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viernes, 6 de enero de 2012

Bernardo de Irigoyen: "Amnistía General para los Revolucionarios de 1893" (7 de enero de 1895)

Cámara de Senadores - Proyecto de Ley     Sesión del 7 de enero de 1895
(Bernardo de Irigoyen presentó en esta sesión un proyecto de ley de amnistía general para con los revolucionarios de 1893 y lo fundó en estos términos).

Sr. Irigoyen - Pido la palabra.
Antes de entrar a la orden del día, y declarando que siento demorar la consideración de los asuntos pendientes y contrariar el explicable anhelo de los señores senadores de poner término a estas sesiones, me creo, señor Presidente, en el deber de formular un voto y de presentar un proyecto, y pido al Honorable Senado me permita hacerlo.
Hace algún tiempo me permití, con el asentimiento de esta Cámara, solicitar algunas explicaciones al Poder Ejecutivo.
Se observó, fuera de este recinto, que era inoportuna aquella indicación por el tiempo avanzado en que la había formulado.
He reconocido la justicia de la observación, y como ahora, a primera vista, voy a incurrir en la misma falta de venir un poco más tarde a presentar la indicación a que he hecho referencia, se me ha de permitir que dé una brevísima explicación.
Me incorporé en agosto a esta Honorable Cámara; creía entonces que debía solicitar explicaciones sobre puntos que afectaban, en mi opinión, el orden constitucional de la República y, en los momentos en que me disponía a hacerlo, el ciudadano que desempeñaba el Ministerio del Interior experimentó uno de esos infortunios domésticos que constituyen las grandes amarguras de la vida. No me pareció delicado interrumpir en aquel momento con debates políticos las tristes concentraciones de su alma, y dejé pasar el tiempo y correr los días. (¡Muy bien!).
Más tarde, cuando él se presentó con su espíritu restablecido, hice las observaciones, formulé la interpelación y concurrí a ampliarla y sostenerla. Fue interrumpido aquel debate por incidentes
que no recordaré porque son conocidos, y aun cuando el señor ministro que actualmente desempeña la cartera del Interior declaró al suspenderse la sesión que esa interpelación sería incluida en las sesiones de prórroga, yo no he querido recordarle que aquella declaración está pendiente, ni he querido demandarle su cumplimiento.
Ha sido, señor Presidente, permítaseme que lo diga, un acto de moderación de mi parte, porque aun cuando en representación del jefe del Poder Ejecutivo se haya llegado a señalar como un defecto de mi carácter el ser inmoderado, declaro que lo que deseo es concluir mi vida con blandas pasiones en mi corazón y manteniéndome moderado en la oposición, como he sido moderado cuando he llegado a formar parte de los consejos de los gobiernos. (¡Muy bien! en la barra).
Señor Presidente: las interpelaciones tienen distintos horizontes; algunos las miran como inconvenientes; unas veces se limitan a promover debates parlamentarios, debates políticos sin consecuencia; otras concluyen por servir de base a proyectos que se presentan a la consideración de las Cámaras.
Yo creo que las interpelaciones son convenientes en uno o en otro sentido y aunque no terminen por la presentación de proyectos legislativos, tienen esta ventaja: traen a discusión las cuestiones administrativas, ilustran la opinión, avivan el sentimiento público.
Y aun cuando algunos gobiernos piensan de un modo contrario, es de alta conveniencia interesar el sentimiento público, ilustrarlo en las cuestiones nacionales, defender las buenas ideas,
defender los buenos principios.
Pero he escuchado opiniones que yo considero inconvenientes; he notado que en estos últimos períodos administrativos, ha prevalecido en los hombres que componían el departamento Ejecutivo la idea de que no es bueno que los pueblos se ocupen de política.
Así pensaba el jefe del Poder Ejecutivo que terminó con la revolución del Parque, y así piensan los hombres del gobierno actual.
El consejo paternal, diré así, de ellos, es el de que no hay que preocuparse de las cuestiones políticas sino de las cuestiones que, puede decirse, se relacionan con el bienestar material del país.
Y esta idea prevaleció anteriormente. Los congresos en aquel tiempo parece que participaban de la opinión del jefe del Ejecutivo, y cuatro años no se ocuparon de política, y cuatro años no dieron señales de vida, y no hubieron investigaciones, no hubieron interpelaciones, no hubo nada que significara movimiento político; y cuatro años de ese silencio nos han traído la ruina que todavía estamos deplorando.
Por eso es que yo creo que las interpelaciones son convenientes, aunque no terminen por la presentación de proyectos de ley.
