Carlos Alconada Aramburú: "Restablecimiento de la Autonomía Universitaria en la UNLP" (30 de mayo de 1986)

Señor Presidente, señor Rector, señores miembros de la Asamblea Universitaria, señor Rector Normalizador, señores profesores y estudiantes:

Asistirnos hoy a un acontecimiento de alta trascendencia institucional como lo es el de restablecer la autonomía de la Universidad Nacional de La Plata, que resulta para mí doblemente significativo, porque egresé de ella como profesional y porque ejercí la docencia en su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales como titular de la cátedra de Derecho Comercial y Director del Instituto de Investigación-, hasta el instante mismo en que por bando militar fueron intervenidas todas las universidades Argentinas, en 1966.

Kelsen advierte, aludiendo a las concepciones fascistas, que las ideas democráticas quedaron desamparadas tanto por las extremas derechas como por las extremas izquierdas, situación de la que surgió un pensamiento aristocrático autoritario, forjador de una élite destinada a ejercer las funciones directivas.

Esta orientación autoritaria y elitista constituye un invariante del proceso político argentino, que se expresó, en materia universitaria, en el propósito de destruir la autonomía de las casas de estudios.

La Universidad de La Plata, ya en su etapa provincial, ya en su época nacional, fue siempre objeto de aquel propósito arrasador. Por ello he afirmado, como prevención, que la defensa de la autonomía universitaria se ha convertido desde 1930 en un combate perpetuo. Pero es útil recordar, en esta ceremonia de recuperación de la autonomía platense, algunos momentos cruciales de la tormentosa vida universitaria local.

Uno de ellos es el que rememora don Emilio Azzarini al explayarse sobre el período 1897-1904. 
Todavía pesaban los dañinos efectos económicos de la crisis del 90 en nuestra incipiente comarca, con la fuga de los especuladores y los negociantes avaros estigmatizados, en trazos inolvidables y vívido lenguaje, por Julián Martel y Miguel Cané-, y la heroica resistencia de estudiantes y profesores.


Entonces, la regresión llevó el embate contra la Universidad invocando "exigencias vitales de nuestra Argentina", lo que más tarde se denominaría de "nuestro desarrollo". Se sostuvo enfáticamente que "la mediocridad de la, enseñanza no justificaba sus costos", reduciéndose el presupuesto de la Universidad a una cuarta parte, de 5.385 pesos mensuales en mil novecientos a 1.290 pesos en mil novecientos uno.

El debate en el Senado bonaerense fue ilustrativo. Los senadores Cordero y Bianco evaluaban los costos de cada estudiante, calificándolos de "enormidades", mientras la ciudad se llenaba de edificios públicos y mansiones privadas, en el mejor delirio ochentino de pompa y de lujuria. Se pretendía, en suma, acabar con la, Universidad Provincial donde enseñaban Ameghino, Spegazzini y Korn, y donde se echaban las bases de la investigación científica y filosófica de la Argentina.


Dalmiro Alsina, presidente del Centro de Estudiantes, que luego sería decano de la Facultad de Derecho y titular del Superior Tribunal de Justicia, respondía a los enemigos de la Universidad: "La estadística no es aplicable a las instituciones científicas". Y el eximio romanista Weigel Muñoz imputaba a aquellos legisladores una mentalidad de estancieros, al vincular el costo de la enseñanza al valor de un ternero".

La Universidad Provincial fue nacionalizada, como decisión política, en 1906, a instancias de Joaquín V. González. El ilustre riojano, al decir de un distinguido biógrafo, "tenía el afán por la integración de un, individuo social libre, digno, suficientemente instruido, fraterno, éticamente conformado para contribuir a la elevación del nivel de nuestra democracia".

Es que el insigne presidente de la Universidad Nacional de La Plata comprendía que la educación es algo más, mucho más que un problema pedagógico. En nuestro país reconoció siempre raíces institucionales. La educación fue la herramienta moral de las grandes transformaciones políticas: el advenimiento de la Nación, la organización de la República, el establecimiento de la Democracia.

