa de la asociación, que «es el multiplicador de las energías del hombre», y en defensa del derecho de huelga, que es instrumento de contención ante el abuso patronal o ante la prepotencia estatal, no queremos que el país vuelva a un sistema de negación abierta del derecho de huelga, como lo fue el decreto 536, durante el régimen depuesto, o como hoy, a un sistema disfrazado de anulación del derecho de huelga.

En este proyecto comprobamos que con esa intromisión estatal se perderá el tiempo en trámites prolongados, en sistemas de tratativas que hacen ilusorio el derecho de huelga. Debemos considerar este aspecto en relación a cuestiones que hacen a la esencia de los derechos laborales. El derecho de huelga existe desde que el mundo es mundo; pero aquí lo que se hace es venir a legalizar la ilegalidad del proceder del Poder Ejecutivo.

Es una ley inconstitucional por el triple concepto que he señalado, ya que viola el poder de policía, ataca al federalismo, consagra indebida intromisión estatal y anula el derecho al reglamentarlo abusivamente. Se encubre el objetivo, y ya verán los señores diputados —lo advertimos cuando se discutió la ley de asociaciones profesionales, diciendo que la misma no uniría a los obreros sino que los dividiría—, que esta ley hará absolutamente ilusorio el derecho de huelga, y que es parte de la coronación de un proceso regresivo para anular esos derechos.

Entiendo que es indispensable que se relacione esto con el proceso de movilización innecesaria que se ha decretado en el país cuando no estaba proclamada todavía la huelga. Se ha producido el ablandamiento. Se ha erigido la huelga en un mal nacional, y además con la ley de movilización, incompatible con el estado de derecho, que anula toda clase de huelgas y de derechos. Nosotros pensamos que en vez de legalizar el derecho de huelga se legaliza la anulación del derecho; es la condición de un derecho imposible. Ya verán los señores diputados y los gremios que tienen una gran inquietud en este proceso como el derecho de huelga ha de convertirse en una dádiva del poder. Se hará la huelga cuando al gobierno le interese, no cuando hay a una razón de justicia o un reclamo de legitimidad.

Este proceso gremial argentino debe llamar a la reflexión a todos y a cada uno de los que integramos este poder. El país asiste a la necesidad de su reconstrucción, a la necesidad de paz social. El Congreso no debe demorar un minuto más en sancionar la ley de amnistía total de los procesados ferroviarios y la libertad de todos los detenidos.

Se ha dicho ayer, por boca de hombres del gobierno, que no será revocado ningún castigo en la cuestión ferroviaria. Es decir que quedara una causal de rencor, de pasión y de injusticia en muchos trabajadores de la Republica.

No se equivoque el sector de la mayoría. Han ido a ver al señor presidente de la Nación altos representantes de los sindicatos libres del mundo para plantearle la gravedad de este problema. Este asunto desprestigia al gobierno y al país. Busque el gobierno su responsabilidad. No trate de encontrarla en la oposición. Ayer ha ido el secretario general de la Confederación Internacional de Obreros Libres a plantear la necesidad de poner fin a toda esa persecución de ferroviarios. Ahí esta el pedido de los partidos: del Partido Socialista que preside Juan Antonio Solari, del Partido Socialista que preside Alicia Moreau de Justo, del Partido Demócrata Cristiano, y también esta el pedido de otros partidos y sectores obreros. Se llego al caso de que un activo obrero argentino, Corral, no podrá asistir a la Conferencia Internacional del Trabajo por el estado en que esta la Republica y la orden de captura que pesa sobre el. Ayer, familiares de los ferroviarios han pretendido reunirse frente a la Casa Rosada, y los dispersaron las fuerzas policiales.

No nos llamemos a engaño. Comprendan la mayoría y el gobierno esta situación y asuman toda la responsabilidad.

Pero el gobierno sigue en su predica y en sus propósitos. Ya vendrá la ley de anonimato de las acciones, que condenamos; ya vendrá un régimen impositivo que castigara a la economía popular; ya proseguirá este sistema que mantiene las sanciones impuestas a los ferroviarios. Se sostiene que el proceso de tranquilidad se ha producido. El Poder Ejecutivo dice que hay normalización en el país: no hay ninguna razón para que estas medidas subsistan. Nosotros queremos que los obreros comprendan su responsabilidad. Pero la mejor manera de iniciar esa etapa y ese proceso de tranquilidad nacional será que el Congreso, unido al Poder Ejecutivo, de una ley de amnistía. Se ha amnistiado a la CADE y a ANSEC, y como no se puede amnistiar a los obreros ferroviarios de la Republica. Nuestro reclamo no piensa en un partido; piensa en el país, en la bandera de la Nación. 

Aproveche el gobierno esta hora para normalizar los gremios, restituir las libertades y asegurar el estado de derecho que esta negando al país. (¡Muy bien!; ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)




















Fuente: Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

No hay comentarios:

Publicar un comentario