Yo quise presentar la situación de la República y recordar las infracciones de la Constitución, para que si el Honorable Congreso en estas sesiones no tenía tiempo de remediar estos avances por medio de sanciones oportunas y previsoras, lo hiciera en las sesiones próximas, y me proponía, señor Presidente, terminar la interpelación formulando, sin embargo, dos proyectos que creía convenientes, que creía de interés verdaderamente nacional: era el primero una ley por la cual el régimen militar que empezó en Tucumán, no pudiese ser establecido en ninguna provincia sin ley del Congreso, cualesquiera que fuesen las perturbaciones que ocurriesen. Era el segundo un proyecto de ley de amnistía que consideraba y considero hoy de necesidad y conveniencia. Así, pues, me encuentro en la necesidad de formularlo tarde, lo reconozco, pero por las razones que dejo expresadas, porque no he deseado aumentar las dificultades del Poder Ejecutivo; no he querido, no he pensado en profundizar las perturbaciones que pueden experimentarse en ese departamento de la administración.
He esperado, señor Presidente, y he esperado por cuanto frecuentemente se nos anunciaba que el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a enviar al Congreso el proyecto de ley de amnistía. Creo que, efectivamente, esa idea ha sido discutida en los consejos de gobierno, creo más, que ha tenido la adhesión de algunos de los consejeros del jefe del Ejecutivo. Pienso que en este momento no es una idea que él resista definitivamente, quizás no ha podido formularlo por estas dificultades, que no me toca juzgar, ni me corresponde calificar.
He esperado, pues, señor Presidente.
Anunciábase que de un momento a otro se enviaría ese proyecto; se nos indicaba unas veces que se esperaban fechas o aniversarios determinados; me parecía francamente trivial que medidas de importancia política, de importancia nacional, se retardasen buscando esas coincidencias; pero, asimismo, he creído que debía aguardar.
No he deseado, pues, anticiparme; habría deseado, señor Presidente, que esta ley que en mi opinión es conveniente, patriótica y necesaria, viniese del Poder Ejecutivo, y siento que la haya retardado
impidiendo que se realice este anhelo, este voto, puede decirse, público.
Señor Presidente: hace más de un año que terminaron definitivamente las fugaces perturbaciones que agitaron la República el año anterior.
Y séame permitido emplear deliberadamente la palabra fugaces, y emplearla en oposición a las clasificaciones hiperbólicas que les ha dado el Poder Ejecutivo en sus documentos oficiales.
Una perturbación que termina en seis días, que sólo se ha extendido a la ciudad de Santa Fe; una resistencia improvisada en el Rosario, que se desarmó aun antes de que llegase la autoridad nacional; una sublevación local en Tucumán que degeneró, se ha dicho, en sedición nacional, lo que yo no acepto ni niego, porque tendríamos que disentir; la sublevación de un buque de guerra; la intentona de un militar que, en una torpedera desarmada trata de incorporarse a un movimiento que creía iba a producirse, son actos, ciertamente, que constituyen una violación de la ley; pero no son, no puede decirse sin exageración, sin hipérbole, que dañan el crédito del país, que han constituido una vasta conspiración que ha puesto en peligro el orden, la constitución del país, el crédito de la República.
¿No hemos experimentado perturbaciones, trastornos de mucha mayor extensión? No pueden compararse esos sucesos con la gran conmoción que vino a terminar en Caseros, derrocando
la tiranía; no pueden compararse con la lucha en que, por una parte las provincias y por otra Buenos Aires, decidieron sobre los campos de batalla los problemas de la organización y de la integridad nacional; no pueden compararse con las luchas del año 80 en que el Presidente de la República tuvo que abandonar la Capital.
No confundamos, pues, los hechos; no los exageremos, porque no tenemos necesidad de esto para legislar con propiedad y con patriotismo.
Pero aquellas perturbaciones han pasado, el país está en completa tranquilidad, no hay inquietud ni trastornos internos, no hay perturbaciones de ningún género, no hay, señor presidente, peligros exteriores.
Es verdad que la opinión pública, susceptible, impresionable, se manifiesta alarmada por el desenvolvimiento de una cuestión de carácter internacional.
Pero yo no acepto que esté en peligro de verse perturbado el sosiego del país. Considero que la paz está verdaderamente establecida en todo lo que se relaciona con la política exterior. Y lo declaro, señor Presidente, fundado en estas consideraciones: en que nuestra política tradicional es recta, es justiciera, es expansiva, es verdaderamente americana.
