Honorable Legislatura:
Cumpliendo una disposición constitucional, presento a
consideración de V. H. los negocios del Departamento a mi cargo que se han
desenvuelto dentro de la regularidad funcional que exigen los poderes
gubernamentales en su doble aspecto político y administrativo, sin tener otro
fundamento generador que el de una respetuosa interpretación de la dinámica
institucional e ideológica que se virtualiza in intensu por la acción preponderante del Estado.
El panorama político de la provincia, al iniciarse la actual
administración era sin duda alguna inquietante. La realidad acusaba una
lamentable desvirtuación de elementales principios de civilidad, tanto más
precisos y fecundos cuanto que constituyen la piedra angular de la verdadera
eficiencia de las democracias modernas. Ejemplos reiterados se habían encargado
de evidenciar hasta qué punto y de qué manera extrema, el imperio de las
instituciones estaba sojuzgado a los egoísmos, conveniencias de grupos o
partidos que se declaraban celosamente defensores de esos gobiernos, en el
logro de cuyas administraciones encontraban la fuente ideal de sus
inspiraciones y la norma indefectible de sus actos.
Comprobadas irregularidades y excesos, explícitamente
calificados en la letra de los códigos; fue necesario establecer, reclamada por
el imperio de una concepción de justicia las responsabilidades consiguientes en
defensa de los intereses de la comunidad y en cumplimiento de las prescripciones
legales que emergen de las funciones a mi cargo.
El proceso de revisión, demostró elocuentemente como esos
elementos actuaron o se desempeñaron en la faz moral de sus funciones y en modo
especialísimo en las inversiones de fondos que corrieron a su cargo. Dos
defectos de ética gubernamental, el uno y de significación económica el otro,
ambos igualmente imprescindibles para asegurar un mecanismo ordenado en la
órbita de los intereses colectivos.
La Cárcel Penitenciaria, Registro Civil, Caja Popular de Ahorros,
Oficina de suministros y maestranza, Administración de casas para obreros,
etc., fueron víctimas de robos perpetrados por sus jefes y empleados o por sus
elementos políticos.
Ni tolerancia por razones puramente sentimentales o que se
deriven de una magnanimidad mal entendida, ni extremosidades que rayen en la
persecutoria para satisfacer una malsana política, a la Justicia fueron pasadas
todas las actuaciones administrativas y a Su Majestad queda librada la última
palabra, en el concepto de que no pueden terminar así estas cuestiones de
evidente trascendencia moralizadora.
De otro modo se dejaría en la impunidad actos de todo punto
de vista condenables, lo que equivaldría a estimular a los funcionarios para la
comisión de hechos irregulares, en perjuicio de los intereses morales del
Estado y del pueblo.
La experiencia de largos años de oposición combatiendo
períodos administrativos pródigos en desacuerdos, deja la indiscutible
convicción de la eficacia del valor moral del hombre en las actividades inherentes
a las funciones colectivas. No se podría entonces, para combatir esos excesos
aceptar la colaboración de los mismos empleados que habían cometido o
contemplado impasibles la comisión de delitos. Hubiera sido como sembrar una
semilla sobre roca estéril y su simiente perdida en el yermo infecundo. Hombres
de un partido político que nunca necesitó el puesto público porque gobernó con
toda eficiencia desde el llano, cuando los comicios encontrabanse cerrados para
sus derechos, habían sacrificado todo lo que humanamente es dable ceder;
perseguidos, encarnecidos, con hambre en sus hogares, porque la baja pasión
política los acechaba en todos los órdenes de las actividades honestas, a
fuerza de coraje, de sacrificios cruentos, lograron al cabo de una enorme
acción, devolver el gobierno a quien era elegido del pueblo; y hoy como ayer
teniendo derechos adquiridos, no piden puestos ni se agitan.
Unos han ido a las posiciones públicas sin pretensiones
donde su espíritu abnegado y democrático les ha impuesto quizás un sacrificio
más; los otros permanecen con el ojo visor, celosos guardianes de los
principios partidarios.
La confianza conseguida, arraigada con la observancia de
estrictos principios de moral, impuestos, ha cambiado fundamentalmente en un
año de gobierno; la fisonomía administrativa de las dependencias cuya
superintendencia ejercí marcando una nueva era caracterizada por la renovación
profunda de la ética, la ideología y los procedimientos de las respectivas
funciones.
La indolente burocracia que impone el laissez faire, laissez
passer, como principio de la función gubernamental, limitándose a dejar correr
las cosas por donde la suerte les abriera cauce, reaccionando sólo al acicate
de un bajo interés electoral o por un incentivo venal de alguna influencia cuya
mora más vale no calificar, ha desaparecido totalmente.
Pero el empleado público perteneciente a un núcleo social
requiere como todo gremio una especial política orientada de acuerdo con sus
intereses generales e inmediatos.
Todos los gremios tienen, cual más, cual menos, enarbolada
una bandera de defensa al empleado público; por razones de ética y de
administración no le será permitido ese legítimo derecho adquirido en una de
las más hermosas conquistas del pueblo trabajador.
Los sueldos y salarios de los humildes servidores del Estado
eran verdaderos salarios de hambre... El costo actual de los consumos de
primera necesidad hacía imposible la vida con los emolumentos citados ya que no
hubiera podido siquiera pagar el alquiler de la vivienda para el hogar.
Pese a la situación nada propicia de las finanzas
provinciales, fue consagrada la salvadora y humanitaria solución en la ley de
presupuesto vigente elevando el sueldo mínimo a ciento cuarenta pesos.
Estas dos sagradas instituciones que en toda sociedad
civilizada, la conciencia colectiva les prodiga un austero respeto; la primera
valiente y abnegada prodiga su sangre y su vida en la custodia de los intereses
colectivos. Los segundos se van forjando con bondad, constancia e inteligencia
los futuros ciudadanos del mañana.
Amadeo Sabattini, 31 de
Mayo 1929
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