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jueves, 22 de noviembre de 2012

HCN: "Ratificación de la Abstención" (1932)

La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, reunida el 14 de octubre de 1931 en Buenos Aires, adopto una resolución que definía su actitud política sobre las elecciones que la dictadura disponíase a realizar el 8 de noviembre de ese ano, y en el articulo 3 declaro lo siguiente: "Protestar de todos los decretos producidos por el gobierno «de facto» y por los que pueda producir en adelante, encaminados a obstruir la libre opinión de las mayorías, porque los poderes que surjan de las elecciones realizadas con violación de la Ley Sáenz Peña, crearon un nuevo gobierno «de facto»."
En el articulo 2 de la misma resolución, refiriéndose expresamente a las elecciones realizadas el 5 de abril de 1931 en la Provincia de Buenos Aires, anuladas por la dictadura, la Convención Nacional dijo lo siguiente: "Considerar que el decreto del gobierno «de facto» anulando las elecciones del 5 de abril del corriente ano en la Provincia de Buenos Aires, carece de todo valor legal y constituye un ultraje a la conciencia del país, el que no puede llamarse a engaño sobre la finalidad perseguida por esa actitud."
Los seis meses transcurridos desde la resolución de 1931, y los acontecimientos producidos después de ella, han hecho pensar a algunos correligionarios, que es necesario un nuevo pronunciamiento del partido, fijando así a la Unión Cívica Radical su orientación inmediata y su actitud ante el nuevo momento político.
La Comisión que suscribe, entiende que el momento político actual es nuevo tan sólo en sus apariencias, pero que es, en su contenido moral, idéntico al anterior, desde que ambos son fases de un solo proceso de vejamen al Radicalismo argentino y de atropello a nuestras instituciones democráticas. Lo único nuevo que hoy vemos, es la consumación de los hechos que preparo la dictadura para engendrar el gobierno que la ha sucedido, y esto agrava la situación, desde el punto de vista de los principios radicales.
Las formas legales de que dice revestirse el nuevo gobierno, y la colaboración que le prestan los partidos que aprovecharon de la exclusión del Radicalismo, apenas si pueden disfrazar las ventajas obtenidas de la coacción inicial, bajo los ornamentos jurídicos del más inicuo simulacro.
Tales son los caracteres del actual momento político. La voluntad popular no ha podido manifestase libremente en los comicios del 8 de noviembre de 1931: por consiguiere los poderes nacionales, provinciales y municipales que hoy gobierna la República  no son la expresión de la soberanía y falsean en sus bases las principios del gobierno representativo.
Si la dictadura fundada el 6 de setiembre de 1930 nos hizo retroceder al periodo de fuerza anterior a la Constitución Nacional, el gobierno iniciado el 20 de febrero de 1932, heredero de a dictadura, nos hace retroceder al periodo anterior a  Ley Sáenz Peña, dejando a la República en el estado de ficción Jurídica que la Unión Cívica Radical combatió desde sus orígenes.
Estamos seguros a afirmar así, de que interpretamos el sentimiento, el juicio y la voluntad latentes hoy en nuestro partido. Nos fundamos para ello en las enormes manifestaciones populares que el Radicalismo viene realizando en toda la república  con las que esta ratificando la política de dignidad cívica y de defensa republicana, que las autoridades de la Unión Cívica Radical iniciaran en octubre de 1931. Nos fundamos también para decirlo en el voto de solidaridad con la gestión del Comité Nacional y en la expulsión que la Convención Nacional acto de resolver contra uno de sus miembros por haber aceptado en La Rioja un ministerio del gobierno surgido en los comicios de noviembre en aquella Provincia.
Con estos antecedentes, acaso no habría sido menester una nueva declaración; pero ella se hace necesaria porque algunos órganos periodísticos han pretendido tergiversar ciertas actitudes de las autoridades partidarias que, según ellos, significarían un reconocimiento del nuevo gobierno en su plenitud legal. Nos referimos a la nota que los senadores radicales elegidos el 5 de abril en la Provincia de Buenos Aires han dirigido al P. E. para denunciar la situación anómala de dicha Provincia, y a la nota que el presidente del Comité Nacional paso al Ministro del Interior, después de los sucesos de "La Fronda", para pedir la disolución de la Legión Cívica y encarecer una enérgica acción fiscal en la represión de aquel crimen.
Entendemos que dichos comunicados son gestiones forzosas, análogas a las que la autoridad partidaria realizo con el propio gobierno "de facto", al que aceptaba de por fuerza, pero sin reconocerle legitimidad, y ellos no importan reconocimiento alguno en nombre del Partido, cuya máxima autoridad, la Convención Nacional, es la técnica que podría pronunciarse en ese caso.
Nos inducen también a aconsejar una nueva declaración, las hablillas aviesamente cismáticas o francamente interesadas que circulan desde hace tiempo, según las cuales habría tratos secretos entre misteriosos muñidores para entenderse con el nuevo gobierno, entregando la dignidad del partido a cambio de algunos ministerios o puestos públicos.
Es indispensable decir claramente que la Unión Cívica Radical, ahora como antes, no busca el gobierno por el gobierno mismo, sino que defiende principios democráticos, inspirados en los ideales del pueblo argentino, desde la génesis revolucionaria de la nacionalidad y fortalecidos en el combate sin claudicaciones que nuestro partido mantuvo contra las oligarquías anteriores a la reforma electoral de 1912, obtenida por el Radicalismo en una larga jornada de sacrificios.,
Esos principios indestructibles y esas tradiciones sagradas nos impiden ahora aceptar acuerdos depresivos o transacciones provechosas, vendiendo nuestra primogenitura cívica al precio de unos cargos concedidos por el favor de quienes despojaron a viva fuerza todo cuanto legítimamente nos correspondía.