Hemos resistido, es verdad, la teoría de las segregaciones sediciosas, pero hemos admitido que, con el consentimiento de las nacionalidades, son permitidos esos desprendimientos. Y consecuentes
con ese principio, lo hemos hecho práctico, con ricos desprendimientos del territorio nacional, contribuyendo a fundar tres nacionalidades independientes: Bolivia, el Paraguay y el Estado Oriental; hemos rechazado, como contrarias verdaderamente a la paz y a la fraternidad americana, las veleidades de engrandecimientos territoriales. Permanecemos firmes en este propósito y debemos permanecer, señor Presiente, porque es la doctrina fundamental de la paz, del orden de la concordia continental.
Pero con esta misma doctrina que, como digo, da fuerza moral a nuestra política, hemos afrontado la situación de la cuestión a que me he referido, haciendo el año 81, en obsequio a la paz internacional y de los grandes intereses del comercio universal, concesiones de importancia. Esas concesiones las hemos extendido el año pasado, y aun cuando ignoro los términos, puedo recordar también ese hecho para decir que la política exterior del país no nos ofrece dificultades, no nos ofrece peligros.
Nos mantendremos, pues, firmes en ese terreno, sostendremos el principio de que cada nacionalidad tiene los límites de su tradición y de sus derechos; y aun cuando sobrevengan dificultades en la ejecución de un tratado internacional, que pueden suscitarse por los recuerdos de esa controversia que se prolongó 40 años, apasionando los espíritus, suscitando resistencias, estimulando ambiciones, yo creo, señor Presidente, que ellas desaparecerán bajo la influencia de una discusión ilustrada. Y si, desgraciadamente, poniéndome en todas las eventualidades, no sucediera así, el sentimiento, la uniformidad de ideas de los ciudadanos argentinos sería, señor Presidente, la mejor garantía de que se mantendrá incólume la integridad del nombre y del territorio nacional. (¡Muy bien!).
La ley de amnistía que voy a proponer no aumentaría los peligros que algunos dibujan, señor Presidente; por el contrario, la ley de amnistía disipará ilusiones, si es que existen algunas, fundadas en nuestras disensiones internas. Ella vendría a demostrar que el Gobierno tiene fuerza moral, que el Gobierno no está dividido de una parte importante de la opinión, que el Gobierno tiene la conciencia de su autoridad; porque estos actos, señor Presidente, son los que muestran la conciencia de la propia fuerza, y en una forma más incontestable que la de los ejércitos, las paradas y todos los aparatos militares que presenciamos.
Y diré, por último, que la amnistía, lejos de ser un inconveniente para esas posibles eventualidades exteriores, mostraría que el jefe de la República se preocupa de los grandes intereses del país; que los resentimientos, los odios, las personalidades, no tienen cabida en su corazón, y si, desgraciadamente, los acontecimientos v i niesen a un terreno en que yo no los espero, a que no llegarán porque nadie se atreverá a romper la paz y la concordia de dos repúblicas vinculadas desde su origen por los lazos de la naturaleza y de la gloria, la amnistía mostraría que cuando peligra el honor nacional, todos los partidos, todos los ciudadanos, confundirán sus esfuerzos; y es posible que si tal caso llegara, esos ciudadanos que hoy están en las cárceles y en el destierro, fueran entre los primeros que se presentaran a rendir su vida en defensa de la bandera y de la honra nacional. (¡Muy bien!).
Deploro, señor Presidente, que el jefe del Ejecutivo no haya enviado al Congreso el proyecto anunciado y que no haya formulado ese pensamiento en los términos que considero previsores y patrióticos.
No veo que haya podido detenerle ninguna consideraciónatendible. Los ejemplos de todos los gobiernos ilustrados han debido enseñarle que después de las perturbaciones políticas, después de los trastornos que ponen en peligro el orden de los pueblos, se hacen necesarias estas leyes de reparación, estas verdaderas leyes de paz y olvido.
A cualquier parte que dirija su vista ha de encontrar que, en situaciones mucho más difíciles, mucho más graves que la que atravesó la República el año pasado, estos períodos convulsivos se cierran por actos elevados, por actos justos, por actos que verdaderamente revelen la existencia de grandes sentimientos nacionales.
Si él consulta, señor Presidente, nuestra tradición, encontrará que se justifica lo que acabo de exponer: todas nuestras perturbaciones han terminado siempre por amnistías prontas, por amnistías oportunas.
Caseros, aquel gran movimiento en que fue derrumbada la dictadura de 30 años, Caseros tuvo su amnistía, y esa amnistía fue grande, patriótica; estuvo comprendida en estas palabras:
"no hay vencedores ni vencidos".
Y esta frase, señor Presidente, que fue el presagio de la organización nacional, se hizo práctica, y por eso fue que pudimos darnos una Constitución liberal, progresista, la que hoy mismo sostenemos en su integridad, porque todos los argentinos, olvidando sus disensiones pasadas, contribuyeron a suscribir y a sostener la organización nacional.