Para González -dijimos al celebrar el centenario del Colegio Nacional de La Plata-, la extensión universitaria no significaba tan sólo la ampliación de los conocimientos en una constelación cultural, sino "la incorporación del público en sus diversas clases, gremios, corporaciones y jerarquías, a la obra docente de la Universidad". De ahí que afirmara:

"Con la extensión universitaria, la Universidad llenará el fin importante de acercarse al pueblo; la rama que más caracteriza su misión moderna es la extensión social de la enseñanza".

Por ese concepto social de la enseñanza, el doctor González destacó en la memoria rectoral del período 1912-1915 la significación de los "cursos nocturnos para el pueblo", exponiendo:

"En los últimos años (1914-1915) particularmente, se ha notado por esta presidencia, con gran satisfacción, un hecho que denota hasta qué punto ha entrado en el espíritu de nuestra colectividad universitaria el deseo de extender la enseñanza de sus aulas a todos los que la necesiten y colaborar con la obra en que la Universidad se encuentra empeñada".

"Me refiero -añadía- a la iniciativa nacida y puesta en práctica por los alumnos del Colegio Nacional de la Universidad, le dictar cursos nocturnos para gente del pueblo en las aulas del establecimiento y a cargo de los estudiantes de los cursos superiores del Colegio o de cursos universitarios".

También es necesario, para comprender el espíritu renovador de nuestra Universidad, recordar que en la Segunda Asamblea General de Profesores, celebrada el 14 de marzo de 1908, se trató a iniciativa del doctor González "la forma de participación de los estudiantes en el régimen universitario", resolviéndose que "la Universidad debe reconocer las sociedades de alumnos, previa aprobación de sus Estatutos por la? autoridades universitarias" y que "será conveniente la participación de los estudiantes en los Consejos Universitarios, con voz y sin voto".

Por otra parte, en la Séptima Asamblea de Profesores realizada el 30 de abril de 1913, se adoptó como resolución la que sigue: 

"Toda persona en la República, cualquiera sea su desarrollo intelectual, debe tener una puerta abierta para ingresar en la Universidad en procura de algún saber o de ampliación intensificación del saber adquirido".

Así sostuvimos, el día del centenario del Colegio Nacional:

"En la Universidad de La Plata, desde sus inicios se admite el ingreso sin restricciones, la participación estudiantil en los Consejos aunque sin voto, la formación de centros estudiantiles y se consideró que su misión esencial era la "enseñanza social' en su acercamiento al pueblo". 

Ese ideal de "extensión social" de la enseñanza, que había impreso el fundador de nuestra Universidad, se vio vivificado con la Reforma Universitaria, que, al decir del Presidente Yrigoyen, fue la expresión del "espíritu nuevo" e importó, merced "a la participación estudiantil, la realidad de la democracia universitaria, por ella misma consagrada como uno de los postulados esenciales".

El presidente de nuestra casa de estudios, ingeniero Julio R. Castineiras, en su "Historia de la Universidad de La Plata", anota: 

"No hay duda que el movimiento estudiantil de 1918 fue, para la Universidad Argentina, y probablemente también para las Universidades de los países americanos de origen español, como un sacudimiento vigoroso que evitó la perpetuación de abandonos criticables y obligó a las autoridades y profesores universitarios a dedicar mayor atención para el progreso de las instituciones de enseñanza superior".

Sin duda, el presidente Castineiras había recogido el pensamiento de Alejandro Korn, profesor ilustre de nuestra Universidad, expresado en 1920 al describir el estado de cosas reinante cuando se produjo la Reforma. "Había sobrevenido en las Universidades -dice Korn- una verdadera crisis cultural.

Por una parte, la persistencia de lo pretérito, el imperio de difundidas corruptelas, el predominio de las mediocridades, la rutina y la modorra de los hábitos docentes; por otra, la orientación pacamente utilitaria y profesional de la enseñanza, la ausencia de todo interés superior, el olvido de la misión educadora y, por último, el autoritarismo torpe y la falta de autoridad moral, dieron lugar a esa reacción que nace de las entrañas mismas de la nueva generación".