Después del 20 de febrero de 1932 el momento político de 1931 puede haber cambiado para aquellos que aspiraban bancas, ministerios y gobernaciones que hoy detentan merced a la coacción y al fraude; pero no cambiado para el radicalismo, porque; el despojo que se tramaba entonces se ha consumado después.
Al decir el despojo no nos referimos a las magistraturas que habrían correspondido a la Unión Cívica Radical en comicios legítimos, sino al despojo que se ha perpetrado contra los derechos del pueblo y los fundamentos del orden  constitucional, sentando en las sedes del gobierno a presuntos magistrados que solo pudieron llegar hasta esos puestos por la exclusión del  radicalismo, inerme ante el hierro despótico, aunque invencible en la fortaleza de su ideal.
Hoy se nos pide de todos lados que cejemos en la defensa de nuestra doctrina; pero no podemos cejar, porque esa doctrina es un mandato de la historia nacional y un compromiso de honor entre nuestro partido y el pueblo argentino.
Se nos pide asimismo que pactemos con el oprobio, como pactaron otros partidos que se dicen populares y aun "radicales", por usurpación de nuestro nombre; pero no podemos pactar porque esta capacidad de sacrificio es lo que mejor nos diferencia de los otros partidos y facciones que hoy medran de la situación anómala en que se encuentra la República.
Se nos pide también que aceptemos una tregua en nombre de la solidaridad patriótica, por la crisis económica que pesa sobre el país; pero no podemos tampoco aceptar una tregua que seria nuestra derrota moral, precisamente porque es de patriotismo nuestra misión y porque anhelamos una Argentina plena, sin penurias económicas desde luego, mas también sin mutilaciones en lo mejor de su espíritu republicano.
Pertenece a algunos de los actuales legisladores socialistas la formula de que se atienda primero la crisis económica y después las cuestiones políticas; pero no estamos de acuerdo con ellos porque son distintas nuestras posiciones, nuestro temperamento y nuestra filosofía. Ellas postulan el materialismo histórico de Marx, nosotros el idealismo democrático de nuestra raza; ellos se sientan arrellenados en mas de cincuenta bancas; nosotros hemos sido brutalmente excluidos del comicio; ellos se regodean en el mejor de los mundos; nosotros padecemos de ver a nuestra Argentina en este abismo de su historia. Por todo ello los radicales pensamos que la cuestión económica y la cuestión política actuales son correlativas; que la crisis mundial de 1930 fue agravada por la dictadura de 1931 y que no podrá resolverla el gobierno fundado por la coacción y el fraude en 1932. El crédito internacional y la confianza de los capitales internos y el espíritu de cooperación social que son menester para la solución de la crisis económica no podrán renacer sino cuando se restaure la soberanía en la plenitud de sus derechos, condición de seguridad necesaria a la marcha de los negocios.
La situación social del país después del 20 de febrero de 1932 no sea muy distinta de la que impero durante la dictadura. Se mantienen restricciones al derecho de reunión; los radicales siguen siendo encarcelados, sobre todo en las Provincias, como San Juan y Buenos Aires; el conflicto universitario sigue en pie; la Legión Cívica no ha sido disuelta; los obreros son sableados, como en Rosario; los hombres de la dictadura continúan en auge prepotente; se sigue cobrando impuestos ilegales; la justicia mantienese parcial en los procesos de las torturas o de cariz político; el Congreso carece de mayoría popular; el Ejecutivo carece de un partido orgánico que lo sostenga con su fuerza civil, no quedándole para su estabilidad sino la fuerza militar, con la que se nos amenaza en algunos diarios y corrillos.
Después de nuestra exclusión, después de la proscripción radical, después de esa mutilación de la ciudadanía, se nos pide concordia.
No la pedirían hoy, si nos la hubieran dado antes los que ahora la piden. Los radicales somos hoy, por obra de ellos, los parias de la política argentina. No se nos considero argentinos para las elecciones de 1931, y de ellas surgieron los gobernantes de 1932. Por eso tales gobernantes no podrán resolver la crisis económica. Por lo mismo no pudo resolverla la dictadura.
En tales circunstancias se nos invoca la solidaridad patriótica, coincidiendo en esa melodramática invocación los que hicieran botín de la patria y los que prescinden de su bandera. No nos sorprende esta coincidencia por algo es que la Unión Cívica Radical no esta con el derechismo  sin Constitución ni con el izquierdismo sin nacionalidad. Nosotros nos sentimos hoy en función de una necesidad argentina, por eso el pueblo nos acompaña en toda la Republica y por eso hasta los antirradicales reacio han de comprender un día el error que se cometió al excluirnos del comicio,
El retardo en el pago de los sueldos que llega a extremos no visto en el último medio sigo; la mora en el cumplimiento de deudas administrativas con particulares, que se mantiene aun la restricción del crédito bancario al comercio y la industria, que se desaten en la paralización; todo ello mientras el país sigue sin presupuesto y mientras se aumenta las erogaciones de armamentos en Europa, dan la medida del desquicio y de la desorientación oficiales.
Ante ese cuadro seria  caso mas bien de invocar el patriotismo a los actuales gobernantes, pues la pacificación de los espíritus, condición ineludible para resolver la crisis, y la restauración de la concordia argentina, condición indispensable para la educación democrática, no podrán lograrse sino dando al pueblo, en comicios limpios, la ocasión de expresar su voluntad.
El odio que hoy fermentado ha sido sembrado en el país por los enemigos de la Unión Cívica Radical y ellos son los que han fundado el imperio de la fuerza injusta. La Unión Cívica Radical acatara lealmente los resultados de cualesquier escrutinio, aunque le fuese adverso. La Unión Cívica Radical no busca el gobierno, sino el restablecimiento total de la Constitución y de la paz interna de la República.
En virtud de estos fundamentos, la comisión especial que subscribe, os propone el siguiente proyecto de resolución:
La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical resuelve:

