OIERA: “El exilio y el reino” (noviembre de 1981)

El régimen militar argentino y el exilio que suscitó, tienen algo en común: las rencillas domésticas que los carcomen y la imposibilidad de ubicarse a la altura de la historia que, quiéranlo o no, ambos protagonizan.  Mientras el general Viola, presidente designado por sus pares y en el ejercicio del poder, sufre el acoso del general Galtieri, que no quiere saber nada, pero lo que se dice nada de liberalización del régimen y de apertura política –intenciones que, además, caprichosamente alguien le adjudicó alguna vez a Viola, jefe máximo de la represión desde el golpe de marzo de 1976 y hasta que abandonó la comandancia en jefe-, en el exilio vienen escuchándose murmullos dirigidos a olvidar lo pasado, a encontrar puntos de acuerdo, a asumir la actitud positiva de cara a una probable institucionalización del proceso, manejada por los militares.  Los muertos molestan; los asesinos parece que no.  En ese contexto se singularizan algunos que han devenido en epígonos de aquel diputado socialista Antonio de Tomaso, que abandonó su partido para acompañar al gral. José Féliz Uriburu en su golpe fascista de 1930 contra el presidente constitucional y progresista Hipólito Yrigoyen e inauguró la subversión militar en la Argentina, que todavía no cesa.  De Tomaso fue premiado luego con un ministerio en el gobierno conservador de la Concordancia, del general Agustín P. Justo, período que los argentinos recuerdan como el de la década infáme.

La deliberada mención de Yrigoyen tiene que ver con una propuesta que debería ocupar más lugar en las deliberaciones del exilio –y obviamente en las de los políticos argentinos-, que los análisis en torno a cómo arreglar las cosas con los militares y hacer que ahora sí se porten bien.  Yrigoyen luchó contra el régimen “falaz y descreído” de la oligarquía nacional con el arma de la no violencia –aunque no eludió los procedimientos violentos cuando lo empujaron a ese callejón sin salida-, que hizo estragos entre sus enemigos y les arrancó finalmente la ley del voto universal, secreto y obligatorio, que lo llevó al poder, virtualmente plebiscitado, en 1916.  Esa arma fue la abstención.  Esa arma conserva todavía su vigencia para enfrentar la grave crisis –esencialmente política- de la Argentina de nuestros días.

¿Cómo puede operar esa abstención ante el régimen militar, habida cuenta de que este no habla de elecciones e Yrigoyen la ejerció precisamente frente a los comicios amañados de la oligarquía?  De varias maneras, ninguna de las cuales excluye la actividad política, una intensa actividad política.

 El régimen que se inauguró con el golpe del 24 de marzo de 1976 no ha podido solucionar ninguno de los problemas que el país tenía para esa fecha y en cambio ha generado una multitud de otros que lo tienen jaqueado, y que inclusive le han enajenado el apoyo de sectores que le acompañaron al inicio y en los primeros tramos de su loca y sangrienta aventura.  Contra lo que sus propios jerarcas afirman públicamente, la dictadura busca el diálogo porque cree que a través del contacto con la tolerante dirigencia política podrá acceder a un consenso del que está huérfana.  La primera actitud de abstencionismo –o de la resistencia civil, si así quiere llamársele-, debería consistir en una negativa absoluta a todo diálogo, a todo contacto con el régimen o con sus personeros.

La segunda actitud, anticipatoria de cualquier intención legitimadora del actual estado de cosas, debería fincar en la advertencia de que el cuerpo civil de la nación no quiere ni va a participar en elecciones que aseguren el continuismo del poder militar.  El régimen, tarde o temprano, va a ensayar la vía electoral a través de la proscripción, el condicionamiento y el fraude, para garantizar el triunfo de su candidato o de los candidatos que le resulten potables.  Porque va a llegar el momento –y la aceleración de la crisis interna en el gobierno lo muestra próximo-  en que no va a saber que va a hacer con el paquete que tiene entre manos, con la maraña de problemas políticos, económicos y sociales en los cuales se ha ido enredando y que no puede deshacer con un mero acto de su voluntad o con el simple expediente de bajar consignas militares.

Pero sucede que, sin que nadie se lo pidiera, ellos asumieron esa responsabilidad histórica al ejecutar el golpe de estado, cuya consolidación basaron en la persecución, el encarcelamiento y el crimen.  A cinco años del proceso, la civilidad se ha ganado largamente el derecho de negarse a toda colaboración para sacar a Argentina del atolladero en que se encuentra.  Que lo hagan ellos, los militares, porque ellos dijeron que lo iban a hacer.  Y que lo hagan bien, si pueden.  Y si no pueden, entonces que acepten las condiciones que la civilidad les imponga para salir de la trágica trampa en que han caído, la primera de las cuales tendrá que ser –lejos de toda duda-, el desmantelamiento de esa poderosa maquinaria de terror en que se han convertido las fuerzas armadas argentinas.  Porque algo hay que dejar en claro también: mientras persista la actual estructura militar no existirá la más mínima posibilidad de que el país se encamine hacia una democracia plena.

Mientras esa actitud se asume frente al régimen, la resistencia civil debe operar una nueva y más sólida unidad entre las fuerzas políticas y sindicales, sin las cuales es impensable estructurar nada que valga la pena desde la intención de una nueva democracia, para ejercer una oposición que no espere ser llamada a las antesalas ni a las urnas del régimen.  Las urnas se abrirán solas cuando el empuje del abstencionismo militante arrincone a la dictadura en la tragedia de su impotencia y cuando la insurgencia popular encuentre su momento y su espacio para darle la puntilla a ese animal de pitones ensangrentados que va a dejar en la historia argentina una sola huella: la de su instinto de muerte.

Miguel Angel Piccato
Oficina Internacional de Exiliados del Radicalismo Argentino.

FUENTE   Editorial. La República 4:18 (noviembre de 1981)