Los movimientos que vinieron más tarde, explicables por las perturbaciones inherentes a toda transición fundamental, todos fueron seguidos de actos reparadores.
Las perturbaciones del año 74 fueron clausuradas por amnistías elevadas y honrosas para el gobierno que las pronunciaba y para los partidos a quienes se acordaban.
Los sucesos del año 80, cuya extensión he diseñado, terminaron por verdaderas amnistías, porque no hubo persecuciones políticas, ni ciudadanos expatriados, ni encarcelados.
Y el año 90, cuando vino a tierra una administración que reunía todas las apariencias de la seguridad y de la fuerza, esa perturbación que terminó por los tristes combates del Parque -porque son tristes todos los lugares donde se ha derramado sangre argentina-, esa misma revolución terminó con una amnistía amplia, y el gobierno que representaba la continuación de aquella administración, si no la de su política, vino a adherirse con sensatez y patriotismo a ese acto de reparación, a ese acto de olvido
discutido en el Congreso.
Así, pues, la ley de que estoy hablando no solamente está justificada por ejemplos de todos los gobiernos, sino también por el sentimiento nacional, y al hablar del sentimiento nacional debo decir, señor Presidente, que si en algún punto se ha manifestado de un modo claro y expansivo y que ha debido llamar la atención del jefe del Ejecutivo, es en el punto de que me ocupo.
Todos conocemos las manifestaciones populares, las representaciones que se le han dirigido por los hombres de todos los partidos, de todos los colores políticos; todos le han pedido la amnistía.
Todos sabemos que esas manifestaciones han salido hasta de los límites del territorio nacional; que del Estado Oriental del Uruguay y de otros puntos han venido iguales manifestaciones suscritas por hombres respetables y de alta significación en esos países.
Yo, señor Presidente, que no tengo resentimientos ni rencores, que me reprocharía abrigarlos al término de la vida, deploro que el jefe del Poder Ejecutivo haya permanecido indiferente y frío ante esas representaciones, ante esas unánimes manifestaciones de la opinión nacional y extranjera.
Si se considera la naturaleza del delito que tratamos de amnistiar, pienso que estamos más obligados a proceder sin dilación.
Es sabido -y sería indiscreto de mi parte entrar a demostrar la diferencia substancial que existe entre los delitos comunes y los delitos políticos- que los delitos políticos son considerados con indulgencia en el presente siglo.
¿Por qué? Porque son, digámoslo así, en muchos casos disculpables por sus móviles, porque las leyes políticas son convencionales y los pueblos condenan un día lo que han aplaudido el día anterior.
Teniendo en vista esto que puede llamarse el espíritu del tiempo, el sentimiento del siglo es que nuestra legislación ha sido indulgente, ha sido benévola al considerar los delitos políticos.
Por eso es que la ley nacional, cuando trata de los delitos políticos, establece que los que se alzan en armas contra la Nación, si se someten a la institución de la autoridad nacional, si se disuelven, si no dan combates, no tienen penalidad; y digo esto, porque no la establece.
No la establece, señor Presidente (esa es la filosofía del silencio de la ley), porque se ha querido dejar a los hombres el camino franco para que retrocedan de sus resoluciones sin ulteriores responsabilidades.
Y si se necesitara citar hechos que justifiquen la doctrina que acabo de recordar, yo diría que están muy cerca.
El Estado Oriental, el año 64 ó 65 se encontraba gobernado por el señor Bernardo Berro, un hombre ilustrado y honorable.
El general Flores invadió aquella república, promovió una revolución, subió al gobierno, y todos lo hemos reconocido como al representante legal de la autoridad allí.
Si el general Flores hubiese terminado desastrosamente en su invasión, otros habrían sido los juicios de los contemporáneos.
El señor Montt, que está presidiendo la república de Chile, fue uno de los primeros revolucionarios, uno de los hombres esforzados que contribuyeron a derribar el gobierno del señor Balmaceda; triunfó la revolución y él está al frente de su patria, y todos lo reconocemos y saludamos como al representante legítimo del gobierno de Chile.
Otro habría sido el juicio público si el señor Montt hubiese sido vencido en los campos de la Placilla y de Concón, y sin duda que en ese caso no estaría presidiendo la república chilena.
Para terminar, señor Presidente, dije en una sesión anterior que había oído que existía un proyecto fantástico -me permití calificarlo así- para que los Presidentes de ambas repúblicas, de Chile y de la Argentina, se encuentren sobre las cumbres de la cordillera celebrando la inauguración de un camino carretero.
