La posición relativa de gobernadores provinciales y
Ejecutivo nacional no en ni pueden ser otra que la determinada por la
constitución. A la lamentosa quejumbre del mandatario bonaerense sólo ha
respondido una voz afinada al mismo diapasón. Do modo que si "La
Nación" quiere atribuir el valor de una encuesta a las manifestaciones de
los jefes de estados federales carece del derecho de dar importancia a una sola
respuesta y olvidar la existencia de los restantes. En estas, los gobernadores
consultados contestan con una formula de cortesía la indiscreta cuestión
planteada por un colega que parece desear la universalización de sus ataques
institucionales para adquirir en la certidumbre del mal de todos el consuelo
que el proverbio atribuye a los mandatarios extraviados. Pero "La
Nación" hace caso omiso de esas actitudes que tienen un valor inestimable,
en cuanto demuestran la sorpresa y el desdén con que los gobernadores han
acogido la inopinada apelación a la solidaridad ante un peligro que no existe.
No puede dudarse, en efecto, que ante la realidad del
riesgo, los gobernadores de las provincias habrían aprovechado la oportunidad
que se les brindaba para formal un frente único de resistencia a la actividad
invasora del poder federal. En cambio, han creído más sensato continuar en el
honesto desempeño de sus deberes políticos, perfectamente convencidos de que
ningún influjo exterior o extraño perturba el juego correcto de las
instituciones provinciales. La excepción en el caso, robustece la regla, como
sucede frecuentemente con las excepciones. En las declaraciones enfáticas del
mandatario salteño sólo se advierte una decidida inclinación hacia las formas
de expresión grandilocuente y frondosa. Florece en su comunicado un retoño
"suranne" de aquella literatura romántica de mediados del siglo
pasado, cuyos cultores políticos tenían en Michelet su profeta y en "Los
Miserables" su bíblica profana. En substancia, nada prueban ni nada dicen.
El volumen torrentoso de sus cláusulas recuerda el caudal de esos ríos que
arrastran arenas de oro, pero tan poco oro, tan ínfimas partículas de oro, que
no pagan el trabajo ímprobo de extraerlo.
Y frente a esas manifestaciones se desenvuelve la vida
institucional del país, armoniosa y robusta, como cumple a la actividad
funcional de un organismo en pleno goce de su salud moral.
Los poderes públicos de las provincias han sido
democráticamente formados sobre la base de la voluntad popular y su vida
política se desarrolla sin esfuerzos ni tropiezos bajo la superintendencia
vigilante del poder federal que no renuncia ni resigna el deber de policía
institucional que le confiere la constitución.
Pero ningún lazo secreto une el presidente a los
gobernadores ni subordina la acción de estos a la voluntad de aquel. Ya no hay
en el país un gran elector ni existe el unicato. La uniformidad entre la
política presidencial y la de los gobiernos radicales es hija de una hermosa
concordancia de principios y de ideales. Procedentes del mismo partido uno y
otro realizan los mismos propósitos. Pero en esa gestión vasta y bien
orientada, no hay dependencia servil ni autoridad humillante. Hay armonía
cívica y nada más. "La Nación" no quiere verlo así; peor para ella:
alguna vez la realidad le entrara por el entendimiento.
Fuente: Hipólito Yrigoyen "Pueblo y Gobierno" La Reparacion Institucional, Volumen II La Republica Federal, Recopilación hecha por Hector Rodolfo Orlandi y Jorge Rodolfo Barilari, Editorial Raigal; 1954.
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