Ante el brote fascista de 1936, que arremetió contra nuestra Universidad y que fue resistido con dignidad por el presidente Castineiras y el Consejo Superior, el estudiantado platense reunido en Convención, en su Asamblea del 24 de setiembre declaró: 

"Que siendo la Universidad de La Plata baluarte de la democracia, un centro de lucha contra la reacción, se dispone a todo trance a defenderla. Por eso reclama reforzar los organismos gremiales del estudiantado, popularizar y encauzar el movimiento que ha iniciado esta Convención en el sentido de lucha y establecer una sólida unión con todos aquellos sectores organizados de la población que estén decididos, en el terreno de los hechos, a luchar por reivindicaciones comunes".

Gracias a esa certidumbre social de la enseñanza, de acercamiento del pueblo a la Universidad y de ésta al pueblo como fundamento filosófico de la democracia en la Argentina y en su integración americanista, gravitó nuestra Universidad esencialmente en la formación cultural de varias generaciones de argentinos y de americanos.

Pero el resguardo de los principios reformistas alcanzados en 1918 impuso una lucha permanente. Aquellos que ideológicamente resistieron su instrumentación lograron muchas veces soluciones regresivas, haciendo de las Universidades Nacionales simples organismos descentralizados del Estado autocrático.

Encontramos así a fines de 1983 una Universidad antidemocrática, aislada de la sociedad, desjerarquizada intelectualmente y detenida en el crecimiento de su infraestructura. La organización y funcionamiento de las Universidades respondía al principio de la "subsidiaridad del Estado" y a la necesidad da sujetar su gestión a los parámetros de la teoría de la seguridad nacional.

Iniciamos de inmediato el proceso de normalización institucional.

Se dictó el Decreto 154/1983, convertido en Ley 23.068 de reorganización de las Universidades Nacionales, dándoles autonomía funcional con cogobierno. Se restablecieron los estatutos vigentes hasta 1966, por ser los ultimos dictados por las Universidades autónomas, pues a partir de aquel año las mismas sólo fueron oficinas administrativas, apéndices del Poder Ejecutivo.

Se suprimieron en 1984 los "cupos de ingreso", y en 1985 se implantó el sistema de "ingreso directo" sin limitación alguna.

Entraron a las Universidades 130.000 alumnos, quienes se sumaron a los 171.687 que accedieron al ciclo medio, también sin restricciones, quedando así consagrada la promoción directa en todos los niveles de la enseñanza, con lo que se universalizó la educación.

Se derogaron los aranceles universitarios para asegurar la gratuidad de la enseñanza, afirmando el principio de igualdad de posibilidades y oportunidades.

Se suspendieron todos los concursos en trámite y se acordó el derecho a la revisión total de los celebrados bajo el imperio de la Ley 22.207. La sola presentación de un aspirante "excluido" privó de validez al certamen realizado, abriéndose un concurse "nuevo" en paridad de condiciones para todos los postulantes.

Simultáneamente, se eliminaron las cláusulas discriminatorias y proscriptivas de todo tipo para la provisión de cargos docentes y no docentes, admitiéndose también el derecho a la reincorporación.

Se reconoció la participación de docentes, estudiantes y egresados en el gobierno de las Universidades y de las Facultades, de conformidad con los estatutos y las disposiciones de la Ley 23.068, que constreñía el marco legal de las posibles modificaciones al sistema tripartito.

Se ampliaron las estructuras universitarias, en los límites de lo posible, vista la situación da crisis heredada, con la reapertura de la Universidad Nacional de Luján y d restablecimiento de Facultades clausuradas, como la de Ingeniería en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Se creó una Facultad de Derecho en Cuyo.

Se efectivizó el reconocimiento de los centros estudiantiles, las federaciones regionales y la federación universitaria argentina, en consonancia con la admisión de centros en la enseñanza media, alcanzándose así la plena participación del alumnado.