No sé si esa idea fantástica se realizará; pero, si así sucede, todos podremos ver bien en alto que los revolucionarios, los que lo fueron con su voto, con sus declaraciones, y otros con sus actos y con su espada, son los que están presidiendo estas repúblicas; y yo digo en vista de los hechos, que no puede haber condenaciones irritantes obstinadas para los que han incurrido en los mismos hechos en que incurrieron los actuales jefes de estas naciones.
Fundando en estas consideraciones, voy a presentar, señor Presidente, el proyecto de ley de amnistía, y lo presento amplio, para todos, para los que están en el extranjero, para los que están en las cárceles sufriendo las condenaciones o sentencias pronunciadas por los tribunales; lo presento amplio, porque creo que es atribución del Congreso, porque creo que la Constitución al dividir los actos de generosidad entre el indulto y la amnistía ha sido previsora, ha respondido a una necesidad de la filosofía del espíritu del siglo.
Los indultos son actos individuales, son a favor del individuo, no tienen trascendencia nacional, por eso quedan encomendados al Presidente de la República; por eso están sujetos a trámites determinados; la amnistía, señor Presidente, es el olvido; es el olvido a favor del interés público, a favor del interés político, a favor de la paz y de los grandes intereses de la Nación.
La amnistía debe ser amplia, sin condiciones, sin límites; es una alta atribución y esta alta atribución está delegada al Congreso.
Pienso que el Congreso debe ejercitarla, pienso que no debe abdicar esta facultad, y que al ejercitarla debe ser amplia, debe ser expansiva, debe ser propiamente una ley generosa de olvido, porque toda sociedad después de haber experimentado trastornos, políticos o sociales, siente necesidad de tranquilidad, y el primer medio de obtener la tranquilidad es el olvido de todo lo que divide y encona.
Los grandes pensadores del siglo han aceptado ideas análogas.
¡Ojalá yo tuviera la luz y la expresión de que ellos se han valido para sostenerlas! Víctor Hugo sostenía en los momentos más críticos para la Francia una amnistía amplia que no tuviera límites ni restricciones. Castelar la sostenía en España, a favor de los partidos que allí mismo, en el Congreso, proclamaban que no querían amnistía, que habían de seguir luchando y combatiendo al gobierno que en aquella época regía en España.
Una amnistía, señor Presidente, es como todo lo grande, es como la verdad, es como la justicia: o se concede completa o no se concede.
Fundado en estas consideraciones presento este proyecto, reiterando que habría sido grato para mí que el Poder Ejecutivo manifestase sus ideas. No he podido retardar más la presentación de mi pensamiento.
Estaba, señor Presidente, comprometido, lo diré con franqueza, con mi conciencia y con la opinión del país. El Poder Ejecutivo tiene aún tiempo para adherirse a esta idea, si lo cree conveniente.
Si alguno creyera que móviles políticos, sentimientos de partido, que algo que no sea elevado y patriótico me inspira en este caso, declaro que incurre en un error.
Si yo fuera un hombre intemperante y enconado, de partido; si no tuviera siempre presentes los intereses del país, dejaría que el Poder Ejecutivo, de quien, lo declaro una vez más, soy opositor a su política interna, continuase así.
Yo creo que la prolongación de estas persecuciones son una sombra para su administración. El no debe ignorar que los ciudadanos que se encuentran desterrados o en cárceles, son objeto de las demostraciones populares que espontáneamente se les manifiestan en distintas secciones de la República, enviándoles sus votos de aprecio y de simpatía, y estos son rasgos bien significativos.
Yo, pues, reitero que no respondo a ningún acto de partido; cedo a lo que es justo y patriótico.
Con estos sentimientos presento este proyecto creyendo que hago un servicio al país y al jefe del Poder Ejecutivo.
Yo en su caso ambicionaría poder exclamar: no hay un ciudadano argentino que no goce con libertad, del aire y del sol de su patria. He dicho.

(Se lee).
Artículo 1 - Concédese amnistía general por los delitos políticos que hayan tenido lugar en los movimientos revolucionarios de 1893, y por los delitos militares conexos o relacionados con ellos.
Artículo 2 - Quedan comprendidas en esta amnistía las personas civiles o militares que estuvieren sometidas a procedimientos judiciales y los que se encuentren cumpliendo actualmente sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales respectivos.
Artículo 3 - Los individuos a que se refiere el artículo anterior, serán puestos inmediatamente en libertad.

Bernardo de Irigoyen



























FUENTE: Bernardo de Irigoyen "La Política de la Experiencia" 1999.

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