1- Ratificar los artículos segundo y tercero de la resolución adoptada por la Convención Nacional el 14 de octubre de 1931.
2- Declarar que los actuales poderes nacionales, provinciales y municipales son autoridades de fuerza, creadas al margen de la Constitución y de la Ley.
3- Declarar que los resultados de las elecciones realizadas el 8 de abril de 1931 en la provincia de Buenos Aires son las únicas validas, debiendo el partido prestar su apoyo para la constitución de todos sus poderes, de acuerdo a las leyes de ese estado.
4- Disponer que las autoridades partidarias cancelen la afiliación a los ciudadanos que acepten cargos electivos o políticos de dichos gobiernos.
5- Declarar que los miembros del poder judicial que declinaron o declinen sus deberes ante la arbitrariedad y la fuerza deben, en su oportunidad, serán sometidos a las sanciones constitucionales correspondientes.
6- Protestar en contra de los gravámenes al trabajo, al sueldo de los empleados públicos y a los salarios de loa obreros de empresas privadas, por tratarse de impuestos inconstitucionales creados por el gobierno provisional.
7- Mantener el principio doctrinario de que sólo por comicios encuadrados dentro de la Constitución podrá restablecerse la normalidad para la solución de la crisis económica y para la estabilidad institucional de la Nación.

Firman: Ricardo Rojas, Osvaldo Meabe, Modesto Quiroga, S. Avellaneda, Diógenes Hernández, A. R. Álvarez, Alejandro Miñones, R. Yacante Molina, Francisco Evans, Santiago Moritán, Carlos Pizarro Crespo, José G. Abalos, David Luna, Carlos Aranda.





















Fuente: El Radicalismo "Ensayo sobre su Historia y Doctrina" de Gabriel del Mazo, Editorial Suquía 1984.

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