El propio Presidente de la Nación sostuvo hace pocos días en
Puerto Iguazú, en el confín de la República, que en Argentina rigen plenamente
los Derechos Humanos, denunció también una campaña de difamación contra nuestro
país en el exterior.
Cabe frente a esto preguntarse: ¿Quiénes difaman? ¿Los que
matan o los que denuncian las muertes?
La preocupación del General Videla es loable, pero
requeriría un mayor empeño –y no decimos que no lo haya, pero es obviamente
insuficiente- para aprehender a los culpables del desprestigio internacional
del país y de la conculcación evidente de los Derechos Humanos.
La necesidad de frenar el deterioro de la confianza
ciudadana mediante una firme conducción, que devuelva al Estado la plenitud de
los atributos que lo caracterizan, ha sido reiterada desde diversos medios de
opinión. Y ninguno de ellos puede siquiera ser sospechado de concomitancia
política o ideológica con la otra forma de terrorismo.
Esta coincidencia de criterios surge de la atenta lectura de
sendos discursos del Presidente, 30 de marzo ("sólo el Estado habrá de
monopolizar el uso de la fuerza"); del comandante de Aeronáutica,
Brigadier Agosti ("que el monopolio de la fuerza sea ejercido por el
Estado y puesto al servicio de los intereses permanentes de la Nación") y
–en definitiva- del jefe supremo de la Marina de Guerra, que en posterior
declaración hizo suyos los conceptos del titular de la Aeronáutica.
Todos de acuerdo en los conceptos. Falta que las acciones se
encaminen a la concreción de los mismos. Es el clamor popular. Es la única
salida. Caso contrario nadie tiene derecho a quejarse de pretendidas campañas
difamatorias.
Por otra parte, la falta de difusión de diversos hechos –y
los nombres que no se han dado de los muertos de Pilar son unas entre tantas
omisiones- pone una sombra de dudas sobre el real propósito del gobierno de
terminar con esta lacra. ¿Por qué no se publican estos datos?
¿A quién se beneficia con el silencio?
Sería bueno que el Presidente de la Nación dedicara aunque
más no fuera, breves conceptos a responder estas acuciantes preguntas. Los ex
legisladores de la UCR han aparecido. En un confuso episodio se los rescata por
parte del Gobierno, de manos de delincuentes a los doctores Solari Yrigoyen y
Amaya. Y como corolario de este lamentable episodio, ambos son arrestados y
puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
¿Quién los tuvo? ¿Para qué los tiene ahora? ¿No los
rescataron de manos de delincuentes?
Esperamos también una respuesta a esto.
El secuestro de los ex legisladores de la UCR, Hipólito
Solari Yrigoyen y Mario Aabel Amaya, juntamente con la aparición de 30
cadáveres dinamitados en la localidad de Pilar, a pocos kilómetros de la sede
del Gobierno Nacional, han sido los picos fundamentales de la escalada terrorista
de los últimos años.
Pero hay otro que nunca ha tenido baja alguna, ni mucho
menos aún, siquiera un apresado o detenido. Y no cabe duda que este terrorismo
hace más daños al país que el otro, el definido y perseguido. Porque aquél –el
que secuestra a los legisladores radicales, entre otras muchas personas-, es el
que siembra la duda sobre la real acción de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
a favor del orden y la paz perturbadas.
Recientemente, el Episcopado Argentino se ha reunido, con la
presencia del representante papal, para pedirle el esclarecimiento de los
hechos que también han costado la vida de varios sacerdotes en Buenos Aires y
La Rioja, y también para manifestar todos los hechos similares ocurridos en el
país.
Fuente: Diario La Causa Año I N°2, septiembre de 1976
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