Siguiendo la tradición, que viene desde los albores de nuestra nacionalidad, de atribuir a la enseñanza carácter institucional, se incorporó a los programas de todas las Facultades, en los cursos de primer año, el estudio de la Constitución Nacional, para proveer a la Mensa y el afianzamiento del régimen democrático.

El gobierno Nacional consideró indispensable llenar un vacío en la enseñanza universitaria impulsando, mediante el decreto 1967 del 9 de octubre de 1985, la creación del "Sistema Interuniversitario del Cuarto Nivel", en el marco de la autonomía, el que quedó librado a la adhesión voluntaria de cada una de las Universidades.

El SICUN, que "promoverá la cooperación con otros sistemas de postgrado de países latinoamericanos", "tendrá como misión organizar el nivel cuaternario, promover su desenvolvimiento en el más alto nivel académico, perfeccionando las actividades ya existentes e instrumentando nuevos programas de formación en disciplinas críticas para el desarrollo y modernización del país, en conexión directa con planes de investigación y tomando especialmente en cuenta las necesidades nacionales y regionales". Incluso el SICUN organizará estudios especializados de grado en áreas prioritarias según las necesidades antes mencionadas.

Los Rectores, en uso de atribuciones que les son propias, de acuerdo con la Ley 23.068, están hoy abocados a la tarea de estructurar el Cuarto Nivel, que sin duda permitirá a las Universidades Nacionales alcanzar el más alto plano académico, reteniendo a la vez, en el país, a investigadores y científicos que ahora buscan su perfeccionamiento en el extranjero.


Deseo a esta altura formular una reflexión. El país necesita avanzar científica y tecnológicamente. La enseñanza universitaria, en cuanto a su excelencia, viene siendo enjuiciada y no sin alguna razón. Ese marco de razonabilidad en la crítica ha dado oportunidad a los detractores de la Universidad democrática para atacar sus propios cimientos. Por un lado, se ha intentado, en el pasado inmediato, asignar exclusivamente a la actividad privada los cursos de altos estudios; y por el otro, se pretende crear una Universidad independiente, de excelencia.

De las dos maneras, las Universidades Nacionales se degradarían y se convertirían, en los hechos, en simples cursos terciarios de profesionalidad, en instituciones del ayer.

Por ese motivo, el Gobierno Nacional señala a los señores Rectores su preocupación, en resguardo del sistema democrático de enseñanza, expresado en los postulados de la Reforma Universitaria, y se permite, en los limites de la autonomía universitaria, abogar por la pronta concreción del "Sistema interuniversitario del Cuarto Nivel" impulsado por el mencionado Decreto 1967/85.

De la misma manera, y con anticipación al traspaso del gobierno de la Universidad a sus legítimas autoridades elegidas democráticamente, el Gobierno Nacional juzgó necesario sustituir las funciones de coordinación que tiene a su cargo el Ministerio de Educación y Justicia. Por Decreto 2461/85 se creó, a esos fines, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cuya misión es la de coordinar a las Universidades ente sí y a ellas "con los diferentes niveles y jurisdicciones de la educación en la República Argentina, la cultura y los organismos de investigación científica y técnica".

Informado el Congreso de la Nación del fiel cumplimiento de su Ley 23.068, que fue en principio el Decreto 154/1983; elegidas libre y democráticamente las autoridades de las altas casas de estudios, el Poder Ejecutivo devuelve a las Universidades Nacionales su autonomía institucional, reparando el agravio que se les infiere una aciaga noche de 1966, agravio ahondado desde entonces en detrimento de la cultura argentina.

Llega a su término, de este modo, un cautiverio de dos décadas del que empezaron a salir, como el país entero, en diciembre de 1983. 

Este acto de traspaso del gobierno universitario, tantos años usurpado ilegítimamente por el Estado con fines políticos -de la más baja política-, es entonces propicio para destacar cómo se desarrolló el proceso normalizador, con la participación patriótica y eficiente de las autoridades transitorias, de los profesores, estudiantes y egresados, participación que agradezco en nombre del Poder Ejecutivo y de las mayorías a quienes representa y expresa.

Pero también es oportuno este acto para transmitir a la comunidad universitaria la esperanza que el pueblo tiene depositada en la marcha y obra de la Universidad Autónoma, no sólo para la evolución de las artes y las ciencias sino para la consolidación definitiva de las instituciones democráticas. No está de más reiterar que la evolución de las artes y las ciencias, por importante que fuera, por valiosa que resultara, de poco serviría si no contribuyera al avance y fortalecimiento de la libertad y la justicia, a la búsqueda de un mundo mejor y mas equitativo, el mundo de la vida, el mundo de los hombres, el mundo de la concordia y de la paz.

El futuro de las Universidades debe ser resguardado. Los brotes de violencia producidos en estos días en sus aulas, prenuncian nuevos sacudimientos que pueden poner en tela de juicio la validez o la solidez del sistema universitario. El desenvolvimiento de las Universidades Nacionales tuvo, alternativamente, luces y sombras. "Las universidades, en el curso de la centuria -dice Adelmo Montenegro en "Crisis y porvenir de la Universidad"-, tuvieron momentos de grandeza y decadencia y fueron y son el espejo de la accidentada vida institucional de la República. Actuaron en su seno fuerzas positivas que la encumbraron al punto de promover la vida científica a niveles que atrajeron la atención del exterior sobre el esfuerzo de docentes e investigadores argentinos, que mostraron con sus aportes al progreso del conocimiento la verdadera dimensión de la inteligencia nacional. Pero hubo, también, fuerzas retardatarias empeñadas en simples propósitos de dominación política o social, que estrecharon el horizonte académico y demoraron o impidieron el movimiento de interacción entre la Universidad y el país, y, sobre todo, una continua renovación de sus cuadros para permitir a las nuevas generaciones el ascenso sin trabas ilegítimas a avanzados niveles de espiritualidad y creación",

El gobierno democrático, con este acto académico, cierra el proceso de normalización universitaria iniciado en diciembre de 1983, restituyendo a todas las universidades nacionales su plena autonomía. 

Toca ahora al gobierno democrático de las universidades asumir en plenitud el poder delegado por el pueblo para la realización de sus fines institucionales: la formación moral y profesional del pueblo, y el avance científico de la educación.

La Universidad Autónoma debe ser, para bien de la República Democrática, la más alta expresión de la cultura nacional y del adelanto científico y tecnológico, para que el país alcance el verdadero desarrollo económico, aquel que se asocia indisolublemente con el progreso social, y de este modo afirme su soberanía política. Es un desafío, un enorme desafío, pero, ¿qué sector de nuestra sociedad no está hoy sometido a iguales retos, en esta hora difícil y luminosa de la reconstrucción nacional?


Por eso, el Gobierno confía plenamente en que las legítimas autoridades universitarias comprendan la responsabilidad que asumen en esta hazaña de la libertad creadora, responsabilidad que también comprometen los profesores, egresados y alumnos a cuya voluntad se deben quienes dirigen desde ahora las altas casas de estudios.

Digamos adiós para siempre s la Universidad del Estado oscurantista y despótica. Y demos juntos la bienvenida a la Universidad Autónoma, formadora de ciudadanos libres y de luchadores de la democracia, crisol de hombres solidarios y heraldos de la igualdad, fuente de la grandeza y la dignidad de nuestra República.

Que este cambio, producido por todos y entre todos, sea para bien de la ciencia, del progreso y de la democracia reconquistada por los argentinos.

Muchas gracias.

Fuente:  Mensaje pronunciado por el Ministro de Educación y Justicia de la Nación Dr. Carlos Román Santiago Alconada Aramburú con motivo del restablecimiento de la Autonomia Universitaria en la Universidad Nacional de la Plata, 30 de mayo